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Etiqueta: servicios públicos

FMI: Cual Depredador y su Rugido

Lic. José A. Amesty R.

Cuando escribimos el artículo “El FMI, BM, BID: Multinacionales Prestamistas Perversas”, en relación al empréstito a Costa Rica, realmente nos quedamos cortos en relación a lo siniestro y las retorcidas actitudes de estas multinacionales.

Ante la eventual pandemia global, el Fondo Monetario Internacional FMI, se aprovecha, por un lado, para ofrecer empréstitos, y por otro, siguiere medidas para asegurar su inversión. Utiliza la crisis para implementar medidas de austeridad, algunas permanentes a sus clientes en el mundo.

Los datos indican que de los 91 préstamos del FMI, con 81 países en el mundo, 76 de los 91, desde que inició la pandemia, la mayoría demandan muchos recortes en servicios públicos y pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos, políticas que benefician a la corporación bancaria.

Según, Chema Vera, Director Ejecutivo Interino de Oxfam Internacional, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en gran Bretaña en 1942, su objetivo es ayudar a encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza. Son parte de un movimiento global que aboga por un cambio que empodere a las personas, para crear un futuro seguro, justo y libre de pobreza, el FMI está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad. Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Veamos algunos ejemplos:

  1. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado de la COVID-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.
  2. Otro ejemplo perfecto es Ecuador, de las consecuencias del FMI. Anteriormente, durante el gobierno de Rafael Corea, éste hizo de la reducción de la pobreza una prioridad y por supuesto, condenó las políticas del FMI y de su organización hermana el Banco Mundial BM; pero luego, durante el mandato de Lenin Moreno, y a partir de 2017, Moreno deshizo el legado de Correa, y luego del 2019, Moreno, redujo el presupuesto sanitario nacional, en un 36 por ciento, a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

Moreno, recientemente, anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su gobierno, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus, y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

  1. El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo 2019, se negó a hacer préstamos al gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro, tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país.

Al mismo tiempo, sin embargo, el auto declarado presidente y figura de la oposición, Juan Guaidó, anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización, con la condición de que Maduro dimita y permita que un “gobierno de emergencia” tome el control del país.

Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3 por ciento de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

(1) Alan Macleod. El FMI se aprovecha de la pandemia para demandar privatizaciones en 81 países. 25 Octubre 2020. Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto, por Eduardo Pérez.

 

  1. En los años noventa el FMI, estableció “estipulaciones” en su paquete de préstamo para Brasil, que requerían enmiendas de la Constitución del país, y luego cabildeó ampliamente por esos cambios.
  2. Entre el principio de la participación del FMI en Perú en 1978, y la segunda vuelta de préstamos en los años noventa, el programa de ajuste estructural logró cuadruplicar la producción ilegal de coca, al devastar a los agricultores locales y dejarlos ante la opción de cultivar coca o morir de hambre. Eligieron la coca.
  3. En algunos países como, México, Filipinas y algunas regiones de África, el FMI ha fabricado crisis alimentaria, para llegar como “salvadores” y ofrecer su paquete infernal.
  4. Hay muchos más desastres. E innumerables estafas. Miles de millones de dólares en préstamos del FMI a Rusia en los años noventa, se desviaron directamente a las cuentas bancarias suizas de oligarcas y gánsteres. Un programa de préstamos de 4.800 millones de dólares administrados por el fondo en 1998, entró por una puerta al banco central ruso y salió directamente por la otra. La gente nunca vio un solo rublo de ese préstamo y se quedó con tasas de desempleo, pérdidas en el mercado bursátil y una devaluación de la moneda que rivalizó con la Gran Depresión.

Sin duda alguna, inquieta pensar el enorme poder que concentra el FMI, para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Y es que en los propios documentos del FMI, se detalla cómo saquear un país, en cuatro pasos encadenados, uno tras otro, cuando ya se da la negociación y se ofrecen las “recomendaciones”:

  1. La gente sale a las calles para protestar contra las medidas de austeridad que se vinculan con los préstamos del FMI,
  2. b) llevando a la huida del capital extranjero,
  3. c) los gobiernos declaran la bancarrota
  4. d) y los especuladores extranjeros, obtienen los despojos a precios de remate.

En general, el FMI ocupa, en términos y lenguaje económico, de tres propuestas principales o condiciones para un préstamo:

  1. La Privatización Progresiva de las Cajas de Ahorro. Buscando poner las cajas de ahorros en la bandeja del capital privado, para que así se recupere una banca quebrada, aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.
  2. La Reducción del Gasto Público. Se explicado, que en una coyuntura recesiva eso sólo puede conducir a la depresión, y a hundir aún más nuestras economías. Es lo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones y en muchos países cuando se ha actuado así. Como lo señaló el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “la austeridad lleva al desastre” y ahí es donde nos quiere llevar el FMI, para que los bancos y las grandes empresas ganen más dinero todavía.
  3. La Reforma Laboral “radical y urgente”, en la línea de los patronos, y que principalmente se basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, mediante la descentralización de la negociación colectiva y el establecimiento de nuevos tipos de contrato. Decir que se puede resolver el problema del empleo flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, se deprime la actividad debilitando la demanda efectiva, es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y pequeñas) creen puestos de trabajo. Sólo se consigue que ganen más las muy grandes que tienen demanda cautiva, gracias a su poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente, cuando presenta sus propuestas para la economía de cualquier país, porque no dice lo que de verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre ellas, sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le impide argumentarlas científica y rigurosamente.

Pero lo más increíble y cruel de esta infame institución, es que siendo la principal animadora de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta, durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta), a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor.

Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y, anteriormente, resumió sus experimentos en América Latina, como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

En resumen, el FMI malsanamente, ve en las crisis, que siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía, alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando, para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que, invariablemente, enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos.

Parece que, si la organización se sigue saliendo con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos seguirán prosperando.

 

Enviado por el autor.

ARESEP se alía a la UNED para capacitar ASADAS

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) inició esta semana una capacitación técnica a los acueductos rurales en temas tarifarios, aspectos legales, protección del recurso hídrico y regulación. Esta capacitación sobre “Aspectos básicos de regulación en la prestación de los servicios públicos de agua» se realiza virtualmente con el apoyo académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“La interacción ARESEP – UNED, busca brindar herramientas en los aspectos básicos de la regulación del agua, mediante la implementación de una metodología de modelo tarifario de protección del recurso hídrico desde los operadores, y así, mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, e hidrantes en cada región del país”, comentó el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, al agregar que el curso es facilitado por el Programa de Gestión Local de la UNED.

El seminario tiene jornadas programadas para el 12, 14, 16 y 19 de octubre, tiempo en el que se abordará la organización del Estado en el tema de agua, elementos generales de regulación, los programas de la calidad, la metodología de protección del recurso hídrico y contabilidad regulatoria.

El regulador general, Roberto Jiménez Gómez, indicó que “este seminario es un esfuerzo por ampliar y fortalecer la presencia y el trabajo territorial que se viene realizando, donde la ARESEP deja su edificio para incorporarse activamente en las comunidades. Así damos herramientas a las ASADAS para mejorar la prestación de los servicios que brindan en sus comunidades y se atiendan las necesidades de las personas usuarias”.

En este Seminario se han inscrito más de 220 personas, provenientes principalmente de las áreas de administración y gestión de los acueductos rurales, de todas las regiones del país.

El regulador general enfatizó en la importancia de involucrar a los prestadores en los procesos regulatorios y mejorar sus capacidades para incidir en la calidad del servicio público.

La ARESEP firmó un convenio de cooperación con la UNED con el fin de brindar capacitación técnica a diversos operadores y grupos de población que requieren conocer las herramientas de regulación, como metodologías y reglamentos técnicos, y su aplicación.

Esta capacitación se enmarca dentro de las acciones que la institución ha venido realizando desde el 2016 para el fortalecimiento de las Asadas y forma parte de la Política Regulatoria sobre el acceso al agua potable y saneamiento de las aguas residuales, que emitió la Junta Directiva de la ARESEP y se publicó el 9 de octubre de 2020 en el Alcance N°268 de la Gaceta.

En esta Política se establecen objetivos para mejorar la participación de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) como prestadores; brindar soporte para la consolidación de la contabilidad regulatoria. Estas acciones contribuyen a asegurar la cantidad y calidad del agua recibida por la ciudadanía, promover una mayor cobertura para la recolección y tratamiento de aguas residuales, reducir las pérdidas y definir consumidores con prioridad de abastecimiento.

Para más información, puede comunicarse con:
T +506 2506.3266
F +506 2215.6052
Correo electrónico
cmora@aresep.go.cr
www.aresep.go.cr
T +506 8340 1788
Correo electrónico
kramirezc@uned.ac.cr
www.uned.ac.cr

 

Foto: Prensa, Casa Presidencial.

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y monetaria. Carta abierta*

Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos, África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin embargo, décadas de injerencias socioeconómicas coloniales y postcoloniales exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:

Carencia de soberanía alimentaria
Carencia de soberanía energética
Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en relación con el dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como resultado de ello, las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad, a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política, económica y monetaria de los países africanos.

Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:

 Crecimiento orientado a la exportación
 Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
 Promoción desmesurada del turismo
 Privatización de las empresas estatales
 Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones, compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas, reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre comercio e inversiones apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual, en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo, en realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África. Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en principios y propuestas alternativas.

Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.

Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural y las industrias nativas.

Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo (un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante, transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y monetaria.

* Firman [1]:

Fadhel Kaboub, Denison University, Ohio, USA
Ndongo Samba Sylla, RLS West Africa, Dakar, Senegal
Kai Koddenbrock, Goethe University, Frankfurt, Germany
Ines Mahmoud, RLS North Africa, Tunis, Tunisia
Maha Ben Gadha, RLS North Africa, Tunis, Tunisia

Fuente: https://mes-africa.org/

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.embajadaabierta.org/

Información compartida con SURCOS por Mauricio Gutiérrez Arguedas.

Aspectos Básicos de Regulación en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua / seminario virtual

La UNED en conjunto con la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos le invitan al Seminario Virtual: “Aspectos Básicos de Regulación en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua”, dirigido a ASADAS (juntas directivas, personal operativo y administrativo) y público en general interesado en estos temas.

El seminario está programado para los días 12,14,16 y 19 de octubre del 2020, en horario de 5 p.m. a 7 p.m.

Se impartirá de forma gratuita y para poder participar debe confirmar su asistencia a más tardar el 29 de septiembre del 2020, a las  4 p.m.

Ingrese en el siguiente enlace para obtener el formulario para el proceso de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/1KLbDVJ92yVduZzMyM1wM8V0Nt7fzActrY5S5MHxYohU/edit

Imagen ilustrativa, UCR.

Las dimensiones del COVID-19, desempleo y pérdida de derechos laborales de las y los trabajadores de los servicios públicos

Oscar Rodríguez León*

Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.

En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).

En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.

Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.

Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.

Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento  de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.

En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.

Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.

La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.

En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.

A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.

Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.

El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:

  • Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
  • Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
  • Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
  • Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.

Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.

Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.

He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.

En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.

Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.

El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.

Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.

Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.

Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.

Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:

“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.

Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:

“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.

* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.

1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020

2 FMI:    https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imfmanaging-director-statement-followinga-g20-ministerial-call-on-the-coronavirusemergency

3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.

4 https://www.dw.com/es/sanofi-da-prioridad-a-ee-uu-para-vacuna-contra-covid-19/a-53436248

Artículo publicado en la revista: Trabajo y Democracia Hoy https://we.tl/t-JGkwNbEExE

Compartido con SURCOS por el autor.

Financiamiento de los Servicios Públicos Esenciales en Tiempos de Pandemia-conversatorio

La Internacional de Servicios Públicos realizará este próximo 17 de julio el conversatorio: «Financiamiento de los Servicios Públicos Esenciales en Tiempos de Pandemia» y será transmitido por medio de Facebook y la plataforma Zoom. Las personas interesadas debe confirmar su participación al correo-e oscar.rodriguez@world-psi.org

Más información en la siguiente imagen.

Vidas en riesgo, si la OMC prioriza el comercio sobre la salud pública

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) se ha sumado a cientos de sindicatos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las negociaciones comerciales durante la pandemia Covid-19 y que, en su lugar, dé prioridad a las políticas que refuercen los sistemas de salud pública.

La ISP solicita a las afiliadas que escriban a sus gobiernos antes del 29 de abril pidiéndoles que suspendan las negociaciones.

En una influyente Carta Abierta presentada en la reunión virtual de la OMC el 17 de abril, los firmantes, incluida la ISP, señalaron cómo: «La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debería ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, de los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y accesible a los suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, y la capacidad de los gobiernos para tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis».

En la reunión, la OMC postergó la decisión de continuar las negociaciones para consultar con los estados miembros durante esta semana.

La ISP pide a los sindicatos afiliados que se pongan en contacto con sus ministerios, para apoyar la suspensión de las negociaciones de la OMC y promover una política comercial en favor de la salud pública.

Descargue nuestro modelo de carta y modelo de comunicado de prensa.

(
Los sindicatos también pueden firmar la Carta Abierta a la OMC aquí.)Ver más detalles en el sitio web de la ISP.

Información compartida con SURCOS por Óscar Rodríguez, ISP.

Fuente: https://us15.campaign-archive.com/?u=0e49960d12b29d61d9e588b2b&id=0f2f0d9c83