Ir al contenido principal

Etiqueta: institucionalidad pública

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense! Marcha este sábado 29

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Limonenses, este sábado 29 de octubre les invitamos a usted y a su familia a una gran marcha patriótica en defensa de nuestra institucionalidad.

Saldremos de la Municipalidad de Limón a las 12:00 md con destino a la entrada de JAPDEVA, por el parque Vargas, para entregar un documento con propuestas y soluciones al señor presidente Rodrigo Chaves, que se le hará llegar por medio de los diputados que nos acompañarán. La finalidad es que Limón se enrumbe hacia la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

Limón se une en una propuesta directa, que el ejecutivo debe negociar con las fuerzas vivas de la provincia de Limón para aplacar los grandes males que nos aquejan. Por esa razón es importante su apoyo, el de su familia y sus amigos para sumarnos en un clamor popular que llegue hasta Casa Presidencial.

A través de los medios de comunicación y redes sociales es hora de luchar y de sembrar semillas de esperanza.

Por el bien de todos este sábado 29 de octubre a las 12:00 mediodía, salida desde la Municipalidad de Limón.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson y María Miranda.

Esta en desarrollo un ataque en distintos frentes por parte del Gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
12 de octubre 2022

Las expresiones son:

  • Proyectos de ley
  • Recorte de presupuestos a los sectores más vulnerables para pulverizar instituciones
  • Alianzas en la Asamblea
  • Pactos oscuros por eurobonos
  • Asustar con narrativa tergiversada y con política de miedo
  • Desfinanciar el Poder Judicial en proyectos antidrogas, anticorrupción, debilitar OIJ, listas de espera en CCSS, privatización en sus distintas modalidades, tercerización, decisiones en sector educación, entre otros.

PERO el objetivo esencial es:

Completar la fase dos de los objetivos incompletos que escondían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas»; la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector) y la ley de empleo público.

En tal sentido está en pleno desarrollo un ataque a las autonomías constitucionales especiales creadas en la Constitución Política de 1949.

Es decir, el proyecto de Rodrigo Chaves Robles está centrado en aprovechar bien su cúmulo de popularidad y articularlo con los actores visibles e invisibles de la derecha más rancia del país y desde su táctica y estrategia de rasgos autoritarios y populistas, enterrar la pala más fuerte en la tierra y seguir cavando para enterrar la institucionalidad patria y con tal ejercicio herir aún más de muerte el Estado Social de Derecho.

O sea, estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo.  Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Asociación de Empleados se opone a idea de eliminar al SENARA

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Comité Ejecutivo de ASES acordó la elaboración de una circular en la cual se expongan los criterios por los cuales rechazamos la iniciativa de desaparecer al Senara.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Son momentos en que todos, indistintamente, estén asociados o no, y nos manifestemos en contra de las acciones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad costarricense. Hay que unirse en una sola voz por Costa Rica.

Ante la rápida circulación y consulta de 4 horas para dar respuesta o emitir criterios con respecto ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector *agropecuario, pesquero y rural nuestra organización desea dejar manifiesto el total desacuerdo a dicha iniciativa, más aún tomando en cuenta que el artículo 20., PRETENDE Modificaciones de la Ley No 6877 ¨Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) ¨.

Se modifican los artículos 1,2, 3 incisos a), b), f) y k), 4, 7, 12, 16, 17 y 18 de la Ley N° 6877 Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) de 18 de julio de 1983 y sus reformas, para que en adelante dispongan:

 “Artículo 1-. Créase la Dirección de Riego y Avenamiento en adelante (DIRA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la DIRA:

  1. a) Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego y avenamiento.

“Artículo 3.- Son funciones de la DIRA:

  1. a) Proponer y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego.
  2. b) Desarrollar y administrar los distritos de riego y avenamiento

(…)

  1. f) Adquirir conforme con lo establecido en la Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego y asentamiento de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.

(…)

  1. k) Orientar, promover y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego y drenaje en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior.

“Artículo 4.- Corresponderá a la DIRA promover la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, en las siguientes actividades:

  1. a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país.
  2. b) Diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego y avenamiento.
  3. c) Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego.
  4. ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de su aprovechamiento en los distritos de riego.
  5. d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de concesionarios de aguas en los distritos de riego.
  6. e) Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en los distritos de riego.
  7. f) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

Desde la perspectiva institucional la propuesta de creación de la DIRA viene a representar un retroceso y desatención de los principios que sustentan la creación del SENARA.

Si bien es cierto hay aspectos de la propuesta que hoy no atiende el SENARA, estos pueden potenciar y ampliar su ámbito de acción, por lo que más bien podrían ser incluidos dentro de la ley de SENARA y de esta manera brindar un mejor servicio a la sociedad.

Dadas las condiciones actuales asociadas a cambio climático (requerimientos de riego, drenaje, control de inundaciones y gestión de recurso hídrico) lo ideal es fortalecer la institución con propuestas tecnológicas, financieras, técnicas, recurso humano y ampliación de la capacidad instalada.

La creación de la DIRA viene a separar y desconcentrar el accionar del país en los temas que atiende la institución y no garantiza un crecimiento en cuanto personal para atender la alta demanda de servicios que se tiene.

La condición del SENARA como entidad autónoma le ha permitido generar una rica experiencia en aspectos técnicos y legales, de alta eficiencia en los procesos de licitación y contratación de obra pública, que se puede perder. Situación que redundaría en amplios, extensos y tediosos procesos con la figura de la DIRA, al depender de la Proveeduría Nacional y la figura del ministro para desarrollarlos. Esta situación estaría en contra de las políticas de estado en temas de eficiencia, atención al cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y otros.

Deben tomarse en cuenta los pronunciamientos de la sala IV en relación con los criterios del SENARA relacionados con la gestión del recurso hídrico. Lo establecido en la propuesta más bien debe ser considerado para ampliar y fortalecer los alcances y servicios institucionales para la atención y propuestas de soluciones a los problemas que se presentan en carreteras, zonas de alta vulnerabilidad y riesgo.

La cobertura de acciones que el SENARA realiza a nivel comunal y municipal parece ser desconocida en la propuesta, lo cual representa un riesgo para la defensa de la población en los temas asociados a la gestión del recurso hídrico.

Durante los últimos 20 años la institución ha asumido un papel importante en la solución de problemas asociados al control de inundaciones. Ha propuesto e implementado procedimientos que han dado resultados positivos, lo cual ha sido bien visto por la CNE y las comunidades beneficiadas. De ahí el nombramiento constante del SENARA como unidad ejecutora.

Si bien es cierto que también existe la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, parece que su alcance es mucho más limitado que el de SENARA. Se requieren propuestas que permitan constituir en el SENARA la unidad de control de inundaciones y de esta forma, concentrar a nivel país todo el accionar asociado a esa temática.

El tema de control de inundaciones no se resuelve pasando a la CNE el personal calificado con la experiencia generada en el SENARA. Cada vez es más evidente la necesidad que tiene el país de una entidad que atienda al 100% este tema y el SENARA tiene el potencial para hacerlo.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

El desmembramiento del Senara, institución de gran vigencia y relevancia en la actualidad por generar adaptación al cambio climático en un sector muy vulnerable, constituye un riesgo para la población al ser desatendidas las competencias institucionales y desprotegiendo los recursos hídricos.

El Senara tiene más de 40 años de experiencia en elaboración de estudios hidrogeológicos, investigación y caracterización de acuíferos y su relación con las aguas superficiales, con el objetivo fundamental de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Por otra parte, SENARA ha elaborado los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS), planes cantonales de gestión del recurso hídrico y apoyo a la gestión de líderes cantonales en el manejo y acceso a la información para la sustentabilidad acuífero ambiental que procure el desarrollo de actividades sociales y económicas para paliar los efectos de la pobreza en el país.

Los productos y servicios que genera el SENARA, son vitales y trascendentales para garantizar el derecho humano al acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad y a un ambiente ecológicamente sostenible, principios fundamentales de todo el articulado y regulación ambiental de Costa Rica, esto no sería posible sin el arduo trabajo de investigación y gestión sostenible del recurso hídrico que realiza Senara, que por el cual se cuenta con importantes avances en estos temas, apuntando e incidiendo de forma directa y puntual en estrategias como el cumplimiento de los ODS, compromisos adquirido por Estado, e incorporando la Seguridad Hídrica para que todo costarricense cuente con el acceso a este recurso y por ende existan mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo e inversión en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, se identifican graves falencias y omisiones en la redacción de la propuesta:

El Transitorio V desconoce o subestima que el personal especializado en Control de Inundaciones es el mismo que está especializado en riego y avenamiento, ya que el personal humano de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, encargados de la ejecución de estas competencias, es el mismo.

No se hace un planteamiento claro y contundente, en el texto del proyecto de Ley, acerca del traslado o no del personal institucional, así como sus recursos materiales. El tema del personal solo se menciona en el Transitorio V y con referencia a personal técnico especializado.

El proyecto de ley no hace mención, en ninguno de sus artículos, al destino de las competencias y el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Así también se desconoce la posición con respecto a todo el material documental y toda la información resguardada y producida por esta Dirección, la cual ha sido costeada con recursos públicos y ha costado millones al país.

El Artículo 16 hace mención del pago de una tarifa por parte de los productores que se encuentren dentro de los distritos de riego y avenamiento y la cual sería estimada por el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad estuvo activa entre 1928 y 1996.

Estos comentarios son para visibilizar la ligereza y falta de información a la hora de su redacción, además de la falta de respeto y del poco dimensionamiento de su importancia al conceder tan poco tiempo a la institución para manifestarse. Dicha consulta se emitió el día miércoles 12 de octubre de 2022, fuera del horario institucional, y se concedió tiempo hasta las 11.30 de la mañana de hoy, lo que pone, más en evidencia, la improvisación de este proyecto de Ley el cual ya fue firmado por el presidente y el ministro para su ingreso a la corriente legislativa.

Siendo así las cosas, ASES rechaza de manera contundente este proyecto de Ley y hace un llamado a todos los funcionarios del Senara, sindicalizados o no, para unir fuerzas en defensa de la institucionalidad. Dejemos de vivir ya de este oscurantismo en el manejo de la información pública.

Oscar Centeno Viales.
Secretario General
Asociación de Empleados del SENARA (ASES)

Si Chaves no puede garantizar la democracia, nos toca a la ciudadanía hacerlo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco “Kiko” Palma/Juan Carlos Cruz

A propósito de la “advertencia” del presidente Chaves en el sentido de que él no puede garantizar la vigencia de la democracia en el país en caso de que se acentúe la crisis nacional, nos toca a la ciudadanía garantizarla. No es de recibo que las adversidades socioeconómicas sirvan de cama de germinación para el autoritarismo, la intolerancia y las restricciones democráticas.

Si bien la institucionalidad y las garantías democráticas, son en muchos casos formales, su defensa abre la posibilidad de pasar a la ofensiva ciudadana para su vigencia plena y su profundización.

La defensa de la institucionalidad, los derechos y garantías democráticas, puede constituirse en un eje aglutinador para la reorganización de los sectores sociales que hoy se encuentran desmovilizados e indiferentes frente a las diversas amenazas que se ciernen, no solo sobre el país, sino sobre le región y el mundo en general.

Hay muchos antecedentes en la historia de las luchas sociales, de cómo las crisis de cualquier tipo, se convirtieron en oportunidades de organización social, comunitaria, gremial, cultural, socio-productiva, entre otras, para avanzar en conquistas sociales. Estamos ante el reto de convertir la advertencia presidencial en un movimiento ciudadano por las garantías democráticas. Es tiempo de actuar.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Nunca hemos sido un “bazar” universitario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El rechazo por parte de la Sala IV del recurso de “inconstitucionalidad por omisión” que las universidades públicas presentaron en 2019 contra los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no sólo socava la autonomía universitaria si no que debilita a toda la institucionalidad nacional.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El rechazo del Recurso se da en un contexto de concreción de las amenazas.  Dos ejemplos son la intromisión del Ejecutivo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la destitución de su presidente ejecutivo y la descalificación de su autonomía, a raíz de la disputa por la posible ejecución del aumento de salario de 7.500 a la base, debidamente aprobado pero pospuesto por la pandemia.  El otro ejemplo es el “leñazo” dado con la imposición del presupuesto a las universidades en la inexistente negociación del Fondo especial para la educación superior (FEES) del 2022, a lo que se suma el proyecto de ley para fijarles parámetros y condiciones para ejecutar su presupuesto.

Este debilitamiento de la institucionalidad ya estaba claramente expuesto en expediente legislativo 22.266, que desde el 2020 intenta modificar el artículo 176 de la Constitución Política. Según ese texto, en adelante “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”. De aprobarse tal propuesta, las universidades, la CCSS, las municipalidades y la totalidad de las entidades descentralizadas, tendrán que subordinar sus presupuestos a los parámetros dictados por el Ministerio de Hacienda y según las restricciones impuestas por la regla fiscal o cualquier otro mecanismo definido de manera centralizada y de aplicación obligatoria. La reforma propuesta indica que “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

Para un país que se precia de tener un sistema educativo robusto y que aspira a mejorar la calidad de vida por medio de la educación, es gravísimo que el Presidente considere “exitosa” la última negociación/imposición del FEES, porque “Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”.  Una reducción acumulada de cerca de 110.000 millones de colones en el FEES, equivale a casi el presupuesto anual conjunto del ITCR y la Universidad Técnica, o a casi el presupuesto total de la Universidad Nacional.  Las dimensiones del impacto negativo de la pérdida de financiamiento las resentirá la sociedad desde ya, pero más en el futuro cuando las universidades públicas pierdan las condiciones para brindarle al país especialistas calificados en todos los campos.

La ofensiva del Gobierno incluye además eventuales sanciones a las universidades “en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES” entre ellas. El expediente 23.380, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 6 de octubre 2022, constituye una intromisión sin precedentes, pues por décadas las universidades públicas han realizado esa distribución de acuerdo con sus necesidades, y no siguiendo criterios externos y menos impuestos unilateralmente por el Gobierno.  Las universidades públicas debemos rechazar contundentemente  el supuesto del Presidente de que “Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”.  Las universidades no sólo planifican internamente y entre ellas por medio del Consejo Nacional de Rectores, si no también con el Gobierno, como quedó demostrado durante la pandemia de la Covid19.

El Consejo Nacional de Rectores, en el comunicado del 10 de junio del 2020 “Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES”, señaló que “la última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos”. “La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República”.  Esa tarea no se podría realizar desde un “bazar” universitario. La frase del Señor Presidente contra las universidades públicas no requiere comentarios.

La planificación interuniversitaria de corto, mediano y al menos para cada 5 años, se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES), que siempre ha considerado las necesidades del país y por tanto no es un ejercicio universitario aislado. Más bien, los responsables de que esta planificación y ligamen con las necesidades naciones se debilite, han sido los gobiernos al imponer una negociación anual y no quinquenal del FEES.

Las universidades públicas son instituciones que por mandato constitucional tienen el grado máximo y especial de autonomía con que se cuenta en el país,  y eso les otorga, entre otras facultades, la de definir con plena y absoluta independencia, cómo se usan los recursos del FEES. Ningún gobierno o ministerio, ni siquiera el de Educación pública, tiene las condiciones técnicas, la visión y el conocimiento necesarios para definir en qué campos de las ciencias y las humanidades, y en qué regiones del país, se deben invertir los recursos del FEES. Dialogar y consensuar siempre son necesidades oportunas, y eso se ha hecho; pero imponerse, suplantar y desconocer las atribuciones de las universidades, nunca será la vía para mejorar la educación pública.  Y eso es lo que precisamente pretende el Gobierno con el proyecto de ley 23.380, que incluye “parámetros” para medir el desempeño de las universidades y una posible “fiscalización” de la Contraloría General de República, lo cual equivaldría a desmoronar su autonomía, lo mismo que la de las demás instituciones autónomas del país como las municipalidades y la CCSS.

Lejos de fortalecer la institucionalidad pública, este Gobierno ha sumado a su poco original agenda, la recuperación (prácticamente en todos los campos) de las peores propuestas y proyectos de ley de administraciones anteriores contra lo que nos queda del Estado social.

SINAE Afines: Rechazo total a la forma en que cesaron de sus funciones a Álvaro Ramos

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Lenin Hernández Navas rechaza, en nombre de SINAE Afines, «el acto dictatorial» del señor presidente Rodrigo Chaves al separar de sus funciones a Don Álvaro Ramos expresidente de la C.C.S.S. por desacuerdos por el aumento salarial aprobado por la junta directiva de la institución.

«Este ajuste salarial es digno, legal y justo para sus funcionarios, este acto debe ser considerado como un ataque directo del señor presidente de la República a la soberanía de la C.C.S.S», señaló el dirigente.

Se le solicita respetuosamente a Don Rodrigo Chaves, dar una explicación al pueblo de Costa Rica sobre el irrespeto a la institucionalidad, al aumento que, si aprobó a sus ministros y viceministros, y «la negativa de proteger a los empleados de esta institución que merecen respeto y apelan por sus derechos».

NECESITAMOS UN RESPIRO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Más que una crisis económica diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Juan Manuel Serrat.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

No se trata simplemente de quitarse la mascarilla para el respiro que necesitamos, en estos tiempos asfixiantes y tóxicos, producto de una crisis más que económica de “modelo de vida”, como ha dicho recientemente el poeta y cantor Juan Manuel Serrat.

Hay quienes piensan, de manera simplista, encarar esta crisis reduciendo la estrategia a “reactivar la economía”, como si ésta hubiese estado activa, pujante y solvente en algún momento prepandémico y, ahora, de lo que se trata, es de volver a ese idílico y paradisíaco estado de “normalidad”.  Y es por ello, que la clase política vuelve a las viejas recetas del endeudamiento con los organismos financieros internacionales, la contracción de la institucionalidad social del Estado y el ensanchamiento de las zonas francas. Nada nuevo debajo del sol.

Si prestamos atención a lo que los poetas y cantores, como Serrat, están percibiendo de nuestro mundo, y quienes por lo general tienen una sensibilidad especial para ponderar los causes por donde transitar hacia mejores puertos, deberíamos plantearnos seriamente cómo trascender el actual “modelo de vida”, que está propiciando tanto conflicto social y bélico, así como desastre eco-ambiental, pobreza e inequidad.

Se trata de un estilo de vida que, en buena medida, obedece a la perversión de dos valores fundamentales de la ilustración: la liberad y la razón. Como bien señala Artadi (1990), la libertad se convirtió en libertad individualista y la razón en razón instrumental -y agregaríamos, conquistadora, colonialista e imperialista-. La libertad individualista conduce al egoísmo y la avaricia que concentra la riqueza en muy pocas manos y la razón instrumental-conquistadora a la explotación irracional de la tierra, del ser humano y a los conflictos bélicos.  Y, en los últimos cuarenta años, el neoliberalismo ha elevado esta perversión a la enésima potencia, convirtiéndose en la “pandemia” más letal para el planeta y la humanidad.

No acatamos a pensar en otro estilo de vida más saludable y amigable con la naturaleza y con los seres humanos, cuando a estas alturas hay quienes pretenden reactivar la economía, apostando, por un lado, a la explotación de hidrocarburos y la minería a cielo abierto y, por otro, sobreexplotando a los trabajadores con jornadas de 12 horas, siendo las mujeres las más afectadas por sus labores adicionales de cuido.

Asimismo, resulta en un despropósito pretender reactivar la economía al precio de afectar la salud física y emocional de los trabajadores y trabajadoras, así como los vínculos afectivos familiares, ya de por sí fuertemente golpeados por la pandemia. Esto, a su vez, implica mayores costos para el Estado, por la demanda creciente de atención médica.

Definitivamente, un productivismo mal orientado está dando al traste con lo que nos queda de vida en el planeta y busca robotizar al ser humano, bajo nuevas formas de trabajo esclavizante. Un contrasentido en un tiempo de avances científico tecnológicos que deberían más bien contribuir la dignificación y humanización del trabajo.

Un país que ha sido reconocido mundialmente por sus logros en materia de derechos laborales y conservación y protección de la naturaleza, podría enviar hoy un mejor mensaje elevando a precepto constitucional la jornada laboral máxima de 40 horas, 5 días semanales, y la prohibición de la explotación de los recursos minerales y energéticos del subsuelo.

Por estos senderos, podemos ofrecer el respiro que tanto necesitan la tierra y los seres humanos e ir superando la “crisis de modelo de vida” actual.

LA ESPADA APARECE CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Campos Rojas
30 de mayo de 2022

Así lo leí hace varios días, la frase es contundente por sí misma y por lo que representa en nuestro país en estos momentos.

Lo vengo diciendo y documentando hace ya tiempo: la institucionalidad ha venido cayendo en un profundo descrédito, no importándoles a quienes están al frente de ella, en llevarse en banda institutos fundamentales de la República, como por ejemplo el sufragio, la justicia, la transparencia, la paz, la educación, el trabajo, la honradez, la legitimidad.

La corrupción y la impunidad toman fuerza en nuestro país a raíz del autoritarismo -propio del sistema de representatividad a que nos han sometido los sectores dominantes-: la cultura del sometimiento, de pedir, de la subordinación y la sumisión, ha fortalecido el comportamiento de masa, abandonando aquel pueblo viril del que habla y nos enaltece nuestro Himno Nacional, a mantenerse en la ignorancia. De eso se han encargado quienes manipularon nuestro sistema educativo para llevar nuestras últimas generaciones a crecer sin raíces históricas para ser presa fácil del clientelismo político y el asistencialismo. La línea que ahora nos divide del totalitarismo es muy tenue. Esa corrupción se ha apoyado en el miedo y la ignorancia, que han naturalizado en la población, contando diariamente con la prensa mediática y la academia. Esto les ha permitido legitimar la inmoralidad como forma de administrar el país, sin importarles las consecuencias, solo sus intereses y los de sus amistades, sin que se debatan en problemas de género.

He sido claro que los tres poderes que se mencionan en la Constitución Política no son poderes, son simplemente Órganos Superiores de Administración; y se deben a la persona ciudadana, porque están a su servicio. El único dueño del poder y que debe ejercerlo diariamente, es la persona ciudadana, El Soberano, establecido así constitucionalmente.

“Eso dice la Constitución, pero la ley dice otra cosa”, nos señalan a menudo, especialmente desde la institucionalidad, como si la ley naciera por sí sola, sin considerar siquiera nuestra Carta Magna, así de irresponsable se ha vuelto el sistema.

Entendamos esto: la ley se promueve en la Asamblea Legislativa, pero se legitima en la Corte Suprema de Justicia y lo que se deriva de ella. Son los Magistrados de la República, los que validan las leyes, a través de ficciones jurídicas que varían según el día y los humores que los mueven. Los procedimientos para definir la integración de la Corte, son uno de los eventos más llenos de interés estratégico de los partidos políticos, y eso facilita una connivencia incesante.

Para ejemplos: las pensiones de lujo, los procesos de elección de magistrados y su reelección continua, la ley del referéndum, la imposibilidad de discutir y poner en marcha el referéndum revocatorio para quitar presidentes/diputados/representantes de gobiernos locales cuando no cumplen con su responsabilidad; el voto de la Sala Constitucional para permitirle a Arias su reelección; los procedimientos irregulares para escoger y definir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional; Magistrados que hace rato debieron irse, languidecen cuidando feudos; los desvaríos recientes de la vicepresidente de la Corte; la forma de designar a quien ocupa la Fiscalía General… y podemos seguir.

Al final, la ley se legitima, pero es inmoral, porque se imponen formas oscuras para establecer su justicia, dejando de ser hace tiempo, pronta y cumplida.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ha venido perdiendo su decoro, debido a eso en julio del 2018 fui partícipe directo en organizar con la ciudadanía y el apoyo de gremios judiciales, una marcha para expulsar al entonces Presidente de la Corte y algunos magistrados por sus niveles de corrupción. El Soberano demostrando su responsabilidad y poder constitucional. La experiencia no les sirvió para poner sus barbas en remojo, sino que lo aprovecharon para mejorar las formas de mantener sus oscuros feudos. Se equivocaron, no somos flor de un día.

Hoy el Ministerio Público (la Fiscalía General de la República), ausente y desentendido de ser garante de su labor persecutoria, busca justificar su inacción en todo el país con argumentos falaces. De este modo y amparados en el autoritarismo, rehúyen su responsabilidad constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, alegando como si fuese cierto, que su jefe es la Corte Suprema: es la Fiscalía General quien debe perseguir a los corruptos, no importa el rango jerárquico que tenga quien sea, pero la reelección está a las puertas y es mejor no hacer olas.

El remate en este chiste de mal gusto, es que de todo esto, el gran ganador es el narcotráfico. He sostenido que para que exista, se requieren tres actores: un político que le abra las puertas de par en par, un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Para vencer el narcotráfico solo se necesita actuar sobre alguno de ellos, hasta el momento el instrumento de que dispone la República, es la Fiscalía, la cual justifica sus desaciertos de manera lamentable.

Nuestra Patria todavía puede salvarse, no podemos repetir la situación de otros países, donde el narcotráfico tiene que hacerse presente a imponer orden y justicia, porque el Estado no fue capaz de cumplir su cometido.

Cuando vemos estos desaciertos en el establecimiento de los procesos de cumplimiento de la justicia, sabiendo que a lo interno hay funcionarios decentes y honorables, pareciera que hay una mano que mece la cuna, que pretende hacernos creer que está imbuida de poder, que maneja los hilos, pero lo más seguro es que solo sea un muñeco como “Chuky” aquel personaje de la saga icónica de terror.

Debemos ser conscientes que los impuestos de cada persona, especialmente los de las mujeres y jóvenes vulnerables, que dejan de lado sus necesidades básicas, son para pagar los salarios de quienes tienen en sus manos fortalecer la credibilidad en la institución de la justicia, por eso tienen una responsabilidad que cumplir.

Debemos convocarlos a que nos rindan cuentas, haciendo prevalecer la transparencia, el respeto a la ciudadanía, retomando la paz, demostrando que su espada no tiene espacio en esta República Participativa que nuestra Constitución Política nos manda a construir responsablemente.

La dignidad nacional, la fortaleza de la ciudadanía debe dar el paso al frente, sin miedo, con la responsabilidad constitucional de El Soberano. Nos acompañarán las personas funcionarias públicas decentes, las mujeres y jóvenes que no se someten, pues seremos suficientes para extirpar a quienes usurparon el poder que no les pertenece.

Debemos tomar en cuenta que no se rendirán fácilmente, pero les demostraremos que, si no hay justicia, no será su espada la que prevalecerá.

 

Imagen tomada de la publicación del autor en Facebook.

Memoria Histórica: ANEP #13. El pacto Figueres – Calderón

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

18 de mayo 2022

En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.

Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.

Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”

Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).

El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.

La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”

Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.

Manifestación en 1995.

En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las  cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”

Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.

El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.

Flor de cactus.

Adalberto Fonseca Esquivel
Historiador

(Fuente: “En Marcha”, junio de 1995)