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Etiqueta: injerencia extranjera

¿En qué consiste el cambio que propone la continuidad?

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

En Costa Rica se habla de cambio mientras se ofrece continuidad. La paradoja merece atención. Si el proyecto económico permanece, si continúan las políticas neoliberales y la subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿qué es exactamente lo que cambiaría?

La respuesta parece estar menos en el orden social que se propone que en la manera de ejercer el poder. Las viejas prácticas de corrupción, clientelismo y concentración de la riqueza no desaparecen. Se presentan con otro lenguaje: el del líder que habla directamente en nombre del pueblo, enfrenta a las instituciones y convierte cada límite al Ejecutivo en una ofensa contra la voluntad popular. El enojo con los partidos y las élites encuentra así un cauce, pero no necesariamente se dirige contra las relaciones económicas que producen desigualdad. Se vuelca contra quienes fiscalizan, deliberan o ponen freno.

En esa operación también intervienen ciertas corrientes fundamentalistas religiosas, en Costa Rica y en buena parte de la región. No hablo de las personas creyentes en general, sino de proyectos políticos que convierten una interpretación religiosa en programa de gobierno y en criterio para decidir quién pertenece a la comunidad moral. Sus discursos sobre la familia, la sexualidad, la educación y el género movilizan temores y presentan las conquistas de derechos como amenazas al orden. Así, diferencias sociales y económicas quedan desplazadas por una batalla moral que permite identificar enemigos y consolidar lealtades.

La alianza entre ese fundamentalismo y la política neoliberal no es contradictoria. La defensa religiosa de la jerarquía puede convivir con un orden económico que concentra riqueza y debilita la protección social. La desigualdad se explica como responsabilidad individual; la caridad sustituye a la justicia social; la obediencia se presenta como virtud y la crítica como desorden. El lenguaje de la fe aporta una legitimidad moral a un proyecto que, en el terreno económico, conserva las relaciones de poder existentes.

La clase dominante no necesita inventar un nuevo orden para defender sus intereses. Puede renovar sus formas de legitimación, intensificar la confrontación y hacer de la hostilidad institucional una señal de autenticidad política. El cambio se vuelve visible en el estilo, en la movilización y en el trato hacia los contrapesos. La continuidad se conserva en la orientación económica y en la distribución del poder.

Por eso, comparar Costa Rica con Venezuela exige decir con precisión qué se compara. El chavismo nació de una crisis de representación y formuló un proyecto de ruptura con el orden neoliberal, con una apuesta por la soberanía nacional y la transformación social. Su historia también debe examinarse con rigor, incluidas sus derivas autoritarias y las consecuencias de sus decisiones. Pero esa trayectoria no vuelve equivalentes proyectos distintos. En Costa Rica, la continuidad que se ofrece no plantea una transición socialista: profundiza una orientación neoliberal mientras presenta la institucionalidad como obstáculo para gobernar.

El temor a una ruptura socialista ayuda a sostener esa presentación. Cuando Venezuela, Cuba o Nicaragua aparecen como advertencias totales, mientras las derivas autoritarias de gobiernos de derecha se describen como respuestas de seguridad o como simples estilos de liderazgo, la crítica deja de aplicar el mismo criterio. El fundamentalismo refuerza ese temor al asociar cualquier propuesta de igualdad o ampliación de derechos con una amenaza contra la religión, la familia o la nación. No se trata de silenciar los abusos de los gobiernos que se identifican con el socialismo. Se trata de preguntar por qué el capitalismo suele ser evaluado por sus promesas, mientras al socialismo se le exige responder por sus fracasos aun bajo bloqueo, sanciones y presión externa.

También debemos mirar cómo se disputa hoy la política dentro de nuestras propias fronteras. Las redes de consultores, medios, operadores digitales y contactos políticos que conectan campañas latinoamericanas con Miami y Washington requieren investigación pública y cuidadosa. En el caso de Cerimedo se han descrito conexiones regionales y vínculos con operadores estadounidenses; para Costa Rica, existen nexos reportados que ameritan esclarecerse, aunque eso por sí solo no pruebe que Washington dirigiera una campaña específica. La soberanía también se erosiona cuando decisiones domésticas quedan condicionadas por intereses externos o cuando la propaganda importada se confunde con una expresión espontánea de la ciudadanía.

La alternancia electoral, por sí sola, tampoco resolvería este problema. Si se detiene el continuismo sin ofrecer una salida material al malestar, se pueden reparar procedimientos y recomponer relaciones entre poderes, pero permanecerían las condiciones que alimentaron la desconfianza. Una democracia que no mejora la vida de la mayoría pierde capacidad de convocar; esa frustración deja espacio para nuevos liderazgos que prometen destruirlo todo mientras protegen las mismas estructuras.

Tal vez ahí esté la respuesta a la pregunta inicial. La continuidad propone conservar el orden económico existente y cambiar la forma de defenderlo: más personalista, más confrontativa y con menos tolerancia hacia los contrapesos. El fundamentalismo religioso contribuye a darle arraigo y justificación moral. Su novedad consiste en presentar esa defensa como una rebelión popular y una restauración de valores. El cambio que falta es otro: ampliar el bienestar, democratizar el poder y hacer que las instituciones respondan a quienes hoy sienten que no tienen una salida.

La ruta está trazada

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Esta es una frase lapidaria pero absolutamente cierta. Es una afirmación que no da lugar para dudar. El llamado “chavismo” es un proyecto político que va más allá de Rodrigo Chaves y mucho más, de Laura Fernández. Es un programa bien diseñado para “tomar” el Poder Judicial, ganar elecciones, controlar todas las instituciones, reducir derechos civiles, sociales y políticos y el Estado de Derecho, privatizar, minimizar el Estado de Bienestar y, en general, imponer un régimen autoritario alineado con las políticas del gobierno de Trump.

La gran pregunta que surge es: ¿quién ha trazado esa ruta?

Evidentemente no es Rodrigo Chaves. Él no tiene la capacidad intelectual para ello, como se ha demostrado; las funciones que ha desempeñado en su vida profesional en el Banco Mundial han sido de ejecutor, de obedecer órdenes. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido un excelente intérprete, un actor de de primera línea para conectar con la gente y llevar a cabalidad la partitura escrita. La actual presidente, heredera del continuismo, es un accidente imprevisto de esa Ruta.

Hay alguien que maneja los hilos detrás de los personajes principales. Pilar Cisneros y su equipo sí tiene la capacidad y la experiencia como para diseñar una campaña y una estrategia orientadas a ganar elecciones. Sin embargo, la Ruta trazada rebasa sus posibilidades. Pilar está moviendo los hilos detrás de Chaves y Laura, pero dentro de unos parámetros predeterminados.

La política costarricense está diseñada desde el exterior, desde el extranjero, y los titiriteros mueven los hilos que le indican los estrategas de la internacional ultraderechista.

No resulta aventurado decir que la política costarricense está dirigida por un grupo, principalmente estadounidense, que dirige las políticas de Trump, Bukele, Milei y otros orientados a salvaguardas los interese económicos de los EEUU.

Esta Ruta implica una intervención directa de los EEUU en los asuntos internos de los países, como se ha demostrado en las elecciones de Honduras, Ecuador, Argentina y otras. Es una intervención sobre los procesos electorales, sobre los partidos, sobre los empresarios, sobre los medios de comunicación, sobre los pueblos, ya sea amenazando y aplicando sanciones. Impone aranceles si no aceptan las decisiones de USA, retiran visas si ponen obstáculos a sus objetivos, secuestran personas y hasta bombardean países.

El gobierno de EEUU interviene descarada o indirectamente a favor de los gobiernos latinoamericanos de su simpatía, que están directamente involucrados en su estrategia de pasar a un nuevo modelo económico-social basado en el autoritarismo.

El gobierno de Chaves se ha apuntado clara y definitivamente en este camino.

La presencia del gobierno de USA en la política costarricense es cotidiana: logró silenciar a los empresarios con la amenaza de las visas ( solo basta leer la entrevista a la directora ejecutiva de la UCAEPP en La Nación, donde se refleja el sometimiento y miedo a las políticas estadounidenses), el retiro de visas a políticos provenientes y empresarios del riñón de la oligarquía nacional; la participación directa de las fuerzas y oficiales de las agencias, como la DEA, CIA y FBI, de los Estados Unidos en las operaciones nacionales contra los traficantes de drogas, con desprecio por nuestra soberanía o saber de los compromisos, que no se conocen, sobre la explotación de los recursos naturales del país. En fin, la Embajada norteamericana está presente en los más diversos eventos políticos nacionales.

La Ruta está trazada por fuerzas externas, poderosas y capaces. Es una ruta inteligente, bien diseñada y se basa -también y no menos importante- en el convencimiento de la gente de que ese sendero es el mejor, sea, el control ideológico para que la ciudadanía no se rebele, sino que simplemente obedezca.

¿Quién está intelectualmente detrás de este gobierno? No es Chaves desde luego. Podría ser Pilar y su equipo, como ejecutores nacionales, sometidos estrictamente a la Ruta trazada internacionalmente por asesores principalmente estadounidenses. El aporte nacional se limitará a la simple adecuación de las formas (a quién atacar, cómo hacerlo, etc.), el manejo de los tiempos, pero bajo la dirección estricta externa.

Los dirigentes chavistas solo están obedeciendo fielmente los dictados de una política claramente diseñada e impulsada desde una internacional enemiga de los pueblos. Creo que es claro.

Ahora bien, ese proyecto autoritario y enemigo de la soberanía de las naciones, encuentra grandes resistencias. Los pueblos no aceptan sumisamente la imposición de medidas que limiten o eliminen los logros sociales y políticos alcanzados. En EEUU la oposición a las políticas nacionales e internacionales de Donald Trump crece hasta producirse casi que guerras civiles en algunos Estados; en Argentina, Bolivia, Panamá, Perú o Ecuador se han producido o están ocurriendo grandes movilizaciones sociales e incluso rebeliones contra las políticas ultraderechistas de esos presidentes. La derecha autoritaria, está lejos de representar la solución a los problemas de América. Los gobiernos autoritarios no resuelven los problemas, los agudizan.

En Costa Rica si no descarrilamos esa Ruta, se van a producir grandes retrocesos sociales y políticos, como está quedando en evidencia. Esa es una tarea nacional.

Intromisión extranjera en la campaña electoral de Costa Rica

Martín Rodríguez Espinoza

Lo que anunció Rodrigo Chaves no es un acto administrativo ni una visita protocolaria cualquiera, es una intromisión descarada en la campaña electoral costarricense, cuidadosamente montada como espectáculo político. Invitar al dictador Nayib Bukele en plena campaña, para “colocar la primera piedra” de una supuesta mega cárcel, es una provocación abierta a la institucionalidad del país y un mensaje electoral burdo a favor del oficialismo.

Que esta maniobra provenga de Rodrigo Chaves la vuelve todavía más grave. No se trata de cooperación internacional ni de intercambio técnico, es propaganda política importada, usando la figura mediática de un gobernante extranjero para influir en el electorado costarricense. Eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, se llama injerencia.

El momento no es casual. En plena contienda electoral, montar un evento con luces, cámaras y discursos alrededor del llamado “Cacco” busca asociar mano dura, orden y autoridad, aunque sea prestada, con la candidata oficialista Laura Fernández. Aunque hoy digan que no hay una reunión “agendada”, ya la propia Pilar Cisneros dejó claro que “no se descarta una invitación”. El cálculo político es evidente.

Este acto debe ser condenado sin ambigüedades por la sociedad costarricense y, más aún, prohibido por el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE no puede mirar para otro lado mientras se usa a un mandatario extranjero, con un historial autoritario ampliamente cuestionado, para inclinar la balanza electoral. Si se permite esto, mañana se abrirá la puerta para que cualquier gobierno foráneo venga a hacer campaña en suelo nacional.

Costa Rica no necesita shows electorales disfrazados de obras públicas. Costa Rica se defiende con reglas claras, con soberanía, y con respeto al pueblo. Todo lo demás es una afrenta que no debemos normalizar.

8 de enero 2026