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Etiqueta: rendición de cuentas

Petitoria reforma de leyes en materia de anticorrupción

El pasado jueves 08 de julio, representantes de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y del Movimiento Nacional Territorios Seguros, envían una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada y a Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea, en la cual hacen un llamado a tomar acciones para frenar la corrupción, además resaltan el papel que debe tener la ciudadanía; En este documento realizan una serie de exigencias a los/as mandatarios y piden lo siguiente: 

  1. Una firma pública de compromiso con el pueblo de Costa Rica para establecer de inmediato un proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública de los Poderes de República.
  2. Que MIDEPLAN, la Contraloría General de República (CGR) y otros órganos de control interno estatales, se sumen al proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas para cada Poder, Ministerio y Jerarca del Estado, como lo manda la Constitución Política.
  3. Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en articulación con la ciudadanía impulsen y establezcan las políticas de participación ciudadana que establece la Carta Magna en los procesos de control y rendición de cuentas, en su Art. 11.
  4. Que se impulse el proyecto legislativo 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las tracciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.
  5. Que se genere un proyecto de ley en coordinación con la ciudadanía, para efectos de que la elección de diputados y puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

*Se adjunta documento completo de la carta enviada

UNDECA exige transparencia y rendición de cuentas en compras de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA; 8 de junio, 2021

Debe priorizarse el derecho a la salud y la vida; y realizarse una investigación hasta las últimas consecuencias.

El Gobierno de la República, a raíz de la pandemia, declaró estado de emergencia nacional, desde el 16 de marzo del 2020. Esta declaratoria implicó para la CCSS refinanciar el Fondo de Contingencias y destinar un presupuesto de 125.000 millones, para la construcción de infraestructura. remodelaciones, adquisición de equipos de protección personal, equipo médico, insumos y otros.

Un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República. de carácter especial, DFOE-BIS-IF-0003-2021, de 31 de mayo 2021, acerca de las contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el escenario de la emergencia sanitaria del COVID-19, desnudó las graves omisiones y evidencia las serias anomalías de control interno en las compras realizadas a través del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, en el 2020.

«En el estudio del órgano contralor se advierten deficiencias en las compras realizadas, amparadas a procedimientos de excepción, cual más de todas graves, como incumplimiento de los requisitos iniciales en las contrataciones, omisiones en las especificaciones técnicas del objeto contractual y los criterios de evaluación de las ofertas, entre otros desaciertos, que comprometieron los recursos institucionales», detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

Si bien una emergencia permite realizar compras por excepción, como mecanismo para agilizar la adquisición de bienes y servicios, éstas no se pueden realizar a la libre, porque existe una serie de principios que no se pueden obviar, como el de publicidad, control, transparencia y rendición de cuentas, que desafortunadamente fueron incumplidos en estas compras.

No estamos hablando de compras de un termómetro, de una camilla: son miles de productos que se adquirieron y que representan miles de millones de colones.

Además, el informe advierte serias omisiones en la publicidad de las compras, que debilitan el control ciudadano y opacan la democracia.

La CCSS debe implementar estrictos mecanismos de control, que garanticen y demuestren que las compras se realicen con mayor objetividad, donde prevalezca la sana administración y el interés público.

UNDECA exige que la Auditoria Interna, con base en el Informe de la Contraloría, profundice la investigación, con la finalidad de contribuir a mejorar los procedimientos administrativos de compras de emergencia y valore la eventual responsabilidad administrativa y hasta patrimonial, si fuera del caso, de aquellas instancias superiores de la institución que puedan resultar responsables, porque se trata de recursos de los trabajadores y el pueblo, que deben destinarse a resguardar el derecho a la salud y la vida de todo el pueblo costarricense.

Información con Martha Rodríguez 8398-3527

UCR: La pandemia sigue transformando la acción social

En la Semana de rendición de cuentas la UCR repasó los principales aspectos de la gestión del 2021

El Trabajo Comunal se reinventó para enfrentar la pandemia sanitaria. Por ejemplo, el proyecto Música en Acción produjo cápsulas de video dirigidas a niños de preescolar de la Dirección Regional de Aguirre en la provincia de Puntarenas. Foto TC-685

Un total de 410400 horas de trabajo comunal, 5880 certificados de educación continua y permanente otorgados, 157 entornos virtuales de aprendizaje y 724 proyectos de Acción Social en ejecución son parte de los logros de la Vicerrectoría de Acción Social para el primer cuatrimestre del año 2021.

Los datos son parte del informe presentado por la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social (VAS), durante su presentación el pasado miércoles 12 de mayo en el marco de la semana de la Rendición de Cuentas de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR),

“Este es un momento para abrir una ventana para dialogar y construir en conjunto. Esta es una de las tareas que la universidad propicia, y nos tenemos que sentir honrados de ser parte de esta institución, y parte de este nuevo formato virtual”, manifestó Gutiérrez.

Durante la presentación por el canal oficial de la UCR, en la plataforma Youtube, la vicerrectora hizo un resumen de los retos que representaron para la VAS la migración de los proyectos inscritos a la modalidad virtual, dadas las restricciones impuestas por las autoridades de salud para actividades presenciales.

No obstante, y pese a que la pandemia tomó por sorpresa a toda la ciudadanía, la vicerrectora destacó que a su llegada a la VAS en enero pasado se encontró con un personal altamente comprometido, empático y capacitado con altos grados académicos para enfrentar esta nueva realidad.

MULTIPLICIDAD DE ESFUERZOS

Actualmente, los 724 proyectos de Acción Social continúan en vigencia, adaptados a la realidad que impone la pandemia sanitaria.

“La plataforma tecnológica ha sido central en estos primeros meses de nuestro quehacer, sabemos que tenemos que maximizar esfuerzos y aquí lo tenemos claro. En este caso, el personal que trabaja con la plataforma virtual UCR Global ha permitido que el tránsito a la virtualidad sea provechoso y útil, que nos acerque a las personas, que se derriben las fronteras y las limitaciones que haya por espacio o tiempo”, explicó Gutiérrez.

Pese a las restricciones económicas impuestas a las universidades todas las tareas se han cumplido con el compromiso del personal. En total se han habilitado 157 entornos virtuales, de los cuales 31 están en proceso.

En este sentido, Gutiérrez destacó con satisfacción que el proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública”, iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (Conare), demandó el diseño de una plataforma virtual para 64 cursos cursos en línea, que involucran el esfuerzo de 57 unidades académicas, centros e institutos de investigación para 1600 cupos. Esto es parte de las actividades enmarcadas en la declaratoria del Conare del 2021 como el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.

De los 724 proyectos de Acción Social en vigencia, 375 corresponden a la modalidad de Educación Continua, Permanente y Servicios; 170 al Trabajo Comunal Universitario (TC), 158 de Cultura y Patrimonio y 21 a Iniciativas Estudiantiles.

De los 5880 certificados de la primera modalidad, se entregaron 1938 de aprovechamiento, 2669 de participación y 1012 de asistencia.

Los proyectos de Cultura y Patrimonio se articulan con un enfoque de derechos culturales y a la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, entre los que destacan la Red Institucional para Pueblos y Territorios Indígenas, Danza Universitaria y el Cine U, que ha presentado mediante plataformas virtuales cuatro ciclos temáticos y cine foros.

En el TC se ha logrado que concluyan el proceso 1385 estudiantes con el apoyo de 182 docentes. Esta es “una actividad medular que caracteriza a la UCR ya que la Acción Social le impregna ese sentido de solidaridad, de la construcción de saberes, del reconocimiento de otros distintos, donde nuestros saberes se ponen con relación a otros y permite que de forma conjunta podamos transformar esta sociedad en una cada día más inequitativa”, acotó la jerarca universitaria.

Para Daniela Carrillo Valverde, estudiante de Psicología, compartió durante la presentación del informe que “formó parte de la generación que tuvo que adaptarse al Trabajo Comunal de manera virtual. Esto generó en mí una marca en torno a la forma de pensar la Acción Social y la necesidad de ver el recurso tecnología como una herramienta más que nos permita pensar cómo generar lazo social”.

En lo referente a las Iniciativas Estudiantiles (IE), con 21 proyectos vigentes y que son propuestos y ejecutados por estudiantes con inquietudes sociales, se articulará un convenio marco entre la UCR y el Consejo de la Persona Joven, así como el Consejo Nacional de Capacitación Municipal, en el que la UCR tiene una representación. El objetivo es potenciar a las IE y otras vinculadas con la juventud universitaria.

A criterio de la vicerrectora Gutiérrez, “a lo mejor cuando nos volvamos a encontrar en las aulas o en los pasillos, vuelvan a surgir las preguntas qué es la Acción Social, porqué la hacemos en esta universidad. Podría pensarse que es algo inútil que demanda mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pero eso es propio de gente que piensa que es inútil el conocimiento, que no lo valora. ¿Qué significa lo útil o inútil? ¿Qué significaría que desapareciera la Acción Social para esta universidad?”, cuestionó.

DESAFÍOS UNIVERSITARIOS

La vicerrectora comentó que al asumir el cargo se encontró con una importante reducción presupuestaria, y dada la crisis económica nacional se tomaron medidas para asumirlas con responsabilidad.

“Hemos empezado a tomar decisiones para redistribuir el presupuesto ordinario y obtener fondos de fuentes adicionales como el de Desarrollo institucional y Regionalización de Conare. Además, hemos hecho una reserva para el regreso a la presencialidad, que esperamos sea más pronto que tarde”.

Gutiérrez enfatizó que los desafíos no solo son financieros o tecnológicos. A su criterio hay que continuar trabajando en el trabajo coordinado entre las vicerrectorías, con Docencia para asignar cargas docentes para Acción Social. “Esto es prioritario, ya que nos singulariza, nos da ese espacio para construirnos y reconstruirnos como universidad pública, y que se abre a la diversidad de voces”.

Con Vida Estudiantil se están explorando mecanismos para exonerar a jóvenes de pueblos y territorios indígenas para la exoneración del canon establecido para la prueba de aptitud académica. Y esperamos hacer esfuerzos para emprender proyectos conjuntos entre Investigación y Acción Social, ya que ambas son parte de la triada que sustenta el quehacer institucional, explicó.

Al concluir su exposición, la vicerrectora hizo una exhortación a la comunidad universitaria: “Les invito a que trabajemos en conjunto porque la Acción Social no tiene sentido en la singularidad, sino que su definición está casualmente en la articulación vigorosa, robusta, equitativa de todas las voces, de todos los saberes, de todas las personas”.

Para escuchar el informe completo puede seguir este enlace.

 

Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)

Fuente: https://accionsocial.ucr.ac.cr/noticias/la-pandemia-sigue-transformando-la-accion-social

Acceso a información de interés público es un derecho constitucional y su costo es solo copias y timbres – Sala IV avala gestión ciudadana

Rodrigo Arias López, Licenciado en Matemática y Máster en Matemática Actuarial

A nadie le pueden negar el acceso a información de interés público, es un derecho Constitucional. Para acceder a esa información no le pueden cobrar costos arbitrarios, solamente los de copias y timbres

A pesar de que el artículo 30 de nuestra Constitución Política “garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, con la única excepción de los secretos de Estado, algunas jefaturas de varias instituciones públicas hacen el máximo esfuerzo para negarnos ese derecho. Se les olvida que son “simples depositarios de la autoridad” y que “están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella” como ordena el numeral 11 de la constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública.

Comparto con los lectores algunas artimañas que parecen ilógicas o absurdas; pero que tienen mucho sentido en las mentes de quienes desean regresarnos a la época del oscurantismo.

Ahora bien, se les olvida a algunos funcionarios públicos el principio constitucional de Transparencia que deben respetar todos los servidores públicos, en ese sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del 26 de agosto del año 1789 puso de manifiesto la relación inmanente entre control y transparencia al señalar en su artículo 15 que “la sociedad tiene el derecho de pedir a todo agente público cuentas de su administración.”

Los señores Juan V. Lozano y Merino Dinari Veleria en su obra la Hora de La Transparencia en América Latica, Manual de anticorrupción en la función pública Ediciones Granica /CIEDLA 1988 página 11 en cuanto a la transparencia señalaron: “La corrupción administrativa constituye un cáncer que carcome paulatinamente los sistemas democráticos y América Latina, puesto que, afecta su credibilidad y legitimidad y, de otro parte, empobrece a los pueblos, ya que, por su medio se roban, malversan y utilizan de forma clientelistas los fondos públicos.”

En la mente del Sr. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la ocurrencia más lógica para negarme información pública fue la siguiente (oficio DE-0777-12-2020 del 23/12/2020):

En atención al requerimiento efectuado en su oficio del pasado del 10 de diciembre según el cual pide los salarios cotizados de todos los trabajadores del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), se da respuesta puntual en el sentido que el dato requerido de toda la membresía del Magisterio que cotiza para ese régimen, no es información pública a la cual se puede acceder de manera irrestricta por tratarse de información sensible, privada y confidencial cuyo acceso es limitado, debido a que es información relevante que podría afectar los intereses de los servidores activos del Magisterio Nacional; máxime que en este caso que no existe ninguna vinculación profesional con su persona, así como tampoco justificación razonable para la entrega de la información solicitada, razón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968, se niega la solicitud efectuada. Por último, y no menos importante está el hecho que recabar la información solicitada requiere de una dedicación para recolección de los datos, razón por la cual en el evento de tener que reunirla se tardaría aproximadamente unas 40 horas laborales, es decir unos 5 días laborales y que al ser un requerimiento no habitual llevaría a la institución a disponer de recursos extra, la depuración y supervisión de las labores, por lo que se estima que esta información tiene un valor de trescientos mil colones.” (Suplo el destacado).

Para los burócratas de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial lo más razonable para negarme el acceso a datos públicos, fue contestarme con las siguientes leguleyadas:

Se acordó: 1) Tener por recibida la gestión del señor Rodrigo Arias López, en correo electrónico de 22 de octubre de 2020, mediante la que solicita información relacionada con las jubilaciones y pensiones de la planilla más reciente. 2) Rechazar la solicitud presentada por el señor Arias López, con fundamento a que la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, no obstante, se le indica que la información que se puede otorgar es el monto bruto y deducciones de ley que se aplican a los beneficios de jubilación y/o pensión, pero sin identificar a que persona corresponde, por cuanto para obtener los datos solicitados deberá el gestionante contar con la autorización expresa de las personas interesadas.” (Oficio N° 910-2020 del 18/11/2020) (Los destacados son míos).

Se acordó: 1) Tener por conocida la nota presentada por el señor Rodrigo Arias López, en escrito presentado en la Secretaría General de la Corte, en fecha 5 de enero de 2021. 2) Comunicar al señor Arias López que no es posible acceder a los solicitado ya que para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial brindar la información que solicita con ese nivel de detalle es materialmente imposible por no contar con la estructura administrativa necesaria. 3.) Indicar a señor Rodrigo Arias López, que en cuanto a la planilla de trabajadores cotizantes deberá solicitarla a la Dirección de Gestión Humana por no ser potestad de esta Junta.” (Oficio N° 89-2021 del 29/01/2021) (Destacado no es del original).

Para los señores Luis Rivera Cordero y Luis Diego Calderón Villalobos, Director del SICERE y Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), respectivamente, posteriormente apadrinados por el Gerente General Sr. Roberto Manuel Cervantes Barrantes, actuando en sustitución del señor Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, lo propio fue otra leguleyada no menos torpe que las usadas por los otros burócratas, con el fin perverso de entorpecer el suministro de la planilla de asegurados del seguro de salud. En este caso me dieron la siguiente respuesta que a primera vista luce muy profesional y convincente; pero que realmente apesta (Oficio GF-0888-2021 del 8/3/2021):

“con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, que indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. (…)”. (Se agregó el subrayado y el resaltado).

Adicionalmente se tiene que los costos administrativos asociados a este tipo de procesos deben ser asumidos por el solicitante, de conformidad con la doctrina que informa el canon 272, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°. 6227 del 2 de mayo de 1978.

(…)

En virtud de lo anterior, informamos que los costos asociados a la generación de la información solicitada ascienden a ₡ 96,662.51 (noventa y seis mil seiscientos sesenta y dos colones con 51/100) monto que se deberá depositar en la cuenta (…)

Por lo anterior, esta Gerencia queda a la espera de la remisión del comprobante de depósito correspondiente, a fin de generar y remitir la información requerida, en el ámbito de competencia de este Despacho.” (Destacados no son del original).

Todas esas respuestas colisionan con lo que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como es el deber de probidad, donde en lo que interesa dice: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público…”

Convencido de que los argumentos inventados por estos señores no contenían sustento en nuestro ordenamiento jurídico, procedí en cada uno de los tres casos anteriores a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando que les ordenaran entregarme la información de interés público requerida, lo cual fue declarado con lugar en los tres casos, con la advertencia de no cobrar sumas arbitrarias no autorizadas por ley (Res. Nº 2021006286 del Exp: 21-004004-0007-CO; Res. Nº 2021009124 del Exp: 21-004135-0007-CO y Res. Nº 2021009660 del Exp: 21-007191-0007-CO).

Resulta importante mencionar que, sobre el arbitrario pretexto de cobrar los costos de administración como condición para entregar información de interés público, la Sala Constitucional es reiterativa señalando lo siguiente en diversas sentencias:

“(…) Por otra parte, condicionar la entrega de la misma al pago de una suma de tres millones y medio de colones, monto que los recurridos es el que corresponde al tiempo invertido por el funcionario o funcionarios encargados de recopilar la información, supone una restricción ilegítima al ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa. Según la jurisprudencia de este Tribunal, según lo indicado en la Ley General de la Administración Pública el ciudadano tiene acceso al expediente administrativo y, en caso de requerir copias del mismo debe asumir el costo correspondiente a las copias del mismo, u otros rubros como los timbres tratándose de certificaciones. Sin embargo, condicionar el acceso a la información al pago de una suma, por demás, fuera del alcance del ciudadano promedio, no es más que una denegación arbitraria y contraria al Derecho de la Constitución. (…)” (Ver Res. Nº 2021009124; destacados son míos)

En cuanto a la excusa relacionada con la protección de Datos Personales, Ley Nº 8968, para negar el suministro de información, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente (ver la misma fuente):

“(…) En adición a lo expuesto, se descarta que la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley Nº 8968) o el derecho de autodeterminación informativa constituya un óbice para que se suministre a los administrados información de interés público, como lo es la relacionada con pensiones del Magisterio Nacional. Nótese que dicha ley debe leerse de manera armoniosa con el resto del ordenamiento jurídico, donde destaca el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual garantiza el acceso a la información relacionada con el gasto de fondos públicos.

(…)

Está claro que suministrar tal información implica irremediablemente indicar a qué persona en concreto, debidamente identificado, le es asignada determinada remuneración, es decir, quién de manera precisa recibe cierta pensión. En esta materia debe regir la máxima de que el ciudadano tiene derecho no solo a conocer en qué se invierten los fondos públicos, sino también en quién se hace (ver sentencia en sentido similar 2015-019467 de las 16:33 horas del 10 de diciembre de 2015).

Por otro lado, la Sala descarta que la solicitud planteada por la amparada sea ambigua o amplia, de manera que pueda abarcar información sensible. Todo lo contrario, ella puntualiza su objeto en el detalle del nombre de la persona, número de cédula, origen de la pensión (servicio o herencia), monto percibido y periodo de beneficio; estos elementos permiten, a todas luces, la adecuada fiscalización del destino de fondos públicos.” (Suplo el destacado).

Sobre la excusa de decir “a nosotros no nos compete, pídalo a otro departamento” debemos recordarles el inciso b) del artículo 10 de la Ley N° 9097 que dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta”. (Destacados son míos).

Moraleja: No se deje amedrentar ni engañar, no todo lo que brilla es oro.

Video: Rendición de Cuentas del Programa de Regionalización de la UNED

El Programa de Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia realizó la rendición de cuentas del programa el pasado viernes 07 de mayo 2021.

El objetivo de la actividad fue presentar a la comunidad universitaria y la sociedad costarricense los resultados generados desde los proyectos de Regionalización, ejecutados durante el 2020 y los cuales representan un esfuerzo de personas funcionarias de sedes, facilitadores y actores del programa, así como las unidades académicas; que articulan esfuerzos institucionales en cada una de las regiones del país, para realizar proyectos de desarrollo local con las comunidades.

Algunos de los temas abordados fueron objetivos de proyectos, resultados de los mismos, lecciones aprendidas, entre otras. Para acceder a los temas de la actividad haciendo click aquí

¿Qué quiso decir el Presidente?

Vladimir de la Cruz

En la última parte de su discurso, al presentar el último informe de su gobierno a los actuales diputados el Presidente Carlos Alvarado Quesada dijo lo siguiente:

“Puede que haya llegado el momento de discutir y repensar nuestra Constitución para la época que vivimos, donde se reconozca un modelo semi parlamentario para gobernar, una identidad digital y derechos digitales para la modernidad, el cambio climático, la descarbonización y la sostenibilidad, el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable. No concibo futuros gabinetes que no sean paritarios. Para estas discusiones, también es menester madurez”.

El Presidente señaló la necesidad de “repensar” la Constitución para que “se reconozca un modelo semi parlamentario para gobernar”, así como “el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable”.

Lo esencial de su planteamiento es la necesidad de hacer una nueva Constitución, aunque no lo dijo de manera tan clara y directa. ¿Por qué el Presidente no se atrevió a plantear de manera inmediata esta discusión? El mismo pudo haber propuesto la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o al menos la integración de una Comisión Nacional que lleve a cabo la discusión nacional para esa convocatoria, y la posibilidad de que se redacte una nueva Constitución.

Cuando habló de repensar la Constitución no pensó en agregar otras reformas parciales al articulado constitucional existente, a la larga lista de Proyectos de Ley que están en trámite legislativo para hacerle reformas parciales a la Constitución Política, que tiene a su vez más de 50 reformas ya hechas.

En su propuesta de Proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa desde diciembre hasta ahora no ha hecho ninguna propuesta de Proyecto de Ley alguno que tenga relación con esos temas que dijo en su discurso ayer. En la Agenda legislativa que inicia este mes de mayo tampoco tiene una propuesta de Proyectos de Ley asociados a esos temas. El señalamiento que hizo, en breve, de las necesidades de esa Constitución, con el modelo semi parlamentario, es evidente que exige la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y no simples reformas parciales a algunos de sus artículos.

La sola convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, o del proceso para que se convoque, hubiera sido suficiente para que Carlos Alvarado Quesada quedara grabado en la Historia Patria como el Presidente del Bicentenario, del período histórico que sigue a la simple celebración de esta fecha el 15 de setiembre y el 29 de octubre próximos.

La necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente se ha venido tratando desde principios de este siglo. El Dr. Walter Coto, que ha sido partidario de esta nueva Constitución, redactó como parte de su inquietud, una Nueva Constitución, a manera de tenerla como un documento para su discusión. Hace poco tiempo el Dr. Alex Solís, quien ha venido dirigiendo un movimiento en esa dirección, que tuvo el aval del Tribunal Supremo de Elecciones, para convocar un referéndum orientado a esta discusión, que fue obstaculizado por la Sala Constitucional, la Sala IV, impidiendo que se recogieran firmas para ese referéndum, también redactó una Constitución como base para abrir ese debate. Así, hay ya dos constituciones redactadas que bien pueden ser documentos de discusión, tan solo eso por ahora.

Le faltó al Presidente, con todo respeto lo digo, testosterona política para haber hecho esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de haber invitado con mayor decisión y claridad a la ciudadanía a iniciar el debate y hasta de haber integrado un Comité Nacional que dirigiera ese debate, no que redactara una propuesta de Nueva Constitución, tan solo abrir desde el Poder Ejecutivo esa discusión, ese debate.

Dijo el Presidente que para esa discusión de la reforma integral de la Constitución, que apenas delineó, es menester tener “madurez”, aspecto que evidentemente tampoco evidenció tener con su simple manifestación en ese sentido. Fue como tirar una piedra al aire o un distractor en el análisis de su discurso.

El escenario de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente y del ambiente de su discusión, puede sacar temas que forzadamente algunos partidos y grupos quieren llevar al debate electoral y de la campaña política que ya está encima, temas que artificialmente quieren ponerlos de temas principales de esa ruta electoral.

No es casual la payasada que está haciendo una diputada, en el centro del escenario del Plenario Legislativo, para llamar la atención sobre temas que no están en discusión de la agenda parlamentaria. A mí me produce la sensación la señora parlamentaria que ella tiene un gran déficit emocional político. Es como si ella misma fuera un aborto político, o de la política que ella representa, en sí misma. Solo falta que ponga o intente poner una litera en ese sitio para llamar más la atención.

Le faltó al Presidente dirigirse a esta Asamblea Legislativa con visión del año que le queda de gobierno, con esta Asamblea legislativa, con los diputados que hasta ahora ha podido conducir, al menos con el apoyo de ellos y de sus partidos, en varias leyes que han sido trascendentes, más allá de si uno simpatiza o no con ellas, para el país.

Cuando Cristóbal Colón en su tercer viaje llegó a Venezuela, al Orinoco, perdió la cabeza ante la majestuosidad del río, de su belleza escénica. Creyó haber llegado al Paraíso terrenal, al Edén. Tuvo una etapa mística. Se le creyó loco. Cuando el Presidente Alvarado ha concluido su tercera legislatura pareciera estar desvariando como Colón … “de ahí que sea tan importante para nosotros, como pueblo, crear y gestionar nuestro propio programa de desarrollo, al 2030, al 2040, al2050”. Estamos en el 2021.

Espero que el Presidente en su tercer año de Gobierno no esté viviendo su etapa mística. No está en el Orinoco. Está entre los ríos Torres y María Aguilar, flanqueado por el Virilla, su escenario escénico que seguro no le desvela… Todavía le falta el cuarto viaje, 2021-2022 en su verdadera Ínsula de Barataria, no tan imaginaria, donde él es y sigue siendo El Gobernador…

En la década de 1970 se convocó por parte del Poder Ejecutivo un Foro Nacional para discutir y reflexionar sobre la Costa Rica del año 2000. Se invitó a los principales líderes políticos de ese momento a señalar sus derroteros. Se hizo el Foro, se recogieron las intervenciones en un libro. Se soñó de esa manera. El planteamiento del Presidente ni siquiera es de soñar en esa Costa Rica hacia el 2050…es tan solo de que los ciudadanos sean “útiles”, sean “serviles”, exageradamente humildes y serviciales con los superiores o poderosos para tener un beneficio… Así ve el Presidente Carlos Alvarado a los costarricenses hacia el 2050… “obsesionados en servir y ser útiles”, “obsesionados” en trabajar “por el bienestar de otros” para poder “recibir su verdadera paga…”. Así sueña el Presidente para “hacer grande el país, sin ataduras”.

Posición de la CGT ante la rendición de cuentas de Carlos Alvarado

SURCOS comparte la siguiente información

La Central General de Trabajadores hace un llamado a tener cuidado de las intenciones del gobierno el bicentenario. Un gobierno que consideran va a derribar la Constitución Política, los servicios públicos, las condiciones y derechos laborales con la ley de empleo publico y la agenda con el FMI.

Según Mario Rodríguez, Secretario General de CGT, se incentivan a buscar otros mecanismos para solventar la crisis sin destruir los derechos y servicios públicos. Además, expresó que repudian las declaraciones realizadas por el mandatario.

Para conocer sobre la posición completa puede ver el video aquí.

Tercera Actividad Nacional de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto

Para garantizar el éxito de esta actividad que pretende promover la transparencia y una República participativa Territorios seguros está el proceso de logística de esta gala de rendición de cuentas.

Se creó una Comisión Nacional Metodológica, que tendrá como tarea la organización metodológica y logística del evento, en la cual se ha invitado a participar representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, así como de las Universidades Públicas.

Las instituciones deberán responder:

  1. ¿Cómo visibiliza su institución en el presupuesto institucional y Plan Operativo Anual (POA), la asignación de recursos para fortalecer la participación ciudadana, según lo establece la Constitución Política?
  2. ¿Cómo demuestra su institución los procesos para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional?
  3. ¿Cómo demuestra su institución las acciones que lleva adelante para desarrollar la cultura de rendición de cuentas y medición de impacto, que establece el mandato constitucional en el Art. 11?

Sus respuestas deben vincularse con su política pública, acciones cantonales, acción en la comunidad por parte de la institución y el involucramiento de la ciudadanía.

Para este proceso las instituciones deberán enviar las respuestas para ser sujetas a análisis por parte del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, a más tardar el próximo 7 de mayo. El objetivo es poder fundamentar argumentos en el debate para el evento de la Actividad Nacional de Gala.

La Gala se llevará a cabo de manera el próximo 16 de julio de 2021 a 8am a 2pm en San José.

 

Información compartida a SURCOS por Carlos Campos Rojas.

Rendición de Cuentas del Programa de Regionalización de la UNED

El Programa de Regionalización de la Universidad Estatal a Distancia extiende la invitación a la rendición de cuentas del programa la cual tendrá lugar el viernes 07 de mayo 2021, a las 09:00 a.m.

El objetivo de la actividad es presentar a la comunidad universitaria y la sociedad costarricense los resultados generados desde los proyectos de Regionalización, ejecutados durante el 2020 y los cuales representan un esfuerzo de personas funcionarias de sedes, facilitadores y actores del programa, así como las unidades académicas; que articulan esfuerzos institucionales en cada una de las regiones del país, para realizar proyectos de desarrollo local con las comunidades.

Para participar en la actividad puede seguir el siguiente enlace presionando aquí.

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021