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Etiqueta: magisterio

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

La doble moral aplicada a los jubilados de las Universidades Públicas

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los ingresos más altos en el sector privado, según se reportan en datos de la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda”.

Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al hacer disponibles datos de las entradas de dichos empresarios?

 ¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado durante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales, y que lleva ya años de verter, ahora sí, falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?

Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, o que no cotizamos lo suficiente, cuando llegamos a cotizar hasta seis veces más de lo que cotizaban los adscritos al IVM. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores al tope establecido por ley, y que las deducciones aplicadas también por ley de todas maneras amarran las más altas a ese tope. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Que el odio solo se fomenta cuando se hacen públicas las entradas de los grandes capitales de este país?

Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.

* Catedrático jubilado, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

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¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

La verdad de las pensiones del régimen de reparto del magisterio

Jubilados en acción / Francisco Esquivel V.

Mucha de la información que circula en los medios de comunicación distorsiona la realidad de lo que sucede en el régimen de reparto del Magisterio Nacional y el impacto de la Ley 9796 sobre pensiones.

Los argumentos comunes. Lo que normalmente se dice son cosas como las siguientes:

  • Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a los funcionarios públicos que se pensionan con montos por encima de lo que tienen los trabajadores del sector privado
  • No hay cómo justificar las diferencias en las pensiones de los diferentes regímenes
  • Las pensiones se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado
  • La ley 9796 contribuirá notablemente a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio

Sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Las dos primeras afirmaciones parten del supuesto de que en todos los regímenes de pensiones se cotiza lo mismo. Si los trabajadores de todos los regímenes cotizaran lo mismo es obvio que las pensiones deberían ser iguales. Pero, resulta que en el régimen de reparto del Magisterio se cotizan porcentajes muy altos del salario cuando la persona es trabajador activo. La cotización más baja es del 10%, y de ahí sube hasta llegar al 16% dependiendo del monto del salario. Esto es sustancialmente mayor que el aporte de los trabajadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, una vez que el trabajador se pensiona, debe cotizar una contribución solidaria que oscila entre el 25% y el 75% de los segmentos altos de la pensión, dependiendo del monto de la pensión bruta. Por lo tanto, sí hay motivo para que las pensiones del magisterio sean diferentes. Los educadores han pagado, durante varias décadas de trabajo, para tener una pensión más alta. Negar eso sería una injusticia.

El gobierno se comió las cuotas pagadas por los maestros. La tercera afirmación dice que las pensiones del magisterio son incosteables y se financian a costa de los trabajadores del sector privado. También esto es incorrecto porque asume que los trabajadores del magisterio no han pagado las cuotas suficientes, y en el monto apropiado, para disfrutar de sus pensiones. Desde luego, en el pasado, algunas personas se aprovecharon de ciertos portillos para pensionarse bajo el régimen de reparto o bajo otros regímenes a cargo del presupuesto nacional, sin aportar las cuotas apropiadas. Pero esa no es la realidad de los miles de pensionados del régimen de reparto, que han trabajado varias décadas cotizando los porcentajes citados antes.

Entonces, si los pensionados del régimen de reparto del magisterio han pagado por décadas sus cuotas, ¿cómo es que ahora el Gobierno Central debe usar los impuestos para pagar tales pensiones? La respuesta es que el Gobierno se comió esas cuotas y no se las dio a los pensionados. Por décadas, el Gobierno usó las cuotas pagadas por los trabajadores del magisterio para otras cosas. Además, hay que considerar que el financiamiento de todo régimen de pensiones debe tener tres fuentes de ingreso: las cuotas del trabajador, las cuotas del patrono y las cuotas del estado. Así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política. En el caso del régimen de pensiones del Magisterio el Gobierno nunca pagó esas cuotas, tanto como patrono como en su calidad de tercera parte del sistema de financiamiento.

La Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) ha estimado que si el Gobierno no se hubiera comido esas cuotas, pagándolas como era obligatorio, y con eso, se hubiese formado un fondo para pagar las pensiones, en este momento se tendrían por lo menos 5 billones de colones que permitirían pagar las pensiones actuales. Se trata del 13% del PIB o dos veces el déficit fiscal.

También, hay que tomar en cuenta un hecho fundamental en la historia de las pensiones del Magisterio. En 1995 el régimen se partió en dos. Por una parte, se constituyó el régimen de reparto ubicando ahí a los pensionados de mayor edad. Por otra parte, se estableció el régimen de capitalización colectiva (RCC) conformado por los educadores más jóvenes. Pero, al realizarse esta partición, el régimen de Reparto quedó dañado estructuralmente porque se le quitó la posibilidad de contar con las aportaciones de nuevos miembros, que, a partir de ese momento, pasaron al régimen de Capitalización Colectiva. Hoy se tienen aproximadamente 44.000 beneficiarios del régimen de Reparto. Pero tal régimen ha perdido el aporte de 101.000 educadores que pasaron al régimen de Capitalización Colectiva.

La sostenibilidad del régimen de reparto. Para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio es necesario comenzar por el restablecimiento del fondo. El Gobierno Central debe pagar la deuda para dar una muestra de que se quiere resolver el problema. Y, asumiendo que, en 1995, se fracturó estructuralmente el sistema de financiamiento, el Gobierno Central, no sólo debe pagar la deuda sino también dar un aporte que complemente las cotizaciones de los pensionados. En la medida en que se avance en esta dirección es posible convocar a los pensionados, y a los educadores activos, para dialogar y, con el apoyo de un estudio actuarial, consensuar una solución integral. No reconocer la deuda del Gobierno Central con el régimen del Magisterio y descargar únicamente sobre los jubilados acciones como las de la ley 9796, es evadir la realidad y no aportar nada significativo para lograr la sostenibilidad del régimen de reparto.

El famélico ahorro de la ley 9796. Dice la cuarta afirmación que la ley 9796 le dará un gran aporte a la sostenibilidad del régimen de reparto del Magisterio. Eso es incorrecto. El impacto de la ley 9796 en las finanzas del régimen de reparto será mínimo. Estadísticamente no es significativo. Lo que se recaudará anualmente será el 1,9% de lo que se paga por el total de pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. En consecuencia, la recaudación de la ley 9796 no le aportará nada relevante a la sostenibilidad del régimen ni a corto, ni a mediano y largo plazo. Es decir, se trata de un ahorro que no es relevante.

Imagen: MEP

Gran injusticia que sufren y sufrirían (más) los pensionados del Magisterio

Gabriel González

Si bien lo deseable es que el gran capital sea el que aporte al estado para enfrentar la crisis -allí hay suficiente con que-, en caso de que los sectores medios sean obligados a colaborar -que en cuanto a las víctimas lo haríamos gustosos- es indispensable tener en cuenta lo que explicó a continuación:

Solidaridad y equidad

Más allá de si otros sectores van a ser solidarios, con gusto los pensionados del Magisterio somos solidarios, como pide el gobierno.

Mas, si se decide rebajar un porcentaje a asalariados y pensionados, éste debe ser sobre el ingreso neto luego de las rebajas obligatorias de ley (no son las personales y voluntarias).

Porque no a todos se les rebaja lo mismo. Los más perjudicados y vulnerables son los adultos mayores pensionados del Magisterio.

A estos se les rebajan, por ley, cuatro rubros que no se rebajan ni a los asalariados ni a los demás pensionados:

– Entre 10% y 16% más (artículo 70, ley 7531), solo a los pensionados del Magisterio.

– Un 5 por mil más, adicional (JUPEMA), solo a los pensionados del Magisterio.

– 16 260 colones, monto fijo, póliza mutual obligatoria (Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, solo a los pensionados del Magisterio.

– Sobre 8 salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública, entre un 20 y un 35% -monto a confirmar- (ley del 21/11/2019, expediente 21.035, reforma al artículo 71, Ley 2248), solo a los pensionados del Magisterio.

No se debe calcular un impuesto en base a un monto inexistente. Que no se recibe (salvo como aguinaldo). A nadie, en realidad.

Y es aún más injusto cuando no solo el monto bruto -de todos- es ficticio, también es ficticio el monto neto del Magisterio (es menor).

Ante esta inequidad, que por cierto se ensaña con las principales víctimas del virus, la solución es simple: se calcula la rebaja sobre el monto NETO luego de las rebajas de ley, a todos por igual.

No se debe calcular un impuesto sobre un monto que no se recibe y se destina a otro impuesto. Es absurdo.

A esta doble inequidad, se agrega otra sufrida por algunos pensionados del Magisterio que laboraron varios años gratis; muchos por vocación.

Por eso algunas pensiones -no de lujo- gozan de un porcentaje adicional. Esto no lo tomaron en cuanta para la última ley.

Ayudemos a los más perjudicados por la crisis, ojalá que otros sectores con mayor riqueza también lo hagan. Mas, se debe hacer con equidad, en igualdad de condiciones todos los asalariados y pensionados, de acuerdo a su ingreso neto, que es el real.

Estoy seguro de que la mayoría desconoce esto. Confío que comprendan y apoyen esta lógica y justa petición.

Mientras tanto, yo sigo ayudando a gente necesitada que conozco; espero que ustedes también.

 

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Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS

El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.

Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.

Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:

1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.

2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.

3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.

4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.

5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.

6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.

Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.

Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.

En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.

Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.

En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.

Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.

De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.

Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.

Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.

Pensiones del Magisterio: de mentiras, privilegios, oportunismos, e hipocresías

(En respuesta a declaraciones de la periodista Pilar Cisneros)

Imponente figura proyectó recientemente doña Pilar Cisneros en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, refiriéndose a pensiones “de lujo”, y repartiendo invectivas a diestra y siniestra contra jueces, políticos, sector público, docentes, y pensionados. “Mentirosos, hipócritas, oportunistas, y defensores de privilegios”, los llamó. Hizo gala la estimable periodista de un pensamiento maniqueo, radical e inflexible, y lo que es peor, basó sus ataques contra el Magisterio en inexactitudes; distorsionó la realidad, interpretando a su arbitrio y sin respaldo formal la no aplicación de la ley 7858 (1998, sobre tope a las pensiones con cargo al presupuesto) antes del 2014, y llegó al extremo de esgrimir las opiniones de minoría de los magistrados Rueda, Hernández y Esquivel, en la resolución 2018-19030 de la sala constitucional respecto de ese tope a pensiones, como si fueran un argumento definitivo, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos jubilatorios. En dichas opiniones, esos magistrados se abstraen de la realidad histórica y legal de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y proponen un criterio de contribución de los jubilados a regímenes en desequilibrio financiero que representa un cuestionamiento de la existencia misma de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las leyes, en virtud de la preeminencia que le otorgan al equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración.

Desde nuestra perspectiva de pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), queremos manifestar nuevamente que la mentada ley 7858, que en su artículo 3 imponía un tope de 10 salarios mínimos a la generalidad de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, NO ERA APLICABLE AL MAGISTERIO. Y decimos no era, en pretérito, porque doña Pilar parece desconocer, aunque apareció rodeada de abogados, que ese artículo 3 fue derogado en el 2016 por ley 9388. Independientemente de esa derogatoria formal, debemos recordar que una ley se tiene por derogada si otra más reciente, de igual generalidad, o con mayor razón, más específica, la contradice. Y resulta que la ley 7946, de 1999, reiteró que el tope de jubilación para las pensiones del Magisterio se fijaba en salario de catedrático universitario, con dedicación exclusiva y 30 anualidades, cerca de 3.9 millones de colones. Esto hacía inaplicable los provistos de la ley 7858 para el Magisterio, algo elemental pero que la Administración Solís Rivera no quiso entender. Y además, como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 3 bis de esa misma ley 7858 exceptuaba a los pensionados con postergación (que habían laborado más tiempo del requerido antes de jubilarse) de ese tope de 10 salarios mínimos. Dado que un porcentaje muy elevado de los jubilados magisteriales tiene postergación, resultaban eximidos de ese tope, aún en el supuesto de que la ley hubiera sido aplicable. Y esa exención está apegada estrictamente a la letra de la ley. Como puede apreciarse, no encontramos en ella mentiras u oportunismos, pero sí patente falta de información por parte de la señora periodista.

Mucho desconoce también doña Pilar acerca de las pensiones del RTR. Permítasenos hacer un poco de historia, porque esas pensiones NUNCA debieron cargarse al presupuesto, ya que desde 1958, cuando entra en vigencia la ley 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), los docentes empezamos a cotizar un 5% del salario de manera tripartita (obrero, patronal y estatal) que estaba, por misma ley, destinado al pago de las jubilaciones y a la constitución de un fondo previsional. Eventualmente, estas cotizaciones magisteriales fueron de 3 a 6 veces superiores a las de los adscritos al régimen de IVM-CCSS. ¿Por qué entonces nuestras pensiones del RTR terminaron con cargo al presupuesto? Porque por increíble que parezca, el Estado, no solo no constituyó el fondo previsional con los excedentes de las cotizaciones, sino que desvió esos excedentes, junto con los estatales y patronales, a gasto ordinario. Esa es la razón por la que el Estado tiene ahora que pagar nuestras pensiones con cargo al presupuesto. De nuevo, nada de privilegios, pero sí desvío de fondos por parte del Estado, a tenor de 5 millones de millones de colones, calculado por los actuarios de JUPEMA al 2012 si nuestra reserva se hubiera constituido, y eso después del pago de las jubilaciones. Todo ello es del conocimiento de algunos de los acompañantes de Doña Pilar y funcionarios en la actividad de referencia, porque a ellos nuestro colectivo de jubilados se los comunicó personalmente, y también a todos los diputados y diputadas. Nos preguntamos cómo calificaría doña Pilar la actitud de quienes, conociendo la verdad histórica acerca de las pensiones del RTR, la callan en actividades públicas por motivos solo para ellos conocidos. Y no solo la historia se deja de lado, sino también datos interesantísimos como los que manifestara el Superintendente de Pensiones a la prensa en cuanto a que “lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas” (La Nación, pág. 11 A, 17/12/18), lo que da pie para preguntarse si existirán motivaciones ulteriores de tipo político -financieras tras la llamada “guerra a las pensiones de lujo”, máxime si se tiene en cuenta que de los cerca de 44 000 jubilados del RTR, tan solo el 1.75% reciben montos nominales superiores a 4 millones y no más del 0.47% devengan montos nominales mayores de 6 millones.

Compartimos con doña Pilar la preocupación respecto de las finanzas públicas, pero no encontramos dentro de su crítica al sector público, a las universidades y al Magisterio, referencia alguna a lo que se ha apuntado como las verdaderas causas del déficit. Según datos periodísticos no refutados por la Administración, mientras que el déficit fiscal ronda el 6% del PIB, las exoneraciones a grandes intereses suman el 5.7% y las distintas formas de evasión fiscal llegan al 8%. Irónicamente, el recorte de los “jugosos” pluses del sector público va a representar una recaudación para el erario de… ¡0.14% del PIB! (Diario Extra:http//:www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360433/gobierno-golpea-pluses-salariales-de-142-mil-empleados-públicos; La Nación, pág. 6 A, 16/12/18; La Nación digital 4/12/18)

Con base en lo anterior, contestamos la pregunta formulada previamente por la Sra. Cisneros: “¿Y con qué se pagarán… las pensiones del Magisterio, las más jugosas del país? (crhoy.com 2/9/19)”. La respuesta es muy simple, doña Pilar: esas pensiones ya se pagaron con las cotizaciones magisteriales contribuidas desde 1958. Que el Estado haya desviado esos fondos no es culpa del Magisterio, pero sí constituye uno de los ilícitos más descomunales en la historia del país, y que se ha invisibilizado a lo largo de las décadas mediante lo que una de nuestras jubiladas, Dra. María Amoretti, ha denominado como una verdadera conspiración de silencio; ello, en conjunto con el constante bombardeo mediático “informando” que el Magisterio no cotizó, o que no cotizó lo suficiente, para sus pensiones “de lujo”, sobre las que ya pesan gravámenes de hasta el 57% de monto nominal para las más elevadas (según tablas de deducciones de JUPEMA). ¿Piensa Ud., doña Pilar, que ese tipo de deducciones y gravámenes son propios de “privilegios”?

Por tanto, no encontramos, en referencia a nuestras pensiones, ni mentiras, ni oportunismos, ni hipocresías. Citamos a una colega jubilada al respecto:

“Considero arbitrarias, injustas y poco éticas estas medidas (de ataque a las pensiones). Si trabajamos con respeto a las leyes, nos esforzamos y estaban claras las reglas del juego, en un país donde se supone, se respetan los derechos adquiridos no es posible, a estas alturas, las cambien… Este ambiente provoca desconfianza y temor. ¿Qué sigue?”

Debemos decirlo con contundencia: el escarnio y el señalamiento público de los que hemos sido objeto a lo largo de varios años, no refleja más que mezquindad e ingratitud por parte de sectores de nuestra sociedad que no tienen reparo en aprovechar y usufructuar las ventajas comparativas que los profesionales y trabajadores calificados, formados en el país por nuestro sistema educativo y nuestros docentes, representan para el capital y las compañías que se asientan en nuestro territorio. Tampoco es un secreto que la preferencia de muchos empleadores todavía se inclina por la contratación de profesionales y técnicos formados en universidades públicas. Ello hace que sea todavía más censurable y oprobiosa la campaña virulenta de descrédito, incitación al odio, y pretensión de despojo que se ha desatado desde los ámbitos político y mediático contra los jubilados que contribuimos a formar los cuadros profesionales y técnicos que tiene el país.

COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN

Redactó: Dr. Jorge Danilo García, Ph.D.

Integrantes de la Comisión Central:

José Antonio Salas Víquez, Coordinador: jsal9305@gmail.com Tel: 8810-0104

Alice Ramírez Ramírez, Directora Ejecutiva: aramiralice@gmail.com Tel: 8834-8594

Jorge Danilo García Hidalgo

Álvaro Vega Sánchez

Irma Zúñiga León

José Rafael Hidalgo Rojas

Virginia Sánchez Molina

Christopher Vaughan

 

Ilustración: https://www.significados.com.br/magisterio/

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Reformas a las pensiones en el marco de la Justicia Constitucional

María Amoretti Hurtado

Jubilada y Profesora Emérita de la UCR

Jubilados en Acción: NO PERMITIREMOS QUE LAS ILEGALIDADES DE HOY LEGITIMEN LOS ATROPELLOS DE MAÑANA

He leído con interés, el ensayo crítico del Dr. Walter Antillón (El País,cr. 29 de agosto de 2019), sobre el estado de entrampamiento actual en que se encuentra nuestra Sala Constitucional. Dicho ensayo pone de relieve, al mismo tiempo, el alto y transcendental papel que jugó la Universidad de Costa Rica al generar, desde la Facultad de Derecho, “los importantes cambios que se producirían en los años siguientes en la cultura y la institucionalidad constitucionales y administrativas” de Costa Rica. Entre esos impulsos se describen los esfuerzos de la Facultad por hacer posible, a sus estudiantes aventajados, los estudios de posgrado en el extranjero y la investigación y producción bibliográfica nacional en ese importante campo del derecho. Dichos esfuerzos culminarían, poco después, con la creación de un tribunal y una jurisdicción específicamente constitucionales. En 1989 nace la Sala Constitucional.

En aquellos maravillosos años la Sala enseñaba que la Constitución, por los altos valores que la constituyen y nos constituyen, predomina y prevalece sobre la Ley. Poco duraron esos dorados años. A partir del año 2000, el innoble ejercicio de las cúpulas políticas empezó a debilitar la independencia de la Sala Constitucional, para usarla en su propio beneficio, y no en el del pueblo, hacia el que originariamente se había orientado.

La lectura del ensayo de este Emérito Catedrático de la UCR nos ha dejado claro, que el colectivo de Jubilados en Acción llegó para quedarse. La lucha que emprendimos desde principios de este año de 2019 no es solo por nuestras pensiones; si hubiera sido así, ni siquiera la hubiéramos comenzado. La misión que nos hemos dado desde el inicio ha sido la defensa del Estado democrático y social de Derecho de nuestra nación, bajo el lema que dice: no permitiremos que las ilegalidades de hoy legitimen los atropellos de mañana.

La defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, parte de aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio, pero no se queda ahí porque los enmarcamos en el contexto general del país; de ahí que, para nosotros, es claro que el tema de las reformas a las pensiones es tan solo un distractor para ocultar el verdadero estado de la institucionalidad del país y la metástasis social que se nos viene encima.
Es nuestro deber de universitarios seguir combatiendo los enfoques reductores de la amplitud de esta crisis. El tema que develiza la magnitud del problema, ya lo expuso, con toda la rigurosidad propia de la academia, la fina pluma del doctor Antillón: se trata de la crisis de la Justicia Constitucional de nuestra nación, la cual ha llegado a un punto de no retorno: o se defiende, o no seremos ya nunca más.

El caso de los actuales proyectos de ley para reformar pensiones, que se discuten actualmente en la Asamblea, son una clara muestra de esta crisis de la constitucionalidad, que comienza con la postulación, por parte de la Sala IV, de la primacía del Principio de Equilibrio Presupuestario por encima de los derechos humanos. Sobre la base de este burdo principio contable de dudosa juridicidad -y peor capacidad técnica-, se han emitido las últimas resoluciones de la Sala IV, que avalan los topes a las pensiones del Magisterio Nacional y otros regímenes (véanse los votos a este tenor emitidos a final del 2018).

Para resumir, esquematizo rápidamente la argumentación que planteo sobre este tema de las reformas de pensiones, dentro del marco de la Justicia Constitucional:

1.- En 1968 se reformó el artículo 7 de la Constitución Política y se determinó que los tratados públicos y los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes. Por consiguiente, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango superior a las leyes.

2.- Este convenio ordena en el artículo 71.3, que cada país deberá garantizar, la realización de estudios y cálculos actuariales, de manera periódica, para lograr el equilibrio financiero de cada régimen de pensiones o jubilaciones. Estos estudios o cálculos actuariales deberán hacerse, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro jubilatorio, o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión (invalidez, vejez o muerte).

3.- Por consiguiente, todas las reformas a los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional,  realizadas desde el año 1992, HAN INCUMPLIDO ESTA NORMATIVA Y SON INCONSTITUCIONALES.

4.- Es evidente que los actuales proyectos de ley para reformar las pensiones van por el mismo camino del irrespeto al derecho y justicia constitucionales, aumentados por una sorprendente carencia de capacidad conceptual y peor habilidad de sistematización.

Este ejemplo, junto con otros que nos ofrece el doctor Antillón, ilustran EL ATAQUE Y EL ASEDIO POLÍTICO A LA SALA, que se vienen evidenciando desde el año 2000, hasta que la Sala Constitucional, adalid de los derechos humanos, se dejó entrampar completamente.

El proceso tuvo su itinerario, el asedio fue progresivo y constante. Para probarlo, el doctor Antillón analiza el voto 18-019511, relativo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del siguiente modo:

1.- La Sala empieza haciendo suya la visión del gobierno al alabar las medidas fiscales tomadas por este, las cuales califica de “aptas e insolayables”.

2.- A continuación, la Sala postula la primacía del llamado “principio de equilibrio presupuestario.”

3.- Y sobre la base de ese principio, considera entonces correcto condicionar los derechos sociales, a que haya fondos disponibles.

Fue así como la Sala constitucional, adalid de los derechos humanos, llega a a la monstruosa razonabilidad de que los derechos humanos en Costa Rica dependerán, de ahí en adelante, únicamente de las sobras del presupuesto nacional.

El reportaje del lunes 2 de setiembre de 2019 en La Nación debería comenzar por explicarle a la comunidad nacional qué rayos hacen las pensiones del Magisterio en la lista de gastos del presupuesto nacional, si son pensiones creadas por ley como un sistema solidario de reparto con su propio fondo y sus respectivos réditos? También sería bueno que explicaran cómo van a repartir al pueblo lo que dicen que la gente se va a economizar con estas reformas. Si se lo van a depositar en sus cuentas de ahorro, o se lo van a agregar en el aguinaldo cada año.

Una rebaja de los exorbitantes intereses que todos pagamos por nuestras tarjetas de crédito cada mes, eso sí sería un ahorro inmediato y un alivio efectivo de las finanzas de nuestras familias ¿No les parece? Pero eso difícilmente lo veremos en los titulares de los lunes en La Nación. ¿Por qué será? Solo ponga 9 segundos de atención y lo sabrá.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Peligra pago a 38 mil pensionados del Magisterio Nacional

El pasado 20 de noviembre el SEC convocó a los pensionados del magisterio a una conferencia de prensa en JUPEMA, debido al riesgo que existe para estos pensionados ante la posibilidad de no recibir su pago del mes de diciembre.

La conferencia de prensa se da ante la discusión generada en la Asamblea Legislativa por la negativa de aprobar el presupuesto extraordinario, por lo que el foro de presidentes y secretarios generales del magisterio nacional y la junta de pensiones decidieron denunciar la amenaza que existe a su estabilidad económica.

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Enviado a SURCOS Digital por Sindicato De Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

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