Hoy viernes 18 de marzo de 2022 en honor a Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak, desde el Territorio Bribri Yabami Di (Cabagra), la organización propia Consejo Iríria Sat Kök continúa ejerciendo su derecho a la tierra y construyendo autonomía.
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Imagen ilustrativa.
Viernes 18 de marzo de 2022. Hace 3 años las voces del odio acabaron con la presencia física del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica.
Ante la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios por parte de personas no indígenas y la inacción del Estado; Sergio y el Pueblo Bribri de Salitre comenzaron a recuperar las tierras – territorios que les pertenecen, luego otros Pueblos siguieron su ejemplo.
Ante este ejercicio del derecho a la tierra, la respuesta de los ocupantes ilegales y grupos de poder ha sido la violencia, y por parte del Estado la violación a los derechos humanos de estos Pueblos perpetuando además la impunidad.
Ante las múltiples agresiones contra los Pueblos Originarios, ninguno de los agresores ha sido sancionado penalmente; el único que estuvo privado de libertad 7 meses por razones políticas fue Sergio Rojas en el 2014; en una causa judicial donde hasta el día de hoy no se ha presentado la pieza acusatoria.
A pesar de las amenazas de muerte y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015 a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, el Estado de Costa Rica fue incapaz de garantizar la vida e integridad de Sergio y de los Pueblos Originarios.
Después de 3 años de su asesinato, el Poder Judicial ha sido incapaz de avanzar en el establecimiento de los autores intelectuales y materiales del crimen, esto a pesar de que en el Buenos Aires de Puntarenas es «vox populi» o de conocimiento público quienes mandaron a asesinar a Sergio.
A pesar de que la Fiscalía General conformó un equipo «especial» para atender el caso; 3 años después no hay ningún avance significativo, ni resultado alguno para que se haga justicia.
La misma Fiscalía solicitó en el 2020 el archivo temporal del caso y el Juzgado Penal de Buenos Aires se había negado a ordenar allanamientos y otras diligencias importantes para el caso.
Ante esta impunidad, los Pueblos Originarios han continuado con los procesos de recuperación de sus territorios y denunciando la agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Costa Rica por omisión o acción; exigiendo justicia.
¡Sergio vive, la lucha sigue!
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
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El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.
En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.
En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.
Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.
Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas.
En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.
Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.
Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.
En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.
– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur.
– Bloque Verde.
El pasado viernes 11 de marzo en el programa Alternativas, se conversó sobre el tema: «Pueblos originarios realidad, luchas y esperanzas». Se contó con la participación de:
Se le invita a sintonizar el programa completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/1091195818331140
El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Comunicado de prensa
Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás.
Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos.
Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas.
Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune.
Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comite de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
-Bloqueverde
Para más información: coordinadoradeluchass@gmail.com / bloqueverde@gmail.com
Imagen de incendio provocado en territorio indígena de China Kichá.
Marco Leandro
A siglo y 11 años de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2022, el movimiento sindical asume la responsabilidad de redoblar esfuerzos por el logro de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. El 8 de marzo es una jornada en la que se pone en valor la lucha por los derechos de la mujer y se reivindica la igualdad respecto a los hombres.
EL ORIGEN DEL DÍA DE LA MUJER
Fue en 1975 cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque los orígenes sobre esta fecha son más bien inciertos. En realidad, hay varios acontecimientos y manifestaciones que a lo largo de los siglos XIX y XX que marcaron la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde murieron más de un centenar de personas, sobre todo mujeres inmigrantes de entre 17 y 24 años.
En realidad, no hay un evento concreto sino luchas, concentraciones y huelgas de mujeres que terminaron convirtiéndose en una constante.
Por ejemplo, recuperan en “Marea”, en 1853 unas 21.000 personas el 55,8%, niñas menores de 13 años de los talleres de Preston, en los distritos del algodón de Manchester, protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios.
En 1857, por otro lado, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por las malas condiciones laborales. También en Nueva York, pero en 1908 y bajo el lema ‘Pan y Rosas’, se manifestaron 15.000 mujeres pidiendo una mejora de las condiciones y el fin del trabajo infantil.
En Europa, por otro lado, fue la líder socialista Clara Zetkin quien instó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 1907 en Sttutgart, a realizar una campaña a favor del voto de la mujer. En 1910, en la II Conferencia, Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, idea que cogió de las mujeres americanas del Partido Socialista. Así, la primera vez que se conmemoró en varios países el Día de la Mujer fue en 1911.
El movimiento sindical costarricense ha venido conmemorando este trascendental día, por considerarlo altamente representativo, por su valor imponderable, y porque nos permite revisar una serie de elementos vitales en nuestro cotidiano quehacer, y en las proyecciones de acción, gestión y lucha que debamos emprender.
BREVE REPASO AL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Para la Profesora Universitaria Gabriela Arguedas, con un mensaje profundo dado en el año del centenario, nos expresó que el 8 de marzo no se festeja, que no es una fiesta, que no es motivo para un carnaval o un regalo y que existe una diferencia profunda entre un festejo y una conmemoración, y agrega: el 8 de marzo no es la fecha para que se despliegue toda la furiosa competencia mercantil de rebajas, ramos florales y tarjetas coloridas con frases de lugares comunes.
Según dicha profesora la tendencia, cada vez más enajenante de eliminar el contenido histórico de las fechas conmemorativas solo sirve a un propósito: la asimilación y, por ende, la desaparición, y que cuando algo pierde su contenido simbólico, deja un espacio hueco en el que luego se puede colocar cualquier cosa, por absurda o insultante que sea, agregó que es precisamente eso, lo que no quiere que suceda con el 8 de marzo, es decir, no es un día para celebrar el esencialismo o para que algunos tengan ocasión de pasarse de listos, y cierra estos criterios diciendo que el 8 de marzo es un día para que la memoria reviva y la dignidad se sacuda.
La Comisión Ampliada de las Mujeres Sindicalistas, CRAMS, de nuestra Subregión ha expresado que la conmemoración del El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recoge la lucha emprendida en la Antigua Grecia por Lisístrata, quien inició una huelga sexual para poner fin a la guerra y surgió a raíz de las acciones de mujeres de los movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX.
Diversas fuentes destacan que su establecimiento formal se dio en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países, además un elemento determinante para esta conmemoración de esta fecha resulta ser el caso de las 129 mujeres que durante una huelga pacífica murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, quienes protestaban por sus condiciones laborales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil.
Arguedas señala que el origen histórico de esta fecha conmemorativa es muy discutido y que investigaciones elaboradas por historiadoras feministas ubican los hechos que marcaron esta fecha en el año 1857, y destaca acciones del sindicato de costureras de la compañía textil en Lower East Side, Nueva York que convocó a una marcha en el mes de marzo para demandar una jornada laboral limitada a 10 horas; por otra parte indica que en 1867, tuvo lugar otra manifestación, en esa misma ciudad, de mujeres trabajadoras, que seguían bajo condiciones de profunda explotación laboral. En todas estas manifestaciones la represión policial fue sumamente violenta.
La Prof. Arguedas señala también, que en 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano fundaron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day (Día de la Mujer). Sus reivindicaciones iniciales fueron la defensa incansable del derecho de las mujeres al sufragio, a gozar de derechos en el trabajo y a luchar en contra de la guerra y expresa que fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se presentó una propuesta del Partido Socialista Norteamericano, para instaurar el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, finalmente, fue aprobada, en mucho, gracias al apoyo brindado por la socialista alemana Clara Zetkin.
La Agencia France Press reconoció también que la jornada se consagra a la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, y se inspira en las luchas de la socialista alemana Clara Zetkin, quien lanzó la idea sin proponer una fecha fija, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, ello de acuerdo al señalamiento de la historiadora francesa Françoise Picq.
Dicha agencia ha expresado que, desde su lanzamiento en 1910, las mujeres han conquistado numerosos derechos civiles, políticos y laborales, pero la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente, en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo, en mayor o menor medida, discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión.
LA SITUACION PREVALECIENTE
Sabemos que, a pesar de llevar más de cien años de conmemoración, las condiciones laborales de la gran mayoría de mujeres en el mundo entero y por su puesto en Costa Rica siguen siendo deplorables.
La división sexual del trabajo perdura y mantiene a muchas mujeres e incluso a niñas en una situación que bien podemos llamar de esclavitud.
Las mujeres que han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal ganan un 70% del salario de los hombres, a pesar de realizar las mismas funciones y de estar, en muchos casos, mejor calificadas.
Los derechos laborales de las mujeres se sostienen en el papel, a punta de uñas y dientes, pero en la vida cotidiana es todavía más difícil, al punto que ya parecen solo un puñado de buenas intenciones.
La discriminación en toda su esencia se mantiene tanto en lo laboral como en lo político.
El acoso laboral y el acoso sexual constituyen dos de los más feroces flagelos tanto en el orden laboral como político, tanto en el sector privado como en el sector público.
La trata de blancas y la utilización de niñas adolescentes en trabajo sexual constituyen una verdadera vergüenza nacional.
En los pocos casos de existencia de negociación colectiva en empresas públicas y privadas los temas relativos a las mujeres están levemente reconocidos o no lo están del todo.
La informalidad, la precariedad son condiciones que imposibilitan el desarrollo sindical de las mujeres.
EL COMPROMISO CON LOS SIGUIENTES RETOS
Las organizaciones sindicales y las mujeres sindicalistas asumimos este 8 de marzo de 2022 los siguientes retos:
Apoyar a todas aquellas mujeres que se organizan y resisten las agresiones del capitalismo salvaje en todas sus expresiones: flexibilidad laboral, tercerización, feminicidio, machismo, desprotección social, maltrato, desigualdad, desvalorización de las mujeres y sus derechos, y poca o nula participación en los procesos sociales, económicos y políticos.
Incrementar los esfuerzos para la superación de la situación prevaleciente por cuanto estamos convencidos que son las mujeres junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, esto les convierte en las personas más vulnerables ante la crisis económica.
Trabajar en unidad con todo el movimiento sindical y todas las mujeres que son maltratadas, humilladas, explotadas, oprimidas, subyugadas, día a día por el sistema Neoliberal.
Luchar y levantar una sola voz desde los distintos espacios, demandas y reivindicaciones. Para ello debemos enfrentar el modelo con organización, lucha y rebeldía para lograr una participación efectiva, protagónica, donde nuestra voz sea escuchada.
Intensificar la lucha para la participación de las mujeres en definición de políticas de empleo, de educación, de formación profesional técnica y de procesos de intermediación que constituya un elemento sustantivo de la misma política.
Constituir una estructura sindical participativa, horizontal, democrática, honesta, con igualdad de género, que tenga capacidad de unificar el pensamiento y la acción sindical, en el respeto a la pluralidad y diversidad, a través de procesos de evaluación, formación y formulación de una propuesta incluyente de todos los sectores que forman nuestra base, para lograr un movimiento sindical fuerte, vigoroso y poderoso, con credibilidad.
Luchar para que la dimensión y equidad de género sea considerada como componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Continuar las acciones para que se disminuya la brecha de equidad existentes tanto en torno al acceso a las fuentes de trabajo, en los niveles operacionales, técnicos y profesionales como en la desigualdad salarial existente, en las diversas actividades de la economía nacional.
Divulgar y dar a conocer en todos los rincones del país los derechos y garantías laborales, constitucionales y los convenios y convenciones internacionales que garantizan los derechos económicos, en salud laboral, social y cultural como componentes esenciales para garantizar calidad del trabajo a las mujeres y a los jóvenes.
Promover la formación técnica, de competencia y empresarial para mujeres excluidos del sistema formal de la educación.
Luchar para que se reconozcan el potencial y la capacidad organizacional que tienen las mujeres para desarrollar actividades productivas.
Gestionar el desarrollo de observatorios de empleo con la efectiva participación de mujeres para detectar no solo las necesidades de oferta y demanda, sino para determinar los niveles de formación que posen las mujeres y los jóvenes en determinados entornos regionales o locales, para establecer proyectos productivos.
Capacitar conjuntamente con los sindicatos a trabajadores y trabajadoras en lo referente a sindicalismo.
Realizar convenios con las empresas donde se le facilite crédito y materiales a bajo costo a fin de que las mujeres puedan trabajar con microempresas que brinden mejores ingresos para ayuda a su familia.
Revisar los programas educativos tanto técnicos como profesionales en los diferentes entes educativos: INA, universidades, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades laborales en las diferentes regiones del país, a efecto de coordinar con el ministerio de trabajo para que se cree la bolsa de empleo funcional.
Asegurar una cuota de un 50% mínimo de participación de las mujeres en puestos directivos en las diferentes organizaciones sindicales tanto nacionales como internacionales.
Fomentar el incremento de sindicatos en el sector privado principalmente en los sectores de los regímenes especiales “zonas francas, perfeccionamiento activo” con el fin de lograr estabilidad laboral.
San José, 8 de marzo de 2022
Rodrigo Aguilar Arce
Ex Presidente de la CTRN
De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.
Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.
Señores candidatos, queremos saber:
1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?
2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?
3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?
4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?
5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?
6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?
7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?
8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?
9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?
10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?
11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?
12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?
13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?
14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?
Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.
Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.
Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.
Iniciativa:
1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920
Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838
Compartimos el documento original en formato PDF para descargar:
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.
Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.
Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.
En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.
Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.
Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».
Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.
El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.
Publicado en https://www.es.amnesty.org/
Lunes 21 de febrero de 2022. El día 20 de febrero a las 5:30 p.m. Katherine Ríos se dirigía a Kono Jú a dejar unos víveres en una motocicleta con su cuñado, William Hernández. En el camino se encontró a Evelyn y Mariela Rivera quienes la increparon con insultos: «zorra», «hijueputa», etc. Luego cuando pasaron frente a la casa de la familia Rivera (que queda a unos pocos metros de la entrada de Kono Jú) le tiraron una piedra que por suerte no la impactó.
Minutos después, al terminar los pendientes en Kono Jú, Katherine y su cuñado se dirigían en motocicleta al centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Justo en el momento de pasar frente a la casa de la familia Rivera, Katherine recibió el golpe de una piedra por lo que cayó de la motocicleta; cuando Katherine cayó al suelo, Karol, Jeylin y Darlyn Rivera le tiraron más piedras y la agredieron con patadas. William intentó detener el ataque pero fue golpeado con una piedra y fue mordido por Karol cuando éste intentó detener los golpes contra Katherine.
Katherine pudo huir con su cuñado, luego de recibir los golpes. En este momento se encuentra estable pero sí cuenta con varios moretones en su cuerpo. Katherine es una de las recuperadoras cabécares que recuperó Kono Jú, el primer terreno recuperado tras el asesinato del Uniwák Sergio Rojas Ortiz del Territorio Bribri de Salitre.
La familia Rivera ha sido denunciada pública y judicialmente en numerosas ocasiones. Es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras cabécares de China Kichá y que también son afines a los intereses de los ocupantes ilegales no indígenas que se encuentran en el Territorio.
Demandamos a la familia Rivera que se abstenga de agredir a las y los compañeros recuperadores.
Exigimos, nuevamente, al Estado que garantice nuestra integridad física y vida. Además de que realice sus compromisos y expulse a los y las no indígenas del Territorio; de lo contrario la violencia seguirá en nuestra contra.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Imagen de portada ilustrativa.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.
Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.
Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.
Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).
Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.
Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:
ACODEHU, CUT, MTC
Bloque de Vivienda Nacional,
Coordinadora Campesina
Costa Rica
Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.
https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A
Gracias de antemano.
