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Etiqueta: persecución

Alerta: libertad a jóvenes defensora y defensores de la Madre Tierra – Honduras

Desde Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela denunciamos:

ALERTA

LIBERTAD A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

MICHAEL AGUILAR, CHRISTOFER CASTILLO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,

PATRICIA GODOY, FERNANDO HERNÁNDEZ, JEFFRYEY SUAZO,

MARIA VALLADARES

Honduras, 30 de marzo, 2021

Honduras, junto a Colombia, Filipinas, Brasil y México, se encuentra entre los 5 países de mayor persecución, represión, criminalización y judicialización contra defensoras y defensores ambientalistas, donde las cifras de asesinatos aumentaron de cuatro (2018) a catorce (2019), en un clima de total impunidad. Estos ataques letales de ambientalistas han apuntado en especial contra mujeres, y ha continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigenta Berta Cáceres (2016).

El peligro de ser ambientalista en Honduras

Los abajo firmantes denunciamos, a nivel nacional e internacional, que el día de ayer lunes 29 de Marzo 2021 integrantes de las comunidades de Aldea de Loarque y circunvecinas de este Distrito Central, junto a integrantes de ARCAH (Asociación de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras) fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras ejercían el legítimo derecho humano a la protesta social durante una manifestación pacífica frente a la fábrica avícola El Cortijo, en la Aldea de Germania, que ha instalado una planta procesadora de desechos biológicos tóxicos.  Además, durante la detención sufren brutales agresiones físicas por parte de la Policía Nacional y son trasladados incluso, en vehículo sin logo ni placa, remitidos a la Jefatura CORE 7.

Nos preocupa de sobremanera y a la vez, denunciamos que la Policía Nacional no respetó la integridad del coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, quien tiene medidas de protección por reiteradas amenazas de muerte, ni el estado frágil de salud de una persona de tercera edad, ni la condición de menor de edad de una de las personas detenidas.

Alertamos que Honduras es un país de permanente clima de impunidad, desapariciones y asesinatos de ambientalistas como Berta Cáceres (2016), y en los primeros meses del presente año 2021 la joven enfermera Keyla Martínez fue víctima de asesinato bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, sumado a más de 15 feminicidios.

Es claro que el Estado criminal y represor de Honduras protege a la empresa privada y a las grandes corporaciones y megaproyectos extractivistas por encima de la vida del planeta y de los pueblos.

En Honduras es un delito defender a niñas, niños y familias que viven en comunidades aledañas al cauce del río Choluteca, donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.

Nos sumamos sin fronteras a la convocatoria de hoy martes 30 de marzo 2021 por:

¡Libertad a todas y todos los ambientalistas defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas!
¡No más represión contra el pueblo hondureño!
¡Alto a la criminalización y judicialización de los Derechos Humanos a la protesta social y protección de la madre Tierra!

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes:

Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica
Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica
Bloque de Vivienda/ Costa Rica
Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica
Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela
Colectivo Vanguardia Antillana / Puerto Rico
Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica
Colectivo Smalael A’maletik / México
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica
Movimiento Evita / Argentina
Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica
RedDeVida (Costa Rica/Venezuela
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México
Vocesenlucha /España

Firmas responsables
Colectivo La Patria Grande Vencerá

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

www.acodehu-ddhh.org

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

Virus de la corona-virus de la avaricia

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

Coalición Costa Rica enfrenta campaña de censura

Comunicado enviado por Coalición Costa Rica

  • Grupos administrados por miembros de Restauración Nacional promueven persecución y censura
  • Coalición Costa Rica protege sus plataformas digitales

En los últimos días, administradores de los grupos en redes sociales Costa Rica Unida y País Unido por Costa Rica han motivado a sus seguidores a denunciar la página de Coalición Costa Rica como una clara demostración de censura y persecución. Al denunciar de forma masiva, pretenden que Facebook suspenda la página de Coalición Costa Rica.

Igualmente organizaron campañas para reportar las páginas Adopte un Diputado y Control Ciudadano, esta última fue bloqueada por Facebook en horas de la tarde. Según sus administradores se debió precisamente a una oleada de denuncias de usuarios de la red social.

Coalición Costa Rica es un movimiento social que surgió como respuesta al resultado de la primera ronda electoral de este año y que tuvo un papel importante en la discusión política frente a la segunda ronda. El movimiento continúa trabajando a nivel nacional en pro de los derechos humanos y la defensa de la institucionalidad democrática.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado completo.

Coalición Costa Rica enfrenta campaña de censura

Enviado por Marcia Jarquín, directora general, Comunicación y Mercadeo, Coalición Costa Rica.

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Trabajador sindicalizado despedido gana juicio a bananera Chiquita

Entonces se ordena la reinstalación del actor en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos, en las mismas condiciones que se encontraba antes de ser despedido; y se le advierte a la demandada de abstenerse de incurrir en conductas similares en lo sucesivo. Donde deberá velar que las jefaturas, no hostiguen, ni acosen a los trabajadores que se afilian a los SINDICATOS. Como esta sentencia ordena reinstalación, la parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia en cuanto ordena la reinstalación, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndolo y restituyéndolo en todos los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia”. Así resolvió la jueza Susana Porras Cascante la demanda interpuesta por el sindicalista Enrique Eduardo García Ibarra contra la empresa bananera Chiquita, la cual, deberá cancelar los salarios caídos y reinstalar al trabajador en su puesto.

El histórico documento completo enviado a SURCOS por Ramón Barrantes, de COSIBACR, puede leerse siguiendo este enlace:

COSIBACR – juicio ganado

Honduras: El asedio, a la vida universitaria

  • “El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional…así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar su sistema político, social o económico”. (Código de ética periodística de la UNESCO, 1983)

 

Ronnie Huete Salgado (*)

Periodista y defensor de DD.HH

 

Latinoamérica, 13 de agosto de 2107. Tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), marcan el primer referente de estudiantes condenados en un tribunal de justicia en Latinoamérica, por defender la educación pública superior como un derecho universal.

Ante este acontecimiento, el asedio contra la vida en la Máxima Casa del Conocimiento en Honduras, fundamenta el dogma de la persecución, iniciado en los universitarios, Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres.

La deformación de los acontecimientos en Honduras es una agenda que persiste en fomentar la apología del odio. En menos de tres meses dos asesinatos recorren en el imaginario colectivo de la opinión pública nacional e internacional, y lo vinculan con el conflicto de la UNAH.

Aún no existe un dictamen oficial de parte de las autoridades responsables, de efectuar las investigaciones pertinentes, que definan la causante de los asesinatos.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los intereses oscuros que realmente delinean las acciones de las autoridades del Alma Mater, motivan a que los mercenarios de la información destruyan el imaginario colectivo de las masas.

Cuando la razón y el humanismo dejan de existir en la toma de decisiones en la máxima casa de estudios, desde las altas esferas del odio, aniquilan la universalidad del pensamiento para la que fue creada la UNAH en 1848, involucionando en un terrorismo universitario.

Desde el principio de la crisis de 2017 en la UNAH, la comitiva del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), aconsejaron utilizar la vía del dialogo bajo este contexto universal del pensamiento, sin embargo, este raciocinio de ambos organismos fue desvirtuado con respuestas abruptas desde la alta jerarquía universitaria.

Nuevamente el Ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, realiza una nueva recomendación, recurrir al Consejo Nacional de Educación, una instancia creada en Honduras por la ley fundamental de educación para garantizar el derecho humano a la educación de toda persona en Honduras.

Derecho humano que ha sido fuertemente violentado con la expulsión de 20 estudiantes universitarios, como una medida arbitraria dictaminada desde la rectoría y con el agregado de imputaciones judiciales desde los tribunales de justicia de este país.

Por tal motivo el Ombudsman hondureño fue contundente al expresar que, si ellos no encuentran la solución a la problemática, en los próximos días, es necesario que se asuma y se tome una decisión de Estado.

A casi tres meses de haber iniciado esta crisis de 2017, los acontecimientos van desde enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional, y algunos comunicadores sociales, hasta el asedio contra el Padre Jesuita Ismael Moreno.

Y es que la utilización de mercenarios dentro de la UNAH, para agredir físicamente y perseguir a los estudiantes y a las personas que allí se encuentran, no solo se resume en lo físico, puesto que los ataques mediante un reducido sector de la prensa, comprueba el precio que tiene el desinformar a la población.

Tanto los mercenarios de la información como los que atacan físicamente, se suman a los misteriosos ataques que se han perpetuado en los alrededores de la UNAH.

El pasado viernes 11 de agosto según información de un estudiante, un universitario que está siendo objeto de criminalización desde las altas esferas universitarias, fue víctima de un atraco y amenazado con un arma de fuego, despojándole de su celular.

Este hecho se efectuó dentro de las instalaciones de la universidad, ese mismo día, el atacante fue perseguido por los estudiantes que allí se encontraban, y la acción del atracador fue el de dispararles con arma de fuego en mano.

Por razones de seguridad no se revela el nombre de la fuente, sin embargo, aseguró que en donde se realiza la huelga de hambre que lleva 47 días, todas las noches son vigilados por vehículos desconocidos sin número de placa y con vidrios poralizados.

Son tres los estudiantes que mantienen la huelga de hambre y que han tenido relevos, por recomendaciones de la doctora Ligia Ramos, quien voluntariamente evalúa la salud de los estudiantes.

Por tal motivo la huelga de hambre se mantiene gracias a los relevos que han hecho los estudiantes, según las recomendaciones médicas, no obstante, aunque esta forma de acción es totalmente pacifica, es amedrentada utilizando técnicas que remarcan el fascismo.

Según informes de los propios estudiantes, los edificios de la UNAH, se encuentran cerrados como otra medida de presión y protesta, lo que ha resultado en la ausencia de clases durante los dos últimos meses.

Debido a esta acción, las autoridades del Alma Mater, publicaron un comunicado asegurando que no pagaran el salario de los docentes, puesto que no han impartido sus cursos según correspondía en el calendario académico y la rectoría los acusa de cómplices en la huelga que lidera el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

La persecución también ha llegado a los docentes de la UNAH, quienes tendrán que enfrentarse a no recibir su próximo salario, puesto que la crisis es agudizada por dictamines fuera de orden en una nación cuasi incivilizada.

Sumado a esta persecución, recientemente fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia 15 estudiante universitarios del Centro Universitario Regional Litoral del Pacifico, quienes ahora enfrentan cargos judiciales en su contra por hacer uso del derecho universal de la protesta.

En total son 44 los universitarios judicializados, y que enfrentan a la justicia de Honduras como si se tratase de delincuentes comunes.

Mi persona, también está siendo víctima de criminalización por hacer uso del libre ejercicio del periodismo cuando el 24 de mayo hice cobertura periodística internacional de una acción de protesta en el edificio administrativo de la UNAH, sin embargo, fui víctima de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, robo y privación injusta de mi libertad y ahora se me imputan cargos.

Ser periodista y corresponsal internacional en Honduras, alejado de los lineamientos producidos por las altas esferas de la UNAH, lo puede llevar a la cárcel o incluso a la muerte.

En el último mes he sido objeto de seguimiento de parte de vehículos extraños, en las avenidas de Tegucigalpa, así como la intervención constante de mi teléfono celular, aunque ya interpuse una denuncia contra las personas que me torturaron y robaron el 24 de mayo de 2017 en la UNAH, aún no he tenido una respuesta contundente del Ministerio Publico de este país centroamericano.

A través de la Secretaria de Seguridad, mantienen una instancia llamada el Mecanismo de Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, la protección de la misma solo se ha reducido a analizar mi caso para hacer un diagnóstico, desde hace casi tres meses de ocurridos estos hechos que atentaron contra mi vida.

En uno de los considerandos de la Carta Universal de los Derechos Humanos menciona “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”

Tal descripción bajo el contexto universal de los derechos humanos, confirman que en Honduras existe una barbarie, cuyo epicentro es la máxima casa de estudios. La guerra de baja intensidad persiste, ahora desde la casa universal del conocimiento.

La filosofía pragmática, de conseguir el poder y el dinero acosta de lo que fuese, es el perfecto reflejo que brilla en el Estado fallido de Honduras.

Tras esta intensa etapa de crisis, es sumamente necesaria la praxis de la filosofía humana, para el servicio de la humanidad, rescatando los valores morales que enaltecen la honestidad y el amor al prójimo. La universidad es la responsable del óptimo desarrollo de la humanidad que habita Honduras.

La paz es necesaria para fortalecer los valores democráticos, sin embargo, en donde se desarrolla el conocimiento, a través de la universalidad del pensamiento, es decir la UNAH, se encuentra en una constante riña con la paz, puesto que la filosofía pragmática es la oscuridad que es inseparable de las actuales autoridades.

 

(*) Ronnie Huete es Licenciado en periodismo (UNAH) con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos, estudió presencial en la Universidad Politécnica de Valencia, España y se ha desempeñado como docente universitario de la UNAH y otras universidades privadas. En 2010 vivió en Florianópolis, Brasil, regresando a Brasil el primer semestre de 2012 en la ciudad de São Paolo. en 2008 viajó por Centroamérica, para luego en 2013 desplazarse a California, EUA. En Julio de 2015 viajó hacía Washington D.C. y luego tuvo una corta estadía en Nueva York, terminando en el Estado de Florida. En 2016 produjo un programa radial en el Condado de Orage, California.

Actualmente se encuentra en Honduras, en donde estudiaba su segunda licenciatura en sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, sin embargo, fue víctima de criminalización y persecución judicial por parte de las autoridades universitarias, por lo que está tomando fuertes medidas de seguridad, ya que su vida corre peligro.

El 24 de mayo de 2017, el periodista Ronnie Huete Salgado, se encontraba en el edificio administrativo de la UNAH, en donde realizaba cobertura periodística internacional para la agencia brasileña de prensa desacato.info, sin embargo, fue torturado, despojado de su celular y privado de su libertad por elementos de la seguridad privada de la UNAH, para luego ser encarcelado. Actualmente posee medidas sustitutivas a la prisión y es víctima de persecución como resultado del trabajo que desempeña como periodista en su país natal Honduras.

Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras y o los que menciono en el presente artículo.

El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria para la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red , el portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil, rebelion.org, http://conexihon.hn , criterio.hn, www.hondurastierralibre. Entre otras agencias de prensa internacional para la cual trabaja de forma independiente (freelance) y que cuyas publicaciones son efectivas en España, México, Argentina, entre otros países de América Latina.

 

Enviado por el autor.

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Solicitan vigilancia y solidaridad ante los violentos hechos contra las compañeras feministas y las comunidades del Kiché-Guatemala

  • Demandamos protección para las compañeras Lolita Chávez, Rosa Gallardo, Gabriela Cruz y para el pueblo de Santa Cruz de Kiché

 

Mesoamérica, 9 de junio de 2017

Tal y como fue denunciado, el día 7 de junio unas veinte personas integrantes del Consejo de Pueblos Kiché, entre ellas mujeres y niños y niñas, fueron perseguidas violentamente durante la noche del 7 y el día 8.

El día 7 de junio, este grupo de indígenas del Consejo de Pueblos Kiché en legítima defensa de su territorio y bienes comunes, pidieron la documentación a madereros con un camión cargado de árboles talados, con el fin de verificar si contaban con autorización para la tala y extracción. Los camiones no portaban documentación alguna.

El camión se encontraba frente a oficinas de Gobernación, sin embargo el Instituto Nacional de Bosques no se hizo presente para detener la tala. La policía que se encontraba se alejó del lugar, a pesar de las peticiones de las compañeras del CPK de que se quedaran. Este hecho dejó a la población en manos de los madereros armados, que ahí mismo en el parque Central de Santa Cruz del Kiché sacaron armas y empezaron a disparar y perseguir al grupo del CPK.

Señalan las compañeras que la policía no solo no les resguardó, sino que de manera concertada permitieron el ataque a la población que se opone a la tala de los árboles ancestrales, que son parte de sus vidas y territorios.

Los y las compañeras del CPK huyen del lugar, algunas en vehículos y otras a pie se internan en la montaña. Durante la noche del miércoles y buena parte del día jueves las compañeras huyeron por la montaña con los niños, fueron perseguidas por los disparos de los madereros. El grupo se dispersó y algunas fueron alcanzadas por los matones madereros, quienes las golpearon, las amenazaron de violación y de quemarlas. Dos compañeros del CPK se ofrecen quedar retenidos a cambio de que dejen ir a las mujeres. Hoy se desconoce el paradero de uno de los compañeros.

Las compañeras defensoras del territorio ancestral han sido acusadas de retención ilegal del camión de madera.

Algunas de las compañeras perseguidas fueron sacadas de la zona por la organización Brigadas Internacionales de Paz y con la intervención de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Estos hechos se inscriben en el despojo de los bienes comunitarios, donde las familias de las comunidades han sido obligadas con armas a vender sus terrenos y se está llevando a cabo una vez más un desplazamiento forzado.

Ante estos graves hechos de violencia contra los pueblos y sus territorios ancestrales, pedimos a la comunidad y a las organizaciones nacionales e internacionales la solidaridad para:

Que se amplíen las medidas de resguardo a las poblaciones de Cafeteras, La Cumbre, Graditas, de Santa Cruz y San Andrés de Sajcabaja, todas del territorio Kiché, ya que hay muchas personas que están siendo perseguidas y amenazadas.

Que se amplíen las medidas de resguardo a la organización Consejo de Pueblos del Kiché.

No dejar en impunidad el control territorial armado que ejercen los madereros junto con el llamado Consejo Comunitario de Desarrollo, así como la destrucción del bosque que están realizando.

No dejar en impunidad las acciones ilegales de la policía.

Que se realicen acciones para la búsqueda y protección de los compañeros que hoy no se conoce su paradero.

Que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nombre una Comisión de Verificación de los Derechos Humanos del pueblo Kiché.

 

Firmamos:

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.

Tinamaste

Red de Coordinación en Biodiversidad

Colectiva Romper el Silencio.

Federación Ecologista (FECON)

Bloque Verde

Centro de Amigos para la Paz.

Colectivo Derecho a la Protesta Social

Colectiva A de Libertad

COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Encuentro Bajo la Ceiba

Frente de Resistencia Animal y de la Tierra

Coordinadora por la Liberación Animal

ATALC Amigos de la Tierra América Latina

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Comisión de Género de Asociación de Estudiantes de Planificación y Promoción Social

Red Costarricense de Agricultura Ecológica

DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones

Jaurías Comunicación Feminista

Asociación PROAL-PACUARE

Movimiento Ríos Vivos

Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete

UNOVIDA

Alianza de mujeres indígenas, rurales y mestizas de Mesoamérica

Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente Honduras

Partido Obrero Socialista

GEO Denuncias Ambientales

GUANARED

Colectiva Respiral

Asociación Casa Adobe

Ni Una Menos Costa Rica

Estudiantes Maestría Estudios Latinoamericanos 2017

Laboratorio Psicosocial (UCR)

Ciem UCR Occidente

Epistemologías del Sur (UNA) Red de pensamiento anticolonial respecto de lo educativo, lo migratorio y lo rural

Cooperativa Viresco R.L.

Culturas Vivas Comunitarias

Alianza de Redes Ambientales

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente ARCA FANCA (Red Centroamericana de Acción del Agua)

Círculo Bolivariano Yamileth López

Colectiva Caminando

Colectiva Chancha Negra

CEP Alforja Costa Rica

CEAAL América Latina

Centro de Estudios Humanistas – Costa Rica

La red de jóvenes sin fronteras

Convergencia de las Culturas Costa Rica

Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos)

Fundación Pedagógica Nuestramérica

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

Cooperativa de Vivienda, Construcción, Fuerza, Unión, Destreza y Ayuda Mutua (COOVIFUDAM R. L.).

Asociación de Personas Refugiadas y Costarricenses en Costa Rica ASOPREC

Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales

Enviado por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.

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Red de Mujeres Rurales: urge apoyo y denuncia para compañeras guatemaltecas

La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica comunica que hemos recibido solicitud de auxilio por parte de las compañeras guatemaltecas que el pasado 7 de junio se manifestaban en contra de la tala de árboles en su territorio Kichè, y madereros armados les dispararon. El grupo de mujeres entre las que se encuentra Aura Lolita Chávez Ixcaquic, que tienen medidas de protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rosa Gallardo y Gabriela Cruz, todas defensoras de los derechos del pueblo Kiché, se encuentran en la montaña con otras mujeres y niños huyendo de los hombres armados que las persiguen.

En la mañana del 8 de junio aún se encontraban en la montaña sin recibir ayuda.

Llamamos a todas las personas y organizaciones a demandar que el gobierno de Guatemala detenga esta persecución, se proteja la vida de estas mujeres y se castigue a los agresores.

Comunicarse con la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Teléfonos (507) 302-4698 / 302-4699, o vía Facebook demandando la protección de estas mujeres y niños.

No más violación a los derechos de los pueblos y sus territorios.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales

Enviado por Red de Mujeres Rurales de CR.

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La piña deja huellas amargas en Costa Rica

Comunicado

  • Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
  • Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional

 

Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.

Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.

Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.

Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.

El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?

Por lo tanto:

  1. Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
  2. Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
  3. Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
  4. Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.

 

Acueducto de Milano, Siquirres

Alianza de Redes Ambientales, ARA

Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Comité de Ganaderos de Los Chiles

Federación Ecologista Costarricense, FECON

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP

Fundación Bandera Ecológica

Fundación Neotrópica

Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA

Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU

Unión Nacional de Trabajadores/as, UNT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por ARCA.

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UCR: Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo

Foro Humboldt Universidad – Sociedad

Tatiana Carmona Rizo

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo
En el foro participaron Ana Carcedo, presidenta de Cefemina; Zoilamérica Narváez, activista nicaragüense; Alberto Cortés Ramos, como moderador; Carlos Ariñez, comunicador; Dennis Castillo, activista LGBT y Paola Brenes, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (foto Rafael León).

 

Activistas centroamericanos e investigadores de la UCR analizaron, en un foro, algunas de las nuevas formas de autoritarismo y persecución que sufren distintas agrupaciones y movimientos sociales en nuestra región.

En el marco del Foro Humboldt Universidad- Sociedad, los expertos se refirieron a los retos que deben enfrentar Centroamérica en materia de defensa de los derechos humanos, homofobia, represión de los movimientos sociales y violencia de género.

A lo largo del foro, los expositores coincidieron en que en los últimos años, las estructuras del crimen organizado están siendo utilizadas por el poder político con el fin de eliminar y neutralizar a líderes de distintos movimientos sociales y a defensores de derechos humanos.

 

Femicidios, patriarcado y violencia sexual

Durante la actividad, la Dra. Paola Brenes Hernández y la Dra. Ana Carcedo Cabañas, ambas investigadoras del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica junto con la Dra. Zoilamérica Narváez Murillo, socióloga y activista nicaragüense, se refirieron a los retos de la región en materia de la erradicación de la violencia de género.

Las expositoras coincidieron en que aunque ha habido grandes avances en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún persisten en la región algunas estructuras de violencia en contra de esta población.

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo2
La Dra. Paola Brenes, investigadora del CIEM mencionó que en el caso de Costa Rica hemos tenido grandes avances en materia de género, uno de ellos fue la primera encuesta nacional realizada por la UCR en el 2003 sobre violencia contra las mujeres (foto Rafael León).

Durante su intervención, la Dra. Brenes explicó que uno de esos avances radica en los logros conseguidos en la Convención de Belém do Pará, actividad en donde se lograron sentar las bases jurídicas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia; así como señalar a todo acto de violencia contra las mujeres, como una ofensa a los derechos humanos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Dra. Carcedo, más allá de los avances en materia jurídica, la región aún tiene como reto tratar de disminuir las altas tasas de femicidios cometidos con violencia sexual.

“A partir del año 2000 se ha disparado los femicidios en Centroamérica… ha aumentado el ensañamiento también, la violencia y el odio con el que se comenten los femicidios y el aumento de la violencia sexual, podemos decir que hoy en día uno de cada cuatro femicidios se cometen con violencia sexual” afirmó Carcedo.

Por su parte, la Dra. Narváez manifestó que las nuevas formas de persecución política tratan de evitar la emergencia de movimientos sociales que tienen una solidez similar a la de la lucha de las mujeres, y que utilizan los mismos mecanismos de opresión para “adormercer” la conciencia social.

“Las nuevas formas de persecución política tienen que ver con no permitir que se repita la fuerza de la emergencia de las identidades que como la de las mujeres lograron transformar de manera definitiva los espacios de participación política… el patriarcado ha tratado de repetir las formas de violencia doméstica, las formas en las que se practica la violencia sexual que a un final es un abuso de poder, en el espacio público” dijo Narvaez.

En su opinión, Centroamérica está experimentando abusos “que repiten el modus operandi de los ofensores sexuales con las mujeres en el pasado”, por medio del terrorismo psicológico, nuevas formas de militarismo y un adormecimiento de la conciencia social, pasiva y poco solidaria.

Investigadores y activistas analizan nuevas formas de autoritarismo3
Esta actividad fue organizada por Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR (foto Rafael León).

 

Nuevas forma de violencia en contra de los movimientos sociales

Por su parte, el Dr. Carlos Ariñez y el Dr. Dennis Castillo, ambos activistas por los Derechos Humanos se refirieron a las nuevas formas de totalitarismo y opresión que existen en la región en contra de distintos movimientos sociales.

Los expositores coincidieron en que la región heredó de la época del totalitarismo, estructuras de violencia, que en tiempos de democracia se manifiestan en otros sectores sociales.

“La macroviolencia del terror del estado está llevando a una microviolencia en maras, en crimen organizado, en paramilitares, en narcotraficantes que utilizan los mismos mecanismos para eliminar y neutralizar a líderes activistas visibles, defensores de derechos humanos y periodistas alternativos” manifestó Ariñez.

Asimismo, el Dr. Castillo se refirió a cómo esta violencia y opresión también se manifiesta en los crímenes en contra de activistas y líderes de la comunidad LGBT (lésbica, gay, bisexual y transexual).

“Estamos ante democracias homofóbicas es decir democracias que de manera veladas persiguen la visibilidad de activistas abiertamente gays, transexuales, o lesbianas para violentar su participación, pero disfrazan esto de muchas maneras, entre ellas con el flujo migratorio de estos líderes, paralizan e incapacitan su libertad de asociación, pero además logran aislar a estos líderes una vez que están en el refugio” dijo Castillo.

El foro “Nuevas violencias en Centroamérica: autoritarismo y persecución a los movimientos sociales”se llevó a cabo este lunes 24 de noviembre y fue organizado por la Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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