Por Julián Blanco

Andrey Badilla, en su investigación sobre intervenciones no farmacológicas, relacionó las medidas tomadas a nivel mundial para prevenir la enfermedad con lo dispuesto en Costa Rica, además de exponer otras problemáticas referentes a la pandemia.

Ante la pandemia del COVID-19 se han tomado multitud de medidas que han cambiado el día a día de la población y, en ese sentido, las intervenciones no farmacológicas (NPI, por sus siglas en inglés) son tan importantes como las propias medidas de vacunación o atención médica. Por ello, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) decidió enfocarse en el análisis de las NPIs tanto a nivel mundial como en Costa Rica.

Andrey Badilla, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y licenciado en ciencias políticas, fue el encargado de la investigación Sindemia: revisión social de las intervenciones no farmacológicas usadas en la contención de la crisis del COVID-19, que tiene como objetivo reflexionar sobre las NPIs que se han aplicado en el país.

Las intervenciones no farmacológicas aluden a toda medida, aparte de las de vacunación o medicina, que toman las personas y las comunidades para prevenir el contagio de una enfermedad o para preparar a la población al respecto. En situaciones donde un virus es nuevo, como ahora con el COVID-19, las NPIs se vuelven imprescindibles para mantener controlada la enfermedad y dar tiempo a producir los tratamientos médicos necesarios.

La investigación tardó alrededor de medio año, durante el cual Badilla analizó múltiples bases de datos a nivel mundial para verificar la efectividad de distintas NPIs, las cuales relacionó después con lo dispuesto en Costa Rica por las autoridades de salud.

El análisis encontró que, en el caso del COVID-19, las medidas más efectivas son las dirigidas a reducir las congregaciones y que, entre menor sea el límite de personas, mayor es la efectividad. Sin embargo, no se puede obviar que esas intervenciones están acompañadas por una serie de costos sociales y económicos de vital importancia, por lo que detrás de esas medidas se encuentran agendas políticas que aspiran a contener las consecuencias negativas de las NPIs.

En el caso de Costa Rica, Badilla dividió las NPIs en varias secciones según el problema y la población a la que afectan, de las que destacó las siguientes: asistencia financiera y alimentaria para personas del quintil uno, y medidas económicas que protejan a las personas trabajadoras y a las Pymes.

Sobre lo primero, Badilla mencionó: “Sobre las medidas de asistencia, para que estas cumplan con su efecto compensatorio no solo debe dirigirse hacia las personas en mayor condición de vulnerabilidad, sino en acompañar a la población todo el periodo de la crisis. Las medidas de corto plazo no solo no alivian la situación del quintil uno, sino que las revictimiza debido a la presión para generar ingresos y satisfacer necesidades básicas”.

En cuanto a proteger trabajadores y Pymes, las principales cuestiones están en el apartado digital y financiero. Si el país elige NPIs que restringen congregaciones y movilidad, es fundamental que haya una política nacional de teletrabajo apropiada, así como plataformas digitales de compra y venta o mayor ciberseguridad, sin olvidar que las Pymes generan un porcentaje significativo de empleos para la recuperación económica.

Otros resultados

Aparte de la situación nacional, el análisis mostró una serie de problemáticas globales que propician pandemias como la actual. Por una parte, los efectos del cambio climático y la pérdida de hábitats naturales estimulan los casos de zoonosis -enfermedades de especies específicas que se transmiten a otras especies-, mientras las desigualdades médicas y sociales a nivel mundial estimulan una ‘sociedad del riesgo’ donde constantemente hay que resolver daños causados por la misma sociedad.

“El sistema clínico costarricense, cada vez más, tiene que estar gestionando los riesgos que produce por sí mismo. Un ejemplo de eso son las pandemias, porque son un problema que se manifiesta en todo, y el tiempo que debemos invertir en esto es cada vez más frecuente. Es como un círculo vicioso donde se necesitan medidas de seguridad política para poder combatirlo”, comentó Badilla.

Finalmente, otro punto a considerar es que el sector público domina el financiamiento de las vacunas a pesar de que las farmacéuticas son empresas privadas. Lo anterior repercute en que los Estados con mayor capital económico acaparen la gran mayoría de las vacunas en tanto que los países en condiciones de pobreza se ven apartados.

“Si no se cuenta con un acceso equitativo al mercado de las vacunas, lo que tenemos son focos de transmisión de la enfermedad en ciertas partes del mundo. Bajo las condiciones actuales de turismo o comercio, difícilmente los países más desarrollados, a pesar de tener las vacunas, podrán evitar el resurgimiento de brotes. Entonces, a la larga, podría significar un problema de reinfección”, concluyó Badilla.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.