En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una crisis significativa en su sistema de salud debido a la falta de médicos especialistas. Esta situación ha llevado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud Pública a declarar una emergencia nacional. La escasez de profesionales en áreas críticas como anestesiología, ginecología y radiología ha tenido un impacto directo en la calidad y oportunidad de la atención médica, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes.
En este contexto, el sindicato UNDECA ha elevado una carta pública al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitando la aprobación de permisos de trabajo para 40 médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales, afiliados a UNDECA, han manifestado su voluntad de trabajar en la CCSS para ayudar a mitigar la crisis y evitar más muertes por falta de atención médica.
Crisis de Especialistas
La falta de médicos especialistas no es un problema nuevo. En 2005, una crisis similar en el área de radioterapia se resolvió permitiendo que médicos graduados en el extranjero trabajaran en el país. Durante la pandemia de COVID-19, esta medida también fue crucial para mantener los servicios de salud, especialmente en áreas como anestesiología, ginecología y radiología.
Sin embargo, en el gobierno anterior, se decidió unilateralmente denegar los permisos de trabajo para médicos graduados en el extranjero, sin justificación técnica alguna. Esta decisión ha agravado la situación, especialmente en un momento en que la CCSS ha declarado una emergencia nacional por la falta de especialistas.
La carta de UNDECA menciona un caso trágico que ilustra la gravedad de la situación: el fallecimiento de un bebé debido a la falta de un ginecólogo de guardia en el Hospital de Alajuela. La madre, que requería una cesárea de emergencia, tuvo que ser trasladada al Hospital México, pero el retraso en la atención resultó fatal. Este caso, actualmente bajo investigación, podría tener implicaciones penales y subraya la necesidad urgente de permitir que los especialistas disponibles trabajen.
UNDECA ha presentado 40 solicitudes de permisos de trabajo para médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales están dispuestos a contribuir inmediatamente a la atención médica en Costa Rica, ayudando a prevenir más tragedias como la mencionada. La aprobación rápida de estos permisos no solo aliviaría la presión sobre el sistema de salud, sino que también salvaría vidas.
La crisis de especialistas en Costa Rica es una emergencia nacional que requiere acciones inmediatas. Permitir que médicos graduados en el extranjero trabajen en el país es una solución probada y efectiva que ya ha funcionado en el pasado. Es imperativo que el Colegio de Médicos y Cirujanos apruebe los permisos de trabajo solicitados por UNDECA para garantizar que los costarricenses reciban la atención médica que merecen y necesitan.
La vida de muchos pacientes depende de esta decisión. No hay tiempo que perder.
La Maestría en Gerencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (MGSAN) anuncia el inicio de su VII promoción, un programa diseñado para ofrecer una formación que combina teoría y práctica, mediante un plan de estudios innovador que comprende las siguientes áreas de formación:
Sustentabilidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que aborda los pilares de la SAN, disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y estabilidad alimentaria, integrando la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) como un derecho humano y la perspectiva de las dimensiones del desarrollo sostenible.
Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, comprende el análisis de las políticas y de sus instrumentos en el ámbito global, nacional y local. Enfatiza en el análisis de las redes de políticas públicas y de actores estratégicos en el diseño, gestión y evaluación de las estrategias en SAN.
Gerencia y gestión holística de planes, programas y proyectos, vislumbra desde la identificación de ideas y espacios de acción en SAN, planes, programas y proyectos, hasta su diseño, formulación, planificación, dirección y evaluación de las acciones desde una perspectiva integral, participativa y multiactoral, así́ como de los conceptos e instrumentos de gerencia social y empresarial para su ejecución eficaz y sostenible.
La MGSAN plantea un abordaje holístico, multidisciplinario y actualizado de las diversas dimensiones de la SAN, entendida como una acción fundamental para el desarrollo pleno e integral del ser humano, mediante la reducción del hambre y la malnutrición, sustentado en los pilares de disponibilidad, estabilidad, acceso, utilización y consumo alimentario saludable y sostenible, como condición necesaria para la prosperidad socioeconómica, la equidad social, la protección ambiental y la preservación cultural, planteamiento enmarcado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Por tal razón, la formación incorpora el desarrollo de capacidades humanas y sociales para llevar a cabo eficientemente procesos de diseño, gestión social, gobernanza multiactoral y gerencia de planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y de la sociedad en general, dentro de los ámbitos comunitarios, nacional y regional, ante los actuales y permanentes desafíos del mundo globalizado.
Las competencias desarrolladas a lo largo del posgrado conllevan a un perfil ocupacional profesional, capaz de desempeñarse en ambientes universales o focalizados desde organismos públicos, académicos y privados relacionados con la SAN, entre ellos instituciones estatales de diversos ámbitos, empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones comunales, organismos internacionales e instituciones de docencia e investigación universitaria.
La MGSAN se imparte de manera virtual, con un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profesores que facilita la creación de ambientes sociales dinámicos y de comunidades virtuales de aprendizaje, favoreciendo el intercambio de experiencias y optimizando el aprendizaje significativo. Además, permite la utilización de métodos de enseñanza y medios didácticos diversos y modernos estimulando el desarrollo de la creatividad y de nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes.
Esta modalidad, a su vez, reduce la distancia geográfica entre los participantes, permitiendo involucrar a personas de diferentes países y lugares distantes, aumentando las posibilidades de acceso a la educación superior y ahorrando recursos por el impacto del proceso educativo.
El programa está dirigido a profesionales con título de pregrado y experiencia en el sector, interesados en potenciar sus habilidades y contribuir a la transformación del sistema de salud.
Para obtener más detalles sobre el proceso de admisión, fechas y el contenido del programa, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de la MGSAN o ponerse en contacto directamente con la coordinación académica.
La Corte Constitucional tiene una función de defensa integral de la Constitución Política (CP91). La mediática golpista le da un carácter de órgano de control, lo cual no tiene, como también es falso que influya en lo de control y «equilibrio de poderes».
Las acciones contra las leyes aprobadas se llaman de control de constitucionalidad. No aplica sobre proyectos de ley en trámite en el congreso. Se detienen – esos especuladores, que no intérpretes – en el trámite que se está dando a la ley que reforma el sistema de salud. Dicen que es una ley estatutaria y el gobierno la adelanta como una ley ordinaria.
La obtusa oposición prepara el terreno anticipado que la ley será objetada cuando sea aprobada. Sabemos que independiente del trámite dado la mafia blanca la objetará. Se trata de una ley de reforma y no de creación de un sistema de salud, pues el trámite es de una ley ordinaria. Si se tratare de una ley que crea en Colombia un sistema de salud, como cuando se concibió la fatídica ley 100 de 1993, allí si nos encontramos con el trámite de una ley estatutaria o ley marco, como se conoce en el derecho comparado.
De otro lado, la alaraca sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional de admitir medidas cautelares de suspensión de efectos, en acciones de control de constitucionalidad de una ley, ya lo venía aplicando el Consejo de Estado para acciones contra actos administrativos o decretos.
Así que la suerte de la necesaria ley de reforma a la salud en Colombia está echada y otra cosa es que la enredadera jurídica la enmarañe, y la respuesta popular obvio que se saldrá de mi análisis jurídico.
Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».
Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».
Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.
Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.
El pasado mes de junio se realizó la conferencia llamada “Importancia de la medicina en la sociedad y el papel del médico en los servicios nacionales”, impartida por el Dr. Juan Jaramillo Antillón.
La charla abordó temas sobre la importancia del médico y sobre los problemas que presentan los médicos dentro del sistema de salud para dar excelentes servicios. Asimismo, se habló sobre los desafíos que tienen los pacientes del sistema de salud para recibir dichos servicios esenciales.
Esta conferencia planteó la idea de la importancia de la empatía por parte de los médicos para poder construir en la sociedad un sistema de salud donde las relaciones entre pacientes y médicos sean saludables, estables y movilizadoras del mismo sistema de salud en sí para el bienestar de todos y todas.
Por Memo Acuña ( Sociólogo y escritor costarricense)
Las primeras reacciones al decreto presidencial en Costa Rica que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y lo establece solo para personal de salud en la primera línea de atención, brindan de sobra elementos para seguir analizando la reestructuración sociocultural de una experiencia colectiva en declive.
En otro momento, la determinación presidencial habría dado paso a un estado de confianza mutua, basada en evidencias de que el comportamiento societal ha sido desde un inicio el de un grupo que ha sabido cuidarse en la solidaridad, el reconocimiento y el afecto. Las evidencias no existen, ni mucho menos las pruebas de que eso haya sido así durante los más de dos años que ha tomado esta contingencia sanitaria global.
Lo cierto es que en toda batalla cultural, los símbolos suelen aquilatarse más que los hechos. Y en este caso, la imagen de la mascarilla como fuerza simbólica que una vez más ha polarizado a este país, que es a su vez muchos países desde hace mucho tiempo, ha colocado en perspectiva una conducta, una actitud que debiera entenderse como bien común, pero que no lo es.
La batalla cultural que mencionamos tiene que ver en cómo ser comunidad a pesar de las violencias, la desigualdad, la fragmentación territorial, el despojo y la acumulación, el desdén de las élites por el resto del pueblo, la descalificación ad portas de la ciencia y el conocimiento, la ausencia de solidaridad y empatía por el otro, la otra. En estas circunstancias es difícil erigir una experiencia común.
La apelación al cuido, dicta el manual básico de atención en esta contingencia sanitaria, implica varias acciones sencillas pero que requieren una individualidad consciente de su entorno, del resto de la sociedad. Son tres reglas básicas repetidas hasta la saciedad: lavado de manos correcto y constante, distanciamiento físico y uso correcto de la mascarilla.
También dicta el manual que la mascarilla no solo lo protege a usted sino a quienes están a su alrededor en caso de que usted sea portador del virus. Esto, tan fácil de comprender, ha sido llevado al extremo de la defensa de las libertades individuales, como saldo quizá de lo que la acción del mercado le ha hecho a la psiquis de las personas: anteponer el bien individual al bien común.
No dudamos que existan personas que por su trabajo han debido usar el dispositivo por tiempos prolongados. Se justifica su fatiga. Pero son las menos. Bien lo han planteado algunos especialistas: este tema se ha politizado y su contenido médico ha sido sustituido por opiniones y argumentos poco calificados.
La hora nuestra es compleja y difícil. Ante el relajamiento de acciones tanto de política pública como personales, nos aprestamos a recorrer una quinta ola pandémica que incidirá no solo en aumento de casos y fallecimientos sino que impactará sobre un extenuado sistema hospitalario que una vez más deberá llevar el peso de la atención que provocará esta batalla cultural en marcha.
Lo ha dicho con tino el epidemiólogo costarricense Juan José Romero: se dejaron de atender enfermedades crónicas en este periodo de tiempo y esto incidirá a la larga en la salud pública de nuestras poblaciones.
El resultado de fondo es la constatación de que el proyecto de sociedad imaginada ha sido pulverizado. Esa experiencia de iguales fue sustituida por varias diferencias, notables que se recrean en el orden de lo sociopolítico y cultural. Lo hemos mencionado ya muchas veces: ante este resultado, la refundación se impone, el repensarnos como país es urgente.
Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.
A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.
En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.
Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.
Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.
Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.
La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).
La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.
No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.
La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.
Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.
17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.
El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.
Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.
La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.
Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud
Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.
Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.
Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.
Riesgo del sistema sanitario
Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.
Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.
Si algo ha caracterizado a este gobierno, es su falta de voluntad para escuchar y tomar en cuenta los intereses de la población y de los movimientos sociales -y más recientemente a la ciencia; o pongámoslo en otros términos, suele solo sentarse a conversar y negociar con el empresariado que le resulta afín, porque el gobierno mismo es el empresariado.
El manejo público de la pandemia lamentablemente ha estado determinado por la imposición de los intereses empresariales, y cónsono con ello, las medidas han sido y siguen siendo reacias a restricciones a la movilidad que afecten los negocios – argumentando que se hace para proteger el empleo.
Arribamos entonces al temido momento de la pesadilla: la incapacidad del sistema de salud para atender los casos más graves de los nuevos miles de contagiados diarios. Se impuso a la postre, el “bolsonatrumpismo”, miles de inesperadas personas muertas gracias a la desidia del gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con un sector del empresariado que antepone sus intereses ante la vida misma de la población costarricense.
La carta que le remitió hoy la Unión Médica Nacional al presidente Alvarado plantea 10 medidas concretas para incidir de manera contundente en el crecimiento de contagios, pero tengo la sospecha que el gobierno tomará nota de su recepción y la archivará; quizás con cuatro o seis mil nuevos casos de contagios diarios, y una economía naufragando en muertos, finalmente el gobierno termine reconociendo que fracasó en la atención de lo que podríamos denominar su mandato más relevante: el derecho a la vida misma de la población costarricense.
«Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza». Hannah Arendt
Brasil pide ayuda a gritos.
Brasileños y brasileñas comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ostenta la presidencia de Brasil, junto con una banda de fanáticos impulsados por la irracionalidad fascista.
Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder.
Brasil sufre hoy el colapso provocado del sistema de salud. El descuido de la vacunación y las medidas preventivas básicas, el fomento de la aglomeración y la ruptura del confinamiento, sumado a la ausencia total de una política de salud, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus, y ponen en peligro a los países vecinos y a toda la población. Vemos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas.
Brasil se ha convertido en una “cámara de gas” a cielo abierto.
El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro ha pasado de ser sólo una amenaza para Brasil, a convertirse en una amenaza global.
Apelamos a los organismos nacionales – STF, OAB, Congreso Nacional, CNBB – ya la OSM y las Naciones Unidas. Instamos a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenar urgentemente la política genocida de ese gobierno que amenaza a la civilización.
