No nos sorprende la intención de querer dejar impuneel ASESINATO de Sergio Rojas Ortiz, nos sorprende que no lo hayan disimulado. A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
FRENAPI. El 24 de setiembre del 2020, se dio a conocer que el Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimación/archivo del expediente del caso del ASESINATO de nuestro hermano de lucha Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW).
RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la incapacidad del Estado costarricense para hacer valer la normativa internacional en protección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a la que el Estado está comprometido.
REPUDIAMOS la complicidad del Poder Judicial de Costa Rica al no asumir la protección de nuestros derechos con el debido respeto, y más bien justificar la impunidad pretendiendo respaldarse en “El entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”. DENUNCIAMOS este tipo de manifestaciones como una clara expresión de racismo, una línea estatal holgazana y cómplice.
¿Qué nos quiere decir el Ministerio Público? ¡Ya no es suficiente con el arrebato de la vida de nuestros hermanos! ¡Ya no es suficiente con el constante asedio, intimidación y amenazas que a diario enfrentamos! ¡Ya no es suficiente con el despojo de nuestras tierras, nuestra cultura, el daño a nuestra Madre Tierra! Ahora resulta que por elementos característicos de nuestros Pueblos y de los que nace el deber de protección, como tener un entorno y forma de vida especial, ¿tenemos que aceptar cualquier crimen en contra de nuestra humanidad?
La decisión de desestimación/archivo de la causa tramitada para el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, no es un hecho aislado. Por el contrario, es una nueva manifestación de la violencia sistemática que desde este FRENTE hemos venido denunciando.
Días antes de conocer la decisión de la Fiscalía, no terminábamos de asimilar la intención de desalojo contra nuestras hermanas/os cabécar en Territorio China Kichá, recuperantes de Kono Jú.
Es de conocimiento nacional e internacional que consecuencia del VOTO N°288-F-2020 del TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se dictó Medida Cautelar a favor de un finquero/empresario No Indígena orientada a que las personas indígenas recuperantes de Kono Jú salgan de sus tierras para que el finquero continúe su actividad ganadera mientras el proceso judicial finaliza. En este Voto, el Tribunal afirmó tener por demostrado que la propiedad en disputa se encuentra localizada dentro del Territorio Indígena China Kichá, a pesar de esto y por encima de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal indicó que con la Medida Cautelar: “Se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario mientras se resuelve en sentencia sobre a quien corresponde la propiedad del terreno”.
Al igual que este FRENTE, muchas Organizaciones, Movimientos, Colectivas, e incluso altas instancias internacionales mostraron oposición a la decisión judicial por el notorio irrespeto a Derechos Humanos de nuestros Pueblos. Agradecemos toda esta solidaridad por la causa indígena. Hacemos un llamado para que no nos suelten.
A las puertas del desalojo en Kono Jú, nos pegan una nueva bofetada con la noticia de querer archivar la investigación de Sergio. El mensaje que recibimos es que si continuamos en defensa de nuestros derechos, nos espera el máximo nivel de violencia bajo la complicidad del Estado. Denunciamos nuevamente que la respuesta del aparato estatal, envalentona a las personas No Indígenas usurpadoras.
El día de hoy 28 de septiembre del 2020, este FRENTE tiene conocimiento de una nueva recuperación en el Territorio China Kichá, en la finca Yuwi Senaglö. En un contexto cargado de racismo, de impunidad, de exterminio sistemático de nuestros Pueblos, esta acción en defensa de nuestros Derechos Humanos, es muestra del valor espiritual y corporal de nuestra lucha, confiamos en que son nuestras/os ancestras/os y nuestra Madre Tierra quienes guían nuestro empuje. Todo nuestro apoyo a las hermanas/os cabécar en esta nueva recuperación y desde ya responsabilizamos al Estado/Gobierno de cualquier agresión en su contra.
¡No nos silenciarán! ¡Nuestra voz será escuchada! ¡El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), acordado desde el 2010 resiste y se extiende! ¡Sergio VIVE en la resistencia de cada recuperación!
Que no quede duda que todos los hechos criminales en nuestra contra se han perpetrado bajo
complicidad de los aparatos del Estado, quedando impunes por: débiles, lentas e insuficientes prácticas de investigación de parte de las Oficinas encargadas del Poder Judicial.
Iremos hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, así como de tantos otros crímenes y violaciones de Derechos Humanos a nuestros Pueblos.
Para ello ANUNCIAMOS la propuesta de crear el Centro de Derechos Humanos Uniwak, Sergio Rojas Ortiz, al que le buscaremos los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que pueda operar en nuestra representación y a favor de nuestros Derechos Humanos.
¡NO MAS IMPUNIDAD! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA 28 DE SEPTIEMBRE, 2020
La actual pandemia por el COVID–19, impuso sobre la sociedad, un confinamiento generalizado a nivel mundial sin precedentes. De esta forma, logró inmovilizar, aunque no completamente, a los diversos movimientos sociales anticapitalistas, de tal modo que cimbró sus lógicas organizativas y de resistencia política. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los gobiernos para favorecer a las corporaciones del capitalismo informático.
Es urgente que los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura, los académicos y los estudiantes, los movimientos sociales y populares, reinventemos y re-articulemos nuestras formas de lucha para defender la escuela pública, la cultura, la ciencia y la tecnología para poner en el centro el desarrollo humano y no el capital humano.
La pandemia paralizó los procesos educativos en el mundo. Más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes suspendieron de manera abrupta las actividades en las escuelas y las aulas. En el caso mexicano, donde la mitad de los hogares no cuentan con computadoras ni con conexión a internet, fueron excluidos tres de cada diez estudiantes de la estrategia de educación oficial, y los que sí lograron participar, fueron expuestos a una educación virtual precaria, excluyente, bancaria y sin un método de aprendizaje creativo ni crítico. Este escenario en el que la educación en la escuela se desplazó al hogar con tiempos rígidos y actividades que invaden sus dinámicas cotidianas, tensó una crisis emocional y afectiva entre los alumnos y sus familias. A partir de este escenario sociopolítico, se agudizó la desigualdad económica, cultural y digital, así como la violencia social y de género.
Concebimos la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología como bienes públicos y derechos humanos universales, por tal motivo nos pronunciamos por el pleno cumplimiento de la universalidad y gratuidad en su acceso y disfrute, para lo cual se requiere un incremento del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
También nos pronunciamos por la eliminación de todas las políticas y programas del neoliberalismo, que han promovido la privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la cultura. En ese sentido, demandamos la eliminación del sistema híbrido, público-privado, porque prioriza las certificaciones y acreditaciones antes que la vida y el desarrollo pleno de la salud, del aprendizaje necesario y urgente, además de promover la estandarización de la educación; porque refuerza la visión gerencial y de la reproducción de las desigualdades, al estar basado en una noción de la calidad y de excelencia, desde una perspectiva economicista y tecnocrática.
Igualmente denunciamos el uso de la pandemia para reforzar la tendencia privatizadora de la ciencia y la cultura en la educación, por medio de plataformas virtuales comerciales y de contenidos sesgados por la visión corporativa de los dueños de los espacios digitales. El capitalismo de plataformas construye la desigualdad social en el acceso al conocimiento y la comunicación, produce un apartheid tecnológico, una clase de infopobres en la que los niños y jóvenes marginados, así como los trabajadores precarizados, no pueden resolver el problema del equipo y la conectividad.
EDUCACIÓN BÁSICA
En el caso de México se entregó la rectoría de la educación, inicialmente a Google para que 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes fueran el mercado cautivo de la transnacional de las tecnologías digitales; en una segunda fase de la educación remota se pactó con la oligarquía de las televisoras privadas y como consecuencia su rescate económico y moral, tras una caída constante de credibilidad por sus filas conservadoras durante cuarenta años de neoliberalismo.
En contraste, se impulsa un recorte brutal a la formación inicial y continua de los docentes. Contrariamente a los preceptos constitucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en los que se establece el reforzamiento de las escuelas formadoras de docentes y la revalorización del magisterio, el proyecto presupuestal de egresos de la federación para 2021 contempla un recorte de 95.3% a las escuelas normales y a la universidad pedagógica nacional; para el desarrollo profesional de los docentes en el servicio educativo se proyecta un recorte del 89% y para capacitación un 49%. Las corporaciones del capitalismo informático van por el desplazamiento del magisterio, por un amplio mercado de productos educativos digitales y por la eliminación de la escuela física y presencial.
Consideramos que los preceptos bajo los cuales se confeccionó la actual reforma educativa no lograron desarraigar las imposiciones del neoliberalismo y mantienen criterios empresariales en la política educativa nacional. Por ello, no aceptamos ningún tipo de educación o de política que limite el ingreso y la permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo y reivindicamos la lucha por la democratización de nuestro país, de la educación pública y los sindicatos.
Los trabajadores de la educación mantenemos la exigencia de ser tomados en cuenta para la aportación de propuestas para la elaboración de contenidos, diseño de actividades escolares, estrategias de simplificación administrativa y todo lo que se relacione con el quehacer educativo. Sostenemos el principio de la comunicación y la convivencia humana como el medio para la difusión, el diálogo y la construcción de los saberes y los aprendizajes.
Nos reiteramos educadores populares, porque enseñamos aprendiendo entre maestros, alumnos y padres de familia, en las comunidades y en la ciudad, a partir de la realidad de la comunidad escolar y para beneficio de la población en general. De acuerdo con ello, seguimos proponiendo y reinventado formas de educación alternativa para llegar hasta los lugares más olvidados, porque promovemos la emancipación de las personas y sus comunidades a través de una educación que fomenta la colectividad, la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente, el pensamiento crítico, la búsqueda del bien común, el amor y la ciudadanía patriótica.
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
Reivindicamos un proyecto de educación superior basado en las organizaciones colectivas de los trabajadores académicos, administrativos y estudiantes, que promueva una sociedad igualitaria, una formación integral y humanista, con pleno respeto a los derechos de todas y todos; que desarrolle el pensamiento crítico y creativo por medio de pedagogías críticas y liberadoras, además de responder a las grandes necesidades nacionales.
Sostenemos que las instituciones de educación superior deben ser espacios de libre ejercicio de los derechos, por lo que deben funcionar de manera democrática y gozar de una autonomía sustantiva cuyo ejercicio se debe garantizar con un subsidio público suficiente, oportuno e incondicional de carácter transexenal, no menor a los porcentajes recomendados por los organismos multilaterales como la UNESCO o la propia ONU. La autonomía debe comprender la libertad de cátedra e investigación, el autogobierno, la libertad de pensamiento y de expresión y la armonía con los derechos colectivos laborales de asociación y negociación colectiva en el plano nacional.
Demandamos condiciones de trabajo dignas para los trabajadores académicos y administrativos; un programa amplio de recuperación salarial y la eliminación de los programas unilaterales de estímulos mediante su incorporación al salario pactado bilateralmente; además de un ambicioso programa de creación de plazas de tiempo completo y de estabilidad laboral, para eliminar la precariedad en que laboran miles de profesores.
Asimismo, demandamos el respeto a las organizaciones colectivas de los trabajadores universitarios y su incorporación en las grandes discusiones nacionales sobre el proyecto de educación superior que requiere el país y sobre las políticas que se impulsarán en el sector.
Exigimos a las cámaras de diputados y senadores, así como a la SEP, que los centros, escuelas o proyectos comunitarios de las Universidades Alternativas, sean reconocidos en la Ley General de Educación Superior, como lo son las universidades privadas y públicas. Esto es una medida necesaria para alcanzar la equidad e incrementar la cobertura del nivel educativo sobre todo en poblaciones pobres, aprovechando el saber, la organización social y la cultura autogestiva de los pueblos. Además, proporcionar a estos estudiantes becas, en igualdad de circunstancias que las Universidades Benito Juárez.
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
La formación de vocaciones científicas y para la investigación inicia desde la educación básica. Fortalecer la educación desde sus cimientos con una visión de futuro y conciencia de clase de todas las áreas de las ciencias y tecnologías, es fundamental para el desarrollo integral del país.
La investigación científica requiere una formación con integridad, madurez intelectual y respeto por los principios éticos. Implica una formación sin discriminación por razones de raza, color, ascendencia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica o social de nacimiento o discapacidad. Además, que todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de investigación y desarrollo tecnológico, con acceso a los empleos no precarizados en la investigación científica.
Los programas de posgrado son formadores de científicos; sin embargo, tienen un alto índice de rechazo de aspirantes, lo que cancela la posibilidad de incrementar la planta de trabajadores científicos. Es indispensable incrementar los espacios para científicos en formación, teniendo programas de apoyo en el inicio y durante el desarrollo de su carrera; que cuenten con becas, movilidad y demás acciones afirmativas necesarias para suprimir la desigualdad de oportunidades, subsanar las desigualdades del pasado y los patrones de exclusión; fomentar en particular, que las mujeres y las personas de otros grupos con baja representación, tengan la posibilidad de realizar carreras científicas.
La formación científica debe promover las responsabilidades sociales del científico, y a su vez garantizar el acceso equitativo y libre a la literatura, los datos y los contenidos. Se necesita fortalecer la enseñanza de todas las ciencias; incluir elementos interdisciplinarios en los programas de estudios y en los cursos, considerando las dimensiones éticas de la ciencia y la investigación, así como la integridad intelectual, esto con el fin de que los científicos participen de los procesos colectivos de apropiación social del conocimiento, para contribuir efectivamente a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios.
CULTURA
Los trabajadores del sector cultura, nos encontramos en un contexto muy particular con la creación de la Secretaría de Cultura Federal (SCF) que en el actual gobierno desarrolla una política cultural, que denota una continuidad de la instrumentada por los anteriores gobiernos neoliberales: 1) reducción del presupuesto para el sector y 2) la total apertura a la iniciativa privada, las denominadas industrias culturales, en áreas sustantivas del Estado, como son educación artística, investigación y protección del patrimonio cultural.
Concebimos la cultura como un campo indisoluble de la educación y como estrategia para el desarrollo integral de los ciudadanos; pero, hoy esta visión está amenazada por los preceptos de una “Ley General de Cultura y derechos culturales” que privilegia conceptos como: desarrollo cultural, fomento cultural, turismo cultural, gestión cultural, entre otros, que tienen como fin la disminución de la obligación del Estado de brindar a la población acceso a la educación y al disfrute del arte y la cultura.
México es un país rico en características culturales y fue ejemplo para el mundo en el fortalecimiento de instituciones dedicadas a ello, debido a su conformación pluricultural (multiétnica y plurilingüística); no obstante, los procesos económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en el mundo globalizado, ponen en riesgo el conjunto de valores culturales y educativos de nuestro país.
Ante este escenario, los trabajadores del sector cultura, junto a los demás sectores, necesitamos organizarnos colectiva y solidariamente en la defensa del patrimonio cultural, energético y natural; sobre todo porque debemos retomar la lucha histórica de todos aquellos ciudadanos, académicos, sindicalistas y demás luchadores sociales que nos antecedieron.
En el ámbito educativo, en relación a la enseñanza artística y la identidad cultural, con el objetivo de promover la organización del sector cultural a nivel internacional, solicitamos proponer en el próximo Congreso Mundial de Educación, la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura, en el que se pueda expresar el panorama internacional, para plantear posibles soluciones que permitan enfrentar de manera global los problemas educativos y laborales que atañen al sector cultural en el mundo.
Consideramos que estamos en un estado de emergencia, por lo que se debe formar un frente amplio para trabajar en la elaboración de un proyecto nacional de cultura, que contemple la creación de observatorios públicos de las políticas culturales en conjunto con las universidades nacionales y luchar que por ley el presupuesto para la cultura no sea menor a lo recomendado por la ONU, en contraparte de la política gubernamental de reducción que ahoga a este sector. Por último, debemos trabajar y luchar por la creación de un órgano consultivo que esté integrado por representantes de los trabajadores de la cultura.
En este contexto, el “Encuentro nacional, rumbo al I Congreso Mundial en defensa de la Escuela Pública y contra el neoliberalismo, DECLARA:
Que pugnamos por una verdadera educación impartida, financiada y asegurada por el Estado para toda la población; que sea pública, humana, emancipadora, crítica, universal, laica, multicultural, incluyente y respetuosa de la diversidad de género. Por tal motivo, rechazamos de manera enérgica los recortes presupuestales a educación, cultura, ciencia y tecnología.
Que convocamos a la unidad de los trabajadores de la educación, ciencia y cultura y a toda la clase trabajadora para defender los derechos sociales y humanos, que han sido vulnerados en este periodo de pandemia.
Qué hacemos patente nuestra exigencia para que se creen las condiciones de un regreso seguro a las actividades escolares, con la infraestructura y equipamiento mínimo para garantizar las medidas sanitarias y de una buena educación.
Que no permitiremos un regreso de esta emergencia sanitaria a la normalidad del explotador y el explotado, porque esta pandemia debe servir para dejar en claro la necesidad de reintegrar su verdadero valor al ser humano, escamoteado por el neoliberalismo y la proliferación del consumismo y la depredación.
¡En defensa de la educación, la ciencia y la cultura para todos y todas!
El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.
En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse: ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: “No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.
Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.
De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).
Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:
“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).
Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).
Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:
“a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)
b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).
O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.
Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.
Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).
En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).
El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.
Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de solidaridad y lucha conformado por distintas organizaciones de Pueblos Originarios y organizaciones sociales campesinas, estamos trabajando en una campaña de solidaridad ante la amenaza de desalojo en Kono Jú, China Kichá, programado para el 28 de septiembre 2020.
El Tribunal Agrario de San José ordenó el desalojo de los y las recuperadoras Cabécar de Kono Jú, pasando por alto que el terreno se encuentra dentro del Territorio Cabécar de China Kichá y, por tanto, pertenece únicamente a este Pueblo Cabécar.
– FOTO: Sube a tus redes sociales una foto sosteniendo un cartel que diga: YO DESDE (lugar desde donde envía el mensaje) DIGO NO AL DESALOJO DE KONO JÚ EN CHINA KICHÁ y utilice el hashtag: #NoAlDesalojoDeKonoJu
– FIRME la petición en línea al Estado de Costa Rica para que detenga el desalojo y se garantice la integridad física y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá y se respete su derecho colectivo a la tierra-territorio. https://bit.ly/2RBgtMk
A todas las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y la libertad sindical:
Desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), les dirigimos esta nota para solicitar su solidaridad con los 7 obreros despedidos por la empresa productora de piña “Piñas Cultivadas de Costa Rica S.A “ubicada en Medio Queso de Los Chiles de Alajuela.
Piñas Cultivadas de Costa Rica S.A es una empresa que tiene más de 800 hectáreas de cultivo y actualmente mantiene unos 350 trabajadores y trabajadoras en esa finca.
El viernes 04 de septiembre del año en curso, nuestros compañeros Álvaro Antonio Reyes Duarte, Haminton Bayardo Barquero, Joel Reyes Valverde Espinoza, Santos Bernardo Espinoza Ramos, Santos Julio Reynosa Miranda y Yamil José Romero Paz, fueron despedidos por haber fundado una seccional de nuestro sindicato apenas el 30 de agosto anterior.
Por su parte el trabajador Juan José Baez, quien también participó en la asamblea de fundación el sindicato no ha sido despedido porque es paciente de COVID-19 y está incapacitado hasta el día 16, pero ya le anunciaron que también será despedido.
Esa acción de la empresa es un claro atropello a libertad sindical de estos trabajadores, que iniciaron el proceso de organización con el fin de lograr el pago de los salarios mínimos, las horas extras, mejoras en los tratos de los capataces, mejoras protocolos de salud ocupacional y de protección ante los brotes de COVID- 19 en la finca.
El sindicato presentará una demanda laboral para buscar restablecer a los trabajadores en sus puestos de trabajo.
De nuestra parte solicitamos que las personas y organizaciones que se quieran solidarizar con este grupo de trabajadores envíen pronunciamientos de solidaridad pidiendo la reinstalación de los trabajadores y el respeto a sus derechos. La nota debe ir dirigida a la Ministra de Trabajo doña Geannina Dinarte Romero, quien conoce de la situación.
Para buscar un efecto mayor, les pedimos que las notas sean remitidas a los siguientes correos electrónicos:
El Ministerio de Trabajo:
geannina.dinarte@mtss.go.cr y ricardo.marin@mtss.go.cr
La Empresa:
Info@losnacientes.com y rhumanos@maderascultivadas.com
Certificadoras:
customer_support@globalgap.org
lat.americalatina@kiwa.com
sas@ra.org
Sindicato:
sitrasep.cr@gmail.com
Esas cartas y comunicados se harán llegar a nuestros compañeros en lucha y se compartirán en nuestra página de Facebook.
Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas, y el apoyo a nuestros compañeros que solo buscan la forma de mejorar sus condiciones de trabajo y ejercer sus derechos como trabajadores.
Se pueden comunicar con nuestro sindicato al teléfono 86059151 para más información.
Sin más;
Jouseth Andrey Chaves Rodríguez, secretario general de SITRASEP
Información compartida con SURCOS por Ing Carlos Vega, Secretario General Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular UNPROBANPO
*Imagen ilustrativa, tomada de https://www.francetvinfo.fr
A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R. San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020 En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende
La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.
Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.
Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.
Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.
La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.
Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?
Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:
¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡ En su expresivo empuje la libertad se estrena…” DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!
Durante esta semana han salido a la luz los presuntos culpables de los asesinatos de María Luisa Cedeño y Allison Bonilla, y en lo que llevamos del año, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y el acceso a la justicia, se han registrado 9 casos de femicidios reconocidos judicialmente en Costa Rica.
Estos femicidios son una evidencia irrefutable de lo violento que es este sistema patriarcal y machista con el que tenemos que convivir día a día las mujeres, un sistema que quiere mantener siempre el control de nuestro cuerpo, y en caso de que alguna de nosotras reaccione de manera negativa o confrontativa ante este control, se le trate de manera violenta, denigrante y agresiva contra nuestra integridad física, psicológica y sexual.
Las formas bajo las cuales se llevan a cabo estos feminicidios y se realiza su investigación solamente nos recuerda y reafirma la necesidad de reivindicar la condición de humanidad de las mujeres como personas que merecen ejercer su vida con dignidad. El papel trascendental que juegan las mujeres en el desarrollo de una sociedad más justa, digna y equitativa se ve minimizado con las formas de violencia que se normalizan.
Los deficientes procesos judiciales en los cuales no se prioriza la búsqueda de los asesinos ni la claridad de sus condenas evidencia la poca importancia que le dan las autoridades de la materia a las vidas de las mujeres. Pero esta solo es una parte de la cultura de violencia hacia las mujeres que debe de eliminarse. La cultura de prevención de la violencia está sumamente minada y olvidada, y es allí donde se debe promover que las vidas de las mujeres importan tanto como la de cualquier ser humano que habita la tierra.
Las condiciones actuales nos exigen un profundo replanteamiento del valor que se le da a las labores de cuido en esta sociedad. No hay que olvidar que esta labor ha recaído históricamente sobre las mujeres como un papel secundario; sin embargo, es a través del cuido y la crianza que se forman los seres humanos, y es a través de ellos que podremos crear más y mejores condiciones para lograr que las mujeres seamos al fin libres de realizarnos como personas con todo nuestro potencial.
Mientras esta situación no cambie, viviremos con sentimientos de rabia y de tristeza a la vez, y es esta combinación de sentimientos lo que nos permite tomar las acciones que sean requeridas para evitar que las vidas de las mujeres sean asesinadas y ultrajadas de su dignidad.
Desde la Organización Política Carmen Lyra apoyamos y nos solidarizamos con las acciones feministas ejecutadas en el país, y condenamos rotundamente que se sigan cometiendo femicidio, asesinando a las mujeres solo por el hecho de serlo. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen todas las medidas requeridas para que las personas culpables cumplan las penas correspondientes, y a la sociedad para que reflexionemos sobre los principios que están manteniendo nuestras relaciones actuales.
Datos 2020: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/Femicidio_2020_28agosto_cdr.pdf
Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia: http://observatorio.mj.go.cr/observatorio-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-y-acceso-la-justicia
M.Sc. Rodrigo Arias López Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós
Los mega huecos ocasionados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS o Caja) por políticos y empresarios, ampliamente difundidos últimamente por medios de prensa, desde el PLN, el PAC, PUSC y sus Gobiernos, se hacen cotidianamente, con el único fin de debilitarla. Van saliendo poco a poco a la luz pública, a pesar del esfuerzo para taparlos incluso, desde la misma institución y el Ministerio de Hacienda (MH). Y eso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha prometido combatir a fondo estas cosas.
Es increíble como “jinetean” el dinero de los trabajadores quienes terminan engañados como pensionados después de pagar primas duplicadas a la CCSS recibiendo jubilaciones de hambre, ofreciéndoles la institución, listas de espera, falta de equipo, medicamentos y un llamado a “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que fue conducido a la quiebra. Algo parecido ha pasado en otros países latinoamericanos; en Colombia, por ejemplo, las mafias del poder se robaron el Seguro Social (Así se robaron…https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11420683).
“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó formalmente la ejecución de sentencia por la deuda de casi ₡6 billones que tiene el Estado con la institución debido al traslado del primer nivel de atención en salud.
Esa decisión fue comunicada por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya al diputado del Frente Amplio, José María Villalta.”
El diputado del Frente Amplio José María Villalta, valientemente demandó al Estado en el año 2013 por el incumplimiento del giro a la CCSS de los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley N° 7374. ¿Pero, cómo fue que los políticos de alta alcurnia desde los distintos gobiernos durante años engañaron a los trabajadores presentándose como defensores de la CCSS?, se preguntarán los lectores. Una respuesta resumida es recurriendo a una serie de mecanismos muy parecidos a una especie de lavado, fraude de ley, tráfico de influencias, maquillajes de estados financieros, corrupción e impunidad. Trataremos de explicarlo en esta nota y en las próximas.
Cuando se aprobó la universalización del seguro de salud (SEM) con la Ley N° 5349 del 24/09/1973 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32335&nValor3=34110&strTipM=TC ), se trasladó a la CCSS una buena parte del personal del Ministerio de Salud (MS), 22 hospitales nacionales y se le obliga a atender la salud, prácticamente, a toda la población. Solo los programas de atención preventiva de la salud quedaron a cargo de la cartera de salud, según el artículo 6 de dicha ley. Por tal motivo, el MS continuó a cargo de los Programas de Atención Primaria, Ampliado de Inmunizaciones, Cáncer, Tuberculosis, Lepra, Odontología Sanitaria y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, para lo cual el ministerio del ramo continuó con la infraestructura de una parte del personal, 494 puestos de salud y 90 centros de salud, entre otros.
En el año 1993, con la reforma del sector salud impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptada de rodillas por los políticos criollos, se promulgó la Ley N° 7374 del 03/12/1993 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22571&nValor3=23930&strTipM=TC ), la cual ordenó al Gobierno en su artículo 5, pagar en efectivo todas las obligaciones pendientes (hasta 1993) con la CCSS en un plazo de cuatro años y seguir pagándole en efectivo las obligaciones futuras a partir de 1997. Se cumplió aquello que dice: El papel aguanta lo que le pongan cuando la corrupción es la que gobierna, porque eso fue el disimulo para iniciar uno de los huecos más grandes contra la CCSS y sus cotizantes. Una vez puesta la primera piedra de la obra se impone el artículo 7 para el traslado a la CCSS de los programas antes citados que estaban a cargo del MS y los centros y puestos de salud, motivo por el cual, no solo se derogó el artículo 6 de la Ley N° 5349, sino que en el artículo 8 se autorizó el traslado a la CCSS del personal del MS que estaba a cargo de esos programas. Simulando el derecho a la salud de todos los habitantes, se ordenó a la CCSS “continuar con el proceso de universalización” y “lograr su fortalecimiento, su administración y la prestación integral de ellos”, lo cual significaba para la Caja aumento de inversiones y gastos en adición al costo de la planilla de trabajadores que se trasladó.
La Ley N° 5349, dispone, por otra parte, en su artículo 1 que “La Caja Costarricense de Seguro Social no podrá aceptar ningún traspaso mientras no se le fijen las rentas suficientes para atender el servicio médico a los no asegurados”. Por tal motivo la Ley N° 7374 dispuso en su artículo 9 lo siguiente:
“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Sin embargo, nuevamente la corrupción y el tráfico de influencias entraron en acción, ya que durante muchos años de vigencia de la Ley N° 7374, los burócratas y políticos de la CCSS facturaron anualmente a sus camaradas del MH solamente una pequeña fracción del nuevo costo asumido por la Caja; pero sus camaradas no aceptaron la dadivosa bicoca porque ellos pretendían una fracción más pequeña, logrando que transcurrieran más de 25 años sin pagar y sin tomar las “previsiones presupuestarias” que ordena el artículo 9 citado, atenidos, al fin y al cabo, a que la maraña de leyes nunca serian entendida por el pueblo y que la prima duplicada del 15% o más que pagan los trabajadores asalariados al SEM desde el año 1982, alcanzaría para cubrir ese nuevo costo, e incluso, sobraría para acceder a otros mega engaños que se abordarán en otro próximo artículo.
La Asamblea Legislativa, donde por años se aparentó un supuesto debate de ideas (prácticamente inexistente hoy con el “gobierno de unidad nacional” del PAC, PLN, PUSC y un pequeño séquito) tiene responsabilidad, porque para aceptar imposiciones extranjeras simplemente ordenó a Hacienda, sin definir la fuente permanente de los recursos; urgía someterse cuanto antes al FMI, aunque a decir verdad, esto tampoco hubiese sido garantía, pues los dineros ordenados por el artículo 7 de la Ley N° 5349 tampoco llegaron a la Caja. ¿Qué se hicieron esas rentas e ingresos? ¿Dónde están las rentas específicas creadas a favor de la CCSS por el Estado ahí ordenadas? ¿Dónde están esos estudios conjuntos de la Caja y el Ministerio de Salud ahí también ordenados? ¡Sí usted conoce esos estudios, hágale un favor al país, díganos dónde ubicarlos!
Todo lo tenían fríamente calculado para que a la CCSS no le llegaran nuevos recursos. En la página numerada como 53 de la “Memoria del MS 1994” (http://www.asamblea.go.cr/sd/memoriasgobierno/forms/allitems.aspx ) los políticos establecieron que uno de los objetivos de la reforma del sector salud era el “Fortalecimiento Institucional de la CCSS”, con la condición de que la Caja debía “velar por que los servicios que se suministren se ajusten a los recursos disponibles, provenientes de las obligaciones que el Estado, patronos y trabajadores destinen a cada seguro” (página 55). Más claro no canta un gallo.
En los gráficos siguientes se muestra la cantidad de trabajadores y los gastos del MS y la CCSS, usando como fuente las memorias del MS y la página web de la CCSS, entre otras. Los costos del MS corresponden a los asociados con el presupuesto vinculado.
Por ejemplo, en los años 1994, 2000 y 2017, las cantidades de empelados del MS fueron 6.465; 3.864 y 4.914; con reducciones de 2.581 y 1.551 en 2000 y 2017, respecto del dato de 1994. El gasto sobre el PIB pasó de 0,51% a 0,31% en 2000 y a 0,24% en 2017. En la CCSS la cantidad de empleados fueron 27.305; 31.381 y 55.878 en esos años; es decir, en 2017 la cantidad duplicó la que había en 1994. En el caso de los costos sobre el PIB los valores fueron 4,48%; 4,63% y 5,86% en esos años, respectivamente.
Los “maquillistas de oficio”- nadie los conoce pero que de lejos se nota son inexpertos en guarismo –al determinar el monto de las nuevas obligaciones asumidas por la Caja, pretendieron meter gato por liebre a los asegurados (https://neumoexpertos.org/2018/12/03/que-no-te-den-gato-por-liebre-a-proposito-de-una-tribuna/), pues lo estimaron como el 80% del costo de la planilla de 1.515 funcionarios del MS trasladados a la CCSS, más un 30,58% de cargas sociales. “Nadie sabe” los motivos para incluir solo el 80%. Ese “modelo” era tan bueno para el Gobierno que mantenía las 1.515 plazas fijas hasta el fin de los tiempos, con la posibilidad de que, si nadie escudriñaba, a medida que los trabajadores trasladados ya no estuvieran en alguna de esas plazas, entonces se cobraría por los que hubiera. Como este mundo es tan pequeño, se logró escudriñar que ya en el año 2008 solo se cobraba por 1.200 plazas. La perfección del disfraz era tal, que tampoco consideraba costos por servicios no personales, compra de medicamentos, inversiones en ebais, etc. Ni se incluían costos del período 1994-1997. Era un traje a la medida.
En el proceso de la demanda del diputado Villalta, la CCSS y Hacienda trataron de maquillar un poco más al gato con pimienta y comino para que su carne tuviera sabor a liebre, agregando unos recargos por servicios no personales; pero dejando fija la cantidad de plazas en 1.515 y, excluyendo grandes costos de inversión que tuvo la CCSS, así como medicamentos, equipos, etc.; es decir, en el fondo siempre el asegurado comería gato por liebre y Hacienda “caviar marinado”. Para ello elaboraron un “Prospecto de Programas Trasladados del Ministerio de Salud a la CCSS y Propuesta de metodología de estimación de costos complementarios al recurso humano trasladado”. Aunque el MH quería más, decía que cuando todos los trabajadores trasladados fallecieran, se pensionaran o renunciaran, el costo sería nulo. Incluso, era de la tesis que la CCSS solo podía cobrar los costos de 1994 a 1997, para lo cual también tenían un proyecto de interpretación auténtica que sería enviado a la Asamblea Legislativa.
Según los datos de la CCSS, en el año 2014 el gato disfrazado de conejo era equivalente a ₡413.384,79 millones, desglosados como la suma de ₡193.822,48 de las 1.200 plazas hasta 2008; ₡37.553,93 millones de las restantes 350 plazas “olvidadas” hasta 2008 y ₡182.008,38 millones para que el gato tuviera mejor sabor. Ver certificación en:
Al 30 de junio de 2020 la CCSS tenía una cuenta contabilizada por cobrar al Estado por un monto total de ₡1,9 Billones, de los cuales ₡0,3 Billones eran del IVM y ₡1,6 Billones del SEM. Dentro de estos ₡1,6 Billones aparece el gato disfrazado por un monto de ₡484,3 mil millones, como se muestra en el anexo del oficio GF-DFC-1828-2020 del 31/7/2020; los restantes ₡1,12 Billones son por otros conceptos.
La sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 13-006261-1027-CA) no estableció el monto de la deuda del Estado del artículo 9 de la Ley N° 7374, solamente resolvió
“(…) En consecuencia se acoge parcialmente la demanda establecida por el actor José María Villalta Flores-Estrada contra el Estado, y se condena al Ministerio de Hacienda a cesar en la conducta omisiva y cumplir con la obligación establecida en la Ley N° 7374. A efecto de hacer posible el traslado de los fondos debidos a partir de la firmeza de ese fallo, se dimensiona esta sentencia para que en etapa de ejecución de sentencia y en un plazo máximo de cinco meses el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto que se deberá trasladar de forma mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al Seguro de Enfermedad y Maternidad, originados en la omisión, los cuales serán fijados también en etapa de ejecución de sentencia. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFIQUESE.”
Sin embargo, en la etapa deliberativa, la CCSS presentó al gato disfrazado de conejo, como puede verse en los ítems 29 al 34 del “RESULTANDO” de la sentencia, páginas 28 a la 34. Ver:
El representante del Estado no estuvo de acuerdo con el Tribunal- recordemos los objetivos en la “Memoria del MS 1994”– por lo que presentó apelación. La Sala Primera dispuso en la resolución Nº 00197-2018: “Se declara sin lugar el recurso promovido por el representante de Estado, quien deberá sufragar sus propias costas.” Ver:
Ahora la gente puesta por los partidos políticos dentro de la CCSS presenta para liquidación de sentencia al posible conejo real, ya viejo y con cataratas en los ojos de tantos años de espera, con un bolso gigante para recoger ₡5,93 Billones, en lugar del gatillo flaco maquillado que estaba asentado en los estados financieros con que quisieron engañar a los trabajadores. Esta liebre, es solamente por la deuda del artículo 9 de la Ley N° 7374, un auténtico dinosauro; es decir, no incluye la deuda de ₡1,12 Billones del SEM de otros conceptos, ni la de ₡0,3 Billones del IVM, por lo que, si los jueces no le dan “chiquitolina” al dinosaurio, el monto de la deuda estatal no negociada subiría a ₡7,35 Billones (5,93 + 1,12 + 0,3). Caso contrario, hasta nos podrían recetar de nuevo el gato, incluso más empapelado y con más pulgas que carne.
Llama la atención que dentro de los ₡5,9 Billones de pretensión, se incluyen solamente ₡1,8 Billones de intereses – 46% del principal – usando “la tasa básica pasiva promedio anual” y posiblemente el interés simple. Considerando que la Caja normalmente obtiene en sus inversiones rendimientos reales superiores a un 4%, lo anterior nos conduce a que el mega hueco podría ser superior al monto pretendido. La niña “Pochita” dando su clase de matemática explica que si al principal de ₡3,9 Billones reclamado judicialmente se le incluyera un rendimiento real de interés de 4%, el dinosaurio de ₡5.93 Billones se elevaría con creces al tamaño de una ballena de más de ₡8,5 Billones; ya que como el principal, sigue explicando la “Pochita”, es una deuda de largo plazo, lo esperado es que los rendimientos superen el monto del principal, tomando en cuenta que la tasa de inflación anual promedio de 1994 a 2019 fue 8,7%; pero en el período 1994-2008 rondó el 12,8%. Niños, fíjense, les explicaba la maestra, por ejemplo, ₡1 de diciembre de 1993 vale hoy ₡8,5, tomando en cuenta solo el efecto inflacionario; pero al agregarle el 4% real el valor ahora sería ₡23,5.
La parte positiva; pero dolorosa de este apestoso mega hueco presupuestario urdido por la clase política, es que deja en evidencia el doble discurso y la doble moral con que una vez y otras también, actuó para llevar a la quiebra al IVM, al mejor estilo de Chile de Pinochet y Piñera o del de México de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox o Peña Nieto, una verdadera escuela de disimuladores del “progreso” y “modernización” de sus países.
¿Por qué para la ejecución de sentencia los políticos de la Caja presentaron la liebre gigante en lugar del gato con artritis? ¿Por qué la FGR no ha hecho nada para responsabilizar penal o administrativamente a quienes maquillaron y jugaron con las finanzas de la Caja? ¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la Fiscala General en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Nos referiremos en próximas entregas, esperando que el gato siga vivo.
Activista de Mundo sin Guerras y Sin Violencia Honduras, secuestrado y asesinado.
Al amanecer del 4 de septiembre, fue encontrado atado de manos, con señales de tortura y perforaciones de bala en su cabeza, el activista por la paz, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia (MSGySV), Julio Andrés Pineda Díaz.
Este asesinato se produce en medio de la creciente violencia que tanto dolor y sufrimiento causan al pueblo hondureño. Las restricciones a la libre movilidad ciudadana, como estrategia gubernamental para el control de la pandemia COVID-19, no impide el auge del narcotráfico, constantes masacres, secuestros y desapariciones de líderes populares; especialmente de los que defienden los derechos de los pueblos originarios.
La noticia ha sobrecogido al conjunto de los miembros de Mundo sin Guerras y sin violencia y a los participantes de la Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. Julio Pineda, de 35 años, abogado de profesión, fue en efecto uno de los voceros de la primera Marcha Centroamericana por la Paz, que recorrió las principales ciudades de la región en septiembre de 2017. Participó además en las dos ediciones de la Marcha Mundial en 2009 y 2019. Estaba proponiéndose ser candidato por Honduras en las próximas elecciones al Equipo Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia, integrado por reconocidos pacifistas de todos los continentes.
El Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia queremos en primer lugar expresar nuestro afecto, compasión y solidaridad con su familia, sus amigos y compañeros de lucha. Nos sumamos al pronunciamiento de MSGySV Honduras, denunciando este asesinato y exigimos a las autoridades la pronta investigación y condena a los responsables. Así mismo solicitamos a la ONU, la OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que velen por el real cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el mantenimiento de la paz en este país, que se enfrenta no sólo a acciones bélicas, sino también al sentimiento de inseguridad, miedo y a la persecución de activistas. Además, solicitamos a los organismos internacionales y países cooperantes que hacen donaciones, préstamos y otras ayudas al actual gobierno de Honduras que suspendan estos beneficios, que solo han servido para incrementar la corrupción y otras formas de violencia en el país.
A la situación de irregularidad e ilegitimidad del gobierno de Honduras durante los últimos años se añade este nuevo acto que nos recuerda el asesinato todavía impune de Berta Cáceres y otros numerosos activistas que luchan pacíficamente para mejorar las condiciones de vida de uno de los países con mayor violencia y desigualdad de América Latina. Agradecemos las muestras de apoyo de pacifistas, humanistas y activistas de la noviolencia de numerosos países.
Nosotros activistas por la paz y la no violencia de los cinco continentes repudiamos las torturas y el asesinato sufrido por el activista Julio Pineda, miembro de Mundo sin Guerras y sin Violencia, en la certeza que nada detendrá las acciones que él puso en marcha en favor de la paz y la noviolencia.
Equipo de Coordinación Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia (6 de Setiembre 2020)
Pronunciamiento de Mundo sin Guerras y sin Violencia, Costa Rica, (MSGySV)
Con profundo dolor, denunciamos el cruel asesinato de nuestro compañero de luchas a favor de los Derechos Humanos, el activista y miembro de MSGy SV Honduras; Julio Pineda Días, quien fue uno de los impulsores de la Primera Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia y actualmente se destacaba en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa como Jefe de Catastro.
Su posición como funcionario de gobierno local, aunado a sus fuertes convicciones de paz, integridad y transparencia, probablemente lo colocaron en circunstancias en las que fue una molestia para quienes de forma inhumana y perversa acabaron con su vida.
Ante un gobierno hondureño, teñido por la violencia no sólo física, sino también económica, racial y étnica, en donde el flagelo de la corrupción y el narcotráfico han influido para producir la impunidad de desapariciones, secuestros y asesinatos a varios líderes y defensores de los derechos humanos, exigimos Justicia para Julio y que se lleve a cabo el debido proceso de investigación hasta dar con los responsables de este hecho tan lamentable, los cuales deberán ser castigados con todo el peso de la ley.
De la misma forma apelamos ante la OEA y el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que supervise si el estado hondureño está cumpliendo con las sentencias consagradas en la convención americana para evitar la violación de los Derechos Humanos y que de la misma forma, se fiscalicen las acciones que el gobierno de Honduras está realizando para esclarecer este y otros hechos similares.
Instamos al gobierno de Costa Rica y específicamente al Ministerio de Justicia y Paz, quienes en el 2017 apoyaron decididamente e impulsaron en Costa Rica, La I Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia, para que se pronuncien ante este tan atroz acto de violencia que acabó con la vida de un hombre que en aquella ocasión recorrió Centroamérica con un mensaje esperanzador de Paz y Noviolencia y con el sueño de una región unida y convergiendo en su diversidad cultural. San José, Costa Rica 05 de septiembre, 2020.
