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Etiqueta: reelección presidencial

Unas palabras sobre la reelección

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.

El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?

En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.

Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.

Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.

Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.

Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).

Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.

Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.

¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque han sido claras, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró.

Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con el claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves.

Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina! La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea, tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia.

Ahí encaja Chaves. Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara esa reforma, debería ir sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este gobierno de Laura Fernández Delgado. ¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensar que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando? Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre…remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses. Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección. Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a seis años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa el presidente o no sus otros tres años. También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar. Veremos qué leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si no se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político-religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus serafines, sus querubines, a los ángeles que gobiernan el universo político de ese movimiento, y a los ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los príncipes, arcángeles y ángeles que en esta batalla harán su labor de troleros…

La reelección presidencial y la deriva autocrática: un llamado a la unidad patriótica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos

En nuestra modesta lectura política, el proyecto de ley del oficialismo sobre la reelección presidencial es un distractor de contexto, dadas las remotas posibilidades que tiene de avanzar en el plenario legislativo. Sin embargo, no debemos dejar de meditar que esta acción es una movida de ajedrez que, directa o indirectamente, está pensada para hacer avanzar y posicionar objetivos de un proceso mayor. Es decir, aun como distractor, forma parte de un plan.

De igual forma, no nos llamemos a engaño: esta acción parlamentaria retrata el enfoque autocrático de un proyecto y muestra de forma abierta la necesidad de inmunidad para la figura del señor Chaves Robles, que es quien ostenta el poder real en esta administración Fernández Delgado. Las declaraciones de José Miguel Villalobos al referirse al proyecto son parte de esa narrativa “novedosa”, de un estilo que gusta al vulgo, pues ya está bastante posicionado un nuevo ideario nacional.

Pero seamos honestos: esta acción parlamentaria forma parte de todos los pasos que nos conducen como país hacia una autocracia.

Los resultados electorales de 2028 y 2030 definirán si el proyecto de un nuevo imaginario colectivo nacional se posiciona aún más y si el actual oficialismo, con sus fuerzas aliadas, logra afianzar sus objetivos. Esos objetivos consisten en abandonar el ideario de 1948 y la Constitución de 1949, y entrar en una fase donde todo lo anterior no sirve y lo novedoso es la forma tiránica de gobernar, controlando los tres poderes de la República y eliminando así los históricos pesos y contrapesos. En ese escenario, una Asamblea Nacional Constituyente no es para nada descartable.

De ser así, estaremos avanzando como país hacia una suerte de autocracia bajo el mando del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de otras fuerzas de esa misma estirpe ideológica, que sencillamente configurarán una nueva tiquicia. Por diversos factores sociales controlados por el tecnofascismo algorítmico, entre otros elementos, habrán logrado hacerle olvidar su legado democrático, que, con sus virtudes y defectos, generó equilibrios y un grado respetable de movilidad social. No dudamos de que ese legado desaparecerá, dando cabida a una Costa Rica irreconocible, que ya se retrata en los recientes datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Esos datos, junto con otros que, según se ha cuestionado, se habría intentado modificar desde Zapote cambiando un “simple cálculo” del INEC, revelan señales poco halagüeñas en el horizonte nacional. Presuponen un canje entre la narrativa de un sempiterno caudillo o partido autocrático y una Costa Rica presa de mayor pobreza, concentración de la riqueza y exclusión social.

En ese posible escenario, en el que nos alejamos del imaginario de la sociedad construida desde 1949, las fuerzas de la resistencia deberán apostar, un día sí y otro también, por recobrar las emociones de la gente, tarde o temprano, en un terreno más complejo. Habrá más obstáculos que enfrentar en la lucha algorítmica; es decir, será una lucha cultural más cuesta arriba. Al parecer, esto se debe a no haber tenido más madurez política en momentos en los que tal vez existían ventanas de oportunidad menos complicadas, pero ganaron el egoísmo, el feudo, la mirada corporativa y demás elementos subjetivos propios de los seres humanos.

Al final del día, consideramos que aún quedan oportunidades en el presente para que se genere una alianza patriótica nacional que al menos haga brotar un respiro unitario fuerte, aunque sea coyuntural, que aspire a frenar o descarrilar la deriva fascista tica en desarrollo.

Por tanto, estas humildes líneas se traducen en un ferviente y patriótico llamado a las dirigencias que comandan la toma de decisiones en cada sector y territorio para que profundicen la lectura de coyuntura. Así será posible, al menos, alcanzar un consenso patriótico que construya un muro de contención nacional y nos permita una pausa de inhalación política unitaria. Ese consenso nos permitiría también poner las luces largas para intentar construir un imaginario distinto al que recorre los cinco continentes, del que nuestra América Latina no escapa: la nueva doctrina Monroe 2.0 y un tecnofascismo algorítmico que se puede derrotar combinando la lucha en el mundo cibernético con la movilización social.

Brasil es el ejemplo reciente de que sí se puede descarrilar una deriva fascista como la que recorre tiquicia.

Variaciones de medianoche sobre la reelección que se pretende presentar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.

No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque ha sido claro, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró. Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con e claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.

Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves. Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina!

La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.

Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.

El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia. Ahí encaja Chaves.

Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara, sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.

En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este Gobierno de Laura Fernández Delgado.

¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?

Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensarse, y pensarse que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando?

Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.

También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre… remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses.

Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección.

Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a 6 años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa al presidente o no sus otros tres años.

También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar.

Veremos que leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.

En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…

En esa mezcla parlamentaria político religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus Serafines, sus Querubines, a los ángeles que gobiernan universo político de ese movimiento, y a los Ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los Príncipes, Arcángeles y Ángeles que en esta batalla hará su labor de troleros…

Si se quiere… se puede

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Diputado 1982- 1986

En las elecciones de febrero de 1982, como es bien sabido, el Partido Liberación Nacional ganó las elecciones en forma arrolladora, al extremo de elegir 33 diputados a la Asamblea Legislativa. Al frente éramos solo 24 legisladores repartidos así: Coalición Unidad (luego PUSC) 16, Pueblo Unido 4, Movimiento Nacional 1, Acción Democrática Alajuelense 1 y 2 independientes que, por criterios diferentes sobre quien sería el primer jefe de fracción de la Coalición Unidad, desertaron antes del inicio de las sesiones.

Todo parecía indicar que el PLN con sus 33 diputados arrollaría en aquella Asamblea Legislativa contra una oposición aparentemente muy fraccionada, pero no fue así. Desde un principio la fracción de la Unidad señaló su derrotero para aquellos cuatro años: haríamos una oposición responsable, apoyaríamos sin mezquindad aquellos proyectos que fueran para el bien del país, y nos opondríamos férreamente a los que no lo fueran claramente. El diálogo permanente y TRANSPARENTE con el presidente Luis Alberto Monge y la fracción del PLN, así como con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo los disidentes, también sería nuestra forma de proceder, siendo el respeto a la prensa y la comunicación abierta, la manera de dar confianza al país sobre nuestro proceder.

El primer jefe de Fracción fue don Rolando Laclé Castro, que supo implementar la efectividad de un dialogo permanente y, desde el principio, fue evidente que no íbamos a permitir que nos “echaran la maquinaria”, como se decía en la jerga de la Asamblea; me tocó conducir la fracción en el segundo año, luego don Danilo Chaverri y don Juan Rafael Rodríguez Calvo se ocuparon de aquella tarea, los cuatro firmes dentro de la línea de acción que nos habíamos propuesto como un equipo con todos los compañeros de fracción, sólidamente unidos, respetando las diferencias de criterios que, como es lógico, tenían que surgir.

Debo reconocer que en don Luis Alberto Monge encontramos un presidente abierto al diálogo y aceptar las diferencias que podían producir crispaciones innecesarias. Así logramos evitar que se aprobaran proyectos como el SEL (Sector de Economía Laboral) altamente inconveniente para los trabajadores, el Convenio Atunero entreguista de nuestra riqueza pesquera e irrespetuoso de nuestros derechos en las famosas doscientas millas de mar patrimonial que define la zona económica exclusiva (ZEE), la construcción de un oleoducto altamente contaminante y también la ley de minería, estos últimos con una enorme presión de la Embajada de los Estados Unidos; proyectos para la aprobación de nuevos impuestos, denunciamos el desfalco de 450 millones de colones de aquella época ($12 millones aproximadamente) en la Comisión Nacional de Emergencias y promovimos la ley que la reformó. Personalmente acusé al presidente Monge de faltar a su deber de información a la prensa, al ocultar un informe negativo sobre el sector agropecuario y, por primera vez en la Historia, un presidente era llevado con un Recurso de Amparo ante la Corte Plena, que me dio la razón, esto sentó un precedente importantísimo en nuestra vida institucional. Y ni que decir de las denuncias que hicimos por la entrega del territorio nacional a fuerzas militares extranjeras que peleaban contra el sandinismo apoyadas por los marines de Estados Unido; hoy alguien con un ataque de palurdismo servil quiere crear bases militares en Costa Rica, pero quedó demostrado que eso es imposible…pues no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución Política.

Mención aparte merece la aprobación de la ley 7035 que, por mociones presentadas por mí, contenía reformas al código penal con severas sanciones para combatir el narcotráfico; esta ley aprobada por unanimidad el 24 de abril de 1986, sufrió el resello presidencial precisamente por esos artículos contra los narcos… el último día de sesiones, lo que nos impidió rechazar el veto; la nueva Asamblea Legislativa lo acogería pocas semanas después.

Pero también contribuimos con nuestros votos para la aprobación de importantes créditos blandos con instituciones internacionales, que vinieran a sofocar la dura situación financiera y presupuestaria que vivía el país; la ley que creó la Universidad EARTH en Guápiles fue promovida por nuestro diputado Rogelio Carazo Paredes y en forma unánime apoyamos la Ley Solidarista que consolida los derechos y rompe los topes de prestaciones laborales, entre otros beneficios. Muchos compañeros de fracción apoyaron la apertura comercial de la Cuenca del Caribe, que implicaba la reforma a una serie de leyes de carácter aduanero especialmente. También promovimos la creación de una Comisión Contra el Narcotráfico, cuando estalló el caso del narcotraficante mexicano Caro Quintero.

Un aspecto que debo mencionar en especial fue la férrea oposición que presentamos ante los intentos de reformar el artículo 132 de la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial después de dos periodos, o sea, volver al texto original de la Constitución Política que se había reformado en 1969 para establecer la prohibición absoluta. Los diputados del PLN presentaron la reforma pensando en su gran figura en aquel momento: Daniel Oduber Quirós, a pesar de tener 33 diputados no lograron suman los cinco faltantes. Nuestra oposición fue feroz, y hoy un sicario legislativo del chavismo, presenta un proyecto para que haya reelección indefinida, es decir, dictadura. Pero en aquellos años demostramos que si había la suficiente firmeza honradez y mecanismos legislativos para defender la institucionalidad… y que, si se quiere, se puede.

Así, puede verse como una fracción minoritaria, eso sí con visión país, sólida en su misión y obligación, puede poner su Pica en Flandes y no permitir desmadre alguno, por amplia que sea una mayoría parlamentaria como la del PPSO. Las estrategias parlamentarias son muchas para hacer entender a una mayoría, que no puede hacer lo que le venga en gana, pero que un diálogo efectivo y sobre todo transparente, si hace posible un trabajo serio y honrado en favor del país… si se quiere se puede.

Lo que es inadmisible es que el presidente saliente y, aparentemente ministro entrante, siga con su tesis de quemar puentes en lugar de construir diálogos positivos, al decir que buscará “siete diputados buenos” que se sumen a su gran reforma constitucional que no es, ni más ni menos, que buscar su reelección en el 2030 y que pueda ser continua.

¿Es que nos tenemos que dar por notificados que el ambiente de agresión y crispación que hemos vivido estos cuatro lamentables años, va a continuar? Como hacerle comprender a este individuo que la mayoría de los costarricenses, incluyendo personas que les dieron su voto, estamos hartos de la violencia verbal, del ambiente de pleito prostibulario que ha creado, que defenderemos la Patria y la democracia sin temores ante la influencia casi neofascista que viene de fuera.

Por el momento, acogemos con esperanza la oferta de concordia, diálogo y consenso que ha proclamado doña Laura Fernández que, con ese proceder, encontrará cooperación por Costa Rica; y sepa cortar la cizaña y la mala hierba a tiempo.

Porque está demostrado, que si se quiere… se puede. Si las fracciones del PLN, Frente Amplio y las unipersonales del PUSC y la Coalición actúan con integridad, si todos son buenos costarricenses dispuestos a defender nuestra institucionalidad, no encontrará el rodriguismo los siete malos que ayuden a destruirla… y por ello, estaremos atentos.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años escribí un artículo, después de un proceso electoral nacional, en el que enfatizaba, que al día siguiente de las elecciones en los partidos políticos tradicionales en particular, pero también los otros, se ponía en marcha hacia el siguiente proceso electoral todo un movimiento con presuntos candidatos electorales que de manera inmediata empezaban a actuar, a movilizarse en el interior de sus partidos, para ir preparando sus postulaciones.

En ese sentido dije que al terminar las elecciones esos partidos ya quedaban embarazados con posibles candidatos. Igualmente, que muchos de los “embarazados” en incubación se conocían desde ese final electoral haciendo la fila.

Dije, de esa manera, que ya estaban en proceso de embarazo los futuros candidatos, y que en algunos partidos esos procesos ya se habían consumado, es decir ya estaban madurando.

No necesariamente se daba a conocer de manera inmediata el embarazo, su padre, pero si se sospechaba del “niño”, del posible “candidato” por nacer, y hasta nombre se le daba, para introduciendo al mundo político. Había a veces embarazos múltiples, varios posibles candidatos a la vez.

Las elecciones que acaban de terminar no me presentan ese cuadro ni me dan esa sensación para todos los partidos políticos, exceptuando algunos, con lo cual puedo seguir afirmando que al terminar las elecciones, ya está en marcha ese “nacimiento”, que en este caso es muy divulgado, cacareado, como es en el partido Pueblo Soberano, que se proyecta al actual Rodrigo Chaves como un próximo candidato presidencial en el 2030.

Las elecciones que acaban de pasar afirman, de conocimiento público más claro y contundente esta situación. En ese partido se habla del continuismo del presidente y se ha presentado a Laura Fernández tan solo como un eslabón de ese continuismo. Ella misma se ha visto, “preñada de esa forma”, y se ve a sí misma, como un paso más, para que en su gobierno se hagan las modificaciones constitucionales que permitan que Rodrigo Chaves pueda ser candidato presidencial dentro de cuatro años, y no dentro de ocho, como se permite actualmente.

Igualmente, plantean la posibilidad de que el presidente, pensando en Rodrigo Chaves, pueda ser reelecto de manera inmediata, es decir consecutiva a su mandato presidencial. Es decir, que si se puede llegar a reelegir en el 2030, también pueda hacerlo en 2034, y en el 2038…

En el Partido Pueblo Soberano, hay que reconocer, hay bastante homogeneidad en esa idolatría por el presidente, pero no evita que puedan desarrollarse contradicciones y fisuras importantes.

El Partido Pueblo Soberano se levantó como una organización nueva girando alrededor del Presidente Rodrigo Chaves, de su propuesta discursiva contra todos los partidos políticos existentes, contra los que están y han estado en la Asamblea Legislativa, contra todos los presidentes que han habido desde 1949 calificándolos de dictadores y tiranos que solo gobernaron para ciertos grupos de empresarios, sectores empresariales, banqueros, financieros y productores, y que no gobernaron para el pueblo. Su discurso fue contra los Poderes Públicos haciendo ver ineficacia o atrasos sustantivos en la solución de problemas que eran sensibles a los ciudadanos.

Especialmente, su bandera fue y ha sido la de una Nueva Costa Rica, sin esas ataduras, que “no dejan gobernar para el soberano”, para el pueblo. De allí han levantado levemente la idea de una “Tercera República” dando por sentado que el período de la Segunda República, desde 1948 hasta ahora, se acabó con el ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves, y que a partir de este período o momento histórico hay que iniciar nuevos pasos, con nuevo ropaje hacia una nueva Costa Rica, la de la Tercera República.

Ese discurso ha calado en el electorado que apoyó a Laura Fernández. No le produjo los 40 diputados que necesitaban para gobernar sin limitación alguna, pero tienen los suficientes para permitir que el Gobierno de Laura Fernández pueda salir airoso y se pueda lucir, si sabe conducir bien las acciones del Poder Ejecutivo.

De la acción del gobierno de Laura Fernández va a depender que, en el 2030, el Partido Pueblo Soberano sea una maquinaria organizativa en capacidad de reelegirse como partido de manera sucesiva. Para ello tiene que desarrollar organización y estructuras políticas, que se pondrán a prueba en las elecciones municipales en dos años, que serán el trampolín hacia las elecciones del 2030, para todos los partidos, y para evaluar políticamente los dos primeros años del nuevo gobierno.

Estas elecciones municipales son un reto para todos los partidos políticos nacionales que quieran volver a participar en la elección nacional del 2030.

Hasta ahora, en el discurso de Laura Fernández se luce su solidaridad y lealtad a toda prueba con Rodrigo Chaves. Su oferta de llevarle como ministro de la Presidencia justo es para ayudarle en el camino a la reforma constitucional y su eventual candidatura presidencial. Este podría ser el embarazo que ya tiene el partido Pueblo Soberano del futuro candidato del 2030. ¡Oh!, para decirlo de mejor forma, Laura Fernández ya esté embarazada políticamente por Rodrigo Chaves, y el niño por nacer candidato se llamará Rodrigo Chaves, por su político padre putativo.

Pero veamos la realidad real del futuro gobierno. Pensemos que efectivamente puede darse la reforma constitucional para la reelección presidencial y de manera consecutiva, ¿si no para qué?

Si la reelección presidencial se hace solo para modificar el plazo de años para volver a ser candidato reduciendo de ocho a cuatro, se entenderá que es nada más una reforma para darle oportunidad a Rodrigo Chaves de volver a ser presidente.

Si se va a hacer la reforma constitucional hay que hacerla en debida forma. Se hace para que cualquier presidente en el futuro pueda reelegirse consecutivamente a su mandato.

Aquí viene la otra discusión. “Un solo mandato en reelección o dos seguidos”, podría ser la discusión y la reforma, salvo que la quieran hacer sin límite lo que facilita la llegada de presidentes “casi de por vida”. Ejemplos hay como los presidentes de Argentina, Venezuela o Nicaragua donde no existe límite en el proceso de reelección consecutiva para el mandatario. No entra Cuba aquí porque ya establecieron en Cuba que un presidente no puede gobernar más de ocho años, es decir más de dos gobiernos seguidos.

Ahora bien, si se va a proponer la reelección consecutiva del presidente, entonces también debe proponerse la reelección consecutiva de los diputados, que son además los que tienen que aprobar la reelección del presidente. En ambas reelecciones consecutivas al menos teóricamente yo estaría de acuerdo, porque soy de la idea que cuatro años de gobierno es un plazo corto para impulsar una obra de gobierno que se hace descansar en la imagen de una persona.

Supongamos, que estas reformas se aprueban para que inicien de inmediato en el 2030 y no a partir del 2034, como podría suceder que así lo aprueben.

Si esas reformas son de aplicación inmediata, entonces la presidenta Laura Fernández, en el supuesto de que haga, en percepción pública y en la realidad, un buen gobierno, se convertiría en una muy buena candidata presidencial para el 2030. Quizá la mejor, porque tiene todo el aparato gubernativo bajo su dirección y eso le da ventajas. Si utiliza los mismos mecanismos publicitarios y de comunicación que ha empleado Rodrigo Chaves, llevaría más ventaja. Si a ello suma su inteligencia para una buena relación con los poderes públicos, con las universidades públicas especialmente, con los diversos sectores sociales, empresariales y productivos sería una magnífica candidata para la reelección en el 2030. Entonces, ¿para qué promocionar a Rodrigo Chaves si ella puede resultar mejor que él para seguir en el Gobierno? Aunque desarrollara un gobierno autoritario, siguiendo al de Chaves, si su cacumen le da para hacer de su gestión gubernativa una especie de modelo autoritarista ilustrado, que sepa combinar la razón, el progreso, la educación, la cultura y las artes en general, podría entender mejor para su gestión la confusa y difícil realidad institucional, económica y política social que le tocará administrar y dirigir.

Así, si ella promueve a Chaves como futuro candidato, con todos los apoyos que le pueda brindar, hay que decir que, desde esta elección, durante este breve período, de febrero a abril, en que Chaves la llamó de nuevo al Ministerio de la Presidencia, ya la embarazó con su candidatura, lo que hace valer mi tesis de que al final de cada campaña ya se producen los embarazos de candidatos para la siguiente. ¿cuándo se producirá ese parto? Si es real, en mayo.

Si Rodrigo Chaves no va a ningún ministerio ni cargo público con inmunidad, y si no hay reelección para el 2030, la lucha interna en el Partido Pueblo Soberano se va a desatar para producir embarazos precoces, inmaduros en el seno de esa organización, que puede producirles escisiones, particiones, transfuguismo, fraccionamiento legislativo. En cierta forma ya empezó con decisión impuesta, desde Casa Presidencial, de la integración del primer directorio legislativo de la Primera Legislatura, 2026-2027, del próximo gobierno. Se les producirán así embarazos no deseados, que pueden tener riesgos en la salud de ese partido político. Al menos a la vista están el embarazo ya anunciado de Nogui Acosta, el más fiel representante de Rodrigo Chaves en esa fracción parlamentaria, el de Gonzalo Ramírez y su grupo religioso cristiano no católico, el de José Miguel Villalobos, que por su propia iniciativa egocéntrica procurará escalar puestos visibles en el aparato legislativo, con el beneplácito de los grupos narcos y los deudores de instituciones públicas la candidatura de José Miguel Villalobos, que me recuerda mucho la candidatura a la presidencia legislativa de otro Villalobos, muy ligado a esos grupos, que por cierto terminó muy mal su vida política. Villalobos es el más propenso a hacer casa aparte en cuanto se sienta el más presidenciables para el 20230 de ese partidos y de esa fracción legislativa.

En esta elección, que acaba de pasar, se produjo una situación muy particular, puesto que de esa forma no se había presentado antes, la de que los candidatos posibles por nacer, hacia esa candidatura presidencial, excluía al presidente que, en ejercicio de la presidencia, sabía que si quería aspirar nuevamente a un ejercicio presidencial tenía que esperarse ocho años para volver a ser candidato. Ahora no. El presidente tiene aspiración real de volver a la presidencia. ¡Cuanto antes mejor!

Esa situación sigue siendo válida porque no se ha modificado la Constitución Política para permitir que el presidente, en ejercicio, pueda reelegirse de manera consecutiva a su ejercicio presidencial, por otros cuatro años. Tampoco se ha modificado la Constitución para permitir que el presidente pudiera aspirar, nuevamente, una vez que hubiera transcurrido el período presidencial de cuatro años y no de dos períodos, después de que el gobierno finaliza, esperando de esa manera ocho años, con lo cual prácticamente queda fuera de cualquier aspiración.

Desde que se impuso la restricción de la reelección, en 1969, ninguno de los presidentes desde 1949 hasta 1966, tuvieron ese impedimento, porque afectaba a los nuevos presidentes a partir de 1970. Por eso Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich o José Joaquín Trejos Fernández tuvieron esa oportunidad de volver a ser presidente de la República, después de 1970, si así hubieren tenido esa oportunidad. Inauguró el período, en 1970, Figueres que quedó electo para su segunda presidencia constitucional. Ya había sido presidente constitucional en 1953.

De los presidentes electos a partir de 1970, excluyendo a José Figueres Ferrer, hasta la elección del 2006, no podían aspirar a una reelección. Tenían que satisfacerse con su período gubernamental. Así fue con Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.

Para las elecciones del 2006 se había modificado la Constitución Política, permitiendo la reelección de un presidente, tal y como existía antes de 1969, dejando pasar un período de ocho años después que la había ejercido. Eso le permitió a Oscar Arias reelegirse en el 2006.

Desde entonces, 2006, todas los personas que han ejercido la Presidencia pueden hoy reelegirse, si son electos, ocho años después de que dejan su gobierno.

La reforma que permitió la reelección de nuevo, a partir del 2006, se basó, en un Fallo de la Sala Constitucional, que anuló la Reforma Constitucional de 1969, que había establecido la prohibición de la reelección, porque no se podía limitar un derecho constitucional dado por los Constituyentes Originales, como era el de la reelección presidencial.

En Teoría Constitucional los Derechos y las Libertades no se pueden restringir una vez establecidos. Pueden ampliarse positivamente, pero no restringirse o disminuirse.

El otro fundamento, de la Sala Constitucional, fue que el procedimiento parlamentario de la restricción electoral en 1969 estaba mal hecho. Por ello se anuló el artículo de la restricción presidencial y se reestableció el artículo original de la Constitución Política de 1949, que permitía la reelección, en la forma que se hace actualmente, dejando pasar ocho años.

Para entender esto, de otra manera, indico lo siguiente. La Constitución Política de 1949 estableció el segundo párrafo de Artículo 98 que restringía la participación política de aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales podían atentar contra la democracia nacional. No señalaba a ningún partido en particular, ni a ninguna identificación específica. Pero, esa restricción se acompañaba con el Decreto Ley No. 105, de la Junta fundadora de la Segunda República, del 17 de julo de 1948, con el cual se proscribió al Partido Comunista de Costa Rica. Esto hacía que el Tribunal Supremo de Elecciones, con denuncias que se hacían contra la inscripción de un partido político, señalando que había firmas de ciudadanos que habían sido o eran comunistas, con base a ficheros que se tenían y se presentaban, de esa manera en el Tribunal Supremo de Elecciones, permitía el control para indicar que tal o cual partido podía ser “comunista” y sacarlo de la posibilidad de una elección, como sucedió con casi una decena de partidos políticos entre 1949 y 1975, entre ellos el Partido Alianza Popular Socialista, PAPS, del cual mi querida abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez era parte de su Directiva Constituyente.

En 1975, cuando fue eliminado el segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política se amplió el derecho ciudadano del sufragio, los comunistas podían votar por los comunistas, por ellos mismos. Se ampliaron en ese sentido los derechos ciudadanos, que estaban restringidos. Eso se podía hacer constitucionalmente, ampliar Derechos.

Lo que no se puede hacer todavía es restringir, debilitar, eliminar o afectar negativamente derechos establecidos y adquiridos por los ciudadanos. Eso es parte esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, que vivimos los costarricenses.

Volviendo al tema de las actuales elecciones y del momento actual.

Hay que reconocer que en esta elección hubo mayoría de caras nuevas participando como candidatos. Igualmente, hubo gente más joven participando dentro de los partidos tradicionales. Hay que decir también que la inmensa mayoría de los partidos que participó eran nuevos. De los tradicionales solo Liberación Nacional, que resultó con buen suceso presidencial, a pesar de las pugnas que tuvo ese partido y de las trabas de inscripción que le aparecieron. Su fracción legislativa fue amenazada y advertida por el presidente Chaves de ser fracturada por él, de “comprar” o “presionar” diputados para lograr sumarlos o integrarlos, como hizo en este gobierno con diputados de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La Unidad Social Cristiana fue un desastre. Sus pugnas y divisiones internas, y el ponerse parlamentariamente de cola del gobierno de Rodrigo Chaves prácticamente lo hundieron. Casi lo desaparecen. Una diputada electa que tiene un gran reto personal, más que político, para hacer sobrevivir ese partido, considerando que probablemente tenga una agenda personal muy cercana a la del gobierno próximo, del partido Pueblo Soberano, de su presidenta Laura Fernández y de su fracción parlamentaria.

El trabajo parlamentario de Abril Gordienko tiene que proyectarse, en su posible candidatura presidencial, hacia el 2030, salvo que Juan Carlos Hidalgo, si él quiere volver a ser candidato, asuma un papel muy destacado como dirigente público del partido, sin ser la cola del partido de gobierno de Laura Fernández como lo fue en muchos aspectos del actual gobierno. De esta forma, en la Unidad Social Cristiana, pueden darse estos dos embarazos, el de Abril y el de Juan Carlos.

A la diputada Abril Gordienko la veo como diputada de oposición política para muy pocas cosas relacionadas con la alteración del Estado de Derecho y las Libertades públicas. Ojalá me equivoque en esto, y sea una defensora de todo el Estado Social de Derecho, que comprende los Derechos sociales y laborales, el presupuesto público de las universidades de manera muy destacada. Pero estos no son temas hoy del partido Unidad Social Cristiana.

La tarea titánica de la oposición democrática parlamentaria la tendrá el Frente Amplio, con sus siete diputados y la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte Claudia Dobles debe tener claro que fue electa por una Coalición y no solo por lo que quedaba del Partido Acción Ciudadana. Tiene que hablar en su ejercicio parlamentario a nombre de la Coalición. Si no lo hace debilita la acción y la participación política, pero también se quema ella misma y pierde confianza política. Si mantiene su figura de la Coalición, y hace una buena labor legislativa con ella y su trabajo se fortalecen los dos partidos de la Coalición, y crea las bases para ampliarla hacia las elecciones del 2030, donde ella podría ser de nuevo candidata de la Coalición.

En la perspectiva de este artículo, la Coalición está embarazada desde ahora, si se tiene claro que hay que trabajar desde ya, con esa candidatura presidencial. Si no se opera así, con esa perspectiva, se actúa mezquinamente y con puro oportunismo político, en la “esperanza” que pueda surgir un “mejor” candidato en el futuro, o en vísperas de la próxima elección del 2034.

La labor legislativa es el mejor terreno para forjar ese “mejor” candidato, si se es diputado, y si así se trabaja en los partidos que tienen representación parlamentaria.

En el Frente Amplio no tengo duda de que el mejor candidato que tiene hacia la campaña electoral del 2030 es José María Villalta, ya curtido en tareas parlamentarias, lo que le dará ventaja legislativa. En lo personal lo he visto trabajar de cerca y es muy buen trabajador, diría excelente, de mucha disciplina, ordenado, estudioso de los temas que debe atender. Tiene buen modo, tiene don de gentes, es educado y preparado profesionalmente, con dominio de los temas que le toca abordar o atender.

El Frente Amplio ha cometido el error de no dejar que sus candidatos a la presidencia lleven la doble postulación, lo que les ha retardado en la preparación de ese candidato presidenciable. Ahora tienen la oportunidad hacia el 2030 con Villalta, que no tendrá impedimento para su posible candidatura en esa elección.

Creo que en ese sentido deben elegirlo en las cuatro legislaturas, que vienen, como el jefe de la fracción parlamentaria, para que tenga más presencia pública y forje mejor su candidatura, que dependiendo del próximo gobierno, lo puede hacer visiblemente más presidenciable.

Para todos los partidos hay que señalarles que los candidatos presidenciales no se improvisan, como no se improvisan partidos políticas, para una sola campaña electoral. De allí sus resultados. Hay que desarrollarlos con vida interna de partidos, con vida externa y puestos públicos si es posible. Así se forman los dirigentes y los candidatos. Deben tener presencia pública, tienen que estar en el debate nacional. Tienen que convertirse en fuentes informativas y formativas de opinión pública y de opinión ciudadana.

Los precandidatos legislativos que me he atrevido a formular deben tener claro que no deben andarse con tonterías de negar sus aspiraciones. Al menos deben admitir que esa es una posibilidad resultante de su próximo trabajo político en los siguientes cuatro años. Si se negaran desde ahora, a esa posibilidad, hay que decir que sus candidaturas y elección fueron un verdadero fraude oportunista tan solo para haberse postulado, para ser electas como diputados, por una sola vez, para su hoja de vida, su currículum personal.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030 ya están en marcha.

El mito de la reelección presidencial sucesiva

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rubén Hernández Valle

El artículo 132 inciso 1) de la Carta Política autoriza la reelección presidencial con un lapso de espera de 8 años entre uno y otro período. Para reformar este artículo y autorizar la reelección sucesiva se requiere de una reforma a esa norma constitucional.

Según el artículo 195 de la Constitución Política las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas.

Para obtener 38 diputados, es decir, dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, se requeriría que el partido vencedor obtuviera al menos el 68% de los votos válidos, como lo demuestra la elección de 1953, en la cual de los 45 diputados que integraban por ese entonces la Asamblea, don José Figueres obtuvo 30. Es decir, exactamente dos tercios del total de miembros del órgano legislativo. El PLN obtuvo el 68% de los votos válidos en esos comicios electorales.

En el 2010, doña Laura Chinchilla, con el 42% de los votos válidos, obtuvo 24 diputados. Por tanto, si su tocaya obtuviere el mismo caudal de votos el l de febrero próximo que señalan las encuestas, obtendría como máximo 24 diputados, los cuales no serían suficientes ni siquiera para tener asegurado el Directorio Legislativo, mucho menos para aprobar reformas constitucionales en la Asamblea.

La reforma tampoco funcionaría por medio del referendo constitucional, pues el último párrafo del numeral 195 de la Constitución establece expresamente que “De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Adicionalmente, una consulta de la CIDH emitida en el 2021 estableció, tajante y expresamente, que la reelección presidencial sucesiva es contraria al Pacto de San José, es decir, es inconvencional. Por tanto, si aún se aprobare la reforma del artículo 132 inciso a) de la Constitucional por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal reforma no podría entrar en vigor porque la jurisprudencia vinculante de la CIDH en nuestro ordenamiento, lo impediría.

La única salida sería denunciar la CADH, lo cual sería un precedente funesto en nuestra historia democrática, pues eso significaría que nos alejaríamos del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sería abdicar de toda nuestra historia y creencias democráticas, profundamente arraigadas en el ser costarricense.

En conclusión, la reelección presidencial sucesiva no sólo no es posible políticamente, pues se requiere que un partido político obtenga al menos el 68% de los votos válidos en una elección para obtener los 38 escaños que se requieren para reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución, y jurídicamente, porque tal reforma nunca entraría en vigor, pues ya la CIDH estableció que la reelección presidencial sucesiva es contraria a la CADH.

Asuntos políticos que hay que atender

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El 5 de julio pasado, analizando la situación política nacional, considerando, en esos días, la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves se reeligiera, escribí algunas reflexiones sobre su posible activismo político, para llegar hasta el 2034, en el supuesto de que aguardara, constitucionalmente, el plazo de ocho años para poder volver a aspirar a un nuevo posible período presidencial.

Señalé, que una vez que terminara la presidencia, en el 2026, si no tenía un partido político propio, donde él fuera la figura política, el dirigente político principal, y tuviera protagonismo político permanente, no iba a poder formar una imagen, que hasta hoy no tiene, de activista y dirigente político nacional.

Él es, hasta mayo del 2026, el presidente de la República y eso le da el protagonismo que genera el mismo aparato de gobierno, de su propia gestión, de sus convocatorias a periodistas todos los miércoles, de las giras que programa con regularidad a los diferentes cantones del país.

También tiene protagonismo por las sandeces que, sin sentido, razón, lógica o vínculo entre su lengua y su cerebro, casi a modo de barrabasadas, patochadas, burradas que a mí se me parecen más a burdeganadas, constantemente manifiesta, que producen reacciones en diferentes públicos y actores sociales o políticos. Las burdeganadas a modo de los rebuznes que se pueden producir del cruce entre un caballo y una burra, menos común que la mula, que resulta del cruce del burro con una yegua.

Como paréntesis hay que considerar que el propio Chaves ha insinuado que podría no llegarse a las elecciones del 2026.

También manifesté, que, si alguno de los partidos de los que él está impulsando, para las próximas elecciones, llegare a ganar el próximo período presidencial, lo que es posible, él podría ocupar un puesto de ministro, para tener cierto protagonismo institucional desde su gestión ministerial. Pero, esta situación le posterga su posible reelección hasta dentro de ocho años, lo que el presidente Chaves no desea como plazo largo.

Escribí también, que el plazo de ocho años para volver a ser presidente, solo se podía cambiar con una Asamblea Constituyente, o por una reforma constitucional legislativa, que ya no le da tiempo de realizar, para poder establecer una norma constitucional que permita esa reelección consecutiva, o una alterna más corta, de cuatro años.

Es más fácil, a mi manera de ver, para el gobierno tratar de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente por la vía parlamentaria, que impulsar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de la reelección consecutiva. También ha dicho el presidente que a él sí le gustaría ser diputado constituyente.

Pero, es claro que Chaves no quiere esperar ni un día más a partir del 8 de mayo del 2026, para mantenerse en el gobierno. Ha insinuado varias veces que podría no llegarse a esas elecciones, amenazando gravemente el sistema democrático electoral, lo que calza con sus ataques también al Tribunal Supremo de Elecciones.

Aun cuando tenga que dejar el gobierno el 8 de mayo del 2026, trabaja para que en ese mismo momento pueda operar simultáneamente una Asamblea Nacional Constituyente, que podría trabajar en paralelo con la Asamblea Legislativa, mientras la Asamblea Nacional Constituyente no opere, como se hizo en Venezuela recientemente, como un órgano legislativo paralelo sustituto.

Hay que destacar que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ya lo está manifestando el presidente Chaves, cada vez con más fuerza, quizá buscando la posibilidad de que con la convocatoria de 38 diputados pueda ser llamada o convocada.

Este tema, y esta posibilidad, la está trabajando el presidente, su equipo de asesores y de aliados políticos, que poco a poco se le van extendiendo. No hay que engañarse en esto.

El pasado 8 de julio escribí, señalando una situación extrema, “que el presidente Chaves renuncie a su actual presidencia antes de diciembre. Renunciado, puede aspirar a ser diputado en el 2026. No tendría impedimento legal ni constitucional. Suponiendo que con partido propio o con otro prestado llegue a ser diputado, va a tener cuatro años para luchar dentro de la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución Política para que les permitan a los presidentes la reelección consecutiva o alterna cuatro años después, y no ocho. Así podría ser candidato presidencial en el 2030, y no en el 2034. No está mal este otro camino, en la selva política nacional, para el jaguar.”

En ese artículo puse la fecha de su renuncia en diciembre, porque en ese momento lo asocié a la condición de los otros funcionarios públicos que deben renunciar un año antes de las próximas elecciones, para participar como posibles candidatos a diputados, porque para ser ministro no tiene impedimento.

En su equipo asesor esta idea le caló. La empezaron a engullir. Hicieron consultas directamente a especialistas en derecho electoral, que le aclararon al presidente y su equipo, que su renuncia se podría hacer en julio del próximo año, a siete meses de la elección nacional, plazo que han considerado más oportuno, porque les permite seguir atizando el ambiente político desde la presidencia hasta ese momento, para salir a la palestra político electoral de seguido, y de manera pública y activa.

Este tema ya es más que un rumor, un tema de discusión en diferentes ambientes políticos, tanto a favor como en contra.

Hay que reconocer que constantemente el presidente Chaves está realizando, de una manera fina, una participación beligerante de tipo político. Su beligerancia es clara, directa, sin tapujos, sin esconderse, con símbolo político electoral, el jaguar, llamando a movilizaciones populares que le organizan desde distintos frentes políticos y electorales, por ahora débiles, pero constantes.

Su identificación con el jaguar le ha dado ese éxito político electoral. La figura del animal ya se usa como emblema en varios escenarios. Se han colocado vallas con la figura del jaguar preguntando dónde firmar y votar para el referéndum, para que se vote por esa vía el proyecto de ley que llamaron Ley Jaguar.

El 14 de setiembre, en la noche, en el acto oficial de recibimiento de la Antorcha, traída desde Guatemala hasta Cartago, se usaron faroles y farolitos en manos de los niños y asistentes con la figura del jaguar, faroles bien hechos. Los discursos de la ministra de la presidencia y del propio Chaves, ese día, fueron de agitación política, bien partidista, hacia los “jaguares”, a los seguidores de sus partidos, los que están impulsando.

En materia electoral, ya han inscrito varios partidos, para participar en las próximas elecciones. Varios partidos porque lo que les interesa es llevar la mayor cantidad de diputados posibles a la próxima Asamblea Legislativa.

Entendamos una cosa que es real. Si Chaves se lanza de candidato a diputado, va a salir electo, y con él una buena cantidad de candidatos que vayan en su misma papeleta. Si en la pasado elección eligieron 10 diputados sin que nadie los conociera, en la próxima pueden dar una sorpresa.

Entendamos también, que el símbolo del jaguar podrían usarlo varios partidos políticos, que no se disputen la “marca”, que no pongan recursos legales contra el uso de ese símbolo electoral, que ya lo es, porque uno de los partidos políticos recientemente inscrito ya lo inscribió como símbolo suyo, identificándose con el gobierno. No habría problema del símbolo porque el Tribunal Supremo de Elecciones ya acepta banderas de los partidos políticos casi de idéntico color, de modo que con diferente color puede ir el símbolo del jaguar.

Entendamos también, que el presidente y sus grupos electorales están trabajando fino, pero con fuerza. En las elecciones municipales pasadas, el partido que se identificó con el gobierno, desde el punto de vista de su organización, logró constituirse en el tercer partido más grande, con candidatos inscritos, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, con más de 3000 candidatos en todo el país, que el Tribunal Supremo de Elecciones, se los anuló por cuestiones de forma. Los errores que cometieron para esa elección no los van a repetir. Van con todo y en varios frentes.

Un escenario que hay que considerar, es que si Chaves renuncia en julio, para lanzarse de diputado lo que puede hacer, en su campaña política para ser electo diputado sería de ir acompañando al candidato presidencial de su partido, como lo hizo Pilar Cisneros con él, con el propósito de sumarle votos a su candidato que se pintaría como la continuación de su gobierno. Igualmente, en ese paso a paso electoral, recorriendo los caminos de la Patria estaría Pilar Cisneros, considerando que su esposo suena como posible candidato a la Presidencia o también a una diputación.

Los partidos políticos, que están en la Asamblea Legislativa, los que existen fuera de ella y los que se están organizando, con miras a las elecciones del 2026, faltan 16 meses, deben atender este panorama político y electoral.

Los partidos políticos están en La Luna, metidos en sus cráteres. No están a la vista. Sus dirigentes ni orejas tienen. Menos voz. La voz de los diputados, de los diferentes partidos parlamentarios, no se siente electoralmente hablando. Sus discursos y luchas parlamentarias no se ligan a movilizaciones en favor de sus planteamientos, ni se siente ligados a la organización partidaria que representan. Un poco de agitación y discursos antigobierno o antichavistas no son suficientes. Las direcciones políticas de los partidos son inexistentes, no se pronuncian sobre nada. Los temas nacionales del país no existen en las agendas de los partidos. No hay debates políticos importantes. Hay muchos distractores políticos, muchos de ellos introducidos por el gobierno y el presidente.

O los partidos políticos y sus dirigentes se ponen las pilas, o los van a barrer. El discurso anti partidos y antipolíticos, contra quienes “han gobernado dictatorial y tiránicamente, solo para un grupo de empresarios y camarillas políticas, desde 1953 hasta el 2022”, como afirma el presidente Chaves, pega fuerte.

Los partidos afectados y las fuerzas políticas atacadas no han podido señalar y destacar que Chaves gobierna con otra, y para otra, camarilla de políticos, empresarios, financistas, por constituir y consolidar la Nueva República, ya habla de una Tercera República.

Esperemos que ese proyecto de Nueva República, no sea la Narco República, a como va el país, o establezca un gobierno como el de los Duvalier, de Papá Doc, que se llegue a conocer como la República de Papá Chaves.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

La posible reelección del presidente Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves Robles tiene todo el derecho a pensar que puede reelegirse en la Presidencia de la República. Solo tiene que saber que de acuerdo con la actual legislación constitucional solo puede hacerlo una vez que hayan transcurrido ocho años después de haber dejado la Presidencia de la República. Esto significa que hasta las elecciones nacionales del 2034 podría volver a ser candidato. No lo puede hacer, ni postularse en las elecciones del 2030.

En la Constitución Política original de 1949, el Artículo 132, en su inciso 1), se estableció que “no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.

La aprobación de este artículo fue una reacción contra la tradición anterior a 1948 que permitía la reelección presidencial dejando pasar un período presidencial. Así fue el intento del Lic. León Cortés de volver a ser presidente en 1944, cuando él dejó la presidencia en 1940, o el Dr. Calderón Guardia cuando quiso volver a la presidencia en 1948, habiéndola dejado en 1944.

José Figueres asumió de facto la presidencia de la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando se le impuso, como triunfador militar en los sucesos armados de marzo-abril de 1948, a Otilio Ulate, quien había sido electo presidente en 1948, presidencia que se le anuló, lo que provocó la insurrección militar para reconocerle la presidencia. Su breve gobierno, 1948-1949, no le impidió ser candidato a la presidencia en las elecciones de 1953, por cuanto él no había sido electo presidente por la vía electoral. Su gobierno de 1953-1958 fue su primera presidencia constitucional.

En 1969 se realizó una reforma constitucional, en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que modificó este artículo 132, estableciendo el impedimento de la reelección presidencial, para cualquier persona que hubiera ejercido la presidencia, durante cualquier lapso.

La reforma se impulsó para evitar la reelección de presidentes socialdemócratas, lo cual no afectaba a Figueres, porque los efectos de esa reforma eran hacia el futuro, y no hacia quienes en el pasado hubieran sido presidentes de la República. Más se movieron las fuerzas políticas contra Figueres y contra Daniel Oduber Quirós, que había perdido la presidencia en las elecciones de 1966, pero se le visualizaba como un fuerte y posible candidato para los procesos electorales siguientes, como lo fue en 1974. Frente a la reforma que limitaba la presidencia se impuso en 1970, José Figueres, originando su segundo gobierno constitucional.

La reforma constitucional del 11 de julio de 1969 estableció el artículo 132 de la Constitución, en su inciso 1), de la siguiente manera: no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.

Con base en esa reforma constitucional, a partir de 1970 los presidentes de la República que fueron electos, como personas que no habían ejercido la presidencia anteriormente, se eligieron por una sola vez, sin intentarlo en una segunda ocasión. Así sucedió con Daniel Oduber, 1974-1978; Rodrigo Carazo, 1978-1982; Luis Alberto Monge, 1982-1986; Oscar Arias, 1986-1990; Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994; José María Figueres, 1994-1998; Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002, y Abel Pacheco 2002-2006.

La reforma constitucional de 1969 estableció un artículo transitorio que ex Presidentes de la República, hasta ese momento, solo podrían ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma. De conformidad a esta disposición, de los expresidentes anteriores solo podían optar a la presidencia Rafael Angel Calderón Guardia, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos. De estos solo Mario Echandi, en 1982, intentó ser presidente.

El ambiente político hacia las elecciones del 2006, luego de la reelección de la Unidad Social Cristiana, del gobierno de Miguel Angel Rodríguez al de Abel Pacheco, 1998-2002 y 2002-2006, rompiendo la tradición de que solo el partido Liberación Nacional se reelegía, José Figueres – Daniel Oduber, 1970-1978; Luis Alberto Monge – Oscar Arias, 1982-1990, se impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que recién se había creado, en 1989, para revisar la reforma constitucional que se había hecho en 1969, que impedía la reelección presidencial. Obviamente, se movían sectores políticos que consideraban que Oscar Arias era la mejor opción en el 2006 para levantar al partido Liberación Nacional y llevarlo nuevamente al Poder Ejecutivo. Su triunfo electoral fue apretado, por un margen de 19.000 votos, contra un exliberacionista, Otón Solís, que había creado un nuevo partido, Acción Ciudadana.

El fundamento de esta acción descansaba en dos aspectos. Uno, de procedimiento legislativo cuando se aprobó esa reforma, y otro, de derechos fundamentales, que no podían ser modificados negativamente por una reforma parcial de la Constitución, como se hizo en 1969.

La Sala Constitucional estableció que habían habido vicios de procedimiento parlamentario y constitucional que anulaban lo resuelto en esa reforma. Por el fondo, de los derechos fundamentales, fue más categórica. Se señaló, lo que bien corresponde a Derecho Constitucional, que derechos y libertades constitucionales establecidos por el Poder Constituyente Originario, la Asamblea Nacional Constituyente que redacta y aprueba una Constitución, no pueden ser modificados negativa ni restrictivamente por reformas constitucionales posteriores; y que el derecho de reforma constitucional, que tiene la Asamblea Legislativa, su Poder Constituyente Derivado, no puede violentar derechos originalmente establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, solo actuando para mejorarlos, superarlos, ampliarlos, pero no para restringirlos o limitarlos.

Originalmente, la Asamblea Nacional Constituyente había establecido el derecho de reelección presidencial, de quienes ejercieran ese alto cargo público, derecho que no podía restringirse ni eliminarse por una reforma constitucional hecha por la Asamblea Legislativa.

Sobre esto ya se había dado una modificación constitucional importante relacionada con el Artículo 98 de la Constitución Política, que en su segundo párrafo, establecía restricciones de participación electoral ciudadana, que solo se aplicaba a comunistas o quienes habían pertenecido a ese partido antes de 1948, de acuerdo a listas que se tenían, para verificar los trámites de inscripción de partidos políticos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo originalmente aprobado en 1949, al calor de la guerra civil y de las restricciones y persecuciones que se establecieron contra el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105, de la Junta de Gobierno, señaló que se prohibía la formación o el funcionamiento de partidos políticos que por sus programas ideológicos, vinculaciones internacionales, medios de acción, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo original funcionó, desde 1949 hasta 1969, poniendo fuera de la ley, y de la participación electoral, casi una docena de partidos que se consideraban de izquierda o caían en los extremos del Decreto No. 105 y el segundo párrafo del Artículo 98 constitucional.

A ello hay que agregar que existían listas de ciudadanos, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que eran objeto de impedirles su agrupación política. No se les impedía votar por otros partidos políticos. Se les impedía votar por partidos políticos propios, de votar por ellos mismos, ya que los calificaban en esos extremos de impedirles su participación electoral.

La reforma al artículo 98 constitucional se dio en medio de una lucha democrática, que empezó a finales de la década de 1960-1969. A ello se sumó la crisis de la economía nacional, especialmente con la producción de café y de azúcar, que condujo a que el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970, y el partido Liberación Nacional, se movieran para solicitarle a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista, Vanguardia Popular, actuara como agente comercial del Gobierno, ante los países socialistas para vender café y azúcar, de la cuota internacional que se había reducido para Costa Rica. Esto lo apoyó José Figueres que ya era candidato para las elecciones de 1970, del partido Liberación Nacional, y en su gobierno 1970-1974.

Los países socialistas, y la Unión Soviética, calzaban en esos nuevos mercados, no tradicionales, de mercados emergentes, como también se les ubicaba, para colocar esos productos.

Así, se le dio pasaporte oficial a Manuel Mora, que se hizo acompañar, en su patriótica misión, con Ricardo Quesada López Calleja y del empresario liberacionista Max Blanco Brunetti, quienes representaban los intereses cafetaleros y cañeros. La gestión de Manuel Mora le permitió presionar por la eliminación del segundo párrafo del Artículo 98, y luego, bajo el gobierno de José Figueres, 1970-1974, por el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas.

En el gobierno de Figueres se inició la reforma constitucional del artículo 98 que se aprobó en el gobierno de Daniel Oduber, 1974-1978. Con esta reforma la democracia nacional y electoral se amplió y fortaleció.

De esta manera, se modificó el artículo 98 que restringía derechos electorales, por la reforma del 4 de junio de 1975, permitiendo que los ciudadanos tuvieran el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. El 2 de julio de 1997 se amplió este artículo señalando que los partidos políticos expresaran el pluralismo político, concurrieran a la formación y manifestación de la voluntad popular y fueran instrumentos fundamentales para la participación política. La creación y el ejercicio de partidos políticos, de su actividad, por esa reforma, sería libre dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Puestas así las cosas, la reelección presidencial se volvió a discutir a principios de este siglo ante la Sala Constitucional.

El triunfo Miguel Angel Rodríguez, en 1998 y luego de Abel Pacheco, 2002, ambos de la Unidad Social Cristiana, supuso la posibilidad de reelección continua de este partido. Liberación Nacional se movió internamente llegando a la conclusión que su mejor candidato posible para la Presidencia era Oscar Arias.

Si a los comunistas y a las personas de izquierda se les reconoció y se les restableció su derecho electoral de organización partidaria, porque se ampliaba un derecho, era igualmente válida la nulidad que hizo la Sala Constitucional de la restricción que limitaba el derecho de los expresidentes a su posible reelección, en tanto restableció un derecho ciudadano declarado originalmente en 1949. La Sala Constitucional al anular la reforma de 1969, restableció el artículo original de 1949, que facultaba la posibilidad de reelección presidencial dejando pasar dos períodos presidenciales, es decir ocho años después de que se deja la presidencia.

Esta decisión de la Sala Constitucional se ha visto muy personalizada en la figura del expresidente Oscar Arias, tanto por grupos políticos de la derecha como de la izquierda, sin entender con claridad que lo que estaba de fondo eran derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que no podían restringirse, o que se podían crear y ampliar.

Para el momento actual, el presidente Rodrigo Chaves ha mostrado su interés de la reelección, para la campaña electoral del 2030, dejando pasar tan solo un período presidencial 2026-2030 y no dos períodos como está establecido en la Constitución Política.

Es claro que cualquier posición que el presidente Chaves tenga para hacer ver su posible candidatura en el 2023, es tan solo una postura de agitación política, de atención política, de mover el ambiente político a su alrededor, que lo sabe hacer bien.

Institucionalmente no hay posibilidad de realizar una reforma constitucional, en este momento, para restablecer la reelección inmediata o dejando pasar un período presidencial.

El presidente Chaves ha perdido su tiempo constitucional para realizar reformas a la Constitución. Ni siquiera podría hacerlo por la vía del Referéndum, aun convocándolo, porque no hay tiempo para aprobar en dos legislaturas posibles reformas constitucionales. Tal como está la situación el presidente Chaves solo tiene posibilidad de volverse a postular hasta las elecciones del 2034.

Confieso públicamente, como lo he dicho en diferentes escenarios y medios de comunicación, que soy partidario de la reelección inmediata, consecutiva, por lo menos de un período presidencial, para quien ejerza ese cargo. No le tengo miedo a la reelección presidencial. Pero no es la oportunidad inmediata del actual presidente. También soy partidario de que el mandato presidencial se alargue a seis años, como en México.

Lo curioso de los opositores a la reelección presidencial es que son partidarios de sus propias reelecciones consecutivas, inmediatas, o alternas, en puestos que tienen en juntas directivas de organizaciones sociales y empresariales, o en puestos académicos, y partidariamente políticos, que son susceptibles de reelección. En esto hay que ser consecuente.

La experiencia histórica de Costa Rica, antes de 1948, mostró el valor de la reelección política en muchas dimensiones. Solo en el campo legislativo, por citar un ejemplo, los diputados podían reelegirse continuamente. Manuel Mora Valverde fue electo diputado de manera consecutiva desde 1934 hasta 1948. Después, volvió a ser diputado en 1970.

En el caso del presidente Chaves hay que entender que para volver a ser candidato presidencial, en el 2034, se supone que debe mantenerse activo en política, una vez que deje la presidencia en el 2026. Que esa actividad pasa por la existencia de un partido político permanente, que todavía no lo tiene; y, que lo tenga como uno de sus dirigentes políticos.

Los otros escenarios que tiene el presidente Chaves, para mantenerse activo políticamente, descansan en dos posibilidades. Una, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, de la que ya se pronunció a favor, en lo cual también estoy de acuerdo, en donde él quisiera ser diputado, para lo que necesita un partido político que lo postule y que quede electo en esa Asamblea.

El estuvo tanteando esa posibilidad de convocatoria de la Asamblea nacional Constituyente. Reunió especialistas que no oyó y desestimó en su iniciativa. Ahora, que acaricia esa posibilidad, perdió su tiempo constitucional para convocarla. Por ahora, casi no es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya la Sala Constitucional se opuso a un referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones había aprobado. No es, entonces, por la vía del Referéndum la posibilidad de la convocatoria del Poder Constituyente Original. Tendría que tener el Presidente Cháves una enorme capacidad negociadora con los diputados para lograr que la Asamblea Legislativa lo haga, capacidad que hasta ahora no ha demostrado.

La otra posibilidad es que un partido nuevo para las elecciones del 2026, con el apoyo del actual Presidente, que se identifique con él, y con la continuidad de sus políticas, triunfe y lo tome en cuenta en algún cargo político, que le dé resonancia, como un ministerio o algo así. Por ahora no lo tiene. No es imposible que esto suceda, que otro partido asuma el Poder Ejecutivo, que no sea de los tradicionales ni de los que participaron en la última contienda electoral, tratando de darle continuidad al actual gobierno. Improvisaciones políticas en esta época son posibles. El mismo presidente Chaves es una muestra de ello.

No hay que engañarse. El ambiente electoral no desestima esta posibilidad. Ante el anuncio del presidente de Chaves, de su interés por la reelección, la diputación constituyente y el Referéndum hay que prepararse.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Camino a la dictadura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Imagen: Allan McDonald

Bukele y su proyecto de reelección

Todas las actuaciones políticas del presidente Nayib Bukele indican que está llevando rápidamente a la república de El Salvador hacia una dictadura de derechas.

David Mena

El último acto lo efectuó el 15 de septiembre, celebración de un nuevo aniversario de la independencia, cuando anunció que será candidato a la presidencia en 2024, violando la constitución, que prohíbe la reelección de manera inmediata.

La prohibición de la reelección inmediata se basa en la previsión de eliminar las ventajas que tendría un presidente en funciones porque utilizaría el poder del Estado para asegurar su triunfo sobre otros aspirantes.

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La argumentación de los publicistas de Bukele consiste en afirmar que es un presidente popular y que nadie ha hecho lo que él ha logrado, y que eso le da derecho a reelegirse.

En el camino de la reelección se inscribe la destitución inconstitucional por el parlamento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron remplazados por otros, dóciles al gobierno.

Justificaciones y falacias

Los publicistas del gobierno “justifican” el proyecto de reelección en que Bukele ha sido un buen administrador, sobre todo cuando la pandemia, pero “olvidan” que en esta legislatura se dictó una ley para eliminar el acceso a la información de todo lo realizado por el ministro de Salud (como el uso discrecional de varios centenares de millones de dólares provenientes de Estados Unidos) y otros ministerios que también usaron fondos públicos.

Otro de sus argumentos refiere a la reducción notable de la cifra de homicidios desde que Bukele asumió, el 1 de junio de 2019 (no hubo ninguno hasta marzo de 2022, cuando como rayo en cielo sereno hubo 80 asesinatos en un fin de semana).

El periódico virtual El Faro demostró que en esos casi 3 años Bukele estableció un pacto secreto con las pandillas (maras). Luego rompió con una de ellas, la Mara Salvatrucha 13 (MS 13), por incumplimiento de las prebendas pactadas. No obstante, en ese mismo periodo crecieron las cifras de personas desaparecidas, así como el hallazgo de cementerios clandestinos, acciones atribuibles a las pandillas.

El Faro demostró, años atrás, que funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN tuvieron acuerdos secretos con las pandillas, por lo que fueron procesados por la fiscalía general de la república.

Pero eso no ha sucedido con funcionarios del gobierno de Bukele, porque la asamblea legislativa constituida el 1 de mayo de 2021, con mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, destituyó, en la misma sesión de apertura, al fiscal general que investigaba las operaciones secretas del mandatario con las pandillas y la corrupción de otros funcionarios del gobierno actual.

El Fiscal General nombrado el 1 de mayo de 2021, obediente a las directrices del presidente, destituyó a los fiscales que investigaban el pacto con las pandillas y eliminó el acuerdo con la OEA que creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).

Un régimen de excepción

A partir de marzo pasado, para encubrir la mentira del control territorial que ejercía el gobierno, Bukele tuvo una reacción violenta para “castigar” a los pandilleros y mostrar ante la población su poder.

Así, se instaló el “régimen de excepción”, que supone la pérdida de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas (que pasó a 15 días).

Entre marzo y septiembre últimos, el ejército y la policía nacional civil han capturado a más de 50 mil personas, incluidas muchas que no tienen relación con las pandillas pero que viven en los barrios populares y su condición de pobreza da a los captores la justificación para su apresamiento.

Se sabe sin embargo que las dirigencias de varias pandillas no están encarceladas y que además, hay decisión gubernamental de no entregar a líderes pandilleros solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.

Hay restricciones para que los presos accedan a procesos legales para demostrar su inocencia. No tienen acusaciones por delitos cometidos sino la presunción de que son pandilleros por apariencia o por lugar de residencia y porque forman parte de las cuotas de capturados que deberían cumplir los soldados y los policías diariamente.

Hoy hay en El Salvador, entre estos nuevos presos y los anteriores, unos 80.000 detenidos hacinados en las cárceles del país, que tienen una capacidad máxima cuatro veces inferior a esa cifra.

Durante los últimos seis meses ha habido denuncias de homicidios efectuados por autoridades carcelarias o por otros prisioneros y de muertes por negligencia en la atención médica de las personas privadas de libertad.

El factor del desencanto

Bukele ha destruido la institucionalidad democrática y ha creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de la relección.

Cuenta a su favor el desencanto de la población con todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos años (cuatro de ARENA y dos del FMLN), que no proporcionaron alivio a la pobreza y miseria grandes sectores. La antigua estructura de dominación política y de concentración económica sigue vigente. Es pasado y presente.

La miseria ha llevado a grandes cantidades de salvadoreños, buena parte de ellos jóvenes, a emigrar, a integrarse a las maras, que se han constituido en un poder territorial y hasta político, o a sumarse al ejército de desocupados que no encuentran trabajo.

El Salvador tiene además acumulados problemas como una estructura económica concentradora del ingreso; marginación y exclusión social; inseguridad generalizada; emigración obligada; desempleo creciente; medio ambiente amenazado; deterioradas finanzas públicas y creciente endeudamiento externo; uso corrupto de presupuestos públicos; estancamiento educativo…

Bukele ha sabido captar ese desencanto, atacando a los partidos tradicionales y prometiendo mano dura a la delincuencia, y al mismo tiempo ha copado las instituciones del Estado para eliminar toda oposición.

El presidente considera un lastre para su gobernabilidad autoritaria las reglas democráticas constitucionales y con su mayoría legislativa controla todos los resortes del poder político.

Tras tres años de gestión está claro que gobierna para su grupo familiar y amistades, aliados a familias de la vieja oligarquía, de la cual sigue el mismo patrón de conducta: utilizar el aparato del Estado para incrementar su patrimonio.

Ahora necesita ser reelecto para evitar que un nuevo gobierno investigue su corrupción y para mantener el control del Estado con el fin de continuar la acumulación económica de su familia y allegados.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/el-salvador-2/camino-a-la-dictadura/