La iniciativa busca prevenir el uso de medidas judiciales que pueden convertirse en mecanismos de presión económica e intimidación contra personas activistas, periodistas y comunidades que participan en el debate público ambiental.
La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda aprobar el proyecto de ley n.º 25.125, que propone reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil para impedir que se decreten embargos preventivos cuando los reclamos judiciales se originen en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente.
La recomendación forma parte de la propuesta de acuerdo CU-100-2026 aprobada en la sesión N° 7037 por el Consejo Universitario
El acuerdo se basa en los criterios de distintas instancias universitarias que advierten sobre los riesgos de utilizar procesos judiciales y medidas cautelares para ejercer presión económica contra quienes denuncian daños ambientales o cuestionan proyectos empresariales y actuaciones estatales.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) señala que la iniciativa responde a una preocupación internacional por las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés. Estos litigios pueden utilizarse para intimidar, silenciar o desgastar a periodistas, personas activistas y defensoras de derechos humanos, mediante procesos prolongados, costos económicos elevados o medidas que afectan sus bienes.
Por su parte, el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria advierte que los embargos preventivos pueden tener consecuencias importantes antes de que exista una sentencia firme. La congelación de cuentas, salarios o bienes inmuebles puede comprometer la estabilidad económica de las personas demandadas y generar un efecto disuasorio sobre otras personas y comunidades que participan en la defensa del ambiente.
Estos antecedentes evidencian la importancia de discutir las garantías legales necesarias para que las personas y comunidades puedan denunciar afectaciones ambientales y participar en decisiones de interés público sin enfrentar mecanismos de presión desproporcionados.
La problemática adquiere especial relevancia en territorios rurales e indígenas, donde las personas defensoras pueden enfrentar mayores dificultades económicas y de acceso a asesoría jurídica especializada. Los procesos judiciales también generan desgaste emocional y pueden debilitar los procesos de organización comunitaria (Ver más).
Aunque la propuesta universitaria recomienda aprobar el proyecto de ley, también plantea la necesidad de introducir ajustes técnicos para fortalecer su claridad y aplicación.
Entre las observaciones recogidas se encuentra la importancia de establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo corresponde aplicar la excepción al embargo preventivo. Esto contribuiría a brindar mayor seguridad jurídica y a mantener un equilibrio procesal, sin desproteger la libertad de expresión ni la participación pública en asuntos ambientales.
Asimismo, el análisis del PROLEDI advierte que la protección de la libertad de expresión debería abarcar también otras materias de relevancia pública, y no limitarse a los asuntos ambientales.
El criterio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, incorporado en la propuesta, también respalda la procedencia de la reforma y sugiere ajustar la redacción para facilitar su comprensión.
La iniciativa legislativa plantea una discusión fundamental para la democracia: cómo evitar que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar las voces críticas y restringir la participación ciudadana en asuntos de interés público.
La recomendación de la Universidad de Costa Rica busca contribuir a una reforma que fortalezca las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del ambiente, al tiempo que incorpore criterios claros para su aplicación.
El acuerdo plantea comunicar a la Asamblea Legislativa la recomendación de aprobar el expediente n.º 25.125, tomando en consideración las observaciones formuladas por las instancias universitarias.
Con el apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Comunicado APRE-COM-6-2026 firmado por 42 organizaciones
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), junto con otras 41 organizaciones, grupos, colectivos y programas universitarios, emitió un comunicado el 15 de octubre de 2026. En él denuncian el deterioro del humedal de Coris-Bermejo, en Cartago, y piden medidas de protección para el ambientalista Ricardo “Ilustre” Muñoz, quien ha alertado sobre la situación del humedal desde 2024 y ha denunciado amenazas en su contra.
Un humedal de alta riqueza biológica
Según el comunicado, entre 2024 y 2025 se han avistado en el humedal más de 120 especies de aves residentes y migratorias, al menos 10 de ellas en peligro de extinción. También se han observado coyotes, mapaches, anfibios y al menos 30 especies de flora. La Asociación Ornitológica de Costa Rica registra al menos 948 especies de aves en el país, por lo que las especies documentadas en Coris representan casi el 13 % del total nacional. El SINAC, por su parte, ha documentado al menos 45 especies en el humedal.
La riqueza biológica del sitio ha sido documentada por profesionales en biología, personas vecinas, organizaciones no gubernamentales, el propio SINAC y personas aficionadas a la fotografía, entre ellas Ricardo Muñoz.
Las organizaciones señalan que desde 2024 se ha documentado en la zona el dragado del humedal, la cacería de aves, el vertido de desechos y la construcción de proyectos industriales. A su juicio, la actuación de la SETENA y el SINAC en este caso muestra “una vez más la falta de coordinación y la falta de protección efectiva de la biodiversidad del país”.
La viabilidad ambiental de la SETENA
En mayo de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó viabilidad ambiental al proyecto mediante la resolución 0779-2024-SETENA. Según el comunicado, la otorgó sin visita de campo y con base únicamente en un “estudio biológico rápido” emitido por una regente.
Ese estudio, fechado el 2 de febrero de 2024 y visible en el expediente administrativo D1-0346-2024-SETENA, indica que “en el momento de la visita no se observó presencia de organismos vivos”. Para las organizaciones, esa afirmación contradice la amplia cantidad de especies descritas por el SINAC en sus visitas de 2023.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó varias visitas de campo. En el reporte SINAC-ACC-CH-017-2023 estableció que al menos 12 hectáreas de la zona corresponden a la categoría de humedal. Posteriormente, en el informe SINAC-ACC-CH-029-2024, identificó al menos 130 hectáreas de humedal en Coris.
Municipalidad, Fiscalía y Sala Constitucional
La Municipalidad de Cartago declaró el humedal de interés cantonal en agosto de 2024. Sin embargo, según el comunicado, no ha implementado medidas efectivas de protección, y el humedal sigue deteriorándose pese a las denuncias presentadas ante la municipalidad y ante la Defensoría de los Habitantes.
En la vía penal, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. El 17 de febrero de 2026, la Fiscalía realizó allanamientos en Coris.
El comunicado recuerda que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre sanciona con penas de prisión de uno a tres años a quien, sin autorización del SINAC, drene, seque, rellene o elimine humedales (artículo 98). La misma pena aplica a quien arroje aguas servidas, desechos o sustancias contaminantes en ellos (artículo 100). Además, la persona infractora está obligada a restituir las condiciones originales del humedal.
En la vía constitucional, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo en favor del humedal mediante la sentencia 2026-23507, del 26 de junio de 2026 (expediente 25-015112-0007-CO). La Sala ordenó a la SETENA ejercer sus competencias para garantizar la integridad ambiental del humedal. APREFLOFAS participó como coadyuvante en ese proceso.
El caso de Ricardo “Ilustre” Muñoz
Ricardo Muñoz tiene una larga trayectoria en el movimiento ecologista costarricense. Según el comunicado, además del daño ambiental, el caso se agrava por las denuncias de amenazas en su contra que se han dado a conocer en la prensa. Las organizaciones informaron sobre la situación de acoso, violencia y amenazas contra personas defensoras del ambiente en Costa Rica a la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
El 22 de abril de 2025, Muñoz recibió un reconocimiento por su defensa del humedal en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El acto fue organizado por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Bloque Verde, COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
En abril de 2026 se presentó el cortometraje “Ilustre”, dirigido por Mar Andrade y apoyado por APREFLOFAS, en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Shorts Costa Rica. La película recoge parte de su trayectoria y de su labor en defensa del humedal. Se exhibió en las salas de CCM Cinemas de Rohrmoser, San Carlos y San Ramón.
Desde el 8 de octubre circula una petición de firmas en apoyo a la protección del humedal de Coris.
Las demandas
Las organizaciones firmantes consideran que el caso refleja un contexto más amplio de acoso y violencia contra activistas, ecologistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros grupos de la sociedad civil. Por ello:
Exigen medidas de protección para Ricardo “Ilustre” Muñoz y para todas las personas que se dedican a la protección ambiental.
Denuncian públicamente el acoso y la persecución contra ambientalistas en el país.
Exigen el cumplimiento de las leyes ambientales y la protección de los humedales.
El comunicado será enviado a la Defensoría de los Habitantes, al Ministerio de Ambiente y Energía, a las diputaciones, a medios de comunicación nacionales e internacionales y a otras instancias internacionales.
Organizaciones firmantes:
APREFLOFAS
Alianza Escazú Costa Rica
Amigos de los Árboles
Asociación Civil Pro Natura
Asociación de Desarrollo Integral de Coris
Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR
Asociación Ornitológica de Costa Rica
Asociación PROAL-PACUARE
Asociación Regenerativa Matzú Insigne
Asociación Transvida
Bloque Verde
Canto de Fauna
Centro de Restauración de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)
Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA-UNA
COECOCeiba Amigos de la Tierra
Colectivo Antigentrificación
Comité Punta Pelecho
Comité Organizador del Festival de Aves del Humedal Valle Coris
Confraternidad Guanacasteca
COVIRENAS de Tapantí
Cuidemos la Finca
Defensores de la Casa Común
Ecomuna
FECON
Frente Ecocipreses
Fundación Orgánica
Fundación PROMAR
La Ruta del Clima
Mar & Comercio
Mercado Bahía Ballena
Mesa Ambientalista de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Movimiento Ríos Vivos
Museo de Montaña de Costa Rica
Organización Montaña Verde
Operación Rich Coast
Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional
Programa Kioscos Socioambientales
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica
Red de Solidaridad con Palestina
Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.
Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.
Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.
Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva
Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.
Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.
Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación
Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.
Destrucción del Ecosistema
Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.
Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.
Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.
Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.
Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema
Acciones Realizadas
Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.
Uso de parte del terreno para actividades comerciales.
Construcciones.
Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales
Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.
Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.
Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.
Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental
Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:
2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.
2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.
2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.
A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.
“Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”
Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.
En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.
Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.
Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar
Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.
“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.
“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.
Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:
«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.
La preocupación es generalizada:
«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».
Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:
«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».
Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:
«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.
La Problemática es Integral
Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye: “El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.
Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente
Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.
Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».
Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.
Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.
El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre
La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.
El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.
Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental
En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.
El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.
La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.
A falta de justicia, vendrán las olas
Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.
Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales
Esta situación no es ajena al contexto regional
Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.
Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.
Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.
Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.
¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?
El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.
En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.
Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.
Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) Casa Alianza Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula Red Lésbica Cattrachas
El miércoles 13 de julio tendremos un programa sobre “América Latina: Tierra de Resistentes”, proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la violencia a personas defensoras del ambiente; con la participación de Andrés Bermúdez (Colombia) editor de Clip y del proyecto Tierra de Resistentes, Jazmín Acuña, co-fundadora y directora editorial de El Surtidor (Paraguay) y Hulda Miranda, coordinadora editorial de Interferencia, de Radios UCR.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
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