Primera Parte.
Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
I
Fue mi recordado amigo y compañero de mil batallas, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), quien tuvo la virtud de poner en el primer plano de nuestro horizonte sociopolítico la profunda y radical ilegitimidad de los gobernantes de nuestro país, evidenciada a través del cínico, criminal e irresponsable manejo de los fondos de la seguridad social destinados a la medicina curativa y a las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses, de una manera tal que, en cada caso, el régimen imperante actuó durante varias décadas, al margen de la constitución política(artículo 177) y de las disposiciones de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS). Dicho de otra manera, es a partir del análisis de ese manejo fraudulento y delictivo de la seguridad social de Costa Rica, llevado a cabo por don Luis, como puede establecerse, de manera precisa y bien fundada, la ilegitimidad del régimen imperante en este país, al negarse sus jerarcas o agentes más visibles a garantizar siquiera la protección a la vida y a la salud de la mayor parte de la ciudadanía. No se trata de simples problemas técnicos, de fácil o difícil solución, sino de las actuaciones delictivas de una clase gobernante que se olvidó hace mucho rato de servir a la población, para pasar a servirse con cuchara grande, con los recursos aportados por los costarricenses. Tampoco se trata de problemitas de gobernabilidad, como acostumbra a hablarse en el lenguaje propio de una ciencia política light y de unos políticos, por lo general incultos y mediocres, aquí de lo que se trata es de problemas de legitimación que no pueden seguir siendo tomados a la ligera. La gran paradoja de hoy, en medio de esta campaña electoral, previa a las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, es que mientras hasta hace poco solo la voz (solitaria) de Luis Alberto Jaén y de otros ciudadanos pugnaba por abrirse paso, para plantear los graves hechos que estaban ocurriendo con la Caja del Seguro Social, hoy casi todos los candidatos a la presidencia hablan de buscarle una solución al tema del seguro social en Costa Rica, sin darse cuenta que no es un problema sólo de la seguridad social sino de la imposibilidad del régimen, dada su naturaleza rapaz y depredadora, de darle una solución justa y adecuada al conjunto de problemas que afectan a nuestra sociedad en este cambio de siglo.
II
Dentro de lo que fue una estrategia de largo plazo, difícilmente percibida por la gran mayoría de la población, la que dio inicio en la segunda mitad de la década de los 1980, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, fue que se produjo el saqueo sistemático de los fondos de la seguridad social y la toma de un conjunto de medidas, entre ellas los fraudes en la compra de equipos médicos, como sucedió en los casos de los préstamos español y finlandés, la negativa en otros casos a comprar equipos médicos y la contratación de servicios privados que conducirían, tarde o temprano, a la privatización de los servicios de salud en este pequeño país centroamericano, con graves consecuencias para la gran mayoría de sus habitantes. Las denuncias constantes de don Luis Alberto Jaén, a lo largo de muchos años, fueron respondidas con el más ominoso de los silencios que se pueda imaginar, en especial por parte de los integrantes de los distintos poderes del estado, los medios de comunicación y muchas instancias de la sociedad civil.
En su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), un texto testimonial y esclarecedor elaborado a partir de sus experiencias de lucha, a lo largo de más de una década, que vino elaborando como el fruto maduro de su persistente, insobornable e incansable voluntad de combatir hasta la muerte a quienes procuran dejar en el mayor de los desamparos, a la mayor parte de nuestros compatriotas, don Luis Alberto Jaén, utiliza un lenguaje directo, fuerte y bastante alejado del que acostumbran a emplear los cortesanos del régimen imperante, bautizado hace unos pocos años por el propio Óscar Arias Sánchez como una dictadura en democracia. De esta manera don Luis nos indica que: ”Este libro es el producto de un cuidadoso estudio y la comprobación de la existencia de UNA DOBLE REALIDAD DANTESCA, en relación con el funcionamiento y la aplicación de los seguros sociales en nuestro país, primero por la autoría y complicidad de todos los poderes del Estado en su ejecución y tolerancia, incluyendo en ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, La prensa en todas sus formas y la Academia y segundo, por la indiferencia, el conformismo y cierta forma de complicidad de las organizaciones de la sociedad”(Jaén,2011,contraportada del libro).
III
Entre las conclusiones más importantes que pueden extraerse del texto de este libro, están dos que constituyen todo un apartado que debería conducir hacia la reflexión y el estudio sistemático de estos temas de vital importancia para todos los habitantes del país: En primer lugar, la forma en que fue creado el Seguro Social en Costa Rica, a partir del 31 de octubre de 1941, durante la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, poniendo a Costa Rica a la vanguardia en esa materia social tan importante diez años antes que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomara decisiones similares en esa materia, a partir de 1952, dentro del Convenio 102, Relativo a la norma mínima de Seguridad Social. Es decir, que las administraciones de los presidentes Calderón y Picado tuvieron en mente la necesidad de otorgarle recursos suficientes a esa naciente institucionalidad, habiéndolo hecho en términos tales que la dotaban de rentas y tributos que le dieran sustento a los regímenes de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte (referido a las pensiones y jubilaciones), una previsión que por desgracia no fue respetada por muchos de los gobiernos posteriores, dando inicio a la malversación y el saqueo de esos recursos. Sólo por esas sabias y solidarias decisiones políticas ambos gobernantes merecen y continuarán mereciendo un lugar de respeto en la memoria de los costarricenses. Una vez creada la Caja, se dispuso al mismo tiempo el establecimiento de una cotización básica tripartita, destinada al financiamiento inicial de ambos regímenes, así en el reglamento aparecido en el diario La Gaceta del 7 de enero de 1942 se estableció que los patronos aportaban el 5.5%, el asegurado el 3.5% y el estado el 3.0%, lo que fue mejorado en 1947, durante la administración de Teodoro Picado al definir que tanto los patronos como los trabajadores y el estado aportarían cada uno el 2.5%, dentro de la misma forma de cotización tripartita.
En segundo lugar, Luis Alberto Jaén hace notar que la destrucción de la institucionalidad de seguridad social en Costa Rica no empezó en la era neoliberal sino que se remonta al año de 1971, todavía en los tiempos del estado benefactor y las políticas keynesianas, poco antes de que la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) tuviera que abocarse a la universalización de los seguros sociales establecida en su Ley Constitutiva y que se produjo, a partir de 1975, cuando la institución debió asumir la totalidad de los hospitales, entre ellos algunos de los más importantes que hasta entonces eran administrados por la Junta de Protección Social de San José, entre ellos el Hospital San Juan de Dios. Fue así como durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) la Junta Directiva de la Caja acordó rebajar los aportes del estado a una suma si se quiere insignificante, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades que la Caja del Seguro Social habría de asumir durante esa década. En el capítulo 3 de este volumen que don Luis Alberto titula DE LA VANGUARDIA SOCIAL A LA VANGUARDIA CRIMINAL, el autor afirma lo siguiente: “Es casi seguro que el PLUSC (la fusión encubierta entre el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) se vino incubando desde mucho tiempo atrás, pero podría ser que el momento en que se rompió la cáscara y emergió como ave de rapiña feroz, fuera en el año 1971, última administración de José Figures Ferrer, y con motivo del nuevo reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, promulgado por la Junta Directiva de la Institución, de la que notoriamente formaban parte el yerno de Figueres, Danilo Jiménez y el hijo del caudillo Calderón Guardia, el joven Rafael Ángel Calderón Fournier…En este nuevo reglamento, la cuota del Estado como tal, que venía siendo de 2.5% desde hacía 24 años, fue rebajada a solamente 0.25 por ciento sobre todos los salarios (ibid. p.p.18-19). Apenas un año después de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1970, Calderón Fournier junto con Danilo Jiménez Veiga, calderonista de los años cuarenta y funcionario de la OIT, durante más de dos décadas, le daban ese golpe a la seguridad social del país, contrariando lo establecido por la constitución y la leyes de la república, de tal manera que la cuota estatal quedó reducida a un décimo de lo que había venido pagando (ibid. p19). Razón tenía don Luis Alberto Jaén al afirmar que el PLUSC estaba naciendo allí, dentro de lo que una estrecha alianza, de larga duración, entre los partidos Liberación Nacional y la Unificación Nacional, que a partir de 1982 pasó a ser la Unidad Social Cristiana, para ir socavando juntos las bases del Estado de Bienestar Social, aun antes del inicio de la era de los reaganomics estadounidenses y las despiadadas políticas neoliberales-neoconservadoras de la Dama de Hierro, allá en el Reino Unido.
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