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Etiqueta: reelección presidencial

Asuntos políticos que hay que atender

Vladimir de la Cruz

El 5 de julio pasado, analizando la situación política nacional, considerando, en esos días, la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves se reeligiera, escribí algunas reflexiones sobre su posible activismo político, para llegar hasta el 2034, en el supuesto de que aguardara, constitucionalmente, el plazo de ocho años para poder volver a aspirar a un nuevo posible período presidencial.

Señalé, que una vez que terminara la presidencia, en el 2026, si no tenía un partido político propio, donde él fuera la figura política, el dirigente político principal, y tuviera protagonismo político permanente, no iba a poder formar una imagen, que hasta hoy no tiene, de activista y dirigente político nacional.

Él es, hasta mayo del 2026, el presidente de la República y eso le da el protagonismo que genera el mismo aparato de gobierno, de su propia gestión, de sus convocatorias a periodistas todos los miércoles, de las giras que programa con regularidad a los diferentes cantones del país.

También tiene protagonismo por las sandeces que, sin sentido, razón, lógica o vínculo entre su lengua y su cerebro, casi a modo de barrabasadas, patochadas, burradas que a mí se me parecen más a burdeganadas, constantemente manifiesta, que producen reacciones en diferentes públicos y actores sociales o políticos. Las burdeganadas a modo de los rebuznes que se pueden producir del cruce entre un caballo y una burra, menos común que la mula, que resulta del cruce del burro con una yegua.

Como paréntesis hay que considerar que el propio Chaves ha insinuado que podría no llegarse a las elecciones del 2026.

También manifesté, que, si alguno de los partidos de los que él está impulsando, para las próximas elecciones, llegare a ganar el próximo período presidencial, lo que es posible, él podría ocupar un puesto de ministro, para tener cierto protagonismo institucional desde su gestión ministerial. Pero, esta situación le posterga su posible reelección hasta dentro de ocho años, lo que el presidente Chaves no desea como plazo largo.

Escribí también, que el plazo de ocho años para volver a ser presidente, solo se podía cambiar con una Asamblea Constituyente, o por una reforma constitucional legislativa, que ya no le da tiempo de realizar, para poder establecer una norma constitucional que permita esa reelección consecutiva, o una alterna más corta, de cuatro años.

Es más fácil, a mi manera de ver, para el gobierno tratar de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente por la vía parlamentaria, que impulsar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de la reelección consecutiva. También ha dicho el presidente que a él sí le gustaría ser diputado constituyente.

Pero, es claro que Chaves no quiere esperar ni un día más a partir del 8 de mayo del 2026, para mantenerse en el gobierno. Ha insinuado varias veces que podría no llegarse a esas elecciones, amenazando gravemente el sistema democrático electoral, lo que calza con sus ataques también al Tribunal Supremo de Elecciones.

Aun cuando tenga que dejar el gobierno el 8 de mayo del 2026, trabaja para que en ese mismo momento pueda operar simultáneamente una Asamblea Nacional Constituyente, que podría trabajar en paralelo con la Asamblea Legislativa, mientras la Asamblea Nacional Constituyente no opere, como se hizo en Venezuela recientemente, como un órgano legislativo paralelo sustituto.

Hay que destacar que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ya lo está manifestando el presidente Chaves, cada vez con más fuerza, quizá buscando la posibilidad de que con la convocatoria de 38 diputados pueda ser llamada o convocada.

Este tema, y esta posibilidad, la está trabajando el presidente, su equipo de asesores y de aliados políticos, que poco a poco se le van extendiendo. No hay que engañarse en esto.

El pasado 8 de julio escribí, señalando una situación extrema, “que el presidente Chaves renuncie a su actual presidencia antes de diciembre. Renunciado, puede aspirar a ser diputado en el 2026. No tendría impedimento legal ni constitucional. Suponiendo que con partido propio o con otro prestado llegue a ser diputado, va a tener cuatro años para luchar dentro de la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución Política para que les permitan a los presidentes la reelección consecutiva o alterna cuatro años después, y no ocho. Así podría ser candidato presidencial en el 2030, y no en el 2034. No está mal este otro camino, en la selva política nacional, para el jaguar.”

En ese artículo puse la fecha de su renuncia en diciembre, porque en ese momento lo asocié a la condición de los otros funcionarios públicos que deben renunciar un año antes de las próximas elecciones, para participar como posibles candidatos a diputados, porque para ser ministro no tiene impedimento.

En su equipo asesor esta idea le caló. La empezaron a engullir. Hicieron consultas directamente a especialistas en derecho electoral, que le aclararon al presidente y su equipo, que su renuncia se podría hacer en julio del próximo año, a siete meses de la elección nacional, plazo que han considerado más oportuno, porque les permite seguir atizando el ambiente político desde la presidencia hasta ese momento, para salir a la palestra político electoral de seguido, y de manera pública y activa.

Este tema ya es más que un rumor, un tema de discusión en diferentes ambientes políticos, tanto a favor como en contra.

Hay que reconocer que constantemente el presidente Chaves está realizando, de una manera fina, una participación beligerante de tipo político. Su beligerancia es clara, directa, sin tapujos, sin esconderse, con símbolo político electoral, el jaguar, llamando a movilizaciones populares que le organizan desde distintos frentes políticos y electorales, por ahora débiles, pero constantes.

Su identificación con el jaguar le ha dado ese éxito político electoral. La figura del animal ya se usa como emblema en varios escenarios. Se han colocado vallas con la figura del jaguar preguntando dónde firmar y votar para el referéndum, para que se vote por esa vía el proyecto de ley que llamaron Ley Jaguar.

El 14 de setiembre, en la noche, en el acto oficial de recibimiento de la Antorcha, traída desde Guatemala hasta Cartago, se usaron faroles y farolitos en manos de los niños y asistentes con la figura del jaguar, faroles bien hechos. Los discursos de la ministra de la presidencia y del propio Chaves, ese día, fueron de agitación política, bien partidista, hacia los “jaguares”, a los seguidores de sus partidos, los que están impulsando.

En materia electoral, ya han inscrito varios partidos, para participar en las próximas elecciones. Varios partidos porque lo que les interesa es llevar la mayor cantidad de diputados posibles a la próxima Asamblea Legislativa.

Entendamos una cosa que es real. Si Chaves se lanza de candidato a diputado, va a salir electo, y con él una buena cantidad de candidatos que vayan en su misma papeleta. Si en la pasado elección eligieron 10 diputados sin que nadie los conociera, en la próxima pueden dar una sorpresa.

Entendamos también, que el símbolo del jaguar podrían usarlo varios partidos políticos, que no se disputen la “marca”, que no pongan recursos legales contra el uso de ese símbolo electoral, que ya lo es, porque uno de los partidos políticos recientemente inscrito ya lo inscribió como símbolo suyo, identificándose con el gobierno. No habría problema del símbolo porque el Tribunal Supremo de Elecciones ya acepta banderas de los partidos políticos casi de idéntico color, de modo que con diferente color puede ir el símbolo del jaguar.

Entendamos también, que el presidente y sus grupos electorales están trabajando fino, pero con fuerza. En las elecciones municipales pasadas, el partido que se identificó con el gobierno, desde el punto de vista de su organización, logró constituirse en el tercer partido más grande, con candidatos inscritos, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, con más de 3000 candidatos en todo el país, que el Tribunal Supremo de Elecciones, se los anuló por cuestiones de forma. Los errores que cometieron para esa elección no los van a repetir. Van con todo y en varios frentes.

Un escenario que hay que considerar, es que si Chaves renuncia en julio, para lanzarse de diputado lo que puede hacer, en su campaña política para ser electo diputado sería de ir acompañando al candidato presidencial de su partido, como lo hizo Pilar Cisneros con él, con el propósito de sumarle votos a su candidato que se pintaría como la continuación de su gobierno. Igualmente, en ese paso a paso electoral, recorriendo los caminos de la Patria estaría Pilar Cisneros, considerando que su esposo suena como posible candidato a la Presidencia o también a una diputación.

Los partidos políticos, que están en la Asamblea Legislativa, los que existen fuera de ella y los que se están organizando, con miras a las elecciones del 2026, faltan 16 meses, deben atender este panorama político y electoral.

Los partidos políticos están en La Luna, metidos en sus cráteres. No están a la vista. Sus dirigentes ni orejas tienen. Menos voz. La voz de los diputados, de los diferentes partidos parlamentarios, no se siente electoralmente hablando. Sus discursos y luchas parlamentarias no se ligan a movilizaciones en favor de sus planteamientos, ni se siente ligados a la organización partidaria que representan. Un poco de agitación y discursos antigobierno o antichavistas no son suficientes. Las direcciones políticas de los partidos son inexistentes, no se pronuncian sobre nada. Los temas nacionales del país no existen en las agendas de los partidos. No hay debates políticos importantes. Hay muchos distractores políticos, muchos de ellos introducidos por el gobierno y el presidente.

O los partidos políticos y sus dirigentes se ponen las pilas, o los van a barrer. El discurso anti partidos y antipolíticos, contra quienes “han gobernado dictatorial y tiránicamente, solo para un grupo de empresarios y camarillas políticas, desde 1953 hasta el 2022”, como afirma el presidente Chaves, pega fuerte.

Los partidos afectados y las fuerzas políticas atacadas no han podido señalar y destacar que Chaves gobierna con otra, y para otra, camarilla de políticos, empresarios, financistas, por constituir y consolidar la Nueva República, ya habla de una Tercera República.

Esperemos que ese proyecto de Nueva República, no sea la Narco República, a como va el país, o establezca un gobierno como el de los Duvalier, de Papá Doc, que se llegue a conocer como la República de Papá Chaves.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

La posible reelección del presidente Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves Robles tiene todo el derecho a pensar que puede reelegirse en la Presidencia de la República. Solo tiene que saber que de acuerdo con la actual legislación constitucional solo puede hacerlo una vez que hayan transcurrido ocho años después de haber dejado la Presidencia de la República. Esto significa que hasta las elecciones nacionales del 2034 podría volver a ser candidato. No lo puede hacer, ni postularse en las elecciones del 2030.

En la Constitución Política original de 1949, el Artículo 132, en su inciso 1), se estableció que “no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.

La aprobación de este artículo fue una reacción contra la tradición anterior a 1948 que permitía la reelección presidencial dejando pasar un período presidencial. Así fue el intento del Lic. León Cortés de volver a ser presidente en 1944, cuando él dejó la presidencia en 1940, o el Dr. Calderón Guardia cuando quiso volver a la presidencia en 1948, habiéndola dejado en 1944.

José Figueres asumió de facto la presidencia de la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando se le impuso, como triunfador militar en los sucesos armados de marzo-abril de 1948, a Otilio Ulate, quien había sido electo presidente en 1948, presidencia que se le anuló, lo que provocó la insurrección militar para reconocerle la presidencia. Su breve gobierno, 1948-1949, no le impidió ser candidato a la presidencia en las elecciones de 1953, por cuanto él no había sido electo presidente por la vía electoral. Su gobierno de 1953-1958 fue su primera presidencia constitucional.

En 1969 se realizó una reforma constitucional, en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que modificó este artículo 132, estableciendo el impedimento de la reelección presidencial, para cualquier persona que hubiera ejercido la presidencia, durante cualquier lapso.

La reforma se impulsó para evitar la reelección de presidentes socialdemócratas, lo cual no afectaba a Figueres, porque los efectos de esa reforma eran hacia el futuro, y no hacia quienes en el pasado hubieran sido presidentes de la República. Más se movieron las fuerzas políticas contra Figueres y contra Daniel Oduber Quirós, que había perdido la presidencia en las elecciones de 1966, pero se le visualizaba como un fuerte y posible candidato para los procesos electorales siguientes, como lo fue en 1974. Frente a la reforma que limitaba la presidencia se impuso en 1970, José Figueres, originando su segundo gobierno constitucional.

La reforma constitucional del 11 de julio de 1969 estableció el artículo 132 de la Constitución, en su inciso 1), de la siguiente manera: no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.

Con base en esa reforma constitucional, a partir de 1970 los presidentes de la República que fueron electos, como personas que no habían ejercido la presidencia anteriormente, se eligieron por una sola vez, sin intentarlo en una segunda ocasión. Así sucedió con Daniel Oduber, 1974-1978; Rodrigo Carazo, 1978-1982; Luis Alberto Monge, 1982-1986; Oscar Arias, 1986-1990; Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994; José María Figueres, 1994-1998; Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002, y Abel Pacheco 2002-2006.

La reforma constitucional de 1969 estableció un artículo transitorio que ex Presidentes de la República, hasta ese momento, solo podrían ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma. De conformidad a esta disposición, de los expresidentes anteriores solo podían optar a la presidencia Rafael Angel Calderón Guardia, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos. De estos solo Mario Echandi, en 1982, intentó ser presidente.

El ambiente político hacia las elecciones del 2006, luego de la reelección de la Unidad Social Cristiana, del gobierno de Miguel Angel Rodríguez al de Abel Pacheco, 1998-2002 y 2002-2006, rompiendo la tradición de que solo el partido Liberación Nacional se reelegía, José Figueres – Daniel Oduber, 1970-1978; Luis Alberto Monge – Oscar Arias, 1982-1990, se impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que recién se había creado, en 1989, para revisar la reforma constitucional que se había hecho en 1969, que impedía la reelección presidencial. Obviamente, se movían sectores políticos que consideraban que Oscar Arias era la mejor opción en el 2006 para levantar al partido Liberación Nacional y llevarlo nuevamente al Poder Ejecutivo. Su triunfo electoral fue apretado, por un margen de 19.000 votos, contra un exliberacionista, Otón Solís, que había creado un nuevo partido, Acción Ciudadana.

El fundamento de esta acción descansaba en dos aspectos. Uno, de procedimiento legislativo cuando se aprobó esa reforma, y otro, de derechos fundamentales, que no podían ser modificados negativamente por una reforma parcial de la Constitución, como se hizo en 1969.

La Sala Constitucional estableció que habían habido vicios de procedimiento parlamentario y constitucional que anulaban lo resuelto en esa reforma. Por el fondo, de los derechos fundamentales, fue más categórica. Se señaló, lo que bien corresponde a Derecho Constitucional, que derechos y libertades constitucionales establecidos por el Poder Constituyente Originario, la Asamblea Nacional Constituyente que redacta y aprueba una Constitución, no pueden ser modificados negativa ni restrictivamente por reformas constitucionales posteriores; y que el derecho de reforma constitucional, que tiene la Asamblea Legislativa, su Poder Constituyente Derivado, no puede violentar derechos originalmente establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, solo actuando para mejorarlos, superarlos, ampliarlos, pero no para restringirlos o limitarlos.

Originalmente, la Asamblea Nacional Constituyente había establecido el derecho de reelección presidencial, de quienes ejercieran ese alto cargo público, derecho que no podía restringirse ni eliminarse por una reforma constitucional hecha por la Asamblea Legislativa.

Sobre esto ya se había dado una modificación constitucional importante relacionada con el Artículo 98 de la Constitución Política, que en su segundo párrafo, establecía restricciones de participación electoral ciudadana, que solo se aplicaba a comunistas o quienes habían pertenecido a ese partido antes de 1948, de acuerdo a listas que se tenían, para verificar los trámites de inscripción de partidos políticos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo originalmente aprobado en 1949, al calor de la guerra civil y de las restricciones y persecuciones que se establecieron contra el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105, de la Junta de Gobierno, señaló que se prohibía la formación o el funcionamiento de partidos políticos que por sus programas ideológicos, vinculaciones internacionales, medios de acción, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo original funcionó, desde 1949 hasta 1969, poniendo fuera de la ley, y de la participación electoral, casi una docena de partidos que se consideraban de izquierda o caían en los extremos del Decreto No. 105 y el segundo párrafo del Artículo 98 constitucional.

A ello hay que agregar que existían listas de ciudadanos, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que eran objeto de impedirles su agrupación política. No se les impedía votar por otros partidos políticos. Se les impedía votar por partidos políticos propios, de votar por ellos mismos, ya que los calificaban en esos extremos de impedirles su participación electoral.

La reforma al artículo 98 constitucional se dio en medio de una lucha democrática, que empezó a finales de la década de 1960-1969. A ello se sumó la crisis de la economía nacional, especialmente con la producción de café y de azúcar, que condujo a que el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970, y el partido Liberación Nacional, se movieran para solicitarle a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista, Vanguardia Popular, actuara como agente comercial del Gobierno, ante los países socialistas para vender café y azúcar, de la cuota internacional que se había reducido para Costa Rica. Esto lo apoyó José Figueres que ya era candidato para las elecciones de 1970, del partido Liberación Nacional, y en su gobierno 1970-1974.

Los países socialistas, y la Unión Soviética, calzaban en esos nuevos mercados, no tradicionales, de mercados emergentes, como también se les ubicaba, para colocar esos productos.

Así, se le dio pasaporte oficial a Manuel Mora, que se hizo acompañar, en su patriótica misión, con Ricardo Quesada López Calleja y del empresario liberacionista Max Blanco Brunetti, quienes representaban los intereses cafetaleros y cañeros. La gestión de Manuel Mora le permitió presionar por la eliminación del segundo párrafo del Artículo 98, y luego, bajo el gobierno de José Figueres, 1970-1974, por el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas.

En el gobierno de Figueres se inició la reforma constitucional del artículo 98 que se aprobó en el gobierno de Daniel Oduber, 1974-1978. Con esta reforma la democracia nacional y electoral se amplió y fortaleció.

De esta manera, se modificó el artículo 98 que restringía derechos electorales, por la reforma del 4 de junio de 1975, permitiendo que los ciudadanos tuvieran el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. El 2 de julio de 1997 se amplió este artículo señalando que los partidos políticos expresaran el pluralismo político, concurrieran a la formación y manifestación de la voluntad popular y fueran instrumentos fundamentales para la participación política. La creación y el ejercicio de partidos políticos, de su actividad, por esa reforma, sería libre dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Puestas así las cosas, la reelección presidencial se volvió a discutir a principios de este siglo ante la Sala Constitucional.

El triunfo Miguel Angel Rodríguez, en 1998 y luego de Abel Pacheco, 2002, ambos de la Unidad Social Cristiana, supuso la posibilidad de reelección continua de este partido. Liberación Nacional se movió internamente llegando a la conclusión que su mejor candidato posible para la Presidencia era Oscar Arias.

Si a los comunistas y a las personas de izquierda se les reconoció y se les restableció su derecho electoral de organización partidaria, porque se ampliaba un derecho, era igualmente válida la nulidad que hizo la Sala Constitucional de la restricción que limitaba el derecho de los expresidentes a su posible reelección, en tanto restableció un derecho ciudadano declarado originalmente en 1949. La Sala Constitucional al anular la reforma de 1969, restableció el artículo original de 1949, que facultaba la posibilidad de reelección presidencial dejando pasar dos períodos presidenciales, es decir ocho años después de que se deja la presidencia.

Esta decisión de la Sala Constitucional se ha visto muy personalizada en la figura del expresidente Oscar Arias, tanto por grupos políticos de la derecha como de la izquierda, sin entender con claridad que lo que estaba de fondo eran derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que no podían restringirse, o que se podían crear y ampliar.

Para el momento actual, el presidente Rodrigo Chaves ha mostrado su interés de la reelección, para la campaña electoral del 2030, dejando pasar tan solo un período presidencial 2026-2030 y no dos períodos como está establecido en la Constitución Política.

Es claro que cualquier posición que el presidente Chaves tenga para hacer ver su posible candidatura en el 2023, es tan solo una postura de agitación política, de atención política, de mover el ambiente político a su alrededor, que lo sabe hacer bien.

Institucionalmente no hay posibilidad de realizar una reforma constitucional, en este momento, para restablecer la reelección inmediata o dejando pasar un período presidencial.

El presidente Chaves ha perdido su tiempo constitucional para realizar reformas a la Constitución. Ni siquiera podría hacerlo por la vía del Referéndum, aun convocándolo, porque no hay tiempo para aprobar en dos legislaturas posibles reformas constitucionales. Tal como está la situación el presidente Chaves solo tiene posibilidad de volverse a postular hasta las elecciones del 2034.

Confieso públicamente, como lo he dicho en diferentes escenarios y medios de comunicación, que soy partidario de la reelección inmediata, consecutiva, por lo menos de un período presidencial, para quien ejerza ese cargo. No le tengo miedo a la reelección presidencial. Pero no es la oportunidad inmediata del actual presidente. También soy partidario de que el mandato presidencial se alargue a seis años, como en México.

Lo curioso de los opositores a la reelección presidencial es que son partidarios de sus propias reelecciones consecutivas, inmediatas, o alternas, en puestos que tienen en juntas directivas de organizaciones sociales y empresariales, o en puestos académicos, y partidariamente políticos, que son susceptibles de reelección. En esto hay que ser consecuente.

La experiencia histórica de Costa Rica, antes de 1948, mostró el valor de la reelección política en muchas dimensiones. Solo en el campo legislativo, por citar un ejemplo, los diputados podían reelegirse continuamente. Manuel Mora Valverde fue electo diputado de manera consecutiva desde 1934 hasta 1948. Después, volvió a ser diputado en 1970.

En el caso del presidente Chaves hay que entender que para volver a ser candidato presidencial, en el 2034, se supone que debe mantenerse activo en política, una vez que deje la presidencia en el 2026. Que esa actividad pasa por la existencia de un partido político permanente, que todavía no lo tiene; y, que lo tenga como uno de sus dirigentes políticos.

Los otros escenarios que tiene el presidente Chaves, para mantenerse activo políticamente, descansan en dos posibilidades. Una, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, de la que ya se pronunció a favor, en lo cual también estoy de acuerdo, en donde él quisiera ser diputado, para lo que necesita un partido político que lo postule y que quede electo en esa Asamblea.

El estuvo tanteando esa posibilidad de convocatoria de la Asamblea nacional Constituyente. Reunió especialistas que no oyó y desestimó en su iniciativa. Ahora, que acaricia esa posibilidad, perdió su tiempo constitucional para convocarla. Por ahora, casi no es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya la Sala Constitucional se opuso a un referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones había aprobado. No es, entonces, por la vía del Referéndum la posibilidad de la convocatoria del Poder Constituyente Original. Tendría que tener el Presidente Cháves una enorme capacidad negociadora con los diputados para lograr que la Asamblea Legislativa lo haga, capacidad que hasta ahora no ha demostrado.

La otra posibilidad es que un partido nuevo para las elecciones del 2026, con el apoyo del actual Presidente, que se identifique con él, y con la continuidad de sus políticas, triunfe y lo tome en cuenta en algún cargo político, que le dé resonancia, como un ministerio o algo así. Por ahora no lo tiene. No es imposible que esto suceda, que otro partido asuma el Poder Ejecutivo, que no sea de los tradicionales ni de los que participaron en la última contienda electoral, tratando de darle continuidad al actual gobierno. Improvisaciones políticas en esta época son posibles. El mismo presidente Chaves es una muestra de ello.

No hay que engañarse. El ambiente electoral no desestima esta posibilidad. Ante el anuncio del presidente de Chaves, de su interés por la reelección, la diputación constituyente y el Referéndum hay que prepararse.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Camino a la dictadura

Imagen: Allan McDonald

Bukele y su proyecto de reelección

Todas las actuaciones políticas del presidente Nayib Bukele indican que está llevando rápidamente a la república de El Salvador hacia una dictadura de derechas.

David Mena

El último acto lo efectuó el 15 de septiembre, celebración de un nuevo aniversario de la independencia, cuando anunció que será candidato a la presidencia en 2024, violando la constitución, que prohíbe la reelección de manera inmediata.

La prohibición de la reelección inmediata se basa en la previsión de eliminar las ventajas que tendría un presidente en funciones porque utilizaría el poder del Estado para asegurar su triunfo sobre otros aspirantes.

La argumentación de los publicistas de Bukele consiste en afirmar que es un presidente popular y que nadie ha hecho lo que él ha logrado, y que eso le da derecho a reelegirse.

En el camino de la reelección se inscribe la destitución inconstitucional por el parlamento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron remplazados por otros, dóciles al gobierno.

Justificaciones y falacias

Los publicistas del gobierno “justifican” el proyecto de reelección en que Bukele ha sido un buen administrador, sobre todo cuando la pandemia, pero “olvidan” que en esta legislatura se dictó una ley para eliminar el acceso a la información de todo lo realizado por el ministro de Salud (como el uso discrecional de varios centenares de millones de dólares provenientes de Estados Unidos) y otros ministerios que también usaron fondos públicos.

Otro de sus argumentos refiere a la reducción notable de la cifra de homicidios desde que Bukele asumió, el 1 de junio de 2019 (no hubo ninguno hasta marzo de 2022, cuando como rayo en cielo sereno hubo 80 asesinatos en un fin de semana).

El periódico virtual El Faro demostró que en esos casi 3 años Bukele estableció un pacto secreto con las pandillas (maras). Luego rompió con una de ellas, la Mara Salvatrucha 13 (MS 13), por incumplimiento de las prebendas pactadas. No obstante, en ese mismo periodo crecieron las cifras de personas desaparecidas, así como el hallazgo de cementerios clandestinos, acciones atribuibles a las pandillas.

El Faro demostró, años atrás, que funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN tuvieron acuerdos secretos con las pandillas, por lo que fueron procesados por la fiscalía general de la república.

Pero eso no ha sucedido con funcionarios del gobierno de Bukele, porque la asamblea legislativa constituida el 1 de mayo de 2021, con mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, destituyó, en la misma sesión de apertura, al fiscal general que investigaba las operaciones secretas del mandatario con las pandillas y la corrupción de otros funcionarios del gobierno actual.

El Fiscal General nombrado el 1 de mayo de 2021, obediente a las directrices del presidente, destituyó a los fiscales que investigaban el pacto con las pandillas y eliminó el acuerdo con la OEA que creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).

Un régimen de excepción

A partir de marzo pasado, para encubrir la mentira del control territorial que ejercía el gobierno, Bukele tuvo una reacción violenta para “castigar” a los pandilleros y mostrar ante la población su poder.

Así, se instaló el “régimen de excepción”, que supone la pérdida de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas (que pasó a 15 días).

Entre marzo y septiembre últimos, el ejército y la policía nacional civil han capturado a más de 50 mil personas, incluidas muchas que no tienen relación con las pandillas pero que viven en los barrios populares y su condición de pobreza da a los captores la justificación para su apresamiento.

Se sabe sin embargo que las dirigencias de varias pandillas no están encarceladas y que además, hay decisión gubernamental de no entregar a líderes pandilleros solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.

Hay restricciones para que los presos accedan a procesos legales para demostrar su inocencia. No tienen acusaciones por delitos cometidos sino la presunción de que son pandilleros por apariencia o por lugar de residencia y porque forman parte de las cuotas de capturados que deberían cumplir los soldados y los policías diariamente.

Hoy hay en El Salvador, entre estos nuevos presos y los anteriores, unos 80.000 detenidos hacinados en las cárceles del país, que tienen una capacidad máxima cuatro veces inferior a esa cifra.

Durante los últimos seis meses ha habido denuncias de homicidios efectuados por autoridades carcelarias o por otros prisioneros y de muertes por negligencia en la atención médica de las personas privadas de libertad.

El factor del desencanto

Bukele ha destruido la institucionalidad democrática y ha creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de la relección.

Cuenta a su favor el desencanto de la población con todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos años (cuatro de ARENA y dos del FMLN), que no proporcionaron alivio a la pobreza y miseria grandes sectores. La antigua estructura de dominación política y de concentración económica sigue vigente. Es pasado y presente.

La miseria ha llevado a grandes cantidades de salvadoreños, buena parte de ellos jóvenes, a emigrar, a integrarse a las maras, que se han constituido en un poder territorial y hasta político, o a sumarse al ejército de desocupados que no encuentran trabajo.

El Salvador tiene además acumulados problemas como una estructura económica concentradora del ingreso; marginación y exclusión social; inseguridad generalizada; emigración obligada; desempleo creciente; medio ambiente amenazado; deterioradas finanzas públicas y creciente endeudamiento externo; uso corrupto de presupuestos públicos; estancamiento educativo…

Bukele ha sabido captar ese desencanto, atacando a los partidos tradicionales y prometiendo mano dura a la delincuencia, y al mismo tiempo ha copado las instituciones del Estado para eliminar toda oposición.

El presidente considera un lastre para su gobernabilidad autoritaria las reglas democráticas constitucionales y con su mayoría legislativa controla todos los resortes del poder político.

Tras tres años de gestión está claro que gobierna para su grupo familiar y amistades, aliados a familias de la vieja oligarquía, de la cual sigue el mismo patrón de conducta: utilizar el aparato del Estado para incrementar su patrimonio.

Ahora necesita ser reelecto para evitar que un nuevo gobierno investigue su corrupción y para mantener el control del Estado con el fin de continuar la acumulación económica de su familia y allegados.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/el-salvador-2/camino-a-la-dictadura/

Vladimir de la Cruz: «¿Será que el Presidente Chaves avanza hacia el autoritarismo?»

Por Vladimir de la Cruz, Historiador y politólogo

Dada la importancia y actualidad de las siguientes opiniones del historiador y analista Vladimir de la Cruz, SURCOS comparte la entrevista realizada por Eugenio Herrera del medio la revista.cr, la cual nos fue compartida por el académico entrevistado.

El Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles está haciendo la diferencia de manera acentuada con su antecesor, Carlos Alvarado Quesada. Ya en campaña política Rodrigo Chaves se mostró como un candidato que marcaba la diferencia con sus contrincantes, por su estilo personal, discurso y propuestas, es decir por el fondo y por la forma.

A escasos meses de gobernar, algunas de sus iniciativas y decisiones han resultado inesperadas para el público. Criticadas por algunos y alabadas por otros, el hecho que ha traído al debate importantes temas de índole constitucional, no vistos o no preocupantes en Administraciones anteriores, de la forma en que se da hoy.

¿Será que el Presidente Chaves se ha convertido con su actuar en un incomprendido político víctima de la crítica tradicional, que adversa cambios y decisiones con carácter?

En nuestro medio siempre habrá críticas por hacer o no hacer y quien sea el jerarca de turno las afrontará, y para entenderlo mejor, acudamos por un momento a Newton, que nos dice en la Ley Tercera que «con toda acción, hay una reacción igual y opuesta», ante lo cual la política no está eximida.

De tal forma, analizando la realidad conformada por escenarios actores y hechos, queremos dilucidar precisamente con uno de los analistas políticos de La Revista, el ¿qué está pasando? desde la propia perspectiva personal.

Para ello, nos reunimos con Vladimir de la Cruz, activo comentarista de temas de la actualidad como también, fuente del legado histórico que maneja desde su conocida profesión. Como de costumbre, nos recibió con su reconocida hospitalidad, voz ronca y de vez en cuando con alguna anécdota jocosa, para bajar a la realidad cotidiana.

Dicho esto, agradecemos a Vladimir de la Cruz su valiosa colaboración de cara a quienes nos leen día a día, buscando entender de una mejor forma los fenómenos sociopolíticos y económicos de nuestro país.

  • ¿Don Vladimir, ve algún asomo de tránsito hacia un régimen o un gobierno autoritario con el Presidente Rodrigo Chaves?

No tenemos en Costa Rica un régimen autocrático que resulte de una dirección política del Estado, del Poder Ejecutivo, particularmente, que surja de una fuerza militar, habida cuenta que no tenemos Ejército, pero tampoco policial.

  • ¿Usted vería en el estilo de gobernar del nuevo Presidente una tendencia autocrática, no acostumbrada en el país?

Sí. Se está produciendo una tendencia autocrática que emana del propio Jerarca del Gobierno, del Presidente de la República, por su forma de actuar, y de quienes le acompañan en su Consejo de Gobierno, un grupo escogido por sus condiciones y méritos de formación tecnocráticas, incluso fuera de militancia partidaria, conociéndose entre ellos en el momento mismo de su designación como ministros, y sin práctica política partidaria y gubernativa.

De esta forma el Presidente está haciendo valer sus decisiones, aun cuando chocan con estructuras de origen legal, como son el Consejo Superior de Educación o la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, o cuando directamente interviene intimidatoriamente en el Ministerio Pública, la Contraloría General de la República y en la propia Corte Suprema de Justicia, y desde allí, indirectamente, en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Con su experiencia como analista político, usted a qué atribuiría esa forma de actuar del Presidente?

Esta forma de actuar obedece fundamentalmente a que carece de una mayoría parlamentaria, que le permitiera imponer legislativamente su voluntad, y que carece, hasta ahora, de capacidad de construir consensos de forma amplia y realmente participativa.

De esta manera el Presidente hace sentir la figura institucional de la Presidencia de la República, hace sentir el temor reverencial que esa figura puede ejercer y tiene, en la práctica, un peligroso comportamiento de tráfico de influencias, haciendo válida la figura dominante, opresiva, poderosa que muchos costarricenses desean, como lo han expresado en encuestas, en el pasado reciente, incluso antes de las elecciones. No casualmente él manifestó su discurso de “gobernar por decreto”, que es la forma “a la fuerza” como está imponiendo o tratando de imponer sus decisiones o lo que se le ocurre ejecutar. Bien ha dicho el Presidente que el país no vivía una “ingobernabilidad”, que lo que ha vivido en estos últimos años “es la falta de un gobernante”, de “alguien que gobierne”, que tome decisiones y ejecute.

  • ¿Para usted está bien o mal la forma cómo el Presidente está dando sus primeros pasos en el ejercicio del poder político?

Esta forma que está dando en sus primeros pasos de gobierno es lo que permite concluir que avanzamos peligrosamente hacia formas autoritarias de gobierno y de gobernar. Finamente, por ahora, el Presidente está dando los pasos de un Bukele a la tica, a la costarricense. Un Bukele que carece de la fuerza legislativa para imponer, desde allí, desde la Asamblea Legislativa, las estructuras y los personajes, que le harían coro de gobierno, cambiándolos, o sometiéndolos a juicios políticos públicos, a los que le interese remover, para un supuesto mejor ejercicio de Gobierno.

  • ¿Tomando en cuenta el escenario político actual, cree usted que el Presidente Chaves tiene fuerza política para actuar así?

El Presidente está presentándose como esa autoridad “pater familia”, paternalista, de identidad constante con todo el pueblo costarricense, como el gran protector, aduciendo cada vez que puede, sentimientos religiosos, de identificación popular. Está haciendo alarde de sus posiciones conservadoras, que no resultan necesariamente de pactos con los partidos religiosos conservadores del país, pero de esa forma se proyecta sobre sus bases de seguidores.

El Presidente carece de una fuerza política organizada, su propio partido político con el que ganó la Presidencia, que le permita movilizar gente en su favor, frente a los actos que realiza, pero no le impide, en cualquier momento, convocar ciudadanos en ese sentido, cuando considere que deba hacerlo. Esto siempre es un riesgo político, porque tensaría la situación política del país, y el mismo Presidente enseñaría, por la convocatoria ciudadana, a la movilización y la organización social, que bien se puede hacer a su favor, pero también en su contra.

  • ¿Los Presidentes de la República en Costa Rica qué tipo de limitaciones institucionales tienen en su actuación política?

En Costa Rica, a diferencia de los países latinoamericanos y europeos, o los mismos Estados Unidos, el Presidente está inhibido, por prohibición constitucional, de beligerancia política. El Presidente prácticamente no puede participar de discusiones públicas, ni siquiera para defender sus propios Proyectos de Ley o sus iniciativas políticas, como fue el caso del Presidente Oscar Arias cuando por iniciativa de él se hizo el Referéndum del TLC con Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar en esa discusión o en su defensa, por lo que tuvo que inventar un Comité a favor del Tratado, a vez que se hizo otro en contra, que se reconocieron por el SI o el NO al Tratado.

  • ¡En su opinión en la época actual debe tener beligerancia política el Presidente?

Estoy de acuerdo en que el Presidente tenga beligerancia política, y pueda participar de toda la discusión política, partidaria y legislativa nacional. Esto es parte de una madurez democrática. Esto enriquecería más la democracia política nacional, y haría que la gente tome mayor interés por los temas nacionales y por la misma participación ciudadana y política electoral. Si esto no se decide por un gran acuerdo político nacional a la vuelta de pocos años se va a decidir en las calles o como resultado de un proceso electoral donde se vire radicalmente en el péndulo electoral costarricense, si no se hace también por una Asamblea Constituyente, que es urgente convocar.

  • ¿Hasta dónde se puede concluir que un Presidente está concentrando el Poder en el Estado?

Si se trata de ver el “autoritarismo” del Presidente por la “concentración de Poder”, hay que partir de que así lo tiene en el Poder Ejecutivo. Por la Constitución Política solo él, en nombre del partido que ganó las elecciones, lo integra. Y, la forma de integración que hizo, de escogencia de sus Ministros, por un organismo técnico, de escogencia de perfiles profesionales y tecnocráticos, evidenció su forma autoritaria y “despótica” de gobernar el Consejo de Gobierno cuando declaró que sus Ministros harían únicamente lo que él dijera, quebrando, y limitando, en mucho, el quehacer de los Ministros y sus Ministerios, que tenían bastante autonomía pública de ejercicio de sus funciones y de atención de la población.

En este sentido una de sus medidas importantes y urgentes que tomó fue la concentración de la información ministerial desde la Información Oficial que se canaliza desde la Casa Presidencial, y la limitación que ha impuesto a los medios de prensa y sus periodistas sobre el acceso a la información y a las preguntas que se le pueden hacer al mismo Presidente y a sus Ministros.

Hasta ahora el Presidente es el que prioriza la imagen pública de su Gabinete, con una ligera presencia, inevitable, por los temas que se han tocado de orden público, de los ministros de Salud, Educación, Obras Públicas y Relaciones Exteriores. Los otros, por ahora, están prácticamente en el subterráneo de la realidad política nacional.

  • Se ha dicho en repetidas Administraciones que los mandos medios en la Administración Pública concentran poder y que afectan las decisiones del Presidente y sus Ministros así como en las Instituciones Autónomas. ¿Hasta dónde esto es cierto y qué impacto tiene en las directrices gubernamentales?

En los Ministerios se está atacando a los mandos medios, que estructuralmente han funcionado desde hace muchos años, que algunos, realmente, pueden ser un obstáculo para la buena gobernabilidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública, con el propósito de eliminarlos si se puede administrativamente, de someterlos a la dirección ministerial y ejecutiva nacional, y de publicitarlos como los diablos de la mala administración, con posibilidad de ligarlos a fuertes actos de corrupción por el atraso de sus gestiones, como ha insinuado la jefa parlamentaria del Partido de Gobierno, respecto a un grupo de funcionarios de una institución del Estado.  Una característica del autoritarismo es quitar o debilitar la autonomía de los mandos medios y ejercer más monopólicamente el poder.

El Poder Ejecutivo está efectivamente concentrado en el Presidente de la República, en todos sus Ministerios y por las acciones que impulsa quiere ejercer un control jerárquico institucional en todas la estructuras, Consejos, por ejemplo, que existen dentro de los ministerios, sin que sus jerarcas tienen importante influencia, aspecto que yo estoy de acuerdo que hay que corregir, pero la forma cómo lo está haciendo es autoritaria o arbitraria.

  • ¿De dónde se originan las atribuciones del Poder Ejecutivo centralizadas en el Presidente y proclives a la concentración del poder político?

El Poder concentrado del Poder Ejecutivo es originario de la misma Constitución Política y del resultado electoral, que no impone, como en la Asamblea Legislativa, una integración proporcional de conformidad a los partidos que participaron y a sus votos, que les da para elegir diputados a varios partidos. En el caso del Poder Ejecutivo el partido que gana las elecciones gana toda la integración.

Tampoco el actual Poder Ejecutivo es el resultado de una Coalición Política electoral que hubiera establecido una distribución de Ministerios. Ni tampoco resulta de un pacto político de fuerzas electorales de la segunda ronda donde se hubiera pactado esa distribución de ministerios.

El caso del Partido Acción Ciudadana en el 2018 del Gobierno de Unidad Nacional no respondía a un pacto político de la primera ronda electoral, y lo que surgió de la segunda, fue un acuerdo de participación, sin apoyo de partidos políticos, de figuras notables y destacadas de algunos partidos políticos, en lo que se presentó como un Gobierno de Unidad Nacional, que no tuvo ninguna repercusión importante de tipo social, político o legislativo.

Las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el 2018 y 2019 especialmente, fueron resultado de pactos parlamentarios, donde los partidos políticos en eso representados, asumieron su responsabilidad política, pero no fueron resultado de pactos nacionales de los partidos ni fueron tampoco resultado de ese Gobierno llamado de Unidad Nacional.

En cierta manera lo pactado legislativamente por Liberación Nacional lo afectó para su triunfo en la segunda vuelta electoral, donde el escenario pintado era, por parte del actual Presidente, barrer el pasado, limpiar la mesa nacional de todas las impurezas que se le achacaban a Liberación Nacional y a su candidato, y la primera vuelta le había también permitido barrer a los otros partidos que habían gobernado el país, la Unidad Social Cristiana y a Acción Ciudadana.

Si Liberación Nacional ganó la primera vuelta fue porque, en el inmediato electoral de esa etapa, era la fuerza capaz, que se veía, de retornar a una “gobernabilidad” que se le reclamaba al Partido Acción Ciudadana y, de los candidatos existentes, Figueres se veía como el que tenía la mayor experiencia en ese sentido. Pero, sorpresivamente la salida victoriosa al segundo lugar de Rodrigo Chaves, en esa primera vuelta, hizo voltear los ojos contra lo tradicional, lo viejo y la corrupción pública que se achacaba a todos los que anteriormente habían gobernado, que representaba Figueres frente a Rodrigo Chaves con su discurso político anti partidos gobernantes. Figueres no pudo presentarse como una nueva alternativa y representando el futuro. Lo anclaron sus asesores políticos y de imagen en el pasado.

  • Durante el proceso electoral al candidato Rodrigo Chaves lo pintaron como un candidato anti sistema, como alguien disruptivo. ¿Usted ve las actuaciones del Rodrigo Chaves ahora Presidente de esa forma?

Chaves no fue a mi manera de ver un candidato anti sistema. Es pro sistema político nacional, democrático, económicamente de desarrollo capitalista, incrustado en el escenario de las relaciones internacionales capitalistas, fortaleciendo relaciones regionales de conformidad a esta visión política.

Aquí no importan, en el nuevo Gobierno, los Derechos Humanos, ni los gobiernos considerados no democráticos aunque hayan surgido de elecciones populares.

Interesan las relaciones políticas y económicas y estructuradas dentro de un conjunto de valoraciones geopolíticas de tipo capitalista, y de las grandes potencias capitalistas con las que nos relacionamos más, que el Presidente comparte.

El Presidente, además, es el que define la política exterior del país, de acuerdo a la Constitución Política.

  • ¿Y la separación de Poderes Públicos?

La separación de poderes públicos el Presidente todavía no la asimila, pero la tiene que respetar, aunque está poniéndola a prueba. Por eso ha actuado intimidatoriamente con la Corte, con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República. Está tanteando la situación nacional y se está echando un pulso público.

  • ¿Está doblegando el Poder Público de la Prensa y la libertad de expresión?

La prensa “canalla” como la llama el Presidente es el otro foco de su actuar autoritario. Quiere de cualquier manera que la prensa se le someta, que informe solo lo que le interesa al Poder Ejecutivo, y que la prensa deje de hacer su propio análisis, su propia investigación de los asuntos públicos, asuntos que el mismo Presidente señala como sin importancia, secundarios, solo por presentar escándalos y casos ante los Tribunales de Justicia, aun cuando dos expedientes de trámite, en el Ministerio Público, fueron promovidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Tiene el Presidente Poder suficiente para sus actos?

De los Poderes Públicos el más importante por sus efectos diarios, cotidianos, sobre todas las personas, por medio de todos sus ministerios y sus instituciones, es el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa lo que hace son leyes, y durante seis meses al año, trabaja exclusivamente para el Poder Ejecutivo.

El Presidente Chaves tendrá que lidiar por lo menos durante su primer año de gobierno con su forma de actuar, como la ha venido haciendo, y tratándose de ganar la opinión pública en ese sentido, porque el próximo año hay elecciones municipales, y el Partido Progreso Social Democrático, que es el que gobierna, no tiene una sola alcaldía en sus manos ni un solo miembro de ningún Consejo Distrital o Municipal electo, y deben participar en esas elecciones, que también miden, en cierta forma la popularidad y aceptación del gobierno, pero miden también la capacidad organizativa política del Partido gobernante, como de todos los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, en sus dos gobiernos no pasó de una docena de alcaldías en sus manos lo que evidenciaba una mala organización partidaria y un inexistente vínculo de Partido y Gobierno.

La Presidenta del Partido del actual Gobierno es Diputada y tiene una enorme responsabilidad con el partido político que ella fundó, organizó y lo hizo partido gobernante en pocos meses de existencia.

De esa existencia y presencia pública va a depender la posibilidad de participar en las próximas elecciones nacionales del 2026. Pienso que harán lo posible para repetir gobierno, como lo hizo el PAC en el 2018, cuando volvió a ganar elecciones, y convertirse en una organización política permanente que juega en primera fila para ejercer gobierno.

De hecho, con el actual partido gobernante solo cuatro partidos han ejercido la Presidencia de la República desde 1982 hasta hoy, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y el actual Progreso Social Democrático.

Rodrigo Chaves, si no se convierte en un dictador a la fuerza violentando toda la institucionalidad, estará de acuerdo en fortalecer a su partido para que participe en las elecciones municipales, en todo el país, son 84 cantones, y en las próximas nacionales, del 2026, porque le da opción de volver a la Presidencia, una vez más por lo menos, mientras no se establezca una reforma constitucional que permita la reelección sucesiva, y que él mismo la promueva desde ahora, con la posibilidad de que esta reforma actúe de inmediato, donde él pueda volver a jugar consecutiva e inmediatamente. Esta sería su mayor actuación autoritaria jugando legislativamente.

  • ¿Está usted de acuerdo con la reelección sucesiva del Presidente de la República?

Yo he sido partidario de le elección consecutiva y de gobiernos de más largo plazo, de 5 o 6 años, con una sola posibilidad de reelección y con Referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial. Así me he pronunciado en distintos momentos.

Esto puede ser posible si se envía ahora la reforma constitucional, porque se lleva dos años su trámite.

En todo el continente americano y en Europa funciona la reelección consecutiva, y algunos países, por su sistema parlamentario, prácticamente de manera indefinida si así lo quieren los electores.

  • ¿Avanza el Presidente Chaves hacia un totalitarismo en lugar de un autoritarismo?

Esto no es totalitarismo. Este concepto se acuñó especialmente para calificar a los regímenes fascistas y nazistas. Más tarde se extendió para calificar al gobierno soviético, especialmente bajo el período estalinista. Sin embargo, durante la guerra mundial contra Hitler y el nazifascimo a la URSS se le consideró dentro de las potencias y países democráticos que luchaban contra el totalitarismo y la antidemocracia nazifascista.

El totalitarismo no es un problema de ideología política, es de la práctica política.

Las llamadas teorías políticas liberales, conservadoras, socialistas, comunistas, socialdemócratas o socialcristianas, como ideologías no son totalitarias.

Son totalitarios quienes en nombre de esas ideologías ejercen el poder o el gobierno de forma autoritaria, despótica, tiránica, por la forma de ejercer los actos de gobierno, o por la forma conservadora como imponen sus criterios frente al ejercicio de libertades, derechos y derechos humanos, y frente a las limitaciones que quieran imponer al régimen político de la democracia liberal y republicana, de allí las tendencias conservadoras, tradicionales o moderadas que tratan de imponer desde la acción pública.

  • ¿Se podrían ver amenazadas las libertades y derechos con un Presidente autoritario?

El ejercicio de libertades es un buen instrumento contra la corrupción, son una palanca de freno de la corrupción. Este ejercicio de libertades hace que la democracia funcione mejor.

Cuando el Presidente se enfrenta a los medios de comunicación, y a la prensa por él llamada “canalla” está limando esas posibilidades de control y de freno de la corrupción institucional, y facilitando más el ejercicio de un gobierno autoritario. El ataque constante a la prensa es una amenaza constante al libre ejercicio del periodismo.

  • ¿El caudillismo latinoamericano ha conocido líderes al estilo del Presidente Chaves?

Yo no veo al Presidente Chaves como un caudillo al estilo latinoamericano, ni siquiera lo veo al estilo de los caudillos costarricenses que llegaron hasta el siglo XX. Tampoco lo veo como un líder nacionalista, ni siquiera tampoco, al menos todavía, como un líder populista de este siglo. Por ahora un simple oportunista asaltador del Poder.

En Costa Rica desde el punto de vista nacionalista no ha habido gobiernos que impulsen esta forma caudillezca de ejercicio gubernativo, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, aunque predominaran grandes figuras políticas.

El nacionalismo ha tenido expresión en Costa Rica especialmente en el ámbito de la cultura como un rescate de lo nacional costarricense, como un símbolo de identidad nacional, y a principios del siglo XX particularmente cuando había una presencia norteamericana invasiva en la vida nacional contra la cual se desarrollaron tendencias nacionalistas y antiimperialistas desde la acción popular, y desde algunos sectores capitalistas, y no de gobiernos, como sucedió en otros países latinoamericanos.

La tendencia autoritarista del Presidente no ha planteado la idea de un Hombre nuevo costarricense, pero ha señalado la de una nueva Costa Rica, sin definirla plenamente.

El autoritarismo en sí mismo no impone una dictadura. El autoritarismo político actual permite la existencia de otras fuerzas políticas, se da con un pluralismo político que puede ser mediatizado, que no provoca movilizaciones sociales o políticas, movilizaciones que son tan solo una expresión de una realidad existente.

  • ¿Qué elementos necesita un Presidente de la República para convertirse en autoritario?

Cualquier Presidente puede volverse autoritario. Los líderes autoritarios son carismáticos. El Presidente Chaves está en ese proceso de formación carismática, por la forma de actuar, de dirigirse a la opinión pública y de enfrentar los poderes reales, fácticos, e institucionales que puede considerar estorbos para su quehacer institucional o político.

Al Presidente le hace falta un partido político bien organizado y de masas, que puedan movilizarse en su favor de vez en cuando, o cuando lo requiera, y que él mismo se convierta en su líder real de esos seguidores partidarios. Este liderazgo no se está dando en el país. Estamos desde hace tiempo con liderazgos electorales ad hoc, de ocasión. Los liderazgos políticos nacionales han desaparecido y algunos están engavetados.

Al Presidente no se le conoce una ideología socialdemócrata. Me parece que no la tiene por ningún lado. Que pertenezca a un partido que así se llama no quiere decir tampoco que ese partido la tenga, al menos no la tiene públicamente ni la ha publicado.

El que su partido se llame socialdemócrata al que cuestiona es, principalmente, a Liberación Nacional que históricamente se levantó como un partido socialdemócrata, doctrina o teoría política a la que, en la práctica, ha renunciado, lo que permite que el partido del Presidente, y otros partidos, que participaron en las elecciones, se autodenominaran social demócratas.

  • ¿Acaso a la izquierda y otros, no le ha pasado este mismo fenómeno de identidad ideológica?

Sucede igual con la izquierda donde hay una variedad de izquierdas, y ya no hay una fuerza, o partido político, por pequeño que sea, que se autodenomine comunista, o represente las ideas comunistas, y así participe en elecciones.

La variedad de izquierdas hace que ni siquiera se presente un modelo alternativo de desarrollo dentro de la sociedad democrática costarricense. La izquierda no está bien definida política ni electoralmente. Es casi tan solo una posibilidad de tener una voz distinta en la Asamblea Legislativa, pero no hay una propuesta de toma del Gobierno por las elecciones, que no es lo mismo que tomar el Poder. Esto ha contribuido a la dispersión, al abstencionismo y al desánimo electoral.

Dentro del período de la guerra fría, hasta 1990, al menos la gente se movilizaba en oportunidad de una nueva sociedad, un nuevo modelo político y una nueva visión del desarrollo económico diferente al capitalista.

Hoy esto no está planteado claramente, y dentro de esas izquierdas hay mucho sectarismo y exclusivismo de otras izquierdas.

La lucha de clases del siglo XIX y la del siglo XX hoy no tiene esa expresión política. La clase obrera no es la misma. La clase trabajadora en muy diversa. Los sectores de clases son muy amplios y diversos.

La sociedad costarricense ha logrado mucho bienestar social, que ahora está amenazado, en peligro y debilitado, pero esos sectores sociales beneficiados no se están movilizando, como en otros países, al menos para mantener esos beneficios. Y algunas luchas como la de la jornada 4-3 ni siquiera están movilizando trabajadores del sector privado que va a ser el afectado. El sector público ya el gobierno lo excluyó de la reforma 4-3 y de hecho lo desmovilizó en esa lucha, o redujo la misma solo al cantar de los sindicatos y de unas pocas personas, como yo, que públicamente nos hemos pronunciado en contra, señalando sus impactos negativos para los trabajadores, para las mujeres, para las familias, los niños y los adultos mayores.

La desmovilización social puede ser inducida desde arriba y desde abajo, desde el gobierno y desde las bases sindicales cuando la movilización no produce resultados positivos.

La desmovilización no expresa una renuncia a la disconformidad social, ni a la lucha social, tan solo la posterga en posibilidades de que sea explosiva en sus características, como se produjo en las protestas del 2019.

Los sectores dominantes pareciera que esto es lo que están buscando. Si eso sucede puede ser como apretar un jabón, nadie sabe para donde sale o salta.

La oposición al gobierno y lo que significa se hace también emocionalmente, con el desgaste de apoyo y la mala imagen que se produce de su ejercicio.

La peor desmovilización que puede producirse es la que resulta de un conformismo pasivo de la población o de los trabajadores.

  • Recientemente se ha estado tachando al Presidente Chaves como autoritario.  ¿Tienen fundamento esas acusaciones o se trata de un estilo personal?  ¿Qué opina usted acerca de esto?

El autoritarismo del Presidente Chaves no se expresa en corporativismo político gubernamental, donde el Presidente, o desde el Poder Ejecutivo, especialmente, se oriente a una organización de trabajadores en su favor, con posibilidad de movilización, como se hizo en la Italia de Mussolini.

El control policiaco y la represión política y policial sí la va a ejercer el gobierno. Ningún gobierno anterior ha renunciado a esto, si tiene que hacerlo. En el caso actual me parece que hay una derechización de los mandos policiales, y una tendencia a una militarización de los mismos. Tampoco los gobiernos anteriores renunciaron a esa militarización en la formación de las principales autoridades al frente de la Fuerza Pública. El propio Ministerio de Seguridad ha reducido la información que tradicionalmente hacía a periodistas y medios de comunicación. Actualmente ha reducido a un escaso anuncio diario de actividades o de información que consideran publicar. Antes eran arriba de cinco comunicados diarios. Esta concentración y reducción informativa puede ser peligrosa.

El asunto de las desapariciones o hundimientos de lanchas o embarcaciones de la Guardia costera, es muy sospechoso. ¿Pudieron dárselas al narco movimiento marítimo que les toca controlar y combatir? ¿Cómo se pueden perder así no más y reducir este asunto a la posibilidad económica de su resarcimiento?

  • ¿La pobreza y otras problemáticas socioeconómicas hasta dónde favorecen las tendencias autoritarias?

La situación de pobreza del país y de los trabajadores, la caída en pobreza de amplios sectores de la clase media pueden facilitar las tendencias autoritarias del Presidente Chaves.

Hay sectores amplios de la clase media poderosos, con importante poder adquisitivo y de fuerte disfrute social, que siguen siendo un colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales amplios antigubernativos. Sectores de la clase media todavía hacen esfuerzos por conservar su condición, pero con grandes sacrificios y endeudamientos…pero eso se acabará.

Por ahora el autoritarismo del Presidente es predecible, sin ideología ni mentalidad autoritaria, tan solo con sus actos y exclamaciones justificándolos. No necesitando un partido político, un partido único, al estilo de regímenes autoritarios, le es mejor gobernar autoritariamente sin partido oficial, y sin resistencia de calle de otros partidos, ni resistencia moral de instituciones como la Iglesia Católica.

  • ¿La Asamblea Legislativa puede jugar como un freno o un contrapeso político en el mantenimiento de la división de Poderes del Estado?

A nivel legislativo el pluralismo político es simbólico. De hecho 5 de los 6 partidos allí representados están alineados con el Gobierno, con el Presidente Chaves y con sus principales acciones políticas. Algunos diputados tienes disconformidades y oposiciones más de forma que de fondo con los temas centrales del Gobierno en la acción legislativa.

Frente al gobierno el que ha salvado la cara del Poder Legislativo en cierta forma, con la elegancia que le es propia, ha sido el mismo Presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez.

  • ¿Necesita el Presidente Chaves del Referéndum para poder gobernar?

Las consultas populares que el Presidente Chaves ofreció ya se dio cuenta que no las puede hacer, constitucional y legalmente, como él quería. Las está imponiendo en la forma de actuar. Toma una decisión, la impone, “se compra la bronca”, pone a quien haya que poner a que ejecuten lo que él dijo y de hecho se hace.

En este sentido recuerda constantemente que él gobierna para todos y no para grupos, es su sentido paternalista de auto presentarse, en bien del pueblo, impulsando acciones o combatiendo “males” o problemas sociales reconocibles, como los que llegó a restregar en la cara de los magistrados, del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, o restregaba en los debates presidenciales a los otros candidatos.

Dentro de este esquema el Presidente apela, cada vez que puede, a la situación internacional, Ucrania, rusos en Nicaragua, crisis internacional del petróleo y precios que repercuten en Costa Rica, triunfo electoral de “izquierdas” como la de Colombia, que dichosamente él evitó en Costa Rica…

  • ¿Cree usted que en algún momento determinado el Presidente Chaves podría a llegar a violentar el sistema democrático costarricense, en aras de sus objetivos políticos económicos?

 No sabemos cuanto puede llegar a sacrificar el Presidente la democracia nacional si le interesa salvar el mercado, o la economía mercado, o la libertad de mercado. Por ahora la libertad de mercado con las últimas medidas relacionadas con medicamentos y granos ha hecho funcionar esta libertad de mercado en abierta contradicción con la economía monopólica de los mercados. ¿Le durará esta política?

  • ¿Se puede calificar de burócrata o tecnócrata al Presidente Chaves por su experiencia profesional y laboral y esto es positivo o negativo?

La burocracia es el poder de las oficinas, es cuando los cuadros o mandos medios de las oficinas tienen poder de decisión. Esos son los burócratas típicos y los de la definición. Equivocadamente se llama burócratas a todos los funcionarios públicos. Eso es incorrecto, son trabajadores públicos o del Estado, pero no son burócratas. Los típicos burócratas son los que, repito, tienen capacidad de tomar decisiones dentro de la administración.

A principios de la década de 1970 Rodolfo Cerdas y José Luis Vega Carballo, en sus estudios e investigaciones calificaron muy correctamente a los grupos gobernantes como “burguesía tecno burocrática”, dándole justamente ese papel. A estos cuadros medios es a los que el Presidente Chaves se está enfrentando, para eliminarlos sí, pero para él asumir el papel principal de máxima autoridad burocrática del Estado, de ser el único en la toma de decisiones que deben aplicarse verticalmente.

  • ¿Teniendo como antecedentes varios gobiernos de nuestra región, hasta dónde considera usted que el autoritarismo ha favorecido la corrupción?

El autoritarismo sin libertades o disminuidas, sin libertad de prensa, no solo favorece la corrupción sino que estimula también la cleptocracia…

Los escándalos de corrupción asociados a Obras Públicas, nacionales y municipales, que se abrieron ante la opinión pública en el gobierno pasado, se pueden multiplicar y mantener sin mandos medios favoreciéndose. Ese es un riesgo. En esos escándalos no aparecieron mezclados altas autoridades del Poder Ejecutivo involucradas, como sucede en otros países.

  • ¿Hipotéticamente, si Fabricio Alvarado hubiera triunfado, se hubiera impuesto un autoritarismo político religioso?

Eso no sucedió. No se puede especular qué hubiera sucedido. Pero puedo hacer una reflexión. No se hubiera impuesto una Teocracia, porque Fabricio no es un Pastor líder religioso que en su condición hubiera gobernado. Tampoco su religión es mayoritaria nacionalmente, ni está en capacidad, aunque hubiera ganado de imponerla como religión única, obligada y con ciertas restricciones para las otras prácticas religiosas incluida la católica. La Constitución Política en cierta forma impone que no podría gobernar como autoridad máxima civil y también religiosa. Si así fuera estaríamos ante una situación que la historia ya conoce como cesaropapismo.

  • ¿Puede mencionar algunos casos que le parezcan de autoritarismo que ha hecho el Presidente Chaves?

Brevemente se pueden mencionar los siguientes:

  1. Cuando se opuso a usar las mascarillas para evitar el contagio aéreo del COVID. Sencillamente declaró que no era obligatorio.
  2. Cuando señaló también que la vacunación ya no era obligatoria. Con estas manifestaciones impuso el no uso de la mascarilla y la no vacunación, violentando las decisiones médico científicas de la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, que es el órgano que estableció esas medidas.
  3. Cuando dijo que las pruebas FARO ya no se iban a aplicar, obligó al Consejo Superior de Educación a tomar esa decisión, metiéndose allí e imponiendo su criterio. No evalúo si las pruebas Faro eran buenas o malas.
  4. Cuando impuso el 100% de aumento de salarios a sus Ministros y Viceministros violentó la Regla Fiscal, en beneficio de ellos. Personalmente creo que los salarios de los altos funcionarios del Estado, y de los Poderes de la República, deben ser decorosos, dignos y correspondientes al alto cargo de sus funciones.
  5. Cuando visita el Ministerio Público, no solo en su condición personal sino como Presidente, para hablar con el Fiscal interino sobre sus casos, y decirle que no son importantes, y que no son procedentes de investigación, cuando dos de esos procesos los envió a su investigación el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, descalificando a quienes interpusieron la investigación en su contra. Esta visita fue intimidatoria contra el Fiscal, contra la Institución del Ministerio Público y fue abusiva de la figura de Tráfico de Influencias, porque en cierta manera eso fue lo que fue a hacer, a presionar por su investidura ante los casos que allí se llevan donde él está involucrado, y a presionar personalmente al Fiscal interino del Ministerio Público.
  6. La actitud del Presidente en la visita de Cortesía institucional que le hizo a la Corte Suprema de Justicia, por invitación de la Corte, donde de igual manera llegó intimidante a señalar problemas de la Corte y a enfrentar a los Magistrados, y el de los Jueces de la República, con su trabajo, y en cierta manera a amenazar a los magistrados en su investidura. También fue en cierta manera tráfico de influencias, que de manera pública se expresó, por el carácter de la sesiones de la Corte Plena, de llegar a manifestar lo que en su criterio la Corte y los Magistrados deben hacer. Más recientemente la pareja presidencial de Rodrigo Chaves, hoy Jefa parlamentaria de su Partido, ha hecho  en la Asamblea Legislativa una radiografía de la Corte Suprema de Justicia, de los últimos 20 años, no solo para defender al Presidente de lo que dijo en su visita, sino para advertir y a amenazar a los Magistrados de que velará para no sean reelectos,  debilitando además la imagen de la Corte Suprema de Justicia, más allá de si sus datos eran reales o no. Obviamente El Presidente como la diputada Cisneros dejaron de lado la separación de los Poderes, para meterse en uno de ellos a decir cómo deben ejercer sus magistraturas. Desde su intervención en la Corte Plena indirectamente se le tiró encima al Tribunal Supremo Electoral, que lo tiene investigado en dos casos, porque es la Corte Plena la que elige a los magistrados electorales. De esa manera también le mandó un mensaje intimidante. Por dicha el Presidente Chaves no tiene la mayoría parlamentaria, al estilo Bukele, Ortega o Maduro, que con esas mayorías pueden hacer lo que quieran y pueden remover y nombrar las autoridades que quieran.
  7. También trató de intimidar a la Contralora General de la República tratando de ponerla de asesora directa del Poder Ejecutivo, cuando la Contraloría como institución es un órgano constitucionalmente establecido como Asesor de la Asamblea Legislativa. Pifia y media tuvo en este sentido el Presidente. La Contralora General de la República y los Magistrados son de nombramiento del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Se le olvidó o ignoró intencionalmente al Presidente quien los nombra. Pero su diputada estrella estará afilando el machete cuando se produzcan esos nombramientos.
  8. El decreto de liberalización de medicinas, de registro de medicinas, lo enfrenta a los Consejos Técnicos existentes que definen estos asuntos.
  9. El decreto de liberalización de granos, elimina  en cierta forma los monopolios.
  10. La prórroga del Contrato de concesión del puerto de Caldera, con las implicaciones a favor de personas allegadas a su gobierno.
  11. La forma que hizo de los nombramientos de Comisionados LGTBI, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las personas discapacitadas y el llamado “de integración social”.
  12. Estar llamando a la prensa “canalla”, de estar azuzando contra la prensa, los medios de comunicación y los periodistas, reduciendo los niveles informativos de los ministerios, limitando la investigación periodística, limitando la participación de los periodistas en la ruedas de prensa oficiales, presionando sobre medios de comunicación y periodistas.

Esta campaña que tiene el Presidente es de las más peligrosas para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad, nuestra vida política y ciudadana, porque tiende a evitar el control político sobre los gobernantes de las instituciones del Estado y del Gobierno.

Desearía, y quizá eso es lo que quiere, que la prensa, los medios electrónicos y los periodistas exalten o enaltezcan constantemente su figura, su persona, sin crítica alguna, y al estilo nazi tratar de vincular por medio de la prensa su autoridad con la voluntad popular.

Es una tendencia a imponer su autoridad sin consenso político, con limitación de libertades y derechos, imponiendo sus particulares intereses, aunque lo haga a nombre del pueblo costarricense.

CONTROLAR LA JUDICATURA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

La reelección presidencial no es un derecho humano según Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Joaquín Mejía

  1. ¿Qué son las opiniones consultivas?

Una de las funciones fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es su función consultiva, en virtud de la cual interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos en la materia, con el fin de contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos.

Estas interpretaciones las publica en forma de opiniones consultivas, las cuales puede ser solicitadas por cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, entre los que se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asamblea General, el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de Mujeres.

Las opiniones consultivas no tienen el carácter de una sentencia, pero representan una guía ineludible para la aplicación de la Convención Americana por parte de los Estados y como lo señala la propia Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, “cumplen, en alguna medida, la función propia de un control de convencionalidad preventivo”. En otras palabras, le advierten a los Estados qué actos no deben realizar para evitar su responsabilidad internacional.

  • Una esperada opinión consultiva sobre la reelección presidencial

La Corte IDH acaba de publicar su Opinión Consultiva OC-28/21 sobre la reelección presidencial indefinida, con la cual se pone punto y final a uno de los argumentos que han utilizado varios presidentes de la región -particularmente, Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y Evo Morales- con el fin de imponer sus intereses reeleccionistas en detrimento de los procesos democráticos.

Estos presidentes han utilizado a los máximos órganos judiciales de interpretación constitucional para obtener sentencias fuertemente cuestionadas por amplios sectores sociales. Así, el 19 de octubre de 2009, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua benefició a Daniel Ortega al resolver un recurso de Amparo que declaró inaplicable el artículo constitucional que le prohibía reelegirse.

La Sala de lo Constitucional concluyó que “frente a las restricciones a la reelección presidencial indefinida, los derechos fundamentales están por encima”, ya que esta constituye un valor y principio fundamental, cuya prohibición conlleva un menoscabo a los derechos políticos, que no pueden ser restringidos en el régimen electoral que adopte un país.

El 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras benefició a Juan Orlando Hernández al emitir una sentencia en la que declaró inaplicable el artículo constitucional que le impedía reelegirse, a pesar de que el Poder Judicial no estaba facultado para tomar esa decisión sobre dicho artículo por ser de naturaleza pétrea, es decir, irreformable.

La Sala de lo Constitucional expresó que existe una contradicción entre los derechos políticos y la prohibición de la reelección, lo cual constituye una “[…] colisión entre derechos fundamentales inherentes a la persona humana también contenidos en la propia Constitución, y en la infracción de principios y normas internacionales de Derechos Humanos […]”, de manera que atribuye el carácter de derecho fundamental a la reelección presidencial.

Y, el 28 de noviembre de 2017, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia benefició a Evo Morales al declarar la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los artículos constitucionales que limitaban su reelección “por una sola vez de manera continua”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que la Constitución nacional prescribe que los tratados internacionales que representan la norma más favorable para los derechos humanos tienen que aplicarse y prevalecer incluso por encima de la norma suprema; por tanto, debe aplicarse la Convención Americana de forma preferente que los artículos constitucionales ya que protege de forma más amplia los derechos políticos.

  • Sentencias basadas en una premisa falsa

Estas tres sentencias se basaron en la premisa falsa de que la reelección es un derecho humano y que forma parte de los derechos políticos. En este orden de ideas, los órganos constitucionales argumentaron correctamente que los derechos reconocidos en los tratados internacionales forman parte de las constituciones nacionales y, en consecuencia, tienen el mismo rango o jerarquía de las normas constitucionales en sentido estricto.

Pero establecieron erróneamente que, al existir dos normas de igual jerarquía, pero contradictorias, es decir, la norma constitucional que restringe un derecho humano, al prohibir la reelección presidencial, y la norma internacional que lo protege porque lo permite, debía imponerse la norma que más protege el derecho humano a la reelección. En otras palabras, declararon inaplicable la norma constitucional y aplicaron de forma preferente la norma internacional.

El problema fundamental de estas sentencias es que están basadas en una premisa absolutamente falsa: que la reelección es un derecho humano. La Opinión Consultiva OC-28/21 en la que la Corte IDH nos brinda 10 ideas claves para desmontar las mentiras que sostienen las sentencias reeleccionistas de Ortega, Hernández y Morales:

  1. Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana resaltan que en las democracias el poder se debe acceder y ejercer con sujeción al Estado de Derecho y bajo el imperio de la ley.
  2. El juego democrático solamente es posible si todas las partes respetan los límites impuestos por la ley que permiten la propia existencia de la democracia, como lo son los límites temporales de los mandatos presidenciales.
  3. El derecho que se desprende de la Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de forma expresa es el derecho a votar y ser elegido.
  4. No se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos que se haya reconocido la existencia de un derecho autónomo a ser reelecto al cargo de la Presidencia.
  5. Respecto al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, no existe un derecho autónomo a la reelección.
  6. Respecto a los derechos de los demás ciudadanos, el derecho a votar no implica el derecho a tener opciones ilimitadas de candidatos a la Presidencia.
  7. La permanencia en funciones de un mismo gobernante en la presidencia de la República por un largo período de tiempo tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías.
  8. Los presidentes que buscan la reelección tienen una amplia ventaja de exposición mediática y de familiaridad para los electores.
  9. La ausencia de limitación razonable a la reelección presidencial o la implementación de mecanismos que materialmente permitan el irrespeto de las limitaciones formales existentes y la perpetuación directa o indirecta de una misma persona en el ejercicio de la presidencia es contraria a la Convención Americana.
  10. Los Estados pueden regular la reelección presidencial de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales.
  • Una breve conclusión

La Opinión Consultiva OC-28/21 ratifica lo que la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) había concluido: “no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro período previsto en la constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo”.

En este sentido, los límites a la reelección impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente y protegen otros principios constitucionales como los controles y equilibrios y la separación de poderes. Quien ocupa el cargo de la presidencia de la República tienen la obligación de proteger los derechos humanos y la Constitución, y, en consecuencia, no puede exigir sus derechos políticos en contra de la constitución.

Por tanto, si la Corte IDH ha concluido que la reelección no es un derecho humano, se demuestra la falsedad de la premisa en la que se basaron las tres sentencias citadas y se desmantela la columna principal que sostiene las cuestionadas reelecciones de Daniel Ortega en Nicaragua, de Juan Orlando Hernández en Honduras y de Evo Morales en Bolivia.

En consecuencia, si las reelecciones de estos tres políticos están basadas en una mentira, no cabe ninguna duda que sus gobiernos son de facto y que, si existieran Ministerios Públicos competentes, imparciales e independientes, deberían iniciar inmediatamente acciones penales contra los magistrados y magistradas constitucionales que dictaron estas sentencias manipuladas para favorecer a quienes hoy se han convertido en dictadores, particularmente Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández.

Cuánta razón tenía la Comisión de Venecia cuando señaló que las restricciones a la reelección presidencial contribuyen a la preservación del sistema de controles y equilibrios constitucionales, y que las sentencias que han eliminado la prohibición, conducen al peligro de tener “monarcas republicanos”.

Los pueblos de Nicaragua y Honduras están sufriendo las consecuencias de decisiones judiciales que han convertido abiertamente nuestros sistemas políticos en autocracias, es decir, regímenes en los que los presidentes de facto controlan todas las instituciones del Estado.Nota: Para un análisis más profundo sobre la reelección en la región centroamericana, consúltese el libro “La reelección presidencial en Centroamérica: ¿Un derecho absoluto?”

 

Información tomada de Radio Progreso

Enlace de la nota https://radioprogresohn.net/joaquin-mejia/la-reeleccion-presidencial-no-es-un-derecho-humano-segun-corte-interamericana-de-derechos-humanos/