La ANEP envió una carta a la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado y al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en la cual se detalla las razones por las que no se presentará al «diálogo nacional» convocado por el Gobierno, referente a Ley Marco de Empleo Público. Esta última nunca debió entrar en vigencia y debe ser derogada. En la carta se plantea, también, la urgente necesidad de una ley específica para los puestos policiales y sacar de la regla fiscal a la seguridad pública.
Compartimos la carta enviada ayer, así como un anexo con diversos proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa para combatir el fraude fiscal-tributario.
La Junta Directiva de la APSE, en sesión ordinaria celebrada el día viernes 17 de marzo en curso, acordó rechazar la convocatoria a participar en el Diálogo Nacional formulado por MIDEPLAN, que se desarrollará del 20 de marzo al 13 de abril del 2023, con el objetivo de construir un anteproyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público.
El acuerdo de rechazo tomado por APSE se fundamenta en que:
La Ley Marco de Empleo Público representa una reforma profunda en las reglas laborales entre el Estado y los funcionarios públicos, que conlleva una concentración de poder en el Poder Ejecutivo, al darle control absoluto sobre el aparato administrativo público; que impone condiciones laborales de manera unilateral; que implica un congelamiento de los salarios compuestos si están por encima del salario global; que precariza los salarios y además, vacía de contenido las convenciones colectivas, entre otros efectos adversos.
Es por esta razón que la APSE no participará de las mesas de diálogo y negociación convocadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), a partir del 20 de marzo de este año, en el tanto se trata de un espacio que no representa ninguna posibilidad de reforma de fondo a esta perniciosa ley y consideramos que cualquier participación sería legitimar los graves efectos que contiene esta ley sobre las personas trabajadoras del sector público.
Con la valentía propia del estadista que defiende la soberanía y la dignidad de su patria, don Rodrigo Carazo, sentó de regreso a los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los asientos del mismo avión que los trajo al país. La salud, la educación y la energía públicas no eran negociables bajo ninguna circunstancia; dejar de construir hospitales, escuelas e infraestructura para servicios de agua, luz y telefonía, ¡jamás! Que se lleven sus valijas a otras tiendas, este país no se vende por un plato de lentejas.
Las administraciones que le sucedieron bajaron la bandera de la dignidad de una patria insobornable. Se han venido postrando, como siervos menguados, ante los dictámenes de los poderes fácticos nacionales e internacionales de un capitalismo salvaje, que solo habla en términos autoritarios de sometimiento a su añeja y fracasada política neoliberal, que sigue sumiendo a estos países en la miseria, la pobreza, la desigualdad y, por ende, en la más cruenta e insoportable violencia criminal y delincuencial.
Los últimos gobiernos actúan como fieles emisarios de aquellos organismos financieros y poderes. Hoy no se necesita que vengan al país a dictar políticas, estos las acatan de facto, y si pueden van más allá, como es el caso de la actual Ley de Empleo Público, que se aprobó aprovechando la pandemia del Covid-19, y con la que pretenden, ahora sí, quebrar al Estado Social de Derecho precarizando los salarios de los servidores públicos.
Por consiguiente, no es que el Estado y su institucionalidad social estén siendo conducidos a la quiebra por deficiencias administrativas y gollerías salariales. Sin duda, hay mejoras que introducir en estas materias, y ya se han venido realizando. Pero, la causa fundamental, que no se toca, es la complicidad de estos gobiernos con los grandes intereses económicos empresariales y financieros, a los que se les facilitan las condiciones para seguir amasando capitales; se les premia con exoneraciones y amnistías, haya o no pandemia, como ahora con el perdón de deudas de las empresas con la Caja por morosidad; por favor, ¿cómo no va a estar con problemas financieros la Caja, si también el Estado no paga su deuda billonaria? Pero sobre todo se les continúa tolerando declarar cero ganancias, como es evidente en el listado de casi noventa empresas, recientemente dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Como dice el pensador estadounidense, Noam Chomsky, estamos ante una modalidad de “Estado niñera” de los ricos: “socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres”.
Urge erradicar estas prácticas antipatrióticas de partidos políticos y gobiernos con discursos grandilocuentes pero que no actúan con decisión y valentía cuando se trata de parar, sí, las gollerías de los eternos ganadores en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz; en todo tiempo protegidos, y siguiendo la vieja práctica de convertir cada campaña electoral para componendas y compra de favores.
Ya es hora de que quienes administran la cosa pública dejen de comportarse como mercaderes baratos, al servicio de los ganadores de siempre. Urge una nueva generación de mujeres y hombres libres, que antepongan los intereses del pueblo costarricense sobre los de las élites oligárquicas que están conduciendo a nuestro pueblo por los tenebrosos caminos de la violencia, que lo único que nos depara es un futuro con más cárceles y menos escuelas y hospitales.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación Institucional con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
Con fecha 06 de marzo de 2023 el RECTOR UTN Dr. Emmanuel González Alvarado remite CIRCULAR R-014-2023 a la Comunidad Universitaria. En la misma plasma las ORIENTACIONES GENERALES ACERCA DEL RÉGIMEN DE EMPLEO SUPERIOR UNIVERSITARIO.
¿QUÉ DICE LA CIRCULAR R-104-2023?
Que se están haciendo esfuerzos ante la entrada de la Ley Marco de Empleo Público para preservar la autonomía, el adecuado funcionamiento institucional y los derechos de las personas trabajadoras de la UTN.
Que se pretende garantizar inclusión y calidad educativa al estamento estudiantil.
Que se convocará a foros interactivos a través de la plataforma Zoom para ampliar dudas razonables que tenga la comunidad universitaria ante la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
Que el CONARE desde febrero de 2021 anunció el compromiso de analizar los sistemas de empleo universitario, garantizar su racionalidad sustantiva para asegurar que las universidades públicas gocen de sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo; mediante un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal.
Que existe en CONARE una comisión con las personas directoras de Recursos Humanos, que diseñara un modelo de gestión del talento humano interuniversitario.
Que la Comisión RESU ha trabajado basándose en los principios rectores los cuales establecen:
Cumplirla Ley 9635en lo concerniente al Capítulo de Recursos Humanos, que cubre temas como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y la nominalización de estos incentivos.
Establecer un salario global que sea competitivo en el mercado laboral costarricense.
Homologar el escalafón docente o carrera académica.
Homologar y simplificar las categorías del régimen administrativo universitario, de forma que todas las personas funcionarias queden bajo el resguardo de la autonomía universitaria como lo dicta nuestra Constitución Política.
5. Revisar y homologar todas las categorías de las autoridades universitarias, dirección superior y jefaturas, incluidos los pluses salariales correspondientes.
Proponerun mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo, que incluya el tema de becas para estudios superiores y otras acciones estratégicas que garanticen la permanencia en el tiempo con una educación de calidad. Que se respeta los derechos adquiridos durante su historial como persona funcionaria.Que, en elcaso del futuro personal de nuevo ingreso, existirá en un primer momento el salario global transitorio, o lo que es lo mismo, las universidades públicas podrán mantener las contrataciones de personal que ingrese por primera vez al sector público, mientras no esté consolidado el salario global. Estos funcionarios entrarían con los salarios base que están vigentes en la actualidad. Se homologan las categorías y salarios del escalafón docente (carrera académica) y el escalafón administrativo (carrera administrativa). Que se establece el compromiso dinamizador en materia de homologación de remuneraciones apunta hacia el pago de salarios competitivos, en este sentido, no se aplicará la separación entre trabajadores exclusivos o excluyentes, ni se regirán las universidades públicas bajo la rectoría del MIDEPLAN.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR R-014-2023 EN EL CONTEXTO DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO
PRIMERO. La UTN tendrá su propia interpretación de la LMEP. Buscando equilibrar la autonomía administrativa. Vamos hacia un sistema de empleo UTN guiado por un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal. Se cumplirá con la Ley 9635. Se buscará establecer un salario global y aquí hay un tema de cuidado dado que muchos salarios de nuevos empleados públicos están por debajo del mínimo en el sector privado al no tener ningún tipo de incentivo salarial y eso los hace inconstitucionales. Adicional a ello los salarios de los empleados de la UTN no son iguales ni parecidos a los de UCR, UNA, ITECCR ni UNED. Por otro lado, vamos hacia un relevo generacional tanto para el sector académico como administrativo. Eso junto a un plan de movilidad con incentivos es el mejor camino. Lo que ya habíamos expuesto en el artículo https://surcosdigital.com/utn-desafios-y-retos-2022-2024/ cuando escribimos que “Se requiere generar procesos de negociación con instituciones como la CCSS o JUPEMA para adelantar la pensión del personal docente, directores de carreras y, personal administrativo. Ya algunas instituciones gubernamentales lo han realizado y hay ambiente para hacerlo en la Asamblea Legislativa. Tenemos en planilla 1.377 Académicos y 714 Administrativos la gran mayoría Generación X (nacidos en 1960 o, 1970) – 52 o 62 años- con estudiantes de la Generación Centennials o Generación Z (Gen Z) con edades entre 18 y 22 años (66,3% población estudiantil). Estamos frente a un choque y colisión generacional intra universitaria. La Generación X debe jubilarse de manera anticipada. Lo anterior, permitirá, abrir espacios para cambios generacionales en la universidad y, el ascenso de la Generación Z a cargos de dirección y puestos de autoridades universitarias. La Generación X (1960, 1970) -una vez jubilada- pueden conformar Sociedades Anónimas Laborales en alianza con la UTN para vender servicios o subcontratos para el diseño de recursos y materiales didácticos como también desarrollo de investigación específicas según área de especialización.”
SEGUNDO. Los sistemas de empleo universitario deben tomar en cuenta que “(…) la naturaleza del trabajo académico no es igual al que hacen otras instituciones, ya que cada sector de la administración pública tiene sus propias particularidades que deben ser consideradas.” Indudablemente, si el salario global es igual al sector privado eso debilitará la autonomía administrativa universitaria estatal. Y, “(…) sin autonomía universitaria, la libertad de cátedra, otro pilar de la integridad académica, desaparecerá. Sin libertad de cátedra, los profesores perderían la capacidad de reflexionar libre, responsable y críticamente, y más bien se llenarían de temor de disentir de los intereses en el Gobierno Central, pues esto pondría en peligro su propia continuidad laboral en un sistema centralizado. No hay voces libres sin autonomía.” Es en ese sentido que se justifica la declaración de los Consejos Universitarias de las Universidades Estatales (UCR, UNA, UNED, ITECR) – a la fecha de la escritura de este artículo falta el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional, UTN– de empleados ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la LMEP. Recortar los salarios no aumenta la calidad, ni la productividad, ni la innovación ni la investigación y desarrollo sino puede provocar una mayor desmotivación o, una fuga de personal. Recortar salarios genera todo lo contrario y el supuesto de dar a las universidades públicas la sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo como argumento no tiene evidencia empírica para la UTN.
TERCERO. La sostenibilidad financiera a largo plazo específicamente de la Universidad Técnica Nacional no va por el recorte de salarios que comparativamente con la UCR, UNA, ITECCR, UNED son muy bajos en la academia y lo administrativo –Ver:
– sino la misma viene de la venta de bienes y servicios estratégicos hacia los sectores productivos – trabajo pendiente de FUNDAUTN, VEAS y, DEAS-. De las patentes y registros de propiedad que nacen desde las distintas Comisiones de Trabajos Finales de Graduación de las Carreras STEM. De la búsqueda de recursos externos–donaciones, becas, fondos reembolsables y no reembolsables-. De la venta de Doctorados, Posgrados, Diplomados In House. Del fortalecimiento del PIT UTN y las Carreras de ILE y la creación de un Centro Nacional e Internacional de Idiomas para el Trabajo CNIIT – adscrito a la Rectoría y en coordinación en la venta de servicios con FUNDAUTN y, que cuente con recursos presupuestarios propios al convertirse en un Centro de Utilidades no un Centro de Costos. De venta de Talleres, Congresos – por ejemplo, Centro de Desarrollo Sostenible que no está generando recursos-, Servicios de laboratorios que estén certificados nacional e internacionalmente para colocarlos al servicio de los sectores productivos. El Centro para el Desarrollo Sostenible debe salir al mercado a generar recursos financieros en conjunto con la Fundación UTN- actualmente está creado, pero sin funcionar-. De la venta de servicios forestales y de proyectos de investigaciones aplicados en diversas áreas. Somos dependientes y codependientes de los ingresos del FEES y solo la venta de bienes y servicios pueden darnos recursos frescos. Hay que buscar donantes internacionales vía cooperación internacional. Las autoridades universitarias deben leer completo el Capítulo 7: Sostenibilidad financiera de las universidades públicas en un contexto económico y fiscal adverso: algunas opciones por considerar del Octavo Informe del Estado de la Nación. Debemos multiplicar las fuentes de financiamiento. Establecer nuevos mecanismos de financiación. Mayor responsabilidad de las familias y de los propios estudiantes en la financiación de sus carreras la UTN bien puede crear un Fideicomiso Estudiantil en alianza con banca estatal o privada para becas o crédito blando para estudios. Aumento un porcentaje mínimo el arancel de matrícula según carreras UTN. Búsqueda de fondos de fuentes diferentes. Explotación comercial de las tres fincas de la UTN (Atenas, Guanacaste, Pacífico) incluye siembra, producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios basados en estudios técnicos o ceder áreas para arrendamiento o creación en dichas fincas de Zonas Francas con incentivos rurales. Impulsar con JUPEMA y CCSS un plan de movilidad laboral y mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo que por cercanía de edad o cuotas puede optar por un retiro laboral con incentivos económicos, subsidios, y prejubilaciones. Hay que reestructurar la universidad para aplanar la jerarquía dado que no es sostenible financieramente que las estructuras administrativas de los Decanos de Sedes tengan debajo siete (7) Direcciones o Coordinaciones (Docencia, Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil, Administrativo, Mercadeo y Ventas, Gestión de Proyectos Producción, Investigación), eso debe ser eliminado por reorganización. Si sumamos 7 coordinaciones y la multiplicamos por 5 Decanatos tenemos un total de 35 Direcciones o Coordinaciones. Al prescindir de ésta ineficiente estructura (7 cargos) los Directores de las distintas Unidades Académicas bien pueden y deben coordinar esfuerzo directamente con el Decano de Sede y con el Vicerrector de Docencia sin pasar por esos cuellos de botella o grasa organizacional que significan esas 7 Direcciones o Coordinaciones. También, es posible alquilar nuestras instalaciones los fines de semana – sábados, domingos- para empresas u organizaciones de distintos fines – deportivas, recreativas, religiosas, académicas privadas- que requieren nuestra infraestructura-.
¿CUAL ES LA MEJOR DECISIÓN?
Somos de la opinión que el CONSEJO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, UTN, -si aún no ha tomado la decisión- debe APROBAR una declaración – igual a las cuatro Universidades Estatales y las Municipalidades- en el cual se escriba que TODOS nuestros puestos UTN son ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la Ley Marco de Empleo Público dada nuestra autonomía administrativa. – Nota: El Acuerdo 049-2023 del 13 de marzo 2023 no establece absolutamente nada de lo supra expuesto– Y solo con ello frenamos la draconiana ley citada para girar hacia adentro a un proceso de reformar del Reglamento Administrativo de Gestión de Servicios (RAGS) e introducir un nuevo Capítulo o Adendum llamado Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) UTN guiado por salarios justos, salarios dignos que puedan satisfacer todas sus necesidades y las de sus familias del personal docente y administrativo.
Esta decisión la tiene el CONSEJO UNIVERSITARIO o sea 15 personas que lo conforman: 1 RECTOR, 3 REPRESENTANTES DOCENTES, 1 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO, 5 DECANOS DE SEDES, 1 DIRECTOR EJECUTIVO CFPTE, 2 REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 2 REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. Eso 15 son los que gobiernan y administran la Universidad Técnica Nacional, UTN. Estamos en manos de esos quince funcionarios públicos… Y, en ese sentido, aplaudimos a los Consejos Universitarios de la UCR, ITEC CR, UNED y UNA que ya tomaron esta decisión desde la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
La información que publicó el 12 de marzo de 2023, el medio CRHoy.com en la nota titulada UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global,y cuyo cuerpo de la nota indica “para así escaparse del salario global”, es completamente falsa e induce a error a la persona lectora.
No es real que la UNED esté “escapando” o “evitando” el salario global, ya que el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2951-2023, Art. III-A, inciso 9), celebrada el 09 de marzo del 2023, que la misma nota informativa menciona, tiene como finalidad, precisamente, incluir el salario global como forma de remuneración a las personas funcionarias de la institución.
El acuerdo se toma en estricto cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, que establece en sus artículos 31, 32, 33 y 34, que la Metodología de valoración de trabajo, Grados dentro de las familias laborales, Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, y Columna salarial global, deben ser establecidas por las instituciones de educación superior, al ser una Universidad pública con autonomía organizativa.
Ante la nueva modalidad de pago que será establecida por las casas de enseñanza superior, las cinco universidades públicas del país, incluida la Universidad Estatal a Distancia (UNED), trabajan en forma conjunta en la formulación del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU), el cual, entre otras cosas, establecerá el salario global que regirá para las universidades.
Mientras los equipos profesionales de las cinco universidades terminan con esta formulación del RESU, el Consejo Universitario de la UNED ha instruido a la Administración, en el mismo acuerdo referido en la nota, para que elabore una propuesta de salario global transitorio para el personal universitario que ingrese a la institución, bajo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, como se indicó al inicio, justamente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley.
El RESU es formulado desde el seno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en concordancia con lo destacado por la Sala Constitucional en las consultas realizadas cuando entonces dicha ley era un proyecto de ley, que declaró inconstitucionalidad en algunos artículos debido a que no excluían a personas funcionarias que realizan labores propias de la actividad universitaria.
Asimismo, no se establecía que, en atención a la Autonomía Universitaria, la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios.
“Es claro que este es un elemento esencial que afecta a la Autonomía Universitaria en relación con el funcionariado que se desempeña en la docencia, en la investigación, en la extensión social y cultural, así como aquellos funcionarios, profesionales y técnicos, que realizan labores administrativas vinculadas con la materia universitaria. De ahí que los órganos competentes para construir la familia y sus características, desde la óptica constitucional, lo hacen con independencia de las directrices y disposiciones reglamentarias que en este ámbito emita el MIDEPLAN o el Poder Ejecutivo”, dictaminó la Sala Constitucional.
Es así como en mayo del 2022, mediante oficio CNR-181-2022 del 2022, a solicitud de la coordinación del RESU y siendo la UNED la Universidad que presidía el CONARE, se procede a la declaración de que “la totalidad de los puestos existentes en las universidades y el CONARE se encuentran vinculados en forma exclusiva e incluyente, al cumplimiento del PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.
Por esta razón es que también el Consejo Universitario de la UNED acordó el 9 de marzo declarar a su personal, sin excepción alguna, como exclusivo y excluyente “para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad”, no para evadir el salario global, sino para defender la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política.
Así las cosas, solicitamos al medio CRHoy.com que se publique la información real sobre los procesos internos que sigue la UNED frente al cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público.
Nota de la edición: Derecho de respuesta solicitado por la UNED al diario CRHoy y enviado a SURCOS.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) compartió el pasado viernes 10 de marzo de 2023 una declaración oficial sobre la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) No. 10.159, en el que comentan que dicha ley nunca debió incluir a ninguna persona trabajadora asalariada estatal de las actuales planillas de todo el sector público costarricense y que solo debe de cubrir a quienes entren a laborar a partir del 10 marzo de 2023. Califican dicha ley como “perversa”.
A continuación se comparte la declaración oficial completa:
PRIMERO: La perversa LMEP jamás debió incluir ni a una sola persona trabajadora asalariada estatal de las actuales planillas de todo el aparato del sector público costarricense que serán cubiertos por esta ley. Solamente debe cubrir a quien entrase a laborar a partir de este día, 10 de marzo de 2023, según el especializado criterio y la calificada asesoría de la ANEP al respecto.
SEGUNDO: En función de lo anterior, podemos afirmar que ocurrió la más grave y masiva violación de Derechos Humanos y de Derechos Constitucionales nunca antes perpetrada, desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, nuestra Carta Magna, del 7 de noviembre de 1949.
TERCERO: En estricta congruencia político-jurídica con lo anterior, a las 330 mil personas trabajadores estatales les ha sido violentado el principio más básico de la teoría, de la doctrina y de los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), que es el de la NO REGRESIVIDAD en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
CUARTO: Costa Rica ha firmado todos esos tratados internacionales de DD.HH. convirtiéndolos en leyes de la República, comprometiéndose a respetar y poner en práctica sus dictados, resoluciones, opiniones consultivas y sentencias. Todos esos tratados contienen ese principio fundamental de la NO REGRESIVIDAD. Por tanto, cada una de esas 300 mil personas puede acudir a demandar al Estado costarricense por los derechos económicos, sociales y culturales que le violentó la perversa LMEP. Las eventuales indemnizaciones son imposibles de cuantificar, dejando pálidas las cifras fiscales oficiales de la supuesta “economía” que la perversa LMEP tendría en las arcas públicas.
QUINTO: En el plano interno, las acciones individuales y/o colectivas, en sede ordinario – laboral, contencioso administrativo y/o constitucional pueden alcanzar cantidades inimaginables. El principio de DD.HH. de la NO REGRESIVIDAD y su expresión concreta en el plano de los Derechos Adquiridos y de las Situaciones Jurídicas Consolidadas, constituye un desarrollo jurisprudencial imposible de invisibilizar en más de 7 décadas de desarrollo del Derecho Laboral desde el 7 de noviembre de 1949, lo cual nos dice de lo consistentemente sólido que pueden ser esos miles de procesos administrativos y jurídicos en instancias nacionales.
SEXTO: Resulta imposible separar la violación colectiva de Derechos Humanos que genera la perversa LMEP, de su vínculo con la impagable deuda pública y su monstruosísimo pago obsceno de intereses, lo que es debido a la gigantesca e inconmensurable evasión-elusión fiscal-tributaria que provocó esa deuda durante los últimos 40 años. De esta forma, de manera totalmente injusta, se le impone condena al pueblo trabajador costarricense del pago de esa deuda sin tener la más mínima responsabilidad al respecto. En especial, al del empleo público se le materializa esa condena mediante la perversa LMEP.
SÉTIMO: Tal condena adquiere, adicionalmente, connotaciones de tragedia social inimaginable: la perversa LMEP impone un congelamiento salarial brutal de, al menos, una década; congelamiento que se suma a los cuatro años que van en tal sentido (2020, 2021, 2022 y 2023). Sin duda alguna, algo va a pasar.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En lo que llevamos de este convulso y complejo siglo XX hemos asistido en Costa Rica a procesos de reconfiguración social excluyentes, que han terminado por polarizar y profundizar las desigualdades en todas sus dimensiones.
En 2007 la decisión de una parte de la población en ingresar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos supuso una nueva dinámica trazada por la ausencia de acuerdos, la falta de diálogos y la entronización de una marcada visión empresarial y privada en la organización colectiva.
16 años después de la firma del mencionado tratado las bondades anunciadas no han aparecido y más bien se han profundizado las condiciones de deterioro en distintos territorios y poblaciones.
La ruralidad, las costas, los territorios fronterizos experimentan evidentes rezagos y un sistemático abandono por parte de la clase política, que en muchos casos ha sido sustituida por otros poderes en la administración y organización territorial.
Con la entrada en vigencia de la Ley de empleo público el pasado 10 de marzo se escribe un nuevo capítulo en una sociedad que ha mostrado serios problemas para alcanzar acuerdos incluyentes y favorables para todos y todas.
Resulta sintomático que esta ley de reforma del estado -porque finalmente ese es su espíritu y objetivo último- se empiece a aplicar en medio de uno de los contextos de violencia e inseguridad más agudos que recuerde la historia reciente.
Es muy evidente, además, porque la pauperización y destrucción del tejido social costarricense no serán resueltos por esta ley, que marca nuevos procesos socioculturales en la estructura colectiva.
La individualización, la pérdida de fuerza en los movimientos sociales alimentada por la clausura de las posibilidades de defensa de los derechos laborales con la aprobación de la ley antihuelgas, vuelven difícil un escenario de respuesta ante estas condiciones planteadas por los sectores dominantes en Costa Rica.
El peligro de no poder hablarnos y de recibir a golpe de tambor normativas sin mediar acuerdo alguno, es que luego sea demasiado tarde para aperturar un necesario contrato social que nos reoriente como proyecto comunitario ampliado.
El jueves 9 de marzo se reunieron distintas organizaciones sociales y sindicatos del país en el auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica para comentar, expresar y discutir ciertas temáticas sobre la ruta de acciones de protesta contra la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, en donde fueron parte 30 organizaciones.
Se propuso organizar una gran movilización para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Información compartida con SURCOS de APSE INFORMA.
ÚNICO: En virtud de la anterior declaratoria, todas las clases de puestos de trabajo que conforman la estructura ocupacional de la Universidad de Costa Rica quedan absolutamente excluidas de las regulaciones dictadas por el Mideplan, en resguardo de la autonomía constitucionalmente otorgada. En esa misma línea, la Universidad se encuentra plenamente facultada para construir sus propias familias de puestos y definir su sistema de remuneración de la función pública.
Por lo tanto, en estricto apego a lo dispuesto en el numeral 35 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que establece de cumplimiento obligatorio los acuerdos tomados por el Consejo Universitario, esta Rectoría procederá con la operacionalización -dentro del marco de sus competencias- de las acciones debidas, según los principios rectores de la LMEP, en el tanto estas sean compatibles con los principios constitucionales y la autonomía universitaria.
SURCOS comparte la resolución del rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta:
ANEP califica de “irrespetuosas e intolerantes” las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien en conferencia de prensa manifestó que, en el contexto del diálogo nacional que pretende convocar el Poder Ejecutivo para reformar la Ley Marco de Empleo Público, existen ciertos sindicatos “chiquiticos pero muy escandalosos” que quieren “meter goles”, los cuales, según el mandatario, “han convencido a municipalidades y a otros”.
Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, indicó que los calificativos hacían referencia directa a la organización que él representa y de la cual sus miembros sienten mucho orgullo, pues la ANEP cuenta con 65 años de lucha social y sindical. Walter Quesada Fernández, secretario adjunto de ANEP expresó que, en realidad, el presidente Rodrigo Chaves se dio cuenta de que esta ley “va a zozobrar, no tiene posibilidad” y que va a generar muchos problemas para el Gobierno.
Por otra parte, Rafael Mora Solado, asesor político de ANEP, no solamente reprochó el irrespeto del presidente Chaves, sino que, además, aseguró que al intentar desconocer a ANEP, demuestra su ignorancia ante la realidad de Costa Rica, al hecho de que la organización esté presente en todo el sector municipal del país y a que cuenta también con representación en el sector privado. Mora indicó, además, que la incomodidad de Chaves se debe a la reciente inconstitucionalidad presentada por esta organización en contra de la Ley Marco de Empleo Público y calificó de “imposición” y de “acallamiento de la lucha social” dicho llamado a una mesa de diálogo por parte del Ejecutivo.
Albino Vargas finalizó expresando que analizarán la propuesta de diálogo, pero, ante el “irrespeto e intolerancia” del presidente Chaves, muchos de sus representados estarán pensando si vale la pena “meterse en esa aventura”.
Si desea ver las declaraciones completas de los representantes de ANEP, puede visitar el siguiente enlace:
