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Etiqueta: impacto socioambiental

Quebradores arrasan con los ríos para exportar materiales

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

El Trabajo Comunal Universitario “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales” del Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Sociología de la UCR que acompaña distintas comunidades que defensa del agua en Puntarenas, denunció el aumento de la exportación de materiales de río y su impacto socioambiental.

Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.

Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:

“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)

En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.

La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.

La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.

La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.

Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien”

Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Denuncian contaminación del agua potable de las piñeras en Río Cuarto

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

  • Visita de presidente y acto con alcalde genera descontento en la comunidad

La Zona Norte del país donde se concentra la mayoría del cultivo de piña sigue siendo una de las más afectadas a causa de sus impactos socio ambientales. Un ejemplo de esto es la situación del cantón Río Cuarto, pues recientemente las personas vecinas denunciaron que “recibieron una notificación sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a la contaminación por bromacil”, un agroquímico prohibido en el país desde el 2018. La comunidad se cuestiona cómo siguen pasando estas situaciones: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”, son algunas de las impresiones de vecinos y vecinas de este cantón.

Miguel Ángel Salazar Campos, vecino de La Españolita, expone que el uso de agroquímicos como el bromacil, ya se realiza incluso por parte de los pequeños agricultores, y comenta que “para ellos es una gran gracia decir que “compré tal producto que mata las hierbas, mata esto o lo otro” y nos están matando a nosotros mismos, eso no lo comentan ellos, por desconocimiento” y sugiere que ojalá esto no pase más y que es importante informarse para descontinuar estas prácticas. Sin embargo, la comunidad tiene claro que esta problemática no viene de los pequeños agricultores exclusivamente sino de las grandes empresas transnacionales.

A esta problemática se añade el trabajo insatisfactorio en temas ambientales de parte del gobierno local. Héctor Dávila Sosa del Sindicato Nacional de trabajadores y trabajadoras de los Agrocultivos comenta:

“Nosotros consideramos que es una falta grave de conciencia por parte del gobierno local porque consideramos que pueden hacer más, la gestión municipal en tema ambiental con las piñeras del cantón no ha sido tan bueno, hasta puede entrar esto como una hipocresía política debido a que el alcalde y el gobierno local no le ponen mano dura a las empresas que se encargan de sembrar, producir y exportar productos como la piña que es uno de los principales consumidores de este agroquímico.”

El pasado viernes 10 de noviembre, días después de la denuncia de cierre del acueducto, el presidente Rodrigo Chaves hizo una visita al cantón de Río Cuarto . Tras recibir una canasta de piña de la “Finca Joselyn” por parte del alcalde del cantón José Miguel Jiménez, varias personas de la comunidad expresan su descontento ante esta acción e incluso algunos mencionaron que esta visita es parte de la propaganda política debido a las elecciones municipales del 2024:

“Invitar al presidente fue más de propaganda porque no se abrió el espacio para una conferencia de prensa que permitiera preguntarle sobre la contaminación del agua, las violaciones de derechos, la contaminación de ríos, la tala de árboles, la expansión desmedida… no vemos interés en el ejecutivo para frenar esta crisis”, menciona Héctor Dávila.

Elena Trigueros comenta que la Finca Joselyn “es la finca donde más se violan derechos en la Zona Norte, donde contratan a personas indocumentadas, donde esas personas tienen que pagar sus utensilios para trabajar, les pagan mal, no tienen aguinaldos, no tienen vacaciones, él [el alcalde] es sabedor, simplemente se hace de la vista gorda porque como él no es el perjudicado entonces dice uno: ¿a dónde puedo acudir si las autoridades son sabedoras y no hacen nada por el bienestar del cantón de Río Cuarto? No solamente es arreglar calles, ni andar diciendo «hice» o «hicimos», pero no se preocupan tampoco del bienestar laboral de las personas.”

Ella añade que “el Gobierno dice: se generó “tanto” ingreso de las transnacionales y hay “tantos” empleos para las personas, pero realmente no están para escucharnos a nosotros, yo creo que deberíamos llevarlo a instancias internacionales que tal vez sí nos tomen más en cuenta.”

De igual forma, ella comenta lo complejo que es para la comunidad llevar a cabo acciones porque a las personas les da miedo hablar, ser señalados o no obtener trabajo en esas empresas, que lamentablemente son las que brindan más empleo, ella comenta que alzar la voz sobre esta lucha ocasiona “que todo el mundo lo vea a uno con malos ojos, solamente por buscar un bienestar.”

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana dice no a la minería en Panamá

Escrito el . Publicado en Derechos.

Ángel Morillo

La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) se ha unido al clamor de la Iglesia en Panamá, quien en cabeza de monseñor Rafael Valdivieso, obispo de Chitré y presidente de la Conferencia Episcopal de y Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de Colón – Kuna Yala y secretario general, han planteado cara al proyecto Proyecto de Ley 1100 sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá, que permitiría la explotación por 40 años.

Por eso la Remam en este país – constituida por más de 20 organizaciones eclesiales – quiere dejar claro su rechazo “a la aprobación del contrato minero por la Asamblea”, de hecho, “en ocasiones anteriores hemos expresado claramente por qué la destrucción desenfrenada de la Corredor Biológico Mesoamericano y de las comunidades no es el camino que nuestro país debe tomar si auténticamente quiere construir una sociedad de paz, florecimiento humano y armonía con la creación con la que Dios nos ha bendecido”.

Echan mano de la recién publicada exhortación apostólica Laudate Deum, en la que el Papa Francisco afirma que “la verdadera fe en un Dios Creador nos llama a responder con valentía, reconociendo que “la fe auténtica no sólo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado”.

Por consiguiente, reconociendo nuestra responsabilidad de denunciar la funesta destrucción de nuestra Casa Común y de acompañar a todos aquellos que justamente defienden sus vidas y territorios, “tenemos que pronunciarnos ante esta aprobación apresurada del contrato minero”.

“Rechazamos y consideramos contraria a la ética profesional la forma acelerada como el gobierno panameño y la asamblea de diputados han manejado la aprobación del contrato minero, no se han escuchado los distintos sectores de la sociedad como indica nuestra normativa y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú”, añadieron.

Impactos socioambientales

Para las organizaciones de Reman es un precio “muy alto” que el país “va a pagar comparado con las migajas que vamos a recibir”, toda vez que han advertido que “este método de actuar puede producir efectos impredecibles para la débil institucionalidad del país y su impacto directo en la vida socioambiental que desarrollan nuestras comunidades”.

Han desaprobado “la violencia desproporcionada con la cual intervino la policía contra los manifestantes” este 20 de octubre cuando “acompañados por nuestros obispos, nos manifestábamos pacíficamente, ejerciendo nuestro derecho ciudadano”.

“También rechazamos la descalificación absurda hecha por algunos periodistas contra el pueblo de Dios y en particular, los señores obispos, tratándonos como terroristas”, añadieron.
Por tanto, insisten que el Gobierno “no sancione esta ley por todas las consecuencias que ya se han explicado, empezando por su inconstitucionalidad y por el rechazo de gran mayoría de la población”. De hacerlo – advierten – “se cometería un gravísimo error y se traicionaría el futuro de nuestro país”.

La invitación a toda la comunidad creyente y personas de buena voluntad es “a discernir, a la luz de los valores cristianos y del Evangelio, a conocer y pronunciarse sobre los peligros que hay para la salud, ecosistemas y sostenibilidad económica y social al convertir a Panamá en un país extractivista”.

Compartido con SURCOS por Jaime García.

Fuente: https://adn.celam.org/la-red-eclesial-ecologica-mesoamericana-dice-no-a-la-mineria-en-panama/

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria?

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 14 de noviembre en el marco de la COP27, la delegación de Costa Rica realizó la presentación de una propuesta para potenciar los bienes de exportaciones basados en una agricultura resiliente, a partir de los agro paisajes. ¿Qué quiere decir todo esto?

Queremos problematizar la propuesta presentada por el gobierno de Costa Rica, ya que presenta algunas tensiones importantes que viene arrastrando eso que llamamos la agroindustria, y que al día de hoy sigue siendo responsable de importantes impactos socioambientales relacionados no sólo a la deforestación, sino también al uso de agroquímicos que afectan la salud de los ecosistemas.

Les compartimos también el artículo publicado por Bloque Verde que también expone las contradicciones de esta propuesta. Titulado «Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”» Publicado a través de Surcos Digital.

¿Estaremos de cara a otra estrategia de maquillaje verde? Les compartimos nuestras inquietudes:

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria? Artículo de opinión Observatorio

Agroindustria ¿de qué hablamos? consulte aquí.

¿Qué es el maquillaje verde? consulte aquí.

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Frontera sociopolítica de la industria piñera vs el Estado. ¿Desterritorialización o reterritorialización capitalista?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez

El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.

Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.

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Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.

Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.

Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.

Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.

Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.

Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión.  Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.

Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.

Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.

De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente.  Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.

 

Imagen ilustrativa.

El impacto socioambiental del proyecto de gasificadora en Cerro Abejonal de San Pablo de León Cortés

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

En el Cerro Abejonal de San Pablo de León Cortés se ha implantado un nuevo botadero que lleva miles de residuos y basura a las fuentes, quebradas y ríos de la zona bajo el nombre de “gasificadora”, así también se le ha llamado “parques tecnológicos” en otros lugares como Huazo, Carpio y Río Azul.

En el marco de este acontecimiento, desde la organización del programa “Para Que Nuestros Ríos Lleguen Sanos Al Mar”, se ha organizado el Conversatorio “Repercusiones socioambientales del proyecto de gasificadora en Cerro Abejonal de San Pablo de León Cortés”, tanto para visibilizar como oponerse al proyecto y el impacto que este genera al ecosistema. 

En el conversatorio se contará con la participación de:

  • Ricardo Valverde Sánchez como moderador: director de Enlace Interinstitucional de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. 
  • Jonathan Navarro Picado como moderador: director de Gestión de la Red Nacional de los Observatorios Ciudadanos del Agua.
  • Cristopher Meza Sánchez como invitado especial: miembro del Grupo Ecologista de León Cortés y Licenciado en Ciencias Políticas. 

El conversatorio se realizará el próximo sábado 16 de julio de 2022 a las 11:00 a.m. por medio del Facebook LIVE del programa de radio Actual 107.1 FM. 

 

Compartido a SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Ecologistas interpondrán acciones legales

BLOQUE VERDE 13/01/2021

A finales del año pasado aprobó la viabilidad ambiental del proyecto de incineración bajo la modalidad de gasificación según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.

Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE los ecologistas buscarán interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.

El proyecto que tiene un costo de más de 38 millones de dólares, inició el trámite en 2014. Es seis años después, y en los últimos días hábiles del 2020, que se aprueba sin la mayor participación social o publicidad al respecto. Es así como COOPEGUANACASTE pretende desarrollar en distrito de Belén del cantón de Carrillo una incineradora y pretende supuestamente generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste, cuando en realidad la energía empleada en la gasificación es mucho mayor a la generada.

La planta cuenta con capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.

La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión conocida. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones.”

El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbonizar o reducir el calentamiento global.

El informe de GAIA concluye que “los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.

Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que “debido a la problemática del ICE de satisfacer su demanda energética aumentando su producción de energía utilizando tecnologías más económicas”. Sin embargo, la situación energética hoy según el ICE es bastante distinta pues la generación es 100 % renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda, en síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.

De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).

Impacto socioambiental

“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa).

Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración, la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto, que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.

Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.

“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta ni con la estructura jurídica, de laboratorios ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite esta actividad (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015).

 

Imagen tomada de Informatico.com

Enviado a SURCOS por Henry Picado.

Proponen moratoria a expansión piñera ante Municipalidad de Los Chiles

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de Prensa

 

Este martes 5 de julio distintos sectores comunales del cantón de Los Chiles solicitarán al Concejo Municipal de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la expansión del monocultivo de la piña, mientras la Municipalidad termina de hacer el Plan Regulador y se realizan estudios hidrogeológicos.

El acercamiento con el Gobierno local es producto del trabajo que llevan a cabo pequeños productores y ganaderos, asociaciones comunales y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la producción piñera. Este esfuerzo es acompañado por distintas organizaciones nacionales y por legisladores y legisladoras.

Mañana se pedirá a la Municipalidad que declare una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón de Los Chiles.

Si el Concejo Municipal aprueba la moratoria, después la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.

La moratoria se está pidiendo porque la expansión piñera ha provocado graves daños a la biodiversidad del país. El Informe del Estado de la Nación 2012 menciona cómo los cultivos de piña “causan problemas directos, por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”.

Álvaro Álvarez, ganadero de la Zona Norte, relató en el programa televisivo Era Verde que el primer problema que se empezó a visualizar, producto de los sembradíos de piña, fue la proliferación de las moscas de la piña, porque ésta se alimenta de la sangre del ganado: “(…) si el animal no se trata con los alimentos adecuados y a tiempo, pues el animal se muere”. Álvarez también expuso que el uso de los agroquímicos que utilizan las empresas piñeras, hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran.

Varias comunidades se han visto afectadas por este cultivo y su expansión de manera directa, incluyendo las y los estudiantes de escuelas y colegios de estas zonas, perjudicados por los rocíos de los químicos, malos olores y el nacimiento de la mosca Stomoxyscalcitrans.

Específicamente en la Zona Norte, ya desde el 2010 las autoridades se encuentran en vigilancia tras las diferentes problemáticas asociadas al cultivo de la piña y la manera en la que se afecta negativamente el humedal Caño Negro. El Tribunal Ambiental Administrativo comunicó: “Tala, invasión de áreas de protección, cambio de uso del suelo, afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores (…). En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios

Este esfuerzo de organización es compartido a nivel nacional por comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores y legisladoras, que están proponiendo estrategias conjuntas para construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

En este espacio participan personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte-Norte (CLANN) con el acompañamiento del Programa Kioskos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.vocesnuestras.org/

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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