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Etiqueta: reforma fiscal progresiva

La histórica sentencia contra Hacienda y a favor de la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica

Greivin Hernández González*

La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.

La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).

Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.

En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.

Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.

Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.

Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.

En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.

*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

La soga en la casa del ahorcado

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA TRIBUTARIA

“…no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.”
Alfredo González Flores

Un grupo de personas comprometidas con la justicia tributaria han promovido el Foro Alfredo González Flores, convocado para este martes 13 de noviembre a las 5:30 pm en el auditorio de la ANDE. Entre las actividades previstas está la firma de este manifiesto:

Los abajo firmantes, ciudadanos en ejercicio de sus derechos, ante la crisis financiera, moral e institucional por las que atraviesa el Estado costarricense, nos hemos unido para constituir un Movimieno Cívico bajo el nombre de don ALFREDO GONZÁLEZ FLORES, con base en los siguientes razones y principios:

Razones:

I.- Ya en el Siglo XIX, los gobiernos de casi todos los Países más avanzados habían establecido un sistema tributario de signo progresivo dominado por la presencia y la principalía de los impuestos directos: territorial, sucesorio, renta, que han constituido desde entonces la principal fuente de ingresos tributarios de esos Países.

II.- Por el contrario, en América Latina, y particularmente en Centroamérica, el sistema tributario, heredero de la Colonia, era de signo regresivo, pues estaba dominado por impuestos indirectos como los impuestos aduaneros, sobre la actividad jurídica (timbres fiscales), sobre los productos de primera necesidad, etc., satisfechos en mayor proporción por los pobres.

III.- Don Alfredo González Flores, quien gobernó entre 1914 y 1917, fue el primer (y único) presidente que trató de implantar en Costa Rica un sistema tributario de signo progresivo, haciendo promulgar leyes sobre Catastro Nacional, Impuesto Territorial e Impuesto sobre la Renta. A consecuencia de ello sufrió un golpe de Estado que lo derrocó y revirtió las cosas al estado anterior.

IV.- Hasta después de transcurridos 30 años tuvimos de nuevo en Costa Rica el Impuesto sobre la Renta (Ley N.837 de 1946); pero desde entonces hasta ahora (por tarifas bajas, mala administración, evasión) nunca se ha logrado la progresividad (la justicia) del sistema tributario. Actualmente se estima que la evasión de este impuesto alcanza el 60%.

V.- La crisis fiscal, debida a múltiples factores, pero en la cual ha jugado un papel importante la deficiencia crónica en la recaudación de los tributos debidos por los más ricos, se ha venido agravando a través de varios lustros, porque ningún gobierno ha querido enfrentarse a la oligarquía, de modo que ha acudido a diversas formas de endeudamiento que no rozan las causas de la crisis, sin afrontar una solución de fondo.

VI.- Debemos luchar para que nuestro Gobierno reformule su actual Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo que determine la progresividad del sistema tributario nacional.

VII. Los sistemas de fijación y cobro de los impuestos directos de los Estados modernos constituyen versiones altamente perfeccionadas que facilitan una tributación pronta, completa, segura y apegada a la legalidad. Su adaptación al sistema tributario costarricense es factible dentro de plazos razonables, si tenemos la determinación de transformar dicho sistema, para asegurar una mayor justicia tributaria.

Principios:

A) Los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; de modo que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.

B) Nuestros gobernantes deben tener la voluntad política de implantar la progresividad del sistema tributario por la vía de modernizar los impuestos directos, y particularmente los que gravan las rentas o ganancias, tomando como modelo los sistemas vigentes en los Estados de mayor desarrollo y cultura.

C. La justicia tributaria, a más de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social, formado con esta una unidad indivisible.

GRUPO CIUDADANO ALFREDO GONZÁLEZ FLORES

Manifiesto por la justicia tributaria

Walter Antillón

Tal vez el mío sea un pensamiento inactual, rezagado con respecto a la doctrina moderna en el campo tributario, pero sigo convencido (hasta que los sabios me convenzan de lo contrario) que los impuestos directos, y en especial los que recaen sobre la ‘renta’, son los impuestos comparativamente más justos; que su mayor peso dentro del sistema tributario le otorga a éste un carácter progresivo; y que un sistema tributario progresivo es, por definición, el más justo.

La justicia tributaria, además de un imperativo moral, es parte principalísima de la justicia social.

El impuesto sobre la renta se había establecido en varios países europeos ya en el Siglo XIX. Don Alfredo González Flores lo conoció y seguramente lo estudió en Inglaterra, donde residió entre 1898 y 1905. Don Alfredo fue abogado de profesión, pero economista y financista de afición, a partir de su experiencia inglesa. Cuando regresó al país, rodeado de libros y con una serie de ideas claras acerca de Economía y Política Financiera, tenía plena conciencia de la injusticia del arcaico sistema impositivo costarricense, tal como lo dejaría explicado años más tarde:

“…Ricos y pobres siempre ha habido, y siempre los habrá; pero no es justo que, descargando todo el peso de las contribuciones sobre los pobres, estos sientan más de lo necesario su pobreza, mientras los ricos se hagan más ricos cada día, por no tener que pagar lo que en razón y equidad deben pagar y pueden soportar sin fatiga ni sacrificio.”
Conversaciones con el Pueblo, 1916.

Sabemos que cuando don Alfredo González Flores llegó inesperadamente a la Presidencia de la República en 1914, llevaba diez años de formación autodidacta en las Ciencias Económicas y Hacendarias y había hecho sus primeras armas en la política nacional como diputado por el Partido Republicano. Creo que nadie en Costa Rica ha llegado a la Presidencia tan bien preparado y con tantos proyectos como don Alfredo. Inmediatamente se puso a la obra, de modo que entre 1914 y 1917, en medio de la severa crisis económica que se abatió sobre los pueblos, producto de la Primera Guerra Mundial (1914/18), fundó la Escuela Normal de Heredia, que fue una enorme cantera para la formación de educadores; abrió el primer banco estatal (el actual Banco Nacional); creó las Juntas de Crédito Agrícola; ideó e inició la construcción de un hospital para los enfermos de tuberculosis (el Sanatorio Durán); fundó los Almacenes Generales de Depósito; etc. Pero posiblemente el proyecto más deseado que consiguió se hiciera realidad fue la promulgación, en 1916, de las Leyes de Catastro, de Impuesto Territorial y de Impuesto sobre la Renta; proyecto cuya aprobación fue para él un imperativo moral y social: poner a Costa Rica en el camino del progreso que años antes habían seguido con éxito los países “del Norte”. Lo expresó con las siguientes palabras:

“…Toda la enorme diferencia que hay, en cuanto al modo de administrar el Estado y en cuanto a las entidades administrativas, entre el Norte y nuestros países, consiste simple y únicamente en que allá se paga impuestos y aquí no. Entre nosotros todo el sistema se reduce hasta ahora a cobrar derechos de aduana y otra contribución indirecta sobre el consumo, como ella no sea difícil de colectar. Estas contribuciones pesan de manera más injusta sobre el pueblo consumidor y dejan libres o casi a los más obligados a contribuir; es decir, a los ricos, a los grandes propietarios, a las empresas extrajeras, a éstos que en Londres, París, New York y otras ciudades lejanas reciben el importe de sus dividendos, sin molestia ninguna, ni gravamen ninguno; estos que, por no consumir nada en el país, no pagan derechos de aduana, en ninguna forma, en nada contribuyen para sostener los gastos inherentes a la administración pública, a cuya sombra obtienen, sin embargo, todas sus ganancias .”
Carta a un salvadoreño, 1916.

Don Alfredo fue derrocado por los Tinoco en 1917 porque sus leyes de impuestos afectaban los intereses de la oligarquía nacional y de los accionistas de las empresas extranjeras. Y de hecho no hubo en Costa Rica impuesto sobre la renta hasta 30 años después (ley 837 de 1946).
Dicen los que saben que la ley actual (número 7092 de 1988), con gran cantidad de reformas que dificultan su aplicación, ha permitido por su estructura y por su deficiente administración, una altísima cifra de elusiones y evasiones que están pidiendo a gritos un nuevo texto legal y una batería de reglamentos idóneos para colocar a éste, nuestro impuesto progresivo por excelencia, en el centro del sistema tributario.

Hace más de veinticinco años venimos hablando de la crisis fiscal, pero los políticos tradicionales han pretendido resolverla depositando el pesado fardo impositivo en las espaldas del Pueblo. Hasta ahora han fracasado, y la crisis luce peor que nunca.

En mi gran ignorancia, sospecho que esa crisis no se resolverá sino hasta que, al fin, hagamos lo que la oligarquía y las transnacionales impidieron hacer a don Alfredo González Flores en 1917, y han evitado en los siguientes cien años: implantar un sistema tributario justo y progresivo, flexible y equilibrado, sobre la base de un moderno y eficiente impuesto sobre la renta que tendrá que ser el buque insignia del sistema mismo.

Por descontado que la oligarquía, al igual que en 1917, se defenderá con uñas y h . . Pero el Pueblo costarricense tiene aquí una bandera: luchemos porque nuestro Gobierno reformule su actual proyecto tomando como base un impuesto sobre la renta moderno y justo, cuya progresividad prevalezca sobre la regresividad del IVA y los otros miembros del sistema. Formemos un gran foro nacional bajo el nombre de Alfredo González Flores.

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón

Foto: UCR

Dos heroínas y un héroe

Las dos heroínas y un héroe ( que se les unió en Cañas)
Tres personas, en un acto de civismo extremo.

Es otra manera pacífica de protestar, con vehemencia y determinación. Exponen su seguridad física a los embates del tiempo.
1-Francina Suárez Guido, del ICE.
2-José Manuel Araya Rosales, del ICE ( a un mes de pensionarse)
3-Olga Mendoza Elizondo, educadora.

Gratitud por siempre por su compromiso y entrega por Costa Rica.
Estás personas caminantes salieron de Liberia el martes a las 5:40 am hacia San José, en protesta contra el Combo Fiscal.

Marchan por una reforma justa y solidaria.

De Roxana Cedeño, compartido en redes digitales.

Denuncian violencia policial y dos personas detenidas en Barranca

SURCOS recibió para su publicación la siguiente denuncia respaldada por fotos y videos:

“Durante una manifestación sobre el puente de Caldera la policía intervino lanzando gases, a pesar de que la gente se retiró continuó el lanzamiento de gases, y como los policías no podían pasar por la cantidad de carros, enviaron efectivos a perseguir a las personas manifestantes quienes ya no estaban obstruyendo la vía”.

“Greivis González y Jouseth Cháves y los demás luchadores detenidos del día de hoy en Puntarenas fueron trasladados a la Naval (Guardacostas) y en este momento están siendo trasladados a la fiscalía en Puntarenas para procesarlos en flagrancia. Exigimos su liberación inmediata y que detengan la represión contra el pueblo trabajador que se encuentra luchando contra el plan fiscal que afecta al pueblo”.

Barranca2

Información compartida con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

Breve video explica conceptos de evasión. Parte dos.

¿Ya conocieron a Margarita y a Juan? Esta es la segunda conversación que tienen sobre la situación fiscal del país. Margarita y Juan quieren estar bien informados porque saben que una reforma fiscal es necesaria pero quieren una reforma justa, solidaria y suficiente.

 

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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UNED-PRO: “ya se sabía que vía rápida no era aplicable a plan fiscal”

El presidente de la Asociación de Profesionales de la UNED (UNED PRO) envió a SURCOS un documento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el cual se señala que para el trámite del proyecto 20,580 que contiene el plan fiscal del gobierno, se requiere mayoría calificada (38 votos).

Rafael López Alfaro dijo a SURCOS que ese análisis tiene fecha de 21 de marzo del 2018, por lo que llama la atención que las fracciones legislativas hayan seguido adelante con el trámite por la llamada vía rápida que opera con mayoría simple (29 votos). El representante laboral de la UNED, estima que posiblemente el gobierno y sus alianzas lo que busca es lograr el primer debate y presentarse ante las calificadoras de riesgo enarbolando un logro legislativo.

Compartimos el documento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; los párrafos de interés están en las páginas 100 y 101 y destacados en amarillo.

Servicios Técnicos AL

Lucha social y criterio jurídico complican plan fiscal del gobierno

Entre sábado 29 y domingo 30 de setiembre las organizaciones sindicales que forman parte de la Unidad Sindical acordaron no aceptar el documento de arreglo con el gobierno, que proponía el inicio de una comisión de diálogo sin garantizar que el actual expediente 20,580 sería modificado. Eso implica, como ha circulado en redes digitales, que la huelga continúa.

A ese panorama de lucha social se suman acciones en el campo jurídico, como la presentación de un recurso de amparo por parte de pueblos indígenas por la ausencia de consulta sobre un tema que les afecta, esto, acorde con el Convenido 169 que Costa Rica firmó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este documento, compartido en redes digitales, puede consultarse aquí:

Recurso de Amparo de Laura Espinoza Bejarano

A lo anterior, siempre en el campo jurídico, se suma el criterio ya conocido en torno a que el trámite del plan fiscal no ha seguido la ruta correcta, pues al afectar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial requiere mayoría calificada (38 votos) y por tanto no se puede aplicar la llamada vía rápida que ha seguido el proyecto.

En este enlace del Semanario Universidad puede conocerse a fondo este tema:

https://semanariouniversidad.com/pais/criterio-de-la-corte-que-podria-traerse-abajo-la-reforma-fiscal/

SURCOS ha publicado material didáctico acerca de este tema, para localizarlo en nuestra página puede utilizar el buscador con las siguientes palabras clave: material didáctico fiscal.