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Etiqueta: magisterio

Gran injusticia que sufren y sufrirían (más) los pensionados del Magisterio

Gabriel González

Si bien lo deseable es que el gran capital sea el que aporte al estado para enfrentar la crisis -allí hay suficiente con que-, en caso de que los sectores medios sean obligados a colaborar -que en cuanto a las víctimas lo haríamos gustosos- es indispensable tener en cuenta lo que explicó a continuación:

Solidaridad y equidad

Más allá de si otros sectores van a ser solidarios, con gusto los pensionados del Magisterio somos solidarios, como pide el gobierno.

Mas, si se decide rebajar un porcentaje a asalariados y pensionados, éste debe ser sobre el ingreso neto luego de las rebajas obligatorias de ley (no son las personales y voluntarias).

Porque no a todos se les rebaja lo mismo. Los más perjudicados y vulnerables son los adultos mayores pensionados del Magisterio.

A estos se les rebajan, por ley, cuatro rubros que no se rebajan ni a los asalariados ni a los demás pensionados:

– Entre 10% y 16% más (artículo 70, ley 7531), solo a los pensionados del Magisterio.

– Un 5 por mil más, adicional (JUPEMA), solo a los pensionados del Magisterio.

– 16 260 colones, monto fijo, póliza mutual obligatoria (Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, solo a los pensionados del Magisterio.

– Sobre 8 salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública, entre un 20 y un 35% -monto a confirmar- (ley del 21/11/2019, expediente 21.035, reforma al artículo 71, Ley 2248), solo a los pensionados del Magisterio.

No se debe calcular un impuesto en base a un monto inexistente. Que no se recibe (salvo como aguinaldo). A nadie, en realidad.

Y es aún más injusto cuando no solo el monto bruto -de todos- es ficticio, también es ficticio el monto neto del Magisterio (es menor).

Ante esta inequidad, que por cierto se ensaña con las principales víctimas del virus, la solución es simple: se calcula la rebaja sobre el monto NETO luego de las rebajas de ley, a todos por igual.

No se debe calcular un impuesto sobre un monto que no se recibe y se destina a otro impuesto. Es absurdo.

A esta doble inequidad, se agrega otra sufrida por algunos pensionados del Magisterio que laboraron varios años gratis; muchos por vocación.

Por eso algunas pensiones -no de lujo- gozan de un porcentaje adicional. Esto no lo tomaron en cuanta para la última ley.

Ayudemos a los más perjudicados por la crisis, ojalá que otros sectores con mayor riqueza también lo hagan. Mas, se debe hacer con equidad, en igualdad de condiciones todos los asalariados y pensionados, de acuerdo a su ingreso neto, que es el real.

Estoy seguro de que la mayoría desconoce esto. Confío que comprendan y apoyen esta lógica y justa petición.

Mientras tanto, yo sigo ayudando a gente necesitada que conozco; espero que ustedes también.

 

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Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS

El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.

Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.

Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:

1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.

2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.

3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.

4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.

5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.

6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.

Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.

Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.

En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.

Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.

En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.

Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.

De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.

Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.

Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.

Pensiones del Magisterio: de mentiras, privilegios, oportunismos, e hipocresías

(En respuesta a declaraciones de la periodista Pilar Cisneros)

Imponente figura proyectó recientemente doña Pilar Cisneros en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, refiriéndose a pensiones “de lujo”, y repartiendo invectivas a diestra y siniestra contra jueces, políticos, sector público, docentes, y pensionados. “Mentirosos, hipócritas, oportunistas, y defensores de privilegios”, los llamó. Hizo gala la estimable periodista de un pensamiento maniqueo, radical e inflexible, y lo que es peor, basó sus ataques contra el Magisterio en inexactitudes; distorsionó la realidad, interpretando a su arbitrio y sin respaldo formal la no aplicación de la ley 7858 (1998, sobre tope a las pensiones con cargo al presupuesto) antes del 2014, y llegó al extremo de esgrimir las opiniones de minoría de los magistrados Rueda, Hernández y Esquivel, en la resolución 2018-19030 de la sala constitucional respecto de ese tope a pensiones, como si fueran un argumento definitivo, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos jubilatorios. En dichas opiniones, esos magistrados se abstraen de la realidad histórica y legal de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y proponen un criterio de contribución de los jubilados a regímenes en desequilibrio financiero que representa un cuestionamiento de la existencia misma de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las leyes, en virtud de la preeminencia que le otorgan al equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración.

Desde nuestra perspectiva de pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), queremos manifestar nuevamente que la mentada ley 7858, que en su artículo 3 imponía un tope de 10 salarios mínimos a la generalidad de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, NO ERA APLICABLE AL MAGISTERIO. Y decimos no era, en pretérito, porque doña Pilar parece desconocer, aunque apareció rodeada de abogados, que ese artículo 3 fue derogado en el 2016 por ley 9388. Independientemente de esa derogatoria formal, debemos recordar que una ley se tiene por derogada si otra más reciente, de igual generalidad, o con mayor razón, más específica, la contradice. Y resulta que la ley 7946, de 1999, reiteró que el tope de jubilación para las pensiones del Magisterio se fijaba en salario de catedrático universitario, con dedicación exclusiva y 30 anualidades, cerca de 3.9 millones de colones. Esto hacía inaplicable los provistos de la ley 7858 para el Magisterio, algo elemental pero que la Administración Solís Rivera no quiso entender. Y además, como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 3 bis de esa misma ley 7858 exceptuaba a los pensionados con postergación (que habían laborado más tiempo del requerido antes de jubilarse) de ese tope de 10 salarios mínimos. Dado que un porcentaje muy elevado de los jubilados magisteriales tiene postergación, resultaban eximidos de ese tope, aún en el supuesto de que la ley hubiera sido aplicable. Y esa exención está apegada estrictamente a la letra de la ley. Como puede apreciarse, no encontramos en ella mentiras u oportunismos, pero sí patente falta de información por parte de la señora periodista.

Mucho desconoce también doña Pilar acerca de las pensiones del RTR. Permítasenos hacer un poco de historia, porque esas pensiones NUNCA debieron cargarse al presupuesto, ya que desde 1958, cuando entra en vigencia la ley 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), los docentes empezamos a cotizar un 5% del salario de manera tripartita (obrero, patronal y estatal) que estaba, por misma ley, destinado al pago de las jubilaciones y a la constitución de un fondo previsional. Eventualmente, estas cotizaciones magisteriales fueron de 3 a 6 veces superiores a las de los adscritos al régimen de IVM-CCSS. ¿Por qué entonces nuestras pensiones del RTR terminaron con cargo al presupuesto? Porque por increíble que parezca, el Estado, no solo no constituyó el fondo previsional con los excedentes de las cotizaciones, sino que desvió esos excedentes, junto con los estatales y patronales, a gasto ordinario. Esa es la razón por la que el Estado tiene ahora que pagar nuestras pensiones con cargo al presupuesto. De nuevo, nada de privilegios, pero sí desvío de fondos por parte del Estado, a tenor de 5 millones de millones de colones, calculado por los actuarios de JUPEMA al 2012 si nuestra reserva se hubiera constituido, y eso después del pago de las jubilaciones. Todo ello es del conocimiento de algunos de los acompañantes de Doña Pilar y funcionarios en la actividad de referencia, porque a ellos nuestro colectivo de jubilados se los comunicó personalmente, y también a todos los diputados y diputadas. Nos preguntamos cómo calificaría doña Pilar la actitud de quienes, conociendo la verdad histórica acerca de las pensiones del RTR, la callan en actividades públicas por motivos solo para ellos conocidos. Y no solo la historia se deja de lado, sino también datos interesantísimos como los que manifestara el Superintendente de Pensiones a la prensa en cuanto a que “lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas” (La Nación, pág. 11 A, 17/12/18), lo que da pie para preguntarse si existirán motivaciones ulteriores de tipo político -financieras tras la llamada “guerra a las pensiones de lujo”, máxime si se tiene en cuenta que de los cerca de 44 000 jubilados del RTR, tan solo el 1.75% reciben montos nominales superiores a 4 millones y no más del 0.47% devengan montos nominales mayores de 6 millones.

Compartimos con doña Pilar la preocupación respecto de las finanzas públicas, pero no encontramos dentro de su crítica al sector público, a las universidades y al Magisterio, referencia alguna a lo que se ha apuntado como las verdaderas causas del déficit. Según datos periodísticos no refutados por la Administración, mientras que el déficit fiscal ronda el 6% del PIB, las exoneraciones a grandes intereses suman el 5.7% y las distintas formas de evasión fiscal llegan al 8%. Irónicamente, el recorte de los “jugosos” pluses del sector público va a representar una recaudación para el erario de… ¡0.14% del PIB! (Diario Extra:http//:www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360433/gobierno-golpea-pluses-salariales-de-142-mil-empleados-públicos; La Nación, pág. 6 A, 16/12/18; La Nación digital 4/12/18)

Con base en lo anterior, contestamos la pregunta formulada previamente por la Sra. Cisneros: “¿Y con qué se pagarán… las pensiones del Magisterio, las más jugosas del país? (crhoy.com 2/9/19)”. La respuesta es muy simple, doña Pilar: esas pensiones ya se pagaron con las cotizaciones magisteriales contribuidas desde 1958. Que el Estado haya desviado esos fondos no es culpa del Magisterio, pero sí constituye uno de los ilícitos más descomunales en la historia del país, y que se ha invisibilizado a lo largo de las décadas mediante lo que una de nuestras jubiladas, Dra. María Amoretti, ha denominado como una verdadera conspiración de silencio; ello, en conjunto con el constante bombardeo mediático “informando” que el Magisterio no cotizó, o que no cotizó lo suficiente, para sus pensiones “de lujo”, sobre las que ya pesan gravámenes de hasta el 57% de monto nominal para las más elevadas (según tablas de deducciones de JUPEMA). ¿Piensa Ud., doña Pilar, que ese tipo de deducciones y gravámenes son propios de “privilegios”?

Por tanto, no encontramos, en referencia a nuestras pensiones, ni mentiras, ni oportunismos, ni hipocresías. Citamos a una colega jubilada al respecto:

Considero arbitrarias, injustas y poco éticas estas medidas (de ataque a las pensiones). Si trabajamos con respeto a las leyes, nos esforzamos y estaban claras las reglas del juego, en un país donde se supone, se respetan los derechos adquiridos no es posible, a estas alturas, las cambien… Este ambiente provoca desconfianza y temor. ¿Qué sigue?”

Debemos decirlo con contundencia: el escarnio y el señalamiento público de los que hemos sido objeto a lo largo de varios años, no refleja más que mezquindad e ingratitud por parte de sectores de nuestra sociedad que no tienen reparo en aprovechar y usufructuar las ventajas comparativas que los profesionales y trabajadores calificados, formados en el país por nuestro sistema educativo y nuestros docentes, representan para el capital y las compañías que se asientan en nuestro territorio. Tampoco es un secreto que la preferencia de muchos empleadores todavía se inclina por la contratación de profesionales y técnicos formados en universidades públicas. Ello hace que sea todavía más censurable y oprobiosa la campaña virulenta de descrédito, incitación al odio, y pretensión de despojo que se ha desatado desde los ámbitos político y mediático contra los jubilados que contribuimos a formar los cuadros profesionales y técnicos que tiene el país.

COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN

Redactó: Dr. Jorge Danilo García, Ph.D.

Integrantes de la Comisión Central:

José Antonio Salas Víquez, Coordinador: jsal9305@gmail.com Tel: 8810-0104

Alice Ramírez Ramírez, Directora Ejecutiva: aramiralice@gmail.com Tel: 8834-8594

Jorge Danilo García Hidalgo

Álvaro Vega Sánchez

Irma Zúñiga León

José Rafael Hidalgo Rojas

Virginia Sánchez Molina

Christopher Vaughan

 

Ilustración: https://www.significados.com.br/magisterio/

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Reformas a las pensiones en el marco de la Justicia Constitucional

María Amoretti Hurtado

Jubilada y Profesora Emérita de la UCR

Jubilados en Acción: NO PERMITIREMOS QUE LAS ILEGALIDADES DE HOY LEGITIMEN LOS ATROPELLOS DE MAÑANA

He leído con interés, el ensayo crítico del Dr. Walter Antillón (El País,cr. 29 de agosto de 2019), sobre el estado de entrampamiento actual en que se encuentra nuestra Sala Constitucional. Dicho ensayo pone de relieve, al mismo tiempo, el alto y transcendental papel que jugó la Universidad de Costa Rica al generar, desde la Facultad de Derecho, “los importantes cambios que se producirían en los años siguientes en la cultura y la institucionalidad constitucionales y administrativas” de Costa Rica. Entre esos impulsos se describen los esfuerzos de la Facultad por hacer posible, a sus estudiantes aventajados, los estudios de posgrado en el extranjero y la investigación y producción bibliográfica nacional en ese importante campo del derecho. Dichos esfuerzos culminarían, poco después, con la creación de un tribunal y una jurisdicción específicamente constitucionales. En 1989 nace la Sala Constitucional.

En aquellos maravillosos años la Sala enseñaba que la Constitución, por los altos valores que la constituyen y nos constituyen, predomina y prevalece sobre la Ley. Poco duraron esos dorados años. A partir del año 2000, el innoble ejercicio de las cúpulas políticas empezó a debilitar la independencia de la Sala Constitucional, para usarla en su propio beneficio, y no en el del pueblo, hacia el que originariamente se había orientado.

La lectura del ensayo de este Emérito Catedrático de la UCR nos ha dejado claro, que el colectivo de Jubilados en Acción llegó para quedarse. La lucha que emprendimos desde principios de este año de 2019 no es solo por nuestras pensiones; si hubiera sido así, ni siquiera la hubiéramos comenzado. La misión que nos hemos dado desde el inicio ha sido la defensa del Estado democrático y social de Derecho de nuestra nación, bajo el lema que dice: no permitiremos que las ilegalidades de hoy legitimen los atropellos de mañana.

La defensa de la institucionalidad democrática de Costa Rica, basada en el respeto a la Constitución y las leyes, parte de aquellos temas referidos al derecho jubilatorio de los trabajadores del magisterio, pero no se queda ahí porque los enmarcamos en el contexto general del país; de ahí que, para nosotros, es claro que el tema de las reformas a las pensiones es tan solo un distractor para ocultar el verdadero estado de la institucionalidad del país y la metástasis social que se nos viene encima.
Es nuestro deber de universitarios seguir combatiendo los enfoques reductores de la amplitud de esta crisis. El tema que develiza la magnitud del problema, ya lo expuso, con toda la rigurosidad propia de la academia, la fina pluma del doctor Antillón: se trata de la crisis de la Justicia Constitucional de nuestra nación, la cual ha llegado a un punto de no retorno: o se defiende, o no seremos ya nunca más.

El caso de los actuales proyectos de ley para reformar pensiones, que se discuten actualmente en la Asamblea, son una clara muestra de esta crisis de la constitucionalidad, que comienza con la postulación, por parte de la Sala IV, de la primacía del Principio de Equilibrio Presupuestario por encima de los derechos humanos. Sobre la base de este burdo principio contable de dudosa juridicidad -y peor capacidad técnica-, se han emitido las últimas resoluciones de la Sala IV, que avalan los topes a las pensiones del Magisterio Nacional y otros regímenes (véanse los votos a este tenor emitidos a final del 2018).

Para resumir, esquematizo rápidamente la argumentación que planteo sobre este tema de las reformas de pensiones, dentro del marco de la Justicia Constitucional:

1.- En 1968 se reformó el artículo 7 de la Constitución Política y se determinó que los tratados públicos y los convenios internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen autoridad superior a las leyes. Por consiguiente, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene rango superior a las leyes.

2.- Este convenio ordena en el artículo 71.3, que cada país deberá garantizar, la realización de estudios y cálculos actuariales, de manera periódica, para lograr el equilibrio financiero de cada régimen de pensiones o jubilaciones. Estos estudios o cálculos actuariales deberán hacerse, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro jubilatorio, o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión (invalidez, vejez o muerte).

3.- Por consiguiente, todas las reformas a los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional,  realizadas desde el año 1992, HAN INCUMPLIDO ESTA NORMATIVA Y SON INCONSTITUCIONALES.

4.- Es evidente que los actuales proyectos de ley para reformar las pensiones van por el mismo camino del irrespeto al derecho y justicia constitucionales, aumentados por una sorprendente carencia de capacidad conceptual y peor habilidad de sistematización.

Este ejemplo, junto con otros que nos ofrece el doctor Antillón, ilustran EL ATAQUE Y EL ASEDIO POLÍTICO A LA SALA, que se vienen evidenciando desde el año 2000, hasta que la Sala Constitucional, adalid de los derechos humanos, se dejó entrampar completamente.

El proceso tuvo su itinerario, el asedio fue progresivo y constante. Para probarlo, el doctor Antillón analiza el voto 18-019511, relativo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del siguiente modo:

1.- La Sala empieza haciendo suya la visión del gobierno al alabar las medidas fiscales tomadas por este, las cuales califica de “aptas e insolayables”.

2.- A continuación, la Sala postula la primacía del llamado “principio de equilibrio presupuestario.”

3.- Y sobre la base de ese principio, considera entonces correcto condicionar los derechos sociales, a que haya fondos disponibles.

Fue así como la Sala constitucional, adalid de los derechos humanos, llega a a la monstruosa razonabilidad de que los derechos humanos en Costa Rica dependerán, de ahí en adelante, únicamente de las sobras del presupuesto nacional.

El reportaje del lunes 2 de setiembre de 2019 en La Nación debería comenzar por explicarle a la comunidad nacional qué rayos hacen las pensiones del Magisterio en la lista de gastos del presupuesto nacional, si son pensiones creadas por ley como un sistema solidario de reparto con su propio fondo y sus respectivos réditos? También sería bueno que explicaran cómo van a repartir al pueblo lo que dicen que la gente se va a economizar con estas reformas. Si se lo van a depositar en sus cuentas de ahorro, o se lo van a agregar en el aguinaldo cada año.

Una rebaja de los exorbitantes intereses que todos pagamos por nuestras tarjetas de crédito cada mes, eso sí sería un ahorro inmediato y un alivio efectivo de las finanzas de nuestras familias ¿No les parece? Pero eso difícilmente lo veremos en los titulares de los lunes en La Nación. ¿Por qué será? Solo ponga 9 segundos de atención y lo sabrá.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Álvaro Vega Sánchez.

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Peligra pago a 38 mil pensionados del Magisterio Nacional

El pasado 20 de noviembre el SEC convocó a los pensionados del magisterio a una conferencia de prensa en JUPEMA, debido al riesgo que existe para estos pensionados ante la posibilidad de no recibir su pago del mes de diciembre.

La conferencia de prensa se da ante la discusión generada en la Asamblea Legislativa por la negativa de aprobar el presupuesto extraordinario, por lo que el foro de presidentes y secretarios generales del magisterio nacional y la junta de pensiones decidieron denunciar la amenaza que existe a su estabilidad económica.

SEC logo

Enviado a SURCOS Digital por Sindicato De Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

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El SEC celebra 45 años de luchas

Campo pagado 45 aniversario curvas

Este 17 de julio el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, celebró el 45 aniversario de fundación. Con esta ocasión, esta organización sindical envió a SURCOS el siguiente comunicado de prensa:

 

“Durante este periodo nos hemos consolidado como el principal y más grande de los sindicatos de la educación pública de Costa Rica.

La historia del SEC inicia el 17 de julio de 1969, cuando 79 trabajadores y trabajadoras de la educación se reunieron en la Sala Magna del Liceo de Heredia, convocados por objetivos e intereses comunes: mejorar sus condiciones de trabajo, exigir la aplicación efectiva de los derechos adquiridos, crear nuevas garantías laborales, y mejorar las condiciones de infraestructura, equipo, y currículum académico del sistema educativo.

Hemos recorrido durante 45 años una senda de lucha para alcanzar esos derroteros. Hoy, podemos decir con orgullo, que hemos despertado conciencias y hemos unido al Magisterio Nacional cada vez que ha sido necesario reivindicar nuestros derechos y demostrar nuestra fuerza como clase trabajadora. Y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario.

De la mano con la defensa de nuestros derechos, el SEC también ha fomentado la convivencia y la fraternidad entre las trabajadoras y trabajadores de la educación, incentivando el arte, la cultura, el deporte, el debate, la formación didáctica, y la educación sindical. Somos una institución del Magisterio y para el Magisterio.

Anhelamos una educación pública integral y de calidad, abierta y accesible para todas y todos los habitantes de Costa Rica, dotada de todos los recursos, sobretodo del mejor recurso humano; por lo que exigimos que se garantice el pleno respeto de los derechos laborales, condiciones de trabajo dignas, presupuestos suficientes e infraestructura moderna para nuestras escuelas y colegios. En aras de alcanzar esa meta, negociamos y firmamos en 2013 la primera Convención Colectiva que cubre a cada trabajador del sistema educativo.

45 años de historia nos impulsan a seguir adelante nuestro rumbo, orientados siempre por los ideales de justicia social, solidaridad, equidad, libertad, respeto de los derechos y la condición humana. Hoy y siempre, estaremos junto al Pueblo y la clase trabajadora.