Ir al contenido principal

Etiqueta: sistema de salud

Importancia de la medicina en la sociedad – papel del médico en los servicios nacionales

El pasado mes de junio se realizó la conferencia llamada “Importancia de la medicina en la sociedad y el papel del médico en los servicios nacionales”, impartida por el Dr. Juan Jaramillo Antillón. 

La charla abordó temas sobre la importancia del médico y sobre los problemas que presentan los médicos dentro del sistema de salud para dar excelentes servicios. Asimismo, se habló sobre los desafíos que tienen los pacientes del sistema de salud para recibir dichos servicios esenciales. 

Esta conferencia planteó la idea de la importancia de la empatía por parte de los médicos para poder construir en la sociedad un sistema de salud donde las relaciones entre pacientes y médicos sean saludables, estables y movilizadoras del mismo sistema de salud en sí para el bienestar de todos y todas. 

Compartimos la conferencia:

¿ COMUNIDAD? ¿IMAGINADA?

Por Memo Acuña ( Sociólogo y escritor costarricense)

Las primeras reacciones al decreto presidencial en Costa Rica que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y lo establece solo para personal de salud en la primera línea de atención, brindan de sobra elementos para seguir analizando la reestructuración sociocultural de una experiencia colectiva en declive.

En otro momento, la determinación presidencial habría dado paso a un estado de confianza mutua, basada en evidencias de que el comportamiento societal ha sido desde un inicio el de un grupo que ha sabido cuidarse en la solidaridad, el reconocimiento y el afecto. Las evidencias no existen, ni mucho menos las pruebas de que eso haya sido así durante los más de dos años que ha tomado esta contingencia sanitaria global.

Lo cierto es que en toda batalla cultural, los símbolos suelen aquilatarse más que los hechos. Y en este caso, la imagen de la mascarilla como fuerza simbólica que una vez más ha polarizado a este país, que es a su vez muchos países desde hace mucho tiempo, ha colocado en perspectiva una conducta, una actitud que debiera entenderse como bien común, pero que no lo es.

La batalla cultural que mencionamos tiene que ver en cómo ser comunidad a pesar de las violencias, la desigualdad, la fragmentación territorial, el despojo y la acumulación, el desdén de las élites por el resto del pueblo, la descalificación ad portas de la ciencia y el conocimiento, la ausencia de solidaridad y empatía por el otro, la otra. En estas circunstancias es difícil erigir una experiencia común.

La apelación al cuido, dicta el manual básico de atención en esta contingencia sanitaria, implica varias acciones sencillas pero que requieren una individualidad consciente de su entorno, del resto de la sociedad. Son tres reglas básicas repetidas hasta la saciedad: lavado de manos correcto y constante, distanciamiento físico y uso correcto de la mascarilla.

También dicta el manual que la mascarilla no solo lo protege a usted sino a quienes están a su alrededor en caso de que usted sea portador del virus. Esto, tan fácil de comprender, ha sido llevado al extremo de la defensa de las libertades individuales, como saldo quizá de lo que la acción del mercado le ha hecho a la psiquis de las personas: anteponer el bien individual al bien común.

No dudamos que existan personas que por su trabajo han debido usar el dispositivo por tiempos prolongados. Se justifica su fatiga. Pero son las menos. Bien lo han planteado algunos especialistas: este tema se ha politizado y su contenido médico ha sido sustituido por opiniones y argumentos poco calificados.

La hora nuestra es compleja y difícil. Ante el relajamiento de acciones tanto de política pública como personales, nos aprestamos a recorrer una quinta ola pandémica que incidirá no solo en aumento de casos y fallecimientos sino que impactará sobre un extenuado sistema hospitalario que una vez más deberá llevar el peso de la atención que provocará esta batalla cultural en marcha.

Lo ha dicho con tino el epidemiólogo costarricense Juan José Romero: se dejaron de atender enfermedades crónicas en este periodo de tiempo y esto incidirá a la larga en la salud pública de nuestras poblaciones.

El resultado de fondo es la constatación de que el proyecto de sociedad imaginada ha sido pulverizado. Esa experiencia de iguales fue sustituida por varias diferencias, notables que se recrean en el orden de lo sociopolítico y cultural. Lo hemos mencionado ya muchas veces: ante este resultado, la refundación se impone, el repensarnos como país es urgente.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

El fracaso del gobierno

Marcos Chinchilla Montes

Si algo ha caracterizado a este gobierno, es su falta de voluntad para escuchar y tomar en cuenta los intereses de la población y de los movimientos sociales -y más recientemente a la ciencia; o pongámoslo en otros términos, suele solo sentarse a conversar y negociar con el empresariado que le resulta afín, porque el gobierno mismo es el empresariado.

El manejo público de la pandemia lamentablemente ha estado determinado por la imposición de los intereses empresariales, y cónsono con ello, las medidas han sido y siguen siendo reacias a restricciones a la movilidad que afecten los negocios – argumentando que se hace para proteger el empleo.

Arribamos entonces al temido momento de la pesadilla: la incapacidad del sistema de salud para atender los casos más graves de los nuevos miles de contagiados diarios. Se impuso a la postre, el “bolsonatrumpismo”, miles de inesperadas personas muertas gracias a la desidia del gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con un sector del empresariado que antepone sus intereses ante la vida misma de la población costarricense.

La carta que le remitió hoy la Unión Médica Nacional al presidente Alvarado plantea 10 medidas concretas para incidir de manera contundente en el crecimiento de contagios, pero tengo la sospecha que el gobierno tomará nota de su recepción y la archivará; quizás con cuatro o seis mil nuevos casos de contagios diarios, y una economía naufragando en muertos, finalmente el gobierno termine reconociendo que fracasó en la atención de lo que podríamos denominar su mandato más relevante: el derecho a la vida misma de la población costarricense.

CARTA ABIERTA A LA HUMANIDAD

SURCOS comparte el siguiente manifiesto:

«Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza». Hannah Arendt

Brasil pide ayuda a gritos.

Brasileños y brasileñas comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ostenta la presidencia de Brasil, junto con una banda de fanáticos impulsados por la irracionalidad fascista.

Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder.

Brasil sufre hoy el colapso provocado del sistema de salud. El descuido de la vacunación y las medidas preventivas básicas, el fomento de la aglomeración y la ruptura del confinamiento, sumado a la ausencia total de una política de salud, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus, y ponen en peligro a los países vecinos y a toda la población. Vemos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas.

Brasil se ha convertido en una “cámara de gas” a cielo abierto.

El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro ha pasado de ser sólo una amenaza para Brasil, a convertirse en una amenaza global.

Apelamos a los organismos nacionales – STF, OAB, Congreso Nacional, CNBB – ya la OSM y las Naciones Unidas. Instamos a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenar urgentemente la política genocida de ese gobierno que amenaza a la civilización.

La vida por encima de todo

Para firmar:
https://forms.gle/H8Y8pQMe3WhYjQrZA

 

Imagen ilustrativa tomada del Blog de Salmon.

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.

Honduras en llamas

Marlin Oscar Ávila

Cuando al menos la mitad de la institucionalidad catracha ha sido destruida y corrompida, todo el país se desploma y cae en pedazos. Nada funciona adecuadamente.

Los servicios básicos al público, incluyendo los privatizados, son sumamente ineficientes. Hospitales y clínicas privadas están cobrando hasta diez veces los precios, porque el gobierno no les controla, al contrario, funcionarios públicos se asocian a ellos. Frecuentemente la energía eléctrica, privatizada, no funciona, por ende, el internet, los celulares, todo esto privatizado, mantiene un deficiente servicio. En mucho, la industria y comercio apenas funciona horas si tienen instalada plantas generadoras privadas. El sistema educativo, ahora más dependiente (a distancia) de la energía eléctrica, consecuentemente, tampoco funciona casi en un 50 por ciento.

El sistema de salud, como el peor del continente, termina en un mar de lágrimas y un funeral inagotable, sin dejar un minuto de respiro. No se logra un manejo confiable del Coronavirus, aunque esta población de 9 millones acepte casa por cárcel para el resto del año y más allá. Se dan instrucciones desde comisiones políticas, más que técnicas, pero no se dice por cuánto tiempo, dada la inexistencia de una estrategia viable, apegada a la realidad. El gremio médico, quien a través de su colegio ha hecho propuestas adecuadas a las circunstancias, no ha sido escuchado por los políticos en el poder, aun cuando sigue luchando contra decisiones descabelladas, siendo otra víctima al frente de esa guerra global contra el Covid-19, pero sin herramientas de combate. Honduras dispone de escasa investigación científica, su recurso humano intelectual ha carecido de apoyo oficial en toda la historia y menos ahora.

Los partidos políticos, están entusiasmados haciendo campañas políticas para tomar el poder, pero sí lo ganan no sabrían qué hacer, pues su objetivo llega hasta allí: tomar el poder. Que Dios nos guarde, después, con los pleitos que se darán por beneficios a la clase política que gane.

La sabiduría popular no está lejos de saber esto. Sí lo deseado por más del 80 por ciento de la población en cuanto a que desde EUA saquen, extraditen, expulsen, les corten las ayudas externas, a la cúpula gobernante, sencillamente es porque no creen que la oposición nacional lo haga. Por eso, un significativo porcentaje de trabajadores y juventud emigra, aun sabiendo los altos riesgos que conlleva irse hacia el norte. Sí la oposición ha tenido 11 años sin lograr hacer un cambio estructural, ahora que han visto que Bolivia lo hizo en 11 meses, saben que ha habido más que un error o desinterés en la dirigencia de la oposición local para concretar el cambio a fondo exigido.

Decir esto, molesta a los que dicen ser de izquierda, pero el cuestionamiento lo dan los hechos y no las palabras. Desde luego, hay escasas excepciones en este asunto. Quién se atreve a levantar su voz crítica dentro de la oposición, se arriesga a ser linchado por sus correligionarios.

La gran pena es ese pueblo trabajador, marginado del sistema de salud pública, al cual le siguen robando hasta lo más elemental para su salud. Cuando fallece un ciudadano humilde, simplemente lo entierran en una fosa común.

Ya no podemos hablar de un «sistema de educación» puesto que hasta esto se le ha sobrecargado a los padres y madres de familia. A adultos con un promedio de educación formal de cuarto grado de primaria, sino es menor, con los efectos del año 2020. Sin acceso a medios electrónicos y sin internet, no digamos a una computadora que les cuesta más de un año de salario. La señal electrónica cubre un tercio de la zona rural, si hay fluido eléctrico. Una proporción elevada de municipios de tercera categoría viven a oscuras la mayoría del tiempo.

No existe duda alguna que este gobierno está manejado por una mafia de narcos, que el poder fáctico se ha beneficiado a lo grande, por lo que un cambio de poder a manos de una izquierda democrática popular (quien ganó las dos últimas elecciones, pero perdió por fraude), será muy difícil que obtenga el beneplácito del nuevo gobierno de EUA y de la banca, comercio e industria nacional con mayor influencia política actualmente.

Muchos analistas ven nuevamente la preparación de un nuevo fraude para noviembre del presente año.

Así que el futuro inmediato es incierto, tanto para los partidos progresistas. Irónicamente, el mismo gobernante, quien ahora solamente parece sostenerse en el poder de la cúpula militar y financiera nacional tiene seguro su futuro inmediato. Algunos analistas piensan que, al solo concluir su mandato, será extraditado por la Corte Suprema estadounidense.

 Este pueblo quiere ver, ansiosamente, lo que Joe Biden hará con el presidente Juan Orlando Hernández, líder de un cartel de drogas, según datos de la Corte de Nueva York.

Este pueblo ha resistido más de lo imaginable y aunque le sigan cerrando rutas de salida, seguirá tratando de escaparse, pues su barco está en llamas.

Plebiscito en Chile: ¿fin de su “laboratorio” neoliberal?

  • Chilenos tendrán nueva constitución en el 2022

  • ¿Posibles efectos en el resto del Continente?

Gerardo Zamora Bolaños

¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).

Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.

Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.

Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

Las paradojas que evidencia la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Imaginar que los mercados urbanos seguirán siendo emporios para las ventas de mercancías y servicios, así como ser fuentes de fuerza de trabajo barata, son las elucubraciones de los empresarios, el gobierno y los nefastos entes internacionales, que se imaginan maltusianamente, una sociedad y un mundo con poblaciones muy inferiores a su origen manufacturero del siglo XVIII, pero dotadas de extraordinarias capacidades productivas gracias a los trabajadores que con su esfuerzo e imaginación crean nuevas tecnologías. Es comprensible un capitalismo con elevada producción y productividad para más y mayores mercados, pero nunca para reducidos mercados y poblaciones. No existe tendencia alguna que sustente una estructura productiva y distributiva para atender las necesidades ciudadanas y menos aún con tasas decrecientes de ganancias. Ello es un error de las expectativas, una visión contradictoria o una forma para eliminar a empresarios competidores.

¿Acaso estamos viviendo un proceso de concentración económica como nunca antes ha conocido la humanidad? ¿se pretende destruir a miles de productores y trabajadores, con la mediación viral pandémica, para concentrar y centralizar, en muy pocas empresas globales y en menos países, el abastecimiento de mercancías, servicios o insumos que el mundo requiere? ¿se construye un nuevo orden económico mundial? No es de orates ni es una especulación suponer la intencionalidad de estas prácticas, pues es una regularidad efectuada en toda la historia capitalista. Las guerras, invasiones, ocupaciones, los asesinatos, espionajes, expropiaciones, confiscaciones y adquisiciones han servido, en el pasado y el presente, para apoderarse de las riquezas, recursos y mercados del mundo, como tampoco es extraño, el crecimiento y expansión de las inmensas empresas que actúan en todos los mercados y espacios nacionales del planeta y menos aún, se puede desconocer la permanente destrucción de las empresas competidoras por parte de entes que anhelan el monopolio, o el control de la producción y la distribución mercancías del mundo.

El empobrecimiento generalizado de las poblaciones por los efectos económicos de la pandemia agudizados por las estructuras sociales y laborales excluyentes que, sin redistribución de los recursos generados, restringen el consumo, la educación, la sanidad pública, lo cual tienen como consecuencia la inhabilitación de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores, aunque paradójicamente son imprescindibles para la valorización del capital. El capitalismo ha ampliado los mercados e integrado a todos los trabajadores del mundo en un proceso de reproducción global del capital. Es absurdo y contradictorio para el capital, atentar contra los trabajadores, porque es una evocación propia a tanatus.

La falsa conciencia y el hedonismo empresarial se embelesa en tener el poder capaz de crear una sociedad a la medida de sus intereses, sin la resistencia por parte de reducidos, supeditados y contestatarios trabajadores y sin institucionalidad alguna, para erigirse en una absolutista versión moderna del Estado de Luis XIV. Esos sueños utópicos ocultan sus pesadillas de no ser autosuficientes, de necesitar trabajadores, mercados y de un Estado que les garantice sus condiciones de existencia y vivir de los otros.

Los negociantes al imponer la reapertura productiva y mercantil, no reactiva la economía realmente, solo garantiza nuevas infecciones y muertes. Ante las evidencias, silencian sus voces, pero sin desistir ni enmendar la culpabilidad de sus acciones contra trabajadores y clientes. La vocinglería empresarial de tener la solución a las crisis, económica y pandémica, ha mostrado su incapacidad de dinamizar la economía, a la vez de ser un nefasto difusor de la pandemia en el país.

Los mercaderes creen que ofrecer mercancías, es suficiente para reactivar la economía, como si la causa de la crisis fuera por su carencia. Esa simpleza de pensamiento deriva suponer como lo hizo hace siglos Jean-Baptiste Say (1767-1832), que toda oferta crea su demanda, ignorando a John Maynard Keynes (1883-1946) que postulaba precisamente lo contrario, como si la economía fuera una relación mecánica entre dos variables. Pero, los empresarios no quieren ver ni entender que los asalariados-compradores han sido afectados por ellos, el Estado y la pandemia, en un contexto estructural inequitativo y excluyente. Esas mayorías despreciadas y pobres, son los que sustentan y garantizan la riqueza privada.

La producción capitalista no es para el autoconsumo de propietarios, no es para los millonarios, ellos no sustituyen el consumo de las poblaciones trabajadoras, a quienes no dan ninguna alternativa de consumo ni de sobrevivencia suficiente y digna. Los pobres, desempleados y enfermos, entre otros, no consumen. Tampoco los sectores medios y pobres poseen los recursos suficientes ni duraderos para afrontar un futuro inestable, incierto y crítico, no solo por el previsto colapso del sistema de salud, o un posible desabastecimiento alimentario, agravado por un medio gubernamental sin recursos y asfixiado por sus déficits y por los legisladores. Asimismo, la destrucción de la institucionalidad pública y la educación superior, compromete dramáticamente el futuro de la sociedad costarricense. La legalidad democrática costarricense, se transfigura en una dictadura ilegal.

Los parlamentarios contrarios a los intereses de la colectividad, son aliados y cómplices de demandas empresariales, inviables e imposibles para nuestra sociedad, además de que sus intereses electoreros los empuja a boicotear los presupuestos públicos requeridos para la asistencia a los desempleados formales e informales que ha provocado la pérdida de puestos laborales durante la actual coyuntura. Son los intocables amigos, no por enfermos, sino porque enferman y matan a los otros, con su inmunidad e impunidad económica y política, son los mismos que impiden la devolución total de los salarios acumulados para supuestas pensiones obligatorias, que nutren las finanzas privadas, con argumentos falaces que ocultan los desfalcos financieros y administrativos de los mismos, a pesar de la agudización de la pobreza y del hambre que comienza a azotar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, uno de los entes generadores de miedo, el poder judicial, se ha convertido en un espectador de las tragicomedias de las transgresiones constitucionales, del derecho público y de la institucionalidad estatal.

Costa Rica en la actual coyuntura vive momentos contradictorios, sin alternativas económicas viables ni razonables, enfrentada a una frustrada omnipotencia o impotencia empresarial y legislativa de instaurar regresivamente el absolutismo totalitario, mientras que el Gobierno, ambigua y contradictoriamente, se ocupa y relativamente se sostiene políticamente por el sistema de salud existente, mientras que, por otro lado, destruye institucionalidad pública y liquida conquistas alcanzadas históricamente por la ciudadanía y su Estado Social, especialmente en materia de derechos y reivindicaciones laborales.

Los que se aprovechan de sus influencias para hacer negocios privados y contratos de obra pública, han multiplicado muchas veces sus riquezas y adquirido un saber que no emana de la ciencia, sino de procesos políticos corruptos del quehacer estatal y judicial. La ciencia y la investigación no les interesa ni forman parte de sus decisiones y prácticas, como tampoco les importa el ejercicio de la justicia social y la moralidad pública. Sin embargo, pretenden ser dictaminadores y fiscalizadores de la sociedad costarricense, del aparato estatal y de los intereses, necesidades y anhelos ciudadanos. Así, las visiones y prácticas de esos sectores privilegiados de la sociedad, ignoran la complejidad de los procesos sociales y también de la economía. Los negociantes creen que solo la reproducción del ciclo comprar, producir y vender, es suficiente y que ellos son los actores fundamentales, pero están muy equivocados. A ese economicismo, basta señalar que los “ticos” radicados y trabajadores en otros espacios nacionales, que regresan al país, no lo hacen porque carecen de trabajo y son pobres, sino porque Costa Rica es su espacio de vida con sus familias, en su sociedad y cultura, que les garantiza sobrevivencia social, más allá, del trabajo y situación económica. Este fenómeno también ocurre con los ciudadanos de otros países que vuelven a sus países y a sus pueblos para convivir y compartir solidariamente. El economicismo es una visión ideológica que emana de la preeminencia económica capitalista que impide comprender la complejidad de las realidades y la significación cultural, social, política e histórica de las relaciones económicas.

Las visiones simplificadas de las realidades suelen ser dogmáticas y creen que el devenir de las personas y sus contextos, están determinadas absoluta e inevitablemente, como ocurre con la economía y sus pretendidas leyes universales, pero también con la pandemia, a la cual le atribuyen cualidades de transformación de economías y sociedades. No obstante, son las relaciones sociales, políticas y económicas hegemonizadas con poderes concretos y tangibles que, encubriéndose en la pandemia, imponen sus intereses, intenciones y nuevas condiciones sobre las personas y pueblos de la aldea global. Tampoco los poderes sociales que dominan y sentencian son omnipotentes, son de barro en su vulnerabilidad y miedo ante los trabajadores-compradores en la pandemia.

[1] Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://concepto.de/mercantilismo/