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Etiqueta: recorte presupuestario

Un ajuste que profundiza la desigualdad social

Comunicado de BUSSCO

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respalda el llamado de la RIETCU y rechaza categóricamente el presupuesto extraordinario que recorta ₡70.000 millones a programas de cuido, votado en primer debate con los votos de la fracción oficialista y con 24 votos en contra de PLN, Frente Amplio, PUSC y la CAC.

Este recorte se suma a una tendencia sostenida de desmantelamiento de la inversión social: solo la inversión del IMAS cayó un 8,5% entre 2021 y 2025. Ahora se golpea a los CEN-CINAI (28,7% de su presupuesto anual) y se deja a 2.400 familias sin acceso al bono de vivienda del BANHVI. No es austeridad técnica: es una decisión política que sacrifica a la niñez, la vejez y las mujeres trabajadoras para sostener un modelo económico que nunca recorta privilegios, solo derechos.

El derecho al cuido es un derecho humano autónomo, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 31 de 2025. Recortarlo es un retroceso inaceptable frente al principio de progresividad.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y comunales a movilizarse para rechazar este ajuste que carga sobre las poblaciones más desprotegidas el costo de la crisis fiscal.

No al recorte. Sí a la vida y al cuido como derecho.

El presupuesto como látigo: la encrucijada de la democracia costarricense

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.

La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.

Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.

La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.

Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.

La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.

La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.

El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.

Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.

Contraloría sostiene que recorte presupuestario comprometería la fiscalización y propone alternativas al Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.

En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.

Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.

La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.

Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.

Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.

En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.

Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.

La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.

La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.

La deuda a la CCSS es un crimen social del neoliberalismo

El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.

I. Lo que está ocurriendo

Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.

Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.

Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).

Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.

II. Nuestra condena

El Partido Vanguardia Popular considera que:

Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.

El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.

La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.

La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.

III. Demandas del PVP

Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:

Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.

Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.

Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.

Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.

Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.

IV. Nuestro compromiso

El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.

Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.

Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.

Partido Vanguardia Popular

23 de setiembre 2025

Defensoría revisará posibles recortes a entidades públicas en presupuesto 2025

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.

A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.

La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.

También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.

La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Desde la Otra Acera – Educación pública en crisis – episodio 19

Se aborda el tema de la educación pública en crisis. Durante la sesión se consulta a los juristas cuáles son los principales retos que afronta la educación pública, a lo que responden que las principales problemáticas incluyen:

-Falta de recursos humanos y tecnológicos.

-Cantidad importante de personal, pero insuficiente para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) sea eficiente y eficaz.

-Centros educativos que no cuentan con las condiciones básicas.

-Trabajadores de la educación que deben hacer el trabajo de otros porque no se sustituyen las plazas, lo cual violenta sus derechos y afecta su salud, convirtiéndose en un tema de salud ocupacional.

-Se retoma el estado de la educación según el presupuesto asignado, los problemas económicos, la problemática de los nombramientos y el pago en tiempo y forma, la sobrecarga laboral de los docentes y la sobrepoblación en las matrículas.

El principal problema es el recorte presupuestario implementado en los últimos años, la falta de una visión estratégica y de responsabilidad social. No se entiende que la educación pública es uno de los pilares de nuestra democracia, y hay falta de reconocimiento a los educadores, por lo que se destaca el impacto de los recortes:

¿A quiénes afectan los recortes y qué tanto deben preocuparse los padres de familia? Es preocupante para los comedores escolares. Sin comedores, no hay educación. Los recortes afectan mucho a los comedores; los niños y adolescentes, sin estar bien alimentados, no pueden recibir una enseñanza adecuada. Los perjudicados son los costarricenses. Además, los comedores también enfrentan problemas de infraestructura y órdenes sanitarias; las cocinas no tienen los materiales idóneos para preparar los alimentos, ni los conserjes tampoco. Se les dice que no hay presupuesto, pero el problema es la mala administración de las juntas directivas.

Consecuencias de los recortes

Los estudiantes han recibido clases en condiciones de lluvia o sol intenso. Los recortes se reflejan en la deserción escolar, afectando las becas, el transporte y la educación. Estos niños son los que buscan las bandas de narcotráfico y mueren en atentados. Por esto, la educación es uno de los ejes que permiten que el país sea mejor. No es únicamente una cuestión de los docentes, sino de la comunidad, del país entero, de los padres de familia y de las juntas directivas para respetar el 8% que indica la Constitución Política.

Perspectivas y políticas

El tema de los recortes es que la educación se debe ver como una inversión a largo plazo. Todos los costarricenses tienen la obligación de contribuir. Son las poblaciones vulnerables las que sufren estos atropellos. Esto obedece a políticas mundiales; Costa Rica no es el único país con recortes, también los hay en Europa y Latinoamérica, debido a que hay grupos de poder de élite mundial que solo les interesa cierto grado académico. La educación es lo único que permite a un individuo ser mejor persona y migrar en la escala social. Este tema debe abordarse con responsabilidad; no son solo cifras, son cifras con rostro humano.

La educación puede ser vista como un elemento opresor o emancipador, dependiendo de la cobertura que tenga sobre la sociedad. Cuando se discuten temas de educación pública en espacios privados, hay alerta roja. Cuando la educación se observa desde la óptica privada, se ve como un elemento de mercantilización, respondiendo a problemas estructurales no resueltos.

Visión del gobierno

El gobierno se ha caracterizado por no tener una visión clara sobre lo que quiere establecer en materia educativa. Habla de una mejora fiscal, pero son las condiciones laborales y los salarios públicos los que pagan esta crisis fiscal. Se culpa a las instituciones públicas y a los trabajadores públicos de la crisis.

La Contraloría solicitó que se quite la regla fiscal a la educación pública. Todos estamos involucrados en dar soluciones a la educación pública. Este gobierno ha sido muy atípico. La ruta de la educación es un concepto abstracto; se necesita un documento que indique hacia dónde vamos. En educación no hay una meta clara ni se sabe cuál es el enfoque. La educación pública nunca debió haber ingresado a la regla fiscal; sacarla de la regla fiscal sería lo mejor.

Puede ver el programa completo:

Cultura debe resolver ejecución presupuestaria para sobrevivir

El juego de los diablitos, es parte de la expresión cultural que aportan las regiones. Foto con fines ilustrativos. Territorio Indígena Boruca, enero 2024. Marcia Silva Pereira.

Entre protestas, mociones y rendición de cuentas, el sector cultura logró evitar el recorte presupuestario de 855 millones de colones en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para este 2024.

La reducción estaba justificada principalmente en la falta de ejecución sostenida por más de 10 años. Ada Acuña, diputada oficialista y gestora cultural de amplia experiencia en el medio, expuso en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Cultura ha subejecutado 8 mil millones de colones en la última década.

El recorte se logró evitar gracias a una propuesta presentada por el Movimiento del sector cultura, liderado por el activista Alejandro Méndez, quienes promovieron el arte y la cultura como herramienta para evitar la violencia en los jóvenes. Esta idea fue apoyada por la mayoría de los legisladores de dicha comisión, por lo que el presupuesto no fue reducido.

Ante esta coyuntura, el programa de televisión de la Universidad Nacional, UNA Mirada, invitó a miembros del ámbito cultural costarricense para conversar sobre los principales retos que enfrentan. Los panelistas coincidieron en que el sector tiene muchas limitaciones en la ejecución de los presupuestos anuales por lo que resolver este aspecto administrativo es fundamental para sostener del financiamiento a corto y mediano plazo.

“Es cierto, es un reto enorme ejecutar cada una de nuestras instituciones, los diferentes puestos y presupuestos para cultura, con las limitaciones contenidas en la ley de ejecución y ahora con los nuevos requisitos de la ley de contratación administrativa”, explicó Vera Vargas León, viceministra de Cultura y Juventud.

Méndez apoyó a la jerarca. “Si tuviéramos más recursos, por supuesto, tendríamos más programas, pero no podemos hablar de tener más dinero si no mejoramos la capacidad de ejecución del mismo. Por dicha logramos recuperar esos 855 millones de colones, que van orientados a programas para prevención de la violencia; ahora depende del Ministerio Cultura y del Ministerio de Hacienda ejecutarlos”, sostuvo el activista.

Ante esta iniciativa, Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UNA, considera que el arte es una herramienta muy efectiva para prevenir la violencia y rescatar a los jóvenes que están expuestos a pandillas, drogas y narcotráfico. Acuña puso como ejemplo el Festival de Poesía de Medellín, espacio cultural que la ciudad decidió utilizar para atacar la violencia que se vivía en este territorio. Por lo tanto, la ejecución del proyecto propuesto por el sector cultura es muy positivo para el país y podría tener excelente resultado, que repercutirían en la seguridad ciudadana.

Pablo Solís Barquero, decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), agregó que la eficiencia de la ejecución debe ir acompañada con una visión de futuro, del país que deseamos ser y la cultura que queremos rescatar, construir y promover. De ahí que la inversión también debe estar en la educación y formación de artistas, eje vital para el desarrollar personas sensibles y críticas. “El gobierno tiene que brindar la oportunidad para que la sociedad pueda desarrollarse; tiene que haber una inversión en lo humano porque como seres humanos no nos puede faltar arte en la vida”, acotó.

Otro reto que se planteó en UNA Mirada es la dificultad implícita que tiene la diversidad territorial, artística y cultural del sector y los desafíos que conlleva adaptar los programas y proyectos a dichas poblaciones.

“Hay un reto mayor, que aunque seamos un país pequeño en extensión, somos diversos y las necesidades están en el territorio y su gestión la hacen desde su experiencia; como un campesino y su conocimiento ancestral y patrimonial, quien está en la costa, quien vive en un territorio indígena o quien está en la capital. Están gestionando y haciendo cosas e impulsan sus proyectos. El reto es cómo nosotros, como instituciones, entendemos esta diversidad de culturas y cómo facilitamos las mejores opciones de servicios y oportunidades para que esas personas puedan acceder a los recursos que vamos a gestionar, a defender y a demandar del presupuesto” expresó la viceministra Vargas.

Paralelamente a la diversidad cultural de los productores y promotores artísticos, la descentralización es otra de las trabas que se debe resolver con urgencia. “Es vital que hagamos mejores y mayores esfuerzos por desconcentrar nuestros recursos y la oferta. Dar mejores opciones a quienes están en la periferia y fortalecer los gobiernos locales”, señaló Vargas. La jerarca considera fundamental el trabajo que realizan los centros cívicos por la paz, las sedes universitarias y los gobiernos locales en la promoción cultural y el desarrollo artístico de las poblaciones.

El decano Solís exaltó el trabajo de las universidades públicas en todo el territorio nacional, pues aportan a la gestión cultural en las regiones y con diversos actores y promotores artísticos. “Tenemos que entender que las universidades públicas son un bastión fundamental en que exista ese derecho al arte y la cultura. Formamos a profesionales que nutren todo el país, son como hormigas que andan por todas partes y han generado pluralidad dentro del arte contemporáneo costarricense”, concluyó.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

40 mil millones de colones menos para la vivienda

Por José Daniel Gamboa Araya

El Gobierno de la República y el Ministerio de Hacienda han anunciado el recorte de 30 mil millones de colones al BANHVI para el presupuesto del 2024. También han confirmado que los 10 mil millones de colones que no giraron en el 2023 a la vivienda tampoco se les girará al BANHVI. Lo anterior significa que unas 5000 familias perderán sus viviendas este año si se les permite al gobierno ejecutar esos recortes. 

De acuerdo a la información brindada por Nogui Acosta Ministro de Hacienda esos recortes serán destinados al pago de la deuda. Por otro lado, el Gobierno ya había anunciado que no se tocarán las pensiones de lujo, se suman miles de millones de colones. Ante esta eventualidad a las familias no les quedará más recurso que salir a la calle a defender su derecho a la vivienda digna. 

El Bloque de Vivienda seguirá recogiendo toda la información que se genere tanto en Casa Presidencial como en el Ministerio de Hacienda. Las familias pobres tienen derecho a conocer lo que hace el gobierno con la plata para Vivienda.

Día Mundial de la Educación: Retos educativos en Costa Rica

Susana Jiménez Sánchez
Vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA)

En el marco del Día Mundial de la Educación, es imperativo reflexionar sobre la trascendencia de la educación en la vida de quienes hemos nacido y crecido en Costa Rica. La educación ha sido un pilar fundamental que ha moldeado nuestro desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, en este momento histórico, nos enfrentamos a desafíos significativos que requieren una revaluación profunda de la educación pública.

La situación actual en el sistema educativo costarricense revela preocupantes rezagos, como la pérdida de aprendizaje equivalente a dos años, según datos del Banco Mundial y la UNICEF. Este fenómeno, destacado en el Noveno Informe del Estado de la Educación, plantea la posibilidad de una generación de estudiantes por debajo de las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Además, el recorte presupuestario para la educación pública en 2024, representando solo el 5.2% del PIB, amenaza con afectar la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad, impactando a más del 40% del estudiantado en centros educativos públicos.

En este contexto crítico, es esencial que los líderes políticos en Costa Rica reconozcan la educación como una inversión social primordial. La asignación de recursos económicos adecuados se vuelve imperativa para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema educativo y para contrarrestar las desigualdades estructurales que persisten. La educación no solo moldea individuos competentes, sino que también se erige como una estrategia vital para disminuir la violencia y la criminalidad, cerrando las brechas sociales y proporcionando oportunidades equitativas a todos los sectores de la sociedad.

Frente a estos retos, es crucial implementar estrategias que nos conduzcan a transformar nuestras diversas realidades. Desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación dela Universidad Nacional (CIDE-UNA), enfatizamos la importancia de mejorar la formación docente continua, permitiendo a quienes están en las aulas actualizar sus conocimientos y mejorar sus prácticas pedagógicas. Es esencial que la sociedad costarricense reconozca que la educación es responsabilidad de todos, individuos y organizaciones por igual, y que nuestra participación activa es fundamental para mejorar la situación actual.

En este sentido, estas acciones, respaldadas por un aumento significativo en la inversión educativa, tienen el potencial de revertir los rezagos en la educación básica y media en Costa Rica en 2024. Al unir esfuerzos y trabajar en conjunto, podemos sentar las bases para un futuro educativo próspero y equitativo, donde cada estudiante tenga acceso a una educación de excelencia. ¡Feliz Día Mundial de la Educación!

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Imagen: UCR.

UCR alerta sobre posible cierre técnico del Lanamme debido a problemas presupuestarios

El Lanamme contribuye a mejorar la calidad, reducir los costos e incrementar la innovación tecnológica, desde una perspectiva de ingeniería moderna, esencial para un sector clave de la economía. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)

Alejandra Amador Salazar

Periodista, UCR

Mediante un Pronunciamiento aprobado la mañana de este jueves por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó las disminuciones presupuestarias que ha debido afrontar el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) desde el año 2019 y le exigió al Poder Ejecutivo que cumpla con lo que establece la Ley N.° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria y su reforma en la Ley 8603 y asigne el 1% del impuesto a los combustibles que le corresponde a este Laboratorio.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, la reducción de los recursos ha perjudicado gravemente la operación y correcta ejecución de las tareas del LanammeUCR, dejándolo a las puertas de un posible cierre técnico para el 2024.

Ante esta situación, la UCR alerta a la sociedad costarricense, ya que la fiscalización de las obras públicas, que por ley le compete a esta casa de estudios superiores a través del LanammeUCR, se vería limitada, con el consecuente riesgo que implica el uso inadecuado de los fondos públicos invertidos en infraestructura y posible pérdida de vidas humanas.

Los recortes presupuestarios han provocado, entre otros inconvenientes, que el LanammeUCR dejara de adquirir equipos especializados, así como una baja importante en el mantenimiento de equipos, adquisición de repuestos y accesorios, material e instalaciones de laboratorio y flotilla vehicular que se utiliza para la evaluación y fiscalización de proyectos de infraestructura vial.

Asimismo, se han limitado los cursos de capacitación, se suspendió la compra de software y se ha dado fuga de personal técnico y profesional, debido a la incertidumbre laboral y a la falta de salarios competitivos.

La UCR considera que si la disminución de recursos persiste, en el corto plazo se podría ver afectada la atención que el Laboratorio brinda durante situaciones de emergencia en eventos extremos, por solicitud del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para evaluar de forma rápida los daños a la infraestructura vial.

El LanammeUCR es un laboratorio de ámbito nacional especializado en la investigación aplicada, la docencia y la transferencia tecnológica en el campo de la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales, cuyo objetivo es proteger la vida humana y las inversiones que se hagan en la materia de su competencia.