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Etiqueta: sector agropecuario

La Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense y movimientos ciudadanos contra proyecto que afecta ferias del agricultor

La Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense, se ha pronunciado en oposición al proyecto de ley «Creación del Programa integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y del Programa Nacional de Ferias del Productor Agropecuario«, expediente # 23914. Como se le ha informado al medio SURCOS, por parte del señor José Oviedo Chaves, Secretario General de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense.

El Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, manifiesta su oposición al proyecto de ley, entre los motivos por los cuales se opone, se indica un asunto de forma, en el cual el proyecto de ley no refiere a una “creación” real, no se ajusta a la realidad, en tanto el PIMA como las Ferias del Agricultor son sistemas de comercialización existentes, por lo cual es un cambio de nomenclatura de Ferias del Agricultor a Ferias del Productor Agropecuario, lo cual implica condiciones diferentes a las que poseen los agricultores en las Ferias. En el fondo de la ley, según manifiesta el Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, la ley es contraria a la propia existencia del mercado de ferias del agricultor, entre los motivos de la afirmación se destacan los siguientes:

  1. a) Un error de fondo, al proyecto pretende unir dos mercados distintos, el mercado minorista de las ferias del agricultor donde se comercializa de forma directa entre productores y consumidores, con el mercado mayorista del PIMA CENADA entre comerciantes, intermediarios y consumidores mayoristas como son los supermercados, ambos mercados poseen características y objetivos diferentes.
  2. b) El proyecto pretende trasladar las funciones de la junta nacional de ferias del agricultor al PIMA, institución que no tiene relación ni experiencia con el mercado minorista.
  3. c) La busca eliminar la representación mayoritaria de los agricultores en el consejo directivo de la Junta Nacional, trasladándose a un consejo directivo del PIMA, donde el sector de los agricultores, sería minoría ante una mayoría de integrantes del poder ejecutivo.
  4. d) Se presenta un aumento de costos para las partes, como es manifestado en el artículo 10 de la ley, donde se le permitiría al PIMA aumentar hasta en un 20% el costo por participación en las Ferias, para inversiones según el propio criterio del PIMA. Además, se presentaría un control político, como indica el artículo 18 inciso C, el PIMA contará con atribuciones para elaborar las políticas para el Programa de Ferias, lo cual según el inciso K no requiere la participación de las organizaciones de agricultores.
  5. e) En el artículo 58 de la ley, se incorpora la derogatoria de la actual ley de Ferias, además de ley #2035 del CNP, y la ley #6142 de IFAM, para la creación del PIMA, cuyo fin es el mercado de productores agropecuarios (CENADA).

Debido a lo anterior, el Programa Nacional De Ferias Del Agricultor manifiesta sobre el proyecto de ley # 23914, que el PIMA se trata de un programa en competencia de mercado, sino que es una herramienta que facilita la comercialización en espacios físicos de productos perecederos provenientes de micro, pequeños y medianos agricultores, pecuarios, acuícolas, avícolas y apicultura. Proyecto de ley, el cual no resolvería las problemáticas existentes de comercialización en los mercados mayoristas, por tanto, se debe hacer un cumplimiento de las normativas ya existentes. A pesar de lo cual el Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, indica que se debe realizar una revisión y mejora a la actual ley de ferias del agricultor, por lo cual se realizan una serie de propuestas para abordar los cuestionamientos que se realizan contra el actual funcionamiento de las ferias del agricultor.

Los dos principales cuestionamientos que se realizan a las ferias del agricultor, son por una parte el escaso control y supervisión en la administración de los recursos generados en las ferias del agricultor por parte de los comités regionales y de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor y la posible participación de intermediarios en las ferias del agricultor y no un 100% de agricultores tal y como lo establece la ley. Para abordar estos cuestionamientos se le ha propuesto a los señores y señoras diputadas por parte del Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, lo siguiente:

  1. La incorporación a los comités regionales y de la junta nacional de ferias del agricultor la presentación de estados financieros auditados ante el Ministerio De Trabajo y Seguridad Social.
  2. Se debe incluir en la ley 8355 como requisito obligatorio para obtener el carnet de participante en cualquier feria del agricultor del país la presentación de una constancia de que se es agricultor, expedida por la oficina de Pequeños y Medianos productores agropecuarios (PYMPA), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Por lo tanto, el sector agropecuario nacional y el Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, solicitan a las y los señores diputados de la comisión permanente de asuntos agropecuarios dictaminar negativamente y archivar el proyecto # 23.914, por considerarlo un proyecto perjudicial. Finalmente, tanto el sector agropecuario nacional como el Programa Nacional De Ferias Del Agricultor, presentan su disposición a trabajar de manera conjunta con la comisión permanente de asuntos agropecuarios, para la redacción de un proyecto de reforma a la actual ley 8533.

Sobre este tema, distintos movimentos están convocando a una manifestación para este martes 30 de enero a las 11 am. Compartimos la convocatoria:

Compartimos también los documentos completos enviados a nuestra redacción.

Imagen ilustrativa.

Ley de Creación (PIMA) y del Programa Nacional de Ferias del Productor Agropecuario, atenta contra la producción agropecuaria nacional y concentra la distribución de alimentos

El Partido Acción Ciudadana emite un comunicado donde advierte que la Ley de Creación (PIMA) y del Programa Nacional de Ferias del Productor Agropecuario, atenta contra la producción agropecuaria nacional y concentra la distribución de alimentos.

Por lo tanto, el PAC se opone a ese proyecto de ley, ya que excluye a algunos sectores importantes que se relacionan con estos temas y también excluye a pequeños y medianos productores y hasta a los consumidores de ferias del agricultor. 

A continuación, compartimos el documento completo.

Comunicado de las cooperativas agrícolas de Costa Rica

Familias de las cooperativas agrícolas y acuícolas de nuestro país, desde la Mesa Nacional del Dialogo Social y Productivo les enviamos un cordial saludo.

Señores gobernantes nosotros somos una economía mixta todos tenemos cabida. Nuestra responsabilidad es mantener la paz social.

Nuestro único propósito es defender la producción de alimentos a nivel nacional. Convirtamos al agro en un activo estratégico de Costa Rica

Las amenazas están ahí ya las conocemos. Empezaron a ejecutarse, con la ruta del Arroz. Vienen todos los demás rubros.

Esta situación es más grave que una pandemia. Es más grave que una crisis pasajera.

Las cooperativas estamos en todos los rubros de producción agropecuaria y pesquera y en todo el territorio nacional de nuestro país y tenemos presencia en mercados internacionales

LO QUE NOSOTROS DEFENDEMOS:

I.- Está en riego estructural la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, la democratización de la propiedad de la tierra, y nuestro derecho a producir los alimentos que el país necesita y que todos consumimos

1.1.-Señores del Poder Ejecutivo. Señores de la Asamblea Legislativa. Construyamos juntos una auténtica política agroalimentaria y pesquera con todos los actores calificados.

Este es el principal punto de partida que defendemos. No queremos decir al Ejecutivo como dijeron los gladiadores al emperador Claudio “Ave Caesar, morituri te salutant”

II.- El segundo punto tiene que ver con los mercados. Dos situaciones muy graves provocadas por la falta de políticas claras:

Nosotros “SEMBRAMOS COMIDA”, pero priorizando la importación y el contrabando de alimentos nos quitan el derecho a producirlos en nuestras tierras y en nuestros mares.

Pero además han permitido la monopolización y el control abusivo de los mercados nacionales. Estos monopolios a nosotros nos pagan una miseria en el campo y los consumidores en las ciudades, pagan precios de usura por la comida que nosotros producimos.

2.1.- Tenemos alternativas: Fortalezcamos los controles en nuestras fronteras para impedir el contrabando, con la colaboración de aduanas y la policía económica lo podemos lograr; rescatemos la red de frío y el Cenada aquí también hay un gran monopolio Es el cementerio de los productores nacionales.

Establezcan una auditoria forense al monopolio de los mercados dirigida por el MAG con la colaboración de la COOPROCOM, la FAO el IICA y a la cadena de formación de precios bajo la dirección del MEIC y el PIMA.

Si no hacemos esto a corto plazo, seremos cómplices de la destrucción de la agricultura y la acuicultura nacional.

III.- Con todo respeto preguntamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa:

  • ¿Se puede desarrollar el agro (ustedes que dicen ser economistas) destinando menos de 4% de crédito público a financiar la producción de comida Y COMPITIENDO CON ECONOMIAS SUBSIDIADAS?
  • ¿Podemos mantener los mercados internacionales que hemos construido a lo largo de estos años si nuestros contenedores salen cargados de drogas desde Costa Rica?

Por todo estos amigas y amigos, familias cooperativas nos unimos al llamado de la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo convocados por el sector agropecuario costarricense en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad de nuestro sector.

Unamos nuestra presencia a nivel NACIONAL en San José y a nivel regional en los puntos indicados.

USEMOS NUESTRO DERECHO A LA MANIFESTACION PACIFICA Y DEMOCRATICA, COMO HEMOS SIDO EJEMPLO, CUANDO NOS MOVILIZAMOS.

Foro de las Cooperativas Agrícolas

Costa Rica 25 de octubre de 2023

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Mensaje para personas luchadoras sociales de la Zona Sur

Comunicado

De: Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).

INVITACIÓN A LA MANIFESTACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE 2023.

HORA: 10 am.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) les INVITA a la MARCHA por la DEFENSA del Estado Social de Derecho el próximo miércoles 25 de octubre del 2023, a partir de las 10 am en Palmar Sur.

Salgamos a MANIFESTARNOS en defensa de toda la institucionalidad pública hoy GRAVEMENTE amenazada por las políticas que desarrolla el actual gobierno NEOLIBERAL del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Salgamos a defender el sector AGROPECUARIO seriamente amenazado de DESAPARICIÓN salgamos en conjunto con el movimiento social costarricense a defendernos del IRRESPETO de este gobierno nefasto a las organizaciones sociales y a sus representantes.

Salgamos a expresar nuestras demandas y a exigir soluciones a nuestras necesidades en una mesa de trabajo donde se elabore un PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL para la ZONA SUR.

Para efectos de COORDINACION con: Renier Canales Medina al teléfono 8454-2315 (WhatsApp).

Firma responsable: Renier Canales Medina.

Zona Sur 23/10/2023.

Imagen Zona Sur de Costa Rica. Foto SURCOS.

¡Por la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario!

El próximo 25 de octubre a las 9:00 a.m. se movilizará una marcha hacia la Casa Presidencial en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario.

Las consignas que convocan a esta marcha son:

  • No al Bloque de la Alianza del Pacífico.
  • Sí a la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa.
  • No a la Ruta del Arroz.
  • No a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro.
  • No a la Canasta Básica Importada.
  • Sí a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario. 
  • Sí a la Defensa del PAI, un Mercado Seguro para la Producción Nacional.
  • Sí a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Investigación UNA de la mano con desarrollo del país

La Universidad Nacional (UNA), junto al Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria (INTA), han trabajado por casi cuatro décadas en el mejoramiento de plantas y animales, prácticas de campo y postcosecha, con la que los agricultores han podido innovar en beneficio del sector agropecuario del país. “Hemos contribuido con las capacidades de ambas instituciones para el desarrollo del sistema agropecuario nacional. Colaboramos con nuestros laboratorios y estaciones experimentales en un trabajo conjunto para aportar a la investigación del sector”, Nevio Bonilla, director INTA.

Para el 2022 la UNA desarrolló 426 programas, proyectos y actividades de investigación en distintos temas, de los cuales el 64,6% tuvo influencia en regiones geográficas diferentes a la central del país, e incluso algunos de los resultados trascienden nuestras fronteras.

La UNA destaca, por ejemplo, por sus aportes en sismología y vulcanología, monitoreo de la calidad del aire, información relacionada con las corrientes marinas y la marea roja y por la aplicación de encuestas de opinión sobre distintos temas de interés nacional.

“El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la UNA, tienen trabajo colaborativo importante en el monitoreo y manejo de emergencias volcánicas, en este caso con el Laboratorio de Química de la Atmósfera y el Ovsicori. Asimismo, se trabaja con el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis) para estudiar las relaciones de la vida silvestre con el ser humano. Ellos nos dan el conocimiento técnico y la información que el Sinac requiere y en la cual se fundamenta para la atención de un área silvestre protegida en cuanto a la operación turística y el manejo de la biodiversidad biológica”, comentó Redy Conejo, coordinador de Áreas Silvestre Protegidas del Sinac.

Además, la UNA desarrolla investigaciones relacionadas con gobernanza climática, salud de los ecosistemas y de las especies animales que habitan los parques y reservas nacionales, contaminantes persistentes, desarrollo de prácticas agrícolas eco amigables, manejo y restauración de bosques y manglares, gestión de riesgo ante inundaciones y otros desastres naturales y conservación de la biodiversidad, para citar algunos. A estas se suman investigaciones sobre erosión costera, corrientes de resaca y seguridad en las playas y ordenamiento territorial Sus resultados han sido insumo para la toma de decisiones en el ámbito del gobierno central, de gobiernos de las localidades urbanas y rurales y del sector turístico costarricense.

La contribución a los sectores agropecuario y forestal manifiestan en procesos asociados con el mejoramiento genético vegetal y animal, el aumento de la productividad en granjas apícolas y acuícolas, fincas agrícolas y forestales y en la producción de rumiantes menores y vacunos, tanto como resultado de esa mejora genética como de investigaciones en la producción misma y en el ámbito sanitario y reproductivo que alcanzan animales silvestres y domésticos. Particular importancia revisten las investigaciones en diagnóstico y prevalencia de enfermedades zoonóticas que han merecido premios y reconocimientos en ámbito nacional e internacional a las personas funcionarias de la institución. Recientemente se incursiona en la medicina regenerativa traslacional como terapia alternativa para tratar enfermedades músculo esqueléticas o articulares que causan dolor, disfunción y que actualmente no tienen cura con el fin de mejorar la calidad de vida de los animales y el ser humano.

También destacan los aportes de la investigación de la UNA al tratamiento de residuos agroindustriales y marinos para la producción de materiales biodegradables, biocombustibles, la extracción de sustancias activas para su aprovechamiento como suplementos nutricionales y fitofármacos, el desarrollo de nuevos medicamentos para aplicaciones antioxidantes y anticancerígenas, entre otras, o bien, para mejorar la biodisponibilidad.

Por otra parte, la investigación de la UNA ha llegado a las aulas de los centros educativos con sus aportes a la educación y rescate de las lenguas indígenas, la etno pedagogía, la gestión educativa para la promoción de entornos inclusivos y la gestión curricular en general, así como las distintas manifestaciones de las artes han llegado a diferentes grupos sociales con fines curativos, recreativos y culturales.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Seguridad Social y el Sector Agropecuario Costarricense – conversatorio

La Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión de Pequeños Productores Costarricenses (UPA Nacional), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), en coordinación con la Mesa de Diálogo Social y Productivo por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria invitan a participar en el conversatorio Seguridad Social y el Sector Agropecuario Costarricense.

Lunes 5 de junio, 2023 • 9 a.m. a 12 p.m.

Edificio Cooperativo, San Pedro, 4to Piso, Sala de Sesiones.

En el conversatorio participará como invitado especial el Dr. Álvaro Ramos Chaves, Ex-Presidente Ejecutivo de la CCSS.

Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos; razones contundentes para el rechazo a la integración del país a ese bloque comercial

German Masís

El día de ayer 1 de junio se realizó el Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos, organizado por la Vicerrectoría de Extensión en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, con la participación de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía; Renzo Céspedes, consultor internacional; Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria; Guido Vargas, Secretario general de UPANACIONAL; Kattia Cambronero, diputada del partido Liberal Progresista y Gabriela Víquez, asesora y exdirigente de la Corporación Hortícola, el foro contó con la moderación de Martín Parada, Vicerrector de Extensión. Al evento se había invitado al Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero este declinó la participación.

El foro inició con la intervención de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía, quién brindó elementos de un marco teórico sobre tema del comercio internacional en el que se inscribe la la Alianza del Pacífico, haciendo referencia a las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, en las que se originan los planteamientos del papel del comercio en el desarrollo económico, la orientación general que el comercio beneficia a todos los actores económicos y el surgimiento de los postulados de las ventajas comparativas y competitivas del comercio.

El académico Valenciano, señaló que, pese a las bondades de estos planteamientos, algunos de sus supuestos son irreales, como los de la libre circulación de las mercancías, la existencia de mercados perfectos y que todos los países pueden crear condiciones de competencia y de especialización que les otorguen ventajas definitivas con respecto a sus competidores.

Plantea, por el contrario, que las ventajas en el comercio dependen de factores como la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros de los que países no disponen con facilidad y que si los productores no logran ser competitivos es por la ausencia de esas condiciones, lo que motiva que tengan que trasladarse a otras actividades, además de que entre los países no existe libre movilidad de personas para el trabajo agrícola.

También mencionó, que debemos preguntarnos si somos realmente competitivos en la producción agrícola, con las condiciones de costos, condiciones medioambientales y sociales que tenemos, frente a los demás países de la región y frente a los subsidios y exoneraciones aplicadas en los países desarrollados.

Adicionalmente, dijo hay que recordar que existe una importante inestabilidad de los precios de los alimentos y que la seguridad y soberanía alimentaria deben prevalecer sobre las condiciones del comercio, sin olvidar los problemas generados por el cambio climático que están afectando la producción agroalimentaria.

Andrey, concluyó que se debe analizar con cuidado los efectos que puede tener la vinculación a la Alianza del Pacífico (AP) sobre los productores nacionales y sus condiciones de producción, por lo que una decisión de ese tipo no debe centrarse en la parte comercial, si no considerar esos otros aspectos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria, para determinar con claridad que va a pasar con los agricultores.

El consultor Renzo Céspedes por su parte, incluyó en su exposición los problemas principales del sector agropecuario en la actualidad, tales como:

-una política cambiaria y fiscal contraria al sector agropecuario

-una política unilateral de reducción de aranceles para desmantelar el sector

-ausencia de una política adecuada sobre el mercado de agroquímicos y de regulación del ingreso de nuevas tecnologías

-una política de comercio exterior de apertura sin medir los beneficios reales para los productores

-una tasa de crecimiento del sector negativa y estancada en la última década

Ante esta situación del sector, el consultor Céspedes expuso las que son a su criterio las amenazas de la integración a la Alianza del Pacífico, entre ellas:

*Los decretos ejecutivos para la reducción de aranceles aplicados por el gobierno, como el caso de la producción y el comercio del arroz

*la activación del proceso de la integración a la AP sin analizar los beneficios para las actividades y los productores

*el estado de situación de los TLC estados con los diferentes países de USA, Canadá, México y los otros países que componen la AP

*la perspectiva de que, con el ingreso a la AP, se podría abrir la incorporación a la APEC y otros bloques de comercio más amplios

*y la poca atención a que el comercio entre los miembros de la AP no es relevante y el intercambio comercial es limitado y por lo que el intercambio con esos países no sería atractivo

*tenemos ya tratados con los países del bloque AP, en los que el intercambio de bienes es bajo, por lo que realmente la AP no abriría nuevas oportunidades de comercio

*esos países tienen costos de mano de obra y de la energía menores a los nuestros, además de que aplican subsidios en seguros de cosecha y exenciones a los productores de hasta un 60%, por lo que nuestros productores no podrían ser competitivos

*los tratados de libre comercio con esos países habían logrado excluir algunos productos sensibles para la producción nacional, por lo que no tiene sentido ahora eliminar esas exclusiones y exponer a los productores nacionales a una competencia desigual

*la integración a la AP sólo generaría flujos de comercio unidireccional, de esos países hacia el nuestro, del que sólo se aprovecharían unas pocas empresas importadores de productos agrícolas

En definitiva, abrir el mercado a esos países sin entender las distorsiones existentes y el escaso beneficio para nuestros productores, sólo provocaría el aumento en la pobreza rural y la desigualdad en las zonas agrícolas del país, reveló.

El estudiante de la Maestría en Agroecología de la Escuela de Ciencias Agrarias, Osvaldo Quesada, señaló algunos posibles efectos de la AP sobre el sector agropecuario, como los siguientes:

-Costa Rica se ha planteado objetivos para una política de seguridad alimentaria que garantice el derecho a una alimentación adecuada que serían afectados

-la pandemia mostró la importancia de mantener la disponibilidad de alimentos

-la pregunta sería una negociación o una adhesión a la AP?, pero en vista a que la AP tiene una normativa vigente, lo que se impone es una adhesión

-en los tratados se incluyen exclusiones a sectores vulnerables, el AP implicaría renegociar las exclusiones bilaterales

-Costa Rica no es competitivo en algunos productos, debido a los costos, subsidios y apoyo gubernamental de esos países a sus productores

-el ingreso a la AP pondría en riesgo más de 250 mil productores y más de 240 mil empleos

-la disminución de aranceles no significa necesariamente precios más bajos para los consumidores

-la defensa del consumidor es la producción local, no los productos importados

-el mercado ya es injusto para los productores nacionales, por las cadenas de intermediación que manejan el comercio de los productos, como el caso del frijol y la naranja

De ahí que hay que preguntarse: ¿En qué beneficia a los productores y a los consumidores, el ingreso a la AP?

El empresario Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura, mencionó sobre la incorporación de Costa Rica a la AP, elementos como:

-hay una ausencia notoria del gobierno en el apoyo a la producción nacional, por lo que en la agricultura no hay una ayuda a la producción como en otras actividades

-las decisiones que se tomen ahora deben ser consultadas, ya que afectan al país en los próximos 20 o 30 años

-es necesario construir una política agrícola de largo plazo, ya que los gobiernos cambian cada 3 años

-la agricultura está estancada, lo confirma el bajo nivel del IMAGRO en los últimos años

-los indicadores son claros, la producción es baja, los precios de los fertilizantes altos, la pobreza rural aumentó al 28%, el 70% de la población rural vive de la agricultura

-la producción agrícola se realiza con varios modelos asociativos, las cooperativas, micro y pequeñas empresas, que serían muy afectados

-la importancia de los aranceles para los países es indudable, representa la protección ante condiciones diversas del comercio y si estos se eliminan los precios de los productos no bajan, como se ha demostrado con el arroz

-la importancia de producir la comida ha quedado en evidencia, con el surgimiento de la pandemia, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento de los insumos agrícolas

-la importación de comida es un gran negocio para unos pocos, que en este caso se verían beneficiados con el aumento de las importaciones de los países de la AP.

-la AP es una unión aduanera de 4 países, que no garantiza que podremos exportar más productos, porque existen sistemas de protección fitosanitaria que estos aplican a nuestros productos

-con el ingreso a la AP, no será posible mantener las exclusiones existentes para algunos productos

El proceso de ingreso a la AP presenta varias falacias:

-que la mayoría del empleo agrícola está ligado a la agroexportación, también la agricultura familiar genera una alta cantidad de empleos

-la producción de alimentos no será destruida por la importación, si no que la importación es complementaria

-los consumidores se ven favorecidos con la importación de alimentos, porque los precios tienden a bajar para los consumidores que más consumen alimentos.

Entre las conclusiones de Saénz se encuentran que la comida es perecedera por eso es estratégica para los países y que una vez que se quiebra la producción interna, es imposible recuperarla.

Así mismo, que la canasta básica quedará amarrada a las importaciones, que los precios de los alimentos nunca bajarán, el gobierno está destruyendo a los agricultores con los decretos de rebaja de los aranceles y que la integración a la AP traerá pobreza y descapitalización de los productores agrícolas.

El dirigente campesino Guido Vargas, en su exposición recordó la visión del agrónomo don José Calvo, que decía que, si existiera la libertad de mercado, pero en realidad el mercado es administrado, por lo que los países deben mantener y proteger la seguridad alimentaria de la población.

Indicó también que, si somos competitivos en algunos productos, pero no frente a los subsidios que aplican algunos países, y que por eso en los tratados bilaterales se negocian asimetrías.

Dice que el gobierno pretende que entremos a competir con los países de la AP, pero se pregunta: ¿Dónde está el negocio de la AP? ¿Para quién es el negocio?

Recuerda que las organizaciones han insistido en una agenda de competitividad y de reactivación económica de la agricultura, pero pregunta: ¿Dónde quedó esa agenda? “No la hemos visto”, afirma.

Manifiesta Guido, que las políticas se hacen sin consultar a los agricultores, solo se las envían para que las conozcan, pero los agricultores deben participar en las negociaciones para que “la cancha se empareje para todos” y que así ha sido en el caso de la integración a la AP que el gobierno mantiene en su agenda.

Reitera que mantener la seguridad alimentaria es una obligación, por la comida y el abrigo son esenciales y ahora con la importación de alimentos, lo que se podría dar es un oligopolio de esta actividad, lo que será perjudicial para los productores.

La diputada Kattia Cambronero, comentó que el sector agropecuario no tiene un modelo de desarrollo efectivo, como si lo tienen otras actividades, ni tampoco un modelo desarrollo territorial, pues esta actividad está en abandono.

Recuerda que el 73% de la población rural vive del agro y que el agro genera más de 270 mil, pero no tiene condiciones diferenciadas para su desarrollo, como créditos, comercialización favorable y más bien funciona con altos costos y tiene problemas en el uso de los agroquímicos y se pregunta además cuál es la política de desarrollo tecnológico del MAG?

Señala la diputada, que debemos seguir produciendo lo que consumimos y que por el contrario hay que desarrollar mejor los mercados locales y resolver el tema de los seguros de cosechas, el que disponen en otros países y aquí no se ha logrado con el INS.

Agrega que no tenemos claridad de cómo podría el país ingresar a la AP ni de cuál sería el potencial para hacerlo. Indica que antes hay que resolver problemas de competitividad, mientras el sector está en franca caída y no tiene el apoyo técnico y financiero necesario, ni es capaz de enfrentar el cambio climático, ni de disminuir la desigualdad existente en las zonas rurales.

La asesora Gabriela Víquez, apuntó una serie de problemas que caracterizan al sector, como:

-el sector tiene débiles instituciones, como el MAG y no se ha pensado en la especialización

-existe un fuerte contrabando de productos agrícolas, además de permisos de importación que afectan a los productores, como pen el caso de la cebolla que abunda en el mercado

-hay contaminación por el excesivo y mal uso de agroquímicos

-la extensión agrícola está en manos de las empresas comercializadoras de insumos

-existen altos costos y elevadas cargas sociales

-no tenemos un seguro de cosechas que proteja la producción y la inversión

-los márgenes de comercialización son elevados

-hay una débil unidad de defensa comercial en el MEIC, por lo que el sector está en estado de indefensión

-es necesario analizar cada uno de los TLCs y sus implicaciones para las actividades productivas

-no hay una verdadera política pública para el sector agropecuario

-recordó que la alimentación es un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos.

Ante la situación mencionada, Víquez afirmó que la AP es una “piedra más”, que va a traer ruina a los agricultores y a la mano de obra agrícola. Se pregunta: ¿Que le dirá a su padre productor agrícola y a su sobrino que quisiera ser agricultor, con respecto al futuro de la actividad agrícola?

Finalmente, el Rector de la UNA, Francisco González, efectuó la clausura del foro, expresando el deseo de la Universidad de aportar al diálogo sobre la temática de la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y para que se elabore una política agropecuaria adecuada e integral en conjunto con todos los actores sociales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.