Ir al contenido principal

Etiqueta: pueblos indígenas

Desalojan a familias indígenas Ngäbe de cuadrantes de compañía bananera en Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, familias indígenas Ngäbe fueron desalojadas por la Fuerza Pública de los cuadrantes de Finca Tayrona en Sixaola de Talamanca. Las órdenes de desalojo fueron promovidas por la Chiriki Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, en contra de Armando Baker, Roberto Carlito, Federico Machuca y sus familias. Al final de esta nota compartimos el testimonio de Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola.

Según Galletano Villagra, líder indígena de la zona, se trata de una persecución por parte de la compañía bananera, la cual atenta contra la libertad de culto de los pueblos indígenas, ya que dentro del desalojo se destruyó un pequeño ranchito que los compañeros indígenas utilizaban para sus prácticas espirituales.

Si bien los cuadrantes forman parte de las fincas bananeras, muchas de estas familias han vivido en estas casas por más de 25 a 30 años, producto de la relación laboral que han tenido con las compañías. Además, tal y como lo ha afirmado Villagra, las familias debían ser reubicadas a otras casas, sin embargo, los inmuebles definidos para la reubicación se encuentran en condiciones inhabitables.

La situación es mucho más compleja que un típico conflicto laboral y de vivienda, debido a que es población originaria, la cual se ampara bajo normativas nacionales, como la Ley 9710 de protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, e internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que protegen sus derechos. Galletano Villagra señala que, aunque las empresas deben brindar viviendas dignas para sus trabajadores, la Chirikí Land Company asegura que no tiene ninguna obligación frente a eso.

A pesar de que el conflicto se encuentra en proceso de conciliación, la compañía bananera ha emitido el desalojo. El representante indígena afirma que la empresa está desmantelando casas de los cuadrantes y suplantándolas por siembra de banano, con el fin de ir eliminando todas las casas donde actualmente viven las familias indígenas Ngäbe.

El pueblo Ngäbe de Sixaola no cuenta con territorio propio. A pesar de que el Estado costarricense está en la obligación de otorgar tierras a los pueblos indígenas que viven dentro de su territorio, esto no ha ocurrido. Mientras la situación se mantenga de esta forma, el conflicto por vivienda con las compañías bananeras seguirá. Lamentablemente, hasta que no se respeten sus derechos como pueblo originario y no se defina la compra del terreno necesario para que este pueblo originario pueda establecerse, este círculo vicioso en que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola, no se acabará.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Fuerza Pública y bananera desalojan familias indígenas ngäbe en Sixaola

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Este miércoles 18 de marzo, la Fuerza Pública ha efectuado un desalojo solicitado por la Compañía Bananera Chiquita en las comunidades de Finca Costa Rica, Finca 96 y Finca 97 en Sixaola de Talamanca, contra varias familias indígenas Ngäbe, los cuales han quedado en la calle.

Para nosotros los indígenas del pueblo Ngäbe de Sixaola es inhumano que hayan pasado estos desalojos el día de hoy porque demuestra que al Estado costarricense no le importan los derechos humanos ni mucho menos cuando se trata de pueblos originarios.

Esta situación no ocurriría si nosotros el pueblo Ngäbe de Sixaola tuviéramos un territorio indígena propio, pero lamentablemente vivimos en casas alquiladas y en casas y cuadrantes de las bananeras, y nos tratan como si no fuéramos personas, tirándonos a la calle.

Necesitamos que las personas conozcan lo que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola con las compañías bananeras.

Denuncian nuevo incendio provocado en finca del líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Sibar es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  • El hecho ocurrió en la recuperación indígena de Crun Shurin, en el territorio Brörán de Térraba.

Este lunes se registró un nuevo incendio provocado en la finca del líder indígena brörán Pablo Sibar Sibar, en la recuperación indígena de Crun Shurin, territorio indígena de Térraba. El hecho se suma a un patrón sostenido de hostigamiento y violencia contra el dirigente indígena, quien cuenta con medidas cautelares (MC 321/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El incendio inició cerca del mediodía y fue controlado gracias a la rápida acción de la comunidad organizada y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes acudieron al lugar y lograron evitar que el fuego se extendiera a mayores áreas del territorio.

Este nuevo hecho ocurre un día después de la celebración del Festival Madremonte, actividad cultural realizada el fin de semana en la recuperación de Crun Shurin, donde participaron artistas, personas visitantes y miembros de la comunidad brörán.

Sibar junto con la comunidad ha decidido mantener amplias áreas del territorio en conservación, con el fin de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas locales. Los incendios provocados destruyen hábitats, matan fauna silvestre y amenazan directamente estas fuentes de agua. Como sucedió el día de hoy.

Patrón de hostigamiento. Organizaciones y personas defensoras del territorio señalan que este hecho forma parte de un patrón sistemático de hostigamiento contra Pablo Sibar. En agosto del año pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca en San Andres perteneciente al líder brörán, a pesar de que se trata de una finca que tiene Sibar hace más de 13 años. A raíz de este hecho se solicitó ante la CIDH el reforzamiento de dichas medidas de protección.

Los ataques contra el dirigente incluyen amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación e incendios provocados en su propiedad, algunos ocurridos en años anteriores y otro registrado recientemente. Esta situación coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

La recuperación indígena de Crun Shurin, iniciada en 2018, es habitada actualmente por 25 familias recuperadoras, unas 80 personas del pueblo Brörán. Cada año las familias denuncian quemas intencionales en la zona, una situación que también ha sido reportada en otros territorios indígenas como China Kichá. En varias ocasiones estas quemas han sido denunciadas como “incendios racistas, pues son provocados como represalia contra los procesos de recuperación territorial impulsados por los pueblos indígenas.

Además, la comunidad ha decidido mantener amplias áreas del territorio en conservación, con el fin de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas locales. Los incendios provocados destruyen hábitats, matan fauna silvestre y amenazan directamente estas fuentes de agua.

Este nuevo incidente refuerza las alertas sobre la falta de protección efectiva para las personas defensoras de derechos humanos en territorios indígenas. En 2021, Sibar recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos también beneficiarios de medidas cautelares internacionales.

Antecedentes de agresiones

Pablo Sibar, reconocido líder del movimiento indígena brörán, ha sido objeto de múltiples ataques y amenazas:

  • 2012: sufrió dos agresiones físicas. En la primera fue golpeado, pateado y mordido; una semana después fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.

  • 2021: recibió amenazas de muerte en redes sociales con mensajes que llamaban abiertamente a asesinarlo.

  • Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar logró escapar de una turba armada con machetes que lo perseguía y amenazaba de muerte.

  • Días después, personas no identificadas incendiaron su finca.

  • También ha recibido información sobre la supuesta contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas.

  • Ha sido objeto de campañas de difamación en medios locales y redes sociales.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

A 7 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz organizan plantón por su memoria

Este próximo miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizará un “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”, al cumplirse siete años de su asesinato, que continúa en la impunidad. La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.

Ante la pregunta ¿Quién lo mató?, las personas organizadoras responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.

¿Quién fue Sergio Rojas Ortiz?

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un reconocido líder del movimiento por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país. Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

 A lo largo de los años fue objeto de agresiones, persecución, criminalización e incluso encarcelamiento por su labor de defensa territorial. En la madrugada del 18 de marzo de 2019 fue asesinado mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa, para ese momento tenía 59 años y con tres hijos.

La violencia contra Sergio Rojas no comenzó con su asesinato. Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.

A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a juicio. Esta decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público.

La resolución llega después de un largo y tortuoso proceso judicial. Desde etapas tempranas del caso se intentó cerrar la causa: en 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento y archivo del expediente, lo que generó el rechazo de familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, así como presión nacional e internacional. Tras una audiencia oral realizada en diciembre de 2020, en febrero de 2021 un juez resolvió que la investigación debía continuar.

Durante el proceso también se conoció la filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios de testigos e intervenciones de comunicaciones. Según ese informe, los investigadores lograron identificar mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen, en los que incluso se mencionaba la posibilidad de que el día del asesinato “lo cazaran”.

El asesinato de Sergio Rojas Ortiz constituye un crimen político ocurrido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica contra los pueblos indígenas. Esta situación está profundamente vinculada tanto al racismo institucional como a la falta de acciones efectivas del Estado costarricense para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular aquellos relacionados con la recuperación y protección de sus territorios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Después de más de dos siglos prevalecen la opresión, explotación y discriminación contra las mujeres

Movimiento de Trabajadores y Campesinos – MTC

8 de marzo 2026: Día Internacional de las Mujeres

Esta fecha surge de las entrañas del movimiento obrero internacional en el Segundo Encuentro Internacional Socialista de Mujeres, en Copenhague, Dinamarca (1910), en aras de impulsar reivindicaciones por derechos laborales, en especial, y por el derecho al sufragio universal. De igual manera, otro hecho que detonó la validez de esta fecha histórica fue el incendio en la Fábrica Triangle Shirtwais, donde murieron más de 130 obreras, incluyendo niñas menores de edad (Nueva York,1911). A su vez, es fundamental la lucha que desencadenan las mujeres obreras textiles en Rusia, en el marco de la revolución bolchevique (1917) donde impulsan una marcha histórica exigiendo pan y paz, y respeto a condiciones laborales dignas. En ese periodo se logra la proclama del derecho al voto, conquistando espacios políticos que habían sido negados a las mujeres y otros derechos laborales.

En el campo jurídico, a nivel nacional e internacional, los movimientos feministas han posicionado normativas y legislaciones en la línea de proteger derechos alcanzados e impulsar nuevas herramientas jurídicas a favor de relaciones de igualdad de género. No obstante, estos significativos avances no resuelven la desigualdad social, en tanto prevalece un sistema capitalista, patriarcal y colonialista, donde se agudizan los feminicidios y femicidios, las desapariciones, la trata, la esclavitud sexual, los mal llamados “matrimonios de niñas”, legitimándose desde el Estado la homofobia, la xenofobia, la infame pedofilia y abusos contra menores de edad, en especial, contra las niñas.

El neoliberalismo, seguido por el auge de diferentes expresiones de derecha, conservadoras e imperialistas y fascistas, hoy encabezadas por Trump y sus cómplices como Milei, Bukele, Netanyahu y muchos más, han instalado y perpetuado multiplicidad de violencias estructurales contra las niñas, jóvenes y mujeres, en general, además de sus políticas expansionistas, guerreristas y depredadoras contra la madre Tierra.

Es inaudito la masacre de más de 150 niñas, víctimas de la guerra, al ser vilmente bombardeada, por el ataque militar de Estados Unidos, la escuela infantil iraní en la provincia de Hormozgán, Irán, y todas las víctimas de Palestina por el asedio genocida, fascista y patriarcal sionista y sus aliados.

Nos suscribimos a las diferentes expresiones del feminismo socialista, en tanto, la única vía para trasgredir las relaciones de desigualdad social y de género es la abolición de toda opresión derivada de la explotación del capital. Por lo que necesitamos continuar problematizando en torno al impacto de la opresión en el trabajo gratuito de reproducción en el hogar y el sistema explotador capitalista, que condiciona a la familia a convertirse en un instrumento legitimador de la opresión patriarcal y subordinación económica de las mujeres. Bajo estos principios es vital el fortalecimiento organizativo contestatario, consciente y popular, expresión legítima de los intereses y necesidades de los diferentes sectores sociales; en especial del sector rural, indígena y popular, en general.

Nos sumamos a la convocatoria hecha por diversas colectivas feministas, organizaciones sociales y mujeres de distintos territorios para participar en la MARCHA 8M este domingo 8 de marzo a las 10 am, San José.

Consideramos que una tarea crucial es acabar con el sistema capitalista atroz, base para alcanzar la justicia social y la verdadera igualdad de derechos libre de la discriminación de género y de toda naturaleza, libre del fragelo de las violencias de género.

Las violencias de género son violencias estructurales; por lo tanto, exigimos al gobierno:

  • Alto al autoritarismo.
  • No al desmantelamiento del INAMU, CCSS, MEP, ICE, BCR, AyA, INS, PANI y más.
  • Respeto a los derechos laborales sin discriminación de género, como conquistas de la lucha social y popular.
  • No más violencia feminicida, no más impunidad.
  • Respeto a los derechos civiles, sociales y políticos, conquistas alcanzadas fruto de luchas históricas de las mujeres.
  • Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y una vida libre de violencias para las mujeres.
  • Respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y de decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.
  • No más persecución ni estigmatización sociocultural contra voces críticas feministas y LGBTIQ+.

¡No a la guerra!
¡No nos han regalado nada!
¡Cada conquista que hemos alcanzado las mujeres ha sido
fruto de luchas feministas y junto a nuestros pueblos!
¡Ni un paso atrás en las legítimas luchas de las mujeres por una sociedad
libre de desigualdad social del capitalismo voraz desde el campo a la ciudad!
¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!
Movimiento de Trabajadores y Campesinos

ADI Cabagra invierte en deporte y recreación local

Por Uriel Rojas

  • Compró uniformes deportivos

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (Kabaköl), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, entregaron el pasado 28 de febrero del año en curso, uniformes de fútbol para doce equipos de distintas comunidades del territorio, tanto masculino como femenino.

Esta inversión en el Deporte y la Juventud indígena local viene a fortalecer estas actividades recreativas y a crear dinámicas colectivas de encuentros comunitarios del territorio.

La ADI Cabagra realiza estos esfuerzos para fomentar hábitos saludables como la salud física y mental, valores, disciplina deportiva y promueve la inclusión y cohesión social.

Este evento, además, sirvió como espacio para venta de alimentación por parte de organizaciones educativas, con el fin de generar ingresos que procuran mejoras en sus instituciones.

Jerhy Rivera, seis años después: la herida que sigue abierta en Térraba

Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA

Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.

Jerhy nació el 1.º de noviembre de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial, la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

Jerhy fue asesinado por la espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46 años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.

La mañana de ese día, hace seis años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 % de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras legalmente asignadas y forzadas a migrar.

La respuesta a esa recuperación fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar, quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jerhy relató que la noche anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y paciencia de la Fuerza Pública.

En 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”. El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por Facebook.

El 1.º de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la familia querellante.

Este asesinato y el largo proceso judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la familia de Jerhy profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.

A seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jerhy no es un acto simbólico: es una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega, protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.

Denuncian incendio provocado en finca de líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Pablo Sibar Sibar es beneficiario de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • La finca fue objeto de un intento de venta a personas no indígenas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADI) en agosto pasado

Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.

Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.

En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.

La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.

Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.

Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:

“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.

Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.

Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.

Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.

Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.

Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

La institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá – Voces y Política

Este miércoles 18 de febrero tendremos el programa:

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá

Con la participación de:

María Fernanda Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y Evelyn Loaiza Romero.

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá es un Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que analiza la presencia y acción de la institucionalidad social en este territorio durante el período 2018–2023.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

Pronunciamiento CONARE: Sobre la situación del líder indígena Pablo Sivas Sivas y la protección de los pueblos originarios

4 de febrero del 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en coherencia con su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los hechos recientes que han colocado al líder indígena Pablo Sivas Sivas y a su comunidad en una situación de riesgo y desprotección, así como por las condiciones estructurales de vulnerabilidad que continúan afectando a los pueblos originarios del país.

El CONARE considera imprescindible hacer un llamado firme y respetuoso a las instituciones del Estado y a las autoridades competentes para que actúen de manera oportuna y responsable, garantizando el cumplimiento efectivo del marco jurídico nacional e internacional destinado a la protección integral de estas poblaciones, el cual obliga a salvaguardar la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de sus integrantes.

La ausencia o insuficiencia de acciones preventivas y de protección adecuadas por parte de instancias estatales ha contribuido, una vez más, a escenarios de indefensión que resultan incompatibles con los principios de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos que deben orientar la función pública.

En este contexto, el CONARE reafirma la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas concretas, coordinadas y efectivas que aseguren condiciones de vida digna, libres de violencia, discriminación y exclusión, y que garanticen la no repetición de situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Las universidades públicas, como espacios de pensamiento crítico, compromiso social y construcción democrática expresan su solidaridad con estas comunidades y reiteran su disposición a contribuir, desde la docencia, la investigación, la extensión y la acción social, al fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural.