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Etiqueta: Frank Ulloa Royo

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

Nicoya: memoria compartida, identidad viva

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Frank Ulloa Royo

«La tierra no se divide con fronteras, se multiplica con memorias.» — Laureano Albán, poeta guanacasteco

Cada 25 de julio, Costa Rica celebra lo que llama la “Anexión del Partido de Nicoya”. Pero las palabras, como las memorias, tienen historia. En los documentos originales de 1824 nunca aparece el término anexión. Se habló de unión, de agregación, de incorporación (Rodríguez Espinoza, 2015). El vocablo llegó después, importado por diplomáticos como Felipe Molina, influido por la moda política de Estados Unidos tras la anexión de Texas en 1845 (Pizarro Zelaya, 2024). Llamar “anexión” a lo que fue un proceso de incorporación pacífica es una contradicción que revela cómo el relato oficial se construyó en oposición a Nicaragua, invisibilizando los vínculos que nos unen (Sibaja, citado en Pizarro Zelaya, 2024).

Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste fueron durante siglos parte de la Intendencia de Nicaragua, bajo el Obispado de León (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). Sus poblaciones, sus fiestas, sus cantos y sus comidas son testimonio vivo de esa raíz nicaragüense que aún late en la cultura guanacasteca. Costa Rica misma fue colonizada en parte por migraciones de criollos nicaragüenses, que trajeron trabajo y esperanza (Rodríguez Espinoza, 2015). El oro de los montes del Aguacate permitió la acumulación originaria de capital, que luego se consolidó en los cafetales del Valle Central. La sangre que dio forma a la nación costarricense es también sangre nicaragüense.

El acta del 25 de julio de 1824 fue firmada por 25 personas, casi la mitad de ellas pertenecientes a la familia Viales Briceño. Representaban a unos 4.500 habitantes del Partido de Nicoya (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). No fue un acto único ni definitivo: el proceso se ratificó en varias ocasiones entre 1825 y 1838, se reafirmó en el Tratado Cañas–Jerez de 1858 y culminó con la delimitación fronteriza de 1900 (Rodríguez Espinoza, 2015; Pizarro Zelaya, 2024). Siete décadas de negociaciones y disputas que hoy se reducen a una palabra que nunca existió en los documentos originales.

La identidad nacional costarricense se ha narrado muchas veces en oposición a Nicaragua. Felipe Molina describía a Nicaragua como un territorio “anarquista”, mientras exaltaba a Costa Rica como tierra pacífica (Molina, 1851). Esa visión permeó discursos oficiales y libros escolares durante más de un siglo. Pero la memoria histórica nos recuerda que Nicoya sí pertenecía a Nicaragua, y que negar esos vínculos es negar parte de nuestra propia raíz (Rodríguez Espinoza, 2015).

Hoy, cuando los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen profundizar sus confrontaciones políticas, es más necesario que nunca recordar que los pueblos no son enemigos. La memoria compartida de Nicoya nos recuerda que la frontera no es un muro, sino un puente. Que las familias, las tradiciones y las luchas sociales han estado siempre entrelazadas. La resistencia en las calles —las celebraciones, las marchas, las voces que reclaman dignidad— debe acompañarse de una resistencia ideológica que reivindique que la justicia y la integración regional no son amenazas, sino caminos posibles. Frente a los zarpazos antisocialistas que buscan deslegitimar estas ideas llamándolas “terroristas”, debemos afirmar que lo que se persigue es una verdadera liberación económica y social (Albán, 1990).

El 25 de julio no debe ser solo una fecha de orgullo regional, de fiestas y gritos de alegría, sino también un recordatorio de la hermandad histórica entre Costa Rica y Nicaragua. Nicoya, esa Nicaragüita es memoria compartida, raíz nicaragüense y corazón costarricense. Celebrar su incorporación es celebrar la posibilidad de que los pueblos, más allá de las fronteras y de las disputas políticas, puedan reconocerse en su historia común y construir juntos un futuro de justicia y dignidad.

El gallo pinto y la cuajada son más que alimentos: son símbolos de una raíz compartida que no reconoce fronteras. En las mesas de Guanacaste y de Rivas, en las cocinas de Nicoya y de León, el mismo aroma de frijoles y arroz mezclados con manteca y culantro se levanta como un canto cotidiano de unidad. La cuajada fresca, moldeada en manos campesinas, es la misma en Costa Rica y en Nicaragua, y su sabor recuerda que la leche y la tierra no entienden de límites políticos.

Estas comidas son memoria viva, ética de lo sencillo y humanidad que se transmite desde la raíz: pueblos originarios que habitaban la región como uno solo, compartiendo maíz, cacao y sal, mucho antes de que existieran fronteras. Así, cada bocado de gallo pinto es también un acto de resistencia contra la división, un recordatorio de que la cultura se multiplica en la mesa y que la dignidad de los pueblos se alimenta de lo que comparten.

Referencias

  • Albán, L. (1990). Poemas de la tierra compartida. San José: Editorial Costa Rica.
  • Archivo Nacional de Costa Rica. (1824). Actas del Partido de Nicoya. San José.
  • Molina, F. (1851). Bosquejo histórico de Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
  • Pizarro Zelaya, A. (2024). La palabra “anexión” y la construcción de la identidad nacional. Universidad de Costa Rica.
  • Rodríguez Espinoza, A. (2015). La incorporación del Partido de Nicoya: revisión de fuentes primarias. Universidad Estatal a Distancia.
  • Sibaja, L. F. (2024). Entrevista citada en Pizarro Zelaya, A. La palabra “anexión”. UCR.

El lobo en la escuela: neutralidad o censura

Escrito en . Publicado en Educación.

Frank Ulloa Royo

«La libertad significa decir lo que otros no quieren oír» (Orwell, 1949). «La educación crítica no florece en silencio» (Nussbaum, 2010).

Los convenios internacionales ratificados por Costa Rica —la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969)— reconocen que la libertad de pensamiento y expresión es inalienable.

La censura previa está prohibida, y cualquier restricción debe ser clara, proporcional y necesaria. Sin embargo, una circular ministerial abre espacio a la arbitrariedad, contradiciendo estos compromisos. La ley, que debería ser un instrumento de libertad, se convierte en mordaza cuando criminaliza la protesta, censura opiniones o limita la participación política en la educación. Como advierte Chomsky (2017), el control ideológico en las democracias modernas suele disfrazarse de neutralidad, y Butler (2009) recuerda que la censura política precariza la vida y la resistencia. La libertad de conciencia y de expresión es como un rebaño que necesita pastar en campo abierto, bajo el sol de la pluralidad. Sin embargo, cuando el Estado decide vigilar ese campo con lobos disfrazados de guardianes, la neutralidad se convierte en amenaza.

La circular DM‑CIR‑0047‑2026 del Ministerio de Educación Pública, emitida sin consulta y en vísperas de un proceso electoral, pretende garantizar la “neutralidad político‑electoral” en los centros educativos. Sin embargo, al no definir qué es “beligerancia política” y delegar esa interpretación en supervisores —puestos de confianza del propio ministro—, instala al lobo como cuidador de las ovejas. La paradoja es brutal: quienes deberían proteger la libertad de conciencia se convierten en sus vigilantes más peligrosos, transformando la escuela en un corral donde la palabra crítica puede ser castigada como delito. Lo anterior resulta aún más grave en un país donde toda oposición es reducida al estigma de “comunismo”, según lo ha expresado la propia presidenta de la República, reeditando un macartismo tropical que convierte la disidencia en sospecha y la conciencia en amenaza. En este escenario, la neutralidad no es un campo abierto de pluralidad, sino un bosque vigilado por lobos que deciden qué voces sed escuchan y cuáles deben ser silenciadas.

La educación sin debate político es un rebaño sin voz. Nussbaum (2010) insiste en que la libertad de conciencia es el núcleo de la dignidad humana y que la educación crítica no puede florecer en silencio. Sen (1999) vincula la libertad de expresión con el desarrollo humano, mientras Harari (2018) alerta sobre la vigilancia tecnológica que amenaza el pensamiento libre. Han (2012) describe la sociedad del rendimiento como un espacio donde la presión social limita la expresión auténtica. En este contexto, la circular DM‑CIR‑0047‑2026 no es un simple documento administrativo: es un símbolo de cómo el poder puede disfrazarse de neutralidad para domesticar la conciencia.

La metáfora del lobo cuidando las ovejas resume el peligro. El lobo, con su mirada de vigilancia, no protege: acecha. La neutralidad impuesta en las aulas no es garantía de democracia, sino un mecanismo de silenciamiento. Orwell (1949) lo expresó con crudeza: “la libertad significa decir lo que otros no quieren oír”. Si los estudiantes y docentes son obligados a callar, la democracia se convierte en presa fácil. La defensa sindical comienza en la palabra libre, y la educación crítica es el primer muro contra la arbitrariedad.

Referencias

  1. Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

  2. Chomsky, N. (2017). Requiem for the American Dream. Seven Stories Press.

  3. Han, B.‑C. (2012). La sociedad del cansancio. Herder.

  4. Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

  5. Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

  6. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.

  7. Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  8. Organización de Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  9. Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

  10. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Vacaciones forzosas: crítica a la política laboral de Laura Fernández y sus adláteres legislativos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

“El descanso es la frontera que separa al trabajador de la máquina, al ser humano de la mercancía.” —Alain Supiot, Critique du droit du travail (1994)

Las vacaciones no son un tiempo vacío ni una concesión administrativa: son un derecho humano. La doctrina europea las concibe como un espacio de restauración neurobiológica, indispensable para la salud física y mental del trabajador. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que ni el patrono ni el Estado pueden disponer de ese tiempo a su antojo, porque su finalidad es la recuperación integral de la persona.

En Costa Rica, el tema se ha resuelto apenas de manera tangencial. La Sala Constitucional ha reconocido el descanso como derecho humano, pero la legislación lo reduce a un mínimo raquítico: dos semanas por cada cincuenta semanas de trabajo continuo, salvo excepciones en algunos sectores de la administración pública.

Y como si esa limitación no bastara, el gobierno de Laura Fernández ha llegado a imponer vacaciones obligatorias para todo el personal del Poder Ejecutivo, sin importar las consecuencias individuales ni familiares de esa decisión.

Se trata de una disposición tan lejos de los derechos humanos como cerca de una eficacia irracional: un acto administrativo que convierte el descanso en un engranaje más de la maquinaria estatal, anulando su sentido de restauración neurobiológica y convivencia humana. Bajo el disfraz de orden y eficiencia, se vacía de contenido un derecho que debería ser irrenunciable, y se reduce al trabajador a simple pieza de gestión, despojado de autonomía sobre su propio tiempo.

La doctrina comparada es clara y contundente. En Francia, Alain Supiot recuerda que las vacaciones forman parte de la “protección de la persona trabajadora” y que su finalidad es la recuperación psíquica y social, no la conveniencia patronal. En Italia, Giuseppe Santoro-Passarelli las inscribe en el “statuto dei diritti fondamentali del lavoratore”, subrayando que son un derecho indisponible.

En Uruguay, Oscar Ermida Uriarte insiste en que las vacaciones son un derecho de orden público laboral, que limita la autonomía de la voluntad y la discrecionalidad patronal. En Argentina, Julio Grisolía enfatiza que son “irrenunciables y no alterables por convenios colectivos”. Todos coinciden en que las vacaciones no son un tiempo disponible para el empleador ni para el Estado: son un derecho humano que garantiza la restauración neurobiológica, la convivencia familiar y el ocio creador.

El descanso anual cumple una función distinta al descanso diario o semanal: no es solo pausa, es restauración profunda. La jornada anual, marcada por la repetición de días y semanas de trabajo, acumula fatiga y desgaste que no se disipan con once horas de sueño ni con un domingo libre. Las vacaciones son el espacio donde el cuerpo y la mente se reencuentran con su ritmo natural, donde la memoria se libera de la presión productiva y la vida recupera su dimensión creativa. Negar o fragmentar ese tiempo es condenar al trabajador a una existencia mecánica, sin posibilidad de recomponer su equilibrio neurobiológico ni de reconstruir su tejido social.

La práctica costarricense de imponer vacaciones obligatorias al personal del Poder Ejecutivo revela una contradicción: se reconoce el descanso como derecho, pero se administra como recurso. La consecuencia es que el trabajador pierde autonomía sobre su tiempo, y el derecho se vacía de contenido. La pregunta es inevitable: ¿puede el Estado patrono disponer del tiempo de descanso como si fuera suyo? La doctrina comparada responde que no. El descanso pertenece al trabajador y a su vida plena.

La Sala Constitucional ha abordado el tema de las vacaciones obligatorias únicamente de manera tangencial. En sus resoluciones reconoce que el descanso y las vacaciones son parte del derecho humano al trabajo digno, pero ha admitido que la administración pública puede imponer períodos de disfrute forzoso cuando lo exige la continuidad del servicio. En casos como el recurso de amparo contra el Ministerio de Gobernación y Policía (sentencia Nº 04618-2013), la Sala sostuvo que el descanso es un derecho fundamental, aunque aceptó que la administración puede ordenar su disfrute acumulado en momentos determinados, siempre que no se anule el derecho ni se afecte la dignidad de la persona trabajadora.

Este criterio revela una tensión: por un lado, la Sala protege el derecho en abstracto, pero por otro tolera que el Estado patrono lo administre como recurso organizativo. La jurisprudencia costarricense no ha desarrollado una doctrina robusta sobre la autonomía del trabajador frente a las vacaciones forzadas, y se limita a señalar que la imposición debe ser razonable y proporcional.

En la práctica, esto significa que el gobierno puede decretar vacaciones colectivas para el personal del Poder Ejecutivo, aun cuando ello implique desconocer las necesidades individuales y familiares de los trabajadores. La Sala no ha declarado inconstitucional esta práctica, pero sí ha advertido que el descanso no puede vaciarse de contenido ni convertirse en un mero instrumento de gestión administrativa.

Las vacaciones son más que un período administrativo: son el derecho humano a la restauración neurobiológica, al ocio, a la convivencia y a la creación. Costa Rica necesita superar la visión limitada de dos semanas por cada cincuenta de trabajo continuo, y reconocer que el descanso no es un lujo, sino la condición mínima para vivir más allá del trabajo.

Referencias

  • Ermida Uriarte, O. (2006). Derecho del trabajo. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
  • Grisolía, J. A. (2018). Derecho del trabajo y de la seguridad social. Buenos Aires: La Ley.
  • Lafargue, P. (1883/1970). El derecho a la pereza. Madrid: Editorial Ayuso.
  • Santoro-Passarelli, G. (2003). Nozioni di diritto del lavoro. Napoli: Jovene Editore.
  • Supiot, A. (1994). Critique du droit du travail. Paris: Presses Universitaires de France.
  • Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (2023). Sentencia de 23 de marzo de 2023, asunto C-477/21. Luxemburgo.
  • Unión Europea. (2000). Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea.
  • Unión Europea. (2003). Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Diario Oficial de la Unión Europea.

Humanismo y justicia: notas del subsuelo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Frank Ulloa Royo

La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.

Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?

Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.

La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.

La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.

El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.

Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.

En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.

El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.

Las máscaras engañosas de un país verde

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

“Magnífica Humanitas”: la peor pesadilla para la presidenta

Escrito en . Publicado en Análisis.

Frank Ulloa Royo

“La humanidad no necesita guerras justas, sino justicia que evite las guerras.” — Magnifica Humanitas

Recordando la Encíclica Rerum Novarum de su antecesor León XIII este 25 de mayo el papa nos da una encíclica social para el siglo de la inteligencia artificial recordándonos la importancia del valor humano y la vida social en común con protección social. Parece que la “Iglesia viva” ahora pasará a ser parte de la oposición de “izquierda” en un país que sueña con parecerse a un enorme cuartel.

L a encíclica Magnifica Humanitas irrumpe como un espejo incómodo. No habla de eficiencia ni de control, sino de humanidad. Recuerda que los ídolos del poder no son los de toda la humanidad y que ningún Estado puede renovarse descartando vidas, ni se puede gobernar organizando el odio. Entonces, la peor noticia para la presidenta no proviene de la guerra en Irán o de los obreros organizados que ahuyentan las inversiones con sus huelgas, ni de estudiantes y maestros en las calles tratando de evitar la privatización del ICE, sino de una voz que la desarma: el Papa advierte que los datos no son armas, que los pobres no son desechos y que la tecnología, sin ética, se convierte en verdugo. Sus gritos de “comunistas” no pueden ocultar la realidad de las listas de espera que pone en peligro miles de vidas, ni el desempleo y otros indicadores de miseria que llevan a una juventud al buscar el camino del narcotráfico, incluida la población con discapacidad que solo allí encuentra empleo.

Este papa gringo, al igual que el ídolo de la presidenta del “país confiable” nos recuerda que Gobernar con desprecio y administrar el descarte desde la disposición de los bienes comunes es negar la justicia social que evita las guerras. Ofender a los que piensan diferente y etiquetarlos, o no pagar la deuda con la seguridad social, solo para volver a las tácticas de la guerra fría o exacerbar odios, aunque resulte atractivo por sus resultados estadísticos o estimule inversionistas extranjeros nunca es un camino solidario.

Las cárceles más grandes no fundan una nueva ética. La justicia no se mide en barrotes ni en estadísticas de represión, sino en la capacidad de sostener la vida y abrir caminos de reconciliación y convivencia. Un país que mide su éxito en más represión y cuerpos encerrados y no en vidas reconciliadas se convierte en administrador del miedo. Por eso, defender la autonomía del Poder Judicial es indispensable: la justicia lenta no puede justificar la represión como alternativa. Frente al modelo de terror punitivo, el papa y los movimientos sociales proponen otro camino: la justicia restaurativa. No se trata de negar la responsabilidad, sino de transformar el castigo en oportunidad de reparación. La comunidad se convierte en espacio de solidaridad y reconciliación, donde la víctima recupera voz y el infractor encuentra la posibilidad de reintegrarse. Sin justicia social no es posible tener eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Sin protección social ningún ejercito puede gobernar impunemente, no se equivoquen porque la reacción puede llevar a una guerra social como la que han vivido otros países.

En un país que sueña con militarizarse sin derechos al estilo Bukele, Magnifica Humanitas suena como un mensaje pasado de moda. Pero quizá lo verdaderamente moderno sea recordar que la paz no se impone: se construye con protección social. Y que la dignidad humana, incluso tras las rejas, sigue siendo el único fundamento posible de la justicia. Que la protección social no es un sucedáneo y que el terror y la represión no cura enfermedades.

“El destajo en los atracaderos: cargar más, más rápido y vivir menos”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

En los muelles del Pacífico costarricense, donde el mar debería ser símbolo de apertura y horizonte, persiste una forma de trabajo que parece salida de los tiempos feudales: el trabajo a destajo. Se paga por producir más, no por trabajar mejor ni más seguro. Es el salario del rendimiento, no de la dignidad. Y en los atracaderos donde la fuerza humana sustituye a la tecnología, esta modalidad se convierte en una trampa de auto explotación.

Los estudios internacionales sobre trabajo portuario coinciden en que los muelles son zonas de alto riesgo laboral. Allí confluyen sustancias tóxicas, cargas pesadas, maquinaria improvisada y jornadas extenuantes. Pero en Costa Rica, donde “los costarricenses no ven al mar”, como decía Constantino Láscaris, los riesgos se invisibilizan. No hay mapas de riesgo, ni inspecciones efectivas, ni prevención. Los atracaderos son tierra de nadie.

Las cooperativas que hoy operan en los muelles del Pacífico —creadas para sustituir a las empresas intermediarias entre armadores, agencias navieras y trabajadores— reproducen las mismas lógicas de explotación. Bajo el discurso de la “autogestión”, el trabajador se convierte en su propio capataz. El pago a destajo lo empuja a cargar más, a correr más, a arriesgar más. La productividad se mide en toneladas, no en vidas.

La doctrina iuslaboralista europea y latinoamericana ha advertido que el trabajo a destajo traslada el riesgo empresarial al trabajador y viola el principio de salario justo y digno. En los muelles costarricenses, esta violación es cotidiana y pública. Las autoridades de inspección laboral no saben qué inspeccionar, y los sindicatos carecen de poder crítico porque la libertad sindical está restringida. Las cooperativas, en teoría solidarias, se han convertido en estructuras de control y silencio.

El resultado es un sistema de trabajo precario, peligroso y moralmente insostenible, donde la explotación se disfraza de esfuerzo personal. El trabajador se autoexplota para sobrevivir, mientras las instituciones miran hacia otro lado. El mar, que debería ser fuente de vida y trabajo digno, se convierte en espejo de una sociedad que ha normalizado la injusticia.

El Estado costarricense hace décadas dejo de invertir en los muelles. Hoy tenemos vergonzosos atracaderos. Costa Rica necesita ver al mar. Necesita ver sus muelles y reconocer que allí se violan derechos laborales básicos, que la prevención es inexistente y que el trabajo a destajo perpetúa una forma de servidumbre moderna. La dignidad no se mide en toneladas descargadas, sino en el respeto a la vida y al trabajo humano.

La ilusión de la guerra justa: sindicatos, sociedad civil y la resistencia de la humanidad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Frank Ulloa Royo

Édouard-Léon Scott de Martinville vivió en un contexto social y político complejo, marcado por las secuelas de la Revolución Francesa y las tensiones europeas del siglo XIX. Como impresor y librero, tuvo acceso a las descripciones de los avances científicos más recientes, lo que le permitió convertirse en inventor. Su interés por grabar la conversación humana lo llevó a buscar un medio mecánico que pudiera registrar automáticamente la palabra, como si la voz quedara atrapada en el tiempo. Hoy, otro nueve abril son las voces de angustia las que quedarán también grabadas.

Un nueve de abril de 1860, este parisino grabó a alguien cantando “Au clair de la lune”, una bella canción infantil. Hoy, esa melodía inocente se usa de manera cruel en el genocidio que presenciamos en tiempo real: drones israelíes reproducen grabaciones de llantos infantiles para anunciar la tragedia que está por ocurrir, como parte de una limpieza étnica. Este es un pequeño ensayo sobre lugares poco comunes pero idénticos: los sitios habitados por humanos en guerra.

La llamada doctrina de la “guerra justa” es un espejismo que la humanidad ha repetido como un mantra para intentar darle legitimidad a lo que en esencia es injustificable. Se le ponen ropajes solemnes, se le adorna con doctrinas, se le viste con discursos patrióticos o religiosos, pero detrás de esas vestiduras la guerra sigue siendo lo mismo: una fractura de la humanidad, un fracaso de la palabra frente al ruido de las armas. Como señaló Hannah Arendt (1969), “la violencia puede destruir el poder, pero nunca lo crea”; y en ese vacío se instala la guerra como derrota de la dignidad civilizada.1

El dilema ético se agudiza cuando un Estado agrede a otro en un contexto internacional debilitado, con Naciones Unidas convertida en espectadora impotente, atrapada en vetos y burocracias. La reciente guerra en Irán, impulsada por intereses estratégicos —el robo del petróleo y los viejos motivos religiosos que alimentan las teocracias, tanto sionista como musulmana—, muestra con crudeza esta crisis de institucionalidad: los misiles y drones hablan mientras la ONU calla. ¿Cómo responder a la violencia sin caer en la misma lógica que la engendra? La tentación es replicar la fuerza con más fuerza, pero ese camino perpetúa el círculo de la barbarie. La alternativa exige creatividad política, diplomacia radical, solidaridad transnacional y la construcción de mecanismos de resistencia civil que desarmen la guerra desde sus raíces. Es tiempo de hablar claro y crear nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vida.

En este horizonte, los sindicatos tienen un papel insustituible. Ya la II Internacional, pese a su fracaso para detener la Primera Guerra Mundial, nos señaló un camino: el de desenmascarar las guerras, mostrar que detrás de los discursos patrióticos se esconden intereses económicos y geopolíticos. Los sindicatos, como voz de los trabajadores, deben recordar que cada guerra es también una guerra contra los pueblos, contra su derecho a vivir y a soñar. La tarea sindical es levantar la palabra, denunciar la mentira, construir redes de solidaridad que atraviesen fronteras y que digan con claridad que no hay guerra justa, que toda guerra es una herida en el cuerpo de la humanidad. Como escribió Rosa Luxemburgo (1915), “la guerra es siempre el negocio de unos pocos y la desgracia de muchos”.

Pero no son solo los sindicatos: la sociedad civil entera tiene un papel decisivo. Las mujeres, como en la antigua Grecia, cuando se levantaron en huelga contra sus maridos guerreros para detener la guerra —recordemos la fuerza simbólica de Lisístrata de Aristófanes (411 a.C.)—, nos enseñan que la resistencia puede nacer de lo cotidiano, de la vida misma. Hoy, las mujeres en múltiples rincones del mundo siguen siendo las primeras en organizarse contra la violencia, en defender la vida frente a la lógica de la muerte. Su voz, junto con la de jóvenes, comunidades indígenas, movimientos sociales y culturales, es la que puede quebrar el discurso bélico y abrir espacio a la paz.

La verdadera justicia no se encuentra en los tratados que legitiman la violencia, sino en la capacidad de los pueblos para resistir la lógica de la guerra y reinventar la paz. Mientras los Estados se atrincheran en sus intereses y las instituciones internacionales se tambalean, la humanidad necesita recordar que la única salida digna es construir un orden donde la palabra sustituya al misil y la solidaridad sustituya al cálculo estratégico. Porque la guerra, con todos sus ropajes, seguirá siendo siempre lo mismo: la derrota de la humanidad frente a sí misma.

Referencias bibliográficas

  • Arendt, Hannah (1969). Sobre la violencia. Nueva York: Harcourt Brace.

  • Aristófanes (411 a.C.). Lisístrata. Atenas: Teatro clásico griego.

  • Luxemburgo, Rosa (1915). La crisis de la socialdemocracia. Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachf.

  • Walzer, Michael (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. Nueva York: Basic Books.

  • Galtung, Johan (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo: International Peace Research Institute.

  • Naciones Unidas (2025). Informe sobre la crisis de institucionalidad y conflictos armados. Nueva York: ONU.

1 San Agustín (siglo V) fue el primero en formular la idea de que, bajo ciertas condiciones, una guerra podía ser moralmente aceptable. Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) sistematizó la doctrina en la Summa Theologiae, estableciendo criterios como autoridad legítima, causa justa y recta intención. Finalmente, e Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2309) recoge estos principios, señalando que la legítima defensa mediante la fuerza militar requiere condiciones estrictas y rigurosas.

Sudán y la memoria de nuestra América

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Foto: Sara Creta (EFE)

África no está tan lejos

En medio de la devastación, los sindicatos sudaneses han sido golpeados con una violencia doble: la que arrasa la vida cotidiana y la que destruye las estructuras colectivas de defensa de los trabajadores y las trabajadoras.

Frank Ulloa Royo

Las sedes sindicales han sido atacadas, los dirigentes perseguidos y las organizaciones desarticuladas por el fuego cruzado y la represión.

Allí donde antes había espacios de solidaridad obrera, hoy quedan ruinas y silencios. Sin embargo, en comunidades sitiadas y en barrios desplazados, persisten pequeños núcleos de resistencia que intentan sostener la vida con lo mínimo: alimentos compartidos, redes de apoyo, memoria de lucha.

La guerra no solo mata cuerpos, también intenta borrar la voz organizada de los trabajadores y las trabajadoras: la voz del pueblo. Por eso la solidaridad internacional debe levantarla de nuevo. Sin embargo, este tema no es parte de la agenda sindical internacional.

Un tema fuera de agenda

Sudán, país joven y vasto, que se desangra en una guerra civil que ha convertido su territorio en un mapa de desplazamientos y dolor.

Más de 150.000 muertos, millones de personas obligadas a huir, comunidades enteras atrapadas en condiciones de asedio: la mayor crisis humanitaria del planeta ─junto a la del pueblo de Palestina─ se desarrolla ante nuestros ojos, y sin embargo el mundo parece mirar hacia otro lado.

Las cifras son frías, pero detrás de ellas laten historias de hambre, violencia extrema y un colapso institucional que amenaza con borrar la dignidad de un pueblo.

Las calles de Darfur y El Fasher han sido testigos de matanzas tan atroces que hasta los satélites registran la huella del horror.

Otro genocidio

Genocidio no es una palabra exagerada: es la realidad que se impone cuando la vida humana se convierte en desecho y la indiferencia internacional en cómplice.

Como decía José Martí, “África no está tan lejos”. Lo que ocurre en Sudán nos toca directamente, porque la violencia contra un pueblo es violencia contra todos.

Nuestra América no puede permanecer muda: la sangre derramada en Jartum y Darfur es también un llamado a la solidaridad en toda nuestra región.

La indiferencia que hoy condena a Sudán al silencio es la misma que mañana puede justificar la represión contra trabajadores y comunidades en nuestro continente.

La guerra en Sudán nos recuerda que la barbarie no tiene fronteras. El hambre que devora a millones de sudaneses es la misma hambre que acecha a campesinos desplazados en América Latina y que caminan como sombras por nuestro continente.

La represión que destruye sindicatos y organizaciones en África es espejo de las amenazas que enfrentan nuestras luchas obreras. La violencia extrema que arrasa con la memoria de un pueblo es la misma que intenta borrar la historia de resistencia en nuestras tierras.

Por eso, desde Rel UITA levantamos la voz, de la misma manera que reaccionamos contra la barbarie de la oligarquía y los militares en Birmania (Myanmar) y el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

No podemos aceptar que el genocidio en Sudán se convierta en un espectáculo invisible. La solidaridad sindical y popular debe cruzar océanos, debe unir las luchas de trabajadores africanos y latinoamericanos en una misma bandera de dignidad.

Sudán es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que ocurre cuando la vida se desprecia y la memoria se borra.

Defender Sudán es defendernos a nosotros mismos. Denunciar este genocidio es afirmar que la humanidad no se divide en continentes, sino que se une en la resistencia contra la barbarie.

África no está tan lejos. Sudán nos interpela.

Fuente: https://www.rel-uita.org/sudan/sudan-y-la-memoria-de-nuestra-america/