El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a.m., se presentará el informe “Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación” en la Sala de Prensa -3 de la Asamblea Legislativa. La actividad es organizada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), con el respaldo institucional de la Universidad de Costa Rica, la Asamblea Legislativa, y diversas organizaciones aliadas nacionales e internacionales.
El estudio analiza cómo las personas en Costa Rica perciben y experimentan la circulación de contenidos falsos en redes sociales, los riesgos que esto representa para el sistema democrático y las respuestas institucionales y sociales necesarias para enfrentar la desinformación. El informe se desarrolla en un contexto de creciente impacto de mensajes engañosos sobre la opinión pública, la confianza ciudadana y los procesos electorales.
La presentación ofrecerá un panorama actualizado sobre:
patrones de exposición a la desinformación,
niveles de confianza en las instituciones,
efectos emocionales y cognitivos provocados por contenidos falsos,
respuestas ciudadanas y estatales,
y recomendaciones para fortalecer una cultura democrática basada en información verificada.
Las personas interesadas en asistir pueden confirmar su participación en el siguiente formulario de inscripción: 🔗 https://ucr.cr/r/Rporx
El efecto boomerang en la propaganda política o cómo convertirse en un trol gratuito
“La prensa no le dice a la gente qué pensar, sino sobre qué pensar” fue la famosa cita de Bernard Cohen, quien en 1963 escribió el libro The Press and Foreign Policy. (Princeton University Press). En él Cohen desarrolla algunas ideas iniciales de la teoría del Agenda Setting (Establecimiento de la Agenda o Fijación de la Agenda).
Esta teoría suministra algunas pistas que explican, desde el enfoque de la comunicación, el por qué están fracasando muchas de las estrategias (por cierto, dispersas, obsesivas y algunas sustentadas en ciertos fanatismos) que critican y atacan a figuras de este gobierno y del partido oficialista. No importa si lo hacen con razón ni si sus mensajes están basados en evidencia… Esas estrategias emanadas de medios de comunicación formales, así como de analistas políticos, algunos llamados “productores de contenido” y otros opinadores de oficio, no parecen erosionar el apoyo popular a esas figuras y tampoco están redireccionando el descontento social hacia otras opciones políticas.
Lo cierto es que, nos guste o no, el grupo al que en Costa Rica se le ha dado el nombre de “chavismo” domina el marco de referencia “mediático” sobre el que funciona la opinión pública desde 2022. Esto significa varias cosas: 1. Controlan la narrativa política y la producción de sentidos y significados simbólicos; 2. Logran posicionar como más relevantes los temas políticos convenientes para sus intereses y necesidades; 3. Tienen mayor capacidad para atraer adherentes a sus mensajes y producciones mediáticas que sus detractores. 4. Tienen control de forma más organizada y cohesionada de las redes sociales.
Esto se produce -y con mayor eficacia- en un país donde la educación está en picada, en el que la capacidad de pensar y el pensamiento crítico se han difuminado y donde las decisiones de los electores no están basadas en el contraste de ideas, pensamientos y propuestas políticas, sino en la subordinación obediente a la manipulación de las emociones. La manipulación política de las emociones como el descontento del pueblo, se han convertido en un arma en manos de políticos mercenarios.
Los únicos y más eficaces propagandistas del chavismo no han sido sus troles y propagandistas pagados-estos hacen su tarea, pero no toda-. Son sus adversarios o supuestos opositores una fuente inagotable de propaganda, negativa sí, pero que les permite estar en el orden del día. En el mercado de las emociones, la mercancía somo nosotros. De esto se trata el efecto boomerang de la propaganda “anti-chaves”. Aunque no lo quisieran reconocer, la propaganda liberacionista, especialmente durante la segunda ronda de 2022 y, en concreto, el video “un salto al vacío” cimentó la figura y presencia de Chaves como nuevo referente político.
«Un Salto al Vacío» de la campaña de José María Figueres contra Rodrigo Chaves es un ejemplo de efecto boomerang (o backfire) en la comunicación política. Dicho video evidenció cómo la campaña negativa, al cruzar la línea de lo percibido como justo o creíble -sobre todo al aludir a un tema sumamente sensible como el suicidio-, lejos de perjudicarlo benefició al atacado, lo convirtió en víctima, generó simpatía y aumentó su visibilidad. Fue una munición que el chavismo utilizó para su propio beneficio estratégico. Una pifia comunicacional, si se quiere, potenciada sin duda por el rechazo que en el anti-liberacionismo y parte de ese mismo partido generaba la figura de Figueres.
Hay una relación entre la fijación de agenda y el efecto boomerang. Este es producido por una práctica muy frecuente de detractores que reproducen la imagen de su adversario, sus discursos o simples frases suyas con el propósito de criticarlo, desprestigiarlo y restarle credibilidad entre la población y entre los votantes, pero, aunque pudieran tener razón en sus críticas, el efecto resulta ser todo lo contrario pues esa fijación contribuye a mantenerlo vigente a ojos de la población.
Una campaña negativa, así mal ejecutada, no solo puede fracasar al no dañar al adversario, sino que puede convertirse en una herramienta de posicionamiento yfijación de agenda de manera gratuita para la figura atacada; tiende a poner a los medios de comunicación y al público a hablar de esa figura y, dependiendo de un cierto manejo de las emociones, a identificarse incluso con ella como víctima de una campaña que se considera injusta.
Entonces, la fijación de agenda tiene varios efectos que el propagandista ingenuo o incluso fanático no es capaz de prever ni de controlar:
Aumenta la visibilidad del adversario, pues al criticarlo continuamente o al reproducir sus discursos (aunque sea para desmontarlos), el atacante gasta sus recursos de comunicación en mantener al adversario en la agenda mediática y pública.
A un adversario quizás desconocido se lo convierte en conocido: para figuras emergentes, un ataque de alto perfil por parte de un oponente ya establecido puede convertirse en un regalo estratégico. Los análisis demuestran que la negatividad puede ser una forma rápida de penetrar en la mente del público. Así, un candidato «desconocido» se vuelve parte de la conversación política central y eso lo está logrando la candidata del oficialismo a muy bajo costo.
Muchas veces, la propaganda negativa se ocupa de exponer y reproducir lo que se consideran los “atributos negativos” de un personaje. Pero este recurso le brinda la oportunidad a quien es atacado de cambiar el marco de referencia y de transformar el ataque en un punto a su favor. Los partidarios de la figura atacada actúan en sintonía con sus emociones, por lo tanto, están más propensos a evitar y a no escuchar la información negativa sobre su líder. El ataque, de forma contraproducente, puede servir para reforzar su apoyo, para reafirmar su lealtad y su identificación con la figura atacada.
Basta repasar en redes sociales las menciones a sus figuras, sus declaraciones, mensajes e, incluso a la propaganda, que se hace de quien ocupa la silla presidencial y de su candidata a la presidencia. Este es el efecto boomerang que estos quieren, necesitan y logran. Estar siempre en pantallas, en boca de la gente, en la cabeza de gente vulnerable que se puede inclinar por ellos. En eso están ganando y con ventaja. En esta era de manipulación emocional y polarización social, mejor haríamos en enfocarnos en lo que nos une, en los problemas prioritarios del país y en las propuestas de solución.
(*) Sociólogo, comunicador social y profesional en relaciones internacionales.
Después de una intensa «campaña electoral» de 3 años y medio, en Puntarenas, Guanacaste y Limón, el recién publicado estudio del CIEP-UCR nos demuestra que los ciudadanos de esas muy deprimidas provincias, ¡ya no creen en cuentos!
Resulta que en ninguna de ellas el partido chavista alcanza un apoyo superior al 19 %. O sea, para sorpresa de ellos, 4 de cada 5 votantes, no se han comido las promesas demagógicas de Fernández, Cisneros y Chaves.
Es tal el rechazo a la fábula de «una marina” que daría trabajo supuestamente ¡a 150 mil personas! (de la que jamás se elaboró siquiera un proyecto), o de un «aeropuerto internacional en Westfalia» que impulsaría el turismo en el Caribe, o que, además, se le regresarían a Japdeva los buques de contenedores que indebidamente se le entregaron a la transnacional APM, que hoy son muy pocos los limonenses que no han abierto los ojos a la demagógica realidad.
Limón está peor que hace cuatro años y eso se refleja en el escalofriante desempleo que tiene frustrados principalmente a los jóvenes, así como la miseria y la criminalidad que los acecha en cada barrio. Por ello, no es de extrañar, que solo un 3,5 % se manifiesta a favor del partido de gobierno, mientras un altísimo 75 % se reporta «indeciso», a la espera de conocer a otros candidatos que tal vez les brinden alguna esperanza. Limón, sí Limón, al que según la candidata Fernández ya tenía en la bolsa.
Salimos de Limón, de la rebelde, con razón, provincia de Limón, y logramos superar los derrumbes de la ruta 32 enrumbándonos hacia el litoral del Pacífico, el de los atardeceres inigualables, para ver qué nos dice el estudio de los universitarios. Así, encontramos que solo el 18 %de los puntarenenses se sienten, más o menos resguardados, por el gobierno fabricante de promesas. Ese mismo que les prometió, y no cumplió, un nuevo hospital debidamente equipado y con los médicos y enfermeros calificados y suficientes, para «atacar» las inhumanas listas de espera. El que les prometió «para ayer» una pesca de atún con verdadero apoyo gubernamental en beneficio de los pescadores despreciados hasta hoy, así como una industria enlatadora de la mano con el gobierno, para aprovechar la riqueza atunera que pescan casi gratis y se llevan del país buques extranjeros, sin beneficio alguno para los porteños, que jamás pasó de las promesas.
Y es que, aparecieron, gobernantes como Laura Fernández y Pilar Cisneros, que, a su vez, se comprometieron a devolverle al Puerto, el esplendor que una vez lució, para lo cual, les dijeron, se recibiría a los turistas por una atractiva carretera a lo largo de la Angostura, y un remozado Paseo de los Turistas, lleno de gente alegre y satisfecha, como señal de gran actividad productiva, por donde más bien, hoy se ven algunos pescadores de camarón desempleados injustamente al lado de personas ya cansadas de buscar trabajo. Es tal el abandono, el engaño, que no ha de sorprender que, por ello, siete de cada 10 puntarenenses, por el momento, prefieren quedarse al margen, como indecisos, en espera de conocer diferentes propuestas partidarias, de parte de otros candidatos, realistas, alejadas de las muy conocidas que Fernández se compromete continuar (?) ejecutando, aunque los porteños saben que ni siquiera se han tratado honrar.
Salimos del Puerto y ponemos nuestro foco en los datos obtenidos por el CIEP-UCR (sin duda el ente más confiable) en la provincia de Guanacaste, que junto a las dos anteriores conforman un trío en el cual el chavismo ha dedicado por más de tres años recursos propagandísticos significativos. Allí encontramos cifras estadísticas que, muy seguramente, el equipo de campaña de la candidata Fernández, tendría que haberse sorprendido por lo que considera inexplicable, aunque, algunos lo entenderán, son datos razonables, esperables, al tratarse de una política arribista, sin méritos, obviamente desconocedora de la inteligencia del guanacasteco que ella cree que se puede engañar fácilmente.
Resulta que donde el partido oficialista esperaba, según decían, quizá un apoyo superior al 40 %, solo obtuvieron un 18 %. Pero lo que lo hace más sorprendente, es el hecho insólito de que ¡más de tres cuartas partes! de los guanacastecos (el 76 %) se reportan indecisos. Algo nunca visto antes y que se interpreta como una invitación a los candidatos no-chavistas, a dialogar con ellos, pero con propuestas concretas en mano.
Por ejemplo, los pamperos reclaman por el reiterado engaño alrededor del urgente proyecto «Agua para Guanacaste», con que se incorporarían a la producción agropecuaria 16.000 ha de tierras de más de 400 fincas situadas en la margen derecha del río Tempisque, lo cual sería un extraordinario motor de desarrollo indiscutible. Además, ha de aclararse, ese proyecto contempla desde su nacimiento, el abastecimiento de agua potable para cientos de ASADAS y desarrollos turísticos, que hoy sufren de ilógica escasez, a pesar de que se aprovecharía desde el embalse del lago Arenal, acabando de una vez por todas, con el desperdicio irracional que significa estarla descargando hacia el mar, cual si fuese un recurso desechable. Formidable proyecto heredado por el gobierno que está por terminar y que imaginamos ha sido usado por Chaves, para seguramente, reírse a carcajadas de los pamperos que creyeron en él y en sus promesas populistas, que ahora la candidata Fernández promete “darle continuidad”.
Igual sucede con el “negocio escandaloso” que se evidenciara con la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, que se hizo mal y demanda más trabajos urgentes, y el descalabro producido con el artificial valor del colón contra el dólar, que todos los días golpea a la industria turística, principal fuente de divisas extranjeras y empleo en Guanacaste, donde los índices de desocupación golpean principalmente a jóvenes, y dentro de ellos, a las mujeres que ven cómo pasan los años y no logran conseguir trabajo.
Y ni hablar de los prometidos centros médicos, por lo menos dos docenas de EBAIS, complementarios a los hospitales de La Anexión y Enrique Baltodano Briceño, para una más eficiente atención primaria, con lo que se mitigaría la demanda sobre los servicios de emergencia de ambos hospitales, en Nicoya y Liberia. Centros de salud a donde siete de cada diez pacientes son adultos mayores sometidos a las inhumanas listas de espera, que doña Laura ahora “se compromete” solucionar atendiendo la creciente deuda del Estado con la Caja, que, paradójicamente, su gobierno chavista se ha negado atender.
Ese mismo desdén por la pampa guanacasteca se evidencia en el abandono de los proyectos de carreteras, aprobados y financiados desde antes del inicio de la actual administración, como el que, partiendo desde Barranca en Puntarenas, se conectaría con la magnífica autopista de 50 km, la mejor del país, que corre desde Cañas a Liberia. Proyecto que, extrañamente, por intereses desconocidos, la Casa Presidencial ordenó paralizar.
Por supuesto que hay otras cosas que también hacen extrañar el espíritu del Dr. Vargas Vargas y su Partido Confraternidad Guanacasteca (nombre usurpado por un grupillo) que siempre luchó al lado de su pueblo, en su esfuerzo por sacar de la pobreza a miles de sus coterráneos, quien jamás aceptó las promesas populistas de los que, desde San José, como lo hacen hoy algunos, pretendían engañar a los guanacastecos que eran su razón de vivir.
En fin, las supuestas tres provincias costeras, pobladas por mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dignos, luchadores, patriotas, que según la candidata oficialista “ya tenía en su bolsillo«, después de haberlos bañado de propaganda gubernamental desde el año 2022, le están diciendo a Costa Rica, y especialmente a los otros candidatos presidenciales, «ojo con nosotros, que no somos los inocentes infantiles que los políticos demagogos se imaginan. Cuando vengan a nuestros pueblos y ciudades, dejen las mentiras en sus casas».
El apoyo al Chaves sigue cuesta abajo. En menos de un año, bajó del 63 % al 52 %, pese a su intensa «campaña electoral» con fondos públicos. Y mientras eso sucede, no encuentra la manera de trasladarle ese remanente, a la candidata chavista. Resulta que a doña Laura Fernández, no la apoya el 88 % del electorado, consecuencia de que, de cada 4 chavistas con el presidente, solo UNO la respalda. ¡Y eso que no ha empezado a hablar!
Cuando 8 de cada 10 costarricenses no tiene partido político, y solo Álvaro Ramos (6 %) y Ariel Robles (5 %) aparecen tímidamente, no hay presunto ganador de previo al inicio oficial de una campaña, donde nadie es el presunto ganador.
Y es que la confusión es tal, que incluso hay chavistas «básicos», que al no saber ni donde están parados, dicen estar dispuestos a votar por el presidente ( ? ). ¡Ve vos!
Asimismo, la contradicción parece increíble, pues mientras más de la mitad «respalda» al Chaves y dice que «su gobierno merece» seguir, un elevado 75 %, que incluye a esos mismos, expresa que «el gobierno tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo«!
Mientras, por otro lado, un 62 % dice preferir otro partido en el poder. Es decir, ¡Como que sí y como que no, al derecho y al revés!
Otra vez, la lectura del estudio del CIEP-UCR enciende las luces.
Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes
Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?
La confianza en las encuestas: ¿en picada?
Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.
Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.
¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?
¿Por qué las encuestas fallan?
Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.
A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.
En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.
¿Hay encuestadoras que sí han acertado?
No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.
¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?
La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.
Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.
Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje
Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.
En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.
En un programa elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción Alternativas, se realizó una transmisión en vivo el 12 de julio del presente año a las 18:00 horas, donde se contó con la participación de Francisco Guevara, dirigente comunal y luchador social novelista debutante y Juan Félix Montero, profesor pensionado, exdirigente sindical y luchador social.
El conversatorio tiene como objetivo principal explicar el proceso mediante el cual se da el paso para comunicar a través de la literatura. En este sentido, se abordarán las distintas etapas y técnicas involucradas en la creación literaria, desde la concepción de una idea hasta la materialización de esta en un texto coherente y significativo. Además, se discutirá cómo los escritores pueden utilizar diferentes recursos estilísticos y narrativos para transmitir sus mensajes de manera efectiva y resonante.
Otro aspecto fundamental del conversatorio será la exploración del impacto que la literatura puede tener en la sociedad. Se analizarán ejemplos concretos de obras literarias que han logrado un gran alcance y han influido en la opinión pública, han generado cambios sociales o han dado voz a grupos marginados. Asimismo, se debatirá sobre el papel de la literatura en la formación de la identidad cultural y en la promoción de valores y principios éticos.
A través de este espacio de diálogo, se busca no solo fomentar el interés por la literatura y la escritura, sino también empoderar a los participantes para que reconozcan el potencial transformador de sus palabras. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con escritores y expertos en el campo, quienes compartirán sus experiencias y ofrecerán consejos prácticos para aquellos interesados en incursionar en el mundo literario.
El proyecto de ley Jaguar que impulsa el gobierno de Chaves Robles es socavar el fundamento jurídico de la institucionalidad, inicia contra La Controlaría General de la República, luego macabramente avanzará hacia otro espacio o instituciones y llegará a la modificación de la Constitución Política de manera sistemática y arbitraria.
Si ahora existen cuerpos jurídicos que se suponen tutela los derechos de los pueblos originarios, y no se aplican, ¿Qué pasará cuando se dirijan su efectividad y aplicación, refiriéndose a la Ley Jaguar?
Se modificó la ley indígena en su capítulo de suelo y subsuelo en los territorios indígenas, a favor del código de minería, y se ignora la ley de biodiversidad, referente al conocimiento ancestral de pueblos originarios.
El convenio 169 de la OIT establece la consulta libre previo e informado el cual se soslaya con subterfugio legales.
En el referéndum intervienen coacciones por parte del Estado, empresas, corporaciones del dakur (murciélago).
El jueves 25 de abril de 2024 a las 09:00 a.m en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional se llevará a cabo la conferencia «A dos años de la Administración Chaves Robles: análisis de la opinión pública y de la coyuntura de la sociedad costarricense».
La exposición será transmitida en vivo desde la página de Facebook de UNA Comunica.
La actividad es organizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, el Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional y UNA Comunica.
Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.
El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.
El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.
Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.
La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.
La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.
El hecho objetivo
De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:
Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.
Ocuparnos de las causas
Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.
Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.
Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.
Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuentacon una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.
La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.
“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.
Afectación de derechos
1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”
Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.
Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión
5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:
Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.
Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique
Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.
Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:
