La Internacional de Servicios Públicos (ISP) se ha sumado a cientos de sindicatos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las negociaciones comerciales durante la pandemia Covid-19 y que, en su lugar, dé prioridad a las políticas que refuercen los sistemas de salud pública.
La ISP solicita a las afiliadas que escriban a sus gobiernos antes del 29 de abril pidiéndoles que suspendan las negociaciones.
En una influyente Carta Abierta presentada en la reunión virtual de la OMC el 17 de abril, los firmantes, incluida la ISP, señalaron cómo: «La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debería ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, de los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y accesible a los suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, y la capacidad de los gobiernos para tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis».
En la reunión, la OMC postergó la decisión de continuar las negociaciones para consultar con los estados miembros durante esta semana.
La ISP pide a los sindicatos afiliados que se pongan en contacto con sus ministerios, para apoyar la suspensión de las negociaciones de la OMC y promover una política comercial en favor de la salud pública.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)
a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.
La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.
La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.
Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:
1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.
2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.
3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.
4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.
5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.
6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.
7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.
8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.
Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.
Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:
1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.
3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.
4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.
5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.
6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.
7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.
8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.
A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.
Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.
No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.
Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.
No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.
Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.
Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.
Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.
Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.
Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.
Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.
La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.
Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.
Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.
Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.
Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.
Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.
En realidad
la abundancia de facilidades educacionales, o culturales, o normativas, debiera
ser el objetivo final del desarrollo económico; y la igualdad de oportunidades
de mejoramiento individual debiera ser el móvil principal de las luchas
sociales.
José Figueres Ferrer, Cartas a un ciudadano.
Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo
Podría resultar una necedad
seguir insistiendo en que no hay mejor inversión que la que ha hecho el país en
salud y educación. No lo es, por dos razones. Primero, porque desde la década
de 1980 y hasta hoy se ha tenido que librar una ardua y combativa lucha por
sostener un sistema público de salud y de educación de alcance universal y de
calidad. Segundo, porque los trabajadores públicos de la salud y la educación han
venido siendo objeto de críticas odiosas e injustas, y sometidos públicamente a
un juicio mediático lapidario.
Los logros y avances en salud y
educación, que nos han colocado entre los países con mejores índices de desarrollo
humano en América Latina -y que nos hacen sentirnos orgullosamente
costarricenses-, no han sido producto de una concesión gratuita y voluntarista de
la clase política que nos ha gobernado en las últimas cuatro décadas. Todo lo
contrario, esta ha venido cediendo a la avidez privatizadora de la oligarquía
neoliberal. Ha sido, más bien, la resistencia de una ciudadanía defensora del
Estado Social de Derecho, que ha puesto frenos a este cogobierno decidido a desmantelar
la institucionalidad social del país.
A pesar de ello, hoy celebramos
los excelentes logros obtenidos, pero debe quedar muy claro a quiénes
pertenecen los méritos y a quiénes no. Los méritos y reconocimientos les
pertenecen a los trabajadores de la educación de nuestras escuelas, colegios y
universidades que han sabido asumir, como un apostolado, su labor docente, investigativa
y de acción social, para preparar al más alto nivel científico-técnico y cultural-humanístico
a ese batallón –perdón por la imagen militar, pero de eso se trata en tiempos
del coronavirus– de abnegadas y abnegados trabajadores de la salud, que hoy
salvan vidas arriesgando las propias.
Somos testigos de que si no hubiese
sido porque este país apostó sabiamente por invertir, sin mezquindad, en
educación para la salud y salud para la educación, no contaríamos con el
valioso recurso profesional, de equipo e infraestructura que nos va a permitir
enfrentar esta pandemia, como ya se está haciendo con algunas medidas asertivas,
y poder salir airosos.
Saber leer los signos de los
tiempos es un imperativo ético fundamental. Requiere, eso sí, humildad para la
autocrítica y disposición para rectificar, cuando sea necesario y de manera
oportuna. Nada hacemos con mostrar ante las cámaras y en el discurso gran sensibilidad,
y hasta claridad respecto de los derroteros a seguir y aquellos a rectificar,
si no actuamos con decisión, contundencia y a tiempo.
Más allá de medidas paliativas
coyunturales, es el momento oportuno para hacer cambios de más largo aliento y
estructurales. El gran desafío es revitalizar el Estado Social de Derecho. No
permitir que se devalúe nuestro sistema público de salud y educación. Más aún,
brindarle todo el apoyo que requiere para elevar sus niveles de calidad y
competencia.
Una coyuntura propicia para que
los poderes Ejecutivo y Legislativo den muestras concretas de buena voluntad,
en la dirección anotada, conteniendo el avance de proyectos y medidas que están
significando un golpe más al debilitado Estado Social de Derecho, tales como la
regla fiscal, la posible venta de instituciones públicas como FANAL, la
política de salarios decrecientes en el sector público, los inhumanos proyectos
de privatización de los régimen de pensiones, que ya están golpeando más que el
coronavirus a las personas mayores, entre otras.
Y también para detener la campaña
mediática, avalada por el gobierno, de desprestigio y violencia simbólica
contra los trabajadores y pensionados del sector público. No se puede continuar
pisoteando la dignidad de los trabajadores de la salud y la educación, cuando han
dado muestras contundentes de gran generosidad y compromiso, y hoy lo ratifican
asumiendo el desafío que representa una pandemia que nos convierte a todos en
víctimas potenciales.
Ojalá se atienda con sabiduría a
los signos de este tiempo, para rectificar el rumbo. Cabe recoger lo señalado,
con gran acierto, por don Pepe: poner el desarrollo económico al servicio de la
educación y la salud y ofrecer igualdad de oportunidades a las hijas e hijos de
esta patria, que supo apostar por la solidaridad, el derecho y la justicia
social ¿Acaso no es el mejor antivirus?
El miércoles de esta semana, en concordancia con las 22 propuestas de CAP 2022* (Francia), el Consejo de Ministros conoció el proyecto de ley que pretende continuar con la reforma estructural del empleo público.
PARA SALVAR EL ESTADO DE DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO
Hacemos un llamado a unir esfuerzos en este Movimiento Cívico, fundamentado en las siguientes reflexiones:
La Costa Rica que tenemos, estamos perdiendo y debemos mejorar
El pueblo costarricense ha conquistado beneficios admirables que le permiten cierta calidad de vida. Eso se puede afirmar sin caer en mitologías al estilo de “el país más feliz del mundo”.
Tenemos logros imperfectos pero importantes; es un imperativo ético defenderlos y mejorarlos. Mencionamos algunos: los ciudadanos de menores ingresos reciben atención médica de calidad en los hospitales de la CCSS, aunque hay largas esperas y la morosidad de patronos y del Estado atenta contra este servicio. Funcionan programas de salud preventiva; la red eléctrica cubre casi todo el territorio; hay agua potable para la gran mayoría de la población; educación primaria hasta en lugares distantes y la secundaria está al alcance de amplios sectores. Muchos jóvenes –con becas– acceden a universidades públicas e institutos tecnológicos.
Un poco de historia reciente
Reconociendo lo alcanzado por los liberales que gobernaron hasta 1940, lo cierto es que el gran cambio comenzó en ese año y se dio en dos etapas: La primera fue empujada por fuerzas políticas conducidas por hombres y mujeres de la talla del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), y la Iglesia Católica dirigida por monseñor Víctor Sanabria. Esa combinación de fuerzas disímiles produjo la CCSS, el Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la Universidad de Costa Rica, por mencionar unas cuantas importantes conquistas.
La segunda etapa, liderada por José Figueres Ferrer, trajo la nacionalización bancaria, la proscripción del ejército como institución permanente y la creación del ICE, entre otros logros.
La conjunción de ambas etapas formó nuestro Estado social de derecho y de servicio público.
Esas victorias se alcanzaron mediante tenaces movilizaciones ciudadanas que comenzaron antes de 1940; siempre con ingentes sacrificios y en algunos casos fue necesario ratificarlas con sangre. Por supuesto, no son perfectas.
Gracias al impulso de Daniel Oduber y los ecologistas de antes y de ahora, un 20% del territorio se dedica a la preservación de los bosques. Sin embargo, las transnacionales de la piña y del banano continúan destruyendo amplias áreas boscosas.
Consecuencias del neoliberalismo
Sin embargo, los triunfos del pueblo vienen siendo deteriorados de manera sistemática por las políticas económicas neoliberales, impuestas por la presión de organismos controlados por los Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional y la AID, (Agencia para el Desarrollo Internacional), concretados en los Programas de Ajuste Estructural, el primero firmado en 1985.
El neoliberalismo presenta como su éxito más importante la diversificación de la producción industrial, subsidiada por el Estado en las zonas libres de impuestos (no hay que olvidarlo) y la consiguiente apertura de nuevos mercados internacionales. Pero la cantidad de empleos generados en las zonas francas no ha sido tan abundante como lo anunciaba la propaganda y representa una porción pequeña de la fuerza laboral. Tampoco se han dado los prometidos encadenamientos industriales.
Mucha gente vive desengañada de los beneficios del Estado social de derecho y de servicio público. Desde luego, tiene errores, algunos graves, que se pueden corregir. El descrédito se debe en gran parte a las empresas de difusión masiva que mantienen una insidiosa campaña de desprestigio, que ya dura casi cinco decenios, ignorando de modo sistemático sus importantes beneficios, que se pueden resumir en cierta paz social, hoy en peligro precisamente por la paulatina desintegración del nuestro Estado social de derecho y de servicio público.
Mencionamos algunos de los efectos del deterioro de tipo de Estado creado por los verdaderos patriotas costarricenses:
La banca nacionalizada perdió su función social y de promoción del desarrollo.
El ICE viene siendo saboteado por intereses privatizadores para comprarlo a precio de quiebra; se le obliga a comprar electricidad producida por empresas privadas, más cara que la generada en las propias plantas.
El Consejo Nacional de Producción dejó de proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes van cayendo en el abismo de la ruina, empujados por deudas impagables, a lo que se añade la presión del calentamiento global. De manera irresponsable, se ha puesto en peligro la alimentación sana, nutricia y sostenible. Se les obliga a competir –sin ninguna ayuda estatal– con agricultores subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos. Así peligra la seguridad alimentaria.
Hay presiones para privatizar el agua, derecho humano tan indispensable como el aire.
Se quiere privatizar RECOPE para que sus ganancias se vayan al extranjero.
Funcionan empresas telefónicas y de televisión por cable que se diferencian de Kölbi-ICE solo en que exportan las ganancias.
Durante los años neoliberales la pobreza ha venido creciendo hasta superar el 21% de la población. Tenemos además unos 99.000 hogares en pobreza extrema, cuyos ingresos mensuales son inferiores a ¢49.999.
En la edición 22 del Informe Estado de la Nación se indica: «En los años transcurridos del presente siglo Costa Rica ha visto crecer la desigualdad en la distribución de los ingresos, en un contexto latinoamericano que avanza en sentido contrario.
Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, indica que Costa Rica se sitúa, con República Dominicana y Guatemala, como los líderes de la evasión fiscal. Y no menos grave es la elusión fiscal, por cuanto esta guarda una estrecha relación con los paraísos fiscales. Cabe señalar también la inoperancia, ¿casual?, del Ministerio de Hacienda para cobrar a las grandes empresas y su ensañamiento con los pequeños empresarios.
Recalcamos que la corrupción es consustancial al modelo neoliberal globalizante; la IMPUNIDAD continúa siendo el recurso predilecto entre los políticos-empresarios y los empresarios-políticos. La lista de deterioros –todos constatables– puede alargarse pero es innecesario hacerlo aquí.
La compra y consiguiente control de empresas de difusión masiva por capitales extranjeros se puede agravar con el proceso de digitalización que se ejecutará a partir de 2019. Ese proceso puede acarrear una pérdida de soberanía y disminuir la presencia de nuestros artistas y tradiciones, con detrimento de la cultura nacional. Excepciones dignas son el Semanario Universidad y Canal 13, así como modestas pero eficientes radioemisoras, televisoras y periódicos regionales.
¿Y a mí qué me importa?
Si en un futuro próximo privatizan la CCSS, y usted necesita una cirugía de alto costo, le va a importar, porque podría tener que vender o al menos hipotecar su casa de habitación para financiarla. Si usted se ve obligado a comprar las medicinas que ahora otorga la CCSS, tal vez se vea en la necesidad de reducir la calidad de su alimentación diaria. Si se privatiza el ICE, la factura por electricidad, le “comería” una buena tajada de su ingreso mensual. Libres de la competencia de ICE-Kölbi, las telefónicas y cableras extranjeras harán fiesta con su costumbre de usar su teléfono celular cada quince minutos y tener el televisor encendido para que alguien de su casa lo disfrute. Si usted no es hijo o hijita de un hogar millonario, olvídese de hacer una carrera universitaria. Cuando el agua sea privatizada, podrá bañarse a lo sumo tres veces por semana. Ya ha comenzado un proceso de militarización de la policía, que sería, entonces, un ejército camuflado. Ya ciertos empresarios están diciendo que la educación que brinda el Ministerio de Educación Pública no compensa la inversión (como si a pagaran ellos); siendo así se vislumbra el cierre de escuela y colegios.
En resumen, sí le importa. Sí nos importa.
La urgencia de una organización patriótica
El pueblo costarricense se ha movilizado contra la política neoliberal. Derrotó la pretensión de privatizar el ICE (el detestado combo) en el año 2000. Hubo una organización heroica, para oponerse a Tratado de Libre Comercio, que finalmente fue aprobado en 2007. La nuestra fue la única nación centroamericana que dio esa batalla. En esa ocasión se luchó contra irregularidades empujadas al unísono entre el gobierno de Arias y la embajada de Estados Unidos. El combate más reciente fue la huelga de los sindicatos de trabajadores de entidades estatales, cuyos resultados y consecuencias aún están por verse.
Sin embargo, esas y otras luchas no se han materializado en una organización sociopolítica permanente. Así se ha desperdiciado mucho de sus frutos.
Ciudadanos: estamos a tiempo de defender los logros del pueblo costarricense, de corregir las deficiencias de las instituciones estatales, tantas veces causadas por intereses político-partidarios. Asimismo, es posible trazar nuevas metas de beneficio social y económico. Pero se requiere organización. No hay que temerle a la organización. El tiempo se acaba. Podemos organizarnos mediante esquemas de verdadera democracia, con respeto hacia todas las partes. Podemos idear nuevas formas de coordinación entre los movimientos sociales.
Advertimos de antemano que NO proponemos la organización de un partido político. Lo que se propone es una organización descentralizada y a la vez coordinada, en la que cada comisión posea auténtica autonomía, pero manteniendo una comunicación ágil con las otras y sin cerrarse a acciones conjuntas. Los detalles operativos y el programa de trabajo se irán construyendo conforme se necesiten.
Barboza Soto, Mainier
Picado Gatjens, Miguel
Boza Cordero, Juan
Quirós Jiménez, Gerardo
Cordero Gené, Francisco
Sánchez Rojas, Rafael Á.
Montero Mejía, Álvaro
Soto Soto, Francisco
Oviedo, José
Villalobos, Fabio
Mora Rodríguez, Arnoldo
AVISOS
Las personas que deseen comunicarse con el Movimiento Patriótico por Costa Rica pueden escribir al e-mail movpatcr19@yahoo.com
Se convoca a una reunión el sábado 2 de marzo a las 9 AM en el café Don Juanito, situado 75 mts. al este de la esquina sur del Correo Nacional.
Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org/2016-02-08/hora-movimientos-sociales/manos-tierra-agroecologia-autonomia
Luego de saludarle muy respetuosamente, damos respuesta por esta vía al oficio de su despacho Al-CPAS-542-2019, fechado 8 de enero de 2019, en el cual se nos da cuenta de la convocatoria que nuestra representada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recibió por parte de los honorables señores diputados y de las honorables señoras diputadas de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa; a fin de que nos refiramos al proyecto de ley No. 21.097, “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚLICOS ESENCIALES”.
Sin perjuicio de poder luego realizar un análisis más detallado del proyecto que implique, a la vez, un estudio comparativo con los otros proyectos de ley que sobre huelga se están discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, de momento exponemos las siguientes consideraciones sobre el contenido planteado en esta iniciativa de ley.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa:
En el futuro los servicios públicos podrían estar en manos privadas, lo cual provocaría el encarecimiento de estos servicios por estar en manos de empresas privadas.
Carlos Sosa, Sindicato de Trabajadores de OSE, Uruguay nos dice: “Para nosotros la privatización implica claramente poner un derecho humano fundamental, como es el acceso a los servicios universales, en la política de mercado, a las leyes del mercado, por lo tanto se transforman en una mercancía; eso hace que quien tiene dinero puede acceder a esos servicios y quien no tiene dinero queda excluido del servicio.
Y por otro lado, entendemos que es una forma clara de pérdida de la democracia de nuestros países porque se tomen decisiones a espaldas del pueblo. Cualquier diferendo que exista entre el Estado y la corporación que haga sus inversiones en servicios va a ser dirimido en un organismo internacional por fuera de la legislación de nuestros países. (…)
(…) Por lo tanto lo que nosotros exigimos a los gobernantes de nuestros países, es que se retiren del TISA; y esta exigencia tiene que ver con la defensa de la democracia, con la defensa de la soberanía y con la defensa de que quien debe decidir los destinos de nuestros países son nuestros pueblos y no las corporaciones extranjeras, ni países extranjeros”.
Vea el mensaje completo en el siguiente video:
Compartido en redes digitales por Marco Aguilar Badilla.
Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios médicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica publicó en el diario oficial La Gaceta, No. 83 del lunes 2 de mayo de 2016, el Tarifario de Procedimientos Médico-Quirúrgicos que debe regir la prestación privada de servicios médicos en el país.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se ha tomado el debido tiempo para emitir un criterio oficial al respecto, pues se tuvo que acudir a criterios especializados de diversas y calificadas fuentes, según el ámbito de acción de las mismas que, de un modo u otro, recibirán el impacto de tal decisión del mencionado colegio profesional.
Así las cosas, hacemos del conocimiento de la opinión pública nuestra posición oficial al respecto, misma que nos ha sido demandada por personas ciudadanas y grupos sociales que tienen en alta estima los criterios del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en cuestiones de orden social nacional como el caso que nos ocupa.
Este tarifario aumenta, desproporcionadamente, el costo de los servicios medicos hasta en un 200 % sobre los valores actuales en algunos casos. Dicho tarifario pretende regular los precios mínimos (no los máximos, los cuales asumimos no tienen techo) de los servicios que prestan estos importantes profesionales de las ciencias médicas a la sociedad costarricense, sobre todo en el ámbito privado del ejercicio de esta noble, humanitaria y cristiana profesión.
Muchas han sido ya las manifestaciones de sectores, personalidades y de posiciones editoriales de varios medios de comunicación colectiva que señalan la gravedad de la desafortunada decisión que representa el pretendido tarifario del Colegio de Médicos costarricense.
El juzgamiento público, de carácter político, social y mediático a las temerarias tarifas tiene sobradas y justificadas razones. Trataremos en estas líneas de repasarlas para que los y las costarricenses; y, sobre todo, los propios médicos hagan conciencia de las consecuencias negativas de este tarifario, de mantenerse. Respetuosamente lo planteamos.
El Colegio de Médicos tiene las competencias legales para ejercer esta función que el Estado le ha otorgado por las leyes que así lo regulan, según parece derivar el análisis sobre el tema. Que esto sea así no necesariamente quiere decir que sea lo correcto o adecuado en nuestra sociedad. Los efectos en nuestra vida diaria son de alto impacto. Veamos.
LA CCSS. Estos incrementos desplazarán a una importante masa de la población que paga religiosamente el seguro social pero que habitualmente no son usuarios de los servicios de la CCSS (por su poder adquisitivo que les permite tener acceso a servicios médicos privados, ya sea por compra directa de estos servicios o por medio de los seguros médicos privados), a ser usuarios mas regulares de la CCSS, con las implicaciones económicas directas para la ya debilitada institución.
DISPARA LA INFLACIÓN. Por sus efectos en los encadenamientos productivos, formales e informales, internos y externos, públicos y privados, los servicios médicos son por naturaleza disparadores de la inflación y del costo de vida; y como resultado de todo esto, de más injusticia social a nuevos sectores de la clase media, sin hablar de los estamentos más pobres.
ENCARECIMIENTO DE LA “TERCERIZACION” DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. La “moda” de contratar personas físicas o jurídicas en la prestación de servicios a los entes públicos y privados, sin duda elevará los costos de todos los bienes y servicios que dichas empresas prestan a los usuarios. Sencillamente trasladan los costos al consumidor final. Esto también aplica para la propia CCSS.
SEGUROS OBLIGATORIOS DE RIESGOS DEL TRABAJO Y AUTOMOTOR DEL INS. Ya lo manifestó el señor Presidente Ejecutivo del INS, don Elián Villegas y lo comprobamos nosotros. Al elevarse los costos de servicios médicos, todos aquellos servicios médicos que los afectados por estos regímenes requieran se encarecerán, en el tanto el INS subcontrata muchos de estos servicios con profesionales privados o centros médicos privados. En adición, los topes del Seguro Obligatorio Automotor (¢ 6 millones por persona en caso de accidente de tránsito) se agotará más rápido, por lo que el INS deberá remitir a la CCSS dichos casos. De nuevo la CCSS (es decir, todos nosotros), paga los platos rotos de esta historia.
MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS. Instituciones como el INS, aseguradora del Estado con más del 87 % del mercado de seguros afortunadamente, podría verse seriamente afectada en la colocación de seguros médicos privados, por los efectos cascada que estos incrementos generarán en el corto y mediano plazo. También afectará a todo el sector asegurador privado en general. Ello sin duda generará desempleo en el sector asegurador, público y privado, al verse mermado el mercado de seguros médicos que venían en ascenso. En adición, producirá fuga de capital, al promover en los nacionales de alto poder adquisitivo, adquirir seguros fuera del país.
TURISMO MEDICO. Si bien es un sector que se ha venido consolidando gracias a muchos factores positivos de nuestro país, y que genera muchas fuentes de empleo directo e indirecto (y que está ligado intrínsecamente al turismo tradicional), sin duda el turismo médico es uno de los más vulnerables ante el nuevo tarifario. Ya no será tan atractivo vacacionar en Costa Rica y de paso realizarse un tratamiento médico.
DEMANDA INTERNA DE SERVICIOS MEDICOS PRIVADOS. Cuando un bien o servicio se encarece demasiado, su consumo se restringe de igual forma. Esto según lo dictan los grandes gurúes del capitalismo académico. No tenemos duda que eso sucederá en este caso. Por ello, flaco favor le hace el propio Colegio de Médicos a sus agremiados al “obligarlos” a cobrar mínimos muy altos, a sus clientes. Estos clientes buscarán otras alternativas de servicio, siendo siempre la CCSS, en la mayoría de casos, su opción final. Las consecuencias están indicadas en el punto A de este comunicado. Es probable que esto genere “competencia desleal” entre médicos, sobre todo en aquellos médicos de alta conciencia social, en el tanto vuelve obligante y sujeto a sanciones el no cumplir con las tarifas establecidas.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA considera, una vez hechos los análisis del caso que, en definitiva, se han excedido las honorables autoridades de la comisión técnica médica que tuvo la responsabilidad de generar este odioso tarifario. Han metido al Colegio de Médicos en un gran lío sociopolítico de repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad. Posiblemente algunos de ellos vivieron en Estados Unidos y asumen que podemos igualar los precios de esa nación.
No podemos caer en el extremismo de que los médicos deban regalar su trabajo. A cada uno de ellos le ha costado esfuerzo y muchos recursos, tanto de sus padres como del Estado, en las universidades públicas o privadas, en obtener sus títulos y especialidades. Por lo que tampoco es de recibo por parte del Colegio de Médicos ese espíritu estrictamente mercantilista en la prestación de dichos servicios, dejando del todo por fuera los principios más elementales de la vida humana y la solidaridad social que han caracterizado la profesión médica en nuestro país. Un gremio, como el médico, se juega mucho, sobre todo su conciencia social histórica, al pegarle una bofetada a la sociedad costarricense con la actuación que refleja la promulgación de este tarifario médico. Hay tiempo para rectificar y, con vehemente respeto, los llamamos a hacerlo.
Por tanto, hacemos un llamado el honorable Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a su Junta Directiva y a su presidente, el Dr. Alexis Castillo Gutiérrez, para que retiren o anulen dicho tarifario, y lo adapten a las condiciones de nuestra realidad económica. No estamos en contra de que el gremio médico regule con precios razonables los servicios que los profesionales brindan a los ciudadanos; es su derecho y lo respetamos.
Lo que no se vale es aprovechar el mandato de ley que los faculta para generar e imponer al resto de la sociedad precios que no van acorde con nuestra realidad, aunque sea tratándose de servicios privados entre paciente-médico, que sin duda impactará negativamente a toda la economía nacional y, en particular, a la CCSS.
Igualmente, conminamos a la Presidencia de la República y el Sr. Ministro de la Presidencia a intervenir de inmediato en este asunto, llamando al indicado colegio profesional a la mesura de sus pretensiones gremiales.
Como siempre, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se pone a disposición del Colegio de Médicos y de otros actores interesados de la sociedad, que se sientan afectados, a buscar la forma de abordar este problema y determinar el mejor camino a seguir para centrar en las decisiones la promoción del bien común.
San José, lunes 6 de junio de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Secretario General ANEP
*Imagen ilustrativa tomada de la página de ANEP.
Enviado a SURCOS Digital por Secretaría General, ANEP.
El pasado 14 de setiembre se convocó a las fuerzas vivas de la Península de Nicoya para hacerse presentes en la protesta frente al Hospital de esta ciudad para defender el manejo público de este nosocomio.
Con respecto al conflicto del Hospital de Nicoya, pues se quiere privatizar varios de sus servicios, se llegó a un acuerdo con el fin de abrir un proceso de diálogo para el mismo lunes 14 de setiembre; esperando que las autoridades de la CCSS echen para atrás esta nefasta decisión.
¡Nuestro apoyo rotundo a trabajadores y trabajadoras del hospital. No a la privatización de los servicios públicos!
*Imagen con fines ilustrativos.
Tomado de la página de Facebook de Wilmar Matarrita.
