La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.
A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.
La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.
También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.
La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Se aborda el tema de la educación pública en crisis. Durante la sesión se consulta a los juristas cuáles son los principales retos que afronta la educación pública, a lo que responden que las principales problemáticas incluyen:
-Falta de recursos humanos y tecnológicos.
-Cantidad importante de personal, pero insuficiente para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) sea eficiente y eficaz.
-Centros educativos que no cuentan con las condiciones básicas.
-Trabajadores de la educación que deben hacer el trabajo de otros porque no se sustituyen las plazas, lo cual violenta sus derechos y afecta su salud, convirtiéndose en un tema de salud ocupacional.
-Se retoma el estado de la educación según el presupuesto asignado, los problemas económicos, la problemática de los nombramientos y el pago en tiempo y forma, la sobrecarga laboral de los docentes y la sobrepoblación en las matrículas.
El principal problema es el recorte presupuestario implementado en los últimos años, la falta de una visión estratégica y de responsabilidad social. No se entiende que la educación pública es uno de los pilares de nuestra democracia, y hay falta de reconocimiento a los educadores, por lo que se destaca el impacto de los recortes:
¿A quiénes afectan los recortes y qué tanto deben preocuparse los padres de familia? Es preocupante para los comedores escolares. Sin comedores, no hay educación. Los recortes afectan mucho a los comedores; los niños y adolescentes, sin estar bien alimentados, no pueden recibir una enseñanza adecuada. Los perjudicados son los costarricenses. Además, los comedores también enfrentan problemas de infraestructura y órdenes sanitarias; las cocinas no tienen los materiales idóneos para preparar los alimentos, ni los conserjes tampoco. Se les dice que no hay presupuesto, pero el problema es la mala administración de las juntas directivas.
Consecuencias de los recortes
Los estudiantes han recibido clases en condiciones de lluvia o sol intenso. Los recortes se reflejan en la deserción escolar, afectando las becas, el transporte y la educación. Estos niños son los que buscan las bandas de narcotráfico y mueren en atentados. Por esto, la educación es uno de los ejes que permiten que el país sea mejor. No es únicamente una cuestión de los docentes, sino de la comunidad, del país entero, de los padres de familia y de las juntas directivas para respetar el 8% que indica la Constitución Política.
Perspectivas y políticas
El tema de los recortes es que la educación se debe ver como una inversión a largo plazo. Todos los costarricenses tienen la obligación de contribuir. Son las poblaciones vulnerables las que sufren estos atropellos. Esto obedece a políticas mundiales; Costa Rica no es el único país con recortes, también los hay en Europa y Latinoamérica, debido a que hay grupos de poder de élite mundial que solo les interesa cierto grado académico. La educación es lo único que permite a un individuo ser mejor persona y migrar en la escala social. Este tema debe abordarse con responsabilidad; no son solo cifras, son cifras con rostro humano.
La educación puede ser vista como un elemento opresor o emancipador, dependiendo de la cobertura que tenga sobre la sociedad. Cuando se discuten temas de educación pública en espacios privados, hay alerta roja. Cuando la educación se observa desde la óptica privada, se ve como un elemento de mercantilización, respondiendo a problemas estructurales no resueltos.
Visión del gobierno
El gobierno se ha caracterizado por no tener una visión clara sobre lo que quiere establecer en materia educativa. Habla de una mejora fiscal, pero son las condiciones laborales y los salarios públicos los que pagan esta crisis fiscal. Se culpa a las instituciones públicas y a los trabajadores públicos de la crisis.
La Contraloría solicitó que se quite la regla fiscal a la educación pública. Todos estamos involucrados en dar soluciones a la educación pública. Este gobierno ha sido muy atípico. La ruta de la educación es un concepto abstracto; se necesita un documento que indique hacia dónde vamos. En educación no hay una meta clara ni se sabe cuál es el enfoque. La educación pública nunca debió haber ingresado a la regla fiscal; sacarla de la regla fiscal sería lo mejor.
El juego de los diablitos, es parte de la expresión cultural que aportan las regiones. Foto con fines ilustrativos. Territorio Indígena Boruca, enero 2024. Marcia Silva Pereira.
Entre protestas, mociones y rendición de cuentas, el sector cultura logró evitar el recorte presupuestario de 855 millones de colones en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para este 2024.
La reducción estaba justificada principalmente en la falta de ejecución sostenida por más de 10 años. Ada Acuña, diputada oficialista y gestora cultural de amplia experiencia en el medio, expuso en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Cultura ha subejecutado 8 mil millones de colones en la última década.
El recorte se logró evitar gracias a una propuesta presentada por el Movimiento del sector cultura, liderado por el activista Alejandro Méndez, quienes promovieron el arte y la cultura como herramienta para evitar la violencia en los jóvenes. Esta idea fue apoyada por la mayoría de los legisladores de dicha comisión, por lo que el presupuesto no fue reducido.
Ante esta coyuntura, el programa de televisión de la Universidad Nacional, UNA Mirada, invitó a miembros del ámbito cultural costarricense para conversar sobre los principales retos que enfrentan. Los panelistas coincidieron en que el sector tiene muchas limitaciones en la ejecución de los presupuestos anuales por lo que resolver este aspecto administrativo es fundamental para sostener del financiamiento a corto y mediano plazo.
“Es cierto, es un reto enorme ejecutar cada una de nuestras instituciones, los diferentes puestos y presupuestos para cultura, con las limitaciones contenidas en la ley de ejecución y ahora con los nuevos requisitos de la ley de contratación administrativa”, explicó Vera Vargas León, viceministra de Cultura y Juventud.
Méndez apoyó a la jerarca. “Si tuviéramos más recursos, por supuesto, tendríamos más programas, pero no podemos hablar de tener más dinero si no mejoramos la capacidad de ejecución del mismo. Por dicha logramos recuperar esos 855 millones de colones, que van orientados a programas para prevención de la violencia; ahora depende del Ministerio Cultura y del Ministerio de Hacienda ejecutarlos”, sostuvo el activista.
Ante esta iniciativa, Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UNA, considera que el arte es una herramienta muy efectiva para prevenir la violencia y rescatar a los jóvenes que están expuestos a pandillas, drogas y narcotráfico. Acuña puso como ejemplo el Festival de Poesía de Medellín, espacio cultural que la ciudad decidió utilizar para atacar la violencia que se vivía en este territorio. Por lo tanto, la ejecución del proyecto propuesto por el sector cultura es muy positivo para el país y podría tener excelente resultado, que repercutirían en la seguridad ciudadana.
Pablo Solís Barquero, decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), agregó que la eficiencia de la ejecución debe ir acompañada con una visión de futuro, del país que deseamos ser y la cultura que queremos rescatar, construir y promover. De ahí que la inversión también debe estar en la educación y formación de artistas, eje vital para el desarrollar personas sensibles y críticas. “El gobierno tiene que brindar la oportunidad para que la sociedad pueda desarrollarse; tiene que haber una inversión en lo humano porque como seres humanos no nos puede faltar arte en la vida”, acotó.
Otro reto que se planteó en UNA Mirada es la dificultad implícita que tiene la diversidad territorial, artística y cultural del sector y los desafíos que conlleva adaptar los programas y proyectos a dichas poblaciones.
“Hay un reto mayor, que aunque seamos un país pequeño en extensión, somos diversos y las necesidades están en el territorio y su gestión la hacen desde su experiencia; como un campesino y su conocimiento ancestral y patrimonial, quien está en la costa, quien vive en un territorio indígena o quien está en la capital. Están gestionando y haciendo cosas e impulsan sus proyectos. El reto es cómo nosotros, como instituciones, entendemos esta diversidad de culturas y cómo facilitamos las mejores opciones de servicios y oportunidades para que esas personas puedan acceder a los recursos que vamos a gestionar, a defender y a demandar del presupuesto” expresó la viceministra Vargas.
Paralelamente a la diversidad cultural de los productores y promotores artísticos, la descentralización es otra de las trabas que se debe resolver con urgencia. “Es vital que hagamos mejores y mayores esfuerzos por desconcentrar nuestros recursos y la oferta. Dar mejores opciones a quienes están en la periferia y fortalecer los gobiernos locales”, señaló Vargas. La jerarca considera fundamental el trabajo que realizan los centros cívicos por la paz, las sedes universitarias y los gobiernos locales en la promoción cultural y el desarrollo artístico de las poblaciones.
El decano Solís exaltó el trabajo de las universidades públicas en todo el territorio nacional, pues aportan a la gestión cultural en las regiones y con diversos actores y promotores artísticos. “Tenemos que entender que las universidades públicas son un bastión fundamental en que exista ese derecho al arte y la cultura. Formamos a profesionales que nutren todo el país, son como hormigas que andan por todas partes y han generado pluralidad dentro del arte contemporáneo costarricense”, concluyó.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El Gobierno de la República y el Ministerio de Hacienda han anunciado el recorte de 30 mil millones de colones al BANHVI para el presupuesto del 2024. También han confirmado que los 10 mil millones de colones que no giraron en el 2023 a la vivienda tampoco se les girará al BANHVI. Lo anterior significa que unas 5000 familias perderán sus viviendas este año si se les permite al gobierno ejecutar esos recortes.
De acuerdo a la información brindada por Nogui Acosta Ministro de Hacienda esos recortes serán destinados al pago de la deuda. Por otro lado, el Gobierno ya había anunciado que no se tocarán las pensiones de lujo, se suman miles de millones de colones. Ante esta eventualidad a las familias no les quedará más recurso que salir a la calle a defender su derecho a la vivienda digna.
El Bloque de Vivienda seguirá recogiendo toda la información que se genere tanto en Casa Presidencial como en el Ministerio de Hacienda. Las familias pobres tienen derecho a conocer lo que hace el gobierno con la plata para Vivienda.
Susana Jiménez Sánchez Vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA)
En el marco del Día Mundial de la Educación, es imperativo reflexionar sobre la trascendencia de la educación en la vida de quienes hemos nacido y crecido en Costa Rica. La educación ha sido un pilar fundamental que ha moldeado nuestro desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, en este momento histórico, nos enfrentamos a desafíos significativos que requieren una revaluación profunda de la educación pública.
La situación actual en el sistema educativo costarricense revela preocupantes rezagos, como la pérdida de aprendizaje equivalente a dos años, según datos del Banco Mundial y la UNICEF. Este fenómeno, destacado en el Noveno Informe del Estado de la Educación, plantea la posibilidad de una generación de estudiantes por debajo de las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Además, el recorte presupuestario para la educación pública en 2024, representando solo el 5.2% del PIB, amenaza con afectar la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad, impactando a más del 40% del estudiantado en centros educativos públicos.
En este contexto crítico, es esencial que los líderes políticos en Costa Rica reconozcan la educación como una inversión social primordial. La asignación de recursos económicos adecuados se vuelve imperativa para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema educativo y para contrarrestar las desigualdades estructurales que persisten. La educación no solo moldea individuos competentes, sino que también se erige como una estrategia vital para disminuir la violencia y la criminalidad, cerrando las brechas sociales y proporcionando oportunidades equitativas a todos los sectores de la sociedad.
Frente a estos retos, es crucial implementar estrategias que nos conduzcan a transformar nuestras diversas realidades. Desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación dela Universidad Nacional (CIDE-UNA), enfatizamos la importancia de mejorar la formación docente continua, permitiendo a quienes están en las aulas actualizar sus conocimientos y mejorar sus prácticas pedagógicas. Es esencial que la sociedad costarricense reconozca que la educación es responsabilidad de todos, individuos y organizaciones por igual, y que nuestra participación activa es fundamental para mejorar la situación actual.
En este sentido, estas acciones, respaldadas por un aumento significativo en la inversión educativa, tienen el potencial de revertir los rezagos en la educación básica y media en Costa Rica en 2024. Al unir esfuerzos y trabajar en conjunto, podemos sentar las bases para un futuro educativo próspero y equitativo, donde cada estudiante tenga acceso a una educación de excelencia. ¡Feliz Día Mundial de la Educación!
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El Lanamme contribuye a mejorar la calidad, reducir los costos e incrementar la innovación tecnológica, desde una perspectiva de ingeniería moderna, esencial para un sector clave de la economía. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)
Alejandra Amador Salazar
Periodista, UCR
Mediante un Pronunciamiento aprobado la mañana de este jueves por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó las disminuciones presupuestarias que ha debido afrontar el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) desde el año 2019 y le exigió al Poder Ejecutivo que cumpla con lo que establece la Ley N.° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria y su reforma en la Ley 8603 y asigne el 1% del impuesto a los combustibles que le corresponde a este Laboratorio.
De acuerdo con el Órgano Colegiado, la reducción de los recursos ha perjudicado gravemente la operación y correcta ejecución de las tareas del LanammeUCR, dejándolo a las puertas de un posible cierre técnico para el 2024.
Ante esta situación, la UCR alerta a la sociedad costarricense, ya que la fiscalización de las obras públicas, que por ley le compete a esta casa de estudios superiores a través del LanammeUCR, se vería limitada, con el consecuente riesgo que implica el uso inadecuado de los fondos públicos invertidos en infraestructura y posible pérdida de vidas humanas.
Los recortes presupuestarios han provocado, entre otros inconvenientes, que el LanammeUCR dejara de adquirir equipos especializados, así como una baja importante en el mantenimiento de equipos, adquisición de repuestos y accesorios, material e instalaciones de laboratorio y flotilla vehicular que se utiliza para la evaluación y fiscalización de proyectos de infraestructura vial.
Asimismo, se han limitado los cursos de capacitación, se suspendió la compra de software y se ha dado fuga de personal técnico y profesional, debido a la incertidumbre laboral y a la falta de salarios competitivos.
La UCR considera que si la disminución de recursos persiste, en el corto plazo se podría ver afectada la atención que el Laboratorio brinda durante situaciones de emergencia en eventos extremos, por solicitud del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para evaluar de forma rápida los daños a la infraestructura vial.
El LanammeUCR es un laboratorio de ámbito nacional especializado en la investigación aplicada, la docencia y la transferencia tecnológica en el campo de la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales, cuyo objetivo es proteger la vida humana y las inversiones que se hagan en la materia de su competencia.
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
/
Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
La Escuela de Historia de la Universidad Nacional emitió un pronunciamiento en total desacuerdo contra el posible recorte de presupuesto del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR).
Para el director de la Escuela de Historia, Dr. Rafael Ángel Ledezma Díaz, este recorte podría afectar el funcionamiento ordinario del Archivo Nacional, además de que es de suma importancia que el ANCR siempre cuente con los recursos financieros necesarios para custodiar y conservar ese patrimonio cultural de la Nación.
A continuación, lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023.
La Escuela de Historia de la Universidad Nacional manifiesta un rotundo rechazo al posible recorte de presupuesto que podría afectar el funcionamiento ordinario del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), institución desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud que fue fundada el 23 de julio de 1881. El ANCR comprende el Archivo Histórico, el Archivo Notarial, el Archivo Intermedio y la Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines.
Según la Ley del Sistema Nacional de Archivos, dicha institución resguarda la documentación histórica con valor científico-cultural de diferentes instituciones públicas. Entiéndase por valor científico-cultural aquellos documentos que forman parte del patrimonio científico cultural del país.
Por este motivo, es de suma importancia que el ANCR siempre cuente con los recursos financieros necesarios para custodiar y conservar ese patrimonio cultural de la Nación, el cual, a su vez, es necesario para la investigación histórica y, por ende, para el estudio riguroso y crítico del pasado y del presente.
El comunicado del acuerdo está firmado por el doctor Rafael Ángel Ledezma Díaz, director de la Escuela de Historia.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La UCR reconoce que las artes contribuyen a generar espacios apropiados para analizar y entender la vida de las personas y de la sociedad en la que se desarrollan. (Imagen con fines ilustrativos. Orquesta de Cámara de la UCR. Anel Sancho-OCI)
Alejandra Amador Salazar, Periodista
La Universidad de Costa Rica manifestó una profunda preocupación y solidaridad ante un eventual y desmedido recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual limitaría el acceso a las diversas prácticas culturales en el país.
Así lo hizo saber mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario la mañana de este viernes, en el cual esta casa de estudios superiores también hizo un llamado al Gobierno de la República para que mantenga y fortalezca el presupuesto para el funcionamiento de todas las dependencias adscritas a dicho Ministerio.
La preocupación de la UCR surge a raíz del comunicado emitido por el Gobierno el pasado 9 de mayo, en el cual se informa que para el año 2024, el Ministerio de Cultura y Juventud tendría un rebajo en su presupuesto del 8,4% equivalente a ₡4.099.345.414.
Para la Universidad este escenario es inquietante, debido al impacto que tendría en la gestión y ejecución de los proyectos principales del Ministerio, así como las repercusiones que estas acciones podrían ocasionar en el funcionamiento de los programas y órganos desconcentrados, que inclusive se presume podría desencadenar en el cierre técnico de algunos de ellos.
El Consejo Universitario reconoció que el Ministerio de Cultura y Juventud ha sufrido recortes presupuestarios importantes en la última década, pasando de un 1,2% del producto interno bruto (PIB) en 1990, a un 0,1% en 2020, justificados en reducciones del aparato estatal y el gasto público, amparados en un modelo neoliberal.
Ante esta situación, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el fortalecimiento de las artes y reconoció la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Asimismo, destacó que la cultura es un componente esencial para gestar una convivencia centrada en la equidad, la solidaridad, el bienestar colectivo y el respeto; por lo que considera que en lugar de debilitarla, se deben buscar los mecanismos que permitan fortalecer los programas, proyectos y actividades que se encuentran a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud.
