Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla.
Trámite se llevarán a cabo a partir del 15 de setiembre de 2023.
Para acercar la justicia a ocho poblaciones del distrito de Bejuco, el Poder Judicial cambió la competencia territorial de los juzgados contravencionales de Nandayure y Jicaral, para beneficiar a las personas usuarias.
A partir del 15 de setiembre de 2023, por cercanía, los asuntos nuevos que requieran tramitar las personas que viven en las poblaciones de Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla, podrán realizarlos en el Juzgado Contravencional de Nandayure.
Los procesos judiciales contravencionales que actualmente se encuentran en trámite o activos en el Juzgado Contravencional de Jicaral, y que provienen de las zonas indicadas, deberán mantenerse en este despacho, hasta su finalización.
La disposición de las nuevas competencias territoriales de estos despachos judiciales contravencionales, las aprobó Corte Plena, mediante acuerdo tomado en la sesión 35-2023 del 08 de agosto de 2023, artículo V y se establecieron en la circular interna No. 196-2023.
Los cambios en la atención de los asuntos contravencionales de estas ocho poblaciones de Bejuco, se determinaron luego del informe y recomendaciones que presentó la Dirección de Planificación.
Adicionalmente, el acuerdo también estableció “…Mantener en el Juzgado Contravencional de Jicaral, la competencia territorial del resto de poblados pertenecientes a la zona de Coyote, en tanto se les facilita el traslado a las personas usuarias de ese lugar, dada su cercanía y el transporte público disponible, según pudo constatarse”.
Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Los asuntos contravencionales nuevos de las poblaciones indicadas se tramitarán a partir del 15 de setiembre en el Juzgado Contravencional de Nandayure.
En la resolución, la Sala Primera recalca la obligación jurídica del INDER y el CONAI, cada uno desde sus competencias, a partir de la creación de la Ley Indígena, “de llevar a cabo todas las diligencias necesarias parapoder mantener la protección, aseguramiento,delimitación y demarcación de los territoriosindígenas que se encuentran dentro de las Reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas”.
Afirma la Sala Primera que entre las acciones de aseguramiento que están a cargo de estas entidades, está el gestionar, ante el Registro Nacional, la publicidad ante terceros, de las tierras y territorios que se encuentran en las Reservas Indígenas, según lo que establece el Convenio 169 de la OIT; y con ello evidenciar su situación de bienes ubicados en áreas indígenas.
El criterio de la Sala Primera se da, luego de analizar el caso concreto que planteó una emprensa que adquirió unos terrenos, ubicados dentro de la Reserva Indígena de Guatuso. En la sentencia se determinó que dichosterrenos se adquirieron cuando la reserva ya tenía dosdécadas de estar constituida, por lo tanto, no eraposible concluir que la adquisición se hiciera de buenafe, para proceder a una indemnización porexpropiación.
La resolución se da en cumplimiento con la normativa nacional, el Convenio sobre Pueblos Indígenas yTribales 1989 (Convenio 169 OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016; además, las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Boletín de noticias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Consejo Ampliado se realizará el 24 y 25 de agosto en los Tribunales de Justicia de Limón.
Comunicado
El Poder Judicial se acercará a los vecinos del cantón central de Limón durante la celebración del Consejo Ampliado a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2023, en los Tribunales de Justicia de Limón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de construir un Poder Judicial al lado de la gente.
Este espacio de encuentro entre autoridades judiciales con fuerzas vivas, sociedad civil y personal del Circuito Judicial de Limón tiene como fin promover la transparencia y rendición de cuentas relacionados al servicio público que brinda la institución.
El Poder Judicial preocupado por el aumento de la criminalidad en este cantón actuó de manera rápida con la puesta en marcha del plan de trabajo denominado “Impacto Limón 2023” y ha dotado al Juzgado Penal de Limón con 3 plazas de personas juzgadoras categoría 3 para agilizar el trámite en materia penal. Además, se reforzó el personal de investigación del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón).
La actividad contará con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los órganos auxiliares de justicia y jefaturas administrativas.
“Estamos muy contentos de este viaje a Limón, es un objetivo de la Corte visitar a las comunidades, compartir con el funcionariado y, desde luego, con los habitantes; queremos escucharlos, saber qué necesitan e informarles de todas las cosas que estamos haciendo para construir un mejor Poder Judicial y garantizar un mayor acceso a la justicia”, manifestó don Orlando.
Para el 24 de agosto se organizó una reunión con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, en donde se expondrán sobre los principales requerimientos y necesidades de la zona.
A las 8:30 am del viernes 25 de agosto la reunión concentrará a las fuerzas vivas de la comunidad, sociedad civil de instituciones públicas y privadas del circuito, así como personas facilitadoras judiciales.
Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
Inauguración de Edificio de Tribunales de Puntarenas se realizará este viernes 18 de agosto 2023
El Poder Judicial da un paso más hacia una justicia cercana con la gente, con la apertura oficial del nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, que tendrá lugar este viernes 18 de agosto de 2023.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a magistrados, magistradas, Consejo Superior y jefaturas administrativas, jurisdiccionales y auxiliares de justicia, inaugurarán el inmueble en un acto oficial, a partir de las 9:00 am.
«Es un enorme honor inaugurar este edificio, es la materialización de un sueño, para nosotros en el Poder Judicial, para las y los funcionarios que tanto se esfuerzan en sus labores, para la comunidad de Puntarenas. Trabajamos todos los días en construir justicia al lado de la gente, tomando en cuenta sus necesidades, teniendo empatía con ellos… con este proyecto lo estamos logrando”, destacó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, quien liderará la actividad.
Un total de 34 oficinas y despachos judiciales se concentrarán en una sola edificación, que cuenta con mejores comodidades para la atención de las personas usuarias, la seguridad es una de las partes importantes de las nuevas instalaciones, así como el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad y la innovación en construcciones sostenibles que vienen a aportar a la protección del medio ambiente.
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional Poder Judicial
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional – Poder Judicial*
En ejercicio de su competencia procesal que otorga el numeral 459 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago (TAS) realizó un examen integral de la sentencia emitida por el Tribunal Penal de la Zona Sur, de fecha 1 de febrero del 2023 en la que se impuso una sentencia condenatoria a una persona de apellido Varela por el homicidio calificado de un líder indígena apellidos Rivera, hecho ocurrido el día 24 de febrero de 2020 en Puntarenas, Buenos Aires, comunidad indígena de Térraba. Dicho examen lo realiza el TAS tras la presentación de un recurso de apelación de a la defensa técnica de la persona imputada.
Al analizar la integralidad de la sentencia del Tribunal de Juicio, el órgano de apelación resolvió ordenar la realización de un nuevo juicio, al determinar que se presentaron vicios en la valoración de la prueba que hace que el Tribunal de Juicio se decantara por la opción de descartar la legítima defensa. Se desprende de la resolución del TAS: “… a partir de los alegatos desarrollados en el libelo de la defensa técnica, es si la motivación del a quo para descartar la legítima defensa y establecer el ataque alevoso es acorde con las reglas del correcto entendimiento humano, así como la condenatoria por el delito de amenazas agravadas, que derivó del estudio de la misma prueba (…) esta Cámara comprenda los reproches planteados y considere que, en efecto, la resolución contiene vicios que conllevan su nulidad en relación con los delitos de homicidio calificado y amenazas agravadas”.
En criterio de las personas juzgadoras que resolvieron el recurso de apelación la condenatoria prácticamente se sustentó en una sola declaración testimonial, pero uno de los aspectos que debe servir de guía para ponderar el testimonio es la consistencia de la versión en sí misma y su verosimilitud. Durante el debate la testigo dio dos explicaciones distintas sobre como inició la gresca. Otro elemento por analizar es el contenido del dictamen de pericias físicas que establece las distancias del lugar donde se disparó al ofendido y el lugar en que estaba la persona imputada.
Es por ello que el tribunal de apelación en el por tanto dispuso: ”… esta Cámara considera que, aunque algunos razonamientos plasmados en el fallo son correctos, se presentan todos los vicios apuntados en la ponderación de la prueba que llevó a concluir que el imputado mató alevosamente ….. De ahí que corresponde anular parcialmente el fallo, en cuanto a la condenatoria por los delitos de homicidio calificado y amenazas agravadas y ordenar el reenvío para nueva sustanciación, por el mismo Tribunal, con distinta integración. En cuanto a la portación del arma, se confirman los hechos probados con respecto a esta, pues no fue un extremo objeto de impugnación y está adecuadamente establecido que el encartado portaba el arma sin permiso. Sin embargo, deberá examinarse nuevamente la calificación legal, pues se aplica en la sentencia el artículo 88 que corresponde a la tenencia de arma y no el 88 bis que corresponde a la portación de esta, lo que se relaciona con el alegato de la Fiscalía y que deberá ser considerado en el reenvío, para determinar cuál es la calificación que corresponde, fijar la pena respectiva y, si procede, establecer la figura concursal aplicable. Por lo resuelto, se ordena el cese inmediato de la prisión preventiva impuesta con base en la sentencia condenatoria y se dispone la inmediata libertad del imputado (…) si otra causa no la impide”.
Estas y otras consideraciones se encuentran en la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago que se adjunta. (Descargar aquí).
Se copia el artículo del Código Procesal Penal que se indicó: ARTICULO 459.-Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. El tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren en la sentencia.
*SURCOS recibió la presente nota del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Dentro de todas las noticias que se han dado y a pesar de que he ido dejando el ver noticias, el saber que una mujer que fue encontrada culpable dese hace varios años de al menos 32 delitos, y que no haya recibido ninguna sanción dado que ningún tribunal decide fundamentar la pena que se le impuso, es una verdadera aberración al sistema judicial y a la seguridad jurídica este país.
Desde luego que todos esos delitos los cometió siendo parte una persona humilde, la que fue una costurera.
Ahora resulta que la nueva fecha para establecer los fundamentos por los cuales se le impusieron 9 años de prisión es hasta noviembre del 2024, y esto por las presiones públicas que ha habido.
Es evidente que es un caso más de corrupción y que tiene que ver con las acciones en el Poder Judicial, caso contrario hace años estaría en la cárcel.
El 29 de agosto del año 2019, la ex Defensora de los Habitantes fue sentenciada por el Tribunal Penal por 32 delitos de uso de documento falso.
A ella se le demostró que utilizó a una costurera de San Carlos para reportar pagos millonarios a nombre de las empresas de ex Defensora de los Habitantes en el año 2014.
Justicia pronta y cumplida es un slogan constitucional que no se hace efectivo y que llena de decepción a quienes seguimos creyendo en la justicia y queremos reivindicarla.
No conozco a esta señora condenada, pero pienso en la mujer utilizada por ella y la frustración que debe sentir por el daño ocasionado.
Esto es una muestra terrible del tráfico de influencias y de ese poder político que el PLN ha entronizado en nuestro sistema democrático, da asco ver cómo han utilizado las instituciones democráticas para su beneficio y así ir poco a poco erosionando la democracia, porque no hay nada, pero para la democracia que la corrupción y en todos los niveles.
Dios quiera que se haga justicia, aunque sea en una fecha tan lejana pudiéndola haber asignado para la próxima semana, ¿por qué será?
Cuando las condiciones políticas no se prestan para llevar a cabo acciones con las que se pretenden romper paradigmas, es muy complicado para quienes tienen esas pretensiones. Eso está sucediendo muy a menudo en nuestro país porque precisamente las condiciones políticas son adversas al gobierno de turno, ya que no tiene un respaldo vigoroso y consecuente en la Asamblea Legislativa, y en el Poder Judicial dejó sembrada la semilla de la discordia tan solo al inicio del mandato, y por ello, al menos es lo que se intuye, resoluciones en contra de los intereses del poder ejecutivo, sea presidente o ministros.
Es así como, en esta legislatura y en este periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Poder Ejecutivo establece su agenda, no hay mucho avance en los proyectos enviados para su aprobación y posiblemente así será en los próximos años.
Es una situación complicada porque al final quien sigue viendo la afectación es el pueblo mismo.
La debilidad del gobierno central, Poder Ejecutivo, en cuanto a pretensiones de avances en proyectos de su interés es notoria, por la falta de apoyo en las bancadas legislativas, incluso en la oficialista en algunos casos, pero también por la falta de inteligencia emocional a la hora de entablar posibilidades de diálogo para encontrar consenso y lograr ese apoyo que se necesita.
Algunos, ante esas circunstancias de poco avance en lo legislativo y por ende en el desarrollo en muchas áreas del país, comparan la situación con lo que sucede en otros países en donde lo que el Ejecutivo desea se logra fácilmente en lo legislativo y judicial, sin embargo, la comparación no es válida dada las diferencias abismales en cuanto a la forma en que se ha logrado ese consenso en esos países.
Lo que es posible lograr aquí es que haya más humildad en las posiciones del Ejecutivo y mucho más diálogo sincero y transparente para lograr convencer y tender puentes y no seguir abriendo heridas y causando distanciamientos que, al final, lo único que logran son mayor oposición y mayor resentimiento.
Dios quiera que las posiciones cambien y se logren más acuerdos consensuados para bien del país.
Mainier Barboza Soto Movimiento Patriótico por Costa Rica
El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.
Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:
«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.
Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.
Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…
¿Por qué y cómo blindar la CAJA?
Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.
La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.
Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.
Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.
El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.
La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.
La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).
La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.
Presidente Chaves niega que la seguridad nacional está en crisis.
Ignora que el índice de homicidios en 4 meses de 2023 es el más alto de la historia del país.
Retira de la corriente legislativa el proyecto de ley «Crimen Organizado», eliminando la posibilidad a los tribunales de extender la prisión preventiva a personas implicadas en delitos relacionados con el crimen organizado. Esta posición del presidente es contradictoria con las demandas de la población y del Poder Judicial de dotar de herramientas legales que le permitan aplicar el peso de la ley a las mafias organizadas y controladas por el narcotráfico.
Señor presidente, no juegue con la seguridad nacional. Díganos, ¿cuál es la verdadera justificación del retiro del proyecto de ley?
