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Etiqueta: privatización

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

  • Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
  • Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

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Del Poder Ciudadano al Poder Popular

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Oscar Ávila
15 de febrero de 2022

Las estructuras del Estado constituidas dentro del sistema capitalista, después de transitar del sistema feudal, lógicamente obedecen a intereses de acumulación de capitales en pocos manos, extraídos mediante procedimientos y mecanismos propios. El neoliberalismo fue la última etapa conocida de lo que algunos analistas llamaron “capitalismo salvaje”, propio de la privatización de todos los servicios y bienes del estado sin importar sus consecuencias para las mayorías. Algunos analistas piensan que estamos pasando de este periodo neoliberal a uno dominado por un gobierno único en el mundo, o gobierno global fortalecido por corporaciones multimillonarias globalistas. Dentro de las discusiones al respecto se incluye el paso de un poder unipolar al multipolar de la geopolítica mundial.

En Centroamérica y en cada uno de sus seis países miembros, se discute más el poder local, soslayando muchas veces las vinculaciones con el exterior y no digamos las grandes riñas por el poder hegemónico mundial. Así que los efectos climatológicos, económicos y políticos generales vinculados con lo global se obvian cuando nos enfrascamos en las discusiones por el poder local.

Desde noviembre del año 2021, en Honduras, las disputas políticas son cotidianas y en algunos momentos muy candentes y emotivas. Aunque por ratos, también lo ha sido en otros países donde ejercieron procesos electorales recientes, como Costa Rica, después de cumplir con el ritual periódico electoral reciente, ahora por ejercer la segunda vuelta. En donde las elecciones políticas también sucedieron como si no hubiese ocurrido nada, fue en Nicaragua, con la tercera confirmación en el poder del mismo gobernante, José Daniel Ortega.

Como sabemos, las elecciones en Honduras tuvieron un impacto muy importante, puesto que la ciudadanía decidió dar un triunfo contundente a la oposición, después de 12 años en que el Partido Nacional se dedicó a desmantelar cualquier indicio de democracia participativa al país.

Ahora, las mayorías empobrecidas están iniciando un proceso de rescate, de reconstrucción y cimentación de una plataforma sobre la cual se levante una democracia socialista y participativa.

Cuando se le dio el golpe de Estado al Expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se había apenas iniciado la construcción del “poder ciudadano”. Se tenían organizadas cuatro regiones en mancomunidades equipadas con presupuestos, equipos profesionales multidisciplinarios, mesas ciudadanas de desarrollo donde se gestionaban los planes de desarrollo regional y se implementaban los proyectos gestionados por la misma ciudadanía de base. Más de la mitad de los 298 municipios del país tenían funcionando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y se impulsaba una gestión municipal con un alto grado de autonomía. Esto no solamente se detuvo por el gobierno golpista, pero se dilapidaron todos los recursos que vivían la experiencia de descentralización nacional del poder ciudadano. El ministro golpista de gobernación que asaltó el mando en junio expresó a los directores de área, que “nada de lo que se tenía planificado hacer tenía valor alguno, sino lo que pudiera hacerse en los próximos tres meses de su gestión”. En esos tres meses se desaparecieron los vehículos, equipos de oficina, presupuestos y todo lo que tenía valor alguno en las oficinas regionales de Talanga, Intibucá, La Entrada y El Paraíso.

Ahora, con el nuevo gobierno encabezado por doña Xiomara Castro, se está impulsando nuevamente esa experiencia con el nombre de Poder Popular. Desde luego, hay doce años de intervalo y destrucción de algo que apenas estaba gestándose y ya tenía vida, pero con la fragilidad de una criatura humana con seis u ocho meses de vida. Quienes estuvimos involucrados directamente hemos dejado los espacios a quienes ahora son personas acabadas de concluir su adolescencia, algunas con un grado de soberbia que no les permite aprender del pasado, pero muchos otros entusiasmados por construir aprendiendo.

Ahora, el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Sistema Nacional de Poder Popular. Desde luego que para muchos esto será algo que se tendrá que estudiar, discutir y consensuar, además de ver cuánto se adecúa a los marcos legales vigentes. Pero lo más importante es establecer una estrategia organizativa para evitar los obstáculos y abusos de algo tan importante para el futuro nacional y seguramente enfrentará. Sabemos que el Decreto es clave, pero no asegura la existencia del poder popular o ciudadano si no es comprendiendo, discutiéndolo y organizando con las bases sociales. No solamente con las directivas gremiales actuales y autoridades municipales, las que no dejan de tener dentro de sí los flagelos heredados de la administración nacionalista, pero por el caciquismo, caudillismo, machismo y patriarcado cultural que dejaron las épocas pasadas.

 Recientemente le consultamos a una lideresa regional en el departamento de Colón “¿Qué haremos cuando tengamos algo que está contra los intereses de las mayorías desde este gobierno? Si lo expresamos, los que rinden reverencia a doña Xiomara 24/7 nos acusarán de “traidores a la patria” Su respuesta fue: “…es preocupante, se ha perdido la objetividad, imparcialidad, libertad de pensamiento, …la crítica debe continuar, las disidencias también, es más grande el interés colectivo que el partido, que Mel y Xiomara… Hay que enfrentar sin miedo a defensa de los principios y derechos colectivos. “

Sí existe este grado de conciencia crítica en líderes regionales, seguramente un proyecto del Poder Popular, no tendría mayores riesgos sí el liderazgo social mantiene esa conciencia crítica, tampoco habrá que temer por el poder del Ejecutivo en manos de una mujer fuerte que ha prometido ser democrática y fortalecer la participación ciudadana. Lo peoría que estuviésemos siguiendo modelos de otros países y sociedades sin apropiarse de este sistema participativo que venga a fortalecer nuestra democracia. Un poder popular no puede ser un poder centralizado en una persona ni en una familia, tampoco en un reducido grupo de autócratas. Desde luego, hay que creer que el proyecto enviado por la Presidente Xiomara Castro al CN, busca un verdadero poder democrático de las grandes mayorías ahora empobrecidas.

Esta etapa es esencial desarrollarla con cuidado y eficacia para que no exista posibilidades de otro golpe de Estado, aunque existiendo una embajada de ese país amigo, dicen algunos analistas que el riesgo siempre está latente.

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CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

SOY UN PRIVILEGIADO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

Enough is enough: El futuro es público

Escrito en . Publicado en Derechos.

Tras el lanzamiento del manifiesto colectivo sobre los servicios públicos, y el evento «Enough is enough: El futuro es público», celebrado el 26 de octubre, queremos invitarte a un taller global para elaborar estrategias conjuntas de campaña, defensa y acción sobre los servicios públicos, ese se realizará el próximo 30 de noviembre del 2021 a las 10:00 am (Buenos Aires). 

Este taller se basará en la reunión estratégica mundial de la sociedad civil del año pasado y en los talleres regionales, como el que organizamos conjuntamente en América Latina. Esperamos concluir el taller con ideas concretas para la acción conjunta en diferentes niveles, desde el local hasta el global.

Se invita a inscríbase en el taller lo antes posible accediendo al siguiente enlace https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iyP-yGpwR563Um7VtMV0hQ

Este será un evento cerrado entre aliadxs que están comprometidxs a responder a los desafíos planteados por las tendencias de privatización y financiarización y a movilizarse por los servicios públicos. Por favor, no dude en invitar a otrxs aliadxs de confianza que compartan estos valores.

Estamos muy contentxs de que el manifiesto ya haya sido respaldado por más de 150 organizaciones, y esperamos recibir muchas más firmas en los próximos meses. Por favor, no dude en compartir el manifiesto con cualquier aliadx: Manifiesto global – El futuro es público.

Este taller está organizado conjuntamente por Ayuda en Acción, el Centro de África Oriental para los Derechos Humanos (EACHRights), la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos (ISER), Oxfam, la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID), la Internacional de Servicios Públicos (PSI) y el Instituto Transnacional (TNI).

Habrá interpretación simultánea para español, francés e inglés.

¡Esperamos verle el próximo 30 de noviembre!

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
  4. A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
  5. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  6. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Conservacionista Yiski denuncia la privatización de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica, esto se daría por el proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, conocido como Ley DUA.  

El proyecto pretende usar terrenos patrimonio natural del estrado y áreas protegidas, de manera que se podría vender o ceder derechos sobre terrenos a favor de personas que afectarían la protección de las áreas.

“El entreguista y descarado audio es del exministro del Minae, Carlos Ml. Rodríguez de la oligarquía que siempre han pretendido vender a Costa Rica a quién sea, al mejor postor y que el sistema premia enviándolos a Estados Unidos con puestos claves para seguir como marionetas sirviendo al sistema de la línea esclavista, arrasando con todo lo que encuentren, desde el agua hasta el infinito si pueden (…)”, expresaron desde la Asociación. 

En el audio de Carlos Rodríguez, expresa que de parte del ministerio de energía y el gobierno está la disponibilidad y los esfuerzos en Asamblea Legislativa para que se dé una titulación de tierras en áreas como Japdeva , Refugios de Vida Silvestre , zonas protectoras, reservas forestales , zona marítimo terrestre y zonas fronterizas. Además, expresa que la idea es simplificar los proyectos de ley en uno solo donde se autorice al INDER a dar títulos de propiedad en las áreas citadas. 

Sobre este proyecto de ley, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República se han manifestado sobre sus inconsistencias, jurídica y ambientales. 

Desde la perspectiva de la Asociación, el gobierno y el ministro de ambiente anterior, y lo más probable que la actual, han estado promoviendo dichos proyectos, siendo una muestra de los intereses que defienden.

Acorde con información difundida por semanario UNIVERSIDAD, la Contraloría señala que el proyecto carece de los estudios técnicos suficientes para justificarlo. (Para más información sobre la postura de la Contraloría General de la República puede acceder aquí.)

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”,  el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.