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Etiqueta: participación ciudadana

Petitoria reforma de leyes en materia de anticorrupción

El pasado jueves 08 de julio, representantes de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y del Movimiento Nacional Territorios Seguros, envían una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada y a Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea, en la cual hacen un llamado a tomar acciones para frenar la corrupción, además resaltan el papel que debe tener la ciudadanía; En este documento realizan una serie de exigencias a los/as mandatarios y piden lo siguiente: 

  1. Una firma pública de compromiso con el pueblo de Costa Rica para establecer de inmediato un proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública de los Poderes de República.
  2. Que MIDEPLAN, la Contraloría General de República (CGR) y otros órganos de control interno estatales, se sumen al proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas para cada Poder, Ministerio y Jerarca del Estado, como lo manda la Constitución Política.
  3. Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en articulación con la ciudadanía impulsen y establezcan las políticas de participación ciudadana que establece la Carta Magna en los procesos de control y rendición de cuentas, en su Art. 11.
  4. Que se impulse el proyecto legislativo 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las tracciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.
  5. Que se genere un proyecto de ley en coordinación con la ciudadanía, para efectos de que la elección de diputados y puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

*Se adjunta documento completo de la carta enviada

Redes de poder y corrupción en Costa Rica: aportes para el debate ciudadano

Varias unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se han articulado para llevar a cabo un foro multidisciplinario y revisar el tema de la Corrupción. La Dra. Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), comienza brindando una definición de lo que es la corrupción y menciona que caben 3 anotaciones; 1. Tenemos leyes y comisiones anticorrupción, 2. Siendo un país acreedor de una democracia madura el problema no puede ser naturalizado, 3. Enmarcados en una institución como la Universidad de Costa Rica que contribuye con las transformaciones que la sociedad requiere para el bien común, cuyos propósitos desde su creación se enfocan en la formación humanística así como en la búsqueda permanente de la verdad, justicia, solidaridad, la eficacia y eficiencia, es por estas razones que quisieron brindar la charla con este tema tan urgente y preocupante.

Se tratarán las redes de poder y corrupción en Costa Rica, esto para aportar elementos al debate y para la actuación y participación ciudadana. Se reflexiona sobre por qué y qué está pasando con las redes sociales en nuestro país.

El video completo se encuentra a continuación:

 

Compartido con SURCOS por el doctor Arnoldo Mora Rodríguez.

Expertos reafirman el sinsentido de que Costa Rica no ratifique el Acuerdo de Escazú debido a las presiones de las cámaras empresariales

El pasado martes 29 junio, se llevó a cabo el foro: ¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo Escazú entro en vigor…. Sin Costa Rica, se contó con la participación de:

  • Álvaro Sagot Rodríguez. Profesor de Derecho Ambiental de la Licenciatura y en la maestría en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho de la UCR.
  • Patricia Madrigal Cordero. Negociadora por Costa Rica del Acuerdo de Escazú. Docente universitaria, miembro de ONG y especialista en Derechos Humanos y Ambiente.
  • Nicolas Boeglin. Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
  • Constance Nalegach Romero. Negociadora por Chile del Acuerdo de Escazú. Consultora en asuntos internacionales en temas de sustentabilidad y profesora de post grado en universidades de Chile y extranjeras.
  • Alejandro Barahona Krüger. Politólogo especialista en Gobierno, Políticas Públicas y Gestión Pública. Profesor de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional en la Universalidad Nacional, UNA.
  • Norman José Solórzano Alfaro, Investigador IDESPO-UNA.

En este espacio las dos negociadoras por Chile y Costa Rica del Acuerdo de Escazú en sus intervenciones expusieron las debilidades de los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú; Asimismo, reiteraron el carácter innovador y pionero de este instrumento regional que se gestó desde y para América Latina y el Caribe,  el cual tiene como objetivo proteger a quienes defienden el ambiente y resguardar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en materia de acceso a participación ciudadana, a la información ambiental, y a una justicia ambiental fortalecida. 

Del mismo modo, Álvaro Sagot desnudó los argumentos falaces que sostienen que el Acuerdo de Escazú va en contra de la reactivación económica, y explicó en detalle la peligrosa deriva de la Sala Constitucional en materia de participación ciudadana en materia ambiental, con una jurisprudencia claramente regresiva detectada en los últimos años.

Para Nicolás Boeglin, el Poder Judicial costarricense y su Sala Constitucional han complicado de manera totalmente injustificada el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, y queda claro que, para varios integrantes de la Sala, el Acuerdo de Escazú es percibido como una verdadera amenaza.

Por su parte, Alejandro Barahona explicó que el Acuerdo de Escazú se inscribe en la línea del fortalecimiento de la democracia participativa, que algunos sectores políticos y económicos costarricenses adversan en la medida en que podría amenazar sus intereses.

En el siguiente enlace podrán encontrar la discusión completa sobre este tema https://www.facebook.com/VicerrectoriadeExtensionUNA

Consulta constitucionalidad

El pasado lunes 28 de junio del presente año se presenta una solicitud ante la sala constitucional de parte del pueblo de Costa Rica, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución política; en la cual se establece que:

“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”.

Dicha solicitud de inconstitucionalidad fue presentada debido a la aprobación en primer debate del proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, en esta argumentan las razones por las cuales se consideran que la aprobación de esta ley representa no solo un ataque a los derechos de las y los ciudadanas/as si no que violenta lo estipulado en la constitución política de Costa Rica.

En la petitoria realizada por las y los ciudadanas/os se menciona:

1) Se respete la Constitución política y se declaren todas las inconstitucionalidades que contiene el proyecto de empleo público

2) Se aparten de conocer de esta consulta los magistrados Nancy Hernández López Y Fernando Castillo por cuanto los costarricenses y representantes de diversas agrupaciones sindicales y sociales no confiamos en su objetividad para resolver este asunto por los lazos que los unen con el presidente de la republica principal promovente e interesado en la aprobación de esta nefasta ley.

Asadas de León Cortés y frailes se organizan contra proyectos de gasificación de residuos

Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, o mejor conocidas como ASADAS, de las comunidades de Santa Cruz, La Angostura, La Cuesta y San Antonio del cantón de León Cortés en conjunto con miembros de la ASADA de Frailes de Desamparados, se pronunciaron contra el proyecto que pretende instalar una planta gasificadora de residuos sólidos en León Cortés, proyecto que alcanzó cierto grado de formalización en 2011 bajo la administración del alcalde Leonardo Quesada.

Según Sandra Mora, quien forma parte de la ASADA de Frailes, este proyecto podría poner en riesgo las tomas de agua de Frailes y Bustamante las cuales están ubicadas en Cerro Abejonal, cerca de donde se desarrollaría la planta de gasificación.

“Los mantos acuíferos, las zonas de recarga de las ASADAS de San Antonio, San Pablo, La Angostura y La Cuesta, nos contaminan mucho el agua, los mantos acuíferos. También el aire, nos lo van a contaminar con tanta cosa que van a hacer. Nosotros de antemano estamos queriendo que esta planta no se realice y no llegue a la zona» mencionó Víctor Picado, vicepresidente de la ASADA de La Cuesta de León Cortés.

Roberto Padilla de la ASADA de La Angostura dijo que han mantenido reuniones desde años atrás con las ASADAS mencionadas anteriormente, e incluso menciona que se han reunido con Guillermo Aguilar, representante de la empresa Agropecuaria Setenta Cuarenta y ocho SA, la cuál sería la encargada de desarrollar la planta gasificadora, para manifestar su oposición a que este proyecto se desarrolle en el cantón.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA, recibió el documento de Evaluación Ambiental a Proyecto De Residuo a Energía León Cortes el día 22 de diciembre de 2020 para su respectiva revisión. En una resolución emitida el 12 de mayo de 2021, SETENA ordena, entre otras cosas (tema de una próxima nota), a la empresa Agropecuaria 70-48:

“…Ubicar en un mapa, con la escala adecuada a la magnitud del proyecto, la ubicación de la naciente y el respectivo cuerpo de agua que se forma debido este afloramiento de agua superficial. En el mapa debe estar incluido la ubicación de la infraestructura que requiere el proyecto. Además, se debe trazar en el mapa el respectivo radio de protección de la naciente…”

Además, SETENA señala que la empresa deberá adjuntar un mapa de susceptibilidad ambiental integral vs. componentes del proyecto que indiquen «los impactos y potencialización de amenazas entre el proyecto, obra o actividad y el medio ambiente». A su vez, la resolución solicita a la empresa adjuntar: «…impactos ambientales que producirá el proyecto y sus opciones: Se debe incluir todo lo relacionado a la calidad del agua, ya que el Ap se encuentran cuerpos de agua (nacientes, quebrada) …».

Dentro del factor de ambiente socio económico del proyecto de gasificación, SETENA señala a la empresa la falta de «una breve caracterización de las organizaciones sociales con incidencia en la zona, así como las estructuras de organización social predominantes en la zona, identificando y analizando grupos de interés alrededor del proyecto, sus intereses, necesidades, posición sobre el proyecto. Deberá presentarse, además, un análisis de las fuerzas impulsoras y obstructoras del proyecto, así como de la combinación de varios grupos, que pudieran interactuar simultáneamente en la ejecución del proyecto.

Para comprender en que consiste gasificar residuos sólidos, se puede consultar la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al decir:

«…proceso en el que los materiales combustibles, como la biomasa son parcialmente oxidados o parcialmente quemados en presencia de un agente gasificante (por ejemplo: aire, oxígeno, vapor, CO2, o mezclas de estos componentes), presentando un cambio en la estructura química. El producto es un combustible llamado gas de síntesis, o syngas. El gas de síntesis puede ser usado para generar calor y energía…»

Otra manera de comprenderlo es la definición estipulada en un acuerdo de la Municipalidad de León Cortés, del año 2012, respecto a este proyecto, donde definen que la gasificación busca: «transformar los residuos sólidos en un gas combustible y con este gas generar energía eléctrica»

Desde años anteriores diversos colectivos de León Cortés han manifestado oponerse al proyecto de planta gasificadora. Ejemplo de ello se encuentra en la página de Facebook: «No a la gasificación de basura en León Cortés»

En próximas entregas le estaremos ampliando más acerca de las diferentes aristas de este proyecto. Siga www.lossantosdigital.com para más contenido.

 

Compartido con SURCOS por Jefry Naranjo.

«El mar y las gentes de mar: territorios de vida y resiliencia»

Se les invita a sintonizar el Programa Radial: Semillas y Saberes; Este se transmitirá el jueves 17 de junio a las 11:00 am, con el tema: «El mar y las gentes de mar: territorios de vida y resiliencia»

Se contará con la participación de:

  • María Carrillo – co – coordinadora de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida
  • Aarón Chacón – joven pescador de la comunidad de Tárcoles. 

Audios de: 

  • Sara García – pescadora y almejera de la comunidad de Cabuya. 
  • Rolando Ramírez – Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida y presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto Pochote en Guanacaste. 

Puede sintonizar el programa en la Radio 870 UCR (870 AM) por radios.ucr.ac.cr o por el Facebook Live de Radio 870 UCR 

Este programa está al servicio de las organizaciones y el objetivo es visibilizar el trabajo que hacen. #SomosEconomíasSolidarias

Mesa Redonda: El Acuerdo de Escazú

El pasado viernes 4 de junio, la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica (AJJ), la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica realizaron una mesa redonda donde se debatió sobre el Acuerdo Escazú.

Para analizar este tema se contó con la participación de panelistas tanto nacionales como internacionales, la discusión se dividió en tres segmentos; En un primer punto Rosa Peña Lizarazo y Nicolas Boeglin Naumovic, analizaron si la puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial? En el segundo punto Jaime Cárdenas Gracia, Álvaro Sagot Rodríguez, debatieron si es cierto o no que la participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano? Por último, Constance Nalegach Romero y Mario Peña Chacón, discutieron si unas salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú

Para ampliar la discusión sobre estos temas puede ver el siguiente video:

Panorama ambiental de Costa Rica y participación local

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo miércoles 9 de junio a las 6:00 p.m. el COLTRAS le invita a participar del webinar: Panorama Ambiental de Costa Rica y participación local. La transmisión se realizará vía Facebook Live y en el canal de YouTube: COLTRAS.

Se contará con la participación de:

  • Liliana Monge Sánchez, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica
  • Leonardo Merino Trejos, coordinador de Investigación del Programa Estado de la Nación

Panamá: Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo

El movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros compartió con SURCOS una siguiente nota publicada en el medio digital CRÍTICA.com.pa en el cual se expone:

Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo.

Congregaciones religiosas de la Iglesia Católica expresaron preocupación frente a las acciones que desarrolla el gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, con el fin de convertir a Panamá en un país minero.

Entre otros aspectos cuestionan la concesión de 25 mil hectáreas de tierras entre Colón y Coclé, la negociación con mineras internacionales a espaldas del pueblo y de las comunidades afectadas, así como un supuesto diálogo sobre el tema minero sin la inclusión de actores que se opongan a ese modelo.

Además, hacen referencia a la continua mención de las áreas de la comarca Ngäbe Buglé sin respetar el claro rechazo de estas poblaciones a la minería y una ley especial que prohíbe tal actividad en sus territorios.

Los grupos católicos señalan que los ejemplos de daño ambiental combinados con una débil institucionalidad y corrupción sobresalen en el tema minero en las últimas décadas.

El comunicado revela, además- como un hecho poco conocido y doloroso- el Estado tuvo que pagar a una minera norteamericana casi $16 millones en noviembre de 2020, en plena pandemia, luego que un mecanismo de arbitraje del Banco Mundial falló a favor de la empresa para seguir su actividad en Cerro Chorcha, en la comarca Ngobe Buglé.

El Estado panameño canceló el proyecto en el 2010 tras las protestas indígenas, pero era un contrato que venía desde el 2005 de otro gobierno del PRD, que concedió 24.5 hectáreas de terrenos para minería primero a Cuprum Resources Corp. y ésta le vendió a Dominion Minerals Corporation, que demandó al Estado ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),

La demanda original fue por $263.8 millones, pero tras la condena Panamá se verá obligado a pagar cerca de $27 millones.

Las organizaciones católicas piden suspender la concesión de las 25 mil hectáreas para minería, donde probablemente se incluye la reactivación de la Mina Molejón, que sería otorgada a la compañía canadiense Broadway Mineral.

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

Mesa Redonda: El Acuerdo de Escazú

La Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica, la Facultad de Derecho y el Posgrado en Derecho Ambiental de la UCR invitan a participar de la Mesa Redonda: EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Se llevará a cabo el día viernes 4 de junio del 2021 a las 4:00 pm (hora de Costa Rica). Se abordarán los siguientes temas:

Tema Uno:

Consideraciones Generales: La puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú ¿altera significativamente el equilibrio presupuestario del Poder Judicial?

Participan:

  • Rosa Peña Lizarazo, Abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental.
  • Nicolas Boeglin Naumovic, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Luis Roberto Zamora, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica

Tema 2: 

La participación ciudadana en materia ambiental que el Acuerdo de Escazú busca consolidar ¿constituye un derecho humano?

Participan:

  • Jaime Cárdenas Gracia, Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex Diputado Federal.
  • Alvaro Sagot Rodríguez, Profesor de la Universidad de Costa Rica

Modera:

  • Nikole Jirón Beirute, Consultora Internacional en Derechos Humanos

Tema Tres:

Salvaguardas en tratados internacionales que permiten a los Estados cierto margen de maniobra: el caso del Acuerdo de Escazú

Participan:

  • Constance Nalegach Romero, Consultora Internacional en Sustentabilidad.
  • Mario Peña Chacón, Director de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.

Modera:

  • Martín Rodríguez Miranda, Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica.

Para visualizar el evento puede hacerlo mediante el Facebook o al canal de YouTube de la Asociación Americana de Juristas:

https://www.facebook.com/AAJRamaCostaRica

https://www.youtube.com/channel/UCOuga5PTuOVS-y-saGWnTcQ

Compartimos el programa para descargar y compartir: