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Etiqueta: Luis Paulino Vargas Solís

“Pobreciticos los ricos: démosle una manita”

Luis Paulino Vargas Solís

Eso es lo que, por estos días, dicen varias fracciones en la Asamblea Legislativa.

Podríamos decir que la historia empezó con el asunto de que la Unión Europea puso a Costa Rica en una tal “lista gris”, como un país cuya legislación facilita el fraude tributario. Pero, en realidad, el cuento dio inicio varios meses antes de eso, en relación con resoluciones judiciales que ordenaban que, cuando un inversionista o una empresa domiciliada en Costa Rica invierten en el extranjero capitales originados en nuestro país, necesariamente debía tributar sobre las ganancias obtenidas, una vez que estas fueran repatriadas. Ya entonces algunos diputados -entre ellos, Eli Feinzaig- mostraron su enojo ante tales sentencias, y amenazaron: “esto no se queda así”.

Vino luego lo de la famosa “lista gris” y la cosa pintó lo que se dice “miel sobre hojuelas”. O sea, el pretexto perfecto: “vamos a hacer como que estamos corrigiendo el problema que molesta a Europa y, de paso, metemos el golcito que tanto nos interesa”.

Dicho y hecho: ahí tenemos -respaldado por lujosa mayoría legislativa- el proyectito que dice que, si una corporación transnacional repatría hacia Costa Rica ganancias obtenidas fuera, deberá tributar, pero que si es una empresa o un ricachón costarricense, pues no: aunque los capitales hubiesen sido originalmente obtenidos en Costa Rica y solo después de eso invertidos en el exterior, de todas maneras se les exime de pagar.

Bonita cosa: no solo es la alcahuetería sino que, además, se crea un incentivo para invertir fuera, en vez de impulsar la producción y crear empleos en nuestro propio patio.

¿Será que don Rodri –“el que se come las broncas”- a va a vetar este proyecto? Al principio ponía cara de bulldog, pero últimamente se le vio carita de pequinés maltés. Como que ya no le molesta tanto la idea ¿Será que algunos de sus amigos le llegaron a hablar al oído, y el hombre no pudo evitar enternecerse?

Pero, por favor, no olvidemos los enormes portillos que se han abierto en zonas francas, gracias a lo cual empresas que siempre funcionaron bajo el régimen impositivo tradicional, ahora se metamorfosean como “empresas de zona franca” y pasan a gozar de la ambrosía de los privilegios tributarios.

Es claro que los ricos de Costa Rica disfrutan de una inmejorable red de cuido.

¡Qué vergonzoso, ministra Müller!

Por Luis Paulino Vargas Solís

Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:

1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.

2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.

3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.

4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.

5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.

6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.

7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.

Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Mentiras oficiales sobre la situación financiera de la Caja

Luis Paulino Vargas Solís

Afirmar que esta «quebrada» y, sobre esa base, posponer, y hasta cancelar, inversiones necesarísimas en hospitales, EBAIS, equipamiento médico, etc.

¿Qué base hay para tan monumental desatino? Al parecer un informe actuarial tremendamente defectuoso y cuestionable. Así lo hizo ver la OIT y a eso me refiero en este video.

O sea: tremenda falta de seriedad y de respeto.

¿Privatización del BCR? No permitamos que nos vean la cara de idiotas

Luis Paulino Vargas Solís

Los argumentos oficiales para justificar la propuesta de privatización del Banco de Costa Rica (BCR), son tan poco serios, que resultan un verdadero insulto a la inteligencia de la ciudadanía costarricense.

Ni nos sobran bancos públicos, ni es cierto que un BCR privatizado será de más provecho para Costa Rica. Toda la evidencia demuestra que los bancos públicos aportan al desarrollo y la equidad mucho más que los privados, pero, además, son más eficientes. Eso explico en este vídeo:

https://fb.watch/mqqaJToaug/?mibextid=Nif5oz

Las finanzas de la Caja y las truculencias de Chaves y Esquivel

Luis Paulino Vargas Solís

El informe de la OIT sobre las finanzas de la Caja (“Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”), confirma conclusiones a las que yo había arribado por mi cuenta, incluyendo cuestiones que publiqué en esta página de Facebook.

1) Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han sustentado públicamente una posición basada en un informe actuarial sumamente defectuoso e incoherente, cuyas conclusiones, totalmente fantasiosas e injustificadas, son síntoma de una de dos cosas, o quizá de ambas combinadas: a) negligencia e impericia por parte de quienes lo elaboraron; b) manipulación deliberada de los datos.

2) La directora actuarial, responsable de semejante esperpento, debería ser separada de su cargo y sancionada. En vez de eso -y como parte de la corrupta red de cuido de Chaves y Esquivel- ha sido graciosamente premiada.

3) No es cierto que los estados financieros de la Caja no sean confiables. Esa es otra información falaz que Chaves y Esquivel han reiterado. Toda la evidencia disponible, proveniente de auditorías independientes, ratifican que esos estados financieros “…presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera del Seguro de Salud” (página 16).

4) Desde el punto de vista financiero, el seguro de salud no solo es solvente, sino que, a lo largo de los años, acumula notables superávits. Estos se deben básicamente a una razón: la posposición de inversiones en equipo e infraestructura hospitalaria y de atención a las personas usuarias. En los últimos años, también incide el frenazo a las remuneraciones derivado de la legislación impulsada por Carlos Alvarado (lo cual es seguramente uno de los factores que incide en la fuga de especialistas).

5) O sea: alguien en el pasado tomó la decisión política de ahorrar mediante la contención de la inversión, lo cual repercute en el deterioro actual de los servicios.

6) Siendo lo anterior terrible, es absolutamente criminal agarrarse de datos falsos y manipulados para frenar proyectos de inversión urgentes, tal cual Chaves y Esquivel lo han hecho.

7) En resumen: se nos ha venido mintiendo, reiterada y sistemáticamente ¿Qué hay detrás de toda esa oscura truculencia?

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Carlos Alvarado visto a través de los lentes de Ottón Solís

Luis Paulino Vargas Solís

Una vez más, viene don Ottón a decirnos que Alvarado se echó al hombro el titánico cometido de salvar el Estado social y, en especial, de “salvarlo del neoliberalismo”. A lo cual se agrega: “se logró así evitar la crisis”.

La posición de Solís es insostenible, cuando, en realidad, hay mucha evidencia que respalda la tesis de que el gobierno de Alvarado dejó un legado de clara tonalidad neoliberal. No habrá sido neoliberal al 100%, ya que, puestas así las cosas, ni siquiera Margaret Thatcher podría haber sido considerada neoliberal. Pero ese tipo de purismos dogmáticos no merecen que se les preste atención.

Es un legado, neoliberal en lo ideológico, siniestro en sus destructivas consecuencias:

– Los presupuestos para la educación, en todos sus niveles, desde la preprimaria hasta las universidades, van cuesta abajo, en pronunciado declive.

– La deuda estatal con la Caja crece y crece, sin que Alvarado nos haya legado ningún arreglo.

-Ni mínimamente transparente y confiable- para atenderla. Todo lo cual vulnerabiliza los servicios de atención a la salud, y entrega pretextos que el gobierno de Chaves aprovecha para dinamitar la sostenibilidad de tan importante institución.

– Las políticas de vivienda popular están prácticamente congeladas.

– Los servicios de atención a las personas mayores y a la niñez viven un proceso de acelerado deterioro.

– La inversión pública está reducida a su mínima expresión.

– En materia de combate al fraude tributario, el legado de Alvarado fue, en el mejor de los casos, muy pobre. Chaves y Nogui Acosta han terminado de desbaratarlo.

– A la policía le toca trabajar en condiciones materiales realmente vergonzosas.

– El presunto combate a los “privilegios de los empleados públicos”, han dado lugar a un deterioro brutal. Hoy los salarios reales promedio en el sector público están en niveles de hace 13 o 14 años e, inevitablemente, seguirán retrocediendo (todo lo cual, no lo dudemos, hace muy feliz a don Ottón).

– Los problemas del empleo son catastróficos, y las políticas públicas carecen de ninguna herramienta eficaz para tratar de por lo menos aliviarlos.

¿Que evitaron la crisis? ¿Y como se llama lo que estamos viviendo, en medio de una espiral de violencia descontrolada, una crispación y polarización política extremas, servicios públicos al borde del colapso y una población hastiada, frustrada y furiosa?

¿Qué había que hacer todo eso, porque otra vía no había? Lo cual es la respuesta más neoliberal que se podría dar. Es el mismo TINA de Margaret Thatcher: discurso único y alternativa única.

Concluyo: los problemas que arrastramos vienen de muy atrás. No nacieron con Chaves ni tampoco con Alvarado. Pero si Alvarado se encargó de agudizarlos, con Chaves vamos de cabeza al abismo.

Informes actuariales en la Caja: ¡Mucho cuidado!

Luis Paulino Vargas Solís

He estado viendo algunos de los informes actuariales de la Caja, unos relacionados con el seguro de salud, otros con el sistema de pensiones IVM. Me queda todavía mucho por explorar, pero hay algunas cosas que, a estas alturas, las tengo bastante claras.

Primero, me resulta obvio que la prensa sobredimensiona los aportes que estos informes dan. Pero eso no sería tan preocupante, si no fuera porque dentro de la propia Caja, y por parte de las élites políticas, se reproduce el mismo error.

Estos informes invariablemente se basan en un modelo. Y ese modelo a su vez se basa en un conjunto de hipótesis o, si usted lo prefiere, un conjunto de supuestos o premisas. En gran medida, y por mucha matemática y estadística que se le ponga a la cosa, los resultados finales están predeterminados, en grado muy significativo, por aquellos supuestos.

Si los supuestos pecan de optimistas, los resultados podrán resultar muy rozagantes y satisfactorios. Si, contrario sensu, se opta por supuestos o hipótesis de tonalidad sombría, los resultados serán deprimentes.

Por supuesto, todavía queda la opción de construir distintos escenarios, y trabajar con supuestos diversos: unos más optimistas, otros más pesimistas. Pero, incluso en tales casos, otras cuestiones seguirán incidiendo.

Primero, el realismo de los supuestos, algo extremadamente difícil de resolver. Optar por elaborar diversos escenarios, atenúa el problema, pero no lo soluciona.

Segundo -que es seguramente lo más importante- el carácter multifacético y sumamente complejo, de los factores que inciden, y que hacen que, cualquiera sea el modelo utilizado, los márgenes de incertidumbre sean amplísimos, y más y más amplios, conforme más prolongados los períodos considerados.

Creo detectar muchas otras serias limitaciones, que omito mencionar aquí.

Estos informes actuariales deben ser asumidos con suma cautela. Son una guía necesaria, pero están lejos de ser la última palabra. Con un agravante que en este momento se nos presenta: dentro de ese juego corrupto y cínico que Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han puesto en movimiento dentro de la Caja, han promovido a la Dirección Actuarial a una persona que arrastra serios cuestionamientos, pero que, desde luego, cumple con el requisito que Chaves y Esquivel más aprecian: ser una servidora incondicional.

Finanzas públicas: decálogo sobre la demencia

Luis Paulino Vargas Solís

1. Las universidades públicas solicitan al gobierno cumplir con el 1% adicional sobre el presupuesto aprobado el año pasado, según el compromiso asumido en su momento. El gobierno se niega a hacerlo. En total, son aproximadamente ₡5.600 millones.

2. El año pasado, 2022, por concepto de intereses de la deuda pública, el gobierno pagó un total de ₡2.044.143,4 millones. O sea: más de dos millones de millones o, si usted lo prefiere, más de dos billones.

3. Por lo tanto, el monto de los intereses pagados en 2022, equivale a 365 veces lo que las universidades están solicitando.

4. En su informe sobre la liquidación presupuestaria del gobierno, correspondiente a 2022, la Contraloría le advirtió al Ministerio de Hacienda que no solo incumplió con el pago de ₡252 mil millones que, por obligación legal, debía realizar a la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que, encima de eso, omitió indicar esa cifra en la mencionada liquidación. O sea: el gobierno no solo no pagó lo que debía, sino que quiso “hacerse el chancho” y ocultar la información correspondiente.

5. Compare la cifra NO pagada en 2022 a la Caja, con la que SI se pagó por intereses: la relación es de 8,11 veces. O sea: se pagó por intereses 8,11 veces lo que debió pagarse, pero no se pagó, a la Caja.

6. ¿Cuánto es la deuda total del gobierno con la Caja? La cifra anda en aproximadamente ₡2,8 billones (millones de millones). Según Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, habría que cerrar prácticamente todas las instituciones públicas para satisfacer esa deuda. Ignoraremos tales charlatanerías, y volvamos a comparar con el pago de intereses de la deuda.

7. El monto total de esos intereses, sumado lo correspondiente a 2022 más lo pagado hasta el mes de mayo de 2023 (17 meses en total), suma ₡2.937.389,1 millones, o sea, más de ₡2,9 billones. O sea: una cifra superior al total de la deuda con la Caja.

8. ¿Cómo se explica que no haya problema en pagar ese disparate de dinero en intereses, y, en cambio, resulte “imposible” pagar lo que corresponde a las universidades y a la Caja? Con el agravante de que “tampoco hay dinero” para escuelas, comedores estudiantiles, la policía, albergues infantiles, atención a personas mayores, vivienda popular, etc. etc.

9. Conclusión 1: el manejo de las finanzas públicas, y la forma como se pretende resolver el problema fiscal, es un ejercicio de absoluta irracionalidad, que está causando grandes devastaciones sociales y humanas, y está destruyendo el futuro de Costa Rica.

10. Conclusión 2: urge frenar esta demencia, y abrir un amplio debate democrático que nos permita reorientar las cosas…antes de que sea demasiado tarde.

Ideas zombi sobre el empleo

Luis Paulino Vargas Solís

No son ideas que recién hayan empezado a expresarse en este gobierno. Para nada. En eso, como en casi todo lo que tenga que ver con política económica, el gobierno de Chaves repite lo que otra gente dijo antes, solo que lo dice con una retórica mucho más agresiva.

  • “Vamos a dar cursos de capacitación en el INA para mejorar las capacidades y la «empleabilidad’ de la gente”. Eso es magnífico, pero capacitar a la gente no crea empleos. Facilita conseguirlos si existieran. El problema es que no existen.
  • “Vamos a afinar los sistemas de ‘empleabilidad’ en el Ministerio de Trabajo para facilitar que las personas contacten a los empleadores y sean contratadas”. Mismo problema del caso anterior: la idea sería grandiosa… si los empleos existieran.
  • “Llevaremos las zonas francas a las regiones rurales”. Quien crea que Rodrigo Chaves, en su zafarrancho con CINDE, vino a descubrir el arroz con leche en relación con este asunto, está “detrás del palo”. Son muchos años oyendo ese cuento. La experiencia demuestra que, excepto en el caso de la agricultura monocultivista de plantación (piña, banano, etc.), o las cadenas hoteleras en zonas de fuerte visitación turística, las transnacionales son reacias a ir a zonas rurales, porque ahí no encuentran la infraestructura, los servicios públicos y el tipo de mano de obra que les gusta tener a su disposición. Los problemas de las regiones rurales y de su gente, demandan y merecen un abordaje distinto.
  • “Requerimos mercados laborales más flexibles y reducir el salario mínimo porque es muy alto”. Esta sí que es una mentirota del tamaño de los Himalaya. Primero, en Costa Rica la patronal contrata y despide al personal con total libertad. Imposible más “flexibilidad”. Segundo, tenemos 13 años en los que el poder adquisitivo de los ingresos de la población trabajadora no tiene mejoría alguna, algo jamás visto en la historia económica de Costa Rica. Si el empleo dependiera de la “flexibilidad” y de la baratura de la mano de obra, nos sobrarían empleos. Pero, obviamente, no es el caso. Deberíamos hoy más bien estar pensando en subir el poder adquisitivo de los ingresos. Pero ya ve usted que no, cuando más bien andan obsesionados con jornadas laborales de 12 horas, cuyo único objetivo claro es reducir aún más los salarios.
  • “Rebajemos cuotas de la seguridad social que son muy altas”. Primero: son “altas” ¿relativamente a qué? ¿Cuánto le costaría al empresariado costarricense financiar servicios universales de salud proveídos en forma privada? Si nos guiamos por la experiencia mundial, serán muchísimo más caros. O, alternativamente ¿optarían por servicios privados muy basiquitos, para atender una gripe, pero jamás un cáncer? Pues entonces prepárense para tener una mano de obra mucho menos saludable y productiva, y un orden social mucho más violento. Si les preocupa la informalidad (dudo que sea el caso), eso requiere respuestas apropiadas, dentro de las cuales lo de la seguridad social es, a lo más, un elemento entre otros. Por otra parte, es obvio que hay mucho que mejorar en la Caja, pero no lo mejoraremos desfinanciándola.

Jornadas laborales de 12 horas: la demagogia de Pilar Cisneros

Luis Paulino Vargas Solís

En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.

Esta idea merece ser reflexionada críticamente.

Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.

Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.

Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.

Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.

Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?

En principio, la respuesta es “depende”.

En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.

Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.

Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.

El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.

Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.

Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:

  • Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
  • Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
  • Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.

Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.

La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.

En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.

El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.