José Manuel Arroyo Gutiérrez
Las Cortes Supremas de Justicia, en casi todo el mundo, son organismos en esencia conservadores, estrechamente vinculados y determinados por el poder político-partidario del que deriva su propia legitimidad, independientemente de si se trata de regímenes democrático-liberales o autoritarismos de todo signo ideológico. De ellas no es dable esperar grandes movimientos de cambio generales y, a lo sumo, cuando se apartan de sólo mantener el statu quo, nos pueden brindar algunas sentencias que afirmen el bien común, defiendan derechos fundamentales o condenen los más grandes crímenes.
En épocas de estabilidad democrática, el Poder Judicial puede fortalecerse y la interpretación jurisprudencial de la Constitución y las leyes puede contener destellos de progresismo en dirección al reconocimiento y ampliación de derechos. Eso fue precisamente lo que pasó en Costa Rica a partir de la Constitución del 49 y hasta el umbral del siglo XXI. Entre otros hitos de este proceso positivo podemos mencionar la incorporación de un buen número de juristas de alto perfil a la Corte, el aseguramiento de un mínimo del 6% del presupuesto anual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la creación de nuevas jurisdicciones (contenciosa, familia, agraria, constitucional), y de nuevas instituciones auxiliares a la materia penal (Ministerio Público, Policía Judicial, Defensa Pública).
En otro orden de consideraciones, se puede decir en síntesis que en una Corte Suprema se reflejan, con relativa claridad, la influencia y dominio coyunturales de las principales fuerzas políticas e ideológicas de una determinada época. En el marco de un Estado Social de Derecho la designación de los más altos jueces y juezas, aunque mediada por la afinidad ideológica o partidaria de quienes nombran o son nombrados, hay mucho mayor margen de asegurarse la independencia funcional de la justicia, afianzando su identidad contralora sobre los otros poderes; en tanto que en los regímenes totalitarios, los tribunales de justicia, comenzando por los de mayor rango, son entidades incondicionales al régimen político imperante, quedando desdibujado o desnaturalizado su rol contralor y su independencia.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha visto afectada por las transformaciones de carácter sociológico experimentadas en los últimos 50 años. En la Corte de hace medio siglo el peso interno de la Sala Primera (derecho privado, derecho público y contencioso-administrativo) era evidente. De ella salieron sus presidentes (Baudrit Solera, Odio Santos, Coto Albán, Blanco Quirós y Cervantes Villalta), así como también salieron de aquí las principales políticas públicas en materia de justicia. Con la relevancia de la refundación de la jurisdicción constitucional, un largo período presidencial recayó en don Luis Paulino Mora, de origen penal y consolidado constitucionalista. Hasta ahí la época de gran solidez del Poder Judicial costarricense. A los siguientes presidentes no se les ha dado la oportunidad de reelegirse, e incluso uno de ellos –devenido presidente cabalgando el corcel del punitivismo más rancio-, se jubiló anticipadamente después de haber recibido una sanción disciplinaria. Hasta esas profundidades hemos descendido, ya que, coincidiendo con un clima nacional general de decadencia en tema de liderazgos, cualquiera –tenga o no objetivamente méritos- se siente hoy con derecho a presidir un poder de la República. Priva aquel devastador principio que dice: “si Fulano ha sido Presidente, Magistrado, Ministro, Diputado… ¿por qué yo no?”. De ahí, por ejemplo, los 29 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las últimas elecciones.
Pero ante todo me interesa llamar la atención en punto a que el peso específico del poder a lo interno de la Corte en Costa Rica ha virado de la Sala Primera a la Sala Constitucional (en cuanto a determinación de derechos fundamentales) y, en especial medida, a la Sala Tercera (Penal) en punto a la llamada seguridad ciudadana y sus respuestas represivas. No es de extrañar entonces que tres de los cuatro aspirantes a presidir hoy este poder de la República pertenezcan a esta última cámara, sobre todo porque para un magistrado constitucional resulta, en las actuales circunstancias, inviable, por no decir irresponsable, asumir la presidencia de la Corte dadas las dificultades generadas por la falta de suplencias.
Esta realidad social está marcada, entonces, por lo que podríamos llamar la justicia en los tiempos del narco. Me refiero a que la renuncia al Estado Social de Derecho o Estado Benefactor (hijo del social cristianismo y la social democracia tradicionales), sobrevino en el peor momento. Con la adhesión de Costa Rica al modelo neoliberal, -impuesto desde los centros de poder económico mundiales- coincidió la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado (con una guerra declarada por el presidente Nixon como mecanismo de control geopolítico, más que como sincera preocupación por la producción y consumo de drogas). A esto se unió la corrupción público-privada en la gestión gubernativa (que golpeó fuerte al bipartidismo PLUSC), y el creciente protagonismo de la inseguridad ciudadana, que tuvo como única respuesta la reforma y ampliación de lo penal: más figuras penales y mayores penas, restricciones procesales y penitenciarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y organismos auxiliares penales del Poder Judicial. De manera que al día de hoy, la cárcel colma toda estrategia e imaginación programática de nuestras clases dirigentes. Si el modelo económico-político no puede resolver las grandes carencias de la población, entonces se ha inventado un enemigo (el delincuente) y una “solución”: la cárcel, la mega-cárcel, la agresión y la tortura dentro de las prisiones, el escarnio, la venganza, la exhibición pública del tormento, la quema simbólica de los chivos expiatorios. El retroceso es hasta la Edad Media y más allá. La Revolución Francesa ha sido borrada de la Historia. Todo para solaz de un pueblo anestesiado, con el propósito inconfesable de los gobernantes de tapar su incapacidad para resolver los problemas que apremian a la gente y encubrir también los actos de corrupción que mantienen plena vigencia.
En ese contexto, y para el tópico que nos interesa, a saber, cuán independientes son nuestros máximos jueces, la actual integración de la Corte Suprema costarricense contiene tres categorías de magistrados o magistradas: (a) quienes al margen de los apoyos políticos con los que llegaron o han sido reelectos, se toman en serio su independencia y no obedecen a consignas partidarias; (b) quienes profesan creencias religiosas cristianas, ya neo-pentecostales, ya católicas ultraconservadoras, que tienden a subordinar sus decisiones a su credo y no estrictamente a la Constitución Política; y (c) quienes están al servicio del poder político dominante de turno, cualquiera que éste sea, y cuyo objetivo es asegurarse su futuro dentro del más alto tribunal de la República mostrando toda su reverencia y servilismo. Las dos segundas categorías se develaron con claridad en el tema de enviar -o no- las causas penales contra Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa. No son una clara mayoría, pero entre ellos están los hoy dos aspirantes a la Presidencia, doña Damaris Vargas Vázquez y don Gerardo Alfaro Vargas. Tal vez algún otro espera agazapado que el fraccionamiento termine desgastando las candidaturas actuales. En todo caso, confiar la cabeza de la Corte en alguna de estas personas sería una entrega, desde dentro, a las aspiraciones del chavismo de controlar al último bastión que le falta para liquidar nuestra democracia republicana. Ya el último movimiento del Sub-contralor General, señor Aragón, nos advierte que no toda toma institucional tiene que venir desde fuera.
Es hora de instar con respeto a una mayoría de Corte a que en última instancia se depongan aspiraciones personales, se respeten pequeñas mayorías que al final puedan sumar, y se logre colocar en la Presidencia a quien esté dispuesto a defender la independencia e integridad del Poder Judicial. En esto se nos va la Democracia misma.
