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Etiqueta: polarización social

Democratizar la educación para reconstruir la democracia

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.

Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.

Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.

Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.

Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.

En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.

Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.

Disturbios Brasil: un golpe a la democracia

Compañías de Luz

Más de 1200 bolsonaristas detenidos en el asalto

Más de 1200 bolsonaristas arrestados por negarse a desalojar los campamentos de protesta en Brasilia, la mayoría de los manifestantes abandonaron el lugar de forma pacífica, pero otros cargaron contra la policía con gran violencia.

Luego de meses de acampada en la capital, los simpatizantes de Bolsonaro debieron retirarse por orden de la justicia. El presidente Luis Ignacio Lula de Silva inspeccionó los daños en el Palacio Presidencial y sostuvo una reunión de gabinete, después del ataque dijo que los responsables serán castigados.

Lula acusa a Bolsonaro y a las autoridades de conniventes

El mandatario acusó a las fuerzas de seguridad de incompetencia u omisión al permitir que ocurrieran los ataques. También acusó a su predecesor Jair Bolsonaro que se encuentra en Estados Unidos que respondió en Twitter negando su involucración en los ataques.

De momento el campamento se va desarmando poco a poco, para ello ha sido necesario un fuerte operativo policial que incluyó policías de la guardia nacional y militares y policías con caballo de la montada. Ahora se está abriendo una investigación en la Corte Suprema de si las autoridades del Distrito Federal hicieron lo que debían para impedir los hechos o si como se sospecha fueron conniventes.

Polarización social y corrupción institucional

Según los analistas políticos el problema no es solamente de la división que se manifiesta en episodios como el asalto al congreso en Brasilia, también hay corrientes antidemocráticas en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, entre otros.

Más allá de lo ocurrido en Brasilia, en muchas otras ciudades hay manifestaciones y bloqueos en carreteras.

Las redes sociales han polarizado mucho la población de Brasil. El tema de las informaciones falsas ha sido un gran tema durante la campaña electoral de 2022.

Ahora será el Gobierno de Lula de Silva que tendrá que afrontar la situación, en principio quería priorizar los temas económicos, la reducción de la pobreza, la desigualdad y ahora realmente la prioridad será la normalización de la política y la superación de la polarización. El éxito de que se pueda retomar la normalidad dependerá de si Lula consigue proyectarse como alguien que puede conciliar y promover la superación del desorden que vive el país ahora mismo.

El ministro de de defensa en jaque

La incertidumbre también está dentro del Gobierno, es una incógnita qué terminará pasando con el ministro de defensa que ha sido muy cuestionado por no presionar más los generales a aceptar una postura más contundente frente a los manifestantes que están en Brasilia hace meses.

Ralentización en la recuperación económica

El Gobierno quería presentar unos primeros resultados de gestión en los primeros 100 días de mandato lo va a tener mucho más complicado ahora. El desorden social que vive el país también tiene una repercusión económica. La recuperación de la economía se puede ralentizar así como también los inversores serán mucho más cautelosos planteando si Brasil es un régimen estable para implantar compañías que produzcan y hagan avanzar la economía.

¿Será Bolsonaro perseguido por los disturbios?

Que Bolsonaro sea perseguido no solamente dependerá del Ministerio de Justicia, sinó también de los Estados Unidos o de algún otro país donde Bolsonaro pueda ir. La Casa Blanca está bajo presión para que Bolsonaro vuelva a Brasil pero aún es temprano para saber cómo terminará actuando y qué hará el Gobierno de Brasil al respecto.

Fuente: https://www.companias-de-luz.com/noticias/golpe-brasil/

PILAR CISNEROS: LA DIPUTADA DE LAS 3 P

Marielos Aguilar

El periodista de investigación y escritor MOISÉS NAÍM, preocupado por las nuevas corrientes autoritarias que están amenazando la trayectoria del sistema de pesos y contrapesos en los países democráticos, ha publicado un interesante libro denominado LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS: CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI. Es una obra que se propone defender el modelo de las democracias liberales occidentales del siglo XX.

Al abrir este texto, es inevitable no pensar en la periodista y diputada PILAR CISNEROS, hoy día representante del partido oficialista que llevó a la silla presidencial al economista RODRIGO CHAVES, ambos ejemplos muy claros del modelo que Naím propone para reconocer a los dirigentes políticos antiliberales de nuevo cuño.

A estos nuevos políticos Naím los denomina con el nombre de LOS AUTÓCRATAS DE LAS 3 P, para resumir la fórmula antidemocrática de la que echan mano. Esos tres elementos son el POPULISMO, la POLARIZACIÓN y la POSVERDAD, una conjunción que les permite ir desmantelando los contrapesos que en una democracia garantizan la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Esos autócratas recurren a estrategias cada vez más notorias: el uso de un lenguaje catastrofista y pesimista para dirigirse al pueblo en general, la caracterización del entorno que nos rodea como caótico y fallido y, en no pocas ocasiones, a manifestaciones de un gran desprecio por el conocimiento y el papel de los profesionales e intelectuales en la sociedad. Instituciones como las universidades y los medios de comunicación son con frecuencia satanizadas. Se trata de fomentar la polarización social agudizando el escepticismo y la apatía respecto al ejercicio de lo que ellos denominan la política tradicional, sea de izquierda o de derecha.

Al recurrir a la POSVERDAD, estos políticos de vocación autócrata van más allá de la simple mentira, niegan verdades y realidades constatables para socavar los contrapesos que ponen límites a sus excesos de poder.

Para ellos los aspectos objetivos tienen menos importancia que las opiniones y las emociones que produce su discurso populista, polarizante y demagógico, todo ello con el deseo de fomentar las condiciones necesarias en la opinión pública para justificar sus abusos de poder.

Cuando vemos cómo la diputada Cisneros insiste en transmitirle a la población costarricense su escepticismo sobre la labor que se realiza en el ámbito parlamentario, o cuando el presidente Chaves va al Poder Judicial a señalarle sus debilidades, que las tiene, sin reconocer la importancia de la separación de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, una cosa queda clara: su objetivo es socavar nuestro modelo de Estado y darle rienda suelta a sus sueños autócratas. Se vislumbra en un futuro cercano una Costa Rica convertida en una autocracia de derecha, con una población cuyas esperanzas se desvanecen a punta de mensajes catastrofistas y donde las grandes ausentes sean las propuestas para profundizar la democracia costarricense, con políticas redistributivas eficientes para combatir la pobreza y la injusticia social.

Frente a esta amenaza, los movimientos sociales tienen la palabra: ambientalistas, sindicalistas, feministas, frentes estudiantiles y juventudes organizadas, movimientos indígenas y de otras comunidades.

Nuestra herencia progresista, democrática y pluralista está por encima de todo.

¡Para mañana es tarde!

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

ESPERANDO EL CAMBIO

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En estos tiempos, un cambio de gobierno debería conducir a un cambio de políticas. Ya habíamos acotado el peligro de que el nuevo gobierno se convirtiera en un segundo tiempo del partido iniciado por el gobierno de don Carlos Alvarado, donde se gestó la alianza pluripartidista más neoliberal de la historia política reciente del país, intensificando la polarización económica y social.

La agenda de proyectos de ley impulsada por el gobierno prácticamente se ha reducido a retomar proyectos de la administración anterior. Por supuesto, la mayoría afines a las políticas orientadas a continuar desmantelando la institucionalidad social y atentando contra derechos fundamentales de los trabajadores, para seguir sirviendo la mesa de los eternos ganadores, en este río revuelto. Es decir, cambio de gobierno sin cambio de políticas.

Así, por ejemplo, se pone en la picota, nuevamente, la autonomía de instituciones como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, acogiendo e impulsando un proyecto de reforma a la Constitución para poner la carreta delante de los bueyes, es decir, los intereses fiscalistas sobre los intereses del bienestar y el desarrollo social del país.

Si algo necesita este país, para salir del atolladero en que se encuentra, es salud y educación de calidad. Sin duda, la mejor inversión social que se puede hacer si se está interesado, realmente, en salir de la pobreza y la desigualdad estructurales, y ofrecer oportunidades para el trabajo digno y “decente” a la juventud costarricense.

Con estos proyectos este gobierno pretende “ordenar la casa”, cuando lo que está haciendo es socavando los cimientos que aún la mantienen en pie. Por una parte, las universidades públicas que se ubican en los primeros lugares del rating académico latinoamericano, y que están entre los principales centros de investigación y producción científico-tecnológica innovadora del país, así como de formación de profesionales de alta calidad académica. Por otra, una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social que ha sabido encarar con propiedad la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y es ejemplo allende nuestras fronteras en seguridad social. Sin embargo, en estas y otras instituciones públicas se deben introducir cambios para que los servicios que ofrecen sean cada vez cualitativamente mejores, y cumplan su cometido. Pero, ello no se logra cercándolas.

¿Por qué estos gobiernos se han ensañado con la institucionalidad social y pública, mientras continúan protegiendo y hasta premiando a empresas y financieras privadas, como ALDESA, entre muchas otras, siendo las principales causantes del desorden de la casa que se pretende ordenar? ¿Dónde están los proyectos de ley para cobrar, de manera retroactiva, las evasiones y elusiones fiscales por parte de las grandes empresas? ¿Dónde están los proyectos de ley para incrementar los impuestos a los grandes activos de capital y a los bienes improductivos, como fincas abandonadas y propiedades cuya única rentabilidad es la plusvalía que adquieren con el tiempo para beneficio de sus dueños? ¿Dónde están los proyectos de ley para impulsar la construcción de infraestructura que evite continuar pagando alquileres multimillonarios, que sangran las finanzas del Estado? ¿Dónde están los proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, y brindar, así, capacidad de compra a las mayorías de trabajadoras y trabajadores y compensar un proceso inflacionario creciente?

Sin cambio sustantivo de políticas producto de un nuevo pacto social solidario, seguiremos esperando a Godot: el cambio que el país necesita, y que no llega.

Segunda Ronda: Más Desencanto

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).

Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.

Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.

No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.

La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.

Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.

Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.

Desigualdad social y pobreza en Costa Rica: Las cosas están mal pero se pueden poner peor

Luis Fernando Astorga Gatjens

Varios indicadores económicos y sociales nos están diciendo fuerte (o quizás gritando) que las cosas en Costa Rica, están mal pero pueden ponerse peores de cara al futuro, para amplios sectores de la población nacional. Cada vez con más frecuencia emergen números rojos en distintos indicadores económicos y sociales.

En el siglo anterior, el país asumió un liderazgo en el contexto latinoamericano y caribeño como resultado del impulso y desarrollo de un Estado de Bienestar, que aunque la redistribución de la riqueza no era la óptima, si permitió avances en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a agua potable, electricidad y telefonía, entre otros rubros.

Producto del esfuerzo mancomunado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria, se establecieron las bases de un Estado Social de Derecho (ESD), que José Figueres Ferrer en vez de hacerlo retroceder como líder triunfador de la guerra civil del 48, lo profundizó en algunos aspectos. Con zigzagueos, subidas y bajadas, ese ESD avanzó, pese a la férrea oposición de sectores oligárquicos.

Así las cosas cuando ese ESD llegó a su apogeo, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, se pensaba con algún optimismo que el país iba a seguir avanzando y que los índices de pobreza y desigualdad social iban a mejorar progresivamente. Pero no. El impulso de ese Estado de Bienestar emergió como una respuesta al avance del socialismo que cuestionaba las bases del capitalismo y en Costa Rica, adquirió características destacadas, que proyectaron a un país con cierto grado de desarrollo que lo posicionó como una nación de ingreso medio.

Se cumplía en parte la idea de Don Pepe (y su apuesta socialdemócrata) de avanzar hacia un país de «clases medias». Ese país se ha venido desvaneciendo, en forma dolorosamente sostenida. Hoy se ha transformado en el país controlado por una plutocracia de avaricia ilimitada, grandes mayorías que se debaten entre una creciente pobreza y miseria, y unas capas medias cada vez más reducidas y en proceso acelerado de pauperización y, por tanto, de extinción.

Esa época, que tiene como punto destacado de quiebre la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy se ha vuelto cada vez más lejana por el sostenido avance de la polarización económica y social, en la que cada vez hay menos que concentran mucho y muchos con cada vez más poco.

Hoy, esas cifras en rojo se manifiestan en áreas como las siguientes:

  • Costa Rica se sitúa como octavo en el triste «ranking» de desigualdad social en el mundo.
  • El país es el más desigual de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Las finanzas de la CCSS están en crisis creciente como lo demostró la comisión legislativa que investigó sus finanzas mientras los partidos que han gobernado al país en las últimas tres décadas (PLN, PUSC y PAC) y otros aliados en el Parlamento, recetan acetaminofén y curitas cuando lo urge es una cirugía mayor, un tratamiento de choque. De esta manera, se pone a la salud pública en perspectivas sombrías.
  • El desempleo alcanza alrededor del 17 % mientras la llamada «informalidad» rompe records.
  • Los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, desde hace tiempo, superviven en situaciones precarias sin el apoyo significativo del Estado.
  • La brecha digital se ha mostrado en todo su esplendor cuando el país más necesitaba una conectividad digital cada vez más democrática, que alcanzara toda la geografía nacional.
  • La educación –que venía mal antes de la pandemia– entró en una zona de desastre que marca un enorme retroceso para el país en este campo.

Estos números en rojo no son generados por la coyuntura marcada por la pandemia. La pandemia es un factor multi agravante de problemas que vienen de atrás. Empero algunos la han colocado como pretexto de sus grandes fallas y vacíos. La crisis multidimensional obedece a problemas estructurales del sistema neo-liberal que le cayó como matapalo al árbol del Estado Social de Derecho, que el país hizo crecer entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior. Y ese árbol que era mediano hoy es poco más que un bonsai.

El desastre social que ya padece el país si no se adoptan soluciones y correcciones, tan dramáticas como impostergables, será peor en los años venideros. En este contexto, lo más preocupante es que este tema que debería definir la campaña electoral del 2022, no es el importante para la gran mayoría de los partidos que forman parte de la cargada oferta electoral.

El hecho de que este tema que no sea prioridad en la agenda electoral del presente para la mayoría de los partidos, obedece –a mi modo de ver– a tres causas asociadas:

(1) Los orienta la doctrina neo-liberal, que convirtieron en su creo aunque pregonen otra cosa,

(2) Han gobernado al país desde Zapote en los últimos lustros y forman parte del desastre social; no de las soluciones inclusivas y solidarias, y

(3) Desde la Asamblea Legislativa, a partir de omisiones y acciones, han empujado al país a esta situación de grave crisis multidimensional.

O para decirlo más resumidamente: Son partidos y líderes que son parte del gravísimo problema económico y social que enfrenta el país; no de la solución que debe emerger con genuino patriotismo, cuando entramos en una emergencia marcada por el desastre de pronóstico reservado.

(21 de octubre, 2021)