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Etiqueta: OCDE

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Mercantilización de la educación pública superior

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales intervienen en la búsqueda de la mercantilización de la educación superior, que busca adecuar la labor y oferta de las universidades públicas a la lógica neoliberal de mercado. Lo que provoca que se anteponga la creación de capital humano, antes de la formación de pensamiento crítico y humanista.

Este material del grupo de trabajo Articulación Sede de Occidente recoge las acciones de cuatro organismos como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Memorando de OIT destruye Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

En atención a una consulta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que tramita el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza de OIT, rindió el correspondiente Memorándum Técnico.

I.- Contenido del memorando técnico

El informe de OIT contiene varias observaciones y recomendaciones generales, amén de estrictos señalamientos puntuales acerca de varios artículos de ese proyecto, sin dejar pasar inadvertidas las múltiples deficiencias de técnica legislativa que discurren a lo largo del sibilino texto.

Habrá oportunidad para comentar y discutir más profundamente este calificado informe del organismo internacional, pero por ahora, de manera preliminar, podríamos hacer una síntesis, muy acotada, de las contundentes observaciones generales de este memorial, sistematizándolas en cuatro categorías:

1.- En primer lugar, el informe advierte serias inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, relacionadas con la certeza jurídica de las situaciones amparadas y su aplicación en el tiempo, particularmente todas las normas concernientes a las remuneraciones, incluyendo el mecanismo de reajustes salariales.

Además, señala cuestionamientos en materia de derechos adquiridos o en curso de adquisición.

El memorando recomienda revisar las normas transitorias y las asociadas, con la finalidad de evitar controversias aplicativas y conflictos de respeto de los derechos adquiridos.

2.- En segundo lugar, el informe destaca que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Se recomienda, por mínimo, incluir una referencia de los derechos colectivos de las y los servidores y sus organizaciones sindicales, que podría ser un reenvío a las disposiciones normativas pertinentes, normas que efectivamente contiene el propio Código de Trabajo.

Sugiere que se aclare la articulación entre el nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones (la denominada “columna salarial global”) y los procesos de negociación colectiva actualmente aplicables en el sector público, de manera que se cumpla el Convenio N° 98 OIT.

3.- El memorando reconviene el esquema de gobernanza del régimen de empleo público, centralizado en MIDEPLAN, que tampoco contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su legítimo interés.

Recomienda, sin perjuicio de los procesos directos de negociación colectiva, que el proyecto comprenda mecanismos de consulta con estas organizaciones, o que se haga la remisión a las correspondientes fuentes normativas, de conformidad con los principios de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT (aun no ratificado).

Asimismo, tratándose de la desvinculación por reorganización forzosa de servicios, el informe insta revisar si la correspondiente norma del proyecto, configura una causal de desvinculación por motivos económicos, y en consecuencia, recomienda que se incluya un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretenda cesar personal por motivos económicos y estructurales.

4.- Por último, pero no por esto menos importante, el memorando subraya que el proyecto omitió aspectos sustantivos en materia de igualdad y no discriminación, tales como medidas a favor de las mujeres, por ejemplo, para corregir la brecha salarial, y servidores pertenecientes a pueblos originarios.

La OIT previene revisar la redacción del texto, con el propósito que se garantice, de manera plena y efectiva, el derecho de igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, conforme los convenios números 100, 111, 156 y 159 OIT, ratificados por CR.

Hasta aquí el condensado resumen de las observaciones generales que desarrolla el fundamentado memorando de OIT, del cual se puede desprender que no se tratan de señalamientos puntuales, peccata minuta, sino de cuestionamientos estructurales, que trastocan la propia identidad del proyecto, los cuales jamás podría subestimar el Gobierno y la Asamblea Legislativa, no sólo porque las rigurosas observaciones las realizó el organismo internacional especializado en la materia, ajustándose a su consolidada doctrina jurisprudencial, sino, además, porque las censuras están radicadas en la inobservancia de aquellos derechos fundamentales.

II.- Alcances e implicaciones del memorando técnico OIT

El informe de OIT viene así a confirmar la consistente posición de los sindicatos, que denunciaron el carácter autoritario, excluyente, discriminatorio y antisindical del Proyecto Marco de Empleo Público, redactado en los consistorios secretos de OCDE y el BANCO MUNDIAL, que dejó en estado de absoluta interdicción la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de consulta y participación de los sindicatos en las cuestiones que son de su legítimo interés.

Entonces, se trata de un proyecto que desconstitucionaliza la libertad sindical y la negociación colectiva en la función pública, que por un lado, colisiona frontalmente contra la legislación internacional del trabajo, como lo constata inobjetablemente el Memorando de OIT, y por otro lado, no se adecua a los estándares de los ordenamientos democráticos modernos.

Es pertinente recordar que en el texto original del proyecto se reconoció el principio de negociación colectiva:

“Artículo 3.- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

(…) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva corresponde a empleadores y sus organizaciones por una parte y las organizaciones de personas trabajadoras por otra (sindicatos, federaciones y confederaciones), de conformidad con el artículo 688 y siguientes del Código de Trabajo.”

Tan regresiva y fundamentalista es la nueva versión importada del proyecto (texto sustitutivo), acuñada por aquellos organismos internacionales, que intencionalmente se volaron esa mención expresa del principio de negociación colectiva, que remitió al artículo 688 y ss del Código de Trabajo.

Precisamente, el memorando de OIT destaca la carencia, por lo menos, de un principio que reconozca el derecho de negociación colectiva, mención que como ya se explicó, contenía el texto original, pero que en el sustitutivo fue suprimida de un solo teclazo.

No queda la menor duda que este informe de OIT propicia un severo golpe de martillo, en seco, al controvertido proyecto de ley, que lo manda, por la vía rápida, a alguna unidad especializada de cuidados muy intensivos.

En definitiva, el memorando técnico de OIT no deja piedra sobre piedra, y no le queda otra alternativa al Poder Ejecutivo, que no sea retirar, por segunda vez, ese desaguisado de la turbulenta corriente legislativa, y por tanto, en apego a los principios democráticos de diálogo social y consulta, discutir oportunamente con los legítimos actores sociales el impresentable proyecto, con el objetivo, por una parte, de modernizar y fortalecer la prestación de los servicios públicos y por otra parte, salvaguardar los derechos fundamentales de las y los servidores públicos, salvo que se prefiera que el periplo de esa accidentada iniciativa legislativa termine su infausta suerte en un contenedor frigorífico.

28/07/2020

El mensaje neoliberal: no hay plata, no hay plata…

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el capitalismo, especialmente en su versión neoliberal, predomina la acumulación creciente de la riqueza y no su distribución. No es casual que el 90% de la riqueza mundial esté en manos del 1% más rico. Y que nuestro pequeño país esté punteando en la lista de los más desiguales del mundo. Por eso, las arcas de los grandes empresarios, financistas y gobiernos neoliberales, según ellos, nunca están llenas; de ahí que el famoso rebalse para la prosperidad nunca se da.

Ello explica la preferencia, de estos sectores, por endeudarse e hipotecar el país a los organismos financieros internacionales. Es la forma de mantener a buen resguardo su alcancía o “buchaca”, no importa que se enmohezca.

Así, resulta contradictorio que mientras le recetan austeridad al pueblo en el uso de las tarjetas de crédito, y a cuenta gotas reducen los intereses de usura para proteger al sector financiero nacional, el Estado recurre al uso reiterado de su tarjeta de crédito, para favorecer al sector financiero internacional, con la complacencia de los interesados en que no toquen sus arcas, siempre “vacías”.

El mensaje retórico y altisonante de estos sectores se convirtió en un cotorreo que nos recuerda a la lorita del anuncio: no hay plata, no hay plata… Y, por supuesto, ha encontrado réplica en los principales medios de comunicación, que cada día elevan los decibeles de un discurso donde los culpables del déficit fiscal y casi de todos los males del país -solo falta que también incluyan a las víctimas de la pandemia-, son los empleados y pensionados del sector público, la clase media y los pobres que no aprenden a socarse la faja.

Asimismo, tenemos una Asamblea Legislativa que hace coro para pasar las leyes que eviten tocar las arcas de quienes sí pueden financiar el déficit fiscal y hasta atender, con generosidad, a la población más impactada por la crisis sanitaria. Una Asamblea, que ha venido vendiendo la idea de estar cohesionada para aprobar proyectos de interés nacional, algo que contrasta con la realidad de un país que está sacando la bandera blanca, para que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a salvarlo.

Lo peor de todo, es que se esté aprovechando la situación de pandemia, para impulsar proyectos de ley y medidas gubernamentales que obedecen a mandatos tácitos o manifiestos de esos organismos. Y, por supuesto, avalados por los sectores económicos dominantes.

Se constituye, así, un bloque de poder tripartito: la alianza ente el Poder Ejecutivo y Legislativo, los grandes empresarios y los medios de comunicación dominantes. Se han unido para proteger sus arcas intocables, y trasladar los costos del déficit fiscal, la deuda y las consecuencias socio-económicas de la pandemia, al pueblo de hoy y a las generaciones de mañana. Están dispuestos a vender el país, en subasta pública, con tal de no ceder en un ápice sus privilegios.

¿Dónde ha quedado la herencia de la gesta heroica de 1856, cuando nuestros compatriotas defendieron la soberanía y dignidad nacional, frente a una horda de forajidos invasores que querían convertir a nuestra patria en un feudo de esclavitud y sometimiento?

Causa perplejidad, por decir los menos, que se claudique sin sonrojo alguno, en esta hora pandémica que más bien debería elevar el espíritu de la patria digna y soberana, que nuestros próceres y mártires nos enseñaron a defender y cultivar.

El papel de limosneros es vergonzante. No hipotequemos el futuro de esta patria noble y sencilla, pero digna. Parafraseando a Pablo VI, “la dignidad es el nuevo nombre del desarrollo de los pueblos”.

Imagen: César Fernández.

Hacen trizas del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

La nueva moda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La OCDE es la nueva moda nacional. Los equipos económicos oficiales se parapetan detrás de sus postulados y recomiendan sus recetas como lo mejor y necesario para el país. Al fin y al cabo hemos entrado en el prestigioso club de los grandes países y de algo ha de servir la alta cuota de ingreso y mantenimiento. Por lo menos ha de ser para sacarle el jugo a lo que le interese a nuestros grandes capitales, pero solo lo que le interesa a este exclusivo grupo.

Porque también la OCDE brinda cifras de cuánto representa en el PIB el tributo que se cobra a los que más dinero reciben. Para esa organización en Costa Rica en 2018 esa tasa era del 4,9%, que es lo que se recauda de los sectores con mayores ingresos.

En América Latina y el Caribe los sectores de mayores ingresos aportaban por año un promedio del 6.3%.

El promedio de los países de la OCDE es de 11.5%.

Resulta evidente que Costa Rica está situado por debajo de la media del Continente y muy por detrás del promedio de la OCDE.

Por eso Merkel se extraña de que en América Latina los ricos o poderosos económicos no tributan. Por eso también América Latina es la región más desigual del mundo.

Según CEPAL el 10% más rico de la región posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta. En Dinamarca, por ejemplo, esos grupos lo que tributan es el equivale al 27.9% y el tributo sobre bienes y servicios (que podría ser el equivalente al IVA en CR) es del 14.7%. En nuestro país es totalmente al revés.

El Gobierno podría empezar por atender las indicaciones de la OCDE en el sentido de aumentar considerablemente las tasas de los tributos a los que más ingresos reciben antes de recortes al gasto, cierre de instituciones o más impuestos indirectos sobre los trabajadores y trabajadoras.

(Datos obtenidos del artículo de Leandro Lutzky en RT Noticias publicado el 28 de mayo de 2020).

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollos Económico (OCDE) es una organización internacional fuera del sistema multilateral de Naciones Unidas caracterizada por emitir “recomendaciones” centradas en la disminución del papel del Estado en materia productiva, de biodiversidad, agrícola y también “recomienda” la privatización de instituciones públicas; recortes de presupuestos en materia de salud, educación y alimentación. La palabra recomendaciones se encuentra entre comillas ya que los países miembros de la OCDE rara vez desestiman estas y por el contrario se vuelven ley aunque teóricamente no son vinculantes para sus miembros. Entonces ¿por qué sus 34 países afiliados las acatan?

A nivel internacional los lineamientos de la OCDE han servido para homologar, homogenizar y crear políticas públicas nacionales acorde a los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones entre empresas y gobiernos. Esta manera de generar reformas de política internacional es mucho más rápida por la vía de la OCDE ya que esta no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Es decir que no está sometido a ningún control de ningún órgano de decisiones multilaterales en temas de la justicia internacional, ni mucho menos, en materia de Derechos Humanos.

Ahora bien, en Costa Rica han decidido comenzar una tercera reforma estatal de corte neoliberal, nuevamente empezando desde el agro y el campo. Un sector severamente golpeado por procesos de cambio en materia de política económica marcados de forma importante en dos momentos: entre 1985 y 1991 con los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en ingles). Ahora estamos a las puertas de un tercer momento donde la OCDE y el gobierno la venden cómo el camino a seguir sin decirnos qué significa en realidad.

La incorporación de Costa Rica al Comité de Agricultura de la OCDE, tal y cómo lo promovió el ex-ministro Luis Felipe Arauz y ahora con el respaldo de su sucesor, Renato Alvarado, lleva camino recorrido de al menos dos administraciones anteriores y ha tenido impacto real pese a que Costa Rica hasta hoy fue aceptada para integrar este costoso club.

Ya conocemos los decretos de plaguicidas anticiencia. Estos generan polémica sobre la efectividad real de dichos decretos para la “modernización el mercado agrícola y la reactivación económica» en la coyuntura el COVID-19, porque en la realidad se ha comprobado que es un intento por incorporar venenos que no han sido aceptados en al país. Esto gracias a que los departamentos especializados en análisis de plaguicidas en MINAE los han rechazado en su momento por no cumplir con la normativa nacional.

Muchos de estos plaguicidas no son ni siguiera “de punta” ya que algunos tienen más de 10 años de antigüedad y que ninguno se ha sometido a pruebas ecotoxicológicas contextualizadas para los agroecosistemas costarricenses.

Además, esta insistencia de la OCDE busca profundizar otras acciones que impactan directamente en la cotidianidad de las comunidades agrícolas del país. Hablamos de la “Agricultura Climáticamente Inteligente” (ACI) o ahora llamada Agricultura 4.0, un nombres sexis para llamar a la intensificación de la agricultura a partir de más agriquímicos, biología sintética, drones fumigadores y tecnologías obsoletas como los Organismos Genéticamente Alterados (transgénicos), los cuales tienen 20 años de prometernos resolver los problemas de producción a nivel global pero que no ha sido así, todo lo contrario a intensificado la crisis por los altos costos ambientales y sociales que conlleva esta forma de agronegocio.

Lo sabido sobre la Agricultura Climáticamente Inteligente es que no ataca los problemas reales del Cambio Climático. La ACI tiene el objetivo de generar productos financieros para que las empresas contaminantes compren y vendan “bonos de carbono”, algo similar a las acciones de las bolsas de valores, pero con un supuesto respaldo en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) donde las mismas empresas de las plantaciones dicen absorber con sus monocultivos aún y cuando estos deforesten y sigan contaminando. En la práctica funcionan como permisos para contaminar y deforestar.

Este espaldarazo a la política pública neoliberal en materia agrícola por parte de la OCDE viene a reforzar un modelo agotado, explotador y excluyente. Un modelo basado en monocultivos contaminantes, la deforestación, explotación laboral, especulación y acaparamiento de tierras y de mercados; con el agravante de tener el maquillaje verde puesto y ser un engaño tanto para el país como para el mundo. Este lavado de imagen de las actividades más nocivas para planeta conocida comúnmente como Economía Verde.

Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y parte de la Federación para la Conservación de la Naturaleza

 

Fuente: https://feconcr.com/

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Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este 15 de mayo del 2020, Costa Rica fue oficialmente invitada a convertirse en el Estado Miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida por sus siglas OCDE: véase, entre muchas más nota de prensa del medio digital Informa-tico y esta nota del medio digital Delfino.cr. La lista de los 37 Estados que conforman la OCDE se encuentra en este enlace oficial de la OCDE.

El resultado de un largo recorrido iniciado años atrás

Cabe precisar que se trata de un proceso que fue iniciado (y fuertemente promovido) desde el 2012 por la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica, Anabel González, y que se ha mantenido, desde entonces como una verdadera prioridad para las autoridades de Costa Rica.

Si bien este proceso ha involucrado a diversas entidades del Estado costarricense, ha sido liderado en todo momento por las autoridades de comercio exterior de forma ininterrumpida.

En su visita a Costa Rica en el 2013, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama reiteró que Estados Unidos apoyaría todas las gestiones de Costa Rica para ingresar a dicha organización (véase nota de prensa de ElFinanciero).

Como bien se sabe, con relación a lo que se denomina oficialmente la «Parte I» del presupuesto anual de la OCDE, Estados Unidos contribuye a altura de 20,5 % del presupuesto anual de la OCDE, seguido por Japón (9,4%), Alemania (7,2%), Reino Unido (5,4%), Francia (5,2%) e Italia (4,0%), en relación al ejercicio correspondiente al año 2019 (véase desglose oficial del presupuesto 2019 de la OCDE). Con respecto a la denominada «Parte II«, no se da a conocer el desglose correspondiente, sino que la OCDE indica simplemente que:

«Part II budgets, meanwhile, cover programmes that are of interest to a limited number of members and are funded according to scales of contributions or other agreements among the participating countries«.

En una nota anterior sobre el funcionamiento particular de la OCDE, analizábamos también las implicaciones jurídicas que supone integrar una organización internacional tan particular para Costa Rica: véase nuestra breve nota titulada «Membresía de Costa Rica a la OCDE: breves datos sobre sus costos«.

En efecto, la pertenencia a la OCDE supone para un Estado proceder a diversas modificaciones en su legislación interna en ámbitos muy diversos. Este verdadero «poder» normativo de la OCDE, que no se compara con ninguna otra organización internacional, ha interesado desde hace ya muchos años a juristas: véase, por ejemplo, la monografía publicada en el 2014 por la SFDI (Société Française pour le Droit International) titulada precisamente «Le pouvoir normatif de l´OCDE» (véase volante).

Desde antes de ingresar a la OCDE, los Estados ya deben realizar cambios en su legislación: en esta nota de prensa de CRHoy del mismo 15 de mayo, se detallan las 13 modificaciones al marco normativo que tuvo Costa Rica que adoptar desde que inició las etapas previas a su ingreso a la OCDE (véase nota de prensa titulada «OCDE a la vista: ¿es más lo bueno que lo malo de ingresar al «club» «). Ello como parte de una agenda legislativa «prioritaria» dirigida a cumplir con diversas recomendaciones hechas a Costa Rica por la OCDE en muy diversos ámbitos, y liderada en Costa Rica por las autoridades de comercio exterior. Nótese que los dos convenios marítimos internacionales sobre responsabilidad por contaminación de hidrocarburos son instrumentos abiertos a la firma y a la ratificación de los Estados desde hace muchos años, Costa Rica incluida.

Cabe precisar que para finales del 2015 ya se estimaba en 2,4 millones de US$ los costos asumidos por Costa Rica con relación al proceso iniciado en el 2012 para su futuro ingreso a la OCDE (véase nota de El Financiero de julio del 2015). No se tiene actualizado el dato a mayo del 2020, lo cual sería de sumo interés conocer.

Después de varios años de reuniones con diversos comités técnicos de la OCDE (22 en total), y una intensa agenda legislativa llevada de manera paralela para reformar diversos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense, Costa Rica fue formalmente invitada a integrar la OCDE. De hacerlo, lo haría después de México (que se integró en 1994), de Chile (2010) y de Colombia (2020): Estados de América Latina que, como bien se sabe, mantienen una activa política de atracción de inversiones extranjeras, de privatización de activos estatales y a la vez persistentes índices de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, objetos de innumerables estudios en la región latinoamericana.

Posiblemente en razón del drástico giro político vivido en Brasil en mayo del 2016, desde el 2017 Brasil es el que, en América Latina, ha oficialmente iniciado el proceso de negociación con miras a su futura adhesión a la OCDE (véase nota oficial del Palacio del Itamaraty): para ello, puede contar con el decidido apoyo del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Foto extraída de nota de prensa titulada «Trump apoya a Brasil para que ingrese a la OCDE en lugar de la Argentina», Cronista, Edición del 15/01/2020

Más allá del interés que puedan tener algunos Estados en que la OCDE se expanda a otros Estados apoyando su candidatura, hay que recordar que la OCDE es una organización internacional: como es lo usual, los Estados Miembros deben aportar una contribución anual para su funcionamiento.

La particularidad del monto de la contribución anual a la OCDE

Un punto sobre el que poco se ha investigado guarda relación con la contribución que recibe anualmente la OCDE por parte de cada uno de sus Estados Miembros y su comparación con las contribuciones anuales a otras entidades internacionales: los montos contributivos anuales que aplica la OCDE distan mucho de las demás organizaciones internacionales, como lo veremos a continuación. En Costa Rica, se trata de una contribución cuyo monto exacto, después de 8 años de negociaciones, se mantiene desconocido.

En el caso de Colombia, este artículo publicado en el 2018 (Colombia ingresó oficialmente en el 2019) estimaba la membresía anual de Colombia a la OCDE en una suma equivalente a 4 millones de Euros anuales para Colombia (véase nota de prensa titulada: «Ingresar a la Ocde le valdría al país unos 4 millones de euros«). En el caso de Chile, un informe interno al que tuvo acceso la prensa revela que en el 2019 Chile contribuyó con 3,2 millones de US$ a la OCDE (véase nota de prensa de La Tercera). Finalmente, en el caso de México, una investigación interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2009 reveló el monto de México a la OCDE: se trata de 6,6 millones de Euros que se reparten entre diversos rubros además de la contribución a la Parte I y II del presupuesto global de la OCDE (véase artículo publicado en el sitio Voltaire.net).

En una nota publicada este mismo 15 de mayo del 2020, se estima por parte de las autoridades que Costa Rica deberá pagar «alrededor de 2 o 3 millones de US$» anualmente a la OCDE (véase nota del Semanario Universidad): una aproximación, similar en su formulación, a otras aseveraciones dadas en el pasado sin que se precise un monto exacto. Es así como se leyó en agosto del 2019 por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior la siguiente respuesta a una pregunta:

«¿Ya saben ustedes cuánto es?

-No, pero es muy poquito. Es una cuota fija que entiendo yo es como de $1 millón por año más una cuota que depende del PIB, que se sabe hasta que ingresemos«(sic.)» (véase nota con la entrevista completa publicada por DiarioExtra).

Lo «muy poquito» (sic.) puesto en contexto

En la precitada nota que redactamos sobre Costa Rica y la OCDE, señalábamos que, por ejemplo, el monto pagado en el 2015 por Costa Rica a la Organización Internacional del Comercio (OMC) se elevaba a menos de 139.000 Francos Suizos, correspondientes al 0,071% del presupuesto de dicha organización; en el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la contribución de Costa Rica para el 2018 se elevó a menos de 179.000 Francos Suizos, correspondientes a 0,047% de su presupuesto; en el caso del presupuesto ordinario anual de las Naciones Unidas, la contribución de Costa Rica para el 2019 prevista era de 1.728.700 US$.

En el ámbito hemisférico esta vez, para el 2019, la contribución de Costa Rica al fondo regular de la Organización de Estados Americanos (OEA) era de 218.500 US$.

A modo de conclusión

No se cuenta a la fecha con algún documento oficial, en Costa Rica, que sistematice las contribuciones anuales que aporta a las distintas organizaciones internacionales a las que pertenece (tal y como por ejemplo se presenta en este documento oficial del 2020, en el caso de Estados Unidos, con la contribución anual a la OCDE ubicable en el rubro número 121). Tampoco se dispone de un dato oficial como el reportado por la prensa chilena en el 2019, el cual desmenuza cómo se distribuyen los 49,6 millones de US$ que Chile anualmente reparte a 158 entidades internacionales (véase precitada nota de La Tercera).

El no tener aún claridad sobre el monto que deberá aportar Costa Rica al funcionamiento de la OCDE, después de concluir un proceso iniciado en el 2012, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

Nótese, para citar una organización internacional muy expuesta y extremadamente solicitada en este año 2020, que la contribución anual de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima a 150.000 US$ para el 2020 (véase tabla de contribuciones proyectadas): fue de un poco más de 112.000 US$ para el período anterior (véase documento oficial).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica – UCR

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