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Etiqueta: recuperación económica

Exmandatarios de América Latina y el Caribe solicitan acciones para mitigar situación humanitaria en Cuba

Escrito el . Publicado en Derechos.

El día 2 de noviembre, 18 exmandatarios de América Latina y el Caribe enviaron una carta al presidente Biden, solicitando tomar acciones políticas para mitigar la situación humanitaria que enfrenta Cuba.

Compartimos la versión en Español:

02 de noviembre de 2022

Señor/Don
JOSEPH BIDEN
Presidente de los Estados Unidos

Estimado Presidente Biden,

En nuestra calidad de expresidentes y ex primeros ministros de América Latina y el Caribe, nos dirigimos a Usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo cubano, está sufriendo por las enormes dificultades para el abastecimiento de medicamentos, la llegada de ayudas humanitarias, las restricciones impuestas a los servicios financieros, la llegada de turistas e inversiones de terceros. Todo lo anterior agravado por el paso del reciente Huracán lan y su efecto devastador en la Isla.

Le rogamos, señor Presidente, tener en cuenta esta difícil situación que viven miles de cubanos y disponga lo que sea necesario para levantar estas restricciones que golpean a los más vulnerables. Por las mismas razones, Cuba merece salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo y regresar al desarrollo del plan de normalización que acordó el gobierno del Presidente Obama en 2014, cuando usted se desempeñaba como Vicepresidente.

Las limitaciones de los viajes, del envío de remesas y las donaciones desde Estados Unidos tienen consecuencias nocivas no solo para quienes habitan en la isla sino para el pueblo cubanoamericano al que se le impide el derecho de visitar a sus familiares. Los límites en los gastos de consumo del turismo cercenan las posibilidades de una recuperación económica cuando Cuba, como todos los países de la región, se encuentra en pleno esfuerzo por recuperarse tras dos años de la crisis severa provocada por la pandemia.

Le queremos recordar, estimado Presidente, que cuando la fuerza de la naturaleza golpeó a la población estadounidense con el Huracán Katrina en 2005, Cuba fue uno de los primeros países en ofrecer asistencia médica con las brigadas Henry Reeve. Aquello fue una muestra genuina de solidaridad, ante las catástrofes naturales que tienden a golpear con mayor dureza a quienes más carencias tienen. Solidaridad que hoy podría ser correspondida hacia Cuba por el gobierno de los Estados Unidos.

No hace mucho tiempo, el expresidente Barack Obama, cuestionaba el anacronismo de las sanciones contra Cuba. Nada impide volver al “descongelamiento” de ellas y el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas que derivó en un nuevo acercamiento de Estados Unidos con América Latina y el Caribe que celebramos en nuestros países. Usted señor Presidente, hizo parte de ese diálogo que abrió un capítulo virtuoso de las relaciones hemisféricas. Por ende, conoce como pocos la delicada situación y goza de autoridad política para avanzar en su salida.

Para que esto sea posible, resulta indispensable que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado, en la cual fue incluida por apoyar el proceso de paz de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cumplir los protocolos firmados con el Estado colombiano en su condición de garante internacional de los mismos. Esta vocación de cooperación internacional, ceñida al estricto cumplimiento de compromisos asumidos, comprueba la identificación del país con valores que ninguna relación guardan con el terrorismo.

En consideración a todo lo anterior, le pedimos tomar en cuenta el mensaje que ha surgido en diversos sectores de la sociedad civil de la región para no regresar al mundo de la prepandemia, superar la difícil coyuntura actual que amenaza la paz en el mundo y ratificar la condición de América Latina y el Caribe como un espacio de paz en el planeta.

La historia le sabrá reconocer este gesto humanitario con el pueblo de Cuba. Del señor Presidente, con toda atención.

Firmamos:

  1. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil
  2. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay
  3. Ernesto Samper, expresidente de Colombia
  4. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia
  5. Evo Morales, expresidente de Bolivia
  6. Martín Torrijos, expresidente de Panamá
  7. Rafael Correa, expresidente de Ecuador
  8. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala
  9. Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana
  10. Keith Mitchell, exprimer ministro de Granada
  11. Kenny Anthony, exprimer ministro de Santa Lucía
  12. David Granger, expresidente de Guyana
  13. Moses Nagamootoo, exprimer ministro de Guyana
  14. Donald Ramotar, expresidente de Guyana
  15. Percival James Patterson, exprimer ministro de Jamaica
  16. Said Musa, exprimer ministro de Belice
  17. Winston Baldwin Spencer, exprimer ministro de Antigua y Barbuda
  18. Dean Barrow, exprimer ministro de Belice
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Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

La ansiada recuperación económica

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

La reactivación económica en el ámbito local y regional, ¿es posible?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.

No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.

Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.

En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.

Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.

La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).

Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:

  • Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejibaye de Pérez Zeledón.
  • Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de La Libertad de San Vito.
  • Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Corredor Biológico Alexande Skutch, en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico.
  • Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral, en el cantón de Buenos Aires.
  • Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur (UTAGASUR), con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores.

También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.

En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.

Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.

Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.

Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.

Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.

Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.

Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)

Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.

El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.

Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.

El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.

Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)

Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.

Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.

La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.

Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)

En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.

Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.

El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.

El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados

El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)

La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Los derechos fundamentales en el trabajo pueden contribuir a lograr una mejor reconstrucción después de la COVID-19

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Los derechos y principios fundamentales relacionados con el trabajo pueden desempeñar una función primordial a los efectos de recuperación frente a la crisis de la COVID-19, y contribuir a una reconstrucción del mundo del trabajo más adecuada y equitativa, según un nuevo informe de la OIT.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work  (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan «la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social». Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales  también están en riesgo, «habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido».

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

«La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad», señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. «La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables”.

 

Imagen: © KB Mpofu / ILO

Fuente: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang–es/index.htm

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Las medidas económicas frente a la pandemia, sus prioridades y posibles efectos

Escrito el . Publicado en Análisis, Derechos.

German Masís

En tanto la pandemia del covid-19 continúa registrando nuevos casos y confirmando su expansión por todo el país, los Gobiernos anuncian y aprueban las medidas económicas que aplicaran como resultado de la reducción de las actividades económicas y de la decisión de las empresas de suspender su funcionamiento por el tiempo que dure la emergencia.

Con las planes y medidas que los Gobiernos van adoptando para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, van definiendo la orientación y prioridades de la recuperación económica en cada país y definiendo los sectores considerados más golpeados, entre ellos las empresas, las pymes, los trabajadores, los consumidores y los pobres, a los que se dirigirán las eventuales medidas  gubernamentales.

De esta manera, es posible comenzar a valorar las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero también proyectar el eventual impacto que podrían tener las medidas sobre los sectores y sobre la economía de los países en su conjunto.

En México ante la adversa coyuntura económica, el Presidente López Obrador manifestó que para paliar los efectos se priorizará en los sectores pobres que son los más necesitados y afirmó que “nada de rescates al estilo neoliberal que les daban a los bancos y a las grandes empresas. Que no estén pensando que van a ver condonaciones de impuestos u otros mecanismos. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar?, a los pobres. (La Jornadadigital,23-3-2020)

Por su parte en nuestro país la Administración Alvarado ha mostrado su mayor preocupación por la situación de las empresas frente a la crisis sanitaria, lo que le llevó a definir como principales medidas: la moratoria de 3 meses del pago de impuestos, la reducción de las cargas sociales y la suspensión del pago de créditos a las empresas más golpeadas.

No obstante, las reacciones ante estas medidas y su impacto no se han hecho esperar. El Expresidente del Banco Central Francisco de Paula Gutiérrez, calificó como una “barbaridad” la moratoria de impuestos impulsada por el Gobierno y la Asamblea legislativa, manifestó que la medida difícilmente llegará a beneficiar a quienes más lo necesitan- pequeños empresarios y trabajadores informales-, y se plantea como si la situación fiscal del país no fuera crítica.  Dijo, esta medida además podría poner en aprietos a la Hacienda pública, que tendría que buscar en otro lugar los recursos que dejarán de ingresar en los meses de abril a junio.

Agregó que el crecimiento del país va a ser mucho menor al esperado, si es que hay crecimiento este año, vamos a tener un problema mucho más grave de desempleo y de producción, cuando todavía no hemos resuelto el problema fiscal. (LNdigital,23-3-2020). En esa misma perspectiva se manifestó la calificadora Moodys la que afirmó que el plan de estímulo económico de Costa Rica contra el coronavirus tendrá efectos fiscales, por un menor crecimiento de los ingresos tributarios este año.

Junto a la aprobación de la ley para posponer por 3 meses el pago de 4 impuestos cuyo objetivo es beneficiar a las empresas, los diputados aprobaron también la ley de autorización de la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia, el cual busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de trabajo mediante la reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos de las empresas se vean afectados entre un 20 o un 60% (CRHoy,21-3-2020).

Esta ley que permite reducir las jornadas labores y consecuentemente el salario de los trabajadores hasta en un 75%, desprotege incuestionablemente los derechos laborales de éstos, ya que precisamente la legislación laboral establece que los elementos inviolables son el salario y la jornada, mientras prioriza claramente en el auxilio y apoyo de las empresas.

Como si la aprobación de esta ley no fuera suficientemente perjudicial para los trabajadores, la Unión de Cámaras de la Empresa Privada(UCCAEP), propuso poner un impuesto solidario a los trabajadores públicos, que según su Presidente, se trata de un impuesto solidario durante la crisis, para que ayude a pagar el subsidio de la gente que se quedó sin trabajo, los que ganen más de un millón pagarían un 10%, si el salario es mayor a 2 millones de colones pagarían un 15% y si el monto sube a 3 millones pagarían un 20%” (CRHoy,23-3-2020).

La opción del Gobierno y de las Cámaras empresariales es contundente, salvar y apoyar a las empresas y que los trabajadores sean los que paguen el costo de la emergencia, con la reducción de sus jornadas, de sus salarios e incluso con aportes a los trabajadores desempleados. Mientras se conoce por los medios que un número importante de empresas y hoteles ya han roto los contratos salariales dejando desempleados a más de 6.500 trabajadores.

Negros nubarrones se ciernen sobre la condición de los trabajadores en los próximos meses, a pesar de algunas noticias algo alentadoras sobre la decisión de los bancos de brindar una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores.

La reducción de los ingresos y la capacidad adquisitiva y el aumento del desempleo y la pobreza de la población trabajadora parecen inminentes ante los efectos económicos de la pandemia, igualmente para la economía nacional se visualiza el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública, en un momento en que varias instituciones se han manifestado dispuestas a ceder sus superávits ya sea para amortizar la deuda o para atender la emergencia. Tendremos que estar atentos al acontecer de la pandemia y sobretodo para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva sus costos económicos, así como para identificar los eventuales ganadores y perdedores de la misma.

Ilustración: http://cr.globedia.com/politica-economica-desigualdad