José Luis Pacheco Murillo

Dentro de todas las noticias que se han dado y a pesar de que he ido dejando el ver noticias, el saber que una mujer que fue encontrada culpable dese hace varios años de al menos 32 delitos, y que no haya recibido ninguna sanción dado que ningún tribunal decide fundamentar la pena que se le impuso, es una verdadera aberración al sistema judicial y a la seguridad jurídica este país.

Desde luego que todos esos delitos los cometió siendo parte una persona humilde, la que fue una costurera.

Ahora resulta que la nueva fecha para establecer los fundamentos por los cuales se le impusieron 9 años de prisión es hasta noviembre del 2024, y esto por las presiones públicas que ha habido.

Es evidente que es un caso más de corrupción y que tiene que ver con las acciones en el Poder Judicial, caso contrario hace años estaría en la cárcel.

El 29 de agosto del año 2019, la ex Defensora de los Habitantes fue sentenciada por el Tribunal Penal por 32 delitos de uso de documento falso.

A ella se le demostró que utilizó a una costurera de San Carlos para reportar pagos millonarios a nombre de las empresas de ex Defensora de los Habitantes en el año 2014.

Justicia pronta y cumplida es un slogan constitucional que no se hace efectivo y que llena de decepción a quienes seguimos creyendo en la justicia y queremos reivindicarla.

No conozco a esta señora condenada, pero pienso en la mujer utilizada por ella y la frustración que debe sentir por el daño ocasionado.

Esto es una muestra terrible del tráfico de influencias y de ese poder político que el PLN ha entronizado en nuestro sistema democrático, da asco ver cómo han utilizado las instituciones democráticas para su beneficio y así ir poco a poco erosionando la democracia, porque no hay nada, pero para la democracia que la corrupción y en todos los niveles.

Dios quiera que se haga justicia, aunque sea en una fecha tan lejana pudiéndola haber asignado para la próxima semana, ¿por qué será?