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Etiqueta: lucha social

Las mujeres del campo y el coronavirus

Los robles de sabana están en flor, en toda su belleza, los mangos también están en flor y los árboles de mayo, igual que otros en el norte y en el sur. Para nosotras ver los árboles en flor con sus distintos tonos de rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es hermoso. Podríamos disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan peligrosa y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que hemos tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y la Asociación Tinamaste.

Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia, el comportamiento del virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay muchísimos sobre el tema y no podemos ni siquiera tratar de leer lo que sale y al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque tenemos que seguir trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy escasa.

Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre social y sobre todo de salud, y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que la pandemia nos debe hacer pensar que tenemos que salvarnos juntos o no nos salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen.

Porque esta descomposición global, es resultado de un planeta enfermo y una sociedad enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque vendrán muchas más si no cambiamos.

Queremos plantear una vez más que esta situación no es resultado solo del virus como tal, ni que se resolverá una vez controlado el virus. Por eso queremos plantear y denunciar varios asuntos.

La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de manifestaciones diversas, y podemos decir que todas agravan la discriminación que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta sociedad nos afectan, pero se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de esa calle que nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del encierro de las mujeres. Esta situación además pone a las personas en una dependencia aún mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la población tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas posibilidades de comunicación.

Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de información lo que vea en la televisión, en los noticieros que siempre nos han desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el equipo necesario para poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población podrán buscar diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. No es cierto que tengamos las mismas posibilidades.

Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación actual. Pero se nos presentan también otras muchas manifestaciones que evidencian que no todas y todos lo estamos viviendo de la misma manera. Suena fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no pueden pensar en cómo vivimos la mayoría de la población que vivimos con lo que nos ganamos al día.

Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos populares también) complementan sus ingresos con el trabajo doméstico en otras casas de otras familias. Aquí se presentan pocas opciones para aislarse y no entrar en contacto con otras personas, como pueden hacerlo familias de capas medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las mujeres trabajadoras domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la alimentación de las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con otras personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho mayores. Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las basuras de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen desechos de hospitales.

Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los centros de población a vender productos de los patios o parcelas, o productos procesados. El sistema capitalista neoliberal nos ha querido desaparecer como mujeres campesinas e indígenas, como familias y pueblos indígenas y campesinos, pero aún no lo lograba totalmente. La economía local se ha resistido a desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy denunciamos que bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres que requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas nosotras estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de leche y confites de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender a otras mujeres y eso ya no lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta de alimentos en los supermercados, por supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o será otra manifestación de discriminación de clase? Mientras en los espacios de las grandes discusiones se reconoce cada vez con más frecuencia que la producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran dilema, cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población sin entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos terrestres, marítimos o aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense todavía no se entera que debe fortalecerse la producción y el mercado de productos nacionales y dejar de perseguir a las mujeres que con sus productos somos parte de la cadena de los mercados locales. Las grandes empresas que han venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el apoyo estatal, están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras ya reducidas economías para terminar de matarnos.

¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio? ¿Será que se puede escoger entre no hacer las ventas o morirse de hambre? La solidaridad se debe practicar con el consumo de productos locales, no con la persecución.

Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el consumo de nuestros alimentos.

Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que nos puede dar alguna enfermedad mortal, pero las cadenas comerciales si están haciendo billetes. Meterle miedo a la gente da buenos resultados a los grandes negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y nuestras formas de sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución social.

Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de la población, las familias en zonas transfronterizas ven profundizarse las discriminaciones por su condición de pueblos transfronterizos. Estas fronteras establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se ubicaron en esas zonas. Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del trabajo que realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera, o a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares al otro lado de la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la frontera, y no pueden asistir a sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y con qué alimentar a sus familias. ¿Será el coronavirus es la amenaza mayor? ¿O la imposibilidad de comer? Por otra parte, las mujeres de los territorios indígenas, donde el Estado no ha procedido a dar ni un solo paso real para la defensa de los territorios y la protección de las poblaciones violentadas por los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por el virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del asesinato de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera, ambos dirigentes indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea, los intereses de los finqueros racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se han impuesto con la protección del Estado costarricense. ¿Y la seguridad de las comunidades indígenas? ¿Y la aplicación de la ley y de las medidas cautelares de protección a las comunidades indígenas dónde queda? En estos momentos los finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad.

Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en espacios privados y robar objetos, amenazar de muerte y violación a las mujeres. Se prevé que el encierro en las casas va a provocar más violencia en las familias y como mujeres debemos acompañarnos para que eso no suceda, pero ¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en los territorios indígenas?  Todas estas manifestaciones de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que vivimos. Por décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción industrial como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía empleo y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos llenaron de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos dieron trabajos mal pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos dijeron que eso era más limpio.

Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría industrial de animales confinados y la destrucción de la Naturaleza, permiten la transmisión global de las enfermedades; la pérdida de la biodiversidad ha anulado barreras planetarias para responder ante virus y bacterias.

Además, sabemos que la producción industrial de alimentos nos ha quitado los alimentos saludables y diversos y todo ello se sostiene con la concentración de la tierra y otros bienes como agua y semillas. Nos plantean el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas vías para salir de la crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua limpia, si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener altas las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta adecuada, diversa y suficiente.

Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de cambiar estas relaciones de concentración económica, de concentración de la tierra. La diversidad de alimentos saludables y su producción solo puede estar en manos de la producción campesina. Se siguen gastando grandes cantidades de recursos públicos en prevención, contención y tratamiento, pero no se menciona ni una sola medida para cambiar las causas de tanto desastre.

Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola. Ante la crisis de salud, de alimentación y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción. Solo promoviendo la producción campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma de ser y otra forma de estar en el planeta.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
ASOCIACION TINAMASTE
20 de marzo de 2020



Continúan agresiones en territorios indígenas

La Coordinadora de Lucha Sur Sur informa:

El domingo 15 de marzo en la comunidad conocida como la Fortuna de Salitre, al ser las 10 a.m., dos indígenas fueron atacados y amenazados.

El agresor se presentó al terreno donde los indígenas se encontraban y les amenazó y les comenzó a perseguir, a uno de los indígenas le rasgo la camisa con un machetazo, y antes de irse les dijo que los iba a estar esperando.

Los agredidos llamaron a la Fuerza Pública, cuando llegaron el agresor ya se había ido.

El agresor es reincidente en molestar, hostigar y amenazar a los indígenas y a sus familias, por lo anterior ya tenía medidas cautelares de no molestar, ni acercarse a las víctimas, sin embargo, constantemente incumple esas medidas.

La impunidad ante la violencia, agresiones y amenazas sufridas por los Pueblos Originarios es responsabilidad del Estado por omisión y ha estimulado la ola de violencia incontrolada contra estos pueblos, que se ha incrementado en los últimos días.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur, recuenta 4 incidentes contra los pueblos originarios de la Zona Sur en la semana del 9 de marzo al 15 de marzo. Los incidentes se exponen a continuación:

  1. El jueves 12 de marzo, alrededor de las 4:30 p.m. personas recuperadoras cábecares de China Kichá identificaron un nuevo incendio en el terreno recuperado Sá Ka Duwé Seneglo.
  2. El viernes 13 de marzo las y los recuperadores cábecares de China Kichá informan de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad a lo largo de la semana.
  3. El viernes 13 de marzo, alrededor de las 9:30 p.m, las personas recuperadoras cábecares de China Kichá identificaron un olor muy fuerte y molesto en las recuperaciones de Sekerá Kaska y Sá Ka Duwé Senagló. El olor fue identificado como un químico tóxico, que afectó la salud de Ias y los recuperadores.
  4. El sábado 14 de marzo el Consejo Ditsó Iriria Ajkónuk Wakpa de Salitre comunica públicamente que el pasado 4 y 7 de marzo el recuperador Bribri de Salitre, Minor Ortiz Delgado, recibió información de fuentes confiables sobre una amenaza de muerte a él y su madre, Mariana Delgado Morales, por parte de un usurpador conocido.

 

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Comunicado CIDH: Aniversario asesinato de Sergio Rojas

Hacemos de conocimiento público esta carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el aniversario del asesinato de Sergio Rojas. La carta fue recibida por la CIDH con otras como parte del expediente de las medidas cautelares.

La CIDH por su parte hizo este comunicado público.

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

Enviado por Marcos Guevara.

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Bloque Verde: impunidad a 1 año del asesinato de Sergio Rojas

El día de hoy amanecieron las fuentes de la capital teñidas de rojo, recordando el asesinato político del líder indígena bribri del clan Uniwak del territorio de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, asesinado en su propia casa con la complicidad del Estado costarricense, con un Gobierno incapaz de resolver la usurpación de los territorios indígenas y de hacer valer la justicia. Este 18 de marzo se cumplió 1 año de este asesinato, el cuál continúa en total impunidad.

Actualmente los territorios indígenas de China Kichá, Térraba, Salitre y Cabagra, todos en la zona sur del país, siguen siendo amenazados y sufriendo violencia permanente, a tal punto que el pasado 24 de febrero fue asesinado también el líder índigena Broran del territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, en defensa de su autonomía, su territorio y sus derechos.

#NoMasImpunidad  #SergioVive #LaLuchaSigue

Ver galería:

Enviado a SURCOS por Angélica Alvarado.

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FRENAPI: 1 AÑO DEL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ

¡JUSTICIA YA! ¡NO MÁS IMPUNIDAD!

Según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N°6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

La Tierra/Territorio es trascendental para los Pueblos Indígenas. Según nuestra cosmovisión, el agua, la tierra, el aire, los ríos, bosques y recursos naturales representan claves para nuestro Buen Vivir. Estos elementos, se encuentran entrelazados espiritualmente y son sagrados, para el uso sano y convivencia armoniosa con las personas; por lo tanto, no son objeto de comercio.

Hay intereses, desde varios sectores, en nuestra Tierra/Territorio. Donde están ubicadas/os, en su mayoría, tienen una gran riqueza natural. Son áreas de interés, principalmente, para sectores finqueros/terratenientes que han hecho caso omiso de la Ley y avanzan apoderándose violentamente de los Territorios, con engaño y con otras formas de violencia.

Nuestros Territorios, también son codiciados por transnacionales agroindustriales, proyectos hidroeléctricos, megaproyectos turísticos, ganaderos, madereros y otros. El poder económico y político de la zona se asienta en una fuerte construcción racista, discriminatoria y opresora de las poblaciones indígenas y nuestros derechos, lo que refuerza la violencia sistemática contra todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

La situación histórica y permanente de vulneración de los derechos de los Pueblos Originarios, NO ha traído beneficios a nuestro proyecto de vida y autonómico. De manera incansable, hemos luchado (y lo seguiremos haciendo) para que la población No Indígena respete que este proceso debe ser construido desde los Pueblos Indígenas, NO desde afuera.

La complicidad constante del Estado/Gobierno costarricense, bloquea el cumplimiento de nuestros derechos indígenas, entre los que destacamos el NO reconocimiento efectivo de nuestra Tierra/Territorio. La inacción del Estado, y sucesos violentos como el desalojo de las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 10 de agosto del 2010, orilló a que este FRENTE dejara de desplazarse a la Capital a “mendigar” espacios de escucha con el Gobierno/Estado. En su lugar, se acordó mantener la lucha por la causa indígena construida desde nuestra autonomía y ejecutada desde nuestros Territorios/Comunidades.

Desde entonces, nuestra lucha se ha concentrado en el PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA); capacitaciones a nuestras comunidades en Derechos Humanos, leyes e instrumentos internacionales; y la construcción, establecimiento y formalización de autoridades y organizaciones propias autónomas frente a las impuestas por el Estado (como por ejemplo el Concejo de Mayores/as, y el reciente Congreso Indígena Nacional –COIN-).

Reclamar nuestra Tierra/Territorio y el respeto por nuestra autonomía, ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica seamos perseguidos, criminalizados, agredidos y asesinados. Siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales, han quedado en la total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas. NO ha existido justicia pronta ni cumplida a nuestro favor.

Desde el 18 de marzo del 2019 este FRENTE denuncia uno de los hechos más lamentables para nuestra lucha. Hace un año, este FRENTE y todos los Movimientos solidarios con nuestra causa, fuimos golpeadas/os e invadidas/os por un profundo sentimiento de tristeza e indignación frente al cobarde ASESINATO de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). A un año de este hecho, seguimos denunciando su impunidad. Al momento, se desconoce algún avance judicial.

Nuestro compañero Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado/Gobierno costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio. Situación que lamentablemente se repite con el reciente ASESINATO del compañero Jehry (Yeri) Rivera Rivera el 24 de febrero del 2020, compañero indígena Brörán, recuperante y Defensor de Derechos Indígenas.

Estos últimos 20 días, las/os finqueras/os permanecen y circulan en los territorios indígenas, con sus vehículos de doble tracción, maquinaria pesada y armas, que utilizan para amedrentarnos, amenazar y agredir a las familias indígenas. Ejemplo de ese “control” territorial, es lo sucedido el 06 de marzo 2020, cuando atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía, con lo que “cercaron” a las/os compañeras/os de las Fincas Recuperada. Posteriormente, el 13 de marzo del 2020, intentaron asesinar a indígenas en este mismo territorio rociando un fuerte químico en terrenos recuperados.

Ante la situación del planeta afectado por el COVID-19, que requiere de nuestra solidaridad en cuanto a evitar aglomeraciones y contribuir a no expandir el virus en las mismas Comunidades, implicó la decisión de suspender Actividades de Memoria del ASESINATO en San José (Vigilia 17 marzo en Bulevar de la Corte) y la presencia de Movimientos solidarios con nuestra causa en la Ceremonia Bribri, en Yeri de Salitre (casa de Sergio donde fuera ASESINADO).

Alertamos que nos preocupa que las personas No Indígenas agresoras, aprovechen la situación actual generada por el COVID-19, en la que el Estado/Gobierno tiene toda la atención y recursos centralizados en la intención de contención de esta enfermedad; para perpetrar nuevas agresiones (como ha sucedido antes durante fechas festivas, feriados, en general, fechas de distracción nacional). Queremos recalcar que nuestro reclamo y exigencia de Justicia y No Impunidad siguen firmes frente al Estado/Gobierno costarricense, primer responsable del ASESINATO de Sergio hace un año, del ASESINATO de Yeri el pasado 24 de febrero y de TODA la escalada de violencia contra las Comunidades Indígenas.

Los crímenes en nuestra contra, demuestran la incapacidad e ineficiencia del aparato estatal para garantizar la vida y los demás derechos de nuestros Pueblos, lo que se traduce en una omisión grave y conforman responsabilidad directa de esta violencia e impunidad.

Recordamos que existen amenazas directas de asesinato en contra de nuestras/os compañeras/os recuperantes pertenecientes a varios Territorios (especialmente de Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá). Sumado a esto, en ciertos medios de prensa y en Redes Sociales han circulado publicaciones malintencionadas que incitan al odio y a la violencia étnica, así como campañas en contra de activistas defensoras/es de los Derechos Humanos.

Denunciamos una vez más que, la acción gubernamental sigue siendo poco efectiva para garantizar el ejercicio de nuestros derechos indígenas, incluso de nuestros Derechos Humanos más elementales como lo es nuestra vida. En las comunidades indígenas del sur de Costa Rica, se habla de la injerencia de “escuadrones armados”, pudiendo algunos de ellos tener vínculos con el narcotráfico.

Llamamos a la Comunidad Nacional e Internacional, a los Organismos de DDHH de la ONU y del Sistema Interamericano de DDHH, a estar pendientes de esta situación de violencia grave en que se encuentran los Pueblos Indígenas en Costa Rica, y les solicitamos dirigirse a las Embajadas de nuestro país, a los representantes diplomáticos y a los miembros de los Poderes del Estado de Costa Rica a solicitar que se emprendan acciones concretas prontas e integrales, para impedir nuevas agresiones y nuevos asesinatos, y se inste a desmontar los grupos violentos que impiden el ejercicio de Derechos Humanos, sin que queden en la impunidad, como hasta ahora lo están.

Asimismo, exigimos respuestas claras del Estado costarricense sobre la investigación del ASESINATO de Sergio Rojas (a un año de este vil hecho), que se acaten las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH desde el 2015, y que se tomen medidas de protección especial para testigos y defensoras/es Derechos Humanos que se encuentran bajo amenaza.

¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!

¡JUSTICIA YA!

¡NO MAS IMPUNIDAD!

SERGIO Y YERI VIVEN

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

18 DE MARZO, 2020

 

Enviado por Suyen Vega y Henry Picado.

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A un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz FRENAPI pide justicia

Costa Rica: Actúe este 17 y 18 de marzo:

1) Coloque el marco «1er. Aniversario Sergio Rojas Ortiz» a su foto de perfil.

2) Twittee en estos días #NoMasImpunidad #SergioVive #LaLuchaSigue

Recordemos que se cumple un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder en el Territorio Indígena de Salitre y coordinador de FRENAPI y exijamos

#NoMasImpunidad #JusticiaparaSergio #JusticiaparaJerhy #JusticiaPueblosIndígenas

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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La Mesa Nacional Indígena denuncia:

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica

Tentativa de Asesinato Colectivo a Recuperadores y Recuperadoras de Tierras Indígenas

“Ayer 13 de marzo de 2020, a eso de las 9:40 de la noche, personas desconocidas con premeditación y alevosía intentaron asesinar a indígenas cabécares en fincas recuperadas por ellos, en el territorio de China Kichá, ubicado en el distrito La Amistad, Pejibaye, cantón de Pérez Zeledón. Informan los y las cabécares de China Kichá, que personas sin identificar rociaron un fuerte químico en tierras recuperadas con la finalidad de envenenar a la población. Aproximadamente 15 indígenas sufrieron náuseas, vómitos y adormecimientos de partes de sus cuerpos, y fueron atendidas por la Cruz Roja, destacada en el lugar. El hecho fue conocido por el cuerpo de seguridad pública destacada en el territorio”.

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica «MNICR

• Condena y repudia el premeditado y alevoso intento de exterminio colectivo de los y las hermanos indígenas del pueblo Cabécar de China Kichá.

• Exige al Gobierno de la República, al Poder Judicial, a la Fiscalía Indígena, el esclarecimiento urgente de los hechos, el enjuiciamiento y castigos a los autores intelectuales y materiales.

• Pedimos la toma urgente de medidas concretas y efectiva para resguardar la integridad física de todos los hermanos y hermanas Indígenas.

• También la toma urgente de medidas claras, concretas y efectivas para devolver la totalidad de sus tierras a las y los hermanas cabécares de China Kichá, y dar seguridad jurídica para su uso y disfrute.

Dado en la ciudad de San José, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veinte”.

Memoria / Homenaje 1er aniversario del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

El Frente Nacional De Pueblos Indígenas convoca a Vigilia para conmemorar la vida de Sergio Rojas Ortiz a un año de su asesinato. El evento se llevará a cabo el 17 de marzo a las 4 p.m. en el Bulevar de los Tribunales de Justicia en San José.

La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza se une a esta convocatoria.

Contacto e información al teléfono: 8302 2360 con Mariana Porras del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, integrante de COECO Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica.

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) por su parte, también participará de este homenaje a Sergio Rojas, líder indígena bribri del clan Uniwak, y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, Costa Rica.

El DEI manifiesta que: “Se cumple ya un año de su asesinato sin que a la fecha se haya hecho justicia para Sergio y los pueblos indígenas. La violencia en #CostaRica en territorios indígenas no ha disminuido; ha ido en incremento. Continúan las amenazas directas e indirectas a las comunidades indígenas, la quema de sus bienes, territorios y viviendas, y el permanente amedrentamiento por diferentes vías.

En este contexto de persecución y violencia contra personas defensoras de territorios y derechos humanos, nos parece urgente y necesario unirnos como organizaciones y denunciar también el papel de la prensa y la cobertura mediática que, en su mayoría, propaga discursos racistas y criminaliza la legítima lucha indígena por la autonomía y respeto a los territorios.

Nos causa alarma que recientemente fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera, brörán de Térraba.

No podemos ser indiferentes frente a la injusticia.

Nos vemos en la vigilia del martes. ¡Justicia! ¡No más impunidad! Nos encontramos de 4 p.m. a 6 p.m. en el boulevard de los Tribunales de Justicia en San José centro”.

 

Enviado a SURCOS por Suyen Vega.

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El asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: breve puesta en perspectiva

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El 24 de febrero del 2020, Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena costarricense de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase  nota de prensa del medio digital Delfino.cr y esta nota publicada en el Semanario Universidad.

La noticia fue inmediatamente referida en distintos medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, está muy completa nota publicada en The Guardian en el Reino Unido.

En menos de un año, dos asesinatos de dirigentes indígenas en Costa Rica

La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro dirigente indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras).

Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (Nota 1). Varios de estos requerimientos solicitados por Naciones Unidas, hechos en marzo del 2019, buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos).

El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el dirigente indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: sobre este aspecto particular, remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en este mismo sitio (Nota 2), en la que analizábamos los alcances de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.

Cabe señalar que, a diferencia de muchos otros Estados del hemisferio, raras veces Costa Rica ha recibido solicitudes de esta naturaleza por parte de un órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tendientes a preservar y a resguardar la vida y la integridad física de un dirigente costarricense.

Identificar responsables de asesinatos de líderes comunitarios: ¿una tarea imposible para el Estado costarricense?

Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.

Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.

La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses): sus legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.

Cabe precisar que unos pocos días antes del 24 de febrero en que murió Jerhy Rivera, la prensa internacional refirió – la nacional, mucho menos – a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase nota de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de monitorear y analizar datos en esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.

En declaraciones públicas, la máxima representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:

Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos“.

Por su parte, en medio del repudio generalizado que ha causado en la sociedad costarricense este segundo asesinato de un líder indígena en Costa Rica, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR) decidió, en un pronunciamiento con fecha del 27 de febrero (véase texto completo):

Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica“.

Se trata de manifestaciones y de pronunciamientos de diversas entidades, cuyos contenidos recuerdan exactamente los que habían circulado en el 2019 con ocasión del asesinato de Sergio Rojas, reiterando nuevamente al Estado costarricense cumplir con sus obligaciones y con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. No obstante, y a modo de posibles vías a explorar, dejaremos en las líneas que siguen algunas ideas sobre los vacíos existentes, que bien podrían inspirar algunos cambios en la legislación costarricense aplicable a actos de esta naturaleza.

A modo de conclusión

El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción penal relativo a la incitación al odio en contra de un determinado grupo. La incitación al odio ha sido incorporada jurídicamente en diversas latitudes (Nota 3), pero a la fecha Costa Rica adolece de este delito en su legislación penal. Se trata de un persistente vacío legal, detectado y señalado como tal en diversos informes de entidades internacionales a la hora de examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la gran facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.

La muerte de dos dirigentes indígenas en menos de un año entre el 2019 y el 2020, la organización de una marcha xenófoba contra los migrantes nicaragüenses por vez primera en un parque capitalino costarricense a mediados del 2018, así como un discurso particularmente discriminante e hiriente contra la población sexualmente diversa, escuchado durante la campaña electoral del 2018 son, entre muchos otros, elementos que debieran de orientar esfuerzos tendientes a frenar el ímpetu de algunos sectores contra un determinado grupo de la sociedad costarricense.

Como bien se sabe, una retórica de odio, en determinadas circunstancias, puede llevar a una atmósfera de violencia en la que algunos sectores consideren que hay que pasar a algo más que simples amenazas. No obstante lo dicho anteriormente, pareciera que el ordenamiento jurídico costarricense no prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que hayan sido objeto, de forma recurrente, de ataques, de intimidaciones o bien de amenazas de muerte.

A ese respecto, vale la pena mencionar otro hecho violento que mantiene en vilo a varias organizaciones sociales y ecologistas costarricenses ante la total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013: cabe precisar que Jairo Mora contabilizaba desde varios años con su grupo de voluntarios los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense, pretendida para desarrollar varios megaproyectos. La tesis oficial según la cual solamente hueveros y contrabandistas tenían interés en eliminarlo físicamente, externada a pocas horas de su muerte por el mismo Vicepresidente de Costa Rica (sin mediar investigación alguna) constituye una interesante aseveración que nos permitimos cuestionar, al conmemorarse en el 2018, cinco años de la muerte de Jairo Mora (Nota 4).

La impunidad que se mantiene ante estos y varios otros episodios de violencia demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr frenar a algunos sectores y prevenir su peligrosa retórica discursiva; así como identificar nuevos mecanismos que permitan a los investigadores remontar la cadena de mando que incluya a los verdaderos responsables de este tipo de asesinatos.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., “Asesinato del líder indígena Sergio Rojas en Costa Rica”, Portal Noticias UCR, Sección Voz Experta, edición del 29.05.2019, disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, DerechoalDia, edición del 16.05.2015, disponible en este enlace .

Nota 3: Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas) El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión“.

ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión“.

Nota 4: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta breve nota nuestra al respecto: BOEGLIN N.A cinco años de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder“, Elpais.cr, edición del 1.06.2018, disponible en este enlace.

 

Enviado por Henry Picado.

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