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Etiqueta: sistema de salud

¿Hay un después del COVID 19 o deberemos aprender a vivir con él?

Miguel Sobrado

Nuestro sistema de salubridad social ha tenido hasta el momento una capacidad de respuesta, respaldada por la educación y disciplina del pueblo, muy exitosa y ejemplar, a pesar de la inestabilidad amenazante del contexto regional. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagio, aumentar las recuperaciones de los enfermos y un bajo nivel de mortalidad.

Lamentablemente mientras no exista vacuna, si es que algún día se logra tener una que se pueda aplicar a la población mundial (cosa que no se podido hacer con el SIDA), nuestra población seguirá conviviendo con el coronavirus y la economía tendrá que reactivarse progresivamente, procurando que no colapse el sistema de salud. De otra forma el dilema puede llegar a ser morir del coronavirus o morir de hambre y esto puede ser más peligroso para la vida política.

FOCALIZACION DE LOS AFECTADOS Y SUS CONTACTOS EN VEZ DE CUARENTENA GLOBAL

La experiencia de Corea del Sur con el control y aislamiento de los enfermos y sus contactos ha demostrado ser exitosa con el uso de una aplicación que permite el seguimiento, sin tener que recurrir a paralizar la economía. Aquí podríamos hacer lo mismo retomando la participación de las comunidades en los EBAIS, tal como lo hizo en su momento el Hospital sin Paredes de San Ramón, aprovechando la tecnología EDUS de la CCSS e incorporando la aplicación surcoreana.

De tal forma la primera línea de combate se trasladaría a las comunidades, aplicando medidas puntuales preventivas como elevar las defensas, sin afectar el grueso de la economía.

RETOMAR EL EMPLEO DESDE UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN PARA LA SALUD

No se puede hablar de salud, si la gente no tiene estabilidad emocional ni ingresos para atender sus necesidades. Las comunidades no son entes pasivos, tienen creatividad y buscan en forma individual formas de sobrevivencia, pero sobre todo cuando están organizadas. La asistencia del gobierno central o local, en los momentos difíciles es necesaria y oportuna. La ayuda, sin embargo, dada la magnitud de las afectaciones nunca será suficiente, crea además dependencia, pasividad y reduce la autoestima. La organización de la comunidad para enfrentar el problema genera capacidades, abre senderos y estimula el protagonismo local poniendo en tensión el arco creativo.

Este fenómeno fue muy visible en la experiencia del Hospital sin Paredes, mientras operaron los 151 comités de salud en los cinco cantones (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Alfaro Ruíz). Los comités no solo establecieron acueductos y letrinas, sino que abrieron caminos, crearon cooperativas y participaron activamente en la vida cívica, siendo semillero de líderes locales y cantonales.

DARLE PROTAGONISMO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

Por eso es tan importante, con ocasión del coronavirus, descentralizar la acción de combate trasladándola a las comunidades, para controlar los ´puntos álgidos retomando la experiencia del Hospital sin Paredes y de las cooperativas de autogestión campesina, surgidas como respuesta al calor de una crisis agraria que amenazaba la paz social en los 70s.

Si quiebra la Caja, se acaba el país

Abelardo Morales-Gamboa

Sostener financieramente a la Caja Costarricense de Seguro Social y al sistema de salud no es un gasto superfluo ni una inversión de la que se pueda prescindir. La emergencia del coronavirus lo ha puesto más que en evidencia. Ese sistema ha sido nuestro principal escudo, junto a los regímenes de protección social del Estado y las redes sociales que la población también organizó y movilizó de manera ejemplarmente solidaria.

En otras palabras, la inversión social en salud y en educación en Costa Rica hizo posible, no ahora sino en el curso histórico de nuestra sociedad, el despliegue de una capacidad de respuesta institucional conjunta, articulada y eficaz, y que los mejores talentos del país desarrollaran diversos dispositivo y productos para superar el contagio y la enfermedad.

Eso no se improvisó; mientras algunas empresas lamentablemente cerraban, las exportaciones se detenían y las inversiones se bloqueaban, la sociedad se puso en primer plano; una población y ciudadanía con autodefensas e inteligencia colectivas, acatando normas y disposiciones, demuestra que el recurso humano es más valioso que los demás bienes de capital por si solos.

Por supuesto que es importante encontrar formas nuevas para reactivar la producción, restituir fuentes de trabajo y volver a asegurar el sustento de familias y el pago de cuotas de las cuales dependen los fondos de la Caja. Pero decir que no se debe quebrar al país para salvar de la quiebra a una institución, como según informaciones de prensa ha dicho el Ministro de Hacienda, no debería caber en la lógica de ningún funcionario que toma decisiones tan estratégicas.

Si dejamos quebrar a la Caja, se acaba el país. La inversión en salud, como en educación, debe dejar de ser pensada como una carga; en vez de ello, debe vérseles como un activo fundamental, no solo para el capital, sino para la estabilidad económica y social y el desarrollo social del país.

Es hora de que los economistas comiencen a abandonar los textos que cosificaron como sagradas ciertas ideas de la ortodoxia económica, y comiencen a investigar y a estudiar el mundo y las sociedades. Sacar conclusiones a partir de números y estadísticas recaudados como piezas de hierro, ha hecho de la economía cada vez menos una ciencia y cada vez más una religión. En vez de los números en el vacío histórico, se deben estudiar las realidades sociales como productoras de los hechos económicos y no al revés. Los científicos de la salud y los epidemiólogos, nos están dando inolvidables lecciones sobre la forma de sacar conclusiones a partir de la observación de la materia viva en su movimiento actual.

Sin duda, hoy en día nos sentimos más seguros de estar en manos de esos científicos y epidemiólogos que de los economistas. Como le dijo una exministra de salud a un político, sería bueno que quienes toman decisiones tan importantes para un país, se aleccionen y reeduquen. Si solamente se salvan negocios y ganancias, en la próxima epidemia acabarán con lo que quede de mundo.

La guerra del Coronavirus y sus daños colaterales

Vladimir de la Cruz

El impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID-19 es de tal magnitud, por su alcance y trascendencia internacional, que ha roto, ha quebrado, todo el orden de las relaciones internacionales en todos los sentidos. Ha afectado obviamente las relaciones comerciales, productivas, de los procesos de encadenamiento económico a nivel internacional y a nivel local de cada uno de los países afectados.

Ha afectado áreas productivas, mercados internacionales de producción y abastecimientos de partes para la industria en general, ha afectado mercados de mano de obra barata en todos los continentes, ha afectado los mercados de colocación de mercaderías, estimulando, en cierta forma, todavía a escala reducida, los mercados internos de producción y de abastecimientos. Su impacto social, aún no evaluable, es el de llegar a causar mayor pobreza general y de mayor pobreza extrema en todos los países, junto el hambre, “hambrunas”, para grandes masas de personas, quizá sin que hayamos superado el impacto de la presencia del COVID-19.

El mundo del transporte aéreo, terrestre y marítimo se desplomó, por los controles de la expansión del Coronavirus que se han impuesto. La industria y la actividad turística, en todas partes del mundo, ha caído, con expectativa negativa para los próximos 18 meses por lo menos, y la economía de encadenamientos sujeta a ella ha sufrido igual impacto.

Las pequeñas empresas productivas, la MIPYMES y PYMES en general, son las más golpeadas, las empresas de venta y consumo de comidas, de servicios han cerrado estrepitosamente, creando un mayor impacto en las economías nacionales cuando estas pequeñas empresas son mayoritarias, y mayoritariamente empleadoras, en las actividades económicas de cada país, que con poca o baja contratación de personal, son también las que mantienen la mayor cantidad de empleo nacional, y en la situación actual conducen, por sus cierres, a que los índices de desempleo real aumenten de modo preocupante, agravando la situación social, de vida, de trabajo, de hambre real y de tensiones sociales y políticas que ello pueda producir.

El COVID-19 ha afectado el mundo del trabajo provocando cierres de empresas, despido de empleados, rebajo de jornadas de trabajo, nuevas formas laborales intensivas como el tele trabajo, el trabajo parcial con reducción de jornadas, y rebajo consecuente de salarios y beneficios sociales, desempleo total y desempleo parcial, con pérdida y reducción de salarios y sus beneficios sociales, ha afectado la capacidad de pago de obligaciones de trabajadores, de pequeños, medianos y algunos grandes empresarios. Los sindicatos mismos van a sufrir este impacto en su afiliación real, en sus cuotas de pago sindicales, así como en su actividad organizativa, y hasta en sus luchas.

Ha afectado los vínculos diplomáticos alterando las relaciones de países fronterizos por los cierres de fronteras, impuestos de cada lado, para mitigar, con el control de los procesos migratorios y de desplazamiento de nacionales y extranjeros, la posibilidad de expansión y contagio del Coronavirus. Ha cuestionado internacionalmente a aquellos gobernantes que no se han sometido a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para atender la pandemia, e irresponsablemente, en sus países, han sido laxos frente al avance del Coronavirus, con las repercusiones internacionales que eso tiene.

El Coronavirus ha surgido como una fuerza de combate en guerra en todos los países, contra todas las personas, sin que estuvieran preparados para ella.

El Coronavirus se ha desarrollado como un movimiento guerrillero, apareciendo por aquí y por allá, y simultáneamente en todos los países, como si fueran diferentes frentes de combate, donde no se le puede enfrentar en el campo militar. De allí, por ahora su fuerza, por su capacidad sorpresiva de aparición provocando daños directos y daños colaterales en cada país y sociedad, por el temor que desata su existencia. En unos países impacta más que en otros, pero nadie está exento de sufrir su presencia ni daños colaterales. Y dentro de los países hay regiones más afectadas que otras.

Por ahora es una guerra que está comenzando, con un enemigo que se le conoce, que se la ha logrado identificar, el COVID-19, pero que no se tiene capacidad de controlarlo, y no se sabe aún con certeza cuando podrá acabársele y de qué modo se hará, porque su manera de combatir es silenciosa, sorpresiva, universal, y en muchos casos precisa y fulminante.

Uno de los efectos más dramáticos que ha provocado es que no se ha logrado una acción internacional contra el Coronavirus.

El único campo internacional que opera es el de la ciencia médica y epidemiológica, donde se hacen esfuerzos de coordinación día a día, para ir analizando los movimientos y comportamientos del Coronavirus, como sus posibilidades de mutación, para buscar, en el campo de la ciencia, los mecanismos y armas para detenerlo y controlarlo. Si es por una vacuna, se ha dicho, es un proceso que puede durar por lo menos hasta dos años, de allí que lo más claro es que el Coronavirus ha llegado para quedarse y tengamos que aprender a vivir con él, como vivimos con un montón de bacterias, virus y microorganismos, que siguen causando muertes, y por miles, muchos de los cuales hoy los controlamos y disminuimos sus muertos con vacunas.

El Coronavirus ha declarado, en cierta forma, una guerra contra toda la Humanidad. La guerra en que nos ha metido el Coronavirus no ha terminado. Los efectos devastadores de esta guerra todavía no los conocemos en toda su dimensión.

En el campo científico es una Guerra Total, que ha obligado a que todos los países muevan sus recursos y fuerzas, hasta donde se pueda, para destruir su capacidad contagiosa y de expansión. Como Guerra Total supone la subordinación de la política, no a la guerra como es la idea clásica militar, sino a la Ciencia, lo que no ha hecho el gobierno de Trump, y algunos otros, y que sí se hace en la mayoría de los países. Aquí, en Costa Rica, el Gobierno ha hecho muy bien de poner al frente, día a día, de esta batalla, incluso por el manejo de las Conferencias de Prensa diarias, al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hasta hoy el discurso oficial, en Costa Rica, descansa sobre todas las cosas en la ciencia para combatir el Coronavirus.

Importante papel puede llegar a jugar el Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica.

Por ahora el COVID-19 asusta por las muertes y contagios en todos los países, y atemoriza por el daño causado a la economía mundial, que es el daño colateral impuesto por este Coronavirus.

En las guerras modernas, y recientes, especialmente después de 1990, desde la Guerra del Golfo Pérsico, se habla de los daños colaterales, aquellos causados que están fuera de los objetivos militares a destruir, que son las víctimas civiles, particularmente, y así se justifican por quienes provocan estos daños colaterales, en estas guerras, generalmente por resultado de los bombardeos.

Se habla de daño colateral de aquel causado sin intención, de manera accidental, o por repercusión sin haberlo deseado, pero como resultado de una operación militar. En la sucia guerra de Vietnam los Estados Unidos usó este término para referirse al asesinato de civiles y la destrucción de sus propiedades.

Los daños colaterales militarmente se han extendido a las construcciones, hasta hospitalarias y diplomáticas, como ha sucedido, así como a los equipos y el personal, que puede ser afectado, en una operación militar, de fuerzas amigas de los atacantes. El daño colateral no quiere decir sin intención, aunque los ejércitos tratan de darle ese contenido conceptual. Es el daño adicional, subordinado, secundario, que resulta de una acción militar. Es el acto que puede resultar consciente, si es una ventaja táctica militar, en donde al destruir un objetivo deben eliminarse civiles e inocentes, o destruir instalaciones que no son objetivos militares.

El Coronavirus como agente militar, como arma de guerra, directamente ataca personas. El Coronavirus, en sus daños colaterales, afecta toda la economía, las fábricas, el transporte en todas sus manifestaciones, ciudades y pueblos completos, las refinerías lo que ha hecho caer el precio y la producción diaria de petróleo mundial. Afecta la salud emocional de las personas, sobre todo por los encierros obligados, las “cuarentenas” y restricciones de usos sociales, de comportamientos y de relaciones sociales que ha impuesto.

La autonomía de desplazamiento del Coronavirus en su ataque es demasiado amplia, llega donde tenga oportunidad de llegar, atacar y ocasionar el daño directo y el colateral respectivo. El Coronavirus por blanco estratégico tiene a los seres humanos. Eso está claro, de allí la necesidad de su protección.

En curso de la II Guerra Mundial, al mediar la década de 1940, las potencias aliadas impulsaron tres organismos de carácter mundial, en perspectiva del mundo que surgiría después de esa horrorosa guerra, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos en 1944, como resultado del Tratado de Breton Woods, y las Naciones Unidas, en octubre de 1945.

Al terminar la II Guerra Mundial el mundo había cambiado. Derrotado el nazifascismo surgió de manera poderosa un Sistema Mundial de países socialistas, que hizo cambiar el escenario de las relaciones internacionales. El mundo se enfrascó en una división internacional de Socialismo versus Capitalismo y de un escenario militar, la Guerra Fría.

El resultado práctico inmediato por parte de los Estados Unidos fue impulsar en la Europa capitalista existente el Plan Marshall, con el propósito de meter 12.000 millones de dólares, de esa época, para la reconstrucción europea, y presentar la Europa capitalista como una vitrina frente a la Europa socialista que también estaba surgiendo. Ello produjo en el campo militar, luego, el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por un lado y del Pacto de Varsovia por otro, para mantener los equilibrios militares en ese continente.

En América Latina el Plan Clayton, entre 1946 y 1947, se propuso igual propósito para contribuir a desarrollar la economía de la región, especialmente en el sector agrario o campesino, y frenar o neutralizar en el continente los movimientos insurgentes que estaban dándose. Para la parte militar en América Latina se impuso el Plan Truman. En 1948 se impulsó militarmente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la OEA de fondo y de soporte.

Después del Coronavirus el mundo va a ser otro. Frente al Coronavirus no se impulsan organizaciones de este tipo ni políticas de esta naturaleza, de carácter colectivo. Lo más cercano a ello es el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, la abanderada internacional en la lucha contra el Coronavirus, y sus organismos regionales, como la Organización Panamericana de la Salud, hoy sin el apoyo económico del gobierno norteamericano, y del Presidente Trump, que ha anunciado quitarle los fondos económicos que le daban, acusándola de estar plegada, en esta situación pandémica, a los intereses de la República Popular China.

Igualmente, esos organismos, son hoy objeto de atención, y de llegada, para apoyar gobiernos y países con préstamos y políticas económico-financieras para enfrentar el Coronavirus en sus impactos financieros internos.

En el momento actual debe operar la política realista, de la diplomacia y de las acciones concretas y prácticas para atender la pandemia, cuando no hay un Gobierno mundial, ni hay un “ejército mundial” en capacidad de combatir el Coronavirus, que debe enfrentarse en cada país con las fuerzas médico-científicas que se tienen, y con las estructuras de salud pública y de seguridad social que cada país tiene y ha desarrollado históricamente.

El Coronavirus ha alterado en la práctica el equilibrio de poderes existentes en el mundo actual, ha debilitado a las grandes potencias, las ha alejado de sus propias relaciones, les ha debilitado sus carreras armamentistas para enfrentar al enemigo no tan invisible del Coronavirus. La “paz” internacional, exceptuando las guerras locales o regionales aún existentes, que han pasado a guerras de baja intensidad momentáneamente, también se ha alterado.

Para Trump la situación internacional es grave por el impacto que ella tiene al interior de los Estados Unidos en su elección de noviembre de este año. La torpeza con que ha actuado lo ha alejado del liderazgo internacional que los Estados Unidos ha significado, pero le ha debilitado su liderazgo interno, a nivel nacional y regional con sus propios Estados y sus autoridades locales, los gobernadores.

Pareciera que Trump siguiendo a Maquiavelo quisiera usar el mal para tratar de lograr el bien. Por ello engaña, hace trampa, mal informa, se enfrenta a la ciencia de su propio país, intriga contra quien se le oponga, enfrenta y limita la acción de los medios de información y de prensa, obliga a su Partido Republicano y a sus dirigentes a seguirle ciegamente, amenaza desarrollar los super poderes que se le permiten al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, expulsa migrantes detenidos enfermos de coronavirus a sus países de origen, con el propósito de que enfermen en sus países de origen, como está haciendo con guatemaltecos repatriados.

Para Trump, como yo lo veo, el Coronavirus se le ha presentado como un elemento de limpieza étnica mundial, y en los propios Estados Unidos, por las personas que son afectadas mayoritariamente.

En la línea de enfrentamiento al Coronavirus el realismo político descansa en las decisiones racionales, científicas y médicas, que puedan tomarse e impulsarse para frenarlo, detenerlo y saberlo combatir y para superar, en el mayor corto plazo posible, los efectos colaterales que está provocando, especialmente en el plano de las economías nacionales, y en la reconstrucción de las redes de la economía mundial.

El interés nacional es lo que resalta en los países frente al Coronavirus. En Estados Unidos Trump ha sido muy claro “América Primero”. No son casuales sus políticas públicas internas y sus planteamientos internacionales en torno a cómo enfrentar y combatir el Coronavirus. Se trata de su supervivencia y su propia seguridad, no la del planeta. Por eso niega las políticas internaciones de ataque y confrontación al Coronavirus.

Con el Coronavirus no tenemos en el escenario internacional un país agresivo, una potencia amenazante de otros países, o de todos, por su carácter pandémico. Trump está tratando de pintar a la República Popular China, como esta amenaza, por el origen del Coronavirus, en la ciudad de Wuham, y para ver a este país como el agente agresivo internacional. Es parte de su estrategia geopolítica mundial frente al impacto que tiene la República Popular China en la economía mundial, y la disputa que tiene Estados Unidos en ese escenario para no ser desplazado.

El problema fundamental para Trump es que en la lucha contra el Coronavirus todos los Estados del mundo tienen igualdad de enfrentamiento, y no quieren ser derrotados por el Coronavirus.

El Coronavirus no nos ha metido en el mundo de Tomas Hobbes, el de la lucha, o de guerra, de todos contra todos. Al contrario, nos ha impuesto la tarea de enfrentarlo como una sola fuerza. La diversidad de países, y de posiciones políticas de cada uno de ellos, tiene que conducir a políticas unitarias de acción internacional. Este es el reto que nos impone la pandemia.

La estructura internacional de las Naciones Unidas, y sus organismos internacionales, nos da la posibilidad de actuar cooperativamente en nombre de toda la Humanidad.

Estamos ante un interés público, hoy un interés común, de toda la sociedad, de todas las sociedades existentes, por la defensa del bienestar, la felicidad y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472832

Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de género

PNUD

SURCOS comparte este documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que aporta elementos claves para la atención de la pandemia con una mirada desde la realidad de las mujeres.

Los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas

El COVID-19 requiere respuestas urgentes. Y a medida que la pandemia se propaga, el mundo requiere respuestas coordinadas e integrales de salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria. Son las mujeres las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los centros salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares. Las mujeres están desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar, el cuidado y la resiliencia de las personas y grupos afectados, personas adultas mayores, niñas y niños y sus familias. Las consecuencias socioeconómicas serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades existentes, incluidas las desigualdades de género.

El PNUD ha establecido tres líneas de oferta de apoyo a los países:

• Oferta N°1: Respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de las compras y la cadena de suministro.
• Oferta N°2: Gestión de crisis inclusiva e integrada.
• Oferta N°3: Impacto social y económico: valoración y respuesta.

Esta nota técnica busca garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las tres líneas de oferta y brindar lineamientos y recomendaciones a las Oficinas de País del PNUD y a los países de la región. Se pretende contribuir a la implementación de políticas de respuesta a la emergencia del COVID-19 que sean género responsivas, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás. No obstante, se profundizará más detalladamente en la Oferta N°3 dirigida a abordar los impactos socioeconómicos y de derechos humanos en los países.

Las duras medidas tomadas en respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo en torno a la pandemia del COVID-19, que van desde el aislamiento preventivo obligatorio, las restricciones a la entrada a personas extranjeras en cientos de países, los cierres de fronteras aéreas, terrestres y fluviales, el confinamiento de ciudades o regiones enteras, el cierre del comercio y cese de actividades comerciales formales e informales suponen una dura disrupción de la cotidianidad de las personas y del tejido económico, productivo y afectando de manera directa a las relaciones sociales pre-existentes.

El documento completo lo puede descargar en el siguiente enlace:

Este vínculo le llevará al sitio donde encontrará más información:

https://www.americalatinagenera.org/

Información compartida con SURCOS por Ana Cecilia Escalante.

Costa Rica: sin liderazgo, visión o claridad internacional ante COVID-19

José Meléndez (*)

San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.

Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.

En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.

¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?

Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.

¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?

La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.

Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.

¿Cuáles? Los siguientes:

Nicaragua:

Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.

Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.

La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.

El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)

A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.

“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.

El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.

Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.

Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.

¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?

Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.

Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.

En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:

Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:

1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.

2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.

¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?

Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?

Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.

En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:

Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.

En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.

Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.

Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.

De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.

Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.

Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.

(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR

La única manera de proteger a los pobres y a los sensatos de las garras del negocio de la salud es mediante la incompatibilidad de la práctica médica pública con la privada

Por nmurcia

Cuando aquí nos agarramos los machos antes de proclamar la necesidad de la incompatibilidad entre la práctica médica pública y privada, en el Reino Unido, el BMJ «la monta» al publicar el texto del cardiólogo John Dean que, directamente, afirma que la medicina privada es inmoral porque busca en primera instancia el beneficio económico y que la incompatibilidad debería ser obligatoria porque, inevitablemente la práctica particular intoxica la actividad clínica en la pública.

Las reacciones en contra no se han hecho esperar y son muy virulentas.

El texto del Dr. Dean no pretende ser un tratado de ética médica sino una opinión basada en percepciones personales que consideramos muy valiosas y por eso lo traducimos hoy, pero la polémica no es nueva y los datos incontestables.

La medicina privada

Incontestable es que es muy fácil inducir el consumo por parte de los pacientes de servicios médicos innecesarios pero altamente lucrativos. Este es el problema ético grave que introduce la medicina comercial en un mundo dominado por una concepción de salud en expansión a través de la biomedicalización.

En una entrada de justo hace 1 año nos hacíamos eco de un artículo del New York Times que denunciaba las ganancias asombrosas de algunos médicos en la medicina privada norteamericana. La entrada la titulamos: Los pacientes como cajeros automáticos.

“Muchos especialistas han llegado a ser particularmente hábiles en el negocio con una medicina cada vez más empresarial, mediante la protección de su territorio a través del cabildeo agresivo de sus sociedades médicas y, sobre todo, aumentando los ingresos al ofrecer nuevos procedimientos o haciendo más lucrativos los ya existentes”.

Jean Mitchell, profesora de economía de la salud en la Universidad de Georgetown, comentaba en el texto:

«Muchas veces es mejor esperar y ver, pero esperar no genera dinero… Es solo necesario un simple ‘Déjeme hacer un pequeño corte en la piel’ para que lleguen los honorarios profesionales y los pagos para el laboratorio y las instalaciones. Cada paciente es como un cajero automático”.

Los ingresos más importantes se dan entre los especialistas que controlan técnicas que fácilmente pueden ser sobre-indicadas, comentaba el artículo, como las de dermatología, las colonoscopias o gastroscopias, cualquier técnica de imagen o muchas intervenciones quirúrgicas como la extirpación de vesícula, operaciones de hernias, varices o varias de traumatología (ya lo comentamos en esta otra entrada)

Las incompatibilidades y los dos mundos

El Dr Dean además de señalar lo difícil que es mantener el timón ético en la práctica privada, asume que, inevitablemente, trabajar en la privada influye en la actuación pública.

En un reciente artículo, Marciano Sánchez Bayle, de la FADSP, aportaba los argumentos clásicos en contra de la compatibilidad:

«Además lo mas frecuente es que los profesionales que trabajan exclusivamente en el sector público tengan una dedicación mayor que los que están pluriempleados y trabajan simultáneamente en el sector público y privado, y es evidente que la dedicación exclusiva permite una mayor disposición de tiempo para su actualización profesional y, sobre todo, permite evitar el potencial conflicto de intereses de quienes simultánean el trabajo en el sector público y el privado, conflicto de intereses que favorece el que se detraigan recursos del sistema público en beneficio de la privada, potenciando los comportamientos oportunistas como el absentismo, el incumplimiento horario, el desvío de pacientes al sector privado, la demanda inducida, la selección de pacientes y la apropiación y/o el uso indebido de los recursos públicos para fines privados»

Pero hay otros problemas relacionados distintos a los ya conocidos y que tienen que ver con la gestión de la innovación. Veamos

Hace un año hacíamos referencia a la situación que se está produciendo en Alemania. Como sabemos su sistema es de provisión privada y de financiación pública. El Estado paga a los especialistas privados por ciertos procedimientos acordados tras una evaluación de acuerdo a las mejores evidencias científicas. Sin embargo, ganar dinero solo con «lo indicado» no está siendo suficiente para los médicos alemanes.

En el capítulo titulado “La consulta médica como supermercado” -del estupendo libro del periodista alemán Jörg Blech, «Medicina enferma»-, se describe como los médicos alemanes hacen pagar un plus a sus clientes para que puedan optar a algunas prácticas, tecnologías o productos no financiados públicamente:

«En Alemania cada vez es más frecuente que los pacientes paguen un sobre-costo por un paquete llamado “prestación de salud individual” en el que se incluyen procedimientos innecesarios como “reconocimientos ultrasónicos de las axilas y los pechos” por 60 euros. En una encuesta, el 77% de los médicos justificaban la oferta de técnicas o procedimientos innecesarios por motivos económicos y según un responsable médico “algunos médicos llegan incluso a conceder o no determinados tratamientos médicamente necesarios en función de si sus pacientes compran además ciertas prestaciones de salud individual”. Los médicos venden estas prestaciones asegurando que no están financiadas porque “el gobierno solo quiere ahorrar “: como pasa con el “baño subacuático por 8,74 euros” o diversos productos homeopáticos, inyecciones de vitaminas, cremas con hormonas y tecno-chatarra como la “terapia lumínica” para el síndrome premenstrual o la oxigenoterapia a 15 euros el cuarto de hora»

Es evidente que el médico alemán se gana la vida con «lo indicado» pero se hace rico con lo superfluo, es decir, convenciendo a los pacientes de que necesitan tecno-chatarra e intervenciones inútiles. Cuando es el mismo profesional el que provee tanto lo indicado como lo no indicado, el conflicto es evidente. Imaginen esta conversación:

«Mire, el síndrome premenstrual por lo público no se trata -así de perversa es la medicina socializada- pero por lo privado tenemos unas terapias lumínicas estupendas y que además, precisamente, salen baratísimas si las compra con el pack que incluye la oxigenoterapia»

Hagamos política ficción. A medida que progresemos en la evaluación y la financiación selectiva de nuevas tecnologías médicas y medicamentos (y esperemos hacerlo bien pronto) mayor será la bolsa de procedimientos excluidos de la sanidad pública pero ofertables en la sanidad privada.

En el Reino Unido, donde el NICE excluye algunos tratamientos por no ser costo efectivos, los conflictos son cada vez más frecuentes. Por ejemplo, muchos pacientes con cáncer acuden a la medicina privada buscando antineoplásicos no financiados por el NHS. El incremento en la frecuencia de esta situación ha obligado a una reflexión profunda sobre la compatibilidad de los tratamientos para un mismo proceso tan grave como un cáncer. (Aquí el documento interfaceguidanceethicsmay2009):

«Un escenario alternativo es cuando un paciente desea pagar un tratamiento de manera particular para una condición médica concreta, mientras que al mismo tiempo desea continuar recibiendo atención en el NHS para esa misma condición. Este asunto es objeto de cierta controversia, debido al aumento del número de tratamientos costosos, por ejemplo, medicamentos para el cáncer en etapas tardías, no financiados por el NHS debido a la relación costo-efectividad pero que sí pueden tener ciertos beneficios a nivel individual. Aunque todavía hay incertidumbre sobre la forma precisa como operarán los siguientes principios en situaciones clínicas específicas, es evidente que los pacientes que optan por complementar su tratamiento de esta manera: (1) Tienen pleno derecho a seguir recibiendo atención en el NHS de acuerdo con su necesidad clínica; (2) No les debe suponer una ventaja o una desventaja en relación con el cuidado que reciben en el NHS»

Complejo ¿no?

Pongamos un ejemplo hipotético pero verídico (no sé si me explico).

En un centro hospitalario un afamado cirujano engorda su privada de varices ofreciendo procedimientos terapéuticos no financiados pero que vende diciendo que «aportan ventajas sobre los que él puede realizar en el hospital público».

El efecto perverso que tiene que este médico trabaje en la pública y en la privada es síxtuple:

(1) Engaña a los pacientes, ya que deriva pacientes a su privada desde la pública mediante una información sesgada.

(2) Pervierte el mercado ya que se aprovecha de una posición de privilegio para acceder a un gran número de potenciales clientes a los que no podría acceder mediante sus propios medios y a los que no acceden otros colegas que solo trabajan en la privada y sobre los que tiene una ventaja competitiva no legítima

(3) Engaña al sistema de salud, ya que tiene un enorme incentivo para sobre-indicar la cirugía de varices y engordar la lista de espera de la pública (precisamente para aumentar el número de pacientes susceptibles de acabar en su privada; de hecho, cuanto más cerca de lo «estético» esté la intervención, es decir, menos indicada, más fácil será que el cliente o clienta acaben en su privada)

(4) Hace daño a los enfermos que realmente necesitan la intervención ya que tienen que esperar más porque la lista de espera está ocupada por pacientes que no necesitan la operación

(5) Hace daño a los ciudadanos que no necesitan la intervención pero a los que se la indica y a los que opera innecesariamente

(6) Hace daño a su propio Servicio ya que tiene un enorme incentivo para no introducir innovaciones sensatas en su práctica pública y así poder seguir ofreciendo supuestas o verdaderas ventajas técnicas en su privada

¿Cómo evitar los problemas que emergen cuando los médicos deben compatibilizar ganar un sueldo trabajando en la pública -con una cartera de servicios restringida (asumiendo un mundo ideal donde las prestaciones fueran solo las que han demostrada valor)- y forrarse en la privada con una oferta en continua expansión de tecnologías y/o medicamentos chatarra «último modelo»?

¿Con evaluación? En Alemania y en Reino Unido el financiador pone límites pero, sin incompatibilidades, no es suficiente para evitar el abuso: la asistencia inútil, superflua o no costo efectiva es derivada a la privada y es pagada directamente por el bolsillo de los enfermos engañados.

Pero es todavía peor si el financiador pone pocos límites (como en España) porque entonces la asistencia inútil invade el sistema público y es pagada por los todos los contribuyentes. Con lo poco no financiado, el médico hace su privada.

El asunto clave es evaluación más incompatibilidad. Evaluar sin incompatibilidad atenta contra el bolsillo de los engañados pacientes. No evaluar atenta contra el bolsillo de los contribuyentes. Es necesario establecer una frontera nítida entre una expansiva medicina comercial y una contractiva medicina pública. Son dos mundos distintos, con prioridades distintas, que necesitan ser habitados por enfermos y médicos distintos. Son dos mundos inmiscibles.

El mundo de la medicina privada será (estamos haciendo política sanitaria ficción, recordamos) el de la innovación continua y el que cuente con las mejores condiciones hoteleras que cada uno pueda pagar (como los hoteles, habrá hospitales con diferentes estrellas). No existirán listas de espera ni barreras a la medicalización y al consumo sanitario siguiendo los deseos de unos clientes de alto standing deseosos de prolongar sus acomodadas vidas al máximo, llenándolas de belleza, tecnología y seguridad preventiva. Los médicos mantendrán fructíferas relaciones con la industria farmacéutica y tecnológica y, naturalmente, ganarán enormes cantidades de dinero de manera proporcional al número de servicios médicos prestados. El sobrediagnóstico, el sobretratamiento, los problemas de seguridad relacionados con medicamentos o tecnologías poco testados o la ruina de las familias cuando el dinero se acabe y/o las enfermedades se cronifiquen, será la cruz. La cara, la capacidad de elección, el acceso directo a los especialistas sin un médico de atención primaria que ponga problemas y, por supuesto, la ausencia de esperas.

El segundo mundo será el de la medicina pública. Un mundo donde las innovaciones tecnológicas se incorporen mucho más lentamente, tras una rigurosa evaluación previa (que incluya la experiencia extraída en el mundo privado en el uso de estas tecnologías y medicamentos); organizaciones sanitarias más austeros pero también más equitativas, alrededor de una atención primaria accesible, y con inevitables pero transparentes y justas listas de espera (las organizaciones estarán centradas en aspectos no solo biomédicos sino también sociales, y habrá una continua e intensa participación de los ciudadanos que también tendrán voz en el establecimiento de las prioridades del sistema). En esta sanidad pública los médicos estarán bien pagados pero no ganarán más por indicar más intervenciones sanitarias y, por supuesto, su actividad pública será incompatible con la privada; las relaciones con la industria se producirán en contextos altamente controlados donde se eliminen los conflictos de interés. La cruz será la falta de capacidad de elección del usuario y las listas de espera; la cara, un sistema no centrado en las tecnologías sino en la deliberación médico paciente y el cuidado, y no medicalizador ni medicalizado (otros profesionales tendrán tanto o más valor que los médicos, como enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, terapéutas ocupacionales, nutricionistas, etc..)

Es verdad que como dice Gérvas, en una especie de justicia divina, los ricos que acuden a la medicina privada tienen su castigo en forma de sobrediagnóstico y sobretratamiento pero, también es cierto que, la única manera de proteger a los pobres y a los sensatos de las garras del negocio de la salud va a requerir la incompatibilidad de la práctica público y privada. R

En suma,

(1) la práctica privada de la medicina implica (inevitablemente) una peligrosa deriva anti-ética;

(2) la compatibilidad de la actividad público y privada -además de intoxicar la labor pública, generar peligrosos incentivos a la sobreindicación, el sobrediagnóstico y la estafa-, impide que el sistema público proteja adecuadamente a los pobres y a los sensatos de las garras del mercado de la salud

(3) Podría ser interesante explorar la teoría de los dos mundos y valorar las consecuencias sociales, políticas y/o profesionales que conllevaría.

 

Ahora, la prometida traducción del texto del Dr Dean, «Private practice is unethical—and doctors should give it up»:

«Pregunta a cualquier fumador: la última persona con la que quieren estar es con alguien que acaba de dejar de fumar. Percibo un malestar similar entre algunos de mis colegas ahora que he renunciado a la práctica médica privada. Al igual que un católico no practicante rechazado por el sacerdocio, me he convertido en un apóstata.

Siempre he sido ambivalente acerca de la práctica privada pero se había vuelto cada vez más incómoda. Hasta que me di cuenta de que, en conciencia, no podía seguir con élla. No importa lo alto que me hubiera puesto mis propios estándares morales y éticos; la cuestión es que no podía escapar del hecho de que yo estaba involucrado en un negocio donde la conducta de algunos era tan inmoral, que rayaba lo criminal: los codiciosos se aprovechan de los más necesitados.

El negocio de la medicina y la práctica de la medicina son incompatibles. La medicina privada alienta a los médicos a tomar decisiones sobre la base de beneficios económicos en lugar de la necesidad de los enfermos….

El dinero es la raíz de todo

¿Entonces por qué comencé a trabajar en la privada? Para empezar, decidí que necesitaba el dinero para renovar la casa, educar a mis hijos y así sucesivamente. Y yo estaba seguro de que sería capaz de mantener mi actividad privada separada de mi trabajo público en el NHS. Atendía a mis pacientes privados después del trabajo de la pública. Pero se hizo cada vez más difícil según aumentaba mi actividad privada y la contaminación se hizo inevitable.

Dejó de ser ganarse la vida para convertirse en un negocio. Por supuesto, la práctica privada tien recompensas no meramente económicas: tenía más tiempo para los pacientes, conocí a algunas personas muy interesantes y he hecho buenos amigos, lo que no habría sucedido si hubiera restringido mi actividad exclusivamente al trabajo del NHS. Pero el hecho ineludible es que el dinero estaba en la raíz de todo. Esto es extraño, porque yo nunca anhelé un coche Maserati o un chalet en los Alpes suizos…

La realidad es que la actividad privada tiene efectos nocivos directos sobre el la pública. Un médico que quiera estar al día no puede estar en dos lugares a la vez; así que el tiempo de permanencia en el sector privado priva al NHS de un recurso valioso. La medicina privada es un lugar solitario: no se tiene el apoyo de un equipo como en el NHS. Los problemas clínicos son difíciles de discutir con los colegas (después de todo, los problemas son suyos y te pagan por solucionarlos). En el sector privado, los colegas de la pública son por lo general sus competidores.

Y, seamos sinceros: todo el negocio es en gran parte una estafa. Los pacientes creen que el pago implica una medicina de mayor calidad; pero, igual que pagar más por el champú con vitaminas añadidas, la promesa es mucho mayor que la realidad. Los ricos y famosos pueden utilizar las instalaciones privadas para esconderse de la mirada pública; pero para la mayoría de los pacientes privados «ordinarios», sin embargo, la principal ventaja es simplemente poder saltarse las colas del NHS. Los hospitales privados son como hoteles de cinco estrellas, pero en su mayor parte no son un buen lugar si estás realmente enfermo.

Disonancia cognitiva

El aspecto más pernicioso de trabajo médico privado, sin embargo, es el efecto indirecto que tiene sobre la práctica pública. Es difícil justificar someter a los pacientes privados a pruebas y tratamientos innecesarios si se evita hacer lo mismo con los pacientes del NHS. Así que, para aliviar el estrés de esta disonancia cognitiva, uno acaba utilizando el mismo sistema en ambas prácticas. Además, la práctica privada crea un incentivo perverso para aumentar los tiempos de espera: cuánto más largas sean las colas, más negocio para la privada. Por eso, las especialidades con cortos tiempos de espera, como la oncología, ofrecen poco trabajo privado. Los celos sobre los ingresos privados es, además, una importante fuente de conflicto entre médicos en muchos hospitales.

Sé lo que algunos estarán pensando: ¿qué hay de malo en hacer un trabajo extra en el propio tiempo libre? El problema no es la actividad extra sino el conflicto inevitable con el trabajo principal.

No echo de menos la práctica privada. Quitarse la carga es liberador. Y me parece que el tiempo que he ganado es mucho más valioso para mí que el dinero extra. ¿Es una hipocresía sentarme encima de la pila de dinero que he ganado y pretender tener la autoridad moral? Tal vez, pero siento haberlo hecho. Tal vez hubiera sido más fácil si no me lo hubieran permitido. Tal vez los políticos sanitarios deberían trazar una línea infranqueable entre la medicina privada y la pública y obligar a los médicos a elegir.

 

Información enviada SURCOS Digital por Rafaela Sierra.

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El Pragmatismo de “Hacer lo que se Tenga que Hacer”

Marlin Ávila

Marlin Ávila
Marlin Ávila.

 

El «pragmatismo» le ha fallado al Partido Nacional hondureño (PN). Se prepararon desde un año antes, mientras gobernaban con la corriente del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, para lograr propósitos propios de una camarilla de políticos sumamente lujuriosos. Desde el Congreso Nacional (CN) legislaron para concentrar el poder en el Ejecutivo, trasladando atribuciones del CN al Consejo de Ministros. Utilizando su control en el Ejecutivo y el CN durante el período de gobierno anterior, trasladaron recursos económicos de las instituciones del Estado a su Partido Nacional a manera de montar una campaña mediática superior a cualquier otro partido durante las elecciones, además de poder comprar hasta la más cara conciencia hondureña y pagar el más caro asesoramiento internacional electoral. Utilizaron el caso de Colombia como el más cercano ejemplo de país para concentrar las mayores fuerzas político militar y las alianzas de ultraderecha internacional latinas, lideradas por Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia.

Por ese llamado pragmatismo político, dicen que ellos ven hacia el norte como hacia el sur, aun cuando por sus hechos sabemos que su vista hacia el Sur es más para los gobiernos de su mayor simpatía como Colombia, Chile y Panamá. Hacia el norte está desde luego atado con el Tea Party y la gusanera miamense. Con el gobierno de México y Guatemala definitivamente se han aliado utilizando el dolor humano de quienes escapan de las atrocidades que vivimos en el Sur. Hacia Europa, mantiene sus estrechas relaciones con el gobierno español e inglés, un tanto con Alemania e Italia, solamente que estos gobiernos son muy inteligentes y no fáciles de engañar. Con los países de Europa Oriental está más ligado con los gobiernos de ultra derecha, al igual que en Asia.

Los planteamientos económicos neoliberales son muy apetecidos por los nacionalistas, desde luego, puesto que son sumamente liberales e individualistas, lo que conviene a los intereses de la cúpula gobernante nacional. Por esto, han actuado de manera muy libre, irrespetando cualquier ley del país, si no es que la logran reformar. Han estado gobernando por mandato y no por consenso alguno. Así que de nacionalistas no les encaja ni el nombre, dado que venden cualquier cosa de la nación que sea transable.

Su incapacidad administrativa republicana y sus ambiciones de enriquecimiento rápido les llevaron a poner las riquezas nacionales en venta e hipotecan mediante la Alianza Público Privado zonas y regiones completas del país. Concesionan cualquier posible recurso que les posibilite generación de ingresos inmediatos, sin dar información a la ciudadanía de sus gestiones y compromisos, menos de los ingresos que generan sus negocios. Reiteran cada dos horas el uso de la palabra “transparencia” y ante la última coyuntura nacional de protesta contra la corrupción, su eslogan es “caiga quien caiga por la corrupción”, siempre que no le toquen a sus principales cuadros, desde luego.

El problema que tienen ahora es que se ha pasado de un alto nivel de incredulidad a la institucionalidad del Estado, a la confirmación de una muy elevada e infame corrupción que incluye el crimen de lesa humanidad a más de 2,800 personas. Su respuesta es buscar dispersar la atención al afirmar que los demás partidos han sido corruptos de igual manera, lo que la ciudadanía no ignora pero ve de manera diferente. De los demás partidos, solamente el Partido Liberal ha estado en el poder, y el Partido Demócrata Cristiano que ha servido a ambos, PN y PL, como uno de los más oportunistas en compartir alguna cuota de tal poder desde hace varias décadas. Los otros partidos con más de 10 años de existencia son el PINU, ahora en oposición con una sola honorable diputada, y el Partido de Unificación Democrática (UD) con otro diputado que actúa a conveniencia propia, más un asesor presidencial en igual circunstancia. Desde las últimas elecciones, el Congreso Nacional cuenta con mayoría de diputados en la oposición de los nuevos partidos: Partido Anti- Corrupción (PAC) y LIBRE. Este último está coordinado por el Ex Presidente Manuel Zelaya, ex miembro relevante del Partido Liberal y su líder es la Señora Xiomara Castro de Zelaya, partido que surge a raíz del golpe de Estado del 2009.

En su pragmatismo político y uso de cualquier medio para lograr sus propósitos, el PN firma un convenio con el organismo dependiente del Banco Mundial, como es Transparencia Internacional (TI), de quien se tiene dudas sobre su imparcialidad a nivel internacional y ahora, con más razón con lo acontecido en Honduras.

Otras de sus acciones pragmáticas son:

A manera de hacer borrón y cuenta nueva, aceleran la privatización del sistema nacional de salud. Así la ciudadanía se olvida del latrocinio existente dentro del mismo.

Se monta un ejército pretoriano que atemorice a la ciudadanía organizada, de manera que se siembra el miedo a las protestas.

Se monta un carísimo sistema mediático que resalte el personalismo del Presidente de la república para su proyección a futuras elecciones.

Se capitaliza y utiliza en beneficio propio la persecución del gobierno norteamericano a los carteles de la droga en todo el continente. No obstante, se devela el trasfondo de las extradiciones de capos.

Para desprestigiar las primeras protestas contra la corrupción los líderes del PN aseguran públicamente que éstas son patrocinadas por el crimen organizado. Lógicamente esto más molesta a la ciudadanía.

En una acción de disminuir y detener las presiones sociales y políticas por el latrocinio evidente al IHSS, nombran la Comisión Multipartidista dentro del CN. Sus resultados son lo contrario a lo esperado por los del PN. Fue un engendro que nació con el Síndrome con Inmune Deficiencia Adquirido (SIDA), el cual amplió la indignación popular.

La indignación e inteligencia civil está exigiendo la intervención de las Naciones Unidas para evaluar la alta corrupción existente, a lo que se ha negado el gobierno, arguyendo que eso desprestigia al país, sin embargo, ayer viernes, casi 40 mil personas le presentaron la solicitud a la representante de UN.

Ante estos y otros hechos del pragmatismo nacionalista, la duda es si no solamente hay incapacidad administrativa para manejar un gobierno al servicio del pueblo, pero una significativa incapacidad política para gobernar una nación con creciente indignación por los abusos y usos equivocados del poder que el Soberano Pueblo le da a algunos ciudadanos y ciudadanas a través de sus partidos políticos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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