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Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.

Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.

Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.

Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.

De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).

En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.

En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.

Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.

Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.

Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.

Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).

Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.

Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.

Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.

Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)

La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.

Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).

Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).

Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).

Movimiento Popular Fragmentado

Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.

Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.

La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.

Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.

Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.

Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.

Agresión pareja

En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.

Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).

A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).

Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.

Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.

En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.

“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).

Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.

Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.

Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.

Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:

“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).