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Etiqueta: FMI

Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Derechos.

El espacio unitario Movimiento Sindical y Social firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el martes 03 de agosto del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén, con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.

Agenda de lucha Movimiento Rescate Nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Julio, 2021

  1. No más endeudamientos con el FMI u otros organismos financieros internacionales, ni su agenda de implementación, la cual viene cargada de nuevos impuestos para los de abajo.
  2. No al impuesto que grava casas y terrenos de manera abusiva.
  3. No a la ley marco de empleo público, que violenta la autonomía del Poder Judicial, universitaria y municipal y permite al Poder Ejecutivo nombrar y destituir jueces, fiscales y otros funcionarios, acabando así con lo que queda de nuestra golpeada democracia.
  4. No a la renovación del contrato del monopolio inconstitucional de RITEVE.
  5. No a la venta de la cartera de CONAPE
  6. No al alza de los combustibles, si a la rebaja del impuesto único
  7. No a la restricción vehicular y demás medidas irracionales que afectan al comercio, turismo, al sector agroalimentario y en general a toda la economía nacional.
  8. No a la venta de activos
  9. No a nuevos impuestos a la clase trabajadora y emprendedores.
  10. No al tren eléctrico, tal y como está propuesto.
  11. Si a la eliminación del IVA a la canasta básica y a la producción agropecuaria
  12. Si al ataque frontal contra la evasión y la elusión fiscal, el contrabando aduanero, los salarios y pensiones de lujo, las exoneraciones, las consultorías innecesarias.
  13. Si al proyecto de Soberanía Alimentaria 
  14. Si a la recuperación de la riqueza de nuestro mar patrimonial.
  15. Si al proyecto de alfabetización digital
  16. Si a la ley de referéndum revocatorio de mandato
  17. Si a la ley contra la corrupción y la impunidad, para que los delitos contra la hacienda pública no prescriban y se paguen con cárcel y el patrimonio de los que delinquen.
  18. Si a la entrega total del ROPC en un solo tracto.
  19. Si a la construcción del Canal Seco.
  20. El Movimiento Rescate Nacional estará vigilante para que no se tramiten iniciativas que han estado en la corriente legislativa, que pretendan privatizar el recurso hídrico (agua), eliminar el uso de semillas criollas, crear un impuesto a las transacciones bancarias, el impuesto a las transacciones SINPE y cualquier otro proyecto de ley que atente contra la población de menos recursos.
  21. Rescate Nacional hace un llamado vehemente a la unidad del movimiento social costarricense en defensa de la Patria. 

Logros del movimiento rescate nacional y otras organizaciones que han estado en lucha:

  1. Producto de la protesta social el gobierno tuvo que cambiar en dos ocasiones la versión del crédito con el FMI.  En la primera versión venía la venta de activos: FANAL – INS – BCR – BICSA –  KOLBI, entre otros.
  2.  ADEMÁS, EVITAMOS QUE SE APROBARAN PROYECTOS DE LEY, TALES COMO: 
  1. La venta de la FANAL y el cierre del CNP.
  2. La privatización del recurso hídrico (agua).
  3. La prohibición del uso de semillas criollas.
  4. Aprobación del impuesto de Bienes Inmuebles, que triplicaba el pago.
  5. Impuesto a las transacciones bancarias.
  6. Evitamos que subieran el impuesto de renta, sin embargo, tenemos que estar alertas, porque la planilla neoliberal de la Asamblea Legislativa, de nuevo tienen en la picota algunos de esos proyectos.

Al día de hoy tenemos paralizado todos los proyectos de ley complementarios al crédito con el Fondo Monetario Internacional.

Por lo demás, hemos despertado conciencia en la ciudadanía nacional, hemos venido denunciando la corrupción y la impunidad y con ello haciendo el control político que la mayoría de diputados de “oposición” no han hecho. 

El MOVIMIENTO RESCATE NACIONAL ES UN MOVIMIENTO DE RESISTENCIA EN DEFENSA DE NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DEMOCRACIA, EL CUAL JAMÁS RENUNCIARÁ A LA PROTESTA SOCIAL, COMO UNICA HERRAMIENTA CONSTITUCIONAL QUE ESTE GOBIERNO INEPTO, REPRESIVO Y TIRANICO NOS HA DEJADO, A PESAR DE QUE HA SUSTITUIDO EL DIALOGO Y LA NEGOCIACION TRANSPARENTE, POR LOS GARROTAZOS, LOS GASES Y LOS BALAZOS Y HA DECIDIDO IMPEDIR Y CRININALIZAR LA PROTESTA SOCIAL.

NI UN PASO ATRÁS.

Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El espacio unitario Movimiento Sindical y Social: Firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el próximo miércoles 28 de julio del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén, con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de Reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.

         Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.

         La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.

         De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.

         Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:

  1. Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
  2. El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
  3. Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
  4. ¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
  5. Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.

         En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos.   Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.

La ola pandémica actual: ¿se pudo evitar?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

[…] el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos.
Papa Francisco, Fratelli Tutti.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El Dr. Tomás del Camino, biólogo matemático, ha documentado con datos estadísticos que la ola pandémica que hoy estamos padeciendo sí tuvo que ver, entre otros factores, con la apertura de las clases presenciales en escuelas y colegios, al intensificarse la movilidad de las personas. Y en una reciente entrevista ha señalado que “a finales de marzo el gobierno debió alertar y tomar medidas” ¿Por qué no lo hizo? Ensayemos algunas respuestas.

En primer lugar, para un gobierno de unidad neoliberal (PAC-PLN-PUSC-PRN-PNR) los grandes intereses económicos prevalecen sobre una economía y sociedad solidarias al servicio de una vida digna y saludable. Bien se hubiese dispuesto de reservas del sistema bancario estatal y aplicar un impuesto temporal a los grandes capitales, empresas y salarios, para subsidiar el pago de servicios de luz y electricidad de pequeñas y medianas empresas, y asistir a desempleados y subempleados con estos servicios y alimentación básica.

En segundo lugar, la Asamblea Legislativa, atendiendo instrucciones del Ejecutivo, como ha sido su costumbre en este período gubernamental, con mínimas excepciones, no tuvo la sensatez de llamar a cuentas al gobierno para acelerar procesos de vacunación, como lo hizo Chile contratando con varias casas farmacéuticas desde inicios de la pandemia. Los diputados se han entregado en cuerpo y alma, arriesgándose al contagio, como ha sucedido con varios de ellos, a la aprobación de la nueva Ley de Empleo Público; otro proyecto neoliberal impulsado por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) ¡Qué fácilmente entregamos nuestra soberanía por unos dólares más! ¡Vaya manera de celebrar el Bicentenario!

En tercer lugar, atendiendo a solo una visión e interpretación particular de datos, las autoridades del gobierno mantuvieron el argumento de que la proliferación de contagios no estaba asociada con la apertura de las clases, por los pocos casos que se presentaban en escuelas y colegios. Subestimaron el impacto de la movilidad y las interacciones que generó la medida. Lo mismo sucedió con la flexibilización de las medidas restrictivas de movilidad en Semana Santa. Un factor que también contribuyó en Chile para que tuviese que sufrir una ola más, con elevada cantidad de contagios y saturación hospitalaria, a pesar de ser el país con el más alto porcentaje de vacunación en América Latina.

Y, en cuarto lugar, relacionado con el aspecto anterior, faltó una iniciativa gubernamental para, desde el inicio de la pandemia, constituir un equipo interdisciplinario del más alto nivel científico que contribuyera a evaluar sus impactos, concertar medidas adecuadas para prevenir los contagios y la saturación hospitalaria, etc.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a valorar el aporte de la ciencia, desde un enfoque interdisciplinario, tanto para tomar el pulso del comportamiento de la pandemia, como para prevenir los impactos biosociales, producir medicamentos y equipos para atender a los pacientes y vacunas para inmunizar a las poblaciones. La ciencia es una buena compañera de la política, aunque resulte incómoda para algunos políticos.

La ceguera neoliberal nos está conduciendo al despeñadero económico y social, al subestimar también los aportes de la ciencia y la cultura, cuando estas no se ajustan a sus mandatos.

 

Imagen: MEP

Se recoge lo que se siembra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

 

Foto: SINART.

“Gobierno paralelo” hunde a miles de costarricenses

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Rafael A. Ugalde Quirós*

A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.

 Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.

Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).

La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.

En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.

Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).

SOROS Y LA “TERCERA VIA”

El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.

Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.

De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).

NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”

El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.

En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.

No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.

Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.

Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.

El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.

Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.

Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.

¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡

* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Presentación del texto: “ABC de la Deuda”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social presenta el texto “ABC de la Deuda”, en el que se busca familiarizar al lector con el tema de la deuda pública en los países de América Latina, brinda un primer acercamiento a conceptos técnicos y de análisis, también, busca presentar como ha sido el proceso de la deuda en toda América Latina.

En el texto también expone algunas recomendaciones y críticas al sistema actual y a la visión que se maneja por las organizaciones internacionales encargadas de supervisar y asesorar en temas de deuda como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Adjuntamos el texto en PDF para descarga:

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La estrategia de EEUU en Argentina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz López- Analista

La Alianza del Pacífico nació en el 2011 teniendo a México, Perú, Chile y Colombia como Estados fundadores, EEUU y China como observadores y Australia y Canadá como futuros Estados asociados y en la actualidad representa el 41% del PIB de América Latina y el 57% de su comercio exterior con un mercado potencial de cerca de 230 millones de personas. La celebración en Santiago de Chile de la XV Cumbre de las Alianza del Pacífico, sentó ya las bases para incorporar al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria“ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949).

La aceptación por Macri de los postulados del FMI supuso hipotecar la soberanía económica de Argentina pues tras el desembolso del FMI de cerca de 52.000 millones $ quedaría la rémora para el actual Gobierno de vencimientos de Deuda para el 2021 estimados en cerca de 15.000 millones $, monto inasumible para el Banco Central de Argentina que dispondría de unas reservas líquidas de unos 2.500 millones $ por lo que Argentina y el FMI habrían iniciado negociaciones para reestructurar el monto total de la deuda con dicho organismo estimada en 45.000 millones $.

Además, según BBVA Research, la inflación en Argentina alcanzará niveles ionosféricos en el 2021 (superior al 50%) lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos argentinos con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial que desembocará en una tasa de paro desoladora del 20% en el 2021. Igualmente, una inflación descontrolada conlleva la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracción del consumo interno y la desincentivación del ahorro y búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas que podría desembocar en una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Según la ex-Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, lo que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80) agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza y un severo retroceso de las libertades democráticas.

En el plano geopolítico, la Administración Biden estaría seriamente preocupada por la creciente presencia de China y Rusia en el país a raíz del suministro de insumos médicos en el contexto de la actual pandemia sanitaria y en especial por la posibilidad de que China instale una base militar conjunta con Argentina en Usuhaia a cambio de respaldo financiero chino para instalar un gigantesco centro logístico en la provincia de Tierra del Fuego. A pesar de el propio Presidente argentino le habría prometido al enviado especial de Joe Biden,Juan González que “no habrá bases extranjeras en Argentina”, EEUU utilizará la estrategia kentiana del “palo y la zanahoria” para presionar al Gobierno argentino hasta lograr instalar una base conjunta en Usuhaia y así controlar el tráfico de megacontenedores por el Pasaje de Drake, alternativa al Canal de Panamá y en el supuesto de que el Gobierno de Alberto González no sea sensible a los dictados de Washington, no sería descartable un “golpe blando cívico militar” que contaría con las bendiciones de la Administración Biden.