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Etiqueta: privatización

Criminalización de la protesta social, coyuntura de crisis, detenciones y violencia en el marco de la lucha del movimiento social costarricense

ACODEHU, SINDEU

En La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) somos conscientes de la profunda crisis que vive actualmente el país y consecuentemente el deterioro sostenido en materia de Derechos Humanos, que se dibujan en la superficie de una democracia que cada vez más, cierra los espacios al diálogo y agudiza las diferencias de clase.

Lo anterior se ha agravado por la crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus-COVID-19 o SARS- CoV-2, y también porque el proyecto neoliberal, que se profundiza desde 1983, conlleva a una caída sostenida de la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia.

Al interior del país una burguesía parasitaria se entrega cada vez más a los organismos financieros internacionales: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). La OCDE, en una clara intromisión a la política interna, exige al gobierno el establecimiento del salario único, a fin de eliminar los 266 pluses que existen actualmente, como logros, en su mayoría por la lucha y defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Todo lo anterior sostenido bajo un proyecto cuyo horizonte es profundizar la crisis mediante el sometimiento a un nuevo préstamo con el FMI, pero además intensificar una carga impositiva a las grandes mayorías y teniendo como punto de anclaje la venta de activos y, la privatización y la tercerización de los servicios. A la par de ese modelo económico excluyente, en el poder Legislativo se solidifica un proyecto con leyes anti laborales que conducirán a un retroceso histórico al país, toda vez que rompen con la vieja estructura del Estado Social de Derecho.

En lo político y social, preocupa profundamente a la ACODEHU y al SINDEU, la escalada de actos de represión, hostigamiento y judicialización que se dan en la lucha que recientemente vivió el país entre los días 30 de setiembre y 16 octubre. En materia de Derechos humano la criminalización de la protesta social, debe preocuparnos de manera particular.

Creemos firmemente que la vía de solución propuesta por el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de resolver el déficit fiscal y las finanzas pública a través de una nueva negociación con el FMI, no es la solución. Más bien esa propuesta es una de las razones subyacentes en las recientes movilizaciones populares que vive el país, en tanto, como objetivo central se orienta a que el gobierno central debe enfrentar con toda la entereza y valentía el fraude fiscal; es decir, el robo de impuestos mediante mecanismos como la evasión, la elusión, las monstruosas exoneraciones y los privilegios fiscales a las grandes rentas y capitales. El simple anuncio que vivió el país, de un nuevo préstamo por la suma de $ 1,750 millones, formó el caldo de cultivo que propició las grandes manifestaciones del pueblo costarricense.

Le invitamos a descargar el documento completo del análisis de ACODEHU y SINDEU recibido en SURCOS.

Octava Conmemoración del Día de la Defensa de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), integrado por compañeros y compañeras de diversas organizaciones sociales, profundamente convencidos de la importancia de la benemérita e insigne Institución Caja Costarricense de Seguro Social, conquista histórica del pueblo trabajador y producto fértil de la Reforma Social de los años cuarenta, este 08 de Noviembre de 2020 conmemora con orgullo patrio y por octavo el Día de la Defensa de la tan grandiosa Institución al servicio de cada habitante de nuestra nación.

Desde su fundación en el año 2011 y durante todos estos años, el FRENASS ha demostrado con múltiples acciones, propuestas y hechos concretos, que se han registrado y han quedado plasmados en las páginas de nuestra historia, el arraigado interés por Defender y Fortalecer la Caja. Actividades como atención de entrevistas televisivas, programas de opinión en radio y prensa escrita, marchas, manifestaciones, talleres, encuentros, ponencias, exposiciones, conferencias de Prensa, Comunicados a la opinión Pública, Manifiestos y documentos como la Agenda Unitaria para el Rescate de la CCSS, Proyectos de Ley como el número 19.135 (Proyecto de Ley para Restituir la Autonomía Constitucional de la CCSS, entre otros, son los que acreditan y dan fe de nuestro interés por nuestra querida CCSS.

 En el transcurso de estos años nos hemos sabido multiplicar y adaptar, ya que se han diversificado los frentes de Lucha, en los que siempre han prevalecido nuestro profundo y genuino interés de que la Caja se fortalezca.

 Con la mística y desprendimiento generosos de muchos compañeros y compañeras se han desarrollado todas y cada una de nuestras actividades, en los que siempre ha permanecido nuestro primario y principal objetivo DEFENDER y FORTALECER la CCSS, ese es nuestro propósito y sobre ese objetivo vertimos nuestro esfuerzo con la esperanza y el anhelo de heredar una Gran Institución como la Caja a nuestras generaciones.

Hoy sobre la Caja se ciernen múltiples amenazas, son muchos y odiosos los intereses del mercantilismo del derecho fundamental de Salud, incluso y aunque parezca una contradicción o un absurdo, particularmente en 2020, con la Pandemia por COVID 19 en el que muchos habitantes han reconocido el magnífico beneficio de contar con la Caja, también se han multiplicado los enemigos y se han redoblado los esfuerzos por vulnerarla, debilitarla, privatizarla y acabarla, para que en la cruel mezquindad de algunos sectores acérrimos enemigos de la Seguridad Social, se pueda lucrar ampliamente con enfermedad y el dolor, este perverso proceder ha sido conocido desde la fundación de nuestra Caja.

Hoy 08 de Noviembre de 2020, el FRENASS reitera su férrea y frontal oposición contra la privatización solapada de los servicios de Salud mediante el mecanismo conocido como Tercerización. Asimismo, reafirma su compromiso con la Defensa de la Caja y hace un llamado al pueblo trabajador a mantenerse vigilantes de la situación financiera de los diferentes seguros que administra la CCSS y estar atentos al llamado del Frente Nacional por la Seguridad Social ante cualquier nueva amenaza, que utilizando como excusa la pandemia pueda intentar perpetrar nuevos ataques en contra de nuestra CONQUISTA HISTÓRICA.

San José 08 de noviembre de 2020
Día de la Defensa de la Caja

¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.

En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.

1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?

2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.

3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.

4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.

5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.

6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?

7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.

8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.

9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.

10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.

11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.

12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.

13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.

14) En resumen, tenemos lo siguiente:

  1. Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
  2. Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
  3. Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
  4. Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
  5. La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.

15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.

Carlos Mesa: avaro, corrupto, inepto y autócrata

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa, al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y mayo de 2005, por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana, y apenas pudo mantenerse en el poder por un año y siete meses. Pasados 14 años desde que renunció, ahora, quiere una segunda oportunidad.

Al expresidente, en este momento, y quizás nunca, no le han movido razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre 2019, una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”.

Considerando además que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2020, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial. Realmente son 20 millones de dólares.

Para estas elecciones 2020, su reputación se mueve en medio de denuncias y reproches añejos, no solo del oficialismo, sino también de los sectores más radicales de la oposición boliviana, por presuntas ganancias ilícitas y corrupción.

Según algunos allegados a su perfil, desde joven simpatizó con las medidas neoliberales de ese entonces, como la privatización de las empresas bolivianas; se entusiasmó con el discurso reformista y modernizador, y por eso terminó sumándose al proyecto político del exitoso empresario minero y jefe del partido de mayor poder en Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada; finalmente se enamoró de las medidas de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social. Se asegura que de verdad creyó en las políticas ejecutadas en la década del 90, y que terminaron en la crisis social y económica de principios de siglo en Bolivia.

En realidad, durante su breve ejercicio en el poder, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo Morales.

Organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero aquello estuvo lejos de zanjar la principal demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas.

Tampoco pudo apaciguar el país cuando anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La controversia sobre qué hacer con los campos de gas se mantuvo hasta el último día de su mandato, cuando el Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz y cercada por organizaciones sindicales.

En general, su gestión se caracterizó por dificultades económicas que atravesó el país mientras él fue presidente. Si algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones, contradicciones e indecisiones. Fue catalogado como un mal presidente y ahora es un mal candidato; así que piensan que actualmente arrastra una gran frustración política.

En cuanto a su personalidad y actitudes, siempre ha sido aliado y apoyado por la clase media boliviana, esa clase media que se identifica y apoya el pensamiento neoliberal, que políticamente expresa un racismo que aplastó por siglos saberes y formas de reproducción cultural de los pueblos originarios, nunca ha aceptado que un indio pueda ser presidente de Bolivia, ni que pueda gobernar con resultados concretos de reducción de la pobreza y nacionalización de las riquezas naturales, que por siglos solo beneficiaron a una minoría de la población. Si ese segmento de la clase media boliviana pudiera, y si la ciencia lo permitiría, ella borraría el color de su piel morena, para ser todos blancos, altos y hablantes del inglés, como alguna vez ya lo expresó una Miss Bolivia.

La clase media boliviana que apoya a Carlos Mesa, quiere para el 18 octubre tener un presidente que no sea un indio; que no sea un Quispe, sino un noble brillante, un mestizo que con una sonrisa de mendigo entregue de nuevo el país a los patrones estadounidenses, un oportunista que ya anunció que pedirá a Washington el envío de un virrey embajador.

En una entrevista a la Deutsche Welle, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales” en aquel momento, afirmando en un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el poder.

Pero lo cierto es que Mesa, obedece las órdenes que vienen de Estados Unidos; carente de principios, es la veleta presta a girar hacia donde los vientos de la conveniencia soplen.

Más allá de una lectura de izquierda o de derecha, existen hechos concretos que demuestran la falta de cualidades éticas, la ausencia de honestidad intelectual, y una clara conducta de mercenario político en las acciones de Carlos Mesa.

Una declaración infeliz suya en diciembre 2017, es reveladora de su obediencia a EEUU, Mesa repite el libreto aplicado contra el gobierno de Venezuela, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había logrado una victoria contundente en las elecciones municipales. Este resultado mostró la bancarrota de la oposición apoyada por Estados Unidos y fue señal de que Maduro ganaría en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Esta situación hizo que la oposición venezolana decidiera boicotear esos comicios presidenciales, lo que sirvió para que más tarde se declare “ilegítima” una elección donde la oposición sabía que sería derrotada.

Declarando, que “no va a regalarle (a Morales) la elección como los venezolanos se la regalaron al chavismo”. Una declaración superficial que implicaría que todos los venezolanos conformaban la oposición a Maduro. Siguiendo el libreto preparado para el mestizo aspirante a presidente, sin presentar prueba alguna, éste afirma sin empacho que “el fraude se está consumando”.

Mesa sabe que va a perder las elecciones y busca ahora posicionarse para las maniobras que vendrán, siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela. Después del 20 de octubre, es muy probable que, tras una posible derrota, Mesa se autodeclare “presidente de Bolivia”.

La falla ética más grave, que lo descalifica como posible mandatario, es el haberse negado a apoyar las demandas de justicia de parte de los familiares de los más de 60 bolivianos asesinados en la ciudad de El Alto, hace 16 años, por órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003 y del cual Carlos Mesa era el vicepresidente.

Pese a los insistentes pedidos de parte de abogados bolivianos, de los familiares de las víctimas, de los abogados en Estados Unidos para que preste declaración ante la justicia de ese país para esclarecer responsabilidades sobre esas muertes; pese a que se le ofreció declarar desde Bolivia en apoyo a la causa de los caídos en defensa de los recursos naturales para los bolivianos, Mesa se negó a ello.

Fue el silencio cómplice de Carlos Mesa con los responsables de esos crímenes que se tradujo en la reversión de ese fallo, negando a las víctimas de esos crímenes, y a los bolivianos, el derecho a la justicia.

El lunes 28 de octubre 2019, en un mitin en la Zona Sur de La Paz, que reúne a barrios de clase media, Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, declaró teatralmente “o voy preso o voy a la presidencia”, en ese instante quedó clara la visión de mundo de un candidato pequeño burgués que, con aires señoriales, se declara llamado por la historia a ser presidente del país, aunque los votos en las urnas digan lo contrario.

Carlos Mesa, educado por los jesuitas y que conoció a Luis Espinal, ha olvidado o no ha entendido el legado de lucha honesta, comprometida y solidaria que nos dejó ese sacerdote y periodista asesinado por los esbirros del general Luis García Meza en 1980.

Poco antes de su muerte, Espinal escribió un texto: “No queremos mártires”, que, leído hoy, explica la miseria intelectual, la mezquindad colonial y la falta de cualidades de Carlos Mesa como actor político. “El país no necesita mártires, sino constructores… El mártir es un personaje vistoso, demasiado emotivo; es el último refugio para los ‘héroes’ revolucionarios, sobre todo si proceden de la pequeña burguesía”, escribía Espinal con gran lucidez.

¿Cómo traiciona Carlos Mesa a Luis Espinal? Aquel principio cristiano, del ama a tu prójimo como a ti mismo, que el jesuita boliviano supo encarnar hasta el final de su vida, no ha sido comprendido por el católico Carlos Mesa. El candidato golpista y con aspiraciones de mártir se niega a reconocer la humanidad del indígena boliviano. Y lo hace negándose a reconocer ese voto indígena, que vale tanto como el de un mestizo de clase media de la zona sur de La Paz o del barrio Equipetrol en Santa Cruz.

En algún momento declaró que: “se siente orgulloso de la inclusión indígena” en las elecciones. ¿Cómo es posible que, en 2019, en un país mayoritariamente indígena, un sujeto nacional minoritario todavía hable de “incluir” a esta mayoría en un proceso democrático? Con esta expresión, el mestizo colonial les está diciendo a los pueblos originarios de Bolivia que él, en gesto de aparatosa magnanimidad, va a poner un cubierto más en la mesa de la democracia para hacerle un lugar a la servidumbre indígena.

Mesa historiador e intelectual del orden establecido, ha jugado un rol fundamental desde los años 80 cuando el neoliberalismo se aprestaba a tomar el gobierno y a desnacionalizar la economía y a derrotar a sangre y fuego al movimiento minero boliviano.

Hoy se presenta como candidato a la presidencia con un solo discurso “que no vuelva el MAS-IPSP”, que en el fondo significa que no vuelvan los indios ni los movimientos sociales con su democracia popular.

Pero el pueblo boliviano sabe que Mesa representa el fracaso de todos los esquemas de la derecha y, por lo tanto, la propuesta de Mesa no será exitosa en las actuales condiciones de crisis estructural; además que Mesa fallará porque es un ser inferior al reto que plantea en este momento la historia.

Hace años que los representantes del gobierno de Evo Morales no se ahorran las críticas con el mandato de Carlos Mesa, a quien no han dudado en calificar como el último presidente «neoliberal» en la historia de Bolivia.

 

*Imagen: Wikipedia.

Agua para el desarrollo

Agua es vida. Y también es generadora de energía, trabajo y fundamental para el desarrollo.

En Costa Rica, unos pocos disfrutan muchíííísima agua regalada.

Algunos se olvidan que es un bien público, es decir DE TODOS.

La administra el MINAE. Es agua potable, es agricultura, ganadería, salud, industrias, generación eléctrica, comercio, turismo, construcción y toda actividad económica requiere agua.

El Gobierno propone la venta de instituciones, a la que nos oponemos. Llamamos la atención al mal manejo de bienes públicos como el agua, las playas, los bosques, que se dilapidan.

EL AGUA produce hoy sólo 6.000 millones de colones a MINAE.

Aquí presentamos UNA PROPUESTA QUE GENERARÍA DESARROLLO.

Sabemos que habrá afectados. Afecta a Ingenio Taboga y la empresa del presidente de UCCAEP Azucarera El Viejo. Afecta a los generadores privados de electricidad. Afecta a la Cervecería y a Coca Cola. Afecta a los grandes latifundios y monocultivos.

Con SÓLO UN DECRETO firmado por el presidente y la Ministra de Ambiente, se puede ingresar a las arcas del ESTADO, igual o más dinero de lo pedido al FMI. Unos 2.000 millones de dólares, en colones 1.200.000.000.000 – CADA AÑO.

Eso es simplemente fijando nuevo canon para el agua concesionada por el MINAE. Hoy rige aún el Decreto 32868-MINAE que es de 2005. Esto no afecta al consumo de los habitantes.

De este decreto podemos mantener todos los considerandos.

Ahí por ejemplo se cita: “el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos.”

Claro, proponemos terminar con los privilegios de los grandes derrochadores del recurso hídrico, impulsar el ahorro, la diversificación de productos, el mejor reparto y aprovechamiento del agua, para un mejor desarrollo, tan necesario para la reactivación de la económica.

Esta propuesta toma en cuenta cálculos y principios que fijó ARESEP en la Tasa Ambiental (expediente de ESPH). El agua es generada y almacenada en la naturaleza y debe cuidarse, aportando a los gastos de las zonas de protección (SINAC- MINAE). Y cerrar el círculo con un correcto tratamiento de la contaminación.

PROPUESTA BASE PARA CANON DE AGUA – colones /m3

El canon se fijará – no por concesión – sino por empresa o grupo empresarial.

Concesiones para riego agrícola, ganadería, piscicultura

para consumo del mercado interno del país.

Hasta   2 litros/ segundo             10 colones

Hasta  10     “               30 colones

Entre   10 y 50 “                60“

Entre   50 y 100  “               100“

Más de 100     “                200“

Las empresas para exportación hasta 20 l/s      60“

Mas de 20 l/s                   100  “

Condominios- Turismo, ZONAS FRANCAS       300“

Industrias, bebidas y otras             250“

PYMES – comercio , industria – otros          35“

Fuerza Hidraúlica                  0,25“

Empresas públicas servicio agua potable

(AyA, ESPH, Municipalidades, ASADAS)         1,00 colón

De esta forma, se valida el principio de prioridad del agua para consumo humano.

También se aplica un precio diferenciado a los grandes consumidores, en forma escalonada, lo que es un llamado al ahorro y al uso de tecnologías modernas.

Se da un justo valor al agua, que garantizará su conservación para las futuras generaciones.

Por otro procedimiento paralelo, deberá fijarse en ARESEP tarifas similares al agua ofrecida por los sistemas de riego de SENARA.

Falta aún definir, como se usarán los 2.000 millones de dólares anuales por recaudar. Como hoy una parte importante debe destinarse a la protección del agua, ampliación y cuido de áreas protegidas. También a promover la reforestación del país. Y principalmente a la gran deuda que tenemos con el medio ambiente que es, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Nada ganamos con tener agua, si la contaminamos.

Pero, el agua aportará a la salud, la CCSS, al desarrollo de la agricultura, ganadería, la agroindustria y a la vida.

Ponemos este tema en la mesa, para analizarlo y lograr acuerdos.

De Ustedes atentamente

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Confraternidad_gte@yahoo.com

P.D. A.- Podemos aportar toda la documentación, información y criterios que sustentan esta propuesta. B.- Esto debe completarse con legislación, ordenando a ARESEP a controlar el otorgamiento de las concesiones, el volumen entregado y los cobros realizados.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Alucinaciones fiscales en pandemia

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida qué es la muerte
Juego de Tronos – George R.R. Martin

Tras la publicación de la propuesta de negociación del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se presentaron una serie de polémicas que dejaron a primera vista un gobierno “huérfano” de todo apoyo; diputados y diputadas, sectores empresariales, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas entre otros reaccionaron con indignación, sin embargo, la presencia de algunos esos sectores no pueden ser abonado a una señal de solidaridad con los y las desfavorecidas. Para abordar estos hechos tan convulsos y confusos, se hace necesario poner de frente la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para preguntarnos ¿Qué intereses nos llevaron a esta encrucijada?

Cuando vemos el camino hacia atrás de la implementación de la ley 9635 observamos una serie de compromisos y deudas pendientes con actores claves; algunos sectores cooperativos, los sectores financieros, los agroexportadores, los exportadores (zonas francas), además los evasores y elusores, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente esbozar esos sectores que tuvieron al menos un trato preferencial en la conformación de esta ley y hoy se muestran al menos en silencio.

Por otro lado, la promesa del gobierno de turno fue continuar una ruta que estaba marcada por la creación o aumento de impuestos, reforma del empleo público y la consolidación de la regla fiscal. Todas estas promesas encontraron un freno ante la emergencia sanitaria, pero los números de las finanzas públicas empiezan a quedarse cortos.

Ante este escenario y la contracción económica, se ha visto como un salvavidas “oportuno” acudir al Fondo Monetario Internacional, que representa un tipo de alucinación de buenas intenciones, especialmente dado que es un organismo reconocido por su interés en la reestructuración de los Estados, en beneficio de los sectores dominantes del país, mediante la promoción de la privatización y la desregulación en aras de reducir el Estado, y privilegiar las condiciones de sectores con vínculos financieros internacionales (bancos, agroexportadores/exportadores).

Con esta idea del FMI, asistimos a una oleada de manifestaciones en las calles y una fila de “especialistas” y “técnicos” explicando los pormenores de las posibles medidas, una consigna se consolidó “no más impuestos”. Esta apuesta refleja por un lado el desencanto generalizado de la población por la administración económica-financiera del país, sin embargo, esconde otra alucinación, que todos y todas pagamos los mismos impuestos.

Alguna vez hemos sigo expuestos a ese negocio de dudosa reputación de la pirámide, donde nos prometen altos retornos por nuestra inversión, sin embargo, ese juego sólo beneficia al operador inicial, y dura hasta que “la gota derrame el vaso”. Así el gobierno de turno asemejo a un Esquema Ponzi (sistema de pirámide) empaquetó con promesas a diversos actores a cambio de su apoyo en distintas etapas, prometiéndoles que serían recompensados.

Lo que sucede es que los operadores de esta pirámide fiscal están quedando solos, dado que la capacidad de negociación les ha quedado corta, y hoy enfrentan la desnudez de sus intenciones, sectores agroindustriales, financieros y exportadores (zonas francas) son los operadores que sedujeron a través de esas alucinaciones a diversos actores que la cancha era igual y que “todos estarían pagando impuestos”.

El gobierno de turno intentó al igual que otros antes de él, vendernos esa alucinación de “equidad” tributaria con pesudo-reflexiones técnicas, y legitimar el actual estado de la coyuntura a través de esquemas tributarios que procuran según el discurso del sacrificio, expoliar a las personas de a pie, para así blindar por algunos años más a los sectores privilegiados.

Es evidente el tono de indignación detrás del “no más impuestos” ante la propuesta llana y sencilla de sobrecarga a través de los impuestos regresivos, sin embargo, una vez caída la pirámide, si miráramos con cuidado, al día de hoy no todos pagamos impuestos. Existen sectores de este país que han logrado convertirse en la “excepción a la regla” y hoy procuran seguir defendiendo esa posición, cobijados de una falsa “indignación”, es decir otra alucinación.

Es válido que pregunten, ¿entonces qué?, tal vez debamos corregir el pronombre relativo, y empezar a cuestionar Quiénes. Sigue la tarea vigente por visibilizar y denunciar esas actividades económicas que hoy siguen gozando de privilegios, esas ganancias que suman en las cuentas de sus titulares al margen de cualquier obligación, esos sectores financieros que acumulan ganancias y endeudan con sobregiros a las personas, esos sectores productivos que se encuentran al margen de cumplir con su responsabilidad corporativa, pero también esas omisiones postergadas convenientemente que han permitido eludir o evadir los impuestos.

¿Por qué mencionamos esto? Estos sectores se han localizado en un país que les ha dado las condiciones para sus operaciones (exoneraciones de impuestos, programas de apoyo institucionales, marco institucional y seguridad jurídica, inversión pública en diversas dimensiones) que representan acciones de política pública que han privilegiado sus actividades y protegido sus ganancias, pero para hoy se hace insostenibles ante las brechas socioeconómicas que han propiciado y los cambios estructurales que enfrenta la economía de nuestro país.

La simple frase “no más impuestos” sigue siendo una consigna de indignación, sin embargo, es un deber estar alertas y hacer las diferencias de quienes son, porque como lo sostenemos hoy, hay sectores y personas de este país que siguen sin pagar sus impuestos, beneficiándose de esquemas opacos o privilegios “trasnochados”, y esa factura debe se cobrada.

La privatización de lo público y lo nacional en la crisis política y económica costarricense

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica nos jactamos de tener libertad de opinión, sin que ello implique persecución ni represión por verter opiniones críticas a los poderes prevalecientes, pero esa pretendida libertad no supone democracia, menos aun cuando se ignoran, desconocen y desprecian los criterios y argumentos de los otros. Los poderes autocráticos imponen sus criterios, acciones e intereses como verdad absoluta, no les interesa lo que piensan y hagan los otros, porque los considera ignorantes, sin facultad alguna para decidir ni actuar por cuenta propia ni capacidad para alterar las relaciones prevalecientes. La imposición genocida que liberaliza las medidas sanitarias preventivas contra la pandemia, que eximió de las obligaciones patronales al disminuir las jornadas de trabajo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, así como la permanente y sistemática confiscación de salarios y pensiones, son algunas muestras fehacientes de la tiranía gubernamental y empresarial, que se vale de la pandemia y el descalabro fiscal para empobrecer al pueblo y continuar enriqueciendo a empresarios globalizados.

La polaridad social en Costa Rica se incrementa drásticamente, violentando los ingresos por el trabajo cotidiano y de toda la vida laboral de los pensionados, así como efectuar exacciones (impuestos, multas, aumentos de tarifas, inflación, tasas de interés, confiscaciones bancarias, etc.), para garantizar las ganancias privadas de quienes incumplen sus obligaciones tributarias y gozan de exenciones, concesiones e incentivos estatales, así como sustentar el desequilibrio fiscales gubernamental con los ingresos de trabajadores y continuar con la apropiación y manejo ilegítimo y fraudulento de los fondos de pensión por parte de los entes financieros privados y estatales.

La negación a los derechos y conquistas ciudadanas por parte de los poderes autoritarios, son manifestaciones que violentan la estabilidad y condición social a quienes se les niega pensamiento, voz, demandas y derechos, pero también los recursos y activos nacionales están en grave riesgo, ante las intenciones de privatizar el futuro nacional, ahora con la oprobiosa intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proceso es apoyado por gran parte de los medios privados de la información que difunden falsedades, crean miedos y hacen ingentes esfuerzos por enfrentar a trabajadores contra trabajadores, con si fueran enemigos y causantes de la debacle fiscal del Estado y del desfalco de la fuerza de trabajo. Es infame la labor de un periodismo esclavizado y subordinado a los propietarios de los medios.

La resistencia y movilización social que ocurre en diversas zonas del territorio nacional, es en parte una expresión de la debacle originada por el gobierno y los empresarios que autocrática e intransigentemente disponen de la calidad de vida de la población y de los recursos nacionales. No obstante, se debe llamar la atención, que estamos frente a un movimiento social que es peculiar en su heterogeneidad, que carece de consistencia orgánica y estratégica, sin alternativas ni propuestas que orienten su actuación, pero coincidentes en algunas demandas, aun cuando con fundamentos disimiles. Este aspecto es extraño, pues las protestas no persiguen la negociación ni el acuerdo. El uso de la fuerza parece justificarse a sí misma, de tal modo, que se hace incomprensible que se persista en los desórdenes que ante el retiro de la propuesta gubernamental que supuestamente motivaron las protestas y desmanes.

Lo que puede haber sido motivo de un logro social y el inicio de una construcción colectiva del futuro inmediato, hoy se convierte en una intransigente y unilateral actuación que provoca daños y violencia injustificable, creando un intencional caos, como preludio al fracaso, dolor, frustración y desesperanza social, lo que posibilitará al dominio económico y político la continuidad de la sobreexplotación, el despojo y la apropiación de bienes producto de la venta del trabajo familiar, así como de los recursos y activos nacionales.

Un movimiento que no posee ni recoge los análisis de la problemática nacional, así como desconoce las rigurosas críticas a las medidas gubernamentales y empresariales para la negociación con el FMI y sobre la propia concertación con ese ente, es sin duda una omisión que desprecia el pensamiento y las alternativas fundadas y documentadas por muchos grupos sociales, es una práctica unilateral alejada de toda democracia, así como es una posición que antagoniza con el interés público y nacional.

¿Qué persiguen quienes se arrogan la conducción de un movimiento que no les pertenece ni representan? ¿acaso pretenden impedir la concertación entre los trabajadores para provocar antagonismo y enfrentamientos entre ellos?

La creación del caos y violencia, no es una alternativa popular ni nacional, es una opción sanguinaria de quienes se imaginan dictadores, capaces de incendiar y sacrificar al pueblo y al país en aras de espurios intereses. ¿Acaso los que promueven bloquear carreteras, saquear, cobrar peajes o quemar llantas, los faculta a ser negociadores? ¿podrán ser negociadores quienes ignoran y desprecian los pensamientos, las alternativas y acciones del conjunto de los actores sociales de nuestra nación?

La aparición en escena de viejos y caducos personajes que se autodesignan dirigentes de un movimiento que es paradójicamente inorgánico, es la usurpación de representación social que oculta y enmascara sus reales intencionalidades. La provocación y la violencia causa daños que trascienden lo material, para ser regresivos a las conquistas y derechos alcanzados, a la legitimidad social de las protestas, a limitar la organicidad política y social, así como, crea frustraciones y miedos para aislar y subordinar a la población al dominio totalitario.

No sería la primera vez en la historia, como tampoco la última, que sectores populares sean envueltos en la instauración de un de los regímenes totalitarios más inhumanos y asesino que ha conocido la humanidad: el fascismo.

UNDECA, BUSSCO y movimiento sindical convocan a movilizaciones

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Estimadas compañeras y compañeros:

UNDECA, el BUSSCO y el Movimiento Sindical Firme en la Lucha hemos venido consolidando un proceso de unidad en la acción, contra el traslado de las consecuencias de 4 décadas de gobiernos neoliberales a la clase trabajadora y al pueblo costarricense.

Iniciamos con acciones de lucha, en el mes de setiembre, con las caravanas patrióticas y los perifoneos que recorrieron el país de frontera a frontera y de mar a mar, que tenían el objetivo de concientizar al pueblo de las consecuencias nefastas de este modelo, de proyectos de ley nocivos y de las acciones político empresariales que convirtieron a Costa Rica en el noveno país más desigual del mundo.

En reunión realizada hoy, 3 de octubre, analizamos las pretensiones de los partidos PAC, PLN, PUSC y pseudocristianos, que a través de proyectos e iniciativas de las élites político empresariales, promueven: el desfinanciamiento y privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, desmantelar el Estado, llevan a condiciones de esclavitud a la clase trabajadora, que aumentan impuestos y reducen salarios y pensiones, incrementando la desigualdad, el desempleo y la pobreza, en ese sentido apoyamos toda iniciativa ciudadana de lucha y movilización.

Por esas y otras justificadas consideraciones acordamos las siguientes acciones:

1.- Martes 6 de octubre: concentración frente a la estatua de León Cortés a las 9:00 am, con movilización en vehículos y otros medios, hacia la Asamblea Legislativa. Deberemos organizarnos para garantizar la participación de los compañeros y compañeras que les sea posible, que estén en otras jornadas y cualquier otra modalidad que se considere conveniente. (Ultimo día antes del receso de los diputados)

2.- Miércoles 14 de octubre: manifestación en vehículos o cualquier otro medio en la zona del Aeropuerto Juan Santamaría, a las 9:00 am, con la participación de compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones, principalmente de la Gran Área Metropolitana. En las mismas condiciones que el próximo martes.

3.- Lunes 19 de octubre Día de la gran Protesta Nacional. Se realizará un llamado a paro nacional. Las condiciones y puntos de movilización se informarán oportunamente

En cualquier caso, sea en vehículo, moto, en bicicleta, a pie debe aplicarse los protocolos sanitarios establecidos.

Saludos.
Martha E. Rodríguez G.
UNDECA.
San José, 03 octubre de 2020”