Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:
Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.
No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.
Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.
Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población en áreas como la agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, trabajo doméstico y servicios comerciales, sumó el 11,35 % del producto interno bruto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes
Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.
A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.
Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.
Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias
Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.
El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.
Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.
Silvia Azofeifa Ramos Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Los migrantes al frente de una inédita batalla, la lucha contra el COVID-19, las políticas de explotación y los distintos caminos de la solidaridad.
San José, viernes 12 de junio de 2020
“Al río que todo lo arranca lo llaman violento,
pero nadie lama violento al lecho que lo oprime”. – Bertold Brecht
“No es la tierra esta vez la que se mueve, somos nosotros, migrantes. Los y las migrantes, todas las personas que vivimos las diversas formas de movilidad humana, somos parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de sus contradicciones y desafíos”.Carta latinoamericana de migrantes
El 26 de agosto del año 2016, François Soulard, Germà Pelayo, escribe un excelente artículo sobre los migrantes y la urgencia de abrir nuevos caminos al mundo. Precisamente de esa miscelánea, tomamos prestados los dos epígrafes.
Hoy, nuestro interés como ACODEHU es dejar patente el repudio y condena a los actos de discriminación, xenofobia y arbitrariedad contra las migraciones de las y los hermanos nicaragüenses.
Debe quedar absolutamente claro, que al inicio los primeros contaminados no fueron centroamericanos, sino extranjeros que gozaban de sus vacaciones en nuestro país. Pero, posiblemente, por su color de piel y país de origen, se buscó silenciar su condición.
Las migraciones hoy como el coronavirus, que ha producido una profunda crisis estructural en el sistema capitalista, son fenómenos transnacionales. Por eso nos ha extrañado sobremanera, la posición del Ministro de Salud, al asumir una posición que se acerca a una peligrosa acción xenofóbica, acusando a los migrantes y al gobierno de Nicaragua de los eventuales picos pandémicos del COVID-19 en Costa Rica.
Pero aún más peligrosas están resultando las prácticas del Ministro de Seguridad, con sus detenciones masivas, su carta política anti Nicaragua, afirmada por una Asamblea Legislativa servilista de los intereses más espurios del imperio norteamericano.
A las organizaciones de Derechos Humanos se les exige neutralidad, pero todas las acciones de la humanidad son políticas, por eso no podemos quedarnos en una fase contemplativa. A las cosas y a los actos por su nombre.
Citemos con el autor, anteriormente referido en los párrafos precedentes:
“…Siempre es útil volver a dimensionar la amplitud del “rumbo migratorio” tomado por el orden global, hoy marcado por una movilidad humana compulsiva comparable a la que ocurrió durante la segunda Guerra mundial. Se estima actualmente un total aproximativo de mil millones de migrantes, entre ellos 250 millones de migrantes transnacionales (concentrados principalmente en 10 países de destino) y 750 millones de migrantes internos, representando un total 30% de la fuerza laboral planetaria”.
Los flujos migratorios de centroamericanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos tienen un sello profundamente femenino, son forzadas, resultado de políticas de precarización en sus estados originarios o simplemente, forman parte de una nueva ruptura político-cultural.
Detrás de la noticia contra los migrantes nicaragüenses, se esconde un discurso, una narrativa muy peligrosa. Hay una clara provocación para legitimar, no sabemos que oscuros intereses. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos percibimos mecanismos para legitimar una nueva invasión, una ruptura al orden constitucional, una violación a la autodeterminación y la independencia de Nicaragua y otros países hermanos.
Denunciamos ante la opinión pública e internacional ese doble discurso que tiene un rasero poco ético, pues se esconden las verdaderas causas que generaron la pandemia; por el contrario, se asume como chivo expiatorio a nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses que son parte de la sostenibilidad de las transnacionales en nuestro país, bajo el cobijo de salarios miserables y la violación sistemática de todos sus derechos laborales y humanos.
San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.
Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.
A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).
Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:
Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.
Costa Rica, 18 de agosto de 2018. En los últimos días el país ha sido testigo de una ola marcada por el discurso de odio y de discriminación que resurge contra la población de origen nicaragüense.
Utilizando fotografías descontextualizadas e información falsa, la xenofobia renace dentro de ciertos sectores de la población nacional, como una amenaza que puede poner en peligro las dinámicas sociales de nuestro país.
Exaltando discursos nacionalistas, páginas de internet administradas por personas irresponsables han convocado a una manifestación este sábado 18 de agosto de 2018 en el Parque de la Merced, potencializado un fenómeno social que nos debe avergonzar como sociedad que se vende en el extranjero como un país defensor de la democracia y los Derechos Humanos.
Coalición Costa Rica, movimiento social que nació para luchar contra el discurso de odio surgido desde el Fundamentalismo religioso en las pasadas elecciones nacionales y que ha continuado del lado del respeto de los Derechos Humanos en nuestro país, se manifiesta totalmente en contra de cualquier demostración xenófoba en contra de la población nicaragüense.
Como consecuencia de los discursos de odio social, hay familias afectadas directamente, para quienes el derecho a una vida digna en un país en el que se garantice el respeto de su integridad como personas se pone en riesgo. Personas con sueños y anhelos, que han sido forzadas a salir de su propio país tratando de buscar un futuro mejor.
Profundos lazos históricos nos unen a Nicaragua; hemos estado juntos en momentos duros de nuestra historia, como por ejemplo la Campaña Nacional de 1856, el Terremoto de Managua de 1972 o la lucha contra la dictadura somocista en 1979. Desde el punto de vista económico, el aporte de la población nicaragüense a la economía nacional es incalculable. Sin embargo, el mayor legado de su presencia en el país, es la riqueza cultural que imprimen a nuestra identidad como nación, haciéndonos un país mucho más diverso en prácticas y costumbres.
No podemos cometer el grave error de extrapolar actos ciertamente reprochables de unas cuantas personas o un Gobierno a toda una población; al hacer esto estamos cayendo en el mismo error que ha costado millones de vidas en otros lugares y momentos de la historia de la humanidad.
En Coalición Costa Rica celebramos el apoyo brindado desde diferentes instituciones y organizaciones a quienes huyen del conflicto que actualmente afecta a nuestro país hermano.
Expresamos nuestro interés por generar redes de trabajo colaborativo con otras organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, para poder contribuir a la atención de la crisis humanitaria que viven nuestros países y de esta forma garantizar el respeto a la integridad de las personas que huyen del conflicto.
Costa Rica es un país construido a partir de la inmigración; todas las personas de este país tenemos raíces en hombres y mujeres que dejaron sus respectivas realidades para buscar una nación en donde pudiesen ser libres y tener una mejor calidad de vida. Al final de cuentas todos y todas somos inmigrantes en alguna medida.
¡Decí NO a la xenofobia y al odio social! Digamos con fuerza ¡SÍ al respeto y a la integración pacífica de los pueblos!
Más de 60 solicitudes adicionales están en revisión
La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (Oaice-UCR), Leonora De Lemos. – foto Karla Richmond.
El desplazamiento de jóvenes universitarios debido a la ola de protestas políticas que vive Nicaragua, contra el presidente Daniel Ortega, ha provocado que al menos 70 solicitudes para ingresar a nuestra institución llegaran a laOficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR). De ellas, cuatro se respondieron de manera positiva, mientras que a las restantes 66 se les darían respuesta en el transcurso de los próximos días.
La OAICE maneja la posibilidad de dar admisión de movilidad estudiantil semestral a estudiantes, la cual les facultaría continuar sus estudios por un semestre, un año completo o, incluso, un año y medio. Cabe aclarar que esta figura ya existe en la normativa institucional y que aplica para cualquier extranjero interesado en cursar estudios temporales en la institución. Todo ello, a pesar de que el plazo para este tipo de solicitudes ya había vencido desde el 30 de marzo. La prórroga de la inscripción permitirá a los estudiantes enviar sus documentos a más tardar el viernes 6 de julio, para poder retomar sus estudios en el II semestre de este año. Quienes ingresen, deberán presentarse en la UCR a más tardar el martes 31 de julio.
La jefa de la OAICE, M.Sc. Leonora De Lemos, reconoció que la UCR ha sido el centro de muchas y diferentes solicitudes de estudiantes nicaragüenses que desean migrar para seguir con sus carreras en nuestra institución.
La M.Sc. De Lemos aclaró que los estudiantes admitidos temporalmente serían aceptados en la modalidad de intercambio y recalcó la responsabilidad que tiene la UCR para recibir las solicitudes de nicaragüenses.
Cabe destacar que estas solicitudes recibidas provienen de estudiantes nacidos en Nicaragua, o bien, de quienes tienen doble nacionalidad: costarricense y nicaragüense. La OAICE les solicita que presenten su estatus de universitarios de manera certificada al realizar sus trámites para ingresar a la UCR.
Por otra parte, De Lemos se reunió la semana pasada con la vicerrectora de Vida Estudiantil, M.Sc. Ruth De la Asunción, para evaluar la posibilidad de recibir una determinada cantidad de jóvenes nicaragüenses que deseen cursar sus estudios de manera completa en la UCR.
Los migrantes nicaragüenses, muy mayoritarios entre los zafreros que realizan el corte de caña en Costa Rica, están en la línea de fuego de una explotación despiadada que carcome su salud y muchas veces su propia vida. Sumarlos al sindicato fue tarea de guerreras. Lisseth Traña, secretaria de Actas y Correspondencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (Sintraica), relata el víacrucis de esta labor.
GERARDO IGLESIAS Y GIORGIO TRUCCHI
“Hace diez años hubo un cambio de la gerencia del Ingenio Taboga y la empresa comenzó a impulsar un nuevo modelo de relaciones laborales. Muy rápidamente se observó cómo desmejoraban las condiciones salariales y laborales y como se violaban los acuerdos establecidos en el convenio colectivo.
Esta situación originó un despertar de la dirigencia sindical, cuyo liderazgo fue asumido por las mujeres. La situación empeoraba y la empresa seguía incumpliendo y violentando cada vez más los derechos.
Los trabajadores migrantes, que la empresa emplea durante el período de zafra, son los que más sufren estas violaciones.
El Ingenio Taboga les hace firmar un contrato en Nicaragua y, una vez aquí, les quita sus documentos, los terceriza y los deja a merced de unos contratistas sin escrúpulos.
Cambiar para llegar a más
Y hacer más
Necesitábamos un cambio radical. Con el apoyo de la Fentrag y la Rel-UITA elaboramos un plan estratégico y empezamos a echar a andar un trabajo de concientización del trabajador, planteándole retos y luchas en defensa de sus derechos.
En paralelo, comenzamos a denunciar públicamente y ante las autoridades de trabajo todo lo que estaba ocurriendo en el ingenio.
Organizamos reuniones y asambleas con estos trabajadores para que conocieran nuestros planteamientos, para que se acercaran a la oficina del sindicato, para que se dieran cuenta de que es un espacio abierto donde pueden llegar a plantear sus inquietudes.
Era necesario crear una relación directa con el trabajador y la trabajadora, y así lo hicimos.
En pocos meses triplicamos las afiliaciones. Tenemos a más de 900 afiliados de un total de unos 1.200 trabajadores y trabajadoras en temporada de zafra. Y vamos a afiliar más.
Es así que llegamos a la protesta del 28 de febrero, que fue algo increíble. La participación ha sido masiva. Por primera vez logramos que varios medios de comunicación hablaran de lo que ocurre en el Ingenio Taboga.
Las trabajadoras y los trabajadores han mostrado fuerza y valentía, algo que la empresa no se esperaba. Han dicho ¡basta! Es por eso que hemos logrado sentar al Ingenio Taboga a una mesa de negociación.
Ahora el reto es obligar a la empresa a cambiar de actitud, buscar soluciones y cumplir con lo que hemos acordado. No vamos a aceptar que jueguen con nosotros.
Esto no termina aquí. Sólo es el comienzo, y el papel de la mujer ha sido fundamental. Tres mujeres integramos la junta directiva del Sintraica y somos las que hemos encabezado todo el proceso.
La Comunidad el Huevito, se ubica en las cercanías del Aeropuerto Juan Santa María, en Alajuela; es una comunidad habitada en su mayoría por migrantes, aunque exactamente no se sabe cuántas familias son, pero se piensa que hay alrededor de 200 familias, de carácter muy humilde.
El pasado 16 de abril, 20 familias de esta comunidad perdieron sus viviendas en un incendio; algunas de estas familias han logrado parar sus ranchos y otras no. Actualmente hay familias albergadas en la misma comunidad, que por falta de recursos, no han podido reconstruir sus ranchitos. Entre las necesidades básicas de las familias que perdieron sus casas están: alimentos, ropa, zapatos, madera, zinc, entre otras.
Debido a este incendio, el pasado 08 de mayo, se realizó una Asamblea General en la Comunidad el Huevito para promover algunas actividades, en la que la Asociación de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica (AMNCR), decidió colaborar con:
Asesoría organizativa
Asesoría y capacitación en temas como: derechos laborales, trámites migratorios y otros
Planificación y celebración del día de la madre (29 de mayo 2016)
Implementación de una campaña abierta de ayuda para la comunidad
Realización de un censo general de la comunidad
Esta Asociación hizo un llamado para que otras organizaciones y/o personas civiles se unan a AMNCR para apoyar a esta comunidad que necesitan ayuda.
*Para más información comuníquese al correo electrónico de Javier Gómez Mayorga: jagoma4@yahoo.es
Información enviada a SURCOS Digital por Javier Gómez Mayorga, presidente AMNCR.
