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Etiqueta: salud pública

Más de 2500 personas y organizaciones piden prohibir agro veneno clorotalonil en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

COMUNICADO DE PRENSA

– Organizaciones y personas de la ciudadanía piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua

Estas personas son de distintas instancias: académicas, educación secundaria, organizaciones ecologistas, derechos humanos, asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales, artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras, medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura urbana, cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas, sector cultura y guardianas de semillas, entre otros.

Las personas firmantes afirman que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería por consiguiente prohibirse en Costa Rica.

Desde inicios de año se viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.

La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.

Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.

Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.

En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.

Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.

Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.

Comunicado elaborado con el apoyo del Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR.

¿Vacunar o no vacunar? ¿Política o ciencia?

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

«Triste del país que no tome a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos.

Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber, debe obtener ventajas seguras sobre las otras».

Esas sabias y visionarias palabras fueron pronunciadas por el Dr. José María Castro Madriz (último Jefe de Estado y primer Presidente de la República de Costa Rica en 1843, cuando siendo Ministro de Gobierno inauguró la Universidad de Santo Tomás. Este pensamiento sigue siendo válido 179 años después. Los premios Nobel de las áreas de las ciencias (medicina incluida) provienen de los países en los que más empuje se le ha dado a las ciencias, casualmente los más desarrollados del planeta.

Costa Rica ha sido líder mundial en programas de vacunación desde mediados del siglo pasado, permitiendo la eliminación de enfermedades que provocaron mucho dolor en las familias costarricenses como: poliomielitis, difteria, viruela, sarampión, etc. Otras enfermedades han disminuido su prevalencia en Costa Rica y van en camino de desaparecer gracias al Programa de Vacunación de nuestro país, uno de los más completos del mundo (no solo por la cantidad de vacunas aplicadas, sino por la calidad de las mismas y el porcentaje de cobertura a nivel nacional), tal como lo han reconocido organismos internacionales como La Organización Mundial de la Salud.

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) es un ente científico creado por Ley de la República, adscrita al Ministerio de Salud y se creó en el marco de la Ley Nacional de Vacunación 8111 y está integrada de acuerdo a esa ley por profesionales científicos expertos en el área de vacunación y Epidemiología cuya finalidad, entre otras es coordinar los programas nacionales de vacunación. Es un ente eminentemente técnico/científico, no político, que vela por la seguridad de todos los habitantes de nuestro país anteponiendo intereses de orden político, personales, gremiales o comerciales. Es un grupo de trabajo que discute, analiza y toma decisiones al amparo de la evidencia derivada de publicaciones científicas de calidad. Los acuerdos tomados por la CNVE han sido parte de estrategias fundamentales de Salud Pública, que han llevado a bienestar, salud e igualdad en la población costarricense. Existe una fortaleza legal en su creación y varias leyes delimitan y protegen sus funciones (Ley General de Salud, Código de la Niñez y la Adolescencia, etc.). La CNVE es un bien que se debe fortalecer y su independencia se debe defender ya que sus acuerdos han sido fundamentales en el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, en la reducción de la mortalidad infantil, y han sido un factor de nivelación social. En relación con la Pandemia de COVID-19, su trabajo garantizó la selección de las vacunas de la mejor calidad con los mejores estándares de seguridad y con los mejores estudios clínicos de eficacia y efectividad. Esto se ha visto reflejado en el impacto positivo que han producido estas vacunas en el control de la pandemia.

La politización de la CNVE lleva al riesgo de politizar los acuerdos, lo cual produce, entre otros, una apertura para los grupos antivacunas que tanto daño hacen con sus falsas afirmaciones. La CNVE no debe utilizarse como un instrumento político para que los gobernantes de turno puedan fijar el rumbo con base en intereses personales o partidistas.

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica lanza un ferviente llamado para que todas las fuerzas científicas del país apoyen y defiendan la autonomía de la CNVE, y que más bien se generen acciones que la fortalezcan.

Dr. Aristides Baltodano A.

Presidente

 

Compartido con Surcos por Karen Esquivel Bolaños.

Campaña Nacional por la Prohibición del Clorotalonil en Costa Rica

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La conocida situación de contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, requiere la toma urgente de decisiones desde las instituciones y autoridades competentes en aras del cuidado de la salud pública y ambiental.

Esto debido a que en las nacientes llamadas Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses, cantón de Oreamuno destinadas para agua de consumo humano, presentaron resultados positivos de plaguicidas, según acepta y reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), fundamentados en un reciente estudio del IRET de la Universidad Nacional (ver anexo 1 y anexo 13).

Por lo tanto, se solicita respetuosamente, se prohíba el uso de clorotalonil en Costa Rica, además, debe ser retirado su registro, considerando que ya hay evidencia supra citada de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental.

Le invitamos a firmar el manifiesto por el agua en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAm5vg9f7V5kWNz5raD3Ao9dYAdJc2QX08d56YJPWLc1YSyg/viewform

Desobediencia de sentencia de Sala IV sobre Crucitas tendría consecuencias judiciales para la administración de Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de prensa

  • Ecologistas denuncian ante la Sala Constitucional incumplimiento de sentencia en caso de minería ilegal en Crucitas

(FECON, 10/07/2022) La Sala Constitucional ha notificado este pasado viernes a los jerarcas de MINAE y MINSA para concederles tres días hábiles para presentar información de las acciones desarrolladas en materia de seguridad y para que se defina un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas, así como las acciones que se ejecutan en la actualidad para hacer una valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, se establezca una línea base de seguimiento y se tomen las medidas técnicas que correspondan para remediar los daños ambientales.

Estas obligaciones están contenidas en la resolución n.°2021-020047. El abogado especialista en materia ambiental Álvaro Sagot y la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza han denunciado al Poder Ejecutivo por desobediencia a lo ordenado por la Sala IV en dicha resolución bajo el expediente N° 19-011277-0007-CO. Este recurso de amparo, declarado parcialmente con lugar, fue presentado ante la grave crisis ambiental provocada por la minería ilegal en Crucitas y sustentado en las responsabilidades que tiene tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Salud en materia de salud pública y salud ambiental.

Según Álvaro Sagot “uno se los aspectos más importantes por los que hemos acudido a reclamar desde el sector ecologista a Sala Constitucional sobre los daños ambientales en Crucitas, es que no existen medidas de mitigación, ni de restauración. Precisamente detrás de ello es lo que andamos. Por eso hemos hecho un aviso de desobediencia en tanto la parte institucional, entiéndase MINAE y MINSA no nos han contestado nuestros escritos de denuncia, tal cual lo había ordenado la Sala Constitucional. Dentro de estos escritos está el cronograma del Plan de Restauración y Mitigación de daños ambientales en la Zona Norte».

En la resolución los magistrados y magistradas expresaron que “queda evidenciado que, a la fecha de resolución de este recurso de amparo, las autoridades recurridas no habían planificado la elaboración de ningún plan de mitigación, compensación o restauración de los daños ambientales constatados”. A la fecha no existe evidencia de que estos planes de mitigación fueran realizados por parte de las autoridades, mucho menos se han desarrollado acciones como las exigidas por el alto tribunal de justicia.

El poder ejecutivo tiene hasta el próximo jueves para demostrar el cumplimiento de la sentencia judicial, de lo contrario estaría la administración de Rodrigo Chaves a las puerta de “la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, que se ordene testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia.” según dice la comunicación enviada este viernes por la magistrada Ana Cristina Fernández Acuña a los jerarcas de MINAE y de MINSA.

La destrucción provocada por la minería ilegal se da después de que la compañía canadiense Infinito Gold abandonara las operaciones en el país luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara la concesión otorgada bajo el gobierno de Oscar Arias Sánchez luego de ser demostradas diversas irregularidades en su tramitación. 

Fecon-comunicadoDescarga

Política exterior en la Colombia, potencial mundial de la vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Tras el gane de la presidencia, la nueva administración de Colombia Petro Urrego ha anunciado cuáles serán sus ejes de política exterior en orden de convertir a esta nación en una “potencia mundial de la vida”.

Entre los principios de esta nueva política exterior colombiana se destaca el respeto por los Derechos Humanos, el respeto por la soberanía, la buena vecindad y la cooperación Sur-Sur. Además, sus principales enfoques son el feminismo, el humanismo y el participativo. 

Este nuevo gobierno aspira a promover la integración de Colombia con el resto de las naciones de América Latina y el Caribe, establecer una alianza con Estados Unidos para consolidar la paz y la democracia, así como redefinir la lucha contra las drogas. En este sentido, se señala que las políticas contra las sustancias ilícitas serán enfocadas en la preservación de la salud pública y en la fomentación de alternativas sostenibles frente a la criminalidad. 

En cuanto al comercio, se indica que estas actividades se centrarán en promover la seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de las industrias no extractivas. En el campo ambiental se señala que la lucha contra el cambio climático será esencial a través de la preservación y restauración de diversos ecosistemas, así como mediante la ratificación del Acuerdo Escazú. 

Finalmente, se aspira a que la migración se base en un proceso seguro, ordenado y regulado que respete los derechos de las personas migrantes. Además, se propone que los puestos de índole diplomática y consular sean ocupados con personas con una amplia experiencia en el campo.

Si desea consultar con mayor detalle la propuesta realizada por las nuevas autoridades colombianas, puede consultar la infografía adjunta.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Bloque Verde: Presidencia del AyA “detrás del palo” con contaminación del Agua en Cipreses de Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

COMUNICADO DE PRENSA

  • Frente Ecologista denuncia oscurantismo y ping-pong burocrático para seguir tomando agua contaminada por más de dos años.

Un grupo de vecinas y vecinos de Cipreses de Cartago organizados en el Frente Ecologista ECOCIPRESES puso en su lugar al Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pues sin estudiar a fondo el tema de la contaminación del agua de Cipreses de Cartago emite un comunicado público y además un oficio PRE-2022-00572 que para los vecinos de esta comunidad “da pena ajena”.

La polémica surge ante los posibles impactos a la salud pública que puede estar sufriendo la comunidad por el suministro de la ASADA con productos de la degradación del agroquímico clorotalonil. Este funguicida es uno de los más usado en el país y en la región de Cartago. De hecho, el conflicto inició hace dos años por que las nacientes estaban invadidas por cultivos que usan este y muchos otros agro-venenos.

El pasado 03 de junio la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón solicitó al AYA incluir estos productos derivados del clorothalonil en las mediciones que hace el Laboratorio Nacional del Agua, ya que el ente ha reconocido públicamente que no tiene la capacidad para detectarlos. No obstante, sí tuvo el IRET de la Universidad Nacional la capacidad de detección en 4 ocasiones desde el 2020 y hasta se mandó una muestra al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology ) que dieron con la presencia de trece productos de la degradación del clorotalonil. Pese a estos hallazgos el AYA se ha dedicado a desvirtuar y disimular la evidencia con tecnicismo para no cumplir con el principio precautorio y con el Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA, que la misma institución sugirió.

Para ECOCIPRESES el jerarca del AYA no puso ni a sus asesores a leer el voluminoso expediente e increpa al grupo sobre la evidencia científica “de las afectaciones a la salud del agroquímicos (no así de las moléculas de degradación)” ignorando  los mismo informes del  instituto donde asegura que “El clorotalonil y sus productos de degradación en el agua destinada al consumo humano, así como otros agroquímicos utilizados en la zona debido a las actividades productivas, han sido relacionados en investigaciones médicas con afectaciones graves al hígado y los riñones, además de ser un posible carcinógeno en humanos, por lo que es necesario que se evalúe la activación del Protocolo de Contaminación del AyA para asistir a la ASADA en una eventual solución, o mecanismo de mitigación de aplicación inmediata. (1-B2 EPA- Estados Unidos)” MEMORANDO No.GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Según ECOCIPRESES “está es una discusión científica muy reciente, pero hay evidencia científica -que le mandan al jerarca- con la que la Unión Europea y otros países más han decidido no autorizar o no renovar los permisos para el uso de clorotalonil debido a su carcinogenicidad y la presencia de productos de transformación potencialmente tóxicos que contaminan las aguas subterráneas (ver artículo científico). Mientras en nuestro país priva el oscurantismo burocrático de instituciones que se tiran la pelota una a otra desprotegiendo la salud de quienes recibimos agua con productos de la degradación de clorotalonil en nuestras casas”.

Desde ECOCIPRESES insisten en que el principio precautorio es lo que debiera imperar ante la incertidumbre científica y sobre todo ante la incapacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas de monitorearlos en Costa Rica, lo cual el AYA está reconociendo. Pero, para empeorar las cosas, el AYA se niega a aceptar los resultados de laboratorios de universidades públicas nacionales, de gran prestigio, que tienen una mayor capacidad instalada, y esto lo usan como excusa para permitir que la población continúe consumiendo agua contaminada.

La organización comunitaria cierra la carta mandando al presidente a asesorarse mejor y estudiar la Ley 7789 pues no son los ecologistas los que tiene que presentar las pruebas de la contaminación ya el AYA las tiene: “Así que le decimos: no ponga la carreta delante de los bueyes. Actúen con diligencia y en base al mandato constitucional que hoy está siendo lesionado bajo el oscurantismo de funcionarios públicos que lejos actuar se enfrascan en discusiones técnicas que decantan en ninguna solución concreta”.

Terminan la denuncia haciendo una serie preguntas de como: ¿Cuánto tiempo va a esperar para que apliquen los análisis de la contaminación del agua, cuando y por qué no aplican el principio precautorio y el del Protocolo de Contaminación del AYA para asistir a la ASADA? Finalmente solicitan una reunión y un proceso de rendición de cuenta en la comunidad.

Para acceder al escrito completo de respuesta del Frente Eco Cipreses al AYA puede descargar el PDF o bien usar el siguiente enlace:

RESPUESTA-PUBLICA-AL-AYA-EL-AGUA-DE-CIPRESESDescarga

Finalmente, la OMS pide que la menstruación se reconozca como un tema de salud pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Foto: Gerardo Iglesias.

La menstruación, un tema de salud

Este miércoles 22 de junio, en el marco del 50 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que la menstruación sea reconocida como un “tema de salud y de derechos humanos” y no “de higiene”.

Amalia Antúnez

Asimismo, criticó que la salud menstrual no haya estado en la agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y tampoco esté incluida dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente para los que abarcan la salud, la igualdad de género y el agua y saneamiento.

Desde la Rel UITA se ha venido dando visibilidad a este tema, y cómo la falta de políticas públicas sobre la menstruación puede y afecta a miles de mujeres en América Latina.

En agosto de 2021, surgió en la Asamblea Legislativa del estado brasileño de Santa Catarina una iniciativa de legislar por el acceso universal a productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres.

En esa audiencia, que se realizó en modalidad virtual por exigencias del protocolo sanitario del Covid 19, los relatos daban cuenta de un problema que está lejos de pertenecer a la esfera privada.

Según datos proporcionados por la Defensoría Pública del Estado,1.500.000 brasileñas viven en residencias sin baño y al menos 213.000 niñas y adolescentes no cuentan con baños en condiciones en sus centros escolares.

Una de cada cuatro mujeres brasileñas no tiene acceso a absorbentes higiénicos y de ese alto porcentaje al menos la mitad nunca habló del tema en la escuela.

Alertas desde el sur

Este aspecto sanitario incide directamente en la escolaridad de las niñas y jóvenes, afectando su desarrollo futuro y ampliando la desigualdad de género.

Fue grato observar que, en su comunicado público, la OMS destacara el trabajo de activistas del “sur global” que a diario alertan sobre las experiencias de mujeres y niñas que atraviesan situaciones “vergonzosas” y enfrentan barreras para controlar su menstruación “porque no tienen los medios para hacerlo.

Algo más tarde que las legisladoras catarinenses y que las dirigentes sindicales, la OMS apunta a que la menstruación debe ser tratada como un tema de salud pública, sin tabú, y exhortó a los gobiernos a desarrollar iniciativas en ese sentido.

Quizá puedan tomar como ejemplo el proyecto de ley de la diputada Ada de Luca (MDB) que apunta a universalizar el acceso a absorbentes higiénicos con la distribución gratuita a través de centros de salud y también en las escuelas públicas.

Más presión sobre gobiernos y empresas

Que la OMS haya tomado esta bandera significa un gran avance, pero hay que continuar insistiendo a los gobiernos que se comience a tratar este tema como una cuestión de salud pública y por lo tanto responsabilidad de los estados.

Tampoco las empresas pueden continuar indiferentes. En Costa Rica nuestra compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA), viene denunciando hace más de dos años la falta de instalaciones sanitarias en las plantaciones de la empresa Palma Tica.

“Las mujeres cuando cursan su período menstrual deben cambiarse a la intemperie, sin ninguna condición higiénica. Algo totalmente indigno”, dice en un reciente llamado público que hizo a la ministra de Trabajo de su país.

La menstruación es un tema de salud pública y es un tema sindical. La menstruación no es solo un asunto de mujeres, es un tema de Derechos Humanos.

 

Información de Rel UITA compartida con SURCOS por la FENTRAGH.

Proteger las políticas de salud pública de la interferencia de la industria tabacalera

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Diego Montero Hernández

Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA)

El pasado 31 de mayo, en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) tuvo la oportunidad de organizar un foro de presentación de resultados en el antiguo edificio legislativo acerca de dos estudios que se hicieron en el último año relacionados con la interferencia de la industria tabacalera en políticas de control de tabaco, el cual contó con el apoyo del diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio.

La interferencia de la industria tabacalera se entiende como esa gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, directa o indirectamente, por las compañías del tabaco y sus representantes para debilitar, obstaculizar o eliminar la aplicación o desarrollo de las medidas efectivas de control del tabaco. Se ha reconocido en distintas ocasiones que este flagelo ha sido responsable de que muchos países no hayan podido avanzar en una mejor legislación en control de tabaco. 

Precisamente, se diseñó el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como una herramienta de medición que cuenta la sociedad civil para evidenciar la intromisión de estas compañías en dudosas decisiones que toman los gobiernos y entes legislativos. Según se expuso en el foro de presentación, Costa Rica reporta casos preocupantes, como la presencia desde el año 2016 de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, donde se ha invitado a compañías tabacaleras sin que se dé a conocer lo discutido en el acta de reunión; el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante la reforma fiscal; o la donación de insumos médicos de la tabacalera Philip Morris Internacional a la CCSS en medio de la pandemia.

Por otro lado, se presentaron los resultados del estudio Sin cortinas de humo, que documentó el proceso de aprobación del proyecto de ley de regulación de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado (proyecto 21.658) para localizar a los sectores que se opusieron a su aprobación y sus argumentos. Se identificó el uso de tácticas de interferencia indirecta por parte de las tabacaleras durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (entre octubre del 2019 y 2021), que incluyeron las relaciones públicas, para influenciar publicaciones en medios de comunicación que promovieron los vaporizadores y productos de tabaco calentado; también las acciones de responsabilidad social con instituciones públicas, donde es evidente el esfuerzo de la industria por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad; y la utilización de alianzas con las cámaras empresariales, quienes defendieron públicamente los argumentos de oposición de estas compañías.

Una de las situaciones más preocupantes que se evidenció fue que la diputada que mostró mayor oposición al proyecto de ley 21.658 renunció a su curul para comenzar a trabajar, meses después, con la compañía tabacalera Philip Morris Internacional. Lo que ahora genera dudas sobre los intereses que en su momento tuvo la legisladora al oponerse a dicho proyecto de ley, y si ello significó mantener reuniones poco transparentes con tabacaleras, lo que violentaría el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado internacional en la materia ratificado por Costa Rica desde el 2008.

Desde la RENATA abogamos porque se establezcan mayores regulaciones al cabildeo en la Asamblea Legislativa, medidas claras de transparencia, y que el Ministerio de Salud, como rector nacional en control de tabaco, sea el primer ente en implementar un Código de Conducta para relacionarse con la industria tabacalera o sus representantes solo cuando sea estrictamente necesario, tal y como lo exigen las directrices de aplicación del artículo 5.3 del CMCT.

Hacemos un llamado a distintos actores de la sociedad civil, a hacer un frente común que defienda una agenda de salud pública consensuada en beneficio de toda la población costarricense, anteponiendo siempre el derecho a la salud por encima de intereses comerciales.

Diputaciones de Cartago piden cuentas al AyA y a Salud sobre contaminación en agua de Cipreses, Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Comunicado de prensa

  • Diputaciones de Cartago del PLN y FA piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud sobre contaminación en el agua de Cipreses Oreamuno Cartago

  • Se realizará foro académico para esclarecer discusión técnica ante los hallazgos de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil en el agua de Cipreses

En el marco del Día Mundial del Ambiente se llevará cabo el foro PLAGUICIDAS EN COSTA RICA, EL AGUA DE CIPRESES Y EL CUIDO DEL BIEN COMÚN en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, el próximo 08 de junio a las 5:00PM de forma presencial (se adjunta afiche del foro).

El objetivo de este importante espacio es poder analizar los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago que vienen encontrándose por parte del IRET de la UNA. (adjunto análisis UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021). El clorotalonil fue prohibido en Europa y 17 países más por contaminar el agua con dichos productos de degradación y es lo que precisamente está sucediendo en la zona Norte de Cartago según denuncian voces de los habitantes desde la comunidad de Cipreses.

En el foro también estará presente en mesa la experta de la UCR, Rebeca Alvarado, quien en coordinación con el PNUD han dado a conocer recientemente el informe: Diagnóstico De Afectación A La Salud Por Uso De Agroquímicos En Costa-Rica (https://impactoplaguicidas.cr/repositorio/diagnostico-de-afectacion-a-la-salud-por-uso-de-agroquimicos-en-costa-rica/) donde se evidencia que solamente en el tratamiento de dolencias, incapacidades, y pérdida de productividad asociada al alto consumo de plaguicidas Costa Rica paga $9 millones al año. Eso sin contar y sin haber podido estimar las enfermedades crónicas de personas expuestas a plaguicidas como son las malformaciones congénitas, el cáncer, entre otras…

Costa Rica es uno de los países den el mundo de mayor consumo de agrotóxicos en el mundo según se han dado a conocer el reciente informe del PNUD  https://impactoplaguicidas.cr/.

“Mientras los sectores corporativos industriales que lucran en el negocio de venta y consumo de plaguicidas exigen la entrada de nuevas moléculas, nadie está hablando de sacar del mercado nacional los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países por ser altamente tóxicos y contaminantes, como por ejemplo el clorotalonil, que como podemos ver se ha encontrado en el agua de nuestra ASADA  en Cipreses y bien sabemos del riesgo que esto representa para nuestra salud” Indicó Jordan Vargas vocero del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago que hoy lucha por la protección ecológica  de las nacientes y la no aplicación de agrotóxicos en el área de recarga acuífera  de las nacientes de su comunidad.

Por su parte la diputada Rosaura Méndez, Segunda Prosecretaria PLN y el Diputado Antonio Ortega del Frente Amplio piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud y han enviado escritos (ver adjuntos) desde sus despachos pidiendo explicaciones. Las diputaciones de Cartago cuestionan la falta de capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas ya que no tienen capacidad técnica de esclarecer la denuncia que con análisis de laboratorio en mano han hecho los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses (se adjunta memorando del AYA GSUD-UEM-GAR-2022-01098).

Integrantes del Frente Ecologista de Cipreses reconocen el gran apoyo que la diputada Rosaura del PLN de Cartago y Antonio Ortega del Frente Amplio están dando por el cuido del bien común, la salud pública y los recursos naturales con sus acciones concretas como diputaciones de la provincia y se evidencia el compromiso real con el bienestar de la gente.

La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la alta incidencia en cáncer estomacal que bien se conoce en la provincia y su relación con el consumo de plaguicidas.

Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com Síguenos en Facebook:  FRENTEECOCIPRESES

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022