Ir al contenido principal

Etiqueta: lucha social

El Pueblo logra importantes avances en la Mesa Única de Diálogo en Panamá

En 10 días y noches continuas de negociación, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados y el Bastión del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesina, lograron consensos en los primeros 4 puntos de la agenda con el Gobierno Nacional:

  1. Rebaja y congelamiento de la canasta básica de alimentos sin afectar al productor: se logró que el Gobierno aceptara rebajar 30% del costo de la canasta básica, con mecanismos para proteger al pequeño y mediano productor.
  2. Rebaja y congelamiento del precio del combustible: el Gobierno aceptó facilitar el acceso al combustible subsidiado para todos los vehículos y maquinarias, excepto yates y embarcaciones de lujo. Y se comprometió a fiscalizar mejor la variación de los precios internacionales del combustible.
  3. Rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud sin privatizar: el Gobierno se comprometió a crear los mecanismos para realizar compras directas a nivel internacional, con Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, para evitar el desabastecimiento. Así mismo, acordó establecer precios topes para 150 medicamentos incluidos en la Canasta Básica.
  4. Cumplimiento de la Ley 47 que establece 6% del PIB para educación: El Gobierno aceptó destinar 5.5% del presupuesto nacional para la educación en el año 2023 y el 6% para el 2024, dirigido prioritariamente a mejorar las infraestructuras de las escuelas, erradicar las escuelas ranchos, abrir los comedores escolares y equipar a todos los laboratorios en las escuelas.

Es importante recordar que el cumplimiento de todos los acuerdos es responsabilidad del Ejecutivo. Sobre todo, ante las amenazas de desaparecer las medicinas del mercado nacional y de no aceptar los acuerdos, lanzadas por los empresarios. En este sentido, es preocupante la posición del Gobierno frente a la ausencia de controles a los oligopolios que importan y venden las medicinas en Panamá, manejadas a su antojo por 5 grupos empresariales claramente identificados.

En cada uno de estos puntos, hay temas en los que el Gobierno no ha aceptado las propuestas. Especialmente sobre los márgenes de ganancia de las empresas. Este es el problema real que genera las grandes desigualdades y precariedades en la población. Esta discusión no ha terminado. Pero, se requiere de la participación de toda la población, para poder generar los cambios duraderos en la economía que permitan ganar calidad de vida y justicia social.

Por último, las alianzas populares y el Gobierno aprobaron un receso hasta este miércoles 3 de agosto, cuando reiniciará la mesa con la discusión de los 4 puntos pendientes: rebaja del precio de la energía, Caja del Seguro Social, corrupción y transparencia y la mesa de seguimiento a los acuerdos.

Panamá, 31 de julio de 2022.

 

Compartido con SURCOS por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical.

Imagen ilustrativa.

Panamá: un pueblo en lucha

Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista

Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.

Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.

Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.

Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.

Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.

 

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

Programa Alternativas. ¿Qué es un sindicato y para qué sirve hoy en Costa Rica?

El pasado viernes 22 de julio se llevó a cabo el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, en el cual se conversó sobre los sindicatos y su función en el contexto actual de la sociedad costarricense.

Se contó con la participación de los señores Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores; Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica; Manuel Hernández, abogado; Luis Ángel Salazar Oses, docente jubilado; y la señora Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La señora y señores invitados se refirieron al tema haciendo una fuerte crítica al Estado costarricense y su actuar para con los grupos sindicalistas, alegando que éste no presenta un interés en fortalecer el movimiento, sino que, al contrario, busca desmantelar, por medio de la promoción de leyes y políticas “autoritarias”, los sindicatos en Costa Rica, incluso, que “el Gobierno de la República es peligroso para los intereses del pueblo, [pues] su modelo capitalista y neoliberal está en retroceso”, señaló Luis Ángel Salazar, e instó a una organización sindical; no obstante, Jouseth Cheves acotó que “el país tiene una fuerte respuesta sindical, y limita estos a únicamente al sector público”

También se expuso la importancia del movimiento sindicalista en el país, con el cual se ha logrado diferentes reformas, políticas públicas, garantías sociales y demás elementos propios de las luchas sociales, lo cual no se hubiese logrado sin la organización sindical. En este sentido, Jorge Coronado comentó que “el movimiento sindical jugó un rol importante en la estructuración de la Segunda República, y un ejemplo de ello son las garantías sociales”, aun así, “en Costa Rica se dio una persecución a los grupos sindicalistas, y en el gobierno de Figueres Ferrer se dio una gran disolución de sindicatos, para acabar con la lucha del movimiento obrero”, recalcó Martha Rodríguez.

Finalmente, la señora y señores invitados expusieron la necesidad de que los grupos sindicalistas estén conscientes y al margen de los cambios en los modelos de producción y socialización, a fin de que puedan afrontar positivamente todos los desafíos que se les presente, además, de que son necesarios para el país, puesto que “el código de trabajo define a los sindicatos como organizaciones con un interés público, y con la finalidad de defender la democracia costarricense y el interés público”, indicó Manuel Hernández.

Si desea conocer más acerca del programa o verlo completo, puede consultar el perfil de Facebook del programa.

 

Compartido con SURCOS por Colectivo Reflexión – Acción.

PUÑOS ALZADOS

Por Memo Acuña (Escritor y sociólogo costarricense)

Frente a la plaza 24 de abril, concretamente en el cuarto piso del viejo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Costa Rica, se había instalado una radio estudiantil.

Transmitía desde un potente parlante que amplificaba para todo aquel que pasara por la plaza, mensajes sobre la necesidad de defender el presupuesto de las universidades públicas, entonces asediadas por el ánimo recortista de un lacónico Ministro de Hacienda, de ingrata memoria.

Los mensajes eran directos y claros: la universidad pública es un bien social y colectivo y en lugar de debilitarla con intentos minimalistas, hay que fortalecerla como uno de los últimos reductos de un estado social que estaba, como ahora lo está, a punto de pasar a la historia.

Eran los tempranos años noventa y ya el discurso privatizador, reformista y anti estatista había ganado posiciones y espacios en una sociedad que años después sería polarizada para siempre.

Desde la radio 24 de abril se impulsaba un rito, un lenguaje de unidad, de sentido de comunidad que de alguna manera se vio amenazada. Por eso la respuesta. Por eso las jornadas que no se volvieron a repetir con las 4 universidades públicas de entonces llenando San José con color, música, danza y poesía.

Una de las mejores anécdotas de ese periodo de movilización, me la dejó el actor y director de teatro Stoyan Vladich, que para entonces dirigía la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Nos había citado a un grupo de estudiantes para conversar sobre el movimiento universitario, su importancia.

La sorpresa sería al empezar su conversación lanzándonos una serie de ataques hacia nosotros, la universidad pública y su rol en la sociedad. Nos enojamos. Claro que nos enojamos. Y empezamos a contraargumentarle con datos, con cifras claras, con ideas bien fundamentadas sobre por qué había que salir a la calle a exigir que el presupuesto para la educación superior pública no se modificara y más bien se fortaleciera.

Nos detuvo cuando la conversación subió de tono, sonrió y nos dijo que así, con esa vehemencia con que le habíamos contestado, había que salir y convencer a la gente para contar con su apoyo en la defensa de la universidad pública.

Le agradezco a Vladich por ese momento.

Hoy hay nubes igual de densas que se ciernen sobre el futuro de la educación superior pública costarricense. Hoy habría que enojarse igual contra el irrespeto de autoridades gubernamentales que sistemáticamente le han cerrado las puertas a la negociación del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior).

Hoy habrá que alzar los puños como un valor universal que manifieste la alegría de defender un bien público y colectivo que nos pertenece a todos y todas.

Vamos a alzarlos.

Entre dos fuegos

Oscar Madrigal

Los sectores populares se encuentran en medio del fuego cruzado entre dos sectores de la derecha a cual más reaccionario y conservador. Por un lado el Gobierno encabezado por el presidente Chaves que desea conducir el país disparado hacia el autoritarismo, promoviendo la centralización del Estado a costa de la participación ciudadana, la desaparición de la producción nacional, junto al ataque a La Nación, a otros grupos reaccionarios de la derecha. Es un gobierno que fundamentado en un mensaje de eficiencia impulsa políticas muy de derecha que se orientan a acabar con los rescoldos democráticos que dejó el gobierno de Alvarado.

El gobierno de Chaves propone rebajar el precio del arroz a costa de la desaparición de los pequeños productores de arroz y cambiar a los poderosos industriales del arroz por los poderosos importadores de arroz.

Propone acabar con Setena y otros órganos ambientales para convertirlos en apéndices del Ministro del ramo y con ello debilitar las políticas ambientales a cambio -supuestamente- de mayor inversión.

Propone adherirse a la Alianza del Pacífico para terminar de abrir las fronteras a los productos agrícolas y acabar con lo poco que queda del campesinado nacional.

Ataca a La Nación, cerrando una empresa de su grupo económico, justificado en potenciales emergencias, aunque eso signifique ahogar más a esa empresa y dificultar aún más la recuperación de las inversiones hechas por la Caja y otras instituciones.

La izquierda defiende la libertad de expresión y de prensa, aunque sabe que ninguno de esos grupos, el de Chaves o La Nación, representan esa libertad. Simplemente debe desenmascarar ese juego sabiendo que ninguna de esas fuerzas vendrá en auxilio de la auténtica defensa de la libertad de expresión, en especial de la izquierda.

La izquierda está en medio de esos dos fuegos, de grupos ambos reaccionarios y antipopulares.

Sin embargo, no puede desinteresarse del asunto y ver el pleito desde el palco o el balcón.

En ese pleito las fuerzas populares deberían levantar sus propias banderas para no quedar encerradas en la disyuntiva planteada por los grupos reaccionarios. Levantar una tercera vía, una alternativa clara, en especial por parte de la organizaciones populares, sindicatos, ambientalistas, organizaciones campesinas, de vivienda, federaciones de estudiantes, para no quedar encerrados en disyuntivas falsas y contrarias a los intereses populares.

Por ejemplo, si el sistema de producción de arroz es injusto con el consumidor, es necesario construir uno que combine esa aspiración con la defensa de la producción nacional.

A nivel ambiental hay que oponerse radicalmente a los intentos de secuestrar los avances ambientales en función de los egoístas intereses económicos. Al igual hay que defender a los pequeños propietarios de la amenaza de la Alianza del Pacífico creando soluciones y alternativas.

Hay que defender la libertad de prensa amenazada por el Gobierno aunque eso no represente una defensa de las políticas reaccionarias que ha defendido a lo largo de la historia La Nación.

El Gobierno de Chaves da signos de avanzar hacia el autoritarismo estilo Bukele en El Salvador, para beneficiar esencialmente a grupos oligárquicos poderosos.

Hay que pasar a la ofensiva, aunque noto una gran pasividad, como que estamos paralizados. Espero equivocarme.

Resolución 2022-0952 que anula condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez

SURCOS comparte la Resolución 2022-0952 del TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitida a las dieciséis horas veinte minutos, del cuatro de julio de dos mil veintidós con la cual se anula la condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez que había sido por un tribunal penal anterior y «se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde». El documento fue remitido a este medio por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). Puede descargar el PDF en el enlace que aparece abajo.

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia que condenaba a Carlos Andrés Pérez Sánchez

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia
que condenaba a
Carlos Andrés Pérez Sánchez
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Las organizaciones sociales, populares y sindicales manifestamos con satisfacción que en el pasado 15 de julio se dictamina la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL JOVEN OBRERO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, víctima de la sistemática política de criminalización y judicialización de quienes ejercen el DERECHO HUMANO A LA PROTESTA SOCIAL en Costa Rica, quien fue detenido en el contexto de la Huelga contra el Combo Fiscal (2018). Sentencia que fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el pasado 22 de marzo de 2022, condenado por el supuesto “delito de atentado contra planta, conductores de energía y de comunicaciones, en perjuicio de la seguridad común.”

Este logro es fruto de la articulación de diversos sectores, actoras y actores sociales, populares y sindicalistas quienes, a nivel nacional e internacional que tenemos la total convicción sobre LA INOCENCIA DE CARLOS ANDRÉS; así nos unimos a él y a su familia incondicionalmente, desde el 2018 cuando fue detenido arbitrariamente 100 días en el centro penitenciario Sandoval, Limón.

Destacamos el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña en contra de la sentencia N°200-2022. Ante el cual, el Tribunal de Apelación dictamina lo siguiente:

(…) que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) Así las cosas, en virtud de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones considera que el fallo recurrido no se ajusta a los parámetros normativos establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ni a lo estipulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, siendo palpable un defecto formal en su fundamento fáctico, intelectivo y jurídico, lo que implica la ilegalidad de la condenatoria impuesta al imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su condición de abogado defensor del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez, por lo que se anula en su totalidad la sentencia impugnada, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su calidad de abogado particular del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se anula en su totalidad el fallo recurrido, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde. NOTIFÍQUESE. –”

(Firmada por el juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Edwin Esteban Jiménez González, Rosa María Acón y Laura Gabriela Murillo Mora. Expediente: 18-000244-1130-PE(12). Imputado: Carlos Andrés Pérez Sánchez. Ofendido: Refinadora Costarricense de Petróleo y otro. Delito: Atentado plantas conductoras de energía y comunicaciones. 17-07-2022)

Esta Anulación da fuerza para continuar junto a Carlos Andrés y su familia. A su vez, hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones solidarias en lucha, a nivel nacional e internacional, recordando que este proceso judicial no ha concluido. SEGUIMOS EN ALERTA PERMANENTE vigilantes porque se garanticen los Derechos Humanos en Costa Rica y JUSTICIA PARA CARLOS ANDRÉS Y TODAS LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA.

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA PORQUE ESTE PROCESO JUDICIAL CONTINÚA
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Anulada sentencia y condena contra Carlos Andrés Pérez Sánchez

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
ACODEHU

Informamos a la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Sobre la nulidad de la Sentencia y la Condena, injustas contra el trabajador Carlos Andrés Pérez, de la Empresa RECOPE en Costa Rica.

Felicitamos a Carlos Andrés Pérez Sánchez, y a su abogado defensor, por esta merecida noticia y quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación que aplicó la justicia para este obrero sindicalista, que recibió dos sentencias y condenas totalmente injustas en su condición de luchador social, por haber participado activamente en la HUELGA NACIONAL, aprobada en el mes de setiembre del año 2018, en la que el movimiento sindical y social Costarricense, se movilizó contra el Proyecto de Ley conocido como el Combo Fiscal. Proyecto nefasto, de contenido neoliberal, con serias repercusiones para la clase trabajadora y sectores empobrecidos del País.

El movimiento social, las y los defensores de Derechos Humanos, la prensa alternativa y el sindicalismo que hizo causa común en la defensa de Carlos Andrés Pérez Sánchez, debe asumir esta resolución como un triunfo a favor de la protesta social y una afrenta a la criminalización de ese derecho humano fundamental que nos pertenece.

LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, NO UN DELITO”

JUNTA DIRECTIVA DE ACODEHU

San José, 15 julio 2022.

UNDECA: ¡NO! a la privatización de servicios de la CCSS

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Calderón Guardia se lanzaron a la calle en defensa de la institución y los servicios de calidad a las personas usuaria de la nueva Torre Este del centro hospitalario.

Las intenciones de empresas privadas y de dirigentes políticos tradicionales pretenden ir cercenando servicios que presta la institución con funcionarios de la Caja, para entregarlos a terceros como un negocio. Esto pese a que el Hospital Calderón Guardia cuenta con el personal necesario para seguir brindando el servicio.

El dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, Arturo Abarca Durán, indicó que “la pretensión es entregar los servicios generales, aseo, vigilancia y registros médicos, pero también ir más allá y entregar los servicios de nutrición y lavanderías. O sea, pretenden privatizarlo todo, pagando mucho más, con una diferencia de más de ¢250 millones a una empresa privada, tirando a la calle a cientos de trabajadores de la Caja, trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la pandemia y que han brindado un gran trabajo por las personas usuarias de este hospital.”

La manifestación de trabajadores no implicó en ningún momento la suspensión de servicios.

Luego de manifestarse frente a la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, los trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial, en donde fue recibida una delegación que expuso ante las asesoras de la Presidencia de la República la problemática institucional y lo que significa tirar a casi 200 trabajadores a la calle para abrirle la puerta a una empresa privada para que haga el “negocio”.

En los próximos días habrá un acercamiento con autoridades del gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, para retomar el tema, con la certeza de que no se va a claudicar en la defensa de la Caja y los servicios de calidad que brindan los trabajadores y trabajadoras, y que es prestigio mundial para el país.

¡Sin justicia no hay democracia! Reclamo de pueblos originarios

El día viernes 11 de marzo del 2022, una delegación del Pueblo Cabécar de China Kichá, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y de organizaciones defensoras de los derechos humanos sostuvieron una reunión con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y su equipo.

Las organizaciones expresaron sus inquietudes, denuncias y propuestas sobre las crecientes agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y la impunidad reinante en estos casos.

La Dirección del OIJ se comprometió a dar respuesta al documento presentado por las organizaciones. En estos días se estará brindando mayor información sobre estas gestiones.

El documento contiene el siguiente texto:

Señor

Walter Espinoza Espinoza

Director

Organismo de Investigación Judicial

Reciba un saludo de parte de las organizaciones de Pueblos Originarios y defensoras de los derechos humanos que suscribimos el presente documento.

A partir de la reunión de una delegación de quienes suscribimos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz Castro, el pasado 26 de enero y con el objetivo de continuar con el diálogo que permita un real acceso a la justicia para los Pueblos Originarios, nos hacemos presentes para manifestar algunas inquietudes y demandas ante esta Dirección.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica. Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación legal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos, es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra; está la violencia y violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la impunidad es la respuesta que hemos encontrado de parte del Poder Judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias»

Son reiteradas las denuncias públicas, ante la Inspección Judicial, la Defensoría de los Habitantes y otras instancias, sobre el actuar discriminatorio y racista de diversas instancias judiciales, incluido el OIJ, en la atención, trámite y resolución de los casos en los que son parte los Pueblos Originarios.

Uno de los obstáculos frecuente para el acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es que, conociendo las realidades culturales de estos Pueblos y su poco o nulo acceso al internet y equipos de cómputo, diversas instancias judiciales se niegan a entregar copias en físico de las denuncias, resoluciones y demás trámites judiciales, a pesar de la solicitud expresa de las y los ofendidos.

SURCOS comparte además el siguiente documento entregado por representantes de pueblos originarios al fiscal general interino:

 

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/477557537192983/

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.