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El Derecho de la función pública del enemigo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

Sobre la propuesta al FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

La clase media pagará la mayor parte de la factura con el FMI. Así se deduce de lo anunciado ayer por el Gobierno de Carlos Alvarado.

Todo el menú de impuestos recaerá sobre los asalariados, públicos y privados, de la clase media:

A) Aumento del impuesto de renta al salario mayor a ¢850.000.

B) Aumento en impuesto a los bienes inmuebles como la casa de habitación.

C) Impuesto a las transacciones financieras.

D) Eliminación de exoneración de renta a salario escolar.

Para los asalariados del sector público, además de lo anterior, se cancela el reconocimiento de la anualidad por 4 años, así como un posible congelamiento salarial por los próximos 10 años, según cálculo de La Nación, debido a la aplicación de la regla fiscal. (Hasta que la razón deuda/PIB llegue al 60%).

Los asalariados menores de ¢850.000 que representa el 77% de los trabajadores estarán exentos del impuesto de renta, pero deberán cancelar el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las casas de habitación que se triplican y el pago de renta en el salario escolar.

A las empresas -principalmente- se aumenta la renta hasta un 35% y deberán pagar el impuesto a las transacciones financieras.

Sin embargo, a cambio de ello, se les reduce el aporte patronal en un 5%, lo que representa -según el ministro de Hacienda- unos ¢3.000 millones, sea una cifra similar o mayor a lo que tendrían que pagar por esos dos impuestos. En otras palabras, a los patronos, en términos generales, se les DISMINUYEN los impuestos.

El 5% que se elimina de la cuota patronal es lo que corresponde al financiamiento de FODESAF que la asumirá directamente el Gobierno, sea todos los habitantes. Recordemos que de FODESAF sale el financiamiento para las pensiones del Régimen No Contributivo, aportes al INAMU, CEN-CINAI y muchas otras instituciones. Esos pagos quedarán incorporados al Presupuesto Nacional con las consecuencias que ello pueda tener, en primer lugar, la regla fiscal y con ella el congelamiento de trasferencias. De tal manera que muchas pensiones e instituciones quedarán al arbitrio de lo que pueda ocurrir con el Presupuesto.

Las zonas francas siguen exoneradas, pero ahora con un premio adicional: reducción de la cuota patronal en un 5%. Probablemente tampoco pagarán el impuesto de transacciones financieras porque los pagos se hacen desde el exterior.

El impuesto a las transacciones financieras será un costo más para las empresas por lo que reducirá sus utilidades y con ello el pago de impuesto de renta. Además, todos sabemos lo difícil y complicado que resulta para Hacienda hacer que los grandes contribuyentes paguen la renta.

Habrá también reducción de funcionarios públicos mediante la movilidad laboral y la fusión de instituciones y organismos, así como la venta de Fanal y Bicsa.

La ortodoxia neoliberal no está totalmente satisfecha porque esperaban una mayor venta de activos, ningún nuevo impuesto y reducción significativa de las instituciones del Estado porque son insaciables.

Pero lo que sí está claro es que asistimos a un empobrecimiento acelerado de los asalariados de clase media y un aumento general de la pobreza.

La ignorancia, la educación y el poder en la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La ignorancia ha sido usada como epíteto contra adversarios, sin embargo, no existe nadie que carezca de conocimiento, todos poseemos conocimientos, pero nadie tiene los mismos conocimientos ni posee todos los conocimientos existentes. Así, todos somos ignorantes y sabedores de muchos conocimientos. No es un atentado contra la autoestima reconocerse ignorante, sin embargo, es vergonzoso no reconocerlo, porque la autosuficiencia omnisapiente del ignorante, es una posición atrevida, absurda y contradictoria.

Tampoco la ignorancia puede ser interpretada como contraria a la ciencia, pues la ciencia admite su ignorancia para superar sus propios conocimientos, descubrir nuevas realidades y crear nuevas explicaciones de realidades desconocidas. T.S. Eliot, en 1928, lo sintetiza en un ensayo: “No debemos dejar de explorar. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos, y lo conoceremos por primera vez” y lo reiteraba en un poema en 1934: “Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia”. La ciencia omnicomprensiva no existe, imaginarla absoluta, dogmática o estática, contradice lo que pretende comprender y explicar.

El sabernos ignorantes tampoco es motivo de satisfacción en las relaciones con las personas, organizaciones, la sociedad y el mundo, pues al desconocer el medio donde vivimos y trabajamos y nos relacionamos, perdemos libertad y somos víctimas de quienes pretenden modelar y dominar el devenir de los otros. Las nuevas interpretaciones son exigencias cognoscitivas, ante un mundo que se modifica radicalmente. Creer que todo puede seguir igual en medios convulsos, inciertos e imprevisibles, es sin duda, un conservadurismo regresivo, que impulsa prácticas caducas y fallidas. El nuevo conocimiento crea dudas, interrogantes y cuestiona lo que creíamos saber y dominar, luego aferrarse al pasado, sin reconocer el dinamismo del presente, satisface nuestras creencias y reafirma ideologías, pero alejadas y separadas de los acontecimientos y realidades que se reconstruyen permanente. Somos ignorantes de nuestra propia ignorancia, imposibilitados de reconocer y descifrar las inconsistencias de las creencias, ideologías, prejuicios y contradicciones del devenir cotidiano.

En el presente costarricense donde prevalece la autocracia sobre la democracia, la certidumbre sobre la relatividad de un mundo incierto y dinámico, es un absurdo sustentarse en falsos e inexistentes universos absolutos, aunque no pocos graduados universitarios pregonan y aplican repetitivas y estandarizadas certezas, a pesar que las realidades requieren interpretaciones particulares, complejas y holísticas. Aspectos sobre los que no se habla, analiza ni discute, por el contrario, se difunde mediáticamente e incluso se difunden en las aulas de algunas universidades, donde no importan las inconsistencias ni las contradicciones, pues se repite lo que muchos creen y hacen, sea por tradición, creencias, ideologías, prejuicios, estereotipos o por prácticas impuestas desde poderes ignorantes. El desarrollo del quehacer científico e investigativo convierte en conocimiento vulgar el pensamiento predominante, así como revela totalitarismo en algunas de las autodenominadas democracias.

La ignorancia sobre la falsedad de las certezas o verdades disciplinarias, no solo afecta el conocimiento sobre la situación y condición de la realidad, sea esta individual, social u organizacional, también puede tener efectos perniciosos en los negocios, la salud, el bienestar o el desarrollo, cuando se toman decisiones sobre realidades que se desconocen o que se pretenden modelar al antojo e interés.

Así, cuando los actuarios estiman que el régimen de pensión es insostenible, proponen aritméticamente, el aumento de las cotizaciones y cuotas, encubriendo ineficiencias administrativas y transgresiones políticas a los ciudadanos y justifican que sean los trabajadores quienes resuelvan la crisis fiscal del gobierno. De modo similar, las operadoras del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se apropian y deciden sobre los dineros que no les pertenecen y en casos excepcionales, -como posiblemente se aprobará a partir del 28 de julio en la Asamblea Legislativa-, se devolverán parcial y en eternos tractos a sus dueños, que deberán demostrar a la burocracia estar sin trabajo remunerado, a pesar que la crisis muchos trabajadores están impedidos de satisfacer sus necesidades e inclusive afecta su alimentación y salud familiar, lo cual es evidente y no requiere demostración ni certificación patronal alguna.

Las necesidades básicas insatisfechas de los asalariados inciden en sus demandas por reanudar sus labores para la obtención del salario de subsistencia, esa es su verdad, la cual coincide con las exigencias empresariales por la apertura de sus negocios para seguir obteniendo ganancias, -en muchas pequeñas y microempresas las ganancias son una transfiguración del salario-, pero para los dueños del capital, su verdad es incrementar sus riquezas con el trabajo de los asalariados. Son verdades polarizadas socialmente distintas y contradictorias, aunque son mutuamente dependientes, pero los dueños del capital cuentan con el servicio de una estructura social, política y económica que los beneficia, mientras que la institucionalidad pública, que debe auxiliar, amparar y proteger a los excluidos del poder, es débil, precaria, burocrática y caótica.

Las autoridades sanitarias, intelectuales y entidades internacionales de la salud, coinciden en que la reanudación de los negocios, sin vacuna ni tratamientos eficaces para contrarrestar la pandemia, incrementará el número de infectados que colapsará nuestro sistema hospitalario, con las fatales consecuencias, así como alterará dramáticamente la vida de sus familias y compañeros. Esta consideración no es una especulación, ya ocurre en otros espacios y también se inicia en Costa Rica. No obstante, los empresarios, el gobierno, los legisladores y magistrados no les interesa esa realidad y prefieren ignorar las previsiones y advertencias, así como eluden las contradicciones con las autoridades sanitarias para continuar la flexibilización y la eliminación de las restricciones sanitarias. ¿Podrá ser desconocimiento de los efectos de la eliminación de las medidas de las sanitarias, o es más bien una intención premeditada deshumanizada y totalitaria?

Las personas que están obligadas a trabajar se exponen a enfermarse, ante la fragilidad de la asistencia y ayuda estatal, como aquellas que son engañadas con la publicidad gubernamental y empresarial de supuestas y absolutas garantías sanitarias, son personas obedientes y disciplinadas al poder, y su confianza se trastoca en ignorancia, que les limita evitar el contagio y difusión del Covid-19 del cual además aún se ignoran todas las características de sus diversos modos de diseminación.

La transparente subordinación del poder político a los imperios de los dueños y administradores de negocios, que no les importa la salud pública ni la vida de trabajadores ni clientes, al fin y al cabo y otra vez más responsabilizarán a la población por irrespetar los cuidados sanitarios, dejando inmunes e impunes al gobierno y a los mercaderes causantes de la propagación de la enfermedad pandémica, como un medio para las determinaciones políticas contra las libertades, la democracia y la liquidación de la institucionalidad y el Estado Social de Derecho.

A través de los tiempos, la ignorancia y la obediencia ciega han sido los medios usados para el dominio y la explotación, así como, lo es para eliminar todo tipo de resistencia al poder y su perpetuación. En algunos contextos y en diversos periodos, la educación fue un contendiente radical contra la ignorancia y el poder tiránico, pero hoy la educación está debilitada, controlada, descontextualizada y es indiferente ante la problemática pública y nacional, así como pasiva en su función cognoscitiva transformadora de la sociedad. Al parecer, la educación sufre también el impacto conservador del presente, al reeditar su significación etimológica, relacionada con los actos de “reducir, seducir, inducir y conducir”, atributos propios de las prácticas políticas totalitarias.

La educación formal contemporánea al repetir caducos conocimientos, ya no reflexiona ni cuestiona interpretaciones sobre las realidades ni el poder. La supeditación política de la educación reproduce ignorancia. ¿Será la sabiduría de nuestra ignorancia la que nos de la fuerza para dudar y cuestionar el poder? En cualquier caso, la educación requiere ser pensada y revisada con una alta dosis de pensamiento crítico, pero ello no la exime de su compromiso con los procesos políticos en la pandemia.

Enseñando dogmas se impide la discusión, debate y el disenso en las aulas y en el quehacer cotidiano. En nuestro contexto, rebelarse contra la obsolescencia cognoscitiva, obtiene desaprobación y exclusión del poder prevaleciente y de los medios privados de difusión, como es de suponer, pero es lastimosa la función educativa que crea los peores analfabetos que, a decir de Ortega y Gasset, son los que sabiendo leer y escribir, no leen ni escriben, como pernicioso es el dicho acuñado, ante el temor a represalias y críticas, “calladito más bonito”. ¿Acaso en Costa Rica somos felices conservadores por temerosos e ignorantes?

La ignorancia se difunde mediáticamente y aprueba la repetición de falsedades, como la absurda negación de la existencia de la enfermedad pandémica por parte de fanáticos fundamentalistas amigos de viaje de las fuerzas políticas más conservadoras; la falaz creencia de que el cumplimiento de las restricciones sanitarias de manera individual, en un medio contaminado, es garantía para no contaminarse; o que la crisis se resuelve confiscando salarios a los trabajadores, entre otras mentiras, mientras se busca silenciar a quienes relativizan o cuestionan falsas verdades y anquilosados conocimientos.

Las falsedades son certezas para el ignorante, como la reiteración de las mentiras por parte de los medios y del poder tiránico, son parte de proyectos totalitarios. Voltaire lo escribía en 1736, como parte de las prácticas autoritarias: “Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre […] Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión.” Al parecer, el poder totalitario, en todos los tiempos ha tenido en la mentira, en un recurso para la conservación y reproducción del poder, como también es el medio para que tiranos reclamen democracia como lo hacía Hitler, antes de alcanzar el poder estatal, o lo hacen actualmente los empresarios en la pandemia.

[1] Es catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Parálisis presidencial – Crónica de una reunión con Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Durante los últimos meses he estado en tres reuniones virtuales con el presidente Alvarado. En la segunda y la tercera, acudí en mi condición de miembro del grupo Economía Pluralista. La última tuvo lugar recién el pasado viernes 17 de julio, y en representación de nuestro grupo, asistimos siete personas.

Una vez más, como en las dos ocasiones previas, acudí movido por la convicción de que es mi deber decirle al presidente lo que, humilde y modestamente, creo que debo decirle. Y de ponerme a su disposición, si es que él creyese que algo puedo aportar. Estoy seguro que a mis compañeras y compañeros presentes en la reunión, les animaba la misma intención y voluntad.

Solo que esta vez lo hice también cargado de un pesado sentimiento de escepticismo. Y no gratuito, por cierto.

En las dos reuniones anteriores, a grandes rasgos observé lo siguiente: un ambiente distendido y cordial, con un Carlos Alvarado que escuchaba con atención y se expresaba con inusitada franqueza. En ambas ocasiones salí pensando que algo se había incidido en el ánimo del presidente, y que no era descabellado pensar que tomaría en cuenta siquiera alguno o algunos de los planteamientos que se le presentaron.

De hecho, después de ambas reuniones, Alvarado se dejó decir públicamente cosas que parecían evidenciar que, en efecto, algo habíamos logrado. Pero en ambos casos, aquello no pasó de ser un triste “alegrón de burro”; una cuestión efímera, humo en el viento que rápidamente desapareció para nunca más volverse a ver.

Tuve muy presente eso cuando decidí asistir a esta tercera reunión. Sin esperar nada, tan solo me animaba lo que más arriba indiqué: mi convencimiento de que no debía desperdiciar la oportunidad de expresarle al presidente, aunque no fuera más que encapsulada en apretadísima síntesis, mi preocupación y mis propuestas. O, mejor decir, nuestra preocupación y nuestras propuestas, las del grupo del somos parte quienes ahí estuvimos presentes.

Nuevamente el ambiente fue cordial y agradable, y ello es algo que públicamente agradezco al presidente. Las siete personas que asistíamos a la reunión hicimos nuestra presentación, después de lo cual Carlos Alvarado tomó la palabra para responder a nuestros planteamientos. Y, una vez más, como en las dos reuniones previas, el presidente se mostró elocuente y locuaz, exponiendo con largueza sus puntos de vista, en lo que termina siendo una especie de monólogo, frente al cual no hay posibilidad de reaccionar (o “repreguntar”), ya que la reunión termina cuando el presidente concluye su exposición, después de lo cual solo queda despedirse.

Pero esta vez hubo algo que no se observó en las dos ocasiones previas: excepto por asuntos de muy segundo orden, el presidente fue desechando –literalmente tirándolos al canasto de la basura– cada uno de nuestros planteamientos y propuestas. En algunos casos de forma explícita, en otros por omisión, al silenciar toda posible respuesta respecto de asuntos de mucha envergadura.

La receptividad, siquiera parcial, aunque comprobadamente volátil y transitoria, que percibí en las dos reuniones anteriores, estuvo ausente en este tercer encuentro. Si hubiese sido asunto de dar “atolillo con el dedo”, habría que decir que Alvarado simplemente se lo economizó: no hubo atolillo alguno.

Uno agradece la franqueza de don Carlos, lo cual no carece de significado. No hubo guantes de seda ni disimulo. Y eso es bueno.

Ahora creo saber a qué atenerme: la adhesión del presidente a las tesis económicas ortodoxas y conservadoras, parece estar firmemente establecida.

Don Carlos no cree que el Banco Central deba hacer nada más allá de la insignificancia, perfectamente anodina, de lo que hoy día hace.

Don Carlos cree firmemente que la forma apropiada de enfrentar los graves desequilibrios fiscales que sufrimos es por medio del recorte y la austeridad.

En algunas oportunidades no dejó de admitir que las propuestas formuladas son sumamente imperfectas (por ejemplo, lo del recorte de jornadas laborales), pero, al parecer por razones de realismo político, no se siente en posibilidades, o no tiene la voluntad y disposición, de intentar algo mejor.

Claramente desecha la posibilidad de optar por un esquema de tributación realmente justa y progresiva, como clara y contundentemente se ha creído la narrativa de espantos y aparecidos, que asegura que salirse un centímetro de la ortodoxia prevaleciente traerá catástrofes inflacionarias, y el castigo implacable de los “inversores” y, con ello, huracanes y maremotos.

Los tiempos que vivimos son excepcionales desde todo punto de vista. Está claro que la pandemia del Covid-19, y la profunda crisis económica resultante, plantean un desafío no visto en generaciones. Ello exige un enorme esfuerzo de innovación en materia de política económica. Seguir haciendo lo mismo que siempre se hizo, como si nada estuviese pasando, sería absurdo, irresponsable y peligroso.

Pero eso es lo que la dominante ortodoxia económica impone. Su único activismo, es un activismo de signo negativo y destructivo: recorte fiscal y debilitamiento de la institucionalidad pública, justo cuando ésta más músculo necesita, para responder a las multiplicadas necesidades y demandas que la propia crisis trae consigo. Por lo demás, sus ideas se agotan en una cascada de imposibilidades, un “no se puede” multiplicado al infinito, que es una opción por la parálisis y el inmovilismo, y una aceptación pasiva de los acontecimientos en curso, la cual es, en sí misma, el combustible más poderoso para alimentar el desastre.

Y, tristemente, por las razones que sean (las cuales requerirían una discusión aparte), la mente y el corazón del presidente Alvarado, parece estar completamente atrapadas en las redes paralizantes de esa ortodoxia.

Tal vez don Carlos Alvarado recapacite; tal vez quiera escuchar otras voces e intentar otras opciones.

Creo que todavía está a tiempo. Para mañana podría ser muy tarde.

Texto compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/paralisis-presidencial-cronica-de-una.html?m=1

La apuesta del gobierno: salvar al capital-COVID19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

¿Qué sentido tiene sacrificar el trabajo para salvar al capital? La nueva política laboral y salarial del gobierno, para el sector público, es similar a la receta del “baile” a los pobres, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Se convierten en presa fácil del Covid19 y de la precariedad socioeconómica. En este sentido, este gobierno es homicida por partida doble. No solo mata sino remata.

¿Dónde quedó la sensatez, tan necesaria en tiempos críticos? No alcanzan a entender las leyes del sentido común económico, que apuntan a que limitar la capacidad de consumo de la clase media y los pobres, o sea la mayoría de la población, es ponerse la soga al pescuezo.

Además, es romper con el más efectivo encadenamiento socialmente productivo, que generan las condiciones del asalariado del sector público. Especialmente, de cara al desempleo creciente donde los asalariados públicos cumplen una función fundamental de compensación social solidaria. El salario del sector público se multiplica como los panes y los peces, para paliar las crecientes necesidades familiares y extra-famliares. Romper esa cadena es un contrasentido en tiempos pandémicos.

¿Cuándo van a aceptar que la única salida para atender al problema del desempleo y la seguridad alimentaria de los pobres, especialmente en estos tiempos, es incrementar la renta al capital, cobrar impuestos a los evasores y elusores y erradicar las odiosas exoneraciones?

¿Quiénes están asesorando tan mal a este gobierno que eligió el camino “fácil” de encorralar a los empleados públicos, para irlos trasquilando hasta conducirlos al matadero?

Este gobierno olímpicamente tiró la toalla del control fiscal. Arrinconado en la esquina de los pusilánimes, se dejó azuzar por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y la “mala compañía” mediática, para unirse a la campaña de desprestigio del trabajador público, y justificar la precarización del salario a corto plazo y, a mediano plazo, crear condiciones para la privatización de instituciones públicas.

De esta manera, la mesa está servida para el Fondo Monetario Internacional. Pueden devolverlos en el mismo avión que ingresen, con la firma del convenio en letras de oro. Este gobierno resultó más fondista que el Fondo.

La insensatez y testarudez, del tamaño del Estadio Nacional y la Plaza de la Democracia, solo caben en el pequeño recinto de Zapote y en el bunker de Cuesta de Moras. Ni las diez plagas de Egipto parecen suficientes para superar tanta arrogancia.

El pueblo costarricense enfrenta la más trágica experiencia de su historia. Es la encrucijada de sobrevivir al Covid19 o a la embestida, también letal, del capital que ahora busca estrangular a los asalariados del sector público. Realmente, se trata de un solo enemigo, unido en su estrategia necrofílica (amor a lo cadavérico) por eso lo hemos denominado Capital-Covid19.

Pensábamos que Trump y Bolsonaro eran los regímenes paradigmáticos de la necrofilia. Pues resulta que sus discípulos han resultado bastantes aventajados. Ojalá descubramos también, en nuestros laboratorios sociales, la vacuna contra estas tendencias que ya se han vuelto endémicas y pandémicas.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Cualquier otro sobreviniente decreto que derogue este ajuste salarial resultaría ilegal e inconstitucional

Manuel Hernández

En diciembre de 2019, varios sindicatos y el Gobierno de la República definieron el ajuste de salarios del sector público (Gobierno Central) del año 2020.

Este acuerdo fue pactado por algunas confederaciones sindicales,  tradicionalmente afectas al Gobierno, que aprobó un raquítico ajuste de 7.500  colones mensuales, para todo el 2020, complementado por incrementos graduales hasta 8.750 colones mensuales.

El Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17 de diciembre de 2019, materializó este acuerdo.

El Decreto rigió a partir de 1° de enero de 2020 y el ajuste debió hacer efectivo en la segunda quincena de febrero de este año

A pesar de la precariedad del  ajuste salarial, legitimado por la condescendencia habitual de aquellas alineadas confederaciones sindicales, el Poder Ejecutivo en el Decreto N° 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, de 06 de abril de 2020,  suspendió unilateralmente el pago de ese incremento general de sueldos.

La Procuraduría General de la República (PGR) en un reciente dictamen C-202-2020, estableció que el mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para suprimir un decreto de esta especie, es la derogación,  y no la revocatoria o suspensión  de la aplicación de un decreto. 

De esta manera, el dictamen de la PGR viene a  salvaguardar –únicamente- los ajustes salariales  que debieron cancelarse a los servidores públicos, desde el 1° de enero de 2020,  pero –entiéndase muy bien- hasta la fecha en que permanezca vigente el decreto N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN.

No obstante, este dictamen abre, de par en par, el espacio para que el Poder Ejecutivo promulgue un nuevo decreto, que venga a derogar el Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, que fijó el ajuste salarial de 7.500 colones.

A partir de aquí es más que cuestionable este criterio de la representación legal del Estado.

Un eventual decreto derogatorio sería no solamente ilegal, sino además inconstitucional, porque estaría lesionando situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios públicos, a contrapelo del artículo 34 de la Constitución Política.

Esta norma constitucional consagra el principio de irretroactividad, al  tenor de la cual ninguna ley –en sentido amplio o general-  puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha distinguido los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas:

“Los conceptos de «derecho adquirido» y «situación jurídica consolidada» aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la «situación jurídica consolidada» representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado.) (…) En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.” (Voto Sala Constitucional 2003-00738).

A diferencia de los derechos adquiridos, estas últimas son aquellas que configuran una situación jurídica concreta, consolidada, definida en sus características normativas y sus efectos, en el orden de que si se produce el supuesto de hecho condicionante previsto en la norma, se producirá la misma consecuencia jurídica.

Así las cosas,  de conformidad con el artículo 34  de la Constitución y la doctrina de la Sala Constitucional, una pretendida –inminente- derogatoria del  Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, estaría violentando una situación jurídica consolidada, derivada de dicho decreto ejecutivo, a merced del cual los servidores públicos mantienen intangible el ajuste salarial, de todo el 2020, conforme los términos originales que estableció este Decreto de Gobierno.

La eventual derogatoria de este acto normativo, además de ilegal, devendría inconstitucional por grave infracción del principio de irretroactividad, que configura un principio esencial del Estado de Derecho.

05/06/2020

La robustez de nuestro sistema democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

En la última semana, en la medida que los países europeos levantan gradualmente las cuarentenas, las ciudadanías realizan manifestaciones de protesta contra las medidas impuestas por los gobiernos.

En Madrid, Zaragoza y otras ciudades de España, las y los ciudadanos han recuperado las calles, protestando contra la gestión de la crisis por el gobierno de coalición y exigen la destitución del número 1 del PSOE.

En varias ciudades de Suiza, entre ellas Basilea, Berna, Zurich, la ciudadanía manifestó su descontento contra tanta medida que ha limitado desproporcionadamente las libertades fundamentales.

En varias ciudades de Alemania, Sttugart, Múnich, Francfort se produjeron enfrentamientos con los cuerpos de policía y fueron detenidas cientos de personas.

Los trabajadores de hostelería protagonizaron protestas en Roma.

Las personas manifestaron su inconformidad con la gestión política y autoritaria de la crisis y reivindicaron sus libertades fundamentales de reunión, manifestación pública y protesta social.

En la “Suiza centroamericana”, en las tradicionales y asépticas conferencias de prensa, se ha publicitado un conjunto de medidas de regreso paulatino y escalonado a la actividad productiva, comercial e institucional.

La vuelta a nuestra normalidad, por lo visto, seguirá siendo igual, al mejor estilo del dejar hacer, dejar pasar.

Da lo mismo que más de 200.000 personas hayan perdido su empleo, sin que -a diferencia de otros países- se hayan contenido los despidos individuales o colectivos.

Da lo mismo que a más de 55.000 trabajadores se le hayan suspendido los contratos de trabajo, o que a más de 126.000 se les haya reducido sus jornadas, con la consecuente reducción proporcional hasta el 75% de sus salarios.

Da lo mismo que el sector agropecuario prácticamente haya sido confinado al abandono.

Tenemos no solo un sistema sanitario muy consolidado, por dicha, sino, además, una democracia muy robusta, inmune al Covid-19.

Nos decía el recién partido, tan solo hace dos días, pero no desaparecido, Julio Anguita:

“No me da miedo el ruido del poder.
Me da miedo el silencio del pueblo.”

Imagen: Euronews

Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados

Escrito en . Publicado en Educación, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS

El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.

Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.

Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:

1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.

2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.

3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.

4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.

5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.

6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.

Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.

Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.

En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.

Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.

En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.

Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.

De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.

Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.

Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.

Organizaciones sindicales presentaron pliego de peticiones para apertura de la mesa de diálogo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Sindicatos analizarán agenda de trabajo presentada por el Gobierno

Comunicado de prensa actualizado

 

La Unidad Sindical entregó al Gobierno de la República, un pliego de peticiones que permitirían dar a apertura a la mesa de diálogo multisectorial, que propondría soluciones consensuadas al déficit fiscal.

La entrega se hizo esta mañana, en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

A su vez, la Unidad Sindical recibió de parte del Gobierno, la propuesta de una agenda de trabajo en temas fiscales, la cual será analizada por las diversas organizaciones.

Los temas fiscales de la agenda presentada por el Gobierno son: el IVA, impuesto al salario, renta global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.

Durante la reunión, los diversos representantes sindicales le hicieron ver al Gobierno la necesidad de un análisis de los puntos en discusión para emitir una respuesta, misma que se estaría emitiendo el próximo lunes 9 de julio a las 10 a.m. en una nueva reunión.

Uno de los puntos que cuestionaron las organizaciones sindicales, es que el Gobierno sugiere una mesa de diálogo bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante, mientras los Sindicatos solicitan una mesa multisectorial.

La Unidad Sindical también solicitó que se retire de la corriente legislativa el expediente N°20.580 «combo fiscal» y que den marcha atrás con la solicitud de declaración ilegal de la huelga del pasado 25 de junio y que se garantice un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.

Sobre este pliego, el Gobierno también deberá emitir una respuesta el próximo 9 de julio.

 

Imagen tomada de la nota de SURCOS titulada: Sindicatos se reúnen con Gobierno para tratar el combo fiscal.

Enviado a SURCOS por Albino Vargas Barrantes.

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