FECON. 9 de agosto, 2020. En Costa Rica son 8 los pueblos indígenas que existen y resisten después de 500 años de reducciones por parte del pasado sistema colonial y actual modelo neocolonial del Estado costarricense.
Desde 1977 en medio de un proceso agresivo de expansión de la frontera agrícola incentivada por la Ley de Tierras y Colonización, se tuvieron que demarcar territorios para cada pueblo como parte de las luchas de esa generación indígena.
Para el gobierno central se consideraba baldías y ociosas las tierras boscosas. La deforestación estaba en auge de la mano con la ganadería, que sería la actividad más destructiva de la naturaleza a gran escala durante esa época en Costa Rica.
A 43 años de esa demarcación territorial, que se constituía como un mecanismo para la protección de los sistemas de valores tradicionales de la colectividad social indígena, el desinterés estatal y las invasiones de no indígenas ambiciosos de tierras siguen minando los territorios.
Algunos de estos espacios delimitados para los pueblos, se mantienen usurpados hasta en un 90% por grandes terratenientes. El incumplimiento de las expropiaciones y el tiempo han generado un caos de ilegalidades dentro de los territorios indígenas de Costa Rica.
Como respuesta, desde hace nueve años los pueblos indígenas han tenido que empoderarse de su autonomía impulsando las recuperaciones de grandes fincas que explotan ilegalmente personas que no son del pueblo para el que se destinó cada territorio.
Es vastamente sabida la conflictividad que esto desencadenó, por irresponsabilidad de los gobiernos que nunca sanearon estos territorios. La recuperación de la autonomía ha costado a los pueblos Bribri y Broran la caída de dos de sus líderes por las balas de los invasores de tierras.
La impunidad judicial que arrastran los asesinatos a sangre fría de Sergio Rojas (2019) y Jerhy Rivera (2020) nos recuerdan los tiempos de la denominada “guerra justa” que apalancaba la Corona Española en 1530 para someter a los pueblos que resistían a sus intereses.
La defensa de la historia, el territorio y los valores de convivencia con la tierra son una causa compartida entre los pueblos indígenas y el movimiento ecologista de Costa Rica. Son grandes los desafíos que asumimos al enfrentar al gran capital que saquea y destruye la naturaleza.
Por lo tanto, este día internacional de los pueblos indígenas, reivindicamos nuestro compromiso social con la lucha de los pueblos indígenas de Salitre, Térraba, China Quichá, Curré, Cabagra y Maleku que recuperan la integridad de sus territorios con acciones colectivas.
En este día, demandamos al Estado la protección total e improrrogable de los derechos de las personas recuperantes, de su integridad física, y el reconocimiento de la autonomía como reivindicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos unimos a las voces, cuerpos y vidas que denuncian la impunidad como una expresión más de violencia contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y del mundo.
El acceso a la justicia es uno de los derechos más flagelados por parte de los Estados. Donde el Estado costarricense no es una excepción.
Esta infografía retoma los distintos aspectos sobre la justicia para los Pueblos Originarios. Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 se superpone a una crisis que ya existía, relacionada con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro país en las últimas décadas. El bicentenario de la Independencia de Costa Rica llega en un momento crítico del devenir nacional.
Las políticas dominantes en el país han favorecido un inaceptable aumento de la exclusión y la inequidad. Presenciamos una actitud depredadora del ambiente y destructora de las riquezas naturales que son parte de nuestros bienes comunes. Se concibe la vida misma desde una óptica individualista y mercantil. Este escenario de exclusión, inequidad y deterioro ambiental se ha agravado con la pandemia de COVID-19.
La creciente desigualdad ha debilitado seriamente el tejido social. El espacio para la deliberación y el diálogo se ha estrechado significativamente. Nos encontramos en una disyuntiva entre la profundización de tendencias autoritarias o la ampliación de la participación ciudadana y popular.
En las últimas décadas se ha consolidado un bloque de poder político y económico alrededor de una propuesta conservadora y regresiva decidido a desarticular la institucionalidad pública gestada en el marco del estado social de derecho. Más de cuatro décadas de evidencia incuestionable demuestran que el camino propuesto por estos grupos solo llevaría a hacer más profunda la situación dramática que ya viven amplios sectores de nuestra población.
Esta crisis de largo aliento ha obligado a reflexionar a escala global sobre los conceptos de desarrollo, progreso y bienestar. Surgen cuestionamientos sobre el destino de las sociedades y las formas de construir entornos que permitan el desarrollo pleno de todas las personas en un contexto de cuidado del ambiente y procura del bien común. Nos encontramos en una encrucijada en la que se están definiendo aspectos esenciales de la vida futura.
En la base del tejido social costarricense y de las organizaciones de la sociedad civil, la actual pandemia ha permitido fortalecer procesos colectivos y comunitarios centrados en visiones generosas y solidarias para la convivencia, el bienestar general, el desarrollo espiritual, y el cuidado de la vida, en armonía con el ambiente. Son estos sectores y estos procesos los que están llamados a marcar nuevos rumbos a nuestro país.
Es necesario que toda esta energía creativa y solidaria lleve a confluencias para posibilitar propuestas en ámbitos muy variados de la vida, las cuales deben venir de
procesos democráticos participativos, construidos desde una amplia base social. En este contexto ha surgido el Foro Confluencia Solidaria.
¿Qué es el Foro Confluencia Solidaria?
Este Foro constituye un espacio amplio para reflexionar y analizar la situación del país, y para gestar opciones dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad que esté marcada por la solidaridad, la equidad, la amplia participación ciudadana, el respeto a la diversidad, la armonía en nuestra relación con el ambiente, la vivencia ecuménica, la dignidad de las personas y, en general, el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Confluencia Solidaria no pretende convertirse en un partido político. Es un espacio para debatir, dialogar, reflexionar, encontrar coincidencias e imaginar el país que necesitamos. Para ello, se propone trabajar, entre otros, en los siguientes ejes temáticos:
(1) Fomento de una auténtica democracia participativa, desde lo local a lo nacional, y con procesos transparentes de permanente diálogo social, en los que participen todos los sectores de la ciudadanía, para definir los rumbos del país. Constitucionalmente Costa Rica es una democracia participativa. El control ciudadano de las autoridades del Estado, conforme al artículo 9 de la Constitución Política, debe ser permanente porque el Pueblo es el Soberano.
(2) Gestación de un sistema tributario justo y progresivo, que garantice que quienes más tienen contribuyan más al bienestar colectivo y elimine la evasión y la elusión fiscales, Para asegurar condiciones de vida digna sin exclusiones de ningún tipo
(3) Protección, defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública y del estado social de derecho, así como de los bienes comunes.
(4) Estímulo al desarrollo de un tejido económico justo, con amplia participación comunitaria en la producción de riqueza en todas las regiones del país, basado en el trabajo digno, procurando la autosuficiencia nacional y la soberanía alimentaria. La economía debe estar subordinada a la ética del bien común.
(5) Defensa del ambiente y gestación de formas armoniosas y equilibradas de relación con el medio natural en el cual se desenvuelve la sociedad, bajo el paradigma del cuidado, en beneficio de las actuales y las futuras generaciones.
(6) Lucha permanente por los derechos de las mujeres, y por su plena igualdad en la vida política, social, económica y cultural del país.
(7) Reconocimiento y valoración del papel social y económico de las actividades y trabajos relacionados con los cuidados de las personas en espacios diversos de la sociedad, haciendo énfasis en el rol central de las mujeres en los mismos.
(8) Consolidación, apoyo y promoción de una cultura centrada en un respeto profundo a la dignidad de todas las personas, basada en la inclusión y el reconocimiento y valoración de la amplia diversidad cultural que caracteriza a Costa Rica.
¿Cuál es la base ética del Foro Confluencia Solidaria?
Confluencia Solidaria se basa en una plataforma ética centrada en la dignidad de las personas y el derecho al desarrollo de sus potencialidades -en un marco de equidad, solidaridad, honestidad, creatividad y cuidado de la vida- como valores esenciales de la sociedad. Es decir, una convivencia social donde los bienes materiales, culturales y espirituales estén al servicio de la satisfacción de las necesidades fundamentales, para la reproducción de la vida humana en comunión con la naturaleza.
Confluencia Solidaria busca catalizar procesos mediante los cuales las diversas iniciativas surgidas desde la base social puedan fortalecerse, relacionarse y cooperar con miras a la gestación de esa sociedad marcada por dichos valores. No pretende cooptar las iniciativas surgidas desde la base social, comunitaria e institucional, sino constituirse en un espacio de profundo respeto a la diversidad de estos procesos y a las propuestas que de ellos surjan. El diálogo fructífero y horizontal, así como la búsqueda de espacios de encuentro en ese marco de respeto, deberán marcar la pauta de esta iniciativa.
Las propuestas, iniciativas y actividades que sean facilitadas por Confluencia Solidaria serán de carácter público y procurarán beneficiar a los sectores, personas y organizaciones que quieran utilizarlas en sus espacios de trabajo, de organización y de reflexión.
Llamado a la construcción de una sociedad justa y solidaria
Las urgencias del presente convocan el acercamiento y la participación de sectores amplios y diversos, los cuales, desde la heterogeneidad de sus experiencias, perspectivas y campos de acción, encuentren caminos para una sociedad justa, digna, solidaria y próspera. Este es el gran reto de las fuerzas vivas y democráticas de la sociedad costarricense. Que la pluralidad de voces de nuestra sociedad se haga escuchar para lograr un nuevo pacto social justo, marcado por la dignidad y la procura del bien común.
En la víspera de la celebración del bicentenario de la Independencia de Costa Rica, invitamos a las ciudadanas y los ciudadanos, y a los sectores y grupos organizados de la sociedad que comparten esta visión de país, para que nos apropiemos de este Foro, y entre todas y todos construyamos una convivencia justa, digna y solidaria.
De acuerdo con su cosmovisión, los Pueblos Originarios de la Zona Sur han construido organizaciones propias y/o formas de autogobierno. Estas son experiencias concretas sobre el ejercicio de autonomía y autodeterminación que además hacen frente a las instituciones impuestas por el Estado costarricense sobre los Pueblos Originarios.
Esta infografía retoma los principales instrumentos jurídicos que reconocen estas formas propias de organización y defensa de los territorios.
Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
#JusticiaParaSergioYJerhy Publicación en Facebook:
La población Maleku agradece a todas aquellas personas que los han ayudado en su lucha por la tierra ancestral.
Si quiere sumarse, puede hacer su donación de:
1.- Semillas 2.- Paquetes de alimentos 3.- Paquetes de limpieza personal 4.- Kit de limpiezam protección contra el Covid 19 5.- Herramientas para agricultura
En coordinación con la ADI Maleku, también puede hacer llegar sus donaciones a la cuenta:
Cuenta Bancaria Banco Nacional de Costa Rica Corriente:100-01-076-002267-8 IBAN: CR14015107610010022679 Sinpe: 8788 4726
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:
Señores y señoras Román Macaya Hayes María de los Ángeles Solís Umaña Fabiola Abarca Jiménez Marielos Alfaro Murillo Christian Steinvorth Steffen Bernal Aragón Barquero José Luis Loría Chaves Maritza Jiménez Aguilar Mario Devandas Brenes Junta Directiva CCSS
Estimados (as) señores (as):
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.
Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.
Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.
Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.
Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales
En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.
La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.
Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.
Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”
Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.
Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.
Reforma del 2017
En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.
Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.
También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.
Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe
Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.
Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”
Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.
Las reformas propuestas
Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.
Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:
Las propuestas para todos los trabajadores del país
Plan 1
– Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2
– Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3
– Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado
Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.
Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.
2.- Disminuir el monto de las pensiones
a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia
En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.
La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.
b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.
El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.
La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.
Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.
3.- Aumento de las contribuciones
Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.
4.- Reducción de la cuantía adicional
El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.
Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.
La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.
Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:
En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.
Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.
Sin otro particular, suscribe atentamente,
P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.
Martha Elena Rodríguez González. Secretaria General Adjunta UNDECA. Comisión Política, BUSSCO.
Copias:
Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica. Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT. Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.MTSS Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS. Movimiento sindical y Social. Trabajadores y trabajadoras. Archivo.
Compartimos la carta abierta que la organización Forest Peoples Programme (FPP) envía a las autoridades de Costa Rica, llamando la atención no solo sobre el incumplimiento de las Medidas Cautelares impuestas a Costa Rica, sino sobre la impunidad alarmante y la inacción de los órganos de justicia que deben velar por su cumplimiento. FPP es quien representa a los beneficiarios de las Medidas Cautelares, bribris de Salitre y brörán de Térraba ante la CIDH.
Ante nuevos hechos violentos en Crun Shurin, Territorio Bröran de Térraba, al Sur de Costa Rica
A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH A la opinión pública nacional e internacional
Después de emitida la ALERTA TEMPRANA del FRENAPI el día de hoy 27 de julio del 2020 a favor de recuperantes indígenas malekus y los Pueblos Indígenas en Costa Rica, en horas de la tarde, se reportan nuevos hechos violentos que colocan, una vez más, a recuperantes indígenas en Crun Shurin bajo grave amenaza.
En horas de la tarde de hoy 27 de julio del 2020, familiares de la usurpadora Hilda Granados, ingresaron ilegalmente a la Finca recuperada, negándose a retirarse del lugar y removiendo con maquinaria pesada una buena porción de tierra y árboles en el margen del Río Escuadra, colindante con el Río Térraba.
Además de la invasión y daños ambientales ocasionados, un hombre que acompañaba a la usurpadora Hilda Granados, amenazó de muerte a los recuperantes bröran Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte, amenaza que lanzó incluso jactándose de que recibiría una compensación por la muerte de ellos. Varios testigos se encontraban presentes.
En esta AMPLIACIÓN DE ALERTA TEMPRANA reiteramos la necesidad del cumplimiento de las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.
Recordamos que la solicitud ante la CIDH fue motivada por el alto nivel de violencia en los Territorios de Salitre y Térraba por el Conflicto Tierra/Territorio y la persecución contra los defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sibas Sibas, compañeros de la Coordinación de este Frente. Desde entonces ambos eran objeto de actos de violencia y amenazas de muerte. Después de análisis, en el 2015 la CIDH estableció que las personas indígenas de estos Territorios “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. A la fecha esta afirmación persiste, y queda demostrada con el más alto nivel de violencia ante el ASESINATO, el 18 de marzo del 2019, de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW); y el ASESINATO del líder indígena Jery Rivera Rivera bröran de Térraba el 24 de febrero del 2020. Cada ASESINATO contra un miembro de los Pueblos Indígenas beneficiaros de las Medidas Cautelares.
Ante el incumplimiento efectivo de las Medidas Cautelares y la falta de voluntad estatal/gubernamental para el saneamiento territorial, responsabilizamos al Estado costarricense y al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada por los daños ambientales sufridos, por los hechos violentos del día de hoy y cualquier otro que pudiese suscitarse en las Fincas recuperadas en los Territorios Maleku y Térraba, y/o contra nuestras/os compañeras/os y personas defensoras de nuestros derechos, solidarias con nuestra Lucha.
Ampliamos la ALERTA TEMPRANA del día de hoy 27 de julio del 2020, denunciando los nuevos hechos violentos contra las personas indígenas recuperantes de la Finca Crun Shurin. Recalcamos que la emergencia sanitaria que enfrenta el país, NO justifica la indiferencia hacia nuestros Territorios, máxime que desde mucho antes de la existencia del COVID-19, tanto nosotras/os como indígenas en Costa Rica como nuestra Madre Tierra, ya enfrentábamos la violencia sistemática que hoy persiste y aumenta.
27 DE JULIO, 2020 ¡NO MAS IMPUNIDAD! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE! FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
ALERTA – USURPADORES INVADEN CRUN SHURIN EN TÉRRABA. – AMENAZAN DE MUERTE A RECUPERADORES
Lunes 27 de julio de 2020. Desde antes del medio de hoy 27 de julio, una usurpadora, su pareja e hija, introdujeron maquinaria pesada en el terreno recuperado Crun Shurin en el territorio de Térraba.
Las personas invasoras metieron un tractor y removieron la vegetación y suelo, afectando aproximadamente media hectárea, además cortaron varios árboles y vegetación en la margen del Río Grande de Térraba.
Las y los recuperadores Brorän de Crun Shurin se hicieron presentes reclamando sus derechos, la maquinaria fue retirada; pero al ser las 3:00 de la tarde las personas no indígenas invasoras se niegan a salir del terreno recuperado. En el lugar se encuentran 2 oficiales de la Fuerza Pública.
Aproximadamente a las 2:30 p.m, el hombre invasor le dijo a los recuperadores Brorän Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte «que a él le daban un premio si los mataba».
El terreno directamente afectado es el de Vinicio Navas Nájera, la invasión y destrucción se dio en la parte colindante con el Río Térraba, ubicada 50 mts Norte del puente sobre el Río Escuadra.
Las y los Recuperadores Brorän de Crun Shurin, exigimos del Estado de Costa Rica:
El retiro inmediato de quienes ocupan ilegalmente el Territorio Térraba.
Se realicen las investigaciones administrativas y judiciales pertinentes (MINAE y Poder Judicial) para establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes por los daños ambientales, amenazas y otros posibles delitos.
Aumentan las amenazas, asedio e intimidación de finqueros contra familias malekus recuperantes en Conflicto por Tierras/Territorio
A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH A la opinión pública nacional e internacional
El domingo 26 de julio del 2020, en horas de la noche se reportan nuevas acciones de intimidación por parte de finqueros contra las familias recuperantes malekus.
Un grupo de aproximadamente 60 personas No Indígenas se presentaron en horas de la noche a cortar alambrado colocado por recuperantes indígenas, también se reportan nuevas amenazas y amedrentamiento.
Este hecho no es una situación aislada, desde el 12 de julio del 2020 este Frente recibió la Acción Urgente, difundida por la Comisión Coordinadora y Facilitadora (COCOFA) del Congreso Indígena Nacional (COIN), informando “amenazas de agresión por parte de finqueros No Indígenas, que se reclaman “dueños” de las al menos 5 Fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio”.
Para el 13 de julio del 2020, el FRENAPI corroboró la recuperación de al menos 7 Fincas, y mediante ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020, informó que la acción de las familias recuperantes malekus representa la mayor cantidad de fincas recuperadas simultáneamente en un Territorio Indígena, distribuidas en varios lugares del Territorio Maleku lo que indica que la Comunidad entera se ve involucrada.
Este Frente reitera que el modus operandi de los No Indígenas, -aprendido de personas finqueras usurpadoras de mala fe del Sur-, consiste en aprovechar la noche, fines de semana, feriados, las distancias geográficas, la negligencia policial y en este momento, hasta las medidas restrictivas por la pandemia. NO es casualidad que las nuevas acciones de intimidación y amedrentamiento se dieran la noche de un domingo de “fin de semana largo”.
Reconocemos el derecho de las familias malekus recuperantes a tomar sus Tierras/Territorios establecidas así por la misma Ley costarricense. También, reiteramos que los Tribunales de Costa Rica (Agrarios y Contencioso) han establecido que los No Indígenas que posean de Buena fe, pueden ser indemnizados en el tanto reúnan las condiciones/requisitos legales para ello. Las soluciones que ejecute el Estado/Gobierno costarricense, NO deben permitir la indemnización de las persona poseedoras de mala fe. Lo contrario, como lo hemos afirmado antes, representaría un estímulo para nuevas usurpaciones bajo la promesa de que un hecho delictivo, además de quedar impune, será indemnizado.
Con esta nueva ALERTA TEMPRANA, reafirmamos la ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020 a favor de las acciones de recuperación de las familias malekus y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
A la Comunidad Internacional, Organismos de DDHH y las Organizaciones Sociales solidarias con la Lucha Indígena, les reafirmamos nuestra solicitud para que acompañen nuestra Causa e intercedan ante el Estado/Gobierno Costarricense para que se actúe con prontitud, impidiendo que las personas finqueras usurpadoras e invasoras continúen ejerciendo violencia contra personas indígenas recuperantes, se detenga la ocupación ilegal en el Territorio Maleku y en los demás Territorios Indígenas en Costa Rica. Asimismo, reiteramos que responsabilizamos al Estado/Gobierno costarricense de cualquier agresión en contra de las familias recuperantes malekus.
¡NO MAS IMPUNIDAD! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE! FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
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