Saber leer y escribir es fundamental para el desarrollo de todas las personas. Antes del 2014 eso era un requisito fundamental en el proceso educativo en nuestro país, sin embargo, quien sabe que mente “brillante” decidió eliminar tal requisito y permitir que ese conocimiento de la lectoescritura se permitiera hasta tercer grado y sin evaluaciones correctas.
Por disposición del MEP y del Consejo Superior de Educación ese requisito estará presente y se exigirá que los niños aprendan a leer y a escribir en primer grado.
Ha sido tal el descalabro en ese sentido que llegando a sexto grado, en el colegio y aún en la universidad, las deficiencias en materia de lectoescritura es significativa y por eso la Universidad de Costa Rica tuvo que establecer un curso de redacción y ortografía para los de primer ingreso.
Leer y escribir desde temprana edad es fundamental para ampliar conocimientos y lograr una mayor capacidad de comprensión de lo que sucede alrededor.
Esta decisión motivará a los niños a leer más y mejor. Hoy en día la lectura de libros es muy deficiente y si se trata de escritos o noticias, por lo general solo los encabezados y para leer el resto “da pereza”.
Leer es una maravillosa experiencia que llena de entusiasmo a los niños que pueden deletrear cada sílaba y escribirlas formando palabras que le den sentido a lo que se expresa y se desea expresar. Leer es llenarnos de imaginación y poder vivir experiencias únicas en cuanto a situaciones y lugares que hacemos nuestros con solo leer.
Es una decisión esperanzadora y Dios quiera que los educadores, los padres de familia y en especial los alumnos la apoyen decididamente para que se pueda lograr el objetivo y los niños salgan de primer grado con ese conocimiento y esa habilidad tan importantes. En pocos años tendremos mejores ciudadanos.
Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Por Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Las escuelas unidocentes costarricenses representan un bien cultural y educativo que debe preservarse y fortalecerse debido a su riqueza pedagógica y porque expresan el compromiso de una sociedad que ha apostado por la educación como un derecho humano que, a su vez, es habilitador de otros derechos que deben estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna.
Cada una de estas instituciones se considera como la primera puerta de acceso a la educación con que cuenta la población que habita en comunidades rurales. De allí la relevancia de que el Estado continúe garantizando su funcionamiento y acceso, que el currículo nacional se contextualice a la diversidad de ruralidades del país y que el personal docente que las atiende se encuentre capacitado para asumir su quehacer según las particularidades que les caracterizan.
Actualmente, en el país existen cerca de 1 200 escuelas unidocentes (MEP, 2021), conformadas, generalmente, por un grupo multigrado de 30 o menos personas estudiantes, las cuales se atienden de manera simultánea por una persona docente (Cartín, 2018). Esta última, a su vez, asume la gestión institucional; ello representa, por lo tanto, una significativa complejidad pedagógica y administrativa.
Pese a la presencia de factores negativos que afectan hoy la calidad de la educación que se brinda en las escuelas unidocentes: la geografía donde se ubican que hace complejo el acceso y el transporte, la pobreza de las comunidades, la carencia de recursos didácticos contextualizados, una oferta curricular incompleta, el aislamiento de las personas docentes y una sobrecarga laboral, entre muchos otros, en estas escuelas, los porcentajes de repitencia, rendimiento (aprobación, aplazamiento y reprobación) y exclusión intra-anual, han estado por debajo de la media nacional. (MEP, 2016, citado por Cartín, 2018).
En suma, estas escuelas resultan ser centros estratégicos para el desarrollo comunal, pues son espacios físicos que se prestan para múltiples propósitos en los que se involucran otras instituciones estatales y organizaciones locales. Por estas razones, debe reconocerse el esfuerzo que el Estado, las comunidades y el personal de las escuelas unidocentes realizan para garantizar la calidad del servicio que se brinda.
Desde esta perspectiva, es fundamental profundizar en una serie de aspectos que caracterizan a estas instituciones y que se relacionan con su valor social y pedagógico. Por una parte, tal como se ha mencionado, estos centros educativos se sitúan, mayoritariamente, en zonas rurales con una baja densidad poblacional, lo cual las faculta para atender al estudiantado perteneciente a zonas geográficas y culturales distintas.
En algunas de estas escuelas, además, se brindan servicios que buscan suplir necesidades fundamentales del estudiantado y sus comunidades, como, por ejemplo: preescolar heterogéneo, educación especial y otras asignaturas con docentes itinerantes (segunda lengua, música, artes plásticas, lengua y cultura en escuelas indígenas), proyectos de informática, alimentación (comedor escolar) y transporte estudiantil. Este esfuerzo del Estado, vinculado con la calidad de estas instituciones, debe profundizarse y ampliarse para que sea una realidad en todas las escuelas unidocentes del país.
A lo antedicho se suma, como parte de su valor pedagógico, la relación cercana entre el profesorado y el estudiantado. Por un lado, el hecho de que la población escolar sea pequeña y que la convivencia de la persona docente sea más permanente en la comunidad, favorece la adquisición de un conocimiento más profundo y amplio de cada estudiante y de su familia, lo cual es vital para brindar una educación más personalizada. Por otro lado, el que la persona docente deba atender en forma simultánea estudiantes de varios niveles, conlleva la necesaria aplicación de metodologías activas, centradas en el estudiantado y no en el profesorado.
Esa descentralización del rol de la persona docente implica una organización del proceso de aprendizaje que incluye actividades y materiales que le permiten al estudiantado trabajar con autonomía, es decir que, al llegar a la escuela, encuentra dispuesto el material de aprendizaje con el que debe trabajar durante el día y puede hacer uso de este gestionando sus propios aprendizajes. La dinámica de trabajo de la persona docente en el aula, se trata de rotar entre los grupos para explicar y orientar, en general, el proceso de aprendizaje. Esta dinámica favorece el desarrollo de valores y destrezas tales como la interdependencia, la cooperación, el liderazgo, la creatividad y la autoestima.
En el aula multigrado también se aplican actividades en las cuales el estudiantado de diferentes niveles trabaja de manera cooperativa, lo que favorece el trabajo interdisciplinario, la ayuda entre estudiantes de diferentes edades, capacidades y niveles, aspectos que constituyen al aula multigrado en una comunidad de aprendizaje en la que el trabajo en equipo suscita aprendizajes mutuos o “por contagio”.
Un currículo contextualizado, es decir, adaptado a la cultura local, tiene como efectos una relación más cercana entre la escuela y la comunidad, lo que favorece en el estudiantado un aprecio por la cultura local y su entorno, además de afianzar su identidad como persona y miembro de una determinada colectividad.
La importancia de las escuelas unidocentes radica en que:
a) Garantizan el derecho humano a la educación a poblaciones que son clave para el desarrollo rural-nacional, las cuales, empero, han sido tradicionalmente excluidas.
b) Representan una oportunidad de mejorar los niveles de alfabetización y escolarización, entendidos como medios para que las personas puedan acceder a niveles superiores dentro del sistema educativo costarricense.
c) Contribuyen a la movilidad social de las personas que habitan en la comunidad, ya que se constituyen como centros estratégicos para el desarrollo comunal (económico, social, cultural, ambiental, entre otros).
d) Coadyuban en la preservación de la cultura, favorecen el arraigo y evitan el despoblamiento en las zonas rurales, al favorecer la estancia de las personas garantizando el acceso al servicio educativo en la propia comunidad.
Desde la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica hemos realizado esfuerzos por atender necesidades de formación inicial y permanente del profesorado de las escuelas unidocentes. Actualmente, dentro de la malla curricular de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, se ofrecen los cursos de Educación Rural y Escuela Unidocente, Educación Intercultural y Principios de la Gestión Administrativa, los cuales aportan al estudiantado en formación conocimientos y habilidades necesarias para su posible desempeño en esta tipología escolar.
Desde el 2011 y hasta el 2020, se desarrollaron tres proyectos desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en los cuales participaron la UCR, la UNA y la UNED. Tales proyectos han desarrollado acciones de investigación y capacitación del personal unidocente, además, organización, divulgación y ejecución de eventos (congresos, simposios y capacitaciones), así como material didáctico: planeación correlacionada, guías de trabajo cooperativo y material informativo sobre la tipología y el quehacer docente en las escuelas unidocentes. Sumado a ello, se ha apoyado al MEP para capacitar personal docente en servicio sobre la metodología para estas instituciones.
Es evidente que las escuelas unidocentes nacieron para quedarse, pues no existe otra alternativa para atender las zonas rurales del país. Su presencia, a lo largo y ancho del territorio continental e insular, sigue representando hoy la primera puerta para que las poblaciones rurales y sus territorios cuenten con oportunidades educativas y de desarrollo. Su importancia no debe medirse, por consiguiente, según los costos económicos que representa para el Estado, ya sea por cada una de las personas estudiantes o por cuántos centros educativos hay por kilómetro cuadrado, sino que, deben valorarse, precisamente, porque Costa Rica ha visto en la educación un derecho humano transcendental que, junto a otros derechos comprime la iniquidad y la desigualdad social.
En suma, valorar el aporte de las escuelas unidocentes es defender años de progreso educativo, forjado gracias a una sociedad que ve en el Estado costarricense, un medio para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Derivado de la trascendencia de estas instituciones, entonces, el MEP, así como las universidades, principales centros de formación inicial docente, y todas aquellas personas u organizaciones vinculadas con los procesos educativos del país, tienen la responsabilidad compartida de atenderlas y apoyar sus funciones, de manera que continúen brindando una atención de calidad para cada una de las personas y las comunidades donde se sitúan, reduciendo, a su vez, las barreras tradicionales que existen entre lo urbano y lo rural.
Desde el 2008, la Comisión Interinstitucional Siwá Pákö, integrada por la UNA-UCR-UNED y el MEP, imparten el Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II ciclos, con Énfasis en Lengua y Cultura Cabécar, único plan que forma personas educadoras para atender a los más de 60 centros educativos con que cuenta la región del Chirripó, pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Turrialba.
Todas estas personas estudiantes cuentan con beca total como apoyo esencial para culminar con éxito el proceso de formación.
Este proyecto se plantea con el fin de contribuir, desde la educación universitaria pública costarricense, a la formación de personal docente que cumpla con los perfiles étnicos, culturales, académicos y profesionales idóneos para laborar en las comunidades indígenas de Chirripó Duchí.
La idea es que este proyecto se pueda replicar en otras comunidades indígenas, con el fin de que el modelo educativo sea más inclusivo y respetuoso de los procesos de aprendizaje de las poblaciones indígenas.
Invertir en la U Pública es invertir en Costa Rica y su gente…
Costa Rica ha forjado su historia y desarrollo a lo largo de sus 200 años de vida independiente, con la educación como uno de sus pilares fundamentales. Desde el siglo antepasado hubo extraordinarios logros, con la declaración de la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas (1869) y la reforma promovida por don Mauro Fernández que puso a la escuela como el bien supremo de Costa Rica, por ser el lugar donde se fraguan la democracia y la cultura y se forma al ciudadano. En ese sentido, se promulgaron leyes como la Ley Fundamental de Instrucción Pública (1885) y la Ley General de Educación Común (1886). En el siglo XX, con la creación de la Escuela Normal en 1915 se planteó la formación de maestros para una educación para la vida. En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica, definiéndose así la orientación de la educación superior pública, con su diversidad de saberes, su énfasis en investigación y su proyección social. En 1957 se promulgó la Ley Fundamental de Educación que orienta la educación hasta la fecha, bajo el concepto de la educación como un bien público indispensable para el desarrollo nacional. A lo largo de nuestra historia la educación se ha concebido como inversión, como instrumento de progreso humano y como la base del desarrollo y de la democracia.
¿Cómo enfrentar con perspectiva de urgencia y de largo plazo los desafíos de la educación costarricense ante un mundo de incertidumbres, agravadas por la pandemia de COVID 19, la rápida digitalización de los procesos, el cambio climático, las confrontaciones bélicas, las migraciones forzadas y el aumento de la pobreza, el narcotráfico y la violencia? Nuestra experiencia educativa cuenta con aportes importantes a considerar en atención a la compleja y difícil problemática que hoy enfrenta el país y para ello, lo primeroes reconocer el camino andado y valorar lo que tenemos para así utilizar lo bueno que se ha construido a fin de resolver aquellos aspectos que requieren atención urgente.
El rezago educativo es grande y urgentes de atender son los problemas que se han detectado en la educación costarricense, pero el tiempo apremia y no se pueden desconocer ni desechar políticas, programas e iniciativas ya diseñadas e implementadas exitosamente. Es hora de actuar consensuadamente para atender los desafíos de la educación a corto plazo, contando para ello con la participación de comunidades, gremios, municipalidades, instituciones de diversa índole, juntas de educación, personal docente y poblaciones estudiantiles, pero también es tiempo de reconocer el marco trazado en el país por políticas educativas de vanguardia, históricas y actuales, que se plasman en programas y proyectos que hoy se realizan y que son pioneros en la región latinoamericana.
Esta reflexión parte entonces de lo que tenemos, para seguir enfrentando los retos.
A. Lo que tenemos:
El país hoy en día desarrolla una transformación educativa que ha sido reconocida por diferentes organismos internacionales como UNESCO, OCDE, UNICEF, CSUCA ya que se busca desarrollar habilidades y competencias en el estudiantado para enfrentar los retos del mundo complejo e incierto existente, conforme se indica a continuación:
Se cuenta con una visión clara que orienta la ruta del desarrollo educativo. Se llama Educar para una nueva ciudadanía y fue construida desde el 2014 en consulta con diferentes grupos en todas las Direcciones Regionales Educativas del territorio nacional. Esta visión se sustenta en seis ejes:
La educación centrada en la persona estudiante,
La educación basada en los Derechos Humanos y en los deberes ciudadanos,
la educación para el desarrollo sostenible,
la ciudadanía planetaria con identidad nacional,
la ciudadanía digital con equidad social y
la evaluación transformadora para la toma de decisiones.
Educar para una nueva ciudadanía se expresa claramente en políticas debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Educación. La política Curricular (2016) y la Política Educativa del 2017 (La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad) marcan claramente el camino hacia la construcción de una nueva ciudadanía y orienta los programas de estudio, los proyectos educativos institucionales, regionales y nacionales, y las diversas acciones educativas.
Además de las dos políticas mencionadas se han establecido otras como la política y plan de acción de Educación para el Desarrollo Sostenible (2020) y la Política Educativa para la Promoción de Idiomas. (2021)
Renovación total del currículum. La política curricular está inmersa en más de 40 nuevos programas de reciente aprobación que hoy se ejecutan en una diversidad de asignaturas, además de alrededor de 80 nuevos programas de Educación Técnica bajo el Marco Nacional de Cualificaciones, todos debidamente aprobados por el Consejo Superior de Educación. Su elaboración ha estado a cargo de personal del MEP de todos los territorios del país, y se han integrado además apoyos de universidades nacionales e internacionales, ONG´S, embajadas (en especial para el diseño de programas de idiomas por competencias lingüísticas), academias y colegios profesionales entre otros.
Hoy en Costa Rica la educación se orienta hacia el desarrollo de habilidades o competencias en el estudiantado. Se ha migrado de centrar el aprendizaje en contenidos de programas a buscar el logro de habilidades y competencias para un aprendizaje a lo largo de la vida, a través de saberes: saber vivir, saber conocer, saber convivir y saber integrarse al mundo. El conocimiento cambia continuamente y las experiencias son cada vez más novedosas y complejas por lo que la transformación educativa busca preparar a cada persona para su aprendizaje continuo.
Los nuevos programas integran trece habilidades en cuatro áreas del saber:
Las nuevas maneras de pensar: pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación,
las nuevas formas de vivir en el mundo: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable y vida y carrera,
las formas de relacionarse con otros: colaboración y comunicación y
las herramientas para integrarse al mundo: apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información.
Cada habilidad tiene indicadores que permiten su trazabilidad en los nuevos programas y la evaluación integrada al aprendizaje.
Ejecutar el nuevo currículum ha sido un reto difícil, y más aún en periodo de huelgas y pandemia, porque se requieren metodologías innovadoras y mediación pedagógica que promueva el aprendizaje en el estudiantado. Sin embargo, hay camino andado, años de trabajo, participación de muchos profesionales, y nuestra transformación curricular ha sido reconocida internacional y nacionalmente, como una reforma ambiciosa y novedosa que se debe fortalecer.
La formación docente. El país cuenta con un Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, presentado en diciembre 2021 y actualmente hay muchas carreras de educación que ya cuentan con sus marcos específicos. Los marcos establecen los criterios generales y específicos para orientar la formación inicial y continua de docentes y gestores educativos en el desarrollo de habilidades para la vida, nuevas metodologías y enfoques educativos. Este esfuerzo es el resultado del trabajo colaborativo en donde se integraron el Colypro, el CONARE, el Estado de la Nación, SINAES, UNIRE, Servicio Civil, Consejo Superior de Educación y se invirtieron muchas horas y recursos en su desarrollo.
La política el Centro Educativo de calidad como eje de la educación costarricense se ejecuta desde hace más de una década y orienta el quehacer educativo institucional hacia la calidad, en relación directa con su comunidad. Ciertamente se requiere mayor seguimiento y sobre todo urge el desarrollo de una plataforma educativa para integrar datos y hacer posible la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas de lo actuado en los diferentes centros educativos.
En cuanto a la capacitación y apoyo didáctico, además del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) que brinda formación permanente al personal docente y gestores, a raíz de la pandemia se desarrolló la Caja de Herramientas, una plataforma en línea y de acceso libre que ha tenido más de un millón de visitas. Ahí se encuentra a disposición de toda persona una serie de ejercicios y materiales didácticos, documentos y diversa información y de apoyo para el personal docente, gestores educativos, estudiantes, padres y madres de familia, y público en general. https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
Con respecto a las tecnologías educativas y la integración de ambientes virtuales o híbridos a la educación, también existe camino andado. En la Política Curricular, uno de los ejes es el de la ciudadanía virtual con equidad social y los programas de estudio incluyen habilidades para la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información. El aprendizaje se orienta hoy hacia la construcción de conocimiento, en donde la mediación docente propicia en el estudiantado la autonomía, la cooperación, el intercambio de conocimiento, la criticidad en la escogencia de la información para generar aprendizajes. Además, para la implementación de este eje se estableció el Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@aprender, desarrollado en los últimos años en numerosos centros educativos en todos los territorios del país, de manera estratégica. Con la pandemia, se presentó la urgente necesidad de brindar la capacitación posible para el personal docente y gestor, y también se crearon una serie de apoyos virtuales que están en la Caja de Herramientas.
Programas para la convivencia y permanencia estudiantil en centros educativos. Desde hace varios años existen protocolos y programas debidamente aprobados que se centran en los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y que promueven la cultura de paz. Entre ellos están diversos protocolos para atender asuntos de bullying, tenencia de armas, violencia y acoso en los centros educativos, el programa Con Vos de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandonar el sistema educativo, el programa Convivir para atender la violencia en centros educativos, la promoción del Arte a través de festivales como el Festival Estudiantil de las Artes, los programas deportivos, las elecciones estudiantiles, entre otros.
En conclusión, es mucho el camino construido y muchos los retos existentes que ya están debidamente identificados.
B. Lo que necesitamos a corto plazo.
En este momento el MEP cuenta con diagnósticos suficientes y análisis disponibles para valorar la situación estudiantil y docente en todo el país. También existe una organización adecuada, tanto en las oficinas centrales como en las Direcciones Regionales, con funciones claras para llevar a cabo su labor. Se requiere, sin embargo, ante todo desarrollar mejores estilos de gestión en los diversos niveles, para avanzar en los logros de los objetivos nacionales con el apoyo de comunidades, organismos e instituciones diversas, y enfrentar integralmente los retos actuales de la Educación costarricense.
A corto plazo se destacan los siguientes retos:
Desarrollar el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA), 2022-2025 en donde se plasman una serie de acciones y mecanismos para atender la condición de rezago en los aprendizajes esperados de la población estudiantil y apoyo al personal docente. (https://recursos.mep.go.cr/2021/nivelacion_academica/)
Conforme lo indica el Octavo Estado de la Educación, es urgente tomar acciones correctivas para contrarrestar la limitada aplicación de las reformas curriculares aprobadas por el Consejo Superior de Educación, pues el país merece dar el salto cualitativo que propone la transformación educativa planteada.
La condición de pandemia ha dejado huellas emocionales en la población en general y existe un alto grado de frustración, violencia y conflicto en los centros educativos. Por ello es necesario fortalecer y desarrollar programas de apoyo para atender la salud mental de las comunidades educativas (estudiantes, gestores, docentes, familias), y enfatizar en uso de los medios pacíficos para la atención a las situaciones de conflicto.
Consolidar un sistema de evaluación que incluya tanto la evaluación formativa, integrada al aprendizaje como la evaluación estandarizada que brinde información válida y confiable para la adecuada toma de decisiones para el desarrollo de la población estudiantil y la preparación docente.
Establecer mecanismos de apoyo docente y fortalecimiento del liderazgo de los gestores educativos. Es urgente desarrollar mejores estilos de gestión a nivel central, regional e institucional para avanzar en el logro de los objetivos de cobertura y calidad educativa.
Atender a los aspectos de infraestructura, mediante el mapeo de la situación de los inmuebles en el país y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.
Fortalecer la profesión docente mediante diferentes acciones como la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en los planes de estudio de formación inicial de docentes, en la educación continua, en la evaluación formativa docente y en el ingreso a laborar en el Ministerio de Educación Pública, entre otras.
Disponemos de esa arquitectura institucional requerida para atender esos desafíos y la difícil situación que enfrenta el país, pero también, hoy más que nunca es urgente reconocer lo andado para evitar la improvisación y el peligro de detener los valiosos logros alcanzados. Es necesario avanzar hacia un acuerdo nacional para reposicionar la educación costarricense como ejemplo de desarrollo sostenible, democracia, paz, inclusión, solidaridad y bienestar. Nuestros niños, niñas y jóvenes merecen que integremos iniciativas poniendo el interés de ellos y ellas por encima de cualquier otro.
POR EL COLECTIVO MUJERES POR COSTA RICA
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Yamileth González García Dra. Alicia E. Vargas Porras Dra. Virginia Ramírez Cascante Dra. Lupita Chaves Salas Licda. Vera Sancho Mora Dra. Nora Garita Bonilla Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Bach. Erika Henchoz Castro Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 M.Sc. Sandra Cartín Herrera Dra. Margarita Bolaños Arquín San José 15 de agosto, 2022
El pasado 11 de mayo del 2022, ANEP emitió una carta abierta, en la cual da cuenta de la situación actual de la educación. En ésta señalan como el nuevo gobierno enfrentará la mayor crisis educativa de la historia; las autoridades encontrarán una institución sometida a gravedades, que son urgentes de atender.
En este documento se señalan algunas de las principales problemáticas analizadas por ANEP. En el adjunto, podrán visualizar el documento completo:
El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de la persona en la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)—actualmente con rango de ministra—son puestos claves para el desarrollo nacional; por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento, formación y apertura al diálogo son requisitos indispensables, aseguran Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri, especialistas del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA).
En una carta dirigida al presidente electo Rodrigo Chaves, la vicepresidenta electa y coordinadora designada del área social Mary Munive, y Natalia Díaz, quien está a cargo del proceso de selección de personas idóneas para los principales puestos de gobierno, Rodríguez y Chaverri—directora del INEINA y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, respectivamente—solicitaron, de manera respetuosa, atender algunas consideraciones para la selección de estos puestos, que consideran cruciales para el desarrollo nacional.
En representación de la Comisión de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, los expertos recomiendan al nuevo gobierno lo siguiente en torno a los nombramientos de jerarcas de estas dos instituciones:
La evidencia científica señala que la intervención temprana e integral en la vida de las personas cumple un papel causal en su desarrollo a largo plazo y marca una diferencia positiva en este, por lo que es trascendental que estos dos nombramientos tomen en cuenta el conocimiento técnico de las personas elegidas sobre desarrollo humano integral, así como sobre las acciones que lo potencian y aquellas que lo inhiben.
Además de una formación académica robusta y experiencia en el campo específico, es muy importante que las personas elegidas en estos dos cargos cuenten con apertura al diálogo. Costa Rica terminó un ciclo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en 2021 y actualmente hay varias comisiones interinstitucionales en funcionamiento que están formulando la nueva política 2022, por lo que es clave que los/as nuevos/as jerarcas tengan presente este proceso y lo lleven a buen puerto, pues se trata de un compromiso nacional, así como ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ha habido un amplio proceso de diálogo y análisis liderado por el PANI que debe culminar con la aprobación en este año de una nueva política nacional que cumpla con altos estándares de calidad. Por otra parte, en el campo educativo hay rezagos de gran importancia, como los señalados por el informe del Estado de la Educación y Unesco, que requieren el liderazgo de autoridades técnicas y con experiencia que tomen decisiones rigurosas y valientes para la mejora en los servicios educativos a nivel nacional.
Como lo demostró un estudio de la UNA en 2015, el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), que fue creado en el Código de Niñez y Adolescencia, tiene una serie de vacíos y problemas que le impiden impulsar eficazmente las políticas que se requieren para el desarrollo integral de las personas menores de edad. Esto es un tema crucial porque no habrá política educativa ni de desarrollo exitosa, allí donde hay hambre, abandono, maltrato, pobreza y diversas formas de violencia y vulnerabilidad. Es por lo anterior que se torna necesario que las personas que ejerzan estos cargos tengan la capacidad política de potenciar cambios en las estructuras y procesos ya existentes para el bienestar de la población menor de edad.
Contrario a la actitud dominante de carácter recortista, minimalista y cortoplacista de la inversión en niñez y adolescencia de los últimos años, resulta fundamental que las nuevas autoridades de gobierno comprendan el rol esencial que esta juega en el desarrollo nacional. La inversión en niñez, adolescencia y educación es de las que muestra los mayores niveles de retorno, por lo que no se puede considerar un desperdicio ni un malgasto de recursos, sino todo lo contrario, un genuino financiamiento del desarrollo nacional que se devuelve con creces. La inversión en niñez y adolescencia impacta el incremento de los indicadores de desarrollo humano, económico y social, y contribuye a disminuir indicadores de vulnerabilidad, exclusión, pobreza y desigualdad, en un país donde uno de cada tres niños vive en pobreza, hipotecando así su presente y su futuro. La falta o la debilidad de tal inversión pasa una factura carísima al país que es muy difícil de corregir posteriormente. Las personas que ejerzan estos puestos deben tener claridad sobre esto e implementar decisiones para asegurar que la presupuestación y ejecución de fondos se realice de forma estratégica y eficaz.
El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública, como de la persona en la presidencia ejecutiva del PANI (que actualmente detenta también el rango de ministra), son puestos claves para el desarrollo nacional. Por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento y formación son requisitos indispensables.
Con amplia trayectoria en el campo de la niñez y la adolescencia, Rodríguez y Chaverri destacaron que las anteriores consideraciones, en el pasado, no siempre fueron tomadas en cuenta, lo cual—en su criterio—resultó en nombramientos de personas no idóneas, quienes tomaron decisiones que hicieron daño a las instituciones y al país y produjeron retrocesos en el cumplimiento integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Por todo lo anterior, les instamos a que los nombramientos en el MEP y el PANI se realicen considerando estos puntos en los perfiles técnicos y la trayectoria en los campos específicos de quienes resulten elegidos”, concluye la carta dirigida al gobierno electo, suscrita por ambos especialistas de la UNA.
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Compartido con SURCOS por Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri.
Una oferta educativa reducida, climas educativos predominantemente bajos en los hogares, dificultades de acceso a recursos didácticos y falta de docentes en las regiones, son parte de las condiciones asociadas a la modalidad de liceos rurales que favorecen la reproducción del modelo de desigualdad prevaleciente en el país, según evidencia la investigación “Factores socioeducativos y dinámicas de inclusión-exclusión en la oferta de Educación Media del Ministerio de Educación Pública”, realizada por el equipo académico del proyecto Perfiles, dinámicas y desafíos de la educación costarricense del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).
“La desigualdad es un tema complejo, multidimensional, entonces uno no puede decir que la modalidad de liceos rurales de por sí es excluyente, por sí misma no lo es; pero todos los otros factores que están asociados al contexto educativo propio de los mismos estudiantes, como el clima educativo, las distancias, todo eso afecta el que esta población esté en una condición de desventaja cuando está dentro de un liceo rural”, afirma Cecilia Dobles, académica del Cide y coordinadora del equipo investigador que presentó los resultados del estudio, el pasado 9 de marzo, en el auditorio Clodomiro Picado del Campus Omar Dengo de la UNA.
Un conjunto de factores
Aunque aclaró que esta modalidad de liceos rurales surgió para dar derecho y acceso a educación de más calidad en las distintas zonas del país, Dobles insistió en que hay una serie de limitaciones propias de los contextos educativos, que van planteando desigualdades, como es el caso de la falta de docentes formados para las especialidades que se requieren para un colegio académico, así como la malla curricular reducida.
Por ejemplo—de acuerdo con datos del MEP citados en la investigación—mientras el colegio académico tradicional tiene 126 lecciones en el III ciclo y 88 en educación diversificada, en la modalidad de liceos rurales las lecciones se reducen a 120 y 80, respectivamente.
Y es que—añade la especialista—por la misma condición de falta de docentes en las regiones, no hay posibilidad de impartir artes plásticas, educación física u otras materias, lo que va en perjuicio de la calidad de la educación que recibe la población estudiantil en los liceos rurales.
La problemática de los docentes también lleva a que deban hacerse contrataciones por inopia en estos centros educativos, las cuales muchas veces se realizan en forma postergada, cuando ya ha iniciado el ciclo lectivo.
A esto se suma el hecho de que los docentes tampoco tienen acceso a procesos de capacitación o formación continua debido a las distancias geográficas, lo cual también representa una limitación muy grande, según destacó la investigadora.
Luis Diego Conejo, académico del Cide e integrante del equipo investigador, coincidió en que las condiciones de la modalidad de liceos rurales que reproducen el modelo de desigualdad tienen que ver con una oferta educativa reducida, pero también con el contexto familiar del cual provienen los estudiantes, de los climas educativos predominantemente bajos, así como las dificultades en el acceso a recursos educativos y materiales tanto en el área educativa como en sus hogares, lo cual afecta negativamente su experiencia de aprendizaje. “Es un conjunto de factores”, subrayó.
En el caso del contexto familiar, el especialista explicó que el hecho de que las personas que atienden esta modalidad provengan de climas educativos bajos en sus hogares limita las posibilidades de que se haya fomentado una serie de capacidades básicas, que tienen que ver con la lectoescritura o con acceso a materiales o recursos educativos en sus casas, que les permitan desarrollarse a un nivel que sea comparable al resto de la población.
La investigación del Cide profundiza acerca de la prevalencia de diferencias profundas entre las modalidades educativas en la educación media, a saber: Académico Diurno, Académico Nocturno, Ambientalista, Artístico, Bilingüe, Científico, Técnico Profesional, Deportivo, Humanista, Indígena, Rural, Telesecundaria y Unidades Pedagógicas.
De esta forma, el estudio identifica desventajas que tiene la población estudiantil nacional, dependiendo de la opción educativa a la que asista y las condiciones propias de las realidades educativas en que se encuentran inmersos los centros educativos.
En ese marco, se encuentra que hay modalidades educativas que lejos de reducir las brechas para acceder a una educación de calidad, reproducen los factores y dinámicas que generan la desigualdad educativa, tal como se hace evidente en el caso de los liceos rurales.
El equipo investigador está conformado por las personas académicas: Cecilia Dobles (responsable); Luis Diego Conejo, Viviana Gómez, Olga Guevara, Gabriela Quirós, Satya Rosabal, Magaly Rodríguez y Giannina Seravalli. Además participaron las estudiantes graduadas Liseth Rojas y Jennifer Vanegas.
Video:
***Más detalles con periodista Oficina Comunicación UNA 8334-4150.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) atropella los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO de más de cuatro horas de duración.
En un contexto donde días atrás más de 70.000 estudiantes de quinto grado de primaria y 7.000 de colegios privados académicos, humanísticos o científicos se sometieron por primera vez a las pruebas FARO en Matemáticas, Español y Ciencias, el día de hoy 12 de noviembre, las y los estudiantes de quinto grado realizaron los cuestionarios de “Factores Asociados”. Su extensión y alto grado de complejidad provocó extremo agotamiento, tensión y crisis emocional en la población infantil, saliendo estudiantes a vomitar ante dicho estado de agotamiento y estrés. El estudiantado se vio obligado a responder cuatro cuestionarios con cubrebocas, incluso en aulas que no tienen buenas condiciones bio-sanitarias. Además, no estaba preparado para eso.
Reconocemos y avalamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.
Dichos cuestionarios paradójicamente intentan identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO.
Es inconcebible que se diseñen desde el propio MEP herramientas que contiene hasta preguntas con 30 respuestas; las cuales las personas docentes tenían que ir leyendo una a una, donde niñas y niños de entre 10 y 11 años de edad se les somete a tener que dar 600 respuestas.
El malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía). Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia”, pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. El estudiantado alude a su dolor de manos de estar respondiendo los cuestionarios tan extensos.
Instamos a articularnos diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las raíces y motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO; máxime cuando la propia viceministra de educación plantea que “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, siendo indiferente a los efectos nefastos causados en el estudiantado, personal docente y administrativo de los centros educativos a su cargo. Así mismo, reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando.
Afirmamos que independiente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES
Comunidades educativas
Costa Rica
Información compartida a SURCOS por María Trejos Montero.
Alguien asoció en las redes las pruebas FARO con un convenio educativo con Cuba; una pose más de este gobierno por el prestigio internacional de Cuba en materia educativa, pero en realidad sin ninguna relevancia práctica.
Las pruebas FARO se inspiraron en las pruebas PISA de la OCDE, con una gran diferencia: las pruebas PISA no son de promoción, son un muestreo de diagnóstico que incluso no es anual. «Los factores asociados» vienen de aquí.
Al inicio de este gobierno, como Costa Riva iba a entrar a la OCDE, los tecnócratas de este organismo internacional recomendaron eliminar las pruebas de Bachillerato y 6° grado de primaria por considerar que pruebas estandarizadas de promoción son un anacronismo. La gente de Control y Gestión de la Calidad en el MEP propuso un híbrido: las pruebas FARO, con un porcentaje para la promoción del estudiante.
Fueron concebidas como mecanismo de evaluación y represión del docente, que se anunció que iba a ser calificado con un puntaje asignado a los estudiantes a partir de estas pruebas, a lo que se sumaría una calificación de los padres de familia y del superior institucional (los directores), Esto habría el camino a la manipulación de los educandos y los padres de familia por parte de directores y supervisores con fines de persecución política. El sesgo policial de las pruebas arranca de aquí.
Por la imposición de las pruebas de idoneidad del docente y la ley de Empleo Público, que someten a mayor control político a los educadores, al final las pruebas FARO sólo quedaron como un mecanismo para culpabilizar al docente de la crisis del sistema educativo que los jerarcas del MEP han provocado, entre otras cosas con la aplicación de la enseñanza por competencias; UNA POLÍTICA DE LA OCDE que comenzó a implementarse con el ex ministro Garnier.
Todo esto terminó con un abuso brutal contra las niñas y los niños porque las gentes que elaboraron las pruebas FARO (al igual que el nuevo ministro) son tecnócratas con poca o ninguna experiencia pedagógica. Pablo Mena y su grupo, al igual que la ex Ministra Giselle Cruz, se formaron en la Maestría de Evaluación Pedagógica de la UCR, con una obsesión econométrica (por las mediciones cuantitativas) muy propia de los enfoques neoliberales. Resolver los problemas pedagógicos lo reducen a recoger información que en su óptica es relevante.
En realidad, si en Costa Rica se aprendiera de la experiencia pedagógica cubana sería una gran cosa. Uno de los colegios de la burguesía de más calidad académica, el de San Antonio de Belén, contrata profesores cubanos por la formación pedagógica que tienen.
EL PREJUICIO Y LA IGNORANCIA NO SON DE GENTE INTELIGENTE. El atropello pedagógico que se cometió se explica por la cuadratura mental neoliberal de sus gestores y el afán de culpar al docente por todos los yerros de los jerarcas del MEP.
Una nueva y vergonzosa pifia por parte del Ministerio de Educación Pública. El ente que debe de impulsar cambios curriculares y estratégicas pedagógicas orientadas al fortalecimiento del proceso educativo dejó nuevamente en evidencia su incompetencia para liderar ese proceso.
Durante la pandemia, el MEP fue incapaz no sólo de garantizar la inclusión educativa de miles de estudiantes; sino que erróneamente lo apostó todo por la presencialidad, ampliando el nivel de contagios e incluso hasta de muertes en su población docente.
Si, dos años perdidos en el sistema educativo, especialmente para los centros educativos públicos; dos años no solo irrecuperables, sino también con una carestía de visión de mediano y largo plazo.
Lo de las Pruebas Faros fue la cereza en el pastel, una incapacidad manifiesta por la señora ministra, su equipo de asesoría, y los mandos medios. No basta con la renuncia de Pablo Mena, Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, la ministra también le haría un enorme favor al país si renuncia a su cargo; en todo caso, ya terminó de enterrar lo poco de credibilidad que tenía. No se la extrañará, con ella o sin ella, el MEP no tiene un puerto cierto de llegada durante este gobierno.
Aunque la ministra nos diga otra cosa y apele al interés superior del niño, las Pruebas Faro pasarán a la historia como un mamotreto evaluativo violatorio de los derechos de la niñez y de la privacidad de miles de familias; un mamotreto que nos costó miles de millones de colones en impuestos y de los que la ministra y su equipo de trabajo no se harán responsables.
Con esta nueva y sonada impericia, tengo la hipótesis de que las aspiraciones presidenciales de Welmer Ramos y del PAC van a figurar aún más reducidas en el nuevo estudio del CIEP-UCR.
PD. Esta noche recibimos la esperada noticia con la renuncia de la Ministra de Educación.
¿Cambia en algo la situación de este ente gubernamental? Para nada, la crisis del MEP es estructural, subsumido en atender las necesidades formativas del empresariado. El nuevo ministro tendrá un margen de acción muy limitado para implementar políticas de mediano y largo plazo, sea en términos temporales como programáticos; puede que incluso continúe con la línea de instrumentalizar la educación en función de los intereses del capital.
