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Etiqueta: servicios públicos

El antivirus costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

En realidad la abundancia de facilidades educacionales, o culturales, o normativas, debiera ser el objetivo final del desarrollo económico; y la igualdad de oportunidades de mejoramiento individual debiera ser el móvil principal de las luchas sociales.

José Figueres Ferrer, Cartas a un ciudadano.

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo

Podría resultar una necedad seguir insistiendo en que no hay mejor inversión que la que ha hecho el país en salud y educación. No lo es, por dos razones. Primero, porque desde la década de 1980 y hasta hoy se ha tenido que librar una ardua y combativa lucha por sostener un sistema público de salud y de educación de alcance universal y de calidad. Segundo, porque los trabajadores públicos de la salud y la educación han venido siendo objeto de críticas odiosas e injustas, y sometidos públicamente a un juicio mediático lapidario.

Los logros y avances en salud y educación, que nos han colocado entre los países con mejores índices de desarrollo humano en América Latina -y que nos hacen sentirnos orgullosamente costarricenses-, no han sido producto de una concesión gratuita y voluntarista de la clase política que nos ha gobernado en las últimas cuatro décadas. Todo lo contrario, esta ha venido cediendo a la avidez privatizadora de la oligarquía neoliberal. Ha sido, más bien, la resistencia de una ciudadanía defensora del Estado Social de Derecho, que ha puesto frenos a este cogobierno decidido a desmantelar la institucionalidad social del país.

A pesar de ello, hoy celebramos los excelentes logros obtenidos, pero debe quedar muy claro a quiénes pertenecen los méritos y a quiénes no. Los méritos y reconocimientos les pertenecen a los trabajadores de la educación de nuestras escuelas, colegios y universidades que han sabido asumir, como un apostolado, su labor docente, investigativa y de acción social, para preparar al más alto nivel científico-técnico y cultural-humanístico a ese batallón –perdón por la imagen militar, pero de eso se trata en tiempos del coronavirus– de abnegadas y abnegados trabajadores de la salud, que hoy salvan vidas arriesgando las propias.    

Somos testigos de que si no hubiese sido porque este país apostó sabiamente por invertir, sin mezquindad, en educación para la salud y salud para la educación, no contaríamos con el valioso recurso profesional, de equipo e infraestructura que nos va a permitir enfrentar esta pandemia, como ya se está haciendo con algunas medidas asertivas, y poder salir airosos.

Saber leer los signos de los tiempos es un imperativo ético fundamental. Requiere, eso sí, humildad para la autocrítica y disposición para rectificar, cuando sea necesario y de manera oportuna. Nada hacemos con mostrar ante las cámaras y en el discurso gran sensibilidad, y hasta claridad respecto de los derroteros a seguir y aquellos a rectificar, si no actuamos con decisión, contundencia y a tiempo.

Más allá de medidas paliativas coyunturales, es el momento oportuno para hacer cambios de más largo aliento y estructurales. El gran desafío es revitalizar el Estado Social de Derecho. No permitir que se devalúe nuestro sistema público de salud y educación. Más aún, brindarle todo el apoyo que requiere para elevar sus niveles de calidad y competencia.

Una coyuntura propicia para que los poderes Ejecutivo y Legislativo den muestras concretas de buena voluntad, en la dirección anotada, conteniendo el avance de proyectos y medidas que están significando un golpe más al debilitado Estado Social de Derecho, tales como la regla fiscal, la posible venta de instituciones públicas como FANAL, la política de salarios decrecientes en el sector público, los inhumanos proyectos de privatización de los régimen de pensiones, que ya están golpeando más que el coronavirus a las personas mayores, entre otras.

Y también para detener la campaña mediática, avalada por el gobierno, de desprestigio y violencia simbólica contra los trabajadores y pensionados del sector público. No se puede continuar pisoteando la dignidad de los trabajadores de la salud y la educación, cuando han dado muestras contundentes de gran generosidad y compromiso, y hoy lo ratifican asumiendo el desafío que representa una pandemia que nos convierte a todos en víctimas potenciales.

Ojalá se atienda con sabiduría a los signos de este tiempo, para rectificar el rumbo. Cabe recoger lo señalado, con gran acierto, por don Pepe: poner el desarrollo económico al servicio de la educación y la salud y ofrecer igualdad de oportunidades a las hijas e hijos de esta patria, que supo apostar por la solidaridad, el derecho y la justicia social ¿Acaso no es el mejor antivirus?

Movimiento Patriótico por Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

PARA SALVAR EL ESTADO DE DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO

Hacemos un llamado a unir esfuerzos en este Movimiento Cívico, fundamentado en las siguientes reflexiones:

La Costa Rica que tenemos, estamos perdiendo y debemos mejorar

El pueblo costarricense ha conquistado beneficios admirables que le permiten cierta calidad de vida. Eso se puede afirmar sin caer en mitologías al estilo de “el país más feliz del mundo”.

Tenemos logros imperfectos pero importantes; es un imperativo ético defenderlos y mejorarlos. Mencionamos algunos: los ciudadanos de menores ingresos reciben atención médica de calidad en los hospitales de la CCSS, aunque hay largas esperas y la morosidad de patronos y del Estado atenta contra este servicio. Funcionan programas de salud preventiva; la red eléctrica cubre casi todo el territorio; hay agua potable para la gran mayoría de la población; educación primaria hasta en lugares distantes y la secundaria está al alcance de amplios sectores. Muchos jóvenes –con becas– acceden a universidades públicas e institutos tecnológicos.

Un poco de historia reciente

Reconociendo lo alcanzado por los liberales que gobernaron hasta 1940, lo cierto es que el gran cambio comenzó en ese año y se dio en dos etapas: La primera fue empujada por fuerzas políticas conducidas por hombres y mujeres de la talla del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), y la Iglesia Católica dirigida por monseñor Víctor Sanabria. Esa combinación de fuerzas disímiles produjo la CCSS, el Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la Universidad de Costa Rica, por mencionar unas cuantas importantes conquistas.

La segunda etapa, liderada por José Figueres Ferrer, trajo la nacionalización bancaria, la proscripción del ejército como institución permanente y la creación del ICE, entre otros logros.

La conjunción de ambas etapas formó nuestro Estado social de derecho y de servicio público.  

Esas victorias se alcanzaron mediante tenaces movilizaciones ciudadanas que comenzaron antes de 1940; siempre con ingentes sacrificios y en algunos casos fue necesario ratificarlas con sangre. Por supuesto, no son perfectas.

Gracias al impulso de Daniel Oduber y los ecologistas de antes y de ahora, un 20% del territorio se dedica a la preservación de los bosques. Sin embargo, las transnacionales de la piña y del banano continúan destruyendo amplias áreas boscosas.

Consecuencias del neoliberalismo

Sin embargo, los triunfos del pueblo vienen siendo deteriorados de manera sistemática por las políticas económicas neoliberales, impuestas por la presión de organismos controlados por los Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional y la AID, (Agencia para el Desarrollo Internacional), concretados en los Programas de Ajuste Estructural, el primero firmado en 1985.

El neoliberalismo presenta como su éxito más importante la diversificación de la producción industrial, subsidiada por el Estado en las zonas libres de impuestos (no hay que olvidarlo) y la consiguiente apertura de nuevos mercados internacionales. Pero la cantidad de empleos generados en las zonas francas no ha sido tan abundante como lo anunciaba la propaganda y representa una porción pequeña de la fuerza laboral. Tampoco se han dado los prometidos encadenamientos industriales.

Mucha gente vive desengañada de los beneficios del Estado social de derecho y de servicio público. Desde luego, tiene errores, algunos graves, que se pueden corregir. El descrédito se debe en gran parte a las empresas de difusión masiva que mantienen una insidiosa campaña de desprestigio, que ya dura casi cinco decenios, ignorando de modo sistemático sus importantes beneficios, que se pueden resumir en cierta paz social, hoy en peligro precisamente por la paulatina desintegración del nuestro Estado social de derecho y de servicio público.

Mencionamos algunos de los efectos del deterioro de tipo de Estado creado por los verdaderos patriotas costarricenses:

  • La banca nacionalizada perdió su función social y de promoción del desarrollo.
  • El ICE viene siendo saboteado por intereses privatizadores para comprarlo a precio de quiebra; se le obliga a comprar electricidad producida por empresas privadas, más cara que la generada en las propias plantas.
  • El Consejo Nacional de Producción dejó de proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes van cayendo en el abismo de la ruina, empujados por deudas impagables, a lo que se añade la presión del calentamiento global. De manera irresponsable, se ha puesto en peligro la alimentación sana, nutricia y sostenible. Se les obliga a competir –sin ninguna ayuda estatal– con agricultores subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Así peligra la seguridad alimentaria.
  • Hay presiones para privatizar el agua, derecho humano tan indispensable como el aire.
  • Se quiere privatizar RECOPE para que sus ganancias se vayan al extranjero.
  • Funcionan empresas telefónicas y de televisión por cable que se diferencian de Kölbi-ICE solo en que exportan las ganancias.
  • Durante los años neoliberales la pobreza ha venido creciendo hasta superar el 21% de la población. Tenemos además unos 99.000 hogares en pobreza extrema, cuyos ingresos mensuales son inferiores a ¢49.999.
  • En la edición 22 del Informe Estado de la Nación se indica: «En los años transcurridos del presente siglo Costa Rica ha visto crecer la desigualdad en la distribución de los ingresos, en un contexto latinoamericano que avanza en sentido contrario.

Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, indica que Costa Rica se sitúa, con República Dominicana y Guatemala, como los líderes de la evasión fiscal. Y no menos grave es la elusión fiscal, por cuanto esta guarda una estrecha relación con los paraísos fiscales. Cabe señalar también la inoperancia, ¿casual?, del Ministerio de Hacienda para cobrar a las grandes empresas y su ensañamiento con los pequeños empresarios.

Recalcamos que la corrupción es consustancial al modelo neoliberal globalizante; la IMPUNIDAD continúa siendo el recurso predilecto entre los políticos-empresarios y los empresarios-políticos. La lista de deterioros –todos constatables– puede alargarse pero es innecesario hacerlo aquí.

La compra y consiguiente control de empresas de difusión masiva por capitales extranjeros se puede agravar con el proceso de digitalización que se ejecutará a partir de 2019. Ese proceso puede acarrear una pérdida de soberanía y disminuir la presencia de nuestros artistas y tradiciones, con detrimento de la cultura nacional. Excepciones dignas son el Semanario Universidad y Canal 13, así como modestas pero eficientes radioemisoras, televisoras y periódicos regionales.

¿Y a mí qué me importa?

Si en un futuro próximo privatizan la CCSS, y usted necesita una cirugía de alto costo, le va a importar, porque podría tener que vender o al menos hipotecar su casa de habitación para financiarla. Si usted se ve obligado a comprar las medicinas que ahora otorga la CCSS, tal vez se vea en la necesidad de reducir la calidad de su alimentación diaria. Si se privatiza el ICE, la factura por electricidad, le “comería” una buena tajada de su ingreso mensual. Libres de la competencia de ICE-Kölbi, las telefónicas y cableras extranjeras harán fiesta con su costumbre de usar su teléfono celular cada quince minutos y tener el televisor encendido para que alguien de su casa lo disfrute. Si usted no es hijo o hijita de un hogar millonario, olvídese de hacer una carrera universitaria. Cuando el agua sea privatizada, podrá bañarse a lo sumo tres veces por semana. Ya ha comenzado un proceso de militarización de la policía, que sería, entonces, un ejército camuflado. Ya ciertos empresarios están diciendo que la educación que brinda el Ministerio de Educación Pública no compensa la inversión (como si a pagaran ellos); siendo así se vislumbra el cierre de escuela y colegios.

En resumen, sí le importa. Sí nos importa.

La urgencia de una organización patriótica

El pueblo costarricense se ha movilizado contra la política neoliberal. Derrotó la pretensión de privatizar el ICE (el detestado combo) en el año 2000. Hubo una organización heroica, para oponerse a Tratado de Libre Comercio, que finalmente fue aprobado en 2007. La nuestra fue la única nación centroamericana que dio esa batalla. En esa ocasión se luchó contra irregularidades empujadas al unísono entre el gobierno de Arias y la embajada de Estados Unidos. El combate más reciente fue la huelga de los sindicatos de trabajadores de entidades estatales, cuyos resultados y consecuencias aún están por verse.

Sin embargo, esas y otras luchas no se han materializado en una organización sociopolítica permanente. Así se ha desperdiciado mucho de sus frutos.

Ciudadanos: estamos a tiempo de defender los logros del pueblo costarricense, de corregir las deficiencias de las instituciones estatales, tantas veces causadas por intereses político-partidarios. Asimismo, es posible trazar nuevas metas de beneficio social y económico. Pero se requiere organización. No hay que temerle a la organización. El tiempo se acaba. Podemos organizarnos mediante esquemas de verdadera democracia, con respeto hacia todas las partes. Podemos idear nuevas formas de coordinación entre los movimientos sociales.

Advertimos de antemano que NO proponemos la organización de un partido político. Lo que se propone es una organización descentralizada y a la vez coordinada, en la que cada comisión posea auténtica autonomía, pero manteniendo una comunicación ágil con las otras y sin cerrarse a acciones conjuntas. Los detalles operativos y el programa de trabajo se irán construyendo conforme se necesiten.

Barboza Soto, Mainier

Picado Gatjens, Miguel

Boza Cordero, Juan

Quirós Jiménez, Gerardo

Cordero Gené, Francisco

Sánchez Rojas, Rafael Á.

Montero Mejía, Álvaro

Soto Soto, Francisco

Oviedo, José

Villalobos, Fabio

Mora Rodríguez, Arnoldo

  

AVISOS

  1. Las personas que deseen comunicarse con el Movimiento Patriótico por Costa Rica pueden escribir al e-mail movpatcr19@yahoo.com
  2. Se convoca a una reunión el sábado 2 de marzo a las 9 AM en el café Don Juanito, situado 75 mts. al este de la esquina sur del Correo Nacional.

 

Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org/2016-02-08/hora-movimientos-sociales/manos-tierra-agroecologia-autonomia

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ANEP: Servicios esenciales son aquellos cuya interrupción pone en peligro vida, seguridad o salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Honorable señora

Licda. Ana Julia Araya Alfaro

Comisión Permanente de Asuntos Sociales

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Estimada señora:

Luego de saludarle muy respetuosamente, damos respuesta por esta vía al oficio de su despacho Al-CPAS-542-2019, fechado 8 de enero de 2019, en el cual se nos da cuenta de la convocatoria que nuestra representada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recibió por parte de los honorables señores diputados y de las honorables señoras diputadas de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa; a fin de que nos refiramos al proyecto de ley No. 21.097, “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚLICOS ESENCIALES”.

Sin perjuicio de poder luego realizar un análisis más detallado del proyecto que implique, a la vez, un estudio comparativo con los otros proyectos de ley que sobre huelga se están discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, de momento exponemos las siguientes consideraciones sobre el contenido planteado en esta iniciativa de ley.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa:

HUELGAS-RPL-SERVICIOS-ESENCIALESDescarga

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Albino Vargas.

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Llamado a defender servicios públicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el futuro los servicios públicos podrían estar en manos privadas, lo cual provocaría el encarecimiento de estos servicios por estar en manos de empresas privadas.

Carlos Sosa, Sindicato de Trabajadores de OSE, Uruguay nos dice: “Para nosotros la privatización implica claramente poner un derecho humano fundamental, como es el acceso a los servicios universales, en la política de mercado, a las leyes del mercado, por lo tanto se transforman en una mercancía; eso hace que quien tiene dinero puede acceder a esos servicios y quien no tiene dinero queda excluido del servicio.

Y por otro lado, entendemos que es una forma clara de pérdida de la democracia de nuestros países porque se tomen decisiones a espaldas del pueblo. Cualquier diferendo que exista entre el Estado y la corporación que haga sus inversiones en servicios va a ser dirimido en un organismo internacional por fuera de la legislación de nuestros países. (…)

(…) Por lo tanto lo que nosotros exigimos a los gobernantes de nuestros países, es que se retiren del TISA; y esta exigencia tiene que ver con la defensa de la democracia, con la defensa de la soberanía y con la defensa de que quien debe decidir los destinos de nuestros países son nuestros pueblos y no las corporaciones extranjeras, ni países extranjeros”.

Vea el mensaje completo en el siguiente video:

 

 

Compartido en redes digitales por Marco Aguilar Badilla.

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Posición de Patria Justa sobre tarifario médico: Colegio de Médicos con fuerte alza para servicios

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Comunicado de Prensa

Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios médicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos

 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica publicó en el diario oficial La Gaceta, No. 83 del lunes 2 de mayo de 2016, el Tarifario de Procedimientos Médico-Quirúrgicos que debe regir la prestación privada de servicios médicos en el país.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se ha tomado el debido tiempo para emitir un criterio oficial al respecto, pues se tuvo que acudir a criterios especializados de diversas y calificadas fuentes, según el ámbito de acción de las mismas que, de un modo u otro, recibirán el impacto de tal decisión del mencionado colegio profesional.

Así las cosas, hacemos del conocimiento de la opinión pública nuestra posición oficial al respecto, misma que nos ha sido demandada por personas ciudadanas y grupos sociales que tienen en alta estima los criterios del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en cuestiones de orden social nacional como el caso que nos ocupa.

Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios medicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos. Dicho tarifario pretende regular los precios mínimos (no los máximos, los cuales asumimos no tienen techo) de los servicios que prestan estos importantes profesionales de las ciencias médicas a la sociedad costarricense, sobre todo en el ámbito privado del ejercicio de esta noble, humanitaria y cristiana profesión.

Muchas han sido ya las manifestaciones de sectores, personalidades y de posiciones editoriales de varios medios de comunicación colectiva que señalan la gravedad de la desafortunada decisión que representa el pretendido tarifario del Colegio de Médicos costarricense.

El juzgamiento público, de carácter político, social y mediático a las temerarias tarifas tiene sobradas y justificadas razones. Trataremos en estas líneas de repasarlas para que los y las costarricenses; y, sobre todo, los propios médicos hagan conciencia de las consecuencias negativas de este tarifario, de mantenerse. Respetuosamente lo planteamos.

El Colegio de Médicos tiene las competencias legales para ejercer esta función que el Estado le ha otorgado por las leyes que así lo regulan, según parece derivar el análisis sobre el tema. Que esto sea así no necesariamente quiere decir que sea lo correcto o adecuado en nuestra sociedad. Los efectos en nuestra vida diaria son de alto impacto. Veamos.

  1. LA CCSS. Estos incrementos desplazarán a una importante masa de la población que paga religiosamente el seguro social pero que habitualmente no son usuarios de los servicios de la CCSS (por su poder adquisitivo que les permite tener acceso a servicios médicos privados, ya sea por compra directa de estos servicios o por medio de los seguros médicos privados), a ser usuarios mas regulares de la CCSS, con las implicaciones económicas directas para la ya debilitada institución.
  2. DISPARA LA INFLACIÓN. Por sus efectos en los encadenamientos productivos, formales e informales, internos y externos, públicos y privados, los servicios médicos son por naturaleza disparadores de la inflación y del costo de vida; y como resultado de todo esto, de más injusticia social a nuevos sectores de la clase media, sin hablar de los estamentos más pobres.
  3. ENCARECIMIENTO DE LA “TERCERIZACION” DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. La “moda” de contratar personas físicas o jurídicas en la prestación de servicios a los entes públicos y privados, sin duda elevará los costos de todos los bienes y servicios que dichas empresas prestan a los usuarios. Sencillamente trasladan los costos al consumidor final. Esto también aplica para la propia CCSS.
  4. SEGUROS OBLIGATORIOS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y AUTOMOTOR DEL INS. Ya lo manifestó el señor Presidente Ejecutivo del INS, don Elián Villegas y lo comprobamos nosotros. Al elevarse los costos de servicios médicos, todos aquellos servicios médicos que los afectados por estos regímenes requieran se encarecerán, en el tanto el INS subcontrata muchos de estos servicios con profesionales privados o centros médicos privados. En adición, los topes del Seguro Obligatorio Automotor (¢ 6 millones por persona en caso de accidente de tránsito) se agotará más rápido, por lo que el INS deberá remitir a la CCSS dichos casos. De nuevo la CCSS (es decir, todos nosotros), paga los platos rotos de esta historia.
  5. MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS. Instituciones como el INS, aseguradora del Estado con más del 87 % del mercado de seguros afortunadamente, podría verse seriamente afectada en la colocación de seguros médicos privados, por los efectos cascada que estos incrementos generarán en el corto y mediano plazo. También afectará a todo el sector asegurador privado en general. Ello sin duda generará desempleo en el sector asegurador, público y privado, al verse mermado el mercado de seguros médicos que venían en ascenso. En adición, producirá fuga de capital, al promover en los nacionales de alto poder adquisitivo, adquirir seguros fuera del país.
  6. TURISMO MEDICO. Si bien es un sector que se ha venido consolidando gracias a muchos factores positivos de nuestro país, y que genera muchas fuentes de empleo directo e indirecto (y que está ligado intrínsecamente al turismo tradicional), sin duda el turismo médico es uno de los más vulnerables ante el nuevo tarifario. Ya no será tan atractivo vacacionar en Costa Rica y de paso realizarse un tratamiento médico.
  7. DEMANDA INTERNA DE SERVICIOS MEDICOS PRIVADOS. Cuando un bien o servicio se encarece demasiado, su consumo se restringe de igual forma. Esto según lo dictan los grandes gurúes del capitalismo académico. No tenemos duda que eso sucederá en este caso. Por ello, flaco favor le hace el propio Colegio de Médicos a sus agremiados al “obligarlos” a cobrar mínimos muy altos, a sus clientes. Estos clientes buscarán otras alternativas de servicio, siendo siempre la CCSS, en la mayoría de casos, su opción final. Las consecuencias están indicadas en el punto A de este comunicado. Es probable que esto genere “competencia desleal” entre médicos, sobre todo en aquellos médicos de alta conciencia social, en el tanto vuelve obligante y sujeto a sanciones el no cumplir con las tarifas establecidas.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA considera, una vez hechos los análisis del caso que, en definitiva, se han excedido las honorables autoridades de la comisión técnica médica que tuvo la responsabilidad de generar este odioso tarifario. Han metido al Colegio de Médicos en un gran lío sociopolítico de repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad. Posiblemente algunos de ellos vivieron en Estados Unidos y asumen que podemos igualar los precios de esa nación.

No podemos caer en el extremismo de que los médicos deban regalar su trabajo. A cada uno de ellos le ha costado esfuerzo y muchos recursos, tanto de sus padres como del Estado, en las universidades públicas o privadas, en obtener sus títulos y especialidades. Por lo que tampoco es de recibo por parte del Colegio de Médicos ese espíritu estrictamente mercantilista en la prestación de dichos servicios, dejando del todo por fuera los principios más elementales de la vida humana y la solidaridad social que han caracterizado la profesión médica en nuestro país. Un gremio, como el médico, se juega mucho, sobre todo su conciencia social histórica, al pegarle una bofetada a la sociedad costarricense con la actuación que refleja la promulgación de este tarifario médico. Hay tiempo para rectificar y, con vehemente respeto, los llamamos a hacerlo.

Por tanto, hacemos un llamado el honorable Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a su Junta Directiva y a su presidente, el Dr. Alexis Castillo Gutiérrez, para que retiren o anulen dicho tarifario, y lo adapten a las condiciones de nuestra realidad económica. No estamos en contra de que el gremio médico regule con precios razonables los servicios que los profesionales brindan a los ciudadanos; es su derecho y lo respetamos.

Lo que no se vale es aprovechar el mandato de ley que los faculta para generar e imponer al resto de la sociedad precios que no van acorde con nuestra realidad, aunque sea tratándose de servicios privados entre paciente-médico, que sin duda impactará negativamente a toda la economía nacional y, en particular, a la CCSS.

Igualmente, conminamos a la Presidencia de la República y el Sr. Ministro de la Presidencia a intervenir de inmediato en este asunto, llamando al indicado colegio profesional a la mesura de sus pretensiones gremiales.

Como siempre, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se pone a disposición del Colegio de Médicos y de otros actores interesados de la sociedad, que se sientan afectados, a buscar la forma de abordar este problema y determinar el mejor camino a seguir para centrar en las decisiones la promoción del bien común.

San José, lunes 6 de junio de 2016.

Patria Justa

Albino Vargas Barrantes

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Secretario General ANEP

 

*Imagen ilustrativa tomada de la página de ANEP.

Enviado a SURCOS Digital por Secretaría General, ANEP.

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Comunidades suman fuerzas para evitar privatización del Hospital de Nicoya

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El pasado 14 de setiembre se convocó a las fuerzas vivas de la Península de Nicoya para hacerse presentes en la protesta frente al Hospital de esta ciudad para defender el manejo público de este nosocomio.

Con respecto al conflicto del Hospital de Nicoya, pues se quiere privatizar varios de sus servicios, se llegó a un acuerdo con el fin de abrir un proceso de diálogo para el mismo lunes 14 de setiembre; esperando que las autoridades de la CCSS echen para atrás esta nefasta decisión.

¡Nuestro apoyo rotundo a trabajadores y trabajadoras del hospital. No a la privatización de los servicios públicos!

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Tomado de la página de Facebook de Wilmar Matarrita.

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¡Señor Presidente! ¿Recortar de dónde?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Comunicado de Prensa

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la “despedidera”, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto!

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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UCR: III Seminario Internacional de Empresas de Servicios Públicos y Desarrollo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

Valoran control de constitucionalidad para Ley de Recursos Hídricos2
Imagen con fines ilustrativos.

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con el Transnacional Institute (TNI) está organizando el Seminario Internacional sobre Empresas de Servicios Públicos y Desarrollo. Este evento sería el tercero que realiza la Red Internacional de Empresas de Servicios Públicos y Desarrollo desde 2012. El primero fue en Uruguay (2012). El segundo evento en México (2013) y el tercero sería en Costa Rica.

Los objetivos que persiguen estas actividades son múltiples. Por un lado, queremos poner en la balanza, desde una perspectiva crítica, los resultados de lo que se conoció como el new public managementque se implementó en muchos de nuestros países a partir de la década de los 90s del siglo pasado.

También queremos repensar el rol de las empresas de servicios públicos en una lógica que supere el estereotipo de que lo público es ineficiente por definición. No se trata de volver al estatismo del período desarrollista, pero tampoco de seguir en la idolatría del sector privado que se ha vivido en el período denominado neoliberal en América Latina.

Finalmente, la actividad pretende crear un espacio de difusión e intercambio de ideas en torno a experiencias, lecciones y desafíos principalmente latinoamericanos en cuanto a los servicios públicos en el área de telecomunicaciones, agua, electricidad e infraestructura.

Otros datos:

  • Fue declarado de interés institucional por la Rectoría de la UCR.
  • Nos visitan excelentes ponentes de Uruguay, Holanda, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Honduras​ e Inglaterra.

Será un lugar perfecto para compartir sus intereses y ampliar sus contactos.

Le invitamos a participar en el III Seminario Internacional de Empresas de Servicios Públicos y Desarrollo.

 

Días:

03, 04 y 05 de febrero de 2015

Lugar:

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Temas:

Telecomunicaciones, agua, electricidad e infraestructura

 

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El derecho al trabajo en la función pública

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Negociar es un derecho

Carlos J. Cabezas Mora*

Carlos José Cabezas Mora
Carlos José Cabezas Mora

 

Desde hace mucho tiempo existe una lucha jurídica entre la aplicación de la legislación administrativa y laboral a los y las trabajadoras del servicio público, el deseo y sueño de las estructuras políticas y de poder económico es que los derechos aplicables en el Código de Trabajo no nos apliquen. Incluso hasta se ha implementado tribunales diferentes a los laborales, conocidos como contenciosos administrativos que tratan bajo otras reglas las querellas por injusticias cometidas por el patrono público.

El derecho laboral es progresista, la ley solamente define derechos mínimos que pueden ser mejorados en la relación obrero patronal, además de poner máximos a las obligaciones, como el caso de la jornada ordinaria máxima de ocho horas, mientras que el derecho administrativo fija la norma sin la posibilidad de mejora.

Aprovechando esto el Partido Movimiento Libertario presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva del Ministerio de Trabajo promovido por su sindicato Afumitra, la pretensión es que se declare inconstitucional debido a que se trata de una institución del Gobierno Central, de darle razón la Sala Constitucional estaríamos en la antesala de que se pierda todas las convenciones colectivas de los ministerios entre ello lógicamente la recientemente, la obtenida por la coalición sindical del Ministerio de Educación.

Este es un ataque directo a los sindicatos más fuertes del sector público, escogido bajo la fachada de defensa de la legalidad se puede aplicar una injusticia más contra los trabajadores, no dudamos que esta situación podría movilizar protestas del sector sin descartar movimientos de huelga, pues parece ser la punta de iceberg de la campaña impulsada por ese cuestionado partido, cuyos intereses no solo los que promueve como defensores de los consumidores, sino de los sectores más conservadores y retrógrados de nuestra sociedad, y que ha demostrado con facilidad su esencia dudosa que se evidenció en el manejo electoral de pagos.

Sin duda si el recurso es resuelto a favor de los Libertarios esto será otro grave daño a la democracia, pues se consolidará una división discriminatoria entre trabajadores, unos (del sector privado) con mínimos derechos (violados constantemente) pero con gran potenciabilidades, aunque sin sindicatos para lograrlo y los sector publico centralizado sin ninguna posibilidad de mejorar, dependiendo exclusivamente de la “voluntad” patronal para mejorar sus condiciones laborales, voluntad que es en este país más feliz del mundo bastante rara y muy escasa…

 

* Secretario General

Central General de Trabajadores

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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