La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sobre la recolección de datos sensibles como parte del formulario de inscripción para el programa de inglés en la plataforma digital “Hello Brete”.
La Defensoría en la gestión elevada ante el INA solicitó referirse si los datos desagregados en el formulario son requeridos tratándose de la generalidad de poblaciones vulnerables, sea pueblos indígenas, personas y pueblos afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+ y otras. De no ser así, pidió detallar la razón que motivó la solicitud de la información sobre aspectos relativos a la población LGBTIQ+, particularmente en materia de orientación sexual y/o identidad de género, respaldados con los estudios técnicos correspondientes.
Asimismo, la Defensoría solicitó al INA referirse a la forma en la que esta información sería manejada, almacenada y utilizada con el fin del acceso a los cursos que se ofertan. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la ley 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. “También es importante conocer si la información se registraría de forma anonimizada y cuál será la entidad o instancia responsable de su resguardo y garantía de confidencialidad”.
Considerando además que el artículo 5 de la Ley N° 8968 obliga a quien recopile datos personales a obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular de esos datos, y que dicho consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en documento físico o electrónico; el INA deberá informar de las gestiones realizadas para cumplir con dicha obligación legal.
Otro punto que es de interés es que se remita a esta Defensoría el Protocolo de actuación diseñado y aplicado por el INA para regular la recolección, almacenamiento y manejo de los datos personales de las personas que se inscriban en la plataforma “Hello Brete”, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 8968, y precisar si dicho Protocolo está inscrito ante la PRODHAB, como lo exige la misma norma. También se hicieron otras consultas importantes en materia de la aplicación de la Ley 8968.
La Defensoría de los Habitantes recibió de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de organizaciones y activistas de derechos humanos, solicitudes para investigar esta situación.
Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.
En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.
El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:
Exigencias al Ejecutivo
Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.
1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado
Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.
2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento
Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?
3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral
Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.
4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables
Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.
● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.
5. Protección del ambiente y recursos naturales
Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?
6. Trabajo y justicia económica
Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.
7. Comercio internacional y soberanía económica
Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.
8. Cultura y derecho a la libre expresión
Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.
9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política
Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.
El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!
Apelando a la buena voluntad y en marco de las posibilidades, el ANEP solicita el apoyo a la “Campaña Solidaria” que está siendo organizada por la Seccional ANEP-Diversidad, que consiste en la recolección de víveres y ropa en buen estado para beneficiar a una serie de organizaciones que trabajar con poblaciones vulnerables.
En la recepción de la organización ANEP hay una caja para que puedan ser colocadas las donaciones, como también pueden comunicarse con el compañero Deiby Porras para la recepción de las mismas al número 8997-7584.
Por otro lado, también se está realizando un trabajo de cara a identificar y levantar una base de datos de personas trabajadoras que estén afiliadas a la ANEP y pertenezcan a la comunidad LGBTIQA+, como parte de un proceso que incluya la diversidad.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.
De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.
Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.
Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.
Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.
En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.
Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.
Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.
Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.
Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.
Un estudio de la UNED llama la atención sobre la urgencia de enfocar las medidas de prevención contra el COVID-19 en la población más vulnerable (Foto: Katya Alvarado).
Por Julián Blanco
Andrey Badilla, en su investigación sobre intervenciones no farmacológicas, relacionó las medidas tomadas a nivel mundial para prevenir la enfermedad con lo dispuesto en Costa Rica, además de exponer otras problemáticas referentes a la pandemia.
Ante la pandemia del COVID-19 se han tomado multitud de medidas que han cambiado el día a día de la población y, en ese sentido, las intervenciones no farmacológicas (NPI, por sus siglas en inglés) son tan importantes como las propias medidas de vacunación o atención médica. Por ello, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) decidió enfocarse en el análisis de las NPIs tanto a nivel mundial como en Costa Rica.
Andrey Badilla, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y licenciado en ciencias políticas, fue el encargado de la investigación Sindemia: revisión social de las intervenciones no farmacológicas usadas en la contención de la crisis del COVID-19, que tiene como objetivo reflexionar sobre las NPIs que se han aplicado en el país.
Las intervenciones no farmacológicas aluden a toda medida, aparte de las de vacunación o medicina, que toman las personas y las comunidades para prevenir el contagio de una enfermedad o para preparar a la población al respecto. En situaciones donde un virus es nuevo, como ahora con el COVID-19, las NPIs se vuelven imprescindibles para mantener controlada la enfermedad y dar tiempo a producir los tratamientos médicos necesarios.
La investigación tardó alrededor de medio año, durante el cual Badilla analizó múltiples bases de datos a nivel mundial para verificar la efectividad de distintas NPIs, las cuales relacionó después con lo dispuesto en Costa Rica por las autoridades de salud.
El análisis encontró que, en el caso del COVID-19, las medidas más efectivas son las dirigidas a reducir las congregaciones y que, entre menor sea el límite de personas, mayor es la efectividad. Sin embargo, no se puede obviar que esas intervenciones están acompañadas por una serie de costos sociales y económicos de vital importancia, por lo que detrás de esas medidas se encuentran agendas políticas que aspiran a contener las consecuencias negativas de las NPIs.
En el caso de Costa Rica, Badilla dividió las NPIs en varias secciones según el problema y la población a la que afectan, de las que destacó las siguientes: asistencia financiera y alimentaria para personas del quintil uno, y medidas económicas que protejan a las personas trabajadoras y a las Pymes.
Sobre lo primero, Badilla mencionó: “Sobre las medidas de asistencia, para que estas cumplan con su efecto compensatorio no solo debe dirigirse hacia las personas en mayor condición de vulnerabilidad, sino en acompañar a la población todo el periodo de la crisis. Las medidas de corto plazo no solo no alivian la situación del quintil uno, sino que las revictimiza debido a la presión para generar ingresos y satisfacer necesidades básicas”.
En cuanto a proteger trabajadores y Pymes, las principales cuestiones están en el apartado digital y financiero. Si el país elige NPIs que restringen congregaciones y movilidad, es fundamental que haya una política nacional de teletrabajo apropiada, así como plataformas digitales de compra y venta o mayor ciberseguridad, sin olvidar que las Pymes generan un porcentaje significativo de empleos para la recuperación económica.
Otros resultados
Aparte de la situación nacional, el análisis mostró una serie de problemáticas globales que propician pandemias como la actual. Por una parte, los efectos del cambio climático y la pérdida de hábitats naturales estimulan los casos de zoonosis -enfermedades de especies específicas que se transmiten a otras especies-, mientras las desigualdades médicas y sociales a nivel mundial estimulan una ‘sociedad del riesgo’ donde constantemente hay que resolver daños causados por la misma sociedad.
“El sistema clínico costarricense, cada vez más, tiene que estar gestionando los riesgos que produce por sí mismo. Un ejemplo de eso son las pandemias, porque son un problema que se manifiesta en todo, y el tiempo que debemos invertir en esto es cada vez más frecuente. Es como un círculo vicioso donde se necesitan medidas de seguridad política para poder combatirlo”, comentó Badilla.
Finalmente, otro punto a considerar es que el sector público domina el financiamiento de las vacunas a pesar de que las farmacéuticas son empresas privadas. Lo anterior repercute en que los Estados con mayor capital económico acaparen la gran mayoría de las vacunas en tanto que los países en condiciones de pobreza se ven apartados.
“Si no se cuenta con un acceso equitativo al mercado de las vacunas, lo que tenemos son focos de transmisión de la enfermedad en ciertas partes del mundo. Bajo las condiciones actuales de turismo o comercio, difícilmente los países más desarrollados, a pesar de tener las vacunas, podrán evitar el resurgimiento de brotes. Entonces, a la larga, podría significar un problema de reinfección”, concluyó Badilla.
Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.
Desde los proyectos TCU-666 Dialogando el Presente y TCU-590 Kioscos Socioambientales se les invitan a participar de la presentación de Resultados Diagnóstico comunitario de territorios y poblaciones vulnerabilizadas en el marco de la pandemia; y de la presentación de la Radionovela Frijolar
Se llevará a cabo el día martes 01 de junio, a las 10:00 a.m. a 12:00 m.d. se transmitirá vía Facebook Live: Programa Kioscos Socioambientales
Compartido con SURCOS por Dylanna Rodríguez Muñoz.
El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un boletín especial titulado “Poblaciones vulnerables y COVID-19” el cual reúne un análisis de las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, así como de la población privada de libertad, ambas en el marco de la emergencia nacional ante el COVID-19.
Además, el OPNA realizó un monitoreo de medios especializado sobre ambas situaciones en un período que abarca del 01/04/2020 a 31/07/2020.
El boletín fue construido en conjunto con el Trabajo Comunal Universitario 738 (TCU) Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica y el TCU-707 Salir del canazo: apoyo a los procesos de egreso e inserción laboral y educativa de la población penal juvenil en Costa Rica.
Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.
Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.
Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.
Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.
Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.
Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.
Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.
Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.
La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.
Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular. Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.
Atentamente, Francisco González Alvarado Rector UNA
Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908
El jueves 1 de octubre, desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. (hora de Costa Rica) la UNESCO, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Honduras, Cultural Survival y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), organizará el evento titulado «Los Pueblos Indígenas: Acceso a la información y COVID-19«.
El acceso a la información es un derecho fundamental, especialmente para las poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas. En tiempos de crisis, la información puede salvar vidas y fortalecer la resiliencia de las comunidades indígenas. Dentro del contexto de la actual pandemia por COVID-19, el acceso continuo a la información es sumamente importante para que las personas indígenas puedan tomar las medidas sanitarias necesarias con el fin de protegerse, contribuir a disminuir la propagación del virus y mitigar las afectaciones económicas y sociales provocadas por la pandemia.
Este evento, que se enmarca en las celebraciones de la región por el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, es una iniciativa que tiene como propósito analizar los retos relacionados con mejorar el acceso a la información para los pueblos indígenas, incluyendo el uso de sus propias lenguas, y generar recomendaciones para abordar estos desafíos.
Pueden ingresar al evento desde su navegador web en el siguiente enlace: https://cutt.ly/ffC2FpZ
Pueden obtener más información del evento en Facebook, mediante el siguiente enlace: https://rb.gy/s3kcf2
Las Jornadas Solidarias son un espacio autoconvocado y organizado por personas autónomas que se solidarizan con las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo.
Desde el mes de marzo han estado apoyando a personas que se encuentran en condición de calle, cuarterías con orden sanitaria (donde viene niños, adultos mayores y mujeres embarazadas) así como casos de familias en pobreza extrema.
Los aportes solidarios se reciben en especie y en efectivo a través de depósitos por SINPE móvil.
Como aporte reciben alimentos preparados, así como diarios de alimentación básica (libre de crueldad animal) e implementos de higiene y limpieza.
