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Etiqueta: recorte presupuestario

Cuando la familia sufre, la sociedad entera está herida

Carta Pastoral Profética de la Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

“Si alguien no tiene ropa ni comida, de nada le sirve que tú le digas: “Que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes”, si no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien”.
Santiago. 2:15-16, TLA.

A las iglesias, congregaciones, familias, comunidades de fe y al pueblo costarricense:

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), fiel al Evangelio de Jesucristo y a su compromiso con la vida y la justicia, levanta su voz ante la difícil situación que vive Costa Rica. Nos preocupa lo que está pasando en nuestro país: el asesinato de un periodista que nos dijo que ya no tenía nada que perder porque la justicia sobre la base de falsos testimonios le arrebató su derecho a ser padre y disfrutar de sus hijos cotidianamente, sus denuncias sobre el “narcoestado”, el alto costo de la vida, la falta de trabajo, la pobreza, la inseguridad, la violencia y la creciente incertidumbre que golpea a tantas familias. Cada día hay hogares que no saben cómo completar la comida, personas que viven agobiadas por las deudas y padres y madres que sienten angustia al pensar en el futuro de sus hijos e hijas. No podemos acostumbrarnos a este sufrimiento ni mirar hacia otro lado mientras nuestra gente lucha por salir adelante.

Costa Rica ha construido, a lo largo de su historia, importantes conquistas sociales que debemos cuidar y fortalecer. Por esto nos preocupa que las diferencias políticas, las luchas de poder y algunas decisiones de gobierno, terminen afectando a quienes más necesitan el apoyo de la sociedad y de las instituciones públicas. No se trata de estar a favor o en contra de un partido o de un gobierno, sino de estar del lado de las personas, especialmente de las más necesitadas. Gobernar significa servir al pueblo, escuchar sus necesidades y buscar el bienestar de todas las familias. Como Iglesia, creemos que cuando una familia sufre, todo el país tiene una responsabilidad.

Levantamos nuestra voz de solidaridad con las familias cuyos hijos e hijas han dejado de recibir, o ven amenazados, los beneficios de los CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral), servicios fundamentales de alimentación, atención y protección de la niñez. Nos preocupa que los recortes presupuestarios y las limitaciones de cobertura puedan significar menos alimentación, atención y oportunidades para niños y niñas que necesitan protección desde sus primeros años. La nutrición y el desarrollo integral de la niñez no son gastos innecesarios, sino una responsabilidad fundamental del país. Exhortamos a las autoridades a garantizar la continuidad y cobertura de estos servicios, porque ninguna niña ni ningún niño debería pagar las consecuencias de las decisiones presupuestarias.

Nos solidarizamos también con las familias que buscan el pan nuestro de cada día mediante el trabajo informal, las ventas callejeras, los pequeños emprendimientos y los servicios ocasionales, muchas veces sin garantías sociales ni ingresos estables. Son personas que trabajan dignamente, pero que enfrentan la incertidumbre, de no saber cuánto podrán llevar a sus hogares.

Asimismo, nos preocupan las familias atrapadas en una cultura de consumismo y endeudamiento, algunas de las cuales recurren a préstamos informales para resolver sus necesidades y terminan enfrentando usura, intimidaciones y hasta amenazas de muerte. Denunciamos estas prácticas y hacemos un llamado a promover el empleo digno, la educación financiera y alternativas de crédito responsables y accesibles. Ninguna familia debería vivir con miedo por haber buscado recursos para sostener su hogar.

Expresamos nuestra preocupación por las personas pensionadas y adultas mayores, cuyas economías se encuentran cada vez más expuestas al aumento de los combustibles, los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos. Muchas viven con ingresos limitados que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades. Quienes dedicaron su vida al trabajo merecen una vejez digna, segura y libre de abandono. Exhortamos a proteger el poder adquisitivo de las pensiones y fortalecer las políticas de atención y acompañamiento a esta población.

Nuestra juventud también merece una atención especial. Muchos jóvenes experimentan frustración y decepción ante la falta de oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal, y sienten que no han podido disfrutar plenamente de los beneficios de un Estado Solidario. Necesitan espacios donde puedan organizarse, expresar sus demandas, defender pacíficamente sus derechos, dialogar y construir propuestas para su futuro. Hacemos un llamado a las instituciones, organizaciones sociales, sectores productivos e iglesias a escucharles y reconocerles como protagonistas del presente y del futuro de Costa Rica. No podemos permitir que la falta de oportunidades se transforme en desesperanza, exclusión o violencia.

Nos duelen también las familias marcadas por las adicciones, el abandono y las distintas formas de violencia. Hay hogares donde el miedo sustituye al diálogo y donde niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores sufren las consecuencias del abuso y la desprotección.

A esto se suma el deterioro de la salud mental, provocado o agravado por las dificultades económicas, las deudas, la soledad, la violencia y la incertidumbre. Son realidades que requieren prevención, educación, atención profesional, protección institucional y acompañamiento espiritual. La Iglesia debe ser un espacio seguro para quienes sufren. Perdonar no significa justificar el abuso, ni amar significa tolerar la violencia. Defender la familia es, ante todo, defender la vida y la dignidad de cada uno de sus integrantes.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, reconocemos el valor histórico del Estado Solidario y de las instituciones públicas que han contribuido a garantizar la educación, la salud, la alimentación, la protección social y las oportunidades para amplios sectores de nuestra población. Reconocemos también que estas instituciones necesitan fortalecerse, modernizarse, transparentarse y mejorar su eficiencia. Sin embargo, fortalecer no significa desmantelar; mejorar no significa excluir; y administrar responsablemente los recursos públicos no significa trasladar las consecuencias de las decisiones a quienes menos tienen. Nos preocupa cualquier medida que debilite los servicios esenciales y profundice las desigualdades. La solidaridad no debe considerarse una carga económica, sino una expresión de justicia, responsabilidad compartida y humanidad.

Ante esta realidad, nuestra herencia wesleyana nos recuerda que la fe y las obras no pueden separarse. La santidad personal debe expresarse también en el compromiso con la justicia, la misericordia y el bienestar de nuestras comunidades. John Wesley nos dejó el testimonio de una fe que no se limitaba a las palabras, ni a las prácticas religiosas, sino que se expresaba en el servicio a las personas y en la transformación de las condiciones sociales que producen sufrimiento.

Por esto, nuestra vocación no consiste únicamente en consolar a quienes sufren, sino también en reconocer las causas de ese sufrimiento y comprometernos con su transformación.

Como IMWC, hacemos un llamado a las congregaciones para fortalecer la solidaridad con las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad afectiva cuando está ausente uno de sus progenitores por opción o por decisiones injustas o venganzas, promover espacios seguros para la niñez y la juventud, acompañar a quienes enfrentan adicciones, violencia y problemas de salud mental, defender la dignidad de las personas adultas mayores, fomentar la educación financiera y participar responsablemente en los espacios de diálogo ciudadano y defensa de los derechos humanos.

Asimismo, debemos promover el cuidado del ambiente, conscientes de que el deterioro de los recursos naturales y los efectos del cambio climático afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

A las autoridades nacionales les decimos, escuchen el clamor de las familias, escuchen el clamor de los niños y niñas, de padres y madres, de las y los jóvenes que creen que su único camino es la informalidad, gobiernen para todas las personas y evalúen las consecuencias humanas de sus decisiones. Protejan los derechos sociales y fortalezcan las instituciones públicas.

A los sectores empresariales y productivos les llamamos a promover condiciones laborales dignas, salarios justos y oportunidades para la juventud.

A las organizaciones sociales y comunitarias les exhortamos a fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la defensa de los derechos.

A las familias costarricenses les invitamos a recuperar el respeto, la solidaridad, el diálogo y el cuidado mutuo.

Y a nuestras iglesias y comunidades de fe, les recordamos que no podemos permanecer indiferentes mientras tantas familias enfrentan el hambre, la violencia, la exclusión y la desesperanza.

Esta Carta Pastoral no pretende sembrar miedo ni alimentar el pesimismo, pretende despertar conciencias, convocar voluntades y recordarnos que todavía podemos deconstruir y reconstruir nuestra convivencia. No estamos condenados a aceptar la pobreza como destino, la violencia como costumbre, la desigualdad como normalidad ni la indiferencia como forma de convivencia. La esperanza cristiana no consiste en cerrar los ojos ante la realidad, sino en mirarla de frente, reconocer el sufrimiento y trabajar para transformarlo.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos que cada niño y cada niña merece ser amado y convivir con respeto al lado de sus progenitores, alimentarse y crecer con dignidad; cada joven merece oportunidades; cada familia merece vivir sin miedo; cada persona trabajadora merece condiciones justas; cada persona adulta mayor merece respeto y seguridad; y cada ser humano merece una vida libre de violencia, exclusión y humillación.

No queremos una Iglesia encerrada en sus templos, mientras las familias se quedan sin alimento material, espiritual y socio-afectivo, ni una fe que se conforme con discursos mientras la injusticia avanza. Queremos ser una Iglesia que ore, acompañe, denuncie, proponga, sirva y actúe. Que nuestras congregaciones sean espacios donde las familias encuentren refugio, la niñez protección, la juventud oportunidades y quienes sufren una comunidad dispuesta a caminar a su lado.

Que nuestra voz profética no sea una voz de odio, sino de verdad; no de confrontación estéril, sino de justicia; no de resignación, sino de esperanza activa.

Costa Rica necesita recuperar el sentido de comunidad y recordar que nadie se salva solo, que el bienestar de una familia está relacionado con el bienestar de todas y que una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide únicamente por sus indicadores económicos, sino por la dignidad de sus habitantes.

Mientras haya una familia con hambre, una niñez desprotegida, una juventud sin oportunidades, una persona adulta mayor abandonada o una víctima de violencia sin protección, la misión de la Iglesia seguirá teniendo una tarea pendiente.

Que Dios nos conceda valentía para hablar, sabiduría para discernir, humildad para escuchar y compromiso para actuar. Que el Evangelio de Jesucristo nos siga impulsando a construir una Costa Rica, donde la justicia no sea un privilegio, la solidaridad no sea una excepción y la esperanza no sea solamente una palabra.

Con fe, compromiso y esperanza cristiana,
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC)

“Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo: Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios”.
Miqueas. 6: 8, TLA.

FETRAL convoca a vigilia y marcha en defensa de la educación superior y del TEC en Limón

La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) anunció su apoyo a la educación superior pública y se sumó a la lucha en defensa del Centro Académico de Limón del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Para ello convoca a dos actividades:

  • Miércoles 4 de noviembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vigilia por la educación frente a las instalaciones del TEC en Limón.
  • Viernes 6 de noviembre: gran marcha por la educación y la defensa del TEC, que saldrá de las instalaciones del TEC.

Bajo las consignas “No al recorte de recursos”, “Sí a la educación” y “Sí a la defensa de nuestro Estado social de derecho”, la organización afirma que “la defensa del TEC y de la educación pública es tarea de todos”.

En un mensaje adicional, FETRAL exige que se respeten las leyes 9131, 9635 y 9732. Según la organización, estas normas crearon el Centro Académico de Limón en 2014 y ordenaron que sus recursos se destinen de forma exclusiva a la juventud limonense.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026

Freddy Pacheco León: las universidades públicas ofrecen más de 700 opciones académicas y abren sus puertas a estudiantes de familias en pobreza

En medio de la discusión sobre los recortes al financiamiento de las universidades públicas, el biólogo y analista político Freddy Pacheco León recordó la amplitud de la oferta académica de las cinco universidades estatales y su papel en la movilidad social.

Por ejemplo, dos de ellas: la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece 120 carreras, que se amplían a 183 opciones al tomar en cuenta sus sedes y recintos regionales, mientras que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) imparte 44 carreras a distancia que cubren todo el país.

En conjunto, señala Pacheco, las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la UNED y la Universidad Técnica Nacional) superan las 700 opciones académicas, entre disciplinas, grados y posgrados, en diversas áreas del conocimiento.

“Pero no es solo el número lo que interesa”, advierte Pacheco, “sino la rigurosidad académica y la viabilidad de que estudiantes de familias en pobreza puedan ingresar, estudiar y graduarse”. Esto es posible, explica, gracias a los amplios sistemas de becas y otros incentivos solidarios de las universidades estatales, tal como lo orientaron próceres de la educación como Emma Gamboa, Rodrigo Facio, Omar Dengo y Joaquín García Monge.

Las declaraciones se suman a la defensa del financiamiento universitario frente a los recortes previstos en el presupuesto de 2027. Las universidades públicas, las federaciones estudiantiles y otras organizaciones convocan a un plantón el lunes 2 de noviembre para exigir el cumplimiento de los acuerdos del FEES y la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

Convocan a plantón en defensa de la educación pública el 2 de noviembre

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocan a un plantón en defensa de la educación pública para el lunes 2 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

La convocatoria pide:

  • el respeto al financiamiento constitucional de la educación;
  • el cumplimiento de los acuerdos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES);
  • la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

“¡Defendamos la educación pública!”, es el llamado de las organizaciones convocantes.

Estudiantes de secundaria se suman

El Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria también se unió a la defensa de la educación pública. En un video, cada integrante se presenta y reitera que la educación pública:

  • es parte de la democracia;
  • es la vía para romper con la pobreza;
  • es un derecho humano;
  • es la garantía para contar con infraestructura educativa segura y adecuada.

Las razones del Frente pueden escucharse en el video publicado en su cuenta de Instagram, disponible en este enlace.

El macartismo saca la cabeza

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Una comisión especial legislativa, paradójicamente, la de Derechos Humanos, acordó solo con los votos del partido de gobierno, abrir una investigación contra el dirigente del Frente Amplio Ariel Robles por declaraciones llamando a manifestarse contra los recortes al presupuesto universitario.

De acuerdo con la Constitución Política, las comisiones legislativas pueden investigar a servidores públicos sobre actos relacionados con el ejercicio de su cargo, pero respecto de las personas privadas no tienen absolutamente ninguna competencia para investigarlas por sus actos u opiniones políticas. Existe sobre eso un límite infranqueable.

Cuando el poder adquiere o se otorga para sí la facultad o capacidad de investigar a las personas por la expresión de sus opiniones, estamos ante un régimen autoritario que limita las libertades de opinión y de expresión. Estaríamos entrando en un régimen totalitario al mejor estilo de las dictaduras.

En la década de los cincuenta, en plena Guerra Fría, surgió el macartismo, así llamado porque fue encabezado por el senador Joseph McCarthy, caracterizado por una práctica pública de acusaciones a muy distintas personas de ser simpatizantes del comunismo, agentes subversivos o traidores a la patria, realizadas sin ningún fundamento o pruebas y sin debido proceso.

Este es el método que el chavismo pretende introducir desde la Asamblea Legislativa: la vendetta o venganza pública sin mayores derechos contra un ciudadano que es una persona privada, por la expresión de sus ideas o pensamiento.

La expresión de las ideas conlleva la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se puedan derivar. Y para eso están los tribunales. Si alguien considera que esas manifestaciones atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pueden acudir a los tribunales. Es el mecanismo en un Estado de derecho.

Pero de ahí a llevar a un ciudadano, que en su carácter particular ha expresado sus opiniones, ante una comisión legislativa, para, sin mayores garantías, ser sometido a una investigación, es la más clara y brutal violación a los principios y derechos constitucionales: esa sigue siendo la ruta del chavismo, la ruta del fascismo.

SIUNED cumple tres años y señala quién paga la crisis presupuestaria en la UNED

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) cumplió tres años el 16 de octubre. Con ese motivo publicó un pronunciamiento en el que hace un balance de su trayectoria y fija su posición sobre los salarios, la estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y la crisis presupuestaria de la universidad.

El sindicato se fundó el 16 de octubre de 2023. Según el documento, nació de la organización de las personas trabajadoras frente a varios problemas:

  • las reformas que afectaron los componentes salariales;

  • la imposición de un salario global transitorio que califica de “paupérrimo”;

  • el deterioro histórico de las condiciones laborales en la UNED frente a otras universidades públicas.

Hoy tiene 950 personas afiliadas, entre personal administrativo, profesional y docente de todos los ámbitos institucionales.

En el texto, el SIUNED sostiene que su crecimiento demuestra la necesidad de mantener la organización sindical “incluso en un período marcado por medidas contra la clase trabajadora y por discursos que presentan la acción colectiva como innecesaria”. Recuerda que las garantías laborales no nacieron de la generosidad de quienes concentran el poder, sino de movilizaciones, conflictos y resistencias. Para sustentarlo cita a Abramovich y Courtis y a Grau-Crespo (2024), quien describe cuatro décadas de deterioro del empleo público, flexibilización laboral y antisindicalismo en el país.

Un sindicato independiente, clasista y combativo

La organización se define como independiente, clasista y combativa. Aclara que la independencia “jamás significa aislamiento ni rechazo al diálogo”: quiere decir que sus decisiones responden solo a los intereses de las personas trabajadoras y no a una administración, un gobierno, un partido o un grupo de poder. El pronunciamiento afirma que la Administración de la UNED, en algunos momentos, “ha pretendido señalar esta independencia sindical, con el objeto de frenar el pensamiento alternativo”.

El carácter clasista, explica, parte de reconocer que el personal académico, el administrativo, el profesional y el no profesional comparten una condición común: dependen de su trabajo para sostener su vida. Desde ahí, el sindicato entiende como problemas colectivos y no individuales:

  • el interinazgo histórico;

  • el desconocimiento de horas extra;

  • el congelamiento salarial;

  • la sobrecarga de trabajo.

Con base en Sepúlveda Malbrán y Frías Fernández (2007) y en Barretto Ghione (2017), el SIUNED plantea que la combatividad debe combinar movilización, formación, investigación, negociación y propuesta. Señala que el diálogo social solo es democrático cuando existen organizaciones con capacidad real de participar: “Dialogar desde la debilidad o sin fundamentación suficiente puede convertirse en mera consulta, o aún peor, conducir a la derrota”.

Salarios, estabilidad y presupuesto

Entre sus logros, el sindicato destaca la lucha por el reconocimiento del costo de vida de 2020 y 2026, con la que se obtuvo un ajuste del 3,5% en las bases salariales. También sigue luchando por recuperar la anualidad del 5%, “de conformidad con lo que indican las últimas resoluciones de los tribunales de justicia”. El documento afirma que, ante las demandas del sindicato mayoritario, la Administración y el Consejo Universitario “han utilizado la estrategia del avestruz”.

Otros puntos del balance:

  • Estabilidad laboral. En 2025 el SIUNED presentó al Consejo Universitario una propuesta para dar continuidad a los nombramientos de las personas interinas.

  • Petitoria de 2026. Une demandas laborales, financieras, institucionales y democráticas. Denuncia que persisten atrasos en los pagos al personal a tiempo parcial, mientras se reduce el tiempo reconocido para las tareas, se limitan sustituciones, se congelan plazas o se reparten las mismas responsabilidades entre menos personas.

  • Otras gestiones:

    • impulsó una normativa interna para prevenir y sancionar el acoso laboral;

    • tiene presencia en todas las comisiones institucionales con representación del sector laboral;

    • ofrece asesoría legal y atiende consultas diarias.

Sobre el financiamiento universitario, el sindicato dice que desde su fundación ha defendido el FEES “de forma decisiva” y ha denunciado “la errática estrategia seguida por CONARE en sus negociaciones”. Agrega que esa defensa no puede ser acrítica: exige transparencia, prioridades claras y rendición de cuentas. Para el SIUNED, el FEES pasa por exigir que se cumpla el 8% del PIB para la educación pública, “no por negociaciones parciales y sometiéndose a la agenda del gobierno”.

En cuanto a la crisis presupuestaria de la UNED, el pronunciamiento reconoce que existen restricciones financieras. Explica que la universidad ha aplicado medidas de contención que afectan plazas, contrataciones, jornadas, giras y presencialidad, y plantea la pregunta de fondo: “¿quién termina pagando el costo?”. Con base en Baylos (2020) y la experiencia española posterior a la crisis financiera, advierte que las políticas de austeridad pueden modificar de manera duradera las relaciones de poder en el trabajo. “Defender presupuesto y defender derechos laborales son partes de una misma lucha cuando el objetivo es preservar la educación pública como derecho”, concluye.

El tiempo de trabajo y la digitalización

Otro eje del documento es el Sistema de Tiempos para la Actividad Académica (SITA). En 2026, el sindicato rechazó la propuesta de lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia por dos razones: desconocía el trabajo previo hecho con distintos actores institucionales y, sobre todo, podría causar afectaciones regresivas en las condiciones laborales. “El tiempo también es salario y el tiempo también es vida”, afirma el texto. Si una actividad mantiene su complejidad pero se reducen las horas reconocidas, el trabajo no desaparece: se convierte en trabajo no reconocido, en jornadas extendidas o en presión para producir más en menos tiempo.

El SIUNED vincula ese debate con la digitalización del trabajo. Hoy el control puede ejercerse mediante indicadores, plataformas, formularios y tiempos estandarizados. Citando a Baylos (2022), plantea que, si un sistema distribuye cargas, mide productividad o condiciona evaluaciones, las personas trabajadoras y sus organizaciones deben conocer sus criterios y participar en su definición, algo aún más relevante con la expansión de la inteligencia artificial. Sobre el teletrabajo, con base en Romagnoli, advierte que la virtualidad puede producir disponibilidad permanente y extender el trabajo hacia el tiempo personal. El documento lo llama “colonización de la vida cotidiana”.

El pronunciamiento sostiene que las autoridades del Consejo Universitario y la Rectoría no han cuestionado esas dinámicas y que, por el contrario, siguen pidiendo sacrificios. Lo resume así: “En cuanto a temas de condiciones laborales, la UNED es candil en la calle y oscuridad en la casa”. Por eso el sindicato incluye en su agenda:

  • el derecho a la desconexión;

  • el respeto a las jornadas declaradas;

  • el pago del tiempo efectivo de trabajo;

  • la salud ocupacional en entornos digitales;

  • la transparencia de los sistemas automatizados.

“No basta con defender derechos del siglo XX frente a problemas del siglo XXI: es necesario conquistar nuevos derechos”, señala.

Organización y movilización

El SIUNED cierra con una agenda que incluye la defensa salarial, la reducción del interinazgo, el reconocimiento integral del tiempo de trabajo y la participación real en las reformas institucionales. Afirma que la defensa de la universidad pública está ligada al financiamiento educativo, la seguridad social, los servicios públicos y el empleo digno, y llama a la unidad sindical, popular y estudiantil para enfrentar “el modelo neoliberal capitalista”. También advierte que “los criterios jurídicos e informes no alteran las relaciones de poder por sí solos. Exigen organización, respaldo colectivo y movilización unitaria”.

“Las conquistas del pasado parecieron en su momento demandas imposibles”, concluye el documento, que termina con las consignas “¡Tres años de lucha! ¡Ahora sí hay sindicato en la UNED! ¡Unidad de la clase trabajadora!”.

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Carta abierta al sector productivo nacional y a la ciudadanía costarricense

Es tiempo de rescatar la vía costarricense

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico y especialista en política internacional y desarrollo

A las cámaras empresariales, a los líderes del sector productivo, a los sectores sociales y a toda la ciudadanía de Costa Rica.

Históricamente, Costa Rica ha sido reconocida en el mundo no por la fuerza de sus armas, sino por la sabiduría de su pacto social. Hemos construido una nación bajo la premisa fundamental de que aquí nadie sobra. Sin embargo, hoy nos encontramos atrapados en una peligrosa deriva: una polarización estéril donde algunos parecen apostar por una lógica de suma cero, creyendo falsamente que el país avanza si un bando destruye al otro.

Como académico y estudioso del desarrollo y la política internacional, debo decirlo con absoluta claridad: la vía costarricense nunca ha sido la de que un bando gana y otro pierde sobre las ruinas del adversario. Pensar que se puede echar a unos por la borda, ya sea asfixiando lo público por mero capricho ideológico o ignorando las necesidades de dinamismo económico del sector productivo, no es una victoria política, es un suicidio nacional a largo plazo y un retroceso imperdonable en nuestra prosperidad y bienestar común.

No podemos tolerar, bajo ningún criterio de sensatez, posturas tan miopes como aquellas que celebran los recortes a la educación pública simplemente porque no se aprobó un proyecto de privatización eléctrica o cualquier otro argumento. Esa mentalidad vengativa, pobre y egoísta debe ser superada de inmediato. ¿Cómo pretende el sector productivo competir en los mercados internacionales del mañana si aplaude o calla ante el debilitamiento del semillero de nuestro talento humano? Los estudiantes de hoy son la mano de obra calificada, los ingenieros y los científicos que las empresas van a necesitar para sobrevivir.

Ver la educación como un gasto prescindible es una muestra de ceguera imperdonable y de fanatismo ideológico. Pero el desarrollo tampoco se construye desde el resentimiento ni desde la trinchera permanente. Costa Rica necesita ambas cosas y las necesita juntas: necesitamos una educación pública robusta y bien financiada, y al mismo tiempo necesitamos energía abundante y a mejor precio, competitividad, paz social y empleo digno para todos.

La verdad más elemental, que a menudo se nos olvida en medio de las disputas ideológicas, es que nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Ningún sector puede prosperar de manera sostenible sobre la miseria o la exclusión del otro. Por esta razón, hago una excitativa vehemente al sector productivo nacional y a todos los actores sociales: es hora de dejar de lado el egoísmo, salir de las trincheras y unirse para construir una agenda país conjunta.

Conversemos con altura, depongamos los odios sectarios y entendamos que en Costa Rica o ganamos todos, o perdemos todos.

Convirtamos este momento de quiebre en la oportunidad para demostrar que nuestra democracia sigue siendo capaz de encontrar acuerdos superiores.

Por qué manifestarse en favor de la universidad pública costarricense

Alejandro Guevara Arroyo

1. La convocatoria: la defensa de la universidad pública costarricense

El día 20 de octubre de 2026 se ha convocado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense en general para manifestarse públicamente en favor de la universidad pública costarricense.

Dicha manifestación se da con motivo de los considerables recortes planteados por el movimiento que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo nacional y una mayoría de la Asamblea Legislativa, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026 y en el Presupuesto Nacional de 2027, particularmente en lo relativo al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según se ha informado, dichos recortes implicarían un perjuicio importante para las instituciones universitarias públicas, al comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y acción social, así como para la continuidad y el desarrollo de diversos programas y servicios dirigidos a la comunidad nacional.

2. El problema: la legitimidad del fin y la adecuación del medio

Ante dicha convocatoria, la pregunta propia de cualquier persona políticamente responsable, que se entiende integrante de una comunidad política, es si existe un deber que le sea pertinente para asistir a dicho evento. Entiendo que dicha cuestión puede ordenarse en dos niveles:

  • Si es legítimo o correcto el fin o principio normativo de aquello que se pretende lograr con la acción.

  • Si el medio seleccionado es adecuado para alcanzar dicho fin.

Consideremos primero el segundo de estos asuntos.

3. La protesta social: un derecho fundamental para el autogobierno democrático

Sabemos, por supuesto, que en el orden constitucional costarricense el derecho a la protesta social es un derecho político fundamental constitucionalmente protegido. Es, además, un genuino derecho humano, en tanto forma parte de los derechos políticos a la participación democrática. Se trata de lo que muchos pensadores llaman «derechos de los derechos»: derechos que garantizan acciones que sirven para exigir y definir el alcance de otros derechos fundamentales.

Su sentido democrático es centralmente expresivo. Por un lado, comunica a la comunidad política en general, y a los representantes en especial, posiciones y demandas políticas que por cualquier razón pueden estar opacadas en la agenda pública regular. Por otro lado, advierte a las élites políticas que existe una cantidad significativa de ciudadanos con capacidad de acción colectiva, lo que por cierto puede tener consecuencias electorales posteriores.

En ambos sentidos, la protesta constituye una forma de ejercicio del autogobierno democrático, mediante la cual la ciudadanía interviene en la formación y el control de las decisiones públicas, más allá de los procesos electorales. La importancia democrática de dicho derecho se subraya en órdenes socio-políticos profundamente elitistas como el que efectivamente existe en un país como Costa Rica.

Por lo dicho, la efectividad de la protesta social depende, en especial en la coyuntura socio-política actual, de su visibilidad política. A su vez, ello depende, entre otros factores, de su magnitud. Ello nos devuelve a la cuestión inicial de si la persona ciudadana, en tanto individuo, debería contribuir a conformar dicha magnitud, a riesgo de no lograrlo (i.e. de perder el tiempo).

4. La universidad pública como bien común y su defensa como deber de justicia

La respuesta a este asunto se encuentra en determinar el deber cívico de participar dada la justicia o valor intrínseco de los reclamos que se intentan visibilizar con la manifestación. En otras palabras, aunque la contribución individual no garantice el éxito de la acción colectiva, su justificación puede descansar en el deber de contribuir, aun así, a la protección de un bien común. Se trataría, entonces, de un deber de justicia: contribuir, en la medida de las propias posibilidades, a sostener las instituciones que hacen posible una comunidad política de personas libres e iguales.

Determinar esta cuestión normativa consiste en establecer si el bien dañado por la política que promueve el gobierno es de tal índole que todas y todos tengamos el deber cívico de protegerlo. Entiendo que la respuesta es afirmativa: la universidad pública, humanista y nacional es un bien que debe ser defendido por toda la comunidad política costarricense.

a. Que la universidad sea pública quiere decir, primero, que los bienes que genera o hace posible son distribuidos por criterios independientes de los del mercado. Así, dado que la educación superior es un derecho social, las personas han de poder disfrutar de él independientemente de su capacidad económica (en el sentido desarrollado por el jurista y filósofo del derecho chileno Fernando Atria, para quien los derechos sociales requieren instituciones organizadas bajo un régimen de lo público, en el que el acceso a ciertos bienes se funda en la condición de ciudadanía y no en la capacidad de pago).

b. Que sea humanista quiere decir que propicia, tanto en la educación que brinda como en otros bienes que ofrece a la sociedad, el florecimiento humano en toda su integridad. El sentido de la actividad universitaria, entonces, no es contribuir a la sociedad de consumo, sino generar las condiciones para que las personas humanas que integran su comunidad y la comunidad nacional puedan desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, morales, creativas y políticas, como dimensiones de la realización humana plena.

c. Que sea nacional quiere decir que los bienes que genera y ofrece son centralmente para la comunidad nacional, la patria, sin que ello excluya su contribución al conocimiento y al bienestar de la humanidad en general.

5. La justicia de la universidad pública: igualdad de oportunidades y progreso de la comunidad política

Entiendo que dos son las principales razones que fundamentan la justicia de una institución de esta índole:

  1. El ascenso social:

Consiste en la posibilidad efectiva de que las personas mejoren su posición socioeconómica respecto de aquella de su familia de origen, mediante el acceso a oportunidades educativas y profesionales que no dependan decisivamente de su condición social inicial.

Se trata de un objetivo dependiente de un principio social de justicia redistributiva que fácilmente podría emparentarse con el principio rawlsiano de justa igualdad de oportunidades y, complementariamente, con el principio de diferencia, según el cual las desigualdades sociales y económicas solo se justifican si redundan en el mayor beneficio de las personas menos aventajadas de la sociedad. Notablemente, es un principio dirigido a la mejora del bienestar social de las personas, especialmente de las menos aventajadas, mejorando las oportunidades para el progreso económico de los individuos que integran la sociedad.

b. Progreso de la comunidad costarricense en general, al menos de dos maneras:

Primero. Tal y como fue diseñada la universidad pública de las repúblicas modernas, en especial bajo la tradición republicana francesa (en la que destaca Louis Liard, 1846-1917, filósofo y reformador de la enseñanza superior francesa, quien concibió la universidad como una institución fundamental para el desarrollo científico, intelectual y moral de la nación y la consolidación de la República): la institución universitaria tiene como función esencial formar a profesionales que contribuyan directamente a la construcción de la nación, que es la República misma. Ello por el nivel tanto humanístico como especializado que caracterizaría a dicha educación, y por los lugares que irían a ocupar sus profesionales en dicha sociedad, destacando su presencia en las altas jerarquías estatales, pero también privadas.

Segundo. En el caso de Costa Rica, porque una parte sustancial de la producción de conocimiento científico y técnico del país depende directamente del entramado institucional universitario público. Según datos del Programa Estado de la Nación, las universidades públicas generaron el 78 % de la investigación científica publicada en el país entre 2000 y 2021, lo que le brinda a la comunidad nacional el bien público central del conocimiento necesario para ejercer la soberanía y otros bienes complementarios, dependientes de ámbitos particulares de acción públicamente relevante (salud, administración, agro, etc.). En este sentido, la producción pública de conocimiento contribuye a que la comunidad política disponga de capacidades propias para decidir sobre sus asuntos comunes, sin depender enteramente de poderes e intereses particulares.

6. La defensa de la universidad pública es un deber cívico general, no un interés corporativo

Es así que la protección de la universidad pública costarricense no es una cuestión de interés de una facción o corporación social particular, sino que es un deber cívico general de toda la comunidad política. No se trata, por tanto, de defender los privilegios de quienes integran la institución, sino las condiciones institucionales que permiten realizar bienes públicos y derechos comunes. Dicho deber resulta más demandante, si cabe, para las personas que ocupan puestos de docencia, investigación o dirección en dicho entramado, en tanto son los vehículos institucionales esenciales para la realización de los altos fines públicos que hacen inteligible la institución.

7. En conclusión

Dadas dichas consideraciones, pareciera claro que sí existe un deber cívico de asistir a la manifestación convocada para el día de mañana 20 de octubre y ejercer el derecho constitucional a la protesta social, pero también de convocar, por las razones señaladas u otras relevantes, a que asista toda la comunidad universitaria y la ciudadanía general.

Nota del autor: Este documento recibió una revisión ortográfica mediante el instrumento ChatGPT. El autor constató el producto de manera íntegra.