Autora: Ross Salazar Vargas / Estudiante de piscología.
21 Mayo 2024
El domingo 12 de mayo El observatorio de Bienes Comunales se dirigió a Rio Cuarto con la intención de conocer mejor la ruta de la piña, así como compartir y escuchar las experiencias de las personas de la comunidad.
A partir de las anécdotas de líderes sindicales y personas de la comunidad, se nos presenta no solo la ruta misma, sino también las implicaciones que hay para el ambiente y las personas trabajadoras en cada paso desde la preparación del terreno para la siembra hasta la extracción de la cosecha.
La gira dio inicio en casa de Hector Dávila, Helena Trigero y su familia, quienes nos recibieron y a quienes escuchamos contar diversas historias respecto a su experiencia sindical pasada, tras lo cual nos dirigimos a conocer a una finca en donde tuvimos la oportunidad de comprender el ciclo de la piña y las problemáticas presentes en cada parte del ciclo.
El primer elemento notorio al llegar al lugar es que la piña se mantiene al margen del bosque que aún resiste, lo suficientemente cerca como para que la actividad afecte directamente las zonas que habitan estos animales que incluso se acercan a las plantaciones. Algunos de registros mencionados fueron serpientes, arañas, felinos y aves.
Además de la fauna, también hay una afectación en el agua, pues tuvimos la oportunidad de observar lugares en donde alguna vez hubo cuerpos de agua y que ahora están llenos de piña. La preocupación expresada al respecto es que el agua no desaparece, sino que se encuentra allí abajo mientras los químicos se rocían arriba y fluye hacia otras zonas contaminando así el resto de las aguas que eventualmente llegan a los ríos o se consumen.
Iniciando el recorrido Ávila nos muestra una planta con una flor y explica las diferentes fases que estas flores tienen antes de volverse un fruto. Además, señala la diferencia entre una piña natural y una no natural: La piña natural es aquella cuyo fruto se desarrolla en condiciones naturales, mientras a la piña no natural se le genera estrés por cambio de temperatura para que esta desarrolle el cuerpo fructífero.
Además de esto, explica que de las plantaciones anteriores se adquieren nuevas piñas. Algunas nacen a partir de la base, otras del medio o del tallo y la corona. Este último al crecer más lento no es la parte generalmente utilizada.
Mientras tanto, la fruta que se encuentra en crecimiento es constantemente cuidada por las personas trabajadoras, quienes inspeccionan que estas se encuentren en buen estado, es decir, que la planta no muestra señales de encontrarse enferma y que la fruta no muestre evidencia de estar quemada o invadida por algún insecto.
Como se menciona anteriormente, la fruta se quema, especialmente durante verano. En ese caso, es fácil inferir que las personas trabajadoras también se ven expuestas a quemaduras, insolación y otras afectaciones debido al sol y al caliente equipo que deben utilizar para protegerse.
Además de la constante atención a las plantas, las quemaduras son contraladas por el uso de químicos que son regados con un vehículo conocido como Sprayboom, el cual posee largos brazos con una cañería por la cual se distribuyen los pesticidas y otros productos químicos. Respecto a esto Ávila expone que otras opciones más amigables con el ambiente y las personas trabajadoras para proteger el producto del sol son posibles, no obstante, tienen un precio elevado teniendo en cuenta la cantidad de terreno que se destina para las plantaciones.
Este vehículo, que además de proteger del sol también rocía insecticidas, tiene como recurso unas banderas que señalan la toxicidad del producto que está siendo aplicado, no obstante, mientras el Sprayboon riega las plantaciones las personas trabajadoras muchas veces se encuentran allí, pues no hay una coordinación clara entre ambas partes. Además, se nos comenta que quienes laburan en el campo desconocen el significado de los colores presentes en las banderas, ignorando si se encuentran el peligro.
Una vez que la fruta esté lista la piña se arranca, la corona se corta de una en una y se clasifican en 1, 2, 3, 4 o 5 según el tamaño de la piña, siendo la 1 la de mejor calidad y tamaño más grande, según lo establece el mercado para la exportación del producto.
Cabe recalcar que la ruptura de la corona se hace a mano, por tanto, el peso y el movimiento continuo y repetido puede llevar a lesiones. En tanto a posibles accidentes o enfermedades laborales, se comentó el problema a acceder a los servicios del INS, pues muchas veces estos casos se llevan con doctores de la empresa, quienes no escalan el caso a las instancias que se debería, y este derecho no es reclamado por algunos trabajadores debido al desconocimiento.
A la realidad de las personas trabajadoras se le agrega un fenómeno llamado contratismo, una figura no legal en Costa Rica en donde, en este caso, se labura por acuerdo de ambas partes sin ninguna garantía laboral por parte de la empresa piñera que contrata. Esta figura ocasiona que se trabaje en condiciones en donde los derechos laborales no son respetados. Esos trabajadores muchas veces deciden no accionar al respecto, pues una parte se trata de personas inmigrante cuya condición les lleva al miedo a la denuncia de estas acciones.
Una vez recogida la cosecha llega el momento de reiniciar el ciclo. Las plantas viejas se queman utilizando un químico con el fin de limpiar la zona. No obstante, ha habido casos en donde, a pesar de no ser permitido, esta limpieza se ha hecho por medio de quemas que afectan la salud de las personas de quienes viven cerca, no solo por la inhalación de humo sino también por los químicos que se encuentran en las plantas e interactúan con el fuego, según comenta una de las personas locales.
Tras la quema, el terreno se prepara para la siembra a mano de las nuevas piñas, a las cuales se les pone enraizador y constantemente se revisan para asegurar que no haya daños, dando así inicio a una nueva temporada de siembra y cosecha.
Entonces, ¿por qué luchan las personas locales?
Como se puede inferir a partir del ciclo de la piña y las implicaciones que cada parte tiene para las personas trabajadores, la producción masiva de piña para exportación afecta significativamente la salud de las personas y el ambiente. Esta es una preocupación constante para quienes trabajan o viven en estas zonas, sin embargo, también es una parte central en su vida y la principal actividad económica de la zona. Es un área en la cual han desarrollado un gran conocimiento no solo en su ciclo y su cuido, sino también a las realidades implícitas en este modo de producción. Estas personas se han sensibilizado con las consecuencias de las prácticas que se deben llevar a cabo para realizar exportación de calidad y en masa, no solo a nivel personal como trabajadores, sino también como parte de un ecosistema interdependiente. Por tanto, eliminar la piña y su cultivo no forma parte de las principales preocupaciones de las personas que conviven y laburan con ella, no obstante, la comunidad lucha por la regulación en los agroquímicos y la expansión piñera, por condiciones laborales dignas en donde las personas supervisoras no temas a señalar aquello que la empresa debe mejorar y las personas trabajadoras puedan hacer uso de todos sus derechos laborales y conozcan claramente a lo que se encuentran expuestas. Luchan por una producción de piña más justa.
Galería de fotos (Tomadas por Ross Salazar Vargas)
Conversamos con Héctor Dávila vecino de la Españolita en Río Cuarto y secretario general del SINTRAAC, con quien conversamos sobre las articulaciones y tensiones que rodea el monocultivo de la piña con las elecciones municipales en este cantón de Costa Rica, reflexionamos sobre ¿Cómo ha sido la relación de la política local con la expansión piñera? ¿Qué ha implicado esta relación para el desarrollo del cantón? ¿Qué desafíos tiene la comunidad ante este tipo de política local que se ha venido implementado?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
En Orotina, la empresa Agrícola Mayán cuenta con más de 5 años de experiencia en el uso de productos biológicos en sus plantaciones de melón, sandía y arroz. Esto les permitió, el año pasado, reducir a un 30% el uso de productos químicos en el suelo.
Producción agrícola
Los biofertilizantes y biocontroladores contribuyen a reducir la carga química en las plantaciones de melón, sandía y otras cucurbitáceas.
Los productos biológicos del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) son una alternativa para los meloneros costarricenses que buscan producir de forma más amigable con el ambiente y en consonancia con los requerimientos de los mercados internacionales.
La Ing. Marena Chavarría Vega, investigadora del área de microbiología y biocontrol del Centro de Investigaciones Agronómicas CIA, asegura que varias empresas meloneras costarricenses ya trabajan con este tipo de productos.
Este sector, recientemente se vio envuelto en una polémica por la detección de residuos del plaguicida Clorotalonil en uno de sus cargamentos que ingresó a Alemania. Según informó el Semario Universidad y e internacionales el melón contenía residuos por encima de los niveles máximos permitidos por la Unión Europea.
Al respecto, la Ing. Chavarría, asegura que, a pesar de este hallazgo que se dio en un solo cargamento, hay que reconocer que los meloneros desde hace varios años han incorporado productos biológicos con el objetivo de reducir la carga química en sus fincas.
“Ya ellos llevan años tratando de ir eliminando esos productos (químicos), ¿por qué? Porque sabemos que, aunque la Unión Europea nos vendan los productos, llegará el momento en que nos digan: ¡No más melones con químicos, o no queremos sandía que lleve absolutamente nada!” Por eso, Chavarría alienta a los productores a incorporar productos a base de microorganismos para una producción más limpia.
Por su parte, Wendy Vargas Matarrita, presidenta de la Cámara de Productores y Curcurbitáceas de Costa Rica, a la cual pertenecen 26 proyectos dedicados a la exportación de melón y sandía (en su mayoría pequeños y medianos), confirma que han recibido apoyo de las universidades públicas para incorporar otras alternativas.
Las razones para optar por alternativas biológicas para el control de plagas y enfermedades son varias, detalla Vargas. Entre ellas; las restricciones en la lista de productos químicos que se pueden utilizar en el país, la ineficacia de los químicos para controlar algunas plagas y el aumento en los precios de esos productos.
Uso excesivo de químicos en CR
Costa Rica ocupa el primer lugar en consumo de agroquímicos entre los países de la OCDE. En el país todavía se utilizan alrededor de 20 de los plaguicidas más peligrosos del mundo, según el estudio “Uso aparente de plaguicidas” elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).
Mauricio Álvarez, ambientalista y profesor de la Escuela de Geografía, quien ha denunciado el excesivo uso de productos químicos en los monocultivos de Costa Rica, reconoció que el sector melonero ha hecho un cambio tecnológico en el uso de agroquímicos motivados principalmente por las presiones de los mercados internacionales.
“Ellos ya han dejado de usar el bromuro de metilo, lo están haciendo a la luz de lo que les pide la Unión Europea para recibir las exportar de melón a ese destino y a los Estados Unidos” señala el docente.
El melón, Cucumis melo L., es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria de África tropical. Las plagas y enfermedades pueden causar daños importantes en el cultivo de melón, lo que conlleva una reducción en el rendimiento, y un perjuicio económico. Fuente: Hoja divulgativa Manejo integrado de plagas en melón (Cucumis melo) cultivado bajo invernadero: una experiencia.
Un 90 % de la fruta que producen las empresas asociadas a la Cámara de Productores y Curcurbitáceas de Costa Rica se exporta hacia el mercado europeo, y en segundo lugar, al mercado estadounidense. Para poder exportar a Europa, los meloneros deben cumplir con al menos dos certificaciones que se renuevan cada año, según detalló Wendy Vargas.
La representante del sector subraya que son muchos los requisitos que deben cumplir para poder exportar al mercado europeo que es muy estricto en términos de inocuidad de la fruta, del manejo en el campo, controles para evitar problemas ambientales y bienestar laboral. Por lo tanto, han venido incorporando cada vez más las alternativas biológicas.
Avances y limitaciones de los productos biológicos
El uso de productos biológicos como alternativas a la aplicación de agroquímicos ha venido en aumento en los últimos cinco años, según reflejan los datos de ventas del CIA que pasó de 120 galones anuales en el 2017 a más de 13.000 galones vendidos en el 2021.
Este aumento de la demanda se relaciona con la crisis de contenedores y la invasión de Rusia a Ucrania en 2021, la cual condujo a altos costos de los insumos agrícolas, y por lo tanto, a que los productores buscaran otras alternativas para controlar las plagas y enfermedades.
Aunque los meloneros se sumaron a utilizar productos biológicos, Vargas reconoció que la mayoría sigue trabajando también con productos químicos, como parte de un manejo integrado de plagas. Además, lamentó el rezago que tiene el país en la inscripción de moléculas más seguras para el ambiente y la salud, lo cual no les permite acceder a químicos “más nobles” con el medio ambiente.
«El manejo integrado de plagas y enfermedades consiste en la aplicación de diferentes métodos de combate, con base en la densidad poblacional de la plaga, con el fin de reducir al máximo el uso de plaguicidas sintéticos, a la vez que se obtiene un rendimiento apropiado. Esto conduce a una producción más sostenible, alimentos más sanos (inocuos) para los consumidores, y un ambiente más saludable para los agricultores»., explica el innvestigador José Eladio Monge Pérez en su Guía práctica sobre melón.
Por su parte, Mauricio Álvarez, quien aboga por un modelo de producción agroecológico de escala familiar y comunitaria, mencionó las limitaciones que pueden tener las alternativas biológicas en modelos de producción de gran escala como en los monocultivos.
Los productos biológicos son capaces de sustituir hasta cierto punto el uso de químicos, pero, según detalla la ingeniera Marena Chavarría, se trata de un proceso paulatino en el que los productores deben ir enriqueciendo sus suelos con colonias de microorganismos benéficos.
Chavarría insiste en que es necesario llevar más capacitación y acompañamiento a los productores para hacer la transición a los productos biológicos y así evitar el uso excesivo de químicos, que lamentablemente posiciona a Costa Rica como el mayor consumidor de agroquímicos a nivel mundial.
Desde el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) se brinda acompañamiento a los productores y se realizan análisis previos para determinar cuál es la fórmula específica que requiere cada finca, según las necesidades y problemas que enfrentan. Además, se hacen visitas para verificar los resultados de la aplicación de los productos biológicos y hacer los ajustes necesarios.
Productos de control biológico del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)
El Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR) ofrece ocho productos entre los que se encuentran biofertilizantes y biocontroladores, elaborados bajo estrictos controles de calidad. Se comercializan en presentaciones de 1 galón, pichanga ( 5 galones) y estañon (53 galones). Costo 5.712 colones por galón.
Contacto:
Para solicitar mayor información acerca de los productos que se ofrecen, favor comunicarse al 2511-3561, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Continuanos reflexionando en torno a las implicaciones de la expansión piñera en las Brisas de Upala, en esta ocasión conversamos con Bertha Orozco sobre como este monocultivo afecta la vida del campesinado y las implicaciones que viven en las Brisas de Upala ante una expansión intensiva que ha provacado una tendencia de achicamiento del pueblo, al extremo de vivir a orillas de la piñera.
Reflexionamos sobre ¿Qué significa vivir rodeados de piña? Para esto visitamos Las Brisas de Upala para conocer de primera mano las implicaciones que ha tenido la expansión piñera en la calidad de vida de las personas vecinas y los desafíos que representa el achicamiento del pueblo ante este contexto de extensión e intensificación de este monocultivo. De la mano de las personas vecinas de la comunidad problematizamos algunas dimensiones que han venido erosionando las condiciones de vida en la comunidad de Las Brisas, y aún más importante por qué sigue siendo importante defender nuestros árboles y nacientes.
El próximo martes 19 de octubre del 2021, a las 12:00 m.d., en el programa “Aula Abierta” se abordará el tema de “Paisajes del despojo, un análisis desde la cotidianidad del monocultivo”. Se contará con la participación de:
Dr. Diana Ojeda, quie es geógrafa feminista, asociada al Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, posee una maestría y un doctorado en geografía de Clark University, Worcester, MA, Estados Unidos.
Esta sesión del curso “Disputas Territoriales y socioambientales en Costa Rica: el caso de los monocultivos”, se transmitirá en vivo en el Facebook Live del Programa Kioscos Socioambientales.
Por Cristopher Pérez Núñez y Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales
Durante los últimos 20 años la agroindustria piñera se ha posicionado como uno de los sectores más dinámicos del país, lo que se ha visto reflejado en el volumen y valor de sus exportaciones y en el acelerado proceso de expansión territorial que experimentó durante este periodo. Ese a su vez se ha visto acompañado de no pocos cuestionamientos, denuncias y conflictos de carácter socioambiental y laboral.
En 2020 la pandemia sacó a relucir una serie de situaciones que venían dándose a lo interno del sector, pero que se habían mantenido alejadas del debate público por el poco interés de la hegemonía política y mediática. Esto debido a los altos índices de contagio que experimentó la zona norte durante los meses de mayo y junio, en donde, tanto la frontera como las empresas dedicadas a la producción monocultivista se posicionaron como importantes focos de contagio, dando inicio así a la segunda ola que enfrentó el país.
Ahora bien, una de las situaciones más graves que sacó a la luz esta emergencia fue la de la existencia de un esquema de contratación ilegal, por medio del cual algunas de estas empresas recurrían a la contratación de personas migrantes en condición irregular, y que además les permitía evadir de manera sistemática el cumplimiento de garantías laborales. Esto permitió visibilizar las pésimas condiciones de trabajo que imperan en buena parte de las plantaciones del sector, así como el incumpliendo de las medidas y protocolos sanitarios necesarios para la prevención y disminución de los contagios. Incluso, a varias fincas les fueron giradas órdenes sanitarias por otro tipo de irregularidades.
A diferencia de lo sucedido en el marco de la pandemia, los conflictos aparejados al desarrollo de este monocultivo han sido omitidos por los diferentes gobiernos de turno, lo cual ha demostrado no solo el poder de este sector, sino, también, el abandono estructural que sufren estas poblaciones por parte del Estado costarricense. Esta situación ha sido el resultado de décadas de políticas que anteponen los cálculos económicos por encima del bienestar de la población, y que han permitido el desarrollo de un modelo basado en la socialización de los costos y en la concentración de las ganancias.
Según datos de Procomer, durante el 2020 el sector piñero registró una variación de un -6% en el valor de sus exportaciones con respecto al 2019, cerrando el año con la cifra de $888,219.7, superior a los $874,176.5 registrados en 2016. Por otro lado, a pesar de la disminución en el valor de sus exportaciones, durante el 2020 la piña se mantuvo como el segundo principal producto de exportación del sector agrícola y entre los cuatro principales productos de exportación a nivel nacional, representando el 8% del total de las exportaciones del país. Ya en el primer trimestre del 2021 dicho sector registró signos claros de recuperación al reportar un valor de exportaciones por el monto de $236,363.6, superior al registrado durante los últimos 4 años (Procomer: Anuario estadístico 2020; Portal estadístico 2021).
Estos datos no hacen más que evidenciar el peso económico que posee este sector dentro de la economía nacional, así como su consolidación en términos comerciales a nivel internacional. Sin embargo, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020, elaborado por la Escuela de Estadística de la UCR en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pone nuevamente en evidencia el escaso desarrollo que han alcanzado los cantones de la zona norte, especialmente los que cuentan con la mayor extensión de hectáreas dedicadas a la producción de este monocultivo. El caso de San Carlos es particular, porque a pesar de presentar mayores índices de desarrollo humano, contiene importantes desigualdades a nivel intracantonal, en donde, al igual que a nivel regional, los distritos que poseen la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de piña son también los que registran los índices de desarrollo social más bajos (Mideplan 2013 y 2017; Moccup 2020).
Ante esta realidad resulta alentador que, a pesar del fuerte apoyo político y mediático con el que cuenta este sector, y del lobby empresarial que durante muchos años logró instalar la narrativa de que la expansión piñera era sinónimo de desarrollo, hoy en día, según datos de la última encuesta realizada por el CIEP-UCR, cerca de un 50% de la población sostiene que el Estado debería limitar la producción piñera a pesar de los beneficios económicos que esta conlleva.
El pasado jueves 17 de mayo de 2021, se llevó a cabo la clase abierta del curso “Disputas Territoriales y socioambientales en Costa Rica: el caso de los monocultivos”, gestionado por el Programa Kioscos Socio-ambientales. En esta ocasión, participó la Dra. Diana Ojeda, quien abordó el tema de “Paisajes del despojo, un análisis desde la cotidianidad del monocultivo”.
Diana Ojeda es geógrafa feminista, asociada al Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes. Es economista e historiadora de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y tiene una maestría y un doctorado en geografía de Clark University, Worcester, MA, Estados Unidos.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.
“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.
En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)
Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.
La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.
Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.
Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.
Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.
El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.
Los propósitos de la misma serían:
Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales
Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.
Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.
Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:
1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles 2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado 3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno 4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa 5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola 6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias 7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.
Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.
