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Etiqueta: multilateralismo

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.

Dictadura no es excusa: la intervención de EEUU en Venezuela y el colapso del derecho internacional

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Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez

La madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una operación militar directa sobre territorio venezolano, que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras zonas estratégicas, y que culminó con el secuestro ilegal de Nicolás Maduro y su esposa, así como su traslado forzado a los Estados Unidos. Esta operación dejó al menos 80 personas asesinadas, muchas de ellas civiles inocentes.

El propio presidente estadounidense anunció públicamente que él personalmente “dirigirá Venezuela temporalmente” y que gestionará la explotación de sus reservas petroleras.

Este solo hecho revela con crudeza la verdadera naturaleza de la intervención.

Algunos sectores han celebrado la captura de Maduro como si se tratara del derrumbe de la dictadura. Sin embargo, el régimen autoritario venezolano no ha desaparecido: El gobierno, el ejército, y todas las instituciones del Estado, siguen en manos del llamado chavismo. Solo que bajo control de Washington y con especial atención en sus reservas y producción de petróleo.

No se puede minimizar la gravedad del régimen venezolano. Maduro consolidó un poder autoritario, marcado por denuncias persistentes de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y manipulación de procesos electorales. La crisis humanitaria y el éxodo de millones de venezolanos son hechos incontrovertibles.

Pero la existencia de una dictadura no legitima una invasión extranjera.
La operación de Estados Unidos no fue acordada por el pueblo venezolano, ni respondió a un mandato multilateral. Fue una intervención unilateral que violenta la soberanía de Venezuela, secuestra a su jefe de Estado y coloca el destino político del país en manos de un gobierno extranjero.

La Carta de las Naciones Unidas, base del orden jurídico internacional, es inequívoca en su artículo 2.4:
“Los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Este principio jurídico prohíbe el uso de la fuerza para derrocar gobiernos o controlar territorios, salvo dos excepciones muy limitadas: autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa frente a una amenaza armada inminente. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Venezuela.

Acciones como esta debilitan la seguridad colectiva, socavan el derecho internacional y envían el mensaje de que las grandes potencias pueden imponer su voluntad por la fuerza.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que esta intervención “hace al mundo menos seguro” y ha recordado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo, no por un ejército extranjero.

Aunque el discurso oficial estadounidense ha intentado justificar la operación en nombre de la democracia o del combate al narcotráfico, las declaraciones y decisiones adoptadas evidencian que el objetivo central es el control de la producción y comercialización del petróleo venezolano. No se trata de la liberación de un pueblo de su tiranía, sino de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos.

La normalización de este tipo de intervenciones abre un precedente extremadamente peligroso: ¿qué impedirá que otras potencias recurran a la fuerza para imponer gobiernos funcionales a sus intereses?

Para países como Costa Rica, que no tiene ejército y ha apostado históricamente por el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, este quiebre del orden jurídico internacional es especialmente grave. La soberanía y el derecho no son abstracciones: son la principal garantía de nuestra seguridad.

El hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador no justifica ni legitima la intervención militar de Estados Unidos.

Por estas razones debemos rechazar esta agresión militar, que viola el derecho internacional y debilita los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La democracia en Venezuela solo puede construirse desde dentro, mediante decisiones propias y en el marco de la legalidad internacional, no por la imposición de la fuerza ni por el control externo de sus recursos.

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

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IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Venezuela y el retorno descarnado del imperialismo

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para Surcos

Los acontecimientos recientes en Venezuela no pueden ser leídos como un hecho aislado ni como una simple excentricidad de la política exterior estadounidense. Diversos analistas críticos, tanto latinoamericanos como europeos, coinciden en que estamos ante una nueva fase del imperialismo en América Latina, más explícita, más agresiva y menos preocupada por las formas del derecho internacional.

La agresión militar, el secuestro del presidente venezolano, el bloqueo naval y la presión política ejercida por Estados Unidos constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Sin embargo, lo más relevante no es solo la ilegalidad del acto, sino el hecho de que esta ya no se disimula. El mensaje es claro: la potencia hegemónica se arroga el derecho de intervenir directamente cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.

Existe un amplio consenso entre analistas críticos en que no se trata de una operación humanitaria ni de una defensa de la democracia. Tampoco de una lucha efectiva contra el narcotráfico. El objetivo central es el control de recursos estratégicos, comenzando por el petróleo, pero incorporando hoy un elemento decisivo del siglo XXI: las tierras raras y minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica, militar y energética global. En un contexto de competencia creciente con China y Rusia, Venezuela aparece como un enclave geopolítico clave.

Esta ofensiva se inscribe en una actualización de la Doctrina Monroe, ahora presentada bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. América Latina vuelve a ser concebida como “zona de influencia exclusiva”, al margen del sistema multilateral y del derecho internacional. No es un retroceso coyuntural, sino una redefinición estratégica del orden mundial, donde la fuerza prima sobre las normas.

Otro punto de coincidencia es que el cambio de régimen ya no adopta necesariamente la forma clásica del golpe de Estado. La estrategia actual combina presión militar, judicialización, control informativo, operaciones encubiertas y negociaciones bajo amenaza. El objetivo no es el caos, sino una transición tutelada que garantice orden interno, control territorial y continuidad de las infraestructuras clave, especialmente las energéticas.

En este escenario, la situación interna venezolana aparece profundamente erosionada. El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad y de representación, y ha demostrado ser incapaz de defender efectivamente la soberanía nacional frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, sectores de la oposición han apostado abiertamente a la intervención extranjera, subordinando la autodeterminación del país a intereses externos. El resultado es un vacío político, donde las Fuerzas Armadas se consolidan como actor central no por legitimidad democrática, sino por su monopolio de la fuerza y su capacidad de negociación.

Los analistas coinciden también en que Venezuela no es el único objetivo. La agresión funciona como advertencia para toda la región. Si se normaliza una intervención de este tipo sin consecuencias políticas, ningún país latinoamericano con márgenes de autonomía está a salvo. Cuba, Nicaragua y otros procesos incómodos para Washington aparecen claramente en el horizonte.

Frente a este panorama, hay una conclusión compartida que incomoda tanto a gobiernos como a oposiciones tradicionales: no existe una salida progresiva sin una recomposición autónoma de las clases trabajadoras y populares. Ni el respaldo acrítico a regímenes debilitados ni la confianza en soluciones diplomáticas tuteladas por las grandes potencias garantizan soberanía, democracia ni justicia social. La resistencia al imperialismo debe ir de la mano de la defensa de las libertades democráticas y de los derechos sociales dentro de cada país.

Lo que ocurre en Venezuela confirma, además, una tendencia global más amplia: la crisis del multilateralismo y la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Gaza, Ucrania, Sudán, Irán y ahora Venezuela forman parte de un mismo proceso de descomposición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Defender hoy el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es una consigna abstracta. Es una condición mínima para cualquier proyecto emancipador en América Latina. En ese marco, la solidaridad con el pueblo venezolano no es solo un gesto ético: es una necesidad política urgente frente al retorno descarnado del imperialismo.

Cronología de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela (2001–2026)

– 2001

– Inicio de la campaña de presión tras la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez.

– Financiación de grupos sociales y políticos antibolivarianos vía NED y USAID.

– 2002

– Participación en el intento de golpe de Estado.

– Creación del programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID para Venezuela.

– 2003–2004

– Apoyo financiero y político a Súmate (María Corina Machado) para impulsar un referéndum contra Chávez.

– 2004

– Estrategia de cinco puntos: penetrar la base chavista, dividir el movimiento, aislar a Chávez, crear grupos opositores y proteger intereses comerciales de EE. UU.

– 2015

– Barack Obama firma orden ejecutiva declarando a Venezuela “amenaza extraordinaria”, base legal para sanciones posteriores.

– 2017

– Prohibición de acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses.

– 2018

– Presión a bancos y navieras para cumplir sanciones.

– Banco de Inglaterra confisca reservas de oro del Banco Central de Venezuela.

– 2019

– Reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente provisional” por EE. UU.

– Intento de levantamiento fallido.

– Congelación de activos petroleros venezolanos en el extranjero.

– 2020

– Operación Gideon: intento de secuestro de Maduro y recompensa por su captura.

– Campaña de “máxima presión” durante la pandemia.

– FMI niega acceso a reservas de Venezuela.

– 2025

– María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz.

– Comité Nobel declara que Maduro debería abandonar el cargo.

– 2025–2026

– Ataques a embarcaciones venezolanas.

– Armada estadounidense aplica embargo marítimo y confisca petroleros.

– 3 de enero de 2026

– Ataque aéreo de EE. UU. contra Caracas y otras zonas.

– Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

– Confirmación de su traslado a EE. UU. bajo acusación de “complot narcoterrorista”.

Esta cronología muestra cómo la presión comenzó con sanciones y financiamiento en 2001 y escaló hasta un ataque militar directo en 2026.

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.

Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Europa hace navegar sus renovadas carabelas hasta América

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Cuando dentro de dos años, la anfitriona Bruselas, pronuncie la clásica «Soyez les bienvenus chers délégués« en la V Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC – UE), la bienvenida a lo mejor ya haya diferenciado el significado profundo en todos los idiomas entre “sumisión” y “colaboración” y así, entonces, los liderazgos de la región corran mejor suerte.

La extensa resolución final de la IV Cumbre regional y el viejo continente reflejó, por un lado, una visión de sociedad propia y tradicional de quienes defienden el llamado “capitalismo bueno”, gracias a “izquierdas democráticas” “socialismo de consensos”, “frentismos populares”, “coaliciones democráticas” etc., de marcado acervo socialdemócrata y reformista, con un excelente discurso disfrazado de “progresismo” conforme ordena el último grito de moda.

Las discusiones, por otra parte, presentes dentro de la IV Cumbre en Santa Marta, nos dejó la evidencia de una concepción diametralmente opuesta a la anterior, que cree superable el concepto tradicional de democracia como sinónimo de llamar solo a votar en ciertas fechas, encaminada a transformar el modelo con la incorporación activamente de la población en la defensa de las soberanías nacionales y la construcción del sistema de producción y sus relaciones para que, cualquier desarrollo alcanzado, se considere bien de toda la colectividad, por encima de cualquier oferta y demanda.

Se diferencian además de la primera tesis en que establecen con notoria claridad cómo el reformismo resultó en las últimas décadas un aliado incondicional de la Europa profundamente fragmentada y las plutocracias regionales decrépitas, incapaces de levantar proyectos independientes y soberanos, en relación con Estados Unidos y el viejo continente.

Se parecen, pero son como el aceite y el vinagre. Para los primeros es cuestión de “ajustar” y “focalizar” los problemas lógicos derivados de las bondades del ese capitalismo, para que nada o muy pocas alteraciones del sistema haya, al mejor estilo de Max Webber; para los segundos, en cambio, la democracia es más que elecciones cada cierto tiempo, porque creen que cualquier transformación política y económica corre a cargo de las mayorías y son, en última instancia los trabajadores quienes revolucionan toda realidad social.

Así, en Santa Marta estuvieron además sumamente activos un tercer grupo que por ningún motivo se debe perder de vista en los años venideros. Fueron quienes rechazaron a Nuestra América como zona de paz, aplaudieron las exclusiones de naciones en razón del color de la piel, gobierno, asuntos de género, despolitización de los derechos humanos, creen sin tapujos que la plaga del narcotráfico y el terrorismo basta combatirlo a bombazos y aplicación de la pena de muerte generalizada. Son los países cuyos delegados están matriculados con la nueva versión del nazifascismo-sionismo. Son, en síntesis, quienes toda su existencia depende de las órdenes dadas desde Estados Unidos y esperan que la UE tenga éxitos conjuntamente en la nueva aventura de recolonización.

Por último, no hay que perder de vista que en Santa Marta hubo una numerosa delegación de segundo nivel de Europa Comunitaria – pues de peso solo estuvo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro – que dio cátedra sobre cómo funcionan las nuevas leyes de los imperios.

Foto presidencia de la república de Colombia.

Un grupo de segundones de la UE que conocía el oficio al dedillo y se llevó en banda a quien pestañó.

La declaración final incluyó varios párrafos con términos cómo “colaboración”, “multilateralismo”, “democracia”, “elecciones creíbles”, obviamente como una concesión de la región para que Europa Occidental conserve el monopolio de decir qué comicios son válidos y qué gobierno deben reconocerse en sus antiguas colonias.

Esta versión sesgada a favor de los intereses de las naciones integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) produjo un intenso debate al interior del encuentro, confirmaron a la prensa local varios diplomáticos acreditados durante el encuentro.

Aunque los europeos lograron imponer contra todos los pronósticos sus intereses, junto a los de Estados Unidos -que no necesitó estar presente, pues tuvo excelentes peones –, la guerra de la OTAN en Ucrania contra la Federación de Rusia produjo el mayor cisma dentro de la cita, que se prolongó más allá del conclave.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, al terminó de la cita, contó que Nicaragua se apartó de la llamada “Declaración de Santa Marta” por un asunto de principios. “La posición del Gobierno de Nicaragua es clara: No aceptamos y debe ser excluido, eliminado el párrafo que hace referencia a Ucrania”, expresó. De esa manera, precisó a la prensa, hubo consenso para que se aprobara la Declaración de la Cumbre, de lo contrario el pronunciamiento final no sería aprobado. Se refería a que los acuerdos de la CELAC se adoptan por consenso entre sus miembros; cuando hay un desacuerdo se permite acompañar la declaración final con el documento en el cual el país deja constando sus diferencias.

La declaración final, fue suscrita por 58 de los 60 países participantes en la cumbre. Nicaragua y Venezuela se “disociaron” del conjunto del documento, por lo tanto, se promulgaron tres documentos, que ponen en evidencia que el “trato igualitario” tan invocado durante este importante encuentro estuvo lejos de la realidad diplomática.

Para la Europa civilizatoria esta cumbre en tierras latinoamericanas y caribeñas significaba una especie de “luz al final del túnel”, pues es la oportunidad de relanzar más de 500 años de vinculación con la región, dado el complicado tablero geopolítico y el innegable error de cálculo cometido por sus lideres, en relación con el conflicto en Ucrania.

Los principales voceros de la UE reconocen que su economía pasa por problemas para competir con China, sus arsenales de armas están casi vacíos, porque no paró en abastecer a Ucrania, en tanto se obligó a subir de 2 % a 5% el presupuesto para la compra de armamento procedente de Estados Unidos. Y Europa occidental vive de los réditos producidos por los despojos llevados a cabo en América, Asia y África, por eso se acostumbró a transformar materias primas que ahora se les dificulta su obtención.

Por eso, pensando en materias primas, no dudó en escalar un conflicto armado entre Rusia y Ucrania – dos países entre familiarizados y fuera de la OTAN, pensando que con 12 mil sanciones a Moscú pondría de rodilla a Putin y quedaría libre así el acceso a la codiciada zona de Eurasia, rica en enormes cantidades de gas, petróleo, cobalto, oro, uranio, hierro, tierras raras, maderas, precisamente materias requeridas por la plutocracia occidental para sus cadenas de suministros.

No hubo ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, los europeos no se llevaron de América Latina y el Caribe la totalidad de muchas de esas materias primas requeridas ahora con urgencia para enfrentar el paso arrollador del dragón chino por el mundo.

Se trata, pues, una vez puesta en contexto la terminología diplomática de la Carta de Santa Marta, de un “multilateralismo” encaminado a entregar las materias primas de la región no solo a los Estados Unidos, sino además a los europeos que, como bloque, ambos defenderán esta parte del mundo como su área exclusiva de dominio contra el surgimiento de nuevos frentes económicos, políticos y de desarrollo socioeconómico en el cambiante tablero geopolítico.

Naciones como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobago, aunque refrendaron la declaración final de esta Cumbre, presentaron objeciones concretas a los párrafos 10, 18 y 47 de la Carta de Santa Marta relacionados con la cooperación en acción climática y protección del medio ambiente (Párrafo 10), el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo (Párrafo 18), y la cooperación en gestión migratoria (Párrafo 47).

Según reveló el vicecanciller colombiano, Mauricio Jaramillo, una vez terminada la cita de Santa Marta, esta estuvo marcada por profundas diferencias y desacuerdos.

Con antelación a esta IV Cumbre CELAC-UE había fracasado el X encuentro denominado de las Américas con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por órdenes expresas de Estados Unidos y decisión de la Organización de Estados Americanos.

Jaramillo seguidamente amplió detalles revelando que la declaración conjunta de todos los miembros fue resultado de una negociación muy difícil entre 60 delegaciones.

Agregó que, Nicaragua optó por no respaldar el documento completo, mientras agradeció el gesto diplomático de Venezuela de retirarse de la declaración final y evitar así dar al traste con la cumbre, por mantenerse la visión sobre la guerra ucraniana.

Sin embargo, pese al innegable boicot contra esta cumbre por parte de Estados Unidos, en complicidad abierta con los altos cargos de la UE, el presidente colombiano “salvó” a su manera este difícil encuentro en puntos específicos, como el bloqueo comercial y económico contra Cuba y la situación de Palestina, aunque no logró un pronunciamiento concreto a favor de la necesidad de reconocer un Estado palestino con todas las garantías dadas por el Derecho Internacional.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, destacó en la red X el llamado de la Carta de Santa Marta contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde hace 61 años. Asimismo, subrayó la oposición regional a leyes y reglamentos con efectos extraterritoriales, a que hace referencia la declaración CELAC-UE.

No obstante, había lamentado que el texto final del importante encuentro careciese de una denuncia contundente por el actual despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que pone en peligro “la paz, estabilidad y seguridad regional, aun cuando fue un tema ampliamente discutido durante los debates de la IV Cumbre Celac-UEE”, reveló.

El destructor norteamericano Gerald Ford con misiles nucleares y modernos bombarderos apunta hacia la población venezolana. (F. tomada de Instagram).

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en una reacción recogidas por diferentes agencias de noticias dijo que, si se hubiera mencionado directamente la militarización del Caribe por Estados Unidos en el documento final de Santa Marta, no se habrían “logrado las firmas de algunos países”. “Así funciona la diplomacia”, añadió.

La funcionaria tiene cerca de seis meses de estar en el ojo de la tormenta porque insiste en que la UE se apropie de más de $ 300 mil millones de activos rusos confiados a bancos europeos para financiar la guerra ucraniana.

Asimismo, en declaraciones recogidas por la cadena de noticias CNN Kallas resaltó los buenos acuerdos alcanzados en Colombia y sostuvo que vamos a seguir siendo un socio comercial “predecible” y “confiable”, concluyó.

¿Qué les parece si hablamos de recolonización? ¡El que quiera entender que entienda!

Ausencia injustificada de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

La Asamblea General de la ONU es el único foro capaz de reunir a todas las naciones del planeta. Ante ella, cuando un jefe de Estado comparte un mensaje, sus palabras tienen un peso inigualable. Por ello, para muchos de los Estados allí reunidos, la voz de Costa Rica goza de un prestigio muy bien ganado, como sustento de un pueblo amable con mandatarios usualmente decentes, cultos, muy respetados. Pues se reconoce a nuestro pueblo, como, por ejemplo, amante de la paz, identificado con la protección del ambiente y comprometido con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, aprobada por aclamación ante la presencia del Papa Francisco. Y es que tan valorada ha sido nuestra Patria, que algunos costarricenses han sido incluso sugeridos para ocupar el alto puesto de la Secretaría General.

Por eso y mucho más, la ausencia injustificada del presidente de Costa Rica en las asambleas generales anuales, sin brindar excusa razonable alguna, sorprende a los que discretamente lo mencionan, pues el nuestro no es un país que antes hubiese buscado aislarse de la comunidad internacional. Al contrario. Para los gobernantes ticos, han sido de especial importancia los lazos estrechos con organismos trascendentales de la ONU, como la Corte Internacional de Justicia, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de Población, la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Banco Mundial, la ACNUR, un Instituto dedicado a la promoción del desarme, la ONU MUJERES y otros más, que en forma conjunta y respetuosa, juegan para Costa Rica, y las otras 192 naciones del mundo, un papel único e irreemplazable de colaboración, cuya existencia depende de la contribución solidaria de todos los pueblos del mundo.

Sin la ONU, mis amigos, reinaría un caos inimaginable en las relaciones internacionales, por lo cual la ONU requiere del apoyo de naciones grandes y poderosas económicamente, pero también de otras naciones, quizá pequeñas, pero poderosas en otros ámbitos, como los que por años se le han reconocido a la Costa Rica que llevamos orgullosamente «en las entrañas».

Con su rechazo a participar, nuestro presidente le hizo daño a su propio país, pues la ausencia no fue la del representante supremo de cualquier «banana republic», gobernada por un sátrapa tropical, sino la de una nación poseedora de una voz humilde, pero con un eco que no se ha quedado dentro de los muros de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Hacemos votos para que nuestro próximo presidente de la República, nos permita aún desde antes de su elección, vislumbrar que sí podremos reconstruir la esperanza que sentimos urgente.

El CAFTA ha muerto, ha sido velado y sepultado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Henry Mora Jiménez

El golpe arancelario y la pregunta incómoda

El 7 de agosto de 2025, la administración de Donald Trump consumó una de las mayores rupturas del orden comercial multilateral en las últimas décadas: la imposición unilateral de un arancel del 15% a las exportaciones de Costa Rica. Este acto, que se suma a tarifas «recíprocas» aplicadas a más de 160 países desde abril, no es simplemente una medida proteccionista más. Es el epitafio de un acuerdo que, durante 16 años, rigió las relaciones económicas entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. La incómoda pregunta que flota en el ambiente es la que planteó recientemente el medio costarricense La Nación: ¿Está muerto el DR-Cafta? La respuesta, tras un análisis frío de los hechos, es un rotundo sí. No solo está muerto, sino que fue velado en silencio por un gobierno temeroso y luego sepultado por la realpolitik de la administración Trump.

La promesa hecha añicos: del blindaje jurídico a la ley del más fuerte

El DR-Cafta se negoció y vendió como un instrumento de certeza jurídica. Su Capítulo 3, artículo 3.3, era explícito: «ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria». Este principio era la columna vertebral del tratado en su sección de relaciones comerciales, diseñado precisamente para superar la precariedad de iniciativas unilaterales anteriores como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que dependían de la voluntad discrecional de Washington. Eso nos dijeron.

La imposición de un arancel del 15% a Costa Rica no es una simple violación del tratado; es su pulverización. Como señaló el experto Álvaro Monge, miembro del equipo negociador costarricense, «el establecimiento de nuevos aranceles no procede; es contrario a lo allí acordado». La administración Trump ha demostrado que los acuerdos bilaterales y multilaterales están supeditados a sus intereses coyunturales, reduciendo el complejo andamiaje legal del Cafta a un grueso portafolio de papeles sin valor. La «ley del más fuerte», que los promotores del «Sí al TLC» aseguraban quedaría descartada, ha regresado con una virulencia inusitada.

Las advertencias ignoradas

Durante el acalorado debate nacional previo a la ratificación del tratado (2003-2007), los defensores del «No al TLC» alertamos sobre riesgos que, en su momento, fueron tachados de alarmistas y anti-comercio. Hoy, aquellas voces resuenan con una claridad dolorosa.

– Pérdida de Soberanía y Vulnerabilidad Política: Se advirtió que el tratado no aislaría a Costa Rica de los vaivenes políticos de Washington. «Los defensores del tratado destacaron el aislamiento de coyunturas políticas en las relaciones comerciales», recordó el economista Ottón Solís, quien ahora exige disculpas de quienes promovieron el acuerdo. La actual escalada arancelaria, basada en un superávit comercial de $791 millones que Costa Rica obtuvo en 2024, prueba que Estados Unidos puede usar su poder para castigar … ¡el éxito exportador de sus socios!, un escenario Faustico tan inverosímil que ni los críticos lo vislumbramos.

– El Espejismo de la Seguridad Jurídica: La promesa central del Cafta era proporcionar un horizonte estable para la inversión y el comercio. Los críticos siempre sostuvimos que la seguridad jurídica que se vendía era un espejismo, ya que dependía de la buena (o mala) fe de la contraparte más poderosa. La administración Trump ha confirmado esta tesis de la manera más cruda posible. Al quebrantar el principio fundamental del tratado, ha dejado claro que para Washington estos son simples “acuerdos”, “instrumentos flexibles” útiles solo mientras sirvan a sus intereses inmediatos de la potencia en decadencia. La certeza jurídica ha muerto ante la política de fuerza.

El velorio silencioso: la complicidad del miedo y la sumisión

La muerte del Cafta no fue anunciada con estruendo, sino velada en un silencio cómplice. Como apuntó el exvicepresidente Luis Liberman, «el gobierno evita mencionarlo por temor a que Washington responda con algo peor». Esta actitud de sumisión, acusada por Ottón Solís de «servilismo» hacia Trump, ha sido la melodía fúnebre de la agonía del tratado.

Mientras Costa Rica priorizó un «diálogo franco y constructivo» según su Ministerio de Comercio Exterior, otros países socios mantienen un arancel del 10%, menor al de Costa Rica, evidenciando la arbitrariedad del castigo estadounidense. La estrategia de negociación bilateral, en lugar de una acción legal contundente y coordinada con los otros firmantes, ha sido un ejercicio de futilidad. La abogada Velia Govaere lo resumió con crudeza: Costa Rica ya negoció desde mayo para revertir el 10% «y no sirvió de nada». La vía legal, aunque existente, es «larga, complicada y posiblemente costosa», y el mecanismo de solución de controversias de la OMC está paralizado. En este limbo, el cadáver del Cafta yace sin que nadie se atreva a certificar oficialmente su defunción.

El entierro y la herencia: hacia un nuevo modelo comercial

Con el Cafta efectivamente muerto y sepultado por la acción unilateral de Washington, Costa Rica se enfrenta a una encrucijada. El modelo de crecimiento basado en la dependencia de la inversión extranjera estadounidense y el acceso privilegiado a ese mercado muestra sus límites estructurales.

La herencia que deja el Cafta es ambivalente. Por un lado, impulsó las exportaciones (crecieron un 285,4% desde 2009, sin que ello sea una consecuencia directa del tratado). Por otro, apuntaló la economía dual donde un sector de Zonas Francas convive con un mercado interno debilitado, todo ello bajo la ilusión de una seguridad jurídica que se esfumó con un tweet presidencial desde Washington.

El futuro no puede ser más de lo mismo. La prioridad debe ser la diversificación comercial y la pluralidad geopolítica.

Sin tiempo para el duelo

El DR-Cafta está muerto. Trump lo asesinó con un arancel unilateral y arbitrario del 15% y lo sepultó con su desdén por el multilateralismo. Su fallecimiento no debe ser motivo solo de lamentos, sino de una profunda reflexión. Aquellos que defendimos el «No al TLC» no nos opusimos al desarrollo ni al comercio, sino a un modelo de integración subordinado que ponía todos los huevos en la misma canasta. Alertamos, tomando en cuenta la historia diplomática y comercial de los EE. UU., que la soberanía se canjeaba por una promesa de seguridad en extremo frágil.

Pero la muerte del Cafta puede ser, paradójicamente, la oportunidad para que el país construya una política comercial y una inserción en el mercado mundial más soberana, inteligente y resiliente, que no dependa del humor de un solo hombre en la Casa Blanca. ¿Lo haremos?

BRICS avanza hacia un nuevo orden mundial más justo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

Continuamos con el tema de BRICS, a un avance que realicé hace unos días. Hoy, con el agregado de que Donald Trump y su verborrea, típica de los neoliberales prepotentes y soberbios, dando por muerto a un bloque que, al contrario de su deseo, se fortalece con nuevos países miembros, que aumenta no solo en cantidad de países miembros, si no en lo que económicamente representan, más del 50% de la economía mundial, lo que contradice lo vociferado por Trump.

El fortalecimiento del mecanismo BRICS y su expansión hacia una mayor representatividad global marcan un hito esperanzador para el Sur Global y para el conjunto de la humanidad. Nos encontramos ante una transformación profunda del sistema internacional, donde la cooperación sur-sur, basada en el respeto mutuo, la soberanía y la equidad, comienza a ocupar un lugar protagónico frente a décadas de dominación del imperialismo, el capitalismo y sus instituciones excluyentes.

La reciente incorporación de Indonesia al BRICS, y la creciente articulación de economías emergentes en torno a una agenda común de desarrollo inclusivo, simbolizan el viraje de una lógica de subordinación a una de emancipación y construcción alternativa. El BRICS no es solo una suma de grandes economías del Sur; es, cada vez más, un proyecto geopolítico, económico y civilizatorio que impulsa el progreso compartido y promueve un nuevo multilateralismo más representativo y justo.

En un mundo atravesado por la desigualdad, los conflictos y el unilateralismo, el BRICS aparece como una plataforma de equilibrio, en la que las prioridades de los pueblos, como la inversión en infraestructura, la transferencia tecnológica, la seguridad alimentaria, se colocan en el centro del debate. A diferencia de los modelos de desarrollo impuestos por los organismos financieros tradicionales, el BRICS ofrece una alternativa basada en la cooperación, el diálogo en pie de igualdad y la búsqueda de soluciones comunes a problemas globales.

Lo que hoy se vislumbra es la reconfiguración del mapa del poder mundial, donde ya no son unos pocos quienes dictan las reglas (EEUU y Europa), sino que emergen con fuerza nuevas voces, nuevas alianzas y nuevas visiones de futuro. Que los BRICS representen ya más del 50% del crecimiento económico global y alrededor del 30% del PIB mundial es una señal del desplazamiento estructural en curso. Pero más allá de las cifras, lo esencial es el mensaje político y ético, uno que la humanidad ha soñado por décadas, otro mundo no solo es necesario, sino que empieza a ser posible.

El compromiso de los BRICS con el verdadero multilateralismo, con el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, abre una ventana a una gobernanza internacional más justa, donde las necesidades de los pueblos no sean postergadas por intereses corporativos o hegemónicos.

Desde esta perspectiva, el avance del BRICS no debe ser visto solo como una estrategia geopolítica, sino como un impulso histórico que puede inaugurar una nueva era de cooperación internacional solidaria. Para los pueblos, y para la humanidad en su conjunto, este es un paso en la dirección correcta, hacia un mundo más equitativo, más plural y más comprometido con el bienestar colectivo.

Contrario a la forma de actual de los EEUU, no es un sometimiento a la voluntad del «amo» imperialista, de hacer lo que ordene, o temer a criminales sanciones económicas, comerciales y financieras.

El desafío ahora es profundizar esa vía, garantizar que los avances lleguen a las bases sociales y que los principios de inclusión y soberanía se mantengan firmes. En medio de tantas crisis globales, el BRICS representa una semilla de esperanza, un camino alternativo al dominio unilateral y una oportunidad para reimaginar el futuro desde el Sur, con dignidad, con justicia y con humanidad.

La incorporación de Cuba al BRICS, con estatus de país socio desde enero de 2025 junto a Bolivia y otros, representa un paso estratégico de gran importancia. No solo fortalece la representatividad del Sur Global, sino que también ofrece una vía crucial para que Cuba supere décadas de bloqueo económico, rompiendo con el dominio del dólar y accediendo a vías de financiación e inversión verdaderamente equitativas.

Este ingreso habilita a la isla a integrarse en proyectos multilaterales reales, desde infraestructura hasta energía renovable y tecnología, asociándose con potencias como China, Rusia y Brasil en condiciones de igualdad. En promedio, BRICS ya canaliza esfuerzos hacia el desarrollo del Sur Global, y con Cuba de la mano, amplifica su impacto en la integración regional del Caribe y América Latina.

Para Cuba, podríamos pensar, significa diversificar su economía más allá del turismo y la agricultura, abriendo paso a cooperación en minería de minerales críticos, biotecnología y salud pública, sectores en los que es potencia. Además, puede posicionarse como «puente» entre América Latina y Eurasia, tal como lo promueve la diplomacia rusa, favoreciendo mayor conectividad comercial y cultural.

En un mundo cada vez más fragmentado, la voz de Cuba en el BRICS enriquece aún más la narrativa multilateral. Su adhesión refuerza la apuesta por un sistema global más justo y con herramientas alternativas de cooperación, donde las sanciones y bloqueos no determinen el destino de los pueblos. Este avance envía un mensaje claro, el Sur Global no solo habla, sino que actúa, propone y construye desde su propia historia, prioridades e intereses comunes.

Este movimiento debería celebrarse como una señal de esperanza tangible, un bloque reforzado por la inclusión de Cuba, que aspira a consolidar una gobernanza global más plural, democrática y solidaria.