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Etiqueta: salud pública

Declaración de la ISP – Primero de Mayo: Lxs trabajadores de los SPU deben ser reconocidxs no sólo en tiempos de Covid y guerras

Escrito en . Publicado en Trabajo.

“En este Primero de Mayo, la ISP pidió a los gobiernos que inviertan en su gente, que rechacen la austeridad y los nuevos recortes en los servicios públicos y que valoren a lxs trabajadores de los servicios públicos de urgencia (SPU), a lxs que en la mayoría de los casos se les niegan derechos fundamentales, ya sea por la legislación sobre servicios esenciales o por estar agrupadxs en lo que a veces se conoce como servicios uniformados, que incluyen a lxs bomberxs y a la policía.”

El artículo toca una variedad de temas interesantes sobre la realidad actual de muchos trabajadores alrededor del mundo, como por ejemplo, a los trabajadores de los servicios públicos de urgencia, a los cuales se les niegan los derechos fundamentales, como negociar sus condiciones de trabajo. Dentro de estos trabajadores se incluyen a policías y bomberos.

El artículo está disponible en el siguiente enlace:

https://publicservices.international/resources/news/declaracin-de-la-isp—primero-de-mayo–lxs-trabajadores-de-los-spu-deben-ser-reconocidxs-no-slo-en-tiempos-de-covid-y–guerras?id=12859&lang=es

Abusos sexuales y físicos están asociados a índices de suicidios

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Gabriela Herrera-Correal *

La reciente controversia causada por la campaña de comunicación en contra del voto por el candidato a la presidencia Rodrigo Chaves mostraba de forma jocosa la acción de quitarse la vida a manera de escape. Esta campaña ha generado una reacción muy fuerte por parte de la población costarricense por razones obvias. Abre una discusión clave en el país; el suicido, una problemática nacional que no debe tomarse a la ligera. El suicidio es un problema de salud pública mundial. La tasa de suicidio ha aumentado a nivel mundial en un 60% en los últimos 45 años. (A.Barroso, 2019)

Actualmente, en Costa Rica ocurren un aproximado de 300 suicidios al año y las cifras han ido en aumento en los últimos años. Según el informe regional de “Mortalidad por suicidio en las Américas”, la tercera parte de los casos de la región son de costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100 mil personas en el 2018. Del año 2000 al 2020, se contabilizan 6.638 lamentables fallecimientos por suicidio, siendo que el 84% (5.605) han sido hombres y el 16% (1033) mujeres. Solo en el año del 2020 se registran 356 fallecimientos por suicidio y 1.786 intentos de suicidio de los cuales 670 han sido hombres y 1.116 mujeres.

Según el Centro de Atención Neuro-psicológica UNIBE, los intentos de suicidio afectan mayoritariamente a jóvenes entre los 10 y 35 años de edad. Nuestra población del futuro. De acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Universidad, el 60% de los intentos de suicidio de Costa Rica son cometidos por mujeres. (L.Molina, 2019) Es de vital importancia prestar atención a estas cifras e indagar en la razón detrás de todas estas personas que toman la lamentable decisión de querer quitarse la vida. Es importante hablar de este tema para crear herramientas y poder darle a estas personas y sus familiares, el apoyo que necesitan.

De acuerdo con El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), los principales factores de riesgo de suicidio son: antecedentes de intentos de suicidio, depresión, otros trastornos mentales o trastorno por consumo de sustancias, dolor crónico, antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual, presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar, liberación reciente de la prisión o la cárcel, exposición, ya sea directa o indirectamente, a la conducta suicida de otros, como familiares, compañeros o celebridades.

Los factores de riesgo que se analizan en este artículo son los de la depresión, otros trastornos mentales y exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual. Dado que la mayor cantidad de intentos de suicidios son cometidos por mujeres y que los índices de violencia sexual son tan altos en Costa Rica, es importante investigar si existe una relación entre el abuso sexual y la tendencia al suicidio.

De acuerdo con los datos sacados del Poder Judicial, en el año del 2020 en Costa Rica, respecto a sentencias dictadas por delitos sexuales, el 49% de estas sentencias fueron por abusos sexuales contra menores de edad y el 28% de las sentencias dictadas fueron por violación. Cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica. De las denuncias por violencia sexual del 2020 en Costa Rica, el 79.6% de las víctimas fueron mujeres y 34% de las víctimas fueron menores de edad.

El 23 de marzo de este año, CRHoy.com publicó un artículo escrito por Jason Ureña que se titulaba de la siguiente manera: Área de salud de Tibás alerta por aumento de embarazos adolescentes por relaciones impropias. Las cifras eran de 40 adolescentes embarazadas por año de las cuales el 40% mantuvieron relaciones impropias. Una relación impropia es aquella donde el autor sea siete o más de años mayor que la persona agraviada. Y la condena de cárcel es mayor en caso de que el autor tenga parentesco familiar o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con la víctima. Estos términos se encuentran en la Ley 9.406 que protege a los menores en situación de violencia y castiga al adulto, según el tipo de relación existente. Estudios han evidenciado que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir los dieciséis años. (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010).

Actualmente, hay 13 jóvenes embarazadas que están siendo atendidas por el departamento de Trabajo Social de esa área en Tibás, la cual procede a denunciar la situación ante autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Ahora si hablamos claro, significa que 13 niñas fueron violadas por adultos que, en muchos casos, de acuerdo con los funcionarios de salud, mantenían relaciones con estas menores y estas relaciones eran avaladas por los progenitores de la víctima.

Un artículo de la facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia, afirma que tanto la conducta suicida como el abuso sexual son problemáticas relacionadas que afectan la salud mental y física de las víctimas. (B, Avendaño. 2016) Ese artículo de investigación basó su estudio en 85 444 jóvenes de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo de instituciones educativas públicas de las tres ciudades con mayor número de habitantes del departamento de Boyacá (Colombia). Uno de los resultados más impactantes que obtuvo fue que todos los estudiantes que participaron en esta investigación y que habían sido víctimas de abuso sexual por penetración, habían tenido intentos suicidas.

De acuerdo con investigaciones de estudios comparativos efectuados por el Centro Nacional de Biotecnología e Información de Estados Unidos (NIH), el riesgo de intento de suicido en adolescentes es 8 veces mayor para una persona que haya sufrido abuso sexual. Esto significa que las personas que han sufrido este tipo de violencia tienen mayor riesgo a sufrir de depresión o tendencias suicidas durante su adolescencia. La violencia física y sexual está significativamente asociada al comportamiento suicida de la víctima. Otro dato por considerar es que evidencia reciente de estudios efectuados por este centro de investigación, indican que adolescentes transgénero tienen mayores tendencias suicidas que adolescentes cisgénero.

En un estudio efectuado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz en México, se estudió la población secundaria de dos institutos con promedio de edad de 13.7 años en la Ciudad de México. De acuerdo con este estudio, el 67% de las mujeres que habían sido atacadas sexualmente, habían intentado suicidarse. Muchas reportaron como efectos a largo plazo del abuso sexual infantil problemas tales como el trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ideación y el intento suicida, la insensibilidad emocional, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o de las drogas, victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, entre otros.

De acuerdo con un artículo de la Universidad de Granada, escrito por David Cantón y Fernando Justicia en el 2009, indica que el haber sufrido abuso sexual durante la infancia supone un incremento del 10% y 21% en la probabilidad de sufrir problemas de depresión y autoestima respectivamente en adultos jóvenes.

En definitiva, una campaña que toma a la ligera el tema del suicidio, deja de lado lo importante que es abordar esta problemática nacional. Costa Rica tiene que tomar acción para proteger a la población costarricense y disminuir los índices de suicidio en el país. Una de las acciones más pertinentes es la de luchar en contra de la violencia sexual ya que claramente está relacionada con la problemática del suicidio. Que exista un candidato a la presidencia con un historial de acoso sexual es una manera de dar a entender que la vida de las personas que sufren de violencia sexual no tiene la importancia que realmente se merece. Nadie debería poder asumir cargos de poder si ha sido parte de la violencia sistemática de una sociedad machista que permite el acoso sexual como parte de su cotidianidad. La vida de las víctimas de abusos sexuales y físicos debe ser una prioridad para Costa Rica.

25 de marzo del 2022

* Activista ecofeminista, máster en ecología urbana.

Bibliografía

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Nuevo Incendio en la Loma Salitral – Alerta: peligro para el ecosistema único

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

En este momento está activo el incendio ubicado cerca del residencial Las Cascadas, afectando la Zona de Amortiguamiento de nuestro pulmón. Grave afectación al ambiente y a la salud pública. Según los vecinos esta situación no es casualidad, la semana pasada también se realizó una quema ilegal de grandes proporciones, como lamentablemente sucede en los meses de verano, durante muchos años se han realizado incendios. 

Desde el Movimiento Salvemos la Loma Salitral, exigimos a las autoridades correspondientes que se realicen las indicaciones necesarias de este delito. Para más información visitar:

https://www.facebook.com/SalvemosLaLomaSalitral/posts/4842380225798086Nuevo Incendio en la Loma Salitral

 

UCR: Apoyo al proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

  • Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos

Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos.
Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables.
La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %.
Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %.
“La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR.
“En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional.  A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado.
De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros).
Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables.
En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional.
Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan.
“Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia.
Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes.
“Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.

Lea la postura completa en
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2022/comunicado-proyecto-de-ley-etiquetado-frontal-1.pdf 

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista de la Oficina de Divulgación e Información, UCR

¿Incompetencia o complacencia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Marcos Chinchilla Montes

El 24 de noviembre del 2021 Sudáfrica fue el primer país en reportar la existencia de la cepa ómicron, impresionantemente contagiosa si se la compara con sus antecesoras, aunque en principio menos letal, en lo particular para las personas vacunadas. Una semana después, Países Bajos reportó que esa cepa estaba circulando en su país incluso antes de que Sudáfrica la reportara, tal y como ocurrió en otros países del globo.

En muy pocos días, varios países implementaron políticas públicas para procurar ganar tiempo ante la avalancha que se les avecinaba, léase bien, ganar tiempo.

A lo largo del siguiente mes, por todo el planeta saltaban las alarmas de manera notoria: reintroducción del uso de la mascarilla, crecimiento de casos, aumento en la utilización de servicios hospitalarios, vuelta a la virtualidad educativa, regreso al teletrabajo, miles de vuelos cancelados y millones de personas que se quedaron en tierra, etc.

Y como suele suceder con el gobierno de Carlos Alvarado, el presidente, su Ministro de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias tomaron nota de la situación y nos dejaron esperando acciones que se correspondieran con la gravedad planetaria de la situación. Muy por el contrario y ante la feliz baja en contagios, hospitalizaciones y muertes que se habían registrado semanas antes, las medidas que se tomaron alentaban la plena apertura de la actividad económica y turística (diciembre, mes para demostrar el amor con regalos y exacerbado consumo), una reducción sustantiva de las restricciones a la movilidad, y el ya desgastado e ineficiente discurso de protéjase usted aunque el mismo gobierno y el empresariado incentiven lo contrario.

Durante varios días de finales de diciembre el Ministerio de Salud nos tuvo sin reportes epidemiológicos, periodo en el que lamentablemente venían aumentando los casos de contagio de manera sigilosa, hasta alcanzar el día de hoy las 2,981 personas contagiadas. Diversas proyecciones matemáticas auguran que se podrían reportar hasta 15 mil contagios diarios en las semanas venideras.

Por lo pronto, retornaron las lecciones presenciales en primaria y secundaria, se aumentó el aforo al 100% en el transporte público (aumentando la transmisibilidad de la enfermedad), y se anuncia con bombos y platillos la vacunación para la niñez mayor de 5 años de edad a partir de la otra semana (Cuba, la comunista y come chiquitos, y en medio bloqueo económico, para el 10 de diciembre del 2021 tenía vacunadas a 1,631,000 personas entre los dos y 11 años de edad).

No es incompetencia, sino la plena complacencia del gobierno con el empresariado, particularmente el del turismo y del sector de bares y restaurantes. A esta altura el gobierno reconoce el problema que se le avecina al país con la expansión de la cepa ómicron, y anuncia medidas para la próxima semana, si, siete semanas después de que Sudáfrica alertara sobre la nueva variante.

Si esto fuera un tsunami como el del 2004 en el Indico, el gobierno de Carlos Alvarado nos pediría que nos quedáramos en la playa degustando -eso si en burbujas familiares o de trabajo- un granizado y un ceviche, y antes de que llegara la ola mortal nos lanzaría un salvavidas de patito.

UNDECA: ¡Ni vergüenza les da! El desastre hacendario no se puede ocultar atacando a la Caja

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

No hemos terminado con la pandemia de COVID-19, y de nuevo arremeten, con todo, contra el sistema público de salud y seguridad social de nuestro país.

Esta vez, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas,es el abanderado, quien se lució lanzando sus dardos más venenosos contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Ministro de Hacienda, proclamó la más aviesa afrenta contra esta institución. Declaró que su presupuesto erosiona la estabilidad fiscal, criticó las facturas que le pasa la Caja, por el perro tan amarrado y rabioso que le tiene el Gobiemo, y como si lo anterior fuera poco, censuró el costo de la atención médica que se le brinda a la población.

Las declaraciones del Ministro desprestigian esta institución, favoreciendo la privatización de los servicios de salud pública. No tenemos ninguna duda que los mercaderes de la salud estarán aplaudiendo, estas desastrosas manifestaciones, de un fiel escudero de los más opacos intereses.

¡Cuando el ministro hace una frívola comparación entre los presupuestos de Gobiemo Central y el de la Caja, tratando de manipular la verdad, no dice, que desde luego no ignora, que la causa principal del deterioro de las finanzas del Gobierno es producto de la enorme corrupción, de la evasión, elusión y el contrabando fiscal; además,de los privilegios fiscales que disfruta el poderoso sector empresarial y financiero, nacional y transnacional.

Detrás de esa cortina de humo, el Ministro no pretende otra cosa que no sea seguir eludiendo el pago de la deuda que tiene el Gobiemo, que asciende a la cantidad de 2.300.000 millones de colones, incítando públicamente a los diputados y diputadas a violentar el artículo 177 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asumir el pago de la deuda, que el inflamable discurso del ministro pretende que se le escamoteé a los asegurados y a la población en general

Don Elian, en lugar de fustigar a nuestra emblemática institución, constituida por más de 60.000 personas trabajadoras, que le han puesto el pecho a la pandemia, debería honrar esa vergonzosa deuda.

El Ministro de Hacienda lanzó una proclama nada velada, de guerra contra la institución, la cual resulta totalmente inaceptable proviniendo de un Ministro de Estado.

UNDECA exige que se le pague a la Caja, lo que se le debe.

Llamamos a todas las fuerzas sociales a reforzar la lucha en defensa de la Caja y la salud pública

Las organizaciones sindicales y la clase trabajadora debemos cerrar filas en esta defensa.

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

Medicamentos en Costa Rica: salud pública en manos privadas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

APSE Informa invita a su programa, Desde la Otra Acera, con el tema “Medicamentos en Costa Rica: salud pública en manos privadas”. El mercado de medicamentos en Costa Rica mueve cerca de $550 millones anuales, pero sólo 3 compañías controlan más del 60% del mercado. ¿Es posible bajar los precios sin romper las prácticas de monopolio? 

Se contó con la participación de Horacio Strickland, de la AFAPROFACO, de la Dra. Ana Zhen, de la ASOFACO, y del Dr. Albin Chaves, especialista en farmacoepidemiología.

El vídeo completo se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/8X0vPzyWoh/

UNDECA en el mes del 80 aniversario de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

1 de noviembre 1941–1 de noviembre 2021

Hace 80 años, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, tuvo el objetivo histórico de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Su contribución a la democracia hoy es más que evidente, universalizando los servicios de salud, con alcance para todos, sin distingos de región, estrato social, etnia o credos, desde la gestación hasta la vejez.

La Caja Costarricense de Seguro Social es motivo de orgullo nacional. Su activo más valioso es su enorme capital humano; con alto sentido humanitario. Trabajadores comprometidos con la salud pública, lo cual ha sido latente en estos tiempos de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Su dedicación y entrega merece todo nuestro reconocimiento.

UNDECA, hoy reafirma su misión en defensa de la Caja, contra los más oscuros intereses mercantilistas, de los intentos privatizadores de sectores políticos neoliberales, del ataque sistemático e injustificado a la estabilidad laboral de los trabajadores y la intención de acabar con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y pensiones dignas para costarricenses. los

Hoy se cumplen 80 años de una gran institución. La CCSS clama por su defensa y protección. Las futuras generaciones merecen también disfrutarla.

Adjuntamos imagen del comunicado: 

Las vacunas contra el Covid-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Resolución No. 1/2021

(Adoptada por la CIDH el 6 de abril de 2021)

SURCOS comparte la siguiente información:

La pandemia generada por el virus que causa el COVID-19 ha originado una crisis sanitaria,

económica y social sin precedentes, a nivel mundial y regional. El desarrollo, junto con la

aprobación, fabricación y distribución de vacunas seguras y efectivas son pasos determinantes para: i) enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia; ii) disminuir la sobrecarga de los sistemas de salud, y iii) mitigar los efectos de las medidas de salud pública que han sido implementadas para contener el contagio. Tales medidas han afectado de manera especialmente adversa el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con un impacto diferenciado y desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad de las Américas, así como de las personas con COVID-19 y sus familiares.

Un año después del comienzo de la pandemia generada por la COVID-19, el esfuerzo global ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces avaladas por las autoridades sanitarias competentes. Sin embargo, la inmunización de una masa crítica de la población mundial, crucial para controlar la pandemia, se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos, que incluyen nuevas cepas peligrosas del virus, la competencia mundial por un suministro limitado de dosis y el escepticismo público sobre las vacunas. En este escenario, sólo algunos Estados de la región han avanzado rápidamente en la inmunización de sus poblaciones, mientras hay otros en los que el acceso a dosis es limitado o el proceso aún no ha comenzado. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. 

En este contexto, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la

Comisión” o “la CIDH”) es imperativo que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas y, en particular, hacerlas accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos.

La equidad debe ser el componente clave no sólo entre países, sino también dentro de los países para poder poner fin a la fase aguda de la pandemia.

Conforme al Marco de valores del Grupo de Personas Expertas en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la asignación de vacunas y el establecimiento de prioridades en la vacunación para prevenir el COVID-19, el objetivo general de las vacunas es que contribuyan significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar humano. Por ello, las vacunas para prevenir este virus deben ser un bien público mundial y regional, y estar al alcance de todas las personas, con equidad y sin discriminación.

Las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso que adopten todos los Estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, según corresponda, bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “CADH”) y el Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador). Igualmente, deben estar regidas desde un enfoque de salud pública y basadas en la mejor evidencia científica disponible.

La presente Resolución se enmarca en el trabajo continuo que la CIDH viene realizando en

respuesta a la pandemia desde un enfoque de derechos humanos; en particular, con la adopción de su Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas y la Resolución 4/2020 que establece las “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19”. Asimismo, la Comisión toma nota de la Resolución No. A/HRC/46/L.25/Rev.1 de 17 de marzo de 2021, adoptada por aclamación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual hace un llamado para asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); como también de los pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas a la luz de las obligaciones de los Estados parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, toma nota de la guía conjunta sobre el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 emitida por el Comité sobre Derechos de las personas trabajadoras migrantes junto a otros mandatos, incluyendo la Relatoría sobre Personas Migrantes de la CIDH.

El objetivo de esta Resolución es contribuir a que los Estados asuman el alcance de sus

obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre vacunación, a fin de garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida. Para tales efectos, brinda recomendaciones puntuales basadas en los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, transparencia, acceso a la información, cooperación y solidaridad internacional.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

Resolucion-1-21-esDescarga

 

Enviado a SURCOS por Trino Barrantes.