El pasado viernes 17 de febrero de 2023, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) realizó una conferencia de prensa en la que se refirieron a los 23 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Esta conferencia contó con la participación en la mesa principal de representantes de todos los pueblos indígenas: Pablo Sibar Sibar, Zeidi Rodríguez Guerra, Luisa Bejarano Montezuma, Felipe Vargas Morales, Virginia Beita Zúñiga y Jenny Lacayo Elizondo.
El tema principal de la conferencia, luego de explicar el contexto actual de lucha desde los pueblos indígenas, fue la agenda elaborada para el trabajo que los pueblos indígenas se plantean durante este año 2023 y los que vienen, durante la Asamblea Anual de Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Dicha agenda es principalmente un llamado a toda la población indígena a defender los derechos a la tierra, a la protección de su idioma, identidad y autonomía, así como el acceso a sus semillas que le garanticen seguridad alimentaria.
Además de esto, otros puntos importantes que fueron abordados fueron: la inoperancia del Estado en los casos de asesinados de Jehry Rivera y de Sergio Rojas, especialmente este último que se mantiene con impunidad; las Asociaciones de Desarrollo Indígena que desde el FRENAPI se caracterizan como una instancia impuesta a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos, y como una forma de violencia y control; también la omisión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuando a la enseñanza de la espiritualidad de los pueblos originarios se refiere.
Para finalizar, la lucha indígena se realiza desde la paz y el llamado a continuar la lucha siempre mantiene el carácter pacífico, sin embargo, las situaciones de discriminación, violencia, racismo, homicidio y usurpación de tierra llevan inevitablemente a la violencia ejercida desde estos terratenientes invasores, en complicidad con el Estado.
Coordinadora de Lucha Sur Sur Comunicado público Jueves 16 de febrero de 2023
En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.
De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.
Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.
Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.
En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.
Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.
Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”
Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.
Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.
Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.
Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.
No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.
Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
En la comunidad indígena de Rey Curré/Yímba se ultima detalles para lanzar un proyecto de emprendimiento sociocultural que busca rescatar las antiguas costumbres que tuvieron sus antepasados en los viajes sobre el río Gran de Térraba.
Es una iniciativa local que comprende una aventura de 8 kilómetros desde Paso Real hasta Rey Curré, viajando a través de kayaks en las aguas del río Grande de Térraba y aprovechando el trayecto para detenerse a conocer cataratas, comer frutas y conocer parte de la historia local y regional.
Este emprendimiento se llama Eco Aventuras Dí Crí^, en alusión al río, y se estará lanzando oficialmente a principios de marzo con el primer viaje inaugural.
Es importante resaltar que este proyecto contará con todos los alineamientos respectivos en cuanto a capacitación, pólizas de riesgos y personal capacitado para guiar el trayecto sobre el río.
Las personas que quieran participar de estas aventuras en kayaks sobre el rio Grande de Térraba recibirán una pequeña inducción antes de iniciar el recorrido, se les da las instrucciones de seguridad y se les describe las etapas que comprende el trayecto.
Cuando se llega a Rey Curré y a modo de cierre, los viajeros tendrán espacios para el relajamiento, descanso, compartir experiencias y disfrutarán de un delicioso almuerzo acorde a la gastronomía local.
Posteriormente estarán visitando un taller de artesanías donde conocerán como se elaboran las máscaras, los jícaros, los tejidos de algodón, entre otras cosas y recorrerán un sendero para conocer algunos sitios de interés histórico cultural.
Durante la visita a estos sitios ancestrales los participantes tendrán la oportunidad de conocer parte de la tradición oral de la comunidad indígena de Yímba Cájc tales como leyendas, mitos, creencias y recordar las vivencias asociadas al río que tuvieron los antepasados borucas en sus viajes al mar.
Eco Aventuras Dí Crí^, es un emprendimiento indígena en Rey Curré, que busca rescatar las vivencias que tuvieron sus antepasados en los viajes sobre el río Grande de Térraba, promueve la dinámica económica local y fortalece la identidad cultural de Yímba Cájc.
Para más información está a su disposición el 87229043.
Atacan casa de testigo en el caso de Jehry Rivera a pesar de Alerta Temprana comunicada al Estado.
Defensoría de los Habitantes pide explicación al Alcalde y Ministerio de Salud por venta de licor en Térraba.
Martes 7 de febrero de 2023. La casa de Melisa Garbanzo, testigo clave en el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, sufrió un ataque con piedras por parte de un grupo de personas que pasó en un carro al frente de la casa, el pasado domingo 5 de febrero.
El ataque se dio a las 6:30 p.m, las piedras dañaron el techo de la casa, quebraron la ventana de un automóvil y otras cayeron dentro de la casa, afortunadamente Melisa, quien está en avanzado estado de embarazo y sus hijos resultaron ilesos; ella está a la espera de que la fiscalía llegue a tomarle la denuncia, según le informaron.
Esta agresión se dio a pesar que el domingo en horas de la mañana la Coordinadora de Lucha Sur Sur emitió una Alerta Temprana, ya que ese día se había anunciado una actividad de monta de toros y venta de licor en el redondel de la familia Mata en San Antonio de Térraba, lo cual significaba una actividad ilegal que aumentaba el riesgo para la vida e integridad del Pueblo Brörán de Térraba.
Este tipo de actividades están expresamente prohibidas por el artículo 6 de la Ley Indígena, y se sabe que generan agrupamiento y movimientos de personas no indígenas y extrañas al Pueblo Térraba, que después de ingerir licor suelen realizar agresiones, esto es un «modus operandi» ya conocido de estos grupos que han realizado en Térraba y otros Territorios Indígenas del sur del país.
La alerta temprana fue comunicada por diferentes medios al Poder Ejecutivo y Judicial, se estuvo en comunicación con el señor Noe Guerrero, Director de Delegación de la Fuerza Pública de Buenos Aires.
Guerrero indicó que en horas de la tarde y hasta las 4:30 p.m hubo presencia policial en el lugar y en la noche hubo monitoreos, aseguró que aunque sí llegó gente al redondel citado y alrededores, no hubo monta de toros ni venta de licor.
Sin embargo, vecinos del territorio indicaron que hubo un gran movimiento de motos, autos y personas extrañas al Pueblo Brörán y que a partir de las 6:00 p.m. se escuchaba música y personas hablando por medio de un equipo de sonido, tipo narración.
Ante la alerta temprana, la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes mediante oficio DH – DIND – 0148-2023 solicitó información al alcalde de Buenos Aires y a la Dirección Regional de Salud sobre la situación y permisos de venta de licor en el territorio.
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se insiste en que este tipo de actividades además de ser prohibidas, afectan la paz, tranquilidad, cultura e identidad de los Pueblos Originarios y significan un alto riesgo para la vida e integridad de estos pueblos, así lo demuestran los lamentables antecedentes de este tipo de actividades y concentraciones de personas.
Por lo anterior demandamos al Estado de Costa Rica:
Garantizar la vida e integridad de Melisa Garbanzo y familia, del Pueblo Brörán de Térraba y de todos los Pueblos Originarios.
Brinde los informes respectivos sobre lo realmente acontecido en Térraba el pasado domingo 5 de febrero y se establezcan las responsabilidades y sanciones pertinentes.
Tome todas las medidas administrativas, preventivas, municipales y judiciales pertinentes y necesarias para evitar que se realicen este tipo de actividades en los territorios Indígenas de acuerdo al artículo 6 de la Ley Indígena, los artículos 4 y 5 del Convenio 169 de la OIT, el bloque de constitucionalidad y los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
La Coordinadora de la Lucha Sur Sur-CLSS publicó como parte de una memoria histórica el testimonio de una persona sobre el asesinato de Jehry Rivera del pueblo de Brörán, Térraba, en el que menciona que en el 2012 se llevó a cabo una lucha por la educación en Térraba y en que el durante varios días el pueblo de Térraba tomó las instalaciones del Colegio del lugar; donde se solicitaba la presencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) para que nombrara a maestros y profesores indígenas y que arreglaran las instalaciones del centro educativo.
Comenta que en el transcurso de uno de esos días, una turba de finqueros y de personas no indígenas atacaron, bajo un acto de racismo, a las personas que se encontraban en las instalaciones del Colegio. Juan Eduardo Varela junto con otros hombres forzaron el portón del Centro Educativo, y Jehry los enfrentó. En la fotografía que se comparte se observa que Jehry enfrenta a Varela.
Coordinadora de Lucha Sur Sur. Domingo 5 de febrero de 2023.
Ayer sábado 4 de febrero se llevó a cabo una actividad de karaoke en el bar Las Yuntas, negocio de Teovaldo Guadamuz en el centro de Térraba.
Para hoy domingo está programada una monta de toros en San Antonio de Térraba en el redondel de la familia Mata.
Ambas actividades tienen como fin recaudar fondos para la defensa judicial de Juan Eduardo Varela, condenado el pasado miércoles 1 de febrero por el Juzgado Penal de Buenos Aires por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera realizado con alevosía según la sentencia del ente juzgador.
Independientemente de los fines de dichas actividades, ambas son ilegales según el artículo 6 de la Ley Indígena 6172 de 1977 que en lo concerniente establece:
«Artículo 6º.- Ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas.
Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas.
Los establecimientos comerciales, sólo podrán ser administrados por los indígenas. Ninguna otra persona o institución con fines de lucro podrá hacerlo»
Las actividades son promovidas por Ivon Guadamuz (esposa de Juan Luis Varela, hermano del asesino condenado de Jerhy) y en el grupo de WhatsApp «UnidosApoyodeHuelgas», mismo que ha sido denunciado públicamente por compartir mensajes de odio y racismo contra los Pueblos Originarios.
Las familias Guadamuz (Teovaldo y Fernando, entre otros) y Mata son ocupantes ilegales del Territorio Brörán de Térraba según el bloque de constitucionalidad y el voto 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional.
Exigimos al Poder Ejecutivo cumplir con lo establecido legalmente y de acuerdo con el principio de legalidad impedir que se realice la actividad planificada para el día de hoy y garantizar la vida, integridad y seguridad del Pueblo Brörán de Térraba.
Quiero contarles un poquito de lo que estábamos haciendo en nuestro Consejo Brörán.
Terminamos el año pasado con una muy buena noticia de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad que habían presentado los finqueros contra la ley indígena.
Además, un informe del relator de la ONU donde consta que nosotros no reconocemos a la Asociación de Desarrollo Integral como gobierno local, ya que es la culpable de que las tierras estén en manos de no indígenas.
Y este año, que, aunque duele, se da el primer juicio que hace justicia, porque siempre la justicia nos ha invisibilizado. Las resoluciones del señor juez Céspedes ahora habla de los derechos indígenas.
Como Concejo Brörán logramos hacer el Cuarto Congreso de la Nación Brörán , también programamos varias caminatas a los sitios sagrados, iniciamos el 21 de enero.
Hubo muchos audios de odio hacía nuestras recuperaciones.
Para la luna llena de marzo estamos programando la segunda caminata a la laguna de Karsi.
Nos aprobaron la construcción de un rancho cultural, para el cual estaremos empezando la corta de la madera y palma desde la primera menguante de febrero, así que esta invitación es para los no indígenas que han compartido nuestras luchas y vivencias y se han solidarizado con nuestros derechos siempre en el mutuo respeto.
Así que les invito a poner un granito de arena para que nuestro Concejo Brörán siempre siga adelante. Los días que estemos trabajamos los convertiremos en un convivió de hermandad.
Y recuerden que las puertas del UTLALA siempre están abiertas para todas y todos los Brörán y los no Brörán solidarios y respetuosos en nuestras luchas, por lo que los invitamos a compartir con nosotros.
La lucha sigue y sigue. Sergio y Jerhy viven y viven. Adelante con nuestras recuperaciones.
Viernes 3 de febrero de 2023. El Juzgado Civil, Trabajo y Familia (materia Agraria) rechazó las demandas ordinarias agrarias interpuestas por Alfonso Gerardo Naranjo Mena y Hacienda La China RYL S.A contra las familias recuperadoras de Kelpegö y Kono Jú respectivamente.
En resolución N. 2023000005 del 27 de enero de 2023 (Exp. 18-000089-1129-AG-1) el Juzgado mencionado resolvió “Se declara que la finca…está dentro del territorio indígena de China Kichá. En ese tanto, por no ser persona indígena cabécar el Señor Naranjo Mena no puede ostentar derecho de propiedad o posesión en este inmueble dada la protección especial que tienen las comunidades indígenas en su derecho a la tierra”.
Y en el Por Tanto indica el ente juzgador: «Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva que interponen los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria agraria de Alfonso Naranjo Mena contra ADITI China Kichá y otros».
Este terreno fue adquirido por Naranjo Mena mediante compra – venta en el 2007 y fue el primer terreno recuperado por familias del Pueblo Cabécar de China Kichá el 14 de setiembre de 2018, iniciándose así, el proceso de recuperación y liberación del territorio que se encontraba ocupado ilegalmente por personas y empresas en un 98%.
El 1 de febrero anterior, el mismo ente jurisdiccional emitió la resolución N. 2023000006 (Exp. 19-000033-1555-AG-0) que en su parte dispositiva dispone “se declara que la finca…está dentro del territorio indígena de China Kichá. Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos los extremos la demanda ordinaria agraria de Hacienda La China RYL S.A.”.
Kono Jú fue recuperado el 25 de mayo de 2019 por familias del Pueblo Cabécar y se encontraba ocupada ilegalmente por Ángel Marín Espinoza por medio de la empresa Hacienda La China RYL S.A quien había adquirido el terreno en el 2006 por medio de compra y venta.
Dentro de lo acreditado por el Juzgado en el caso de Kono Jú “se considera que Hacienda la China RYL S.A no tiene legitimación activa por que el ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de poder ostentar derecho de propiedad o de posesión sobre el territorio indígena mientras no tenga la condición de persona indígena cabécar de China Kichá”.
En el mismo sentido indica la resolución “Así las cosas, no pueden comportarse como dueño la actora ni puede el ordenamiento jurídico darle ese reconocimiento para reivindicar cuando el mismo bloque jurídico prohíbe posesión en esas tierras”.
Ambas resoluciones fueran emitidas por el Juez Jean Carlos Céspedes Mora, quien ha dictado 6 resoluciones contra familias recuperadoras de los Pueblos Bribri, Naso Brörán y Cabécar; contra las mismas familias de Kono Jú había ordenado su desalojo como medida cautelar en marzo de 2020, medida que modificó en junio de 2021.
Las familias recuperadoras celebran estas sentencias y esperan que el citado Juez y demás entes jurisdiccionales resuelva los casos que conoce con respecto a los Territorios Indígenas de acuerdo a la historia, culturas, cosmovisiones y derecho propio de los Pueblos Originarios, conforme al bloque de constitucionalidad, los Derechos Humanos de estos Pueblos y al fallo de la Sala Constitucional No 2022024725 del 19 de octubre de 2022 que declara absolutamente nulas las compra-ventas de tierras indígenas realizadas por personas no indígenas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Indígena 6172 de 1977 y de acuerdo a un necesario pluralismo jurídico existente pero que no ha querido ser aplicado por el Estado de Costa Rica en este tema.
Estas resoluciones refuerzan los procesos de recuperación de sus Tierras – Territorios que realizan los Pueblos Originarios en el ejercicio de su derecho colectivo a la tierra.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú. – Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö. – Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä. – Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö. – Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego. – Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Miércoles 1 de febrero de 2023. El Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas dió a conocer la parte resolutiva de la sentencia en contra de Juan Eduardo Varela a quien impusieron 22 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma permitida ambos en concurso ideal en contra de Jerhy Rivera Rivera, 15 días por amenazas agravadas en contra de Melisa Garbanzo y 6 meses de prisión preventiva.
En una explicación breve de la sentencia el Juzgado tuvo por acreditado que Varela Rojas actuó con alevosía, que Jerhy estaba sujetado, golpeado y disminuido por dos sujetos cuando el hoy condenado le disparó por la espalda; por lo que el ente juzgador no tiene como probado el argumento de la legítima defensa.
Además, el ente juzgador tiene por acreditado que la turba en la que se encontraba Varela tenía la intención de quemar la casa de la testigo Melisa Garbanzo y que esta fue amenazada con arma de fuego por Varela.
Teniendo en cuenta estos elementos probados, no comparte la Coordinadora de Lucha Sur Sur que se le hayan impuesto las penas mínimas de 20 años por el homicidio calificado, 2 años por portación ilegal de armas y 15 días por las amenazas, no hay congruencia entre lo que dijo tener el Juzgado por acreditado y las penas mínimas impuestas.
Ante el arraigo endeble de Varela Rojas, el Juzgado impuso 6 meses de prisión preventiva al considerar un peligro de fuga inminente.
La lectura íntegra de la sentencia será el 8 de febrero, donde se darán los detalles de lo resuelto por el Juzgado.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur considera que esta sentencia significa un paso importante contra la impunidad que ha imperado ante las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que viven los Pueblos Originarios, sin embargo, hay muchos casos pendientes, muchos agresores libres y muchas amenazas contra estos Pueblos que continúan en una vergonzosa impunidad.
Este fallo judicial reafirma y demuestra de qué parte se ejerce la violencia, el odio y el racismo.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con las penas mínimas impuestas por el Juzgado y esperamos la explicación del porqué de las mismas y que las instancias respectivas del Poder Judicial establezcan las responsabilidades penales correspondientes a quienes ofrecieron falsos testimonios por parte de la defensa del hoy condenado.
Así mismo exigimos justicia para Sergio Rojas, su familia, el Pueblo Bribri de Salitre y todos los Pueblos Originarios del país.
Nos solidarizamos y enviamos un gran abrazo a la familia Rivera y al Pueblo Brörán.
