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Etiqueta: pueblos originarios

Los sistemas ideológicos- partidos y los pueblos indígenas

Filidencio Cubillo Morales, Indígena Bribri, Territorio Bribri de Talamanca

Es común escuchar cómo los sistemas ideológicos se confrontan, defendiendo cada uno su doctrina y enarbolando su bandera como el mejor sistema. Los que se denominan demócratas, social-demócratas, social-cristianos, repudian y condenan al socialismo, al comunismo, totalitarismo y a otros sistemas. Sin embargo, para los pueblos originarios en Costa Rica, Latinoamérica y todo América ¿Existen garantías fundamentales, reales para esos pueblos? o ¿Se cumplen las leyes nacionales, convenios, tratados que se han ratificado a favor de los pueblos originarios?

Para los pueblos indígenas, el conservador, el liberal, el colorado, el verde, cualquier sistema lo masacra, lo discrimina, lo reprime, le violenta sus derechos, lo extermina, se comete genocidio de manera cínica o de la forma más sutil, sistemática u orgánica.

En los sistemas llamados democráticos, los pueblos originarios son ignorados, invisibilizados, sus problemas sociales, culturales, políticos, jurídicos son descaradamente desatendidos, archivados.

Los gobiernos firman tratados, convenios, promulgan leyes que al final sirven para que se limpien el trasero.

Tal vil, inicuo es el asesinato, el exterminio de un poblado de un Mapuche en Chile, de un Lenca en Honduras, de un Maya en Guatemala, de un Quechua, de un Chocó, como lo es de un Bribri en Salitre en Costa Rica, y la justicia pronta y cumplida no se vislumbra.

Los politiqueros ya están llegando a las casas, hasta el último rincón, porque perdieron su honestidad, su pudor, les vale un bledo mentir, engañar al humilde campesino, en este caso al indígena. La política como ciencia de la administración pública es excelente, pero cuando se vuelve burda es repugnante.

Este mortal, quien firma, milita en un colectivo político, más no he andado embaucando a mis hermanos y hermanas, milito de forma incondicional, es por la coherencia de sus líderes, hasta el momento, aunque hay que aclarar que existen principios doctrinales con que no comulgo. Tampoco vendo falsas promesas, expectativas, como diciendo que el alto costo de la vida se puede reducir fácilmente, que el paquete de arroz se puede bajar de precio a menos de novecientos colones, es una situación insoslayable.

Los programas sociales son obligaciones del estado, son derechos de las familias y sectores más vulnerables, porque el dinero es del pueblo. La atención de obras públicas es función o deber de un municipio, de un funcionario público, por eso se le paga, es deber del estado, no es un honor del funcionario, pues no son recursos provenientes de su bolsillo, él no se merece un monumento o una estatua. Honor o mérito se merece cuando actúa con probidad.

Los recursos del estado se generan de los impuestos que todos pagamos, si el gobierno pide prestado fondos a otro gobierno u organismo, todo el pueblo paga ese préstamo.

Para las comunidades indígenas es prioridad políticas justas en el sector agrario, que los recursos naturales sean para beneficio de las propias comunidades, políticas sociales, mejoramiento de los servicios de salud para el territorio, fortalecimiento y defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no se privatice ni la Caja ni otra institución que son parte del estado de derecho.

Hermanas y hermanos, demandemos derechos colectivos, de bien común. No apoyemos ni fomentemos el clientelismo político que favorece al politiquero, que en cada campaña cambia de bandera, no de proceder, aunque esté cuestionado, esté involucrado con la mafia, el crimen organizado, ¡ya no se ruborizan!

Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado.

Exijamos respeto a nuestra dignidad. Hagamos valer nuestra libre voluntad, al final usted decide.

Señoras y señores politiqueros: tengan decencia y consideración, no se valgan de las penurias de nuestras familias.

A las corrientes políticas: todos son nefastos, cuando no se actúa con justicia social.

 

Imagen de cabecera tomada de Universidad de Costa Rica.

¿Por qué somos recuperadora(e)s?

Para dar inicio a la Jornada por la Memoria y la Defensa de los Territorios, el jueves 24 de junio, el FECOU realizo un conversatorio en donde compartieron con las recuperadoras Doris Ríos del territorio indígena Sekeirö Kaska, Mariana Delgado del territorio indígena Salitre y Efraín Fernández del territorio indígena de Kono Jú. En el conversatorio estuvieron contando las razones por las cuales están recuperando las tierras y la importancia de reivindicar sus territorios desde la lucha.

El video completo se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/6kOlUL1t1b/

¡Tierra Y Autonomía para los Pueblos Indígenas!
¡Mes por la tierra y contra el capital!

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica; enero-diciembre del 2020

La presentación del «informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 01 de julio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

 

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Apoyo a la compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social

A las organizaciones estatales, nacionales e internacionales
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo
Alos organismos de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

El Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer organización integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (CODEM-ODHP), tiene más de tres décadas de trabajo colectivo por la defensa de los derechos humanos y la construcción del poder popular. En nuestro proceso organizativo hemos priorizado la lucha por los derechos de nuestras compañeras, compañeros y la participación en otras luchas en Oaxaca, en México y en otras partes del mundo, anteriormente como CODEP, y ahora COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS (CODEM-ODHP).

Somos una organización de pueblos y comunidades indígenas, negras, mestizas y feminista. Reivindicamos la cultura y la organización ancestral de los pueblos originarios: la asamblea, el tequio, la gueza, el dialogo y el consenso, como base fundamental de las relaciones humanas de los pueblos originarios. Rechazamos la toma de decisiones verticales, negamos las prácticas autoritarias, la corrupción y reprobamos a quienes la ejercen, porque dichas prácticas deterioran las relaciones humanas, el trabajo colectivo y van en contra de los valores comunitarios y del buen vivir de nuestros pueblos.

Por ello repudiamos y rechazamos las difamaciones en contra de nuestra compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social. Es su trayectoria y sus principios éticos los que desmienten dichas difamaciones. Soledad Ortiz Vásquez, es conocida y reconocida por los pueblos de la mixteca, del estado, el país y en plano internacional. Ha sido docente de educación indígena durante 32 años; ha laborado con esfuerzo y voluntad al servicio de los pueblos mixtecos por la defensa de la lengua Ñuu Savi: como locutora y productora, EN LA VOZ DE LA MIXTECA. Desde el CODEM-ODHP ha llevado la voz y la presencia de los pueblos originarios a los lugares que ha sido invitada en Europa y América Latina para intercambiar experiencias en educación, salud y agroecología.

Respaldamos totalmente a nuestra compañera Soledad Ortiz Vásquez como representante digna y congruente y con principios éticos, responsabilizamos del daño físico y psicológico a quienes sean responsables de provocar estos daños, hacia nuestra compañera, su familia y demás integrantes de la organización. Si tocan a una, nos tocan a todas y todos.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
CODEM – ODHP

“POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS PUEBLOS

CONSTRUYENDO PODER POPULAR”

Oaxaca, México a 16 de junio del 2021.

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica

La presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de costa rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 24 de junio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Manifiesto: Contra la parcialización de la Iglesia Católica diocesana de San Isidro de El General, Costa Rica

“Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen siendo actuales.”
Papa Francisco. Encuentro de los Pueblos Amazónicos, 19 de enero de 2018

Interpelamos al obispo Gabriel Enrique Montero Umaña y a la institucionalidad de la Iglesia Católica costarricense que él representa, para que mire sin simplismos la crisis que sufren los pueblos indígenas costarricenses desde hace siglos y para que cesen de utilizar la retórica religiosa de “pastores” y dejen de exponerse simbólicamente ante un tema de políticas públicas con la vestimenta propia del culto católico, pues el tema del que hablan es de índole secular y no devocional.

El obispo dice que nunca convocó ninguna “Proclama Social y Caravana” para el día lunes 17 de mayo del 2021 y que tampoco ha autorizado la participación de ningún sacerdote en esta u otra manifestación. Sin embargo, el presbítero Luis Mena de Pejibaye de Pérez Zeledón divulgó un video leyendo parte de la Proclama y fundamentando la marcha convocada para el lunes 17 mayo 2021, mostrando así la desinformada, confusa y confrontativa visión de la jerarquía de la iglesia católica de esta diócesis costarricense.

Le recordamos a la Iglesia Católica que la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, es una problemática muy específica, que no debe mezclarse mezquinamente con otras problemáticas socioeconómicas que enfrentan otros grupos de población en Costa Rica. Pues esta forma de abordarlo confunde y revuelve tópicos de naturaleza distinta. Además, el apoyo directo a la propiedad privada de los poseedores ilegítimos riñe con el principio de la tenencia en común de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas y el principio del bien común que beneficia a las comunidades y a la naturaleza que estas cuidan.

Mezclar la problemática en los territorios indígenas con otras realidades de las poblaciones rurales, es una forma violenta y cómplice de seguir negando los derechos de los pueblos originarios. Además, lo que el obispo Montero Umaña y parte del clero a su cargo dicen, con respecto a la recuperación de tierras indígenas es confuso, contradictorio y ha provocado que personas no indígenas, que creen tener derecho sobre tierras ancestrales, continúen la escalada de violencia verbal, psicológica y física contra familias indígenas recuperantes de las tierras que les corresponden por derecho.

No debe olvidar el clero católico, que la historia de dolor de los pueblos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas inmemoriales, inició con el «descubrimiento» de América. Por lo que le solicitamos al obispo y su clero no evadir esta realidad objetiva. Basta con traer a colación lo que anotaba el obispo Bernardo Thiel en su visita pastoral a los indígenas guatusos (Malekus) en 1882, cuando afirma que a los pobladores originarios se “los trataban de monos, animales montaraces y que más de la mitad habían muerto a consecuencia de estos maltratamientos”.

Si hacemos memoria de hechos recientes, podemos decir que muchas personas que habitamos este y otros países, aún recordamos el drama sufrido por un grupo de veintisiete mujeres y hombres indígenas de la mayoría de los ochos pueblos indígenas reconocidos, cuando fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa el 10 de Agosto de 2010, sólo porque se quedaron esperando respuesta de los diputados y las diputadas, para que aprobaran o archivaran el Proyecto de Ley sobre la Autonomía Indígena, que tenía dieciocho años de tramitarse en el Congreso de la República, en el cual se establecía un Procedimiento para las Recuperaciones de los Territorios ancestrales establecidos, por las Leyes y los Decretos respectivos.

Fue ese acto de violencia racista, física, espiritual y moral, que llevó a estos pueblos a tomar la decisión de sanear sus territorios del arrebato y la usurpación ilegal. Así se inicia una década de persecuciones, cárcel, agresiones físicas, quema de viviendas y agricultura hasta el asesinato. Tenemos reciente memoria del asesinato del líder bribri de Salitre Uniwak Sergio Rojas Ortiz, Coordinador de FRENAPI (18 marzo 2019) y del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, recuperante Brorán de Térraba hace 15 meses.

En estos 11 años de violencia sistémica y sistemática, no ha existido ningún pronunciamiento, nota de duelo, ni siquiera expresiones de pésame para las familias y esos pueblos, por parte del clero de San Isidro de El General. Por lo que es clara la actitud y posición parcializada de esta jerarquía católica, que niega en sí misma su propio mensaje de misericordia y compasión.

Sumado a lo anterior, en este momento crítico de la historia costarricense, vemos lamentablemente como la jerarquía eclesiástica se coloca en medio, con tibieza, para buscar una supuesta “conciliación”, cuando su papel debería ser una opción preferencial y radical por la parte que ha sido discriminada y violentada de manera sistemática a lo largo de los siglos, tal como lo piden los Evangelios de Jesús de Nazaret.

Además, esa búsqueda de conciliación es falaz, pues al afirmar ustedes que la «ley ha de salvaguardar la justicia para todos los actores», cometen un error jurídico grave, ya que en una situación de desigualdad de poder, de dominio de unas personas sobre otras (usurpadores vrs indígenas de China Kichá), la conciliación no cabe y la justicia se logra dando un trato desigual a las partes involucradas. En este caso dando cumplimiento a los convenios internacionales como normas superiores que son o de las leyes especiales con supremacía sobre las leyes generales en favor de los indígenas.

Por ello le solicitamos a la Iglesia Católica reconocer que cualquier pretensión eclesial «mediadora» está viciada y debe ser evitada, ya que la iglesia local, a través de un sacerdote, tomó recientemente partido en favor de una de las partes involucradas, perdiendo así imparcialidad y autoridad moral para mediar.

La paz sin justicia es inalcanzable y la caridad sin compromiso auténtico por los que ocupan el último lugar, se convierte en limosna mezquina.

Suscriben el presente manifiesto:

Movimiento Reflexión Acción
Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
Departamento Ecuménico de Investigaciones – DEI
Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica – OIDH-CR
Centro de Amigos/as para la Paz – CAP
Justicia y Paz e Integridad de la Creación -JPIC / Claret CR
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia
GEMA Observatorio de Medios de Comunicación y Género
Informa-Tico.com
Diásporas Feministas
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense – IMWC
Colectivo Cristiano CR – CCCR
Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL
Colectiva Coexistir de Cartago
Fundación Interartes
SURCOS Digital

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Recuperamos nuestra Tierra y trabajamos por la seguridad alimentaria

Jorge Sibas Vega
Familia recuperadora en Crun Shurin
15 de mayo 2021.

Lo mejor que pasa en las tierras que los pueblos originarios estamos recuperando es la producción de alimentos.

Los suelos y toda la Tierra están reviviendo con la agricultura y también regresaron ya muchos de los animales silvestres que la talas, los monocultivos y el ganado habían espantado.

Todo eso va a ser mejor ahora porque muchas familias, mujeres y hombres, empezamos hace un par de semanas un trabajo junto con el INA para poner en práctica la agricultura orgánica. Estamos sembrando y cuidando la Tierra. Aprendiendo a producir insecticidas, abonos, a usar micro organismos y todo lo que conlleva la agricultura orgánica. Hoy le estamos devolviendo a nuestra Madre Tierra algo de lo mucho que nos ha dado. Queremos compartirles nuestra alegría y nuestros cultivos. Decirles que estamos seguros de que los alimentos que llevamos a las mesas de nuestras familias son limpios y son el resultado de nuestro trabajo ahora que estamos retornando a nuestra propia Tierra.

Esta nueva vida queremos compartirla con todas las personas amigas, conocidas, familias de nuestra zona y de todo el país. Con la gente que pasa por la interamericana y con quienes lleguen a nuestro territorio. Queremos intercambiar alimentos orgánicos, nuestro trabajo y queremos que la gente venga a conocer todo lo que estamos haciendo en las recuperaciones. No somos “indios vagos”. Somos gente trabajando y queremos que nos dejen hacerlo, que nos respeten y dejen de amenazarnos.

Gracias de verdad a toda la gente que nos han apoyado siempre en las recuperaciones de los pueblos originarios.

Recuperamos nuestras tierras porque son nuestras, para dar seguridad alimentaria a nuestras familias y a más personas y para fortalecer nuestro vínculo con la Madre Tierra.

Pedimos a nuestros Ancestros y a todos los animales del bosque que también los protejan a ustedes, que el abuelo sol caliente sus almas y sepan que ustedes también son parte de este gran proceso de saneamiento de nuestras tierras.

Hasta que muera el Sol.

Excepcionalidad en crisis

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.