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Etiqueta: pueblos indígenas

¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!

Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:

  1. Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.

  2. Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.

  3. Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.

  4. Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

  5. Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.

  6. Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.

  7. Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.

  8. Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.

  9. Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.

  10. Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.

  11. Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.

  12. Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.

Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.

¡Ni el Estado ni las empresas,

a los ríos no les ponen más represas!

Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.

Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba; Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.

Más información: Osvaldo Durán Castro y Mariana Porras Rozas jakuiipacuare@gmail.com

#jakuii2025

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Pueblo Ngäbe de Sixaola denuncia exclusión y abandono institucional

La lucha del pueblo Ngäbe de Sixaola por el reconocimiento de su territorio y el cumplimiento de sus derechos ha sido documentada en una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta pieza presenta testimonios directos de personas de la comunidad indígena Ngäbe asentada en Sixaola, quienes revelan el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos. Estos relatos fueron recabados durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes expusieron con claridad problemáticas críticas que afectan a más de 10.000 personas Ngäbe en la zona sur del Caribe costarricense. Entre los principales desafíos señalados se encuentran los obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos, así como la falta de atención en salud y acceso seguro al agua. También denunciaron las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras y la ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo. Estas voces no son relatos aislados, sino que evidencian un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR busca amplificar el llamado de esta comunidad por el reconocimiento, la justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT. El conversatorio fue organizado por el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Para profundizar en esta situación y acceder a los testimonios completos sobre la lucha del pueblo Ngäbe, se invita a visitar la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/pueblo-ngabe-de-sixaola-en-su-lucha-por-territorio/

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Como parte de los grupos que respaldan y se solidaricen con la lucha de los pueblos originarios para recuperar sus territorios, su cultura y su espiritualidad, apoyamos los recientes comunicados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) para denunciar y detener la reciente ola de hostigamiento y amenazas en contra de la vida e integridad de Pablo Sivas.

También la compañera indígena bröran Melissa Garbanzo ha recibido, una vez más, merodeo y estacionamiento sospechoso de motociclistas frente a su vivienda y lanzamiento de piedras contra su casa, tanto ella como sus hijos e hijas se encuentran desprotegidos. Se debe recordar que el testimonio de esta compañera ha sido fundamental durante los dos juicios acerca del asesinato de Jehry Rivera R.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur reportó, durante el año 2024, diecinueve amenazas de muerte contra personas indígenas de diferentes pueblos y territorios originarios.

El horror y el terror ejercido por parte de los ocupantes ilegales y las personas allegadas a estos contra la población habitante de los territorios ancestrales son práctica cotidiana a la vista cómplice de las autoridades locales y nacionales.

Por tanto, exigimos que el Estado costarricense cumpla con:

• La Constitución Política de Costa Rica.

• El Convenio 169 de la OIT.

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• La Ley N.º 9038 sobre violencia contra las mujeres.

• La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera

Asociación de Cooperativas Europeas Longo Mai, Asociación UNAPROA,

Frente Ecologista Universitario-FECOU,

Fundación Pedagógica Nuestramérica,

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC,

Movimiento Ríos Vivos

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.

Conversatorio en Talamanca: Mecanismos de compensación de emisiones de carbono bajo la lupa comunitaria

Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.

En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.

La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.

El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.

En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.

Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.

Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.

Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.

Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.

Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.

Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/

Movimiento Ríos Vivos: «Pablo no estás solo»

Desde el colectivo del Movimiento Ríos Vivos, hacemos pública nuestra profunda preocupación por las amenazas a la integridad del Pablo Sibar y su familia, quienes están siendo objeto de una invasión en su propiedad ubicada en el Territorio Indígena Térraba, invasión que ha sido animada de forma espuria por un permiso otorgado desde la ADI de Térraba y con el contubernio de autoridades locales, que no actúan pese a la flagrancia de una invasión ilegal a una propiedad dentro de un territorio indígena.

Cualquier acto contra la integridad física y vida que pueda sufrir el defensor Pablo Sibar y cualquiera de los defensores indígenas que le acompañan será responsabilidad del Estado costarricense.

Presentan informe urgente ante la CIDH para proteger a defensor indígena Brörán Pablo Sibar

Este lunes 11 se presentó ante la Corte una petición urgente para reforzar la protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud responde a un nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública, lo que configura un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física.

El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar —de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua— alegando respaldo de la ADI. Pese a que Sibar posee legítimamente esta tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán. Este documento ha sido denunciado como fraudulento.

En palabras de Sibar:

Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir.” [1].

Este incidente se suma a un patrón sostenido de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que en años anteriores ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación. En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de medidas cautelares.

La situación actual evidencia el beneplácito estatal ante violaciones de derechos humanos en territorios indígenas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. Ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Pablo Sibar o las personas defensoras que lo acompañan, quienes se mantienen en vigilia en el lugar de los hechos.

Antecedentes

Pablo Sibar, líder histórico del movimiento indígena Brörán, ha sido objeto de una serie de amenazas y actos de violencia:

  • 2012: sufrió dos ataques físicos. En el primero, fue golpeado, pateado y mordido; en el segundo, una semana después, fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.

  • 2021: fue amenazado en redes sociales con mensajes como: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces…” y “Hay que eliminar a Pablo Sibar… la muerte lo anda rondando muy cerca” (sic).

  • Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar escapó de una turba armada con machetes que le gritaba que lo iban a matar y “tasajear” [2].

  • Pocos días después, personas no identificadas incendiaron su finca. Semanas antes, había recibido amenazas sobre la contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas. Estas amenazas fueron reiteradas meses después por un desconocido que le aseguró que existía una recompensa por su muerte.

  • Ha sido blanco de campañas de difamación en medios locales y nacionales. Aunque ha interpuesto denuncias oficiales y cuenta con medidas cautelares vigentes, la protección policial es esporádica y su vida sigue en grave riesgo [3].

[1] https://surcosdigital.com/adi-de-terraba-de-nuevo-en-contra-de-los-indigenas-broran/
[2] https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose
[3] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social
Universidad de Costa Rica.

Mujeres Indígenas Mano de Tigre condena violencia contra Pablo Sibar Sibar

Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre
Comunicado

La Organización de Mujeres Indígenas de Mano de Tigre condena los actos de violencia contra el pueblo Bröran y uno de sus lideres el mayor Pablo Sibar Sibar defensor de los derechos humanos y ambientales del pueblo Bröran.

Esta ves a través de una acción directa de la asociación de desarrollo entregando documento a personas no indígenas de tierras del pueblo y en este caso tierra comprada por el señor Pablo Sibar.

Urgimos al estado de Costa Rica de contener toda forma de violencia en contra de los defensores y defensoras indígenas.

Al compañero Pablo que se le brinde las medidas correspondientes de seguridad adecuadas por su vida.

Costa Rica desde el 30 abril del año 2015 tiene la medida cautelar 321-12. Esta medida busca evitar daños irreparables al pueblo Térraba, el saneamiento territorial, la gobernanza, la buena fe de parte de las instituciones es crucial para que este pueblo goce de seguridad.

Exhortamos al Estado, a través de sus instituciones a buscar de manera armónica la obligación de mantener un clima de paz y seguridad al pueblo Bröran de Térraba y sus defensores.

¿Qué somos?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La denuncia publicada en redes sociales no pudo ser más elocuente. Se trata de un estudiante afrodescendiente de la carrera de biología de la Universidad de Costa Rica, que detalló un odioso episodio sucedido durante la Feria Vocacional en ese centro de estudios.

Jay Robleto Quesada manifestó en un video haber sido victima de un acto racista cometido por un grupo de estudiantes de colegio a los cuales les estaba brindando información sobre su carrera.

Entre risas y burlas, algunos de ellos imitaron los sonidos de un mono, en una clara alusión racista a su color de piel. Este hecho no es para nada aislado en una sociedad que históricamente ha basado su pigmentocracia en una profunda actitud discriminatoria contra las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

No hace muchos años, allá por la década de los ochenta, recuerdo asistir con mi padre al viejo estadio nacional en San José a ver partidos de la selección nacional contra sus homólogas centroamericanas.

Siempre me llamó la atención el sonido que la gradería emitía cuando salía alguno de estos equipos regionales al campo. La imitación de los supuestos sonidos con que las películas estadounidenses identificaban a los indígenas en sus luchas contra los hombres blancos, era habitual. Y también era racista.

En extremo.

Entonces está en el ADN costarricense aquello de las actitudes racistas, aquello de los sonidos insultantes.

Pensar en una sociedad cuyos parámetros de convivencia siguen estando falseados por una idea de comunidad integrada, es preguntarnos quiénes somos realmente. Algo anda mal si desde la misma institucionalidad se generan acciones de exclusión, que atentan contra los derechos humanos en su integralidad.

¿Quiénes somos realmente?

La Sala Constitucional emitió recientemente un fallo en el que aprobaba un Recurso de Habeas Corpus interpuesto en marzo anterior por el comunicador Mauricio Herrera en contra del Estado costarricense.

Su demanda enfatizaba en la privación de libertad a la que fueron expuestas 200 personas migrantes deportadas por el gobierno de Donald Trump y cuyo destino fue negociado con las actuales autoridades costarricenses.

Resulta vergonzoso señalar este hecho. Indignante y vergonzoso en medio de una carrera estrepitosa hacia la debacle en el juego democrático en el país. A eso vamos. A la debacle política y cultural.

Mientras existan estos actos bochornosos propios de regímenes autoritarios, no podemos vanagloriarnos de lo que alguna fuimos, sin preguntarnos ahora por lo que somos.

Sé que la respuesta no será de nuestro agrado.