La campaña teatral por los derechos de las personas con discapacidad ANTOÑO es una adaptación de la obra “Los frutos de la vida” de Víctor Valdelomar. La actuación estará a cargo de Marco Kiko Palma Leiva y la dirección por el mismo Víctor Valdelomar, lo que quiere decir que es un teatro unipersonal.
Las obras se realizarán 100 metros este de la Iglesia Católica en San Pedro, la primera función será el viernes 31 de mayo a las 7:00 p.m, seguida por una serie de funciones en el mes de junio. El sábado 1 de junio será a las 7:00 p.m, el domingo 2 de junio a las 6:00 p.m, el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m, el sábado 8 de junio a las 7:00 p.m y el domingo será la última función a las 6:00 p.m.
Haga sus reservas al número 8714-6784, el precio general de la entrada es de 8000 colones. Teatro de Bolsillo le invita a asistir, disfrutar y colaborar. Para más información observe el afiche adjunto.
El mundo ha presenciado estupefacto y pasivo el genocidio que desarrolla Israel en Gaza. Ya más de 35 mil palestinos han muerto como consecuencia de las balas y bombas de las Fuerzas Armadas israelíes. La gran mayoría de los palestinos muertos son mujeres y niños. Sin embargo, quién se pregunta: ¿Cuántas personas con discapacidad han muerto o han sido heridas como consecuencia de esos ataques indiscriminados contra la población civil?
Se imaginan a una persona ciega ante el sonido estruendoso de las bombas, de los proyectiles de los cañones, de las balas, sin saber dónde huir. Se imaginan también la zozobra y confusión de una persona sorda ante tan amenazante destrucción que lo rodea. Y ¿Qué sucede con los palestinos con discapacidad física? ¿Cómo escapar entre los escombros de la muerte en silla de ruedas o usando muletas? Y ¿Cómo explicarle a una persona con discapacidad intelectual lo que está sucediendo?
Según los datos que aporta la Asociación Nacional para la Rehabilitación de los Discapacitados de Palestina, en Gaza, la población con discapacidad es de 47 096 personas. Tales datos son de antes del inicio de esta guerra que Israel dice que es contra Hamás pero que tiene como principales víctimas a todo el pueblo gazatí. ¿Cuántas de esas personas con discapacidad han fallecido o están heridas, en una situación de desesperante desamparo?
Si el estado de indefensión es terrible e injusto para toda la población civil, sin duda que se hace mayúsculo para las personas con discapacidad. Sin embargo, la ofensiva israelí no se contiene y cualquier oposición a su desproporcionada acción destructiva, de inmediato es calificada, desde Tel Aviv, por el régimen de Netanyahu de antisemita.
Como seres humanos debemos de rechazar cualquier tipo de genocidio. Empero para el Netanyahu, su gobierno y sus generales, el único genocidio que ha existido es el que practicaron los nazis contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial.
Esta era una masacre que podría haberse evitado si desde Washington se lo hubieran propuesto y el gobierno de Joe Biden, habría presionado mucho antes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, cortándole el apoyo político y la ayuda económica y militar traducida en armas y proyectiles que han devastado Gaza hasta sus cimientos, y también han afectado severamente a Cisjordania.
El pueblo palestino debía contar con un Estado desde 1949 pero las potencias coloniales de Europa y Estados Unidos, lo han impedido durante los últimos 75 años. Así aunque proclaman que es necesario que Israel y Palestina cuente cada uno con su propio Estado, para convivir en paz, de múltiples maneras se ha evitado que tal solución se haya concretado. Es tal la hipocresía y el doble discurso que aún en las circunstancias actuales, donde se ven los alcances genocidas del régimen de Netanyahu y que el único camino justo es que Palestina cuente con un Estado propio, Estados Unidos sigue vetando ese reconocimiento y que Palestina se coloque como miembro pleno de las Naciones Unidas.
Está claro que lo que sigue gobernando al mundo son las armas. Así las cosas cuando se promueven y alargan conflictos fratricidas en Gaza y Ucrania, quienes se ven beneficiados son los acciones de las empresas de los complejos industriales militares. Estos no se fijan en los muertos, ni en los terribles sufrimientos de los pueblos. Lo que es importante son las ganancias y los números favorables en Wall Street.
Por eso a quienes todavía nos queda consciencia y humanidad, tenemos que concluir que ante cada gazatí inocente que muere en Gaza sin que nos pronunciemos, que es herido, que es desplazado, que se le condena al hambre sin que lo repudiemos ante este genocidio televisado, nos hace perder esa humanidad que todavía nos queda.
El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país.
No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron.
Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes.
¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!
Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad
El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.
En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.
Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.
La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.
Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.
Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica
Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.
En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.
Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.
Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.
Las plataformas de Conapdis y del Expediente Digital Único en Salud (Edus), tendrán acceso entre ambas instituciones con el fin de agilizar el trámite para la solicitud del certificado de discapacidad.
De igual manera, a partir del 1 de marzo del 2024, cualquier persona que solicite el carné o certificado de discapacidad no deberá presentar (salvo en casos excepcionales) el dictamen médico para dicho trámite.
El formulario para solicitud de la certificación de discapacidad incluirá un consentimiento informado para que el equipo profesional del Servicio de Certificación de la Discapacidad (Secdis), pueda ingresar al Edus y tener acceso de manera ágil a la información.
Otra facilidad en el trámite es la solicitud de manera digital, en la cual la persona que requiera el certificado de discapacidad podrá enviar el formulario firmado y los documentos requeridos al correo certificaciondiscapacidad@conapdis.go.cr
Según explicó Karla Rodríguez Montero, jefa del Secdis, «Por medio de este correo únicamente se tramitarán solicitudes de certificación firmadas digitalmente».
Las personas que no cuenten con el dispositivo de firma digital pueden retirar el formulario de solicitud en la sede de Conapdis más cercana, firmarlo a mano y entregarlo en la misma sede, junto con los demás requisitos.
Con este esfuerzo interinstitucional las personas con discapacidad recibirán su certificación en un plazo máximo de dos meses.
Los requisitos para el proceso de solicitud del certificado de discapacidad son:
* Formulario de solicitud lleno con declaración jurada firmada y consentimiento informado.
* Copia de la cédula de identidad, permiso de residencia, constancia de nacimiento, pasaporte o cédula de residencia en el caso de personas extranjeras.
* En caso de ser menor de edad, certificado de nacimiento/cédula de menores y cédula de la persona encargada.
* Dictamen médico con fecha de emisión no mayor a un año, el cual debe ser emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social o por un médico privado. En caso de ser emitido por médico privado debe ser mediante la plataforma SEDIMEC del Colegio de Médicos y Cirujanos por un médico especialista afín a la discapacidad.
Usuarios de servicios de Conapdis se capacitan en INA
Se trata de un grupo de jóvenes limonenses en situación de discapacidad de la región Huetar Caribe, quienes mediante una alianza entre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de Aprendizaje, se han capacitado como camareros.
Todos son usuarios de los servicios de Conapdis sede Huetar Caribe y con una pasantía realizada en un hotel de San José, aumentan sus posibilidades de incorporarse a alguna empresa hotelera.
Yancy Mora, jefa de la región Huetar Caribe de Conapdis destacó el derecho que tienen estos jóvenes en situación de discapacidad de educarse y acceder a empleos dignos. Por su parte, Gabriela Barahona, directora de Desarrollo Regional de Conapdis, destacó la fortaleza de las alianzas público – privadas para respetar el derecho de las personas con discapacidad a incorporarse a la fuerza laboral del país, en este caso en el sector turismo.
Aprovechando la presencia del presidente ejecutivo del INA, Juan Alfaro, los jóvenes solicitaron ser incluidos en cursos de inglés y de servicio al cliente para que sean impartidos en la provincia de Limón.
Wendy Arguedas, funcionaria de ICT, fue la encargada de coordinar la pasantía de los jóvenes limonenses en San José. Agradeció por abrir las puertas de manera inclusiva a los futuros camareros.
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
La Fundación Orgánica impulsa el primer Festival de Movilidad Comunitaria, por desarrollarse el 27 y 28 de mayo, en el cantón de Palmares, en el salón comunal de La Granja, de 9 a.m. a 6 p.m.
El Festival de Movilidad Comunitaria sitúa a personas con discapacidad, mujeres y personas de la población diversa en el centro de la discusión sobre sus vivencias en el desplazamiento por pueblos y ciudades.
El Festival estará enfocado en visibilizar las experiencias de estas poblaciones, desde el arte, la cultura y la formación en temáticas como movilidad y género, accesibilidad y dignidad en la movilización de todas las personas en el país.
Se han organizado recorridos en bici, mercadito local, talleres, actividades culturales, turno, escuelita de bicicleta, charlas, actividades para infantes, Dj’s, mural en vivo y mucho más.
La Fundación Orgánica le invita a ser parte “de una cultura de movilidad sostenible, que integre a todas las personas y no deje a nadie atrás”.
El pasado viernes 03 de junio del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Ley 7600: 26 años de deuda en igualdad, inclusión y equidad”.
Como panelistas participaron:
Erick Chacón
Ericka Álvarez
Patricia Ruiz
Mario Valverde Madrigal
Durante aproximadamente 2 horas, los panelistas reflexionaron sobre los prejuicios y acciones discriminatorias que aún en la actualidad, 26 años después de que entrara a regir la Ley 7600, tienen que seguir enfrentando las personas con discapacidad desde la sociedad civil, pero también desde el propio Estado costarricense.
Reconocen que aunque en la actualidad hay muchísimos espacios de lucha, la Ley 7600 sigue representando su emblema normativo y su respaldo en la defensa de sus derechos. Es por tanto, que se vuelve importante señalar que el marco jurídico de protección de los derechos humanos en Costa Rica es “maravilloso” en el papel; sin embargo, está fallando en su debida ejecución, reglamentación y cumplimiento.
Los panelistas concuerdan en que la institucionalidad costarricense se ha apoyado en la vigencia de la Ley 7600 para que parezca que ya se alcanzó la inclusión, pero la realidad es que hay una enorme deuda histórica en todo el país, principalmente en los territorios fuera del Gran Área Metropolitana (se cita el ejemplo de Nicoya), donde el abandono del Gobierno Central se visualiza en temas de infraestructura, educación, oportunidades de empleo, derecho a salud integral, espacios de recreación inclusivos, entre otros.
Se le invita a sintonizar la grabación del programa accediendo al siguiente enlace: https://fb.watch/dKhEazfxOm/
“La discapacidad es un concepto que evoluciona” expresa el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas y subraya “que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “deficiencia” como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La deficiencia es parte de la condición y el ciclo de la vida humana. Podemos adquirir alguna deficiencia, temporal o permanente, en algún momento de nuestras vidas. En mi caso particular, puedo dar testimonio de ello.
En el campo de la discapacidad se pueden identificar varios modelos. Deseo destacar tres: El modelo social, el médico-rehabilitador y el tradicional-caritativo. Estos tres modelos coexisten en nuestro entorno socio-cultural.
El modelo de la discapacidad presente en el citado tratado internacional es el social; el cual establece que el problema principal está en el entorno y en la sociedad, no en la persona. La discapacidad, consecuentemente, es un derivado de entornos “discapacitantes”. Lo que aportamos las personas con discapacidad es algún tipo de deficiencia adquirida o que la traíamos al nacer.
Esta perspectiva de la discapacidad es la más avanzada y jurídicamente vinculante para los Estados (como el costarricense) que han ratificado la Convención. Dentro de esta visión, la discapacidad está fuertemente condicionada por el entorno político-institucional, social, cultural, físico e info-comunicacional.
Como bien lo indica el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI): “La discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social”.
Por su parte, el modelo médico-rehabilitador centra su mirada en la condición del individuo y considera que la discapacidad es una resultante directa de la deficiencia (o deficiencias) de la persona. La discapacidad es entonces considerada fundamentalmente como un problema de salud y derivado de ello, es un asunto del ámbito médico. Dentro de esta visión, en muchas ocasiones, la discapacidad se hace sinónima de enfermedad.
Mientras tanto la mirada tradicional-caritativa visualiza la discapacidad como una condición inherente a la persona con deficiencias –físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales–, que limita o impide su desarrollo, y la convierte en dependiente y objeto de la caridad privada o la asistencia pública.
El llamado modelo médico conceptualiza a la discapacidad como una patología propia del individuo. Mientras tanto el modelo social se inclina a encuadrarla como una patología de la sociedad.
Alguien podría preguntarse al leer los párrafos precedentes: ¿Qué tiene que ver todo eso con la vida de las personas con discapacidad de carne y hueso, que habitamos Costa Rica? ¡Mucho! ¡Muchísimo! Porque las políticas públicas en materia de discapacidad están, inevitablemente, determinadas por el modelo que oriente a quien decida sobre ellas.
La Asamblea Legislativa, en su calidad de primer poder de nuestra República, es una fuente fundamental en la aprobación e impulso de políticas públicas. Entonces lo que piensen y digan las y los diputados tiene una enorme relevancia práctica.
Esta semana se completó la integración de la comisiones legislativas permanentes. Una de las conformadas fue la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y Adulto Mayor. Esta importante comisión será presidida por el diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas Durán y la secretaría la ocupará la diputada del Partido Progreso Social-Democrático, María Marta Padilla Bonilla.
Con toda seguridad, a las y los diputados que forman parte de esta instancia parlamentaria, les anima la mejor intención para lograr avances en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social que afecta a las personas con discapacidad, mediante políticas y acciones inclusivas.
Es por ello que es imperativo que sigan los dictados de normas como la ley 7600 y la Convención de la ONU, que se guían por el modelo social, ya que ni el caritativo ni el médico dan respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de la población con discapacidad. La situación que prevalece en el mundo de la discapacidad da testimonio inequívoco de tal aserto.
La diputada Padilla Bonilla, secretaria de la comisión, expresó lo siguiente, según lo consigna el diario digital CR. Hoy en su edición del 23 del mes en curso, para referirse a las personas con discapacidad: «Son seres humanos que yo digo incluso superiores al resto, porque tienen una serie de condiciones y amor que los hace más elevados espiritualmente que a nosotros, entonces lucharemos para darles el lugar de seres humanos superiores en todo sentido».
Desde luego que no puedo estar de acuerdo con este enfoque de la bien intencionada diputada. He de indicarle: Que las personas con discapacidad somos antes que nada personas. Y en el ancho y variopinto mundo de la discapacidad, las hay buenas y malas, solidarias y egoístas, generosas y mezquinas, inteligentes y no tanto, espirituales y terrenas, alegres y amargadas, reservadas y locuaces… y la lista podría seguir.
Lo que si cubre como ancha capa a todas (o casi todas) las personas con discapacidad, es la discriminación, la exclusión y la subvaloración. Somos parte de esa humanidad diversa. Somos más de mil millones en el reino de este mundo (como escribiera Alejo Carpentier) entre los más de siete mil millones que ya somos.
En discapacidad –como en todo– el lenguaje es muy importante. Las formas suelen llenarse de contenidos. He observado que muchas personas cuando hablan sobre las personas con discapacidad, dudan, titubean, no quieren herir susceptibilidades. Y se hacen un embrollo enorme. No se preocupen: La denominación correcta es persona con discapacidad, les suene o no les suene. Así aparece en la 7600, en los tratados de la ONU y la OEA, en el nombre del ente rector del país (CONAPDIS). Así que no debe existir confusión alguna.
No somos minusválidos, ni inválidos, ni mongolitos, ni cieguitos, ni sorditos, ni sordo-muditos, ni ningún otro “ito” que nos hunda en lo peyorativo. No somos tampoco especiales, ni contamos con capacidades diferentes, ni tenemos necesidades especiales. No somos lo contrario a personas normales porque eso nos convierte en anormales. No somos extraterrestres; somos simplemente seres humanos fieramente discriminados. Formamos parte de la diversidad humana y aspiramos a que se nos respete aún cuando seamos diferentes.
Para formular políticas públicas inclusivas en todas las áreas (salud, educación, empleo, vivienda, información, comunicación, recreación, cultura, deporte, etc.) es imprescindible saber cuántos somos, dónde vivimos, que necesidades tenemos. Se debe partir de una apreciación diagnóstica de la situación y realidad de las personas con discapacidad y eso pasa por evitar elevarnos a un plano de amor y espiritualidad que sin duda puede sesgar la mirada objetiva.
